REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIASesión 53ª, en jueves 4 de marzo de 2004(Ordinaria, de 10.37 a 13.34 horas)		Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel,		y del señor Hales Dib, don Patricio.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	ACUERDOS DE COMITÉS	VII.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VIII.-	INCIDENTES	IX.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	X.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		9	II.	Apertura de la sesión		13	III.	Actas		13	IV.	Cuenta		13	-	Fallecimiento de funcionario y de ex funcionario de la Cámara. Notas de condolencias		14	-	Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala		15	-	Prórroga de plazo a Comisión de Agricultura para cumplimiento de mandato de la Corporación		15	V.	Orden del Día.	-	Aprobación de Protocolo modificatorio del acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico sudeste, “Acuerdo Galápagos”. Proyecto de acuerdo. Primer trámite constitucional		16	-	Aprobación de Convenio sobre designación y codificación de mercancías, y de sus protocolos de enmiendas. Proyecto de acuerdo. Primer trámite constitucional		21	-	Modernización orgánica del Servicio Médico Legal. Primer trámite constitucional		24	VI.	Acuerdos de Comités		35	VII.	Proyectos de acuerdo.	-	Creación de Comisión especial investigadora de la normativa en materia de calidad de los alimentos		37	-	Rechazo a expresiones del Presidente de Venezuela, sobre la mediterraneidad de Bolivia		39	-	Jubilación proporcional para imponentes del Instituto de Normalización Previsional		41	VIII.	Incidentes.	-	Apoyo del Banco del Estado a la agricultura tradicional. Oficios		43	-	Habilitación de accesos y dependencias de la Cámara para discapacitados		44	-	Escasa participación ciudadana en proyecto de relleno sanitario de Penco. Oficios		45	-	Deficiencias en alimentación escolar de la Décima Región. Oficios		46	-	Información sobre planes reguladores de la Décima Región. Oficios		46	-	Homenaje en memoria del ex diputado don Antonio Segundo Ruiz Paredes		47	-	Nombramiento de agregado policial en México. Oficios		48Pág.	-	Antecedentes sobre proyectos deportivos susceptibles de donaciones. Oficios		49	-	Realizaciones de Chiledeportes en Octava Región. Oficios		49	-	Restricciones al uso de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Magallanes. Oficios		51	IX.	Documentos de la Cuenta.	1.	Oficio de la Comisión de Conductas Parlamentarias recaído en la presentación efectuada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía		53	2.	Oficio de la señora ministra de Defensa Nacional por el cual comunica la salida del primer contingente hacia Haití, a contar de las 19.00 horas del día de ayer		56	X.	Otros documentos de la Cuenta.	1.	Oficios:	-	De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural por el cual solicita la prórroga, en 90 días -a partir del 11 de marzo en curso-, del plazo inicialmente concedido para cumplir con el mandato de esta Corporación (p.ac.N° 220), que guarda atingencia con la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur y del proyecto sobre reducción arancelaria, atendido que es necesario dar cabal cumplimiento a un calendario de audiencias de trabajo para analizar y evaluar, detalladamente, con las instituciones involucradas, cada uno de los programas e instrumentos que contempla el “Compromiso con la Agricultura”.	-	De la Comisión de Defensa Nacional por el cual requiere se dispongan las siguientes medidas en relación con la decisión adoptada por el Ejecutivo respecto del envío de tropas nacionales a Haití:	a.	Dirigir un oficio a la señora ministra de Defensa Nacional, con objeto de hacerle presente que, no obstante el cumplimiento de las formalidades constitucionales, habría sido conveniente informar previamente a esta Comisión sobre el particular, como asimismo, manifestarle la importancia de que la comunicación a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.067 sea fundada, pormenorizada y contenga los antecedentes necesarios para su debida comprensión.	b.	Disponer la celebración de una sesión especial o destinar una parte de una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, a fin de que la Sala tome conocimiento de la mencionada comunicación e invitar, para tales efectos, a la señora ministra de Defensa Nacional, con objeto de que se sirva dar respuesta a las diversas inquietudes que formulen los señores Diputados sobre el tema. 		Contraloría General de la República	-	Señor Alvarado, legalidad de la actuación del Seremi de Bienes Nacionales de la Décima Región. 	-	Señor Paredes, investigación realizada durante el año 2003 en la Municipalidad de Arica. 	-	Señor Bertolino, actos de fiscalización realizados en la Municipalidad de Coquimbo durante el período 2000- 2003. 	-	Señor García, investigación realizada en la Municipalidad de Curarrehue.	-	Señor Molina, investigaciones sumarias en la Gobernación de Choapa. 	-	Señor Recondo, exigencias que establece la ley para otorgar y renovar patente comercial a discoteca de la comuna de Llanquihue. 	-	Señora Caraball, informe sobre sitio calle trinidad Ramírez, comuna de La Cisterna. 	-	Señor Espinoza, fiscalización para el programa Chile-Barrios, en la Décima Región. 	-	Señor Hernández, sistema de llamado de emergencia ciudad de Osorno. 		Ministerio de Educación	-	Señor Muñoz, refuerzo de los contenidos básicos de la historia de Chile. 	-	Señor Bertolino, proyecto “Monte Grande”. 		Ministerio del Trabajo y Previsión Social	-	Señor Muñoz, fiscalizaciones realizadas para verificar las condiciones de trabajo de los tripulantes de naves en la Duodécima Región. 		Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	-	Señor Muñoz, avances en el proyecto Cable Austral. 	-	Señor Sánchez, medidas que adoptará la Empresa de Correos de Chile para mejorar el servicio en la Undécima Región. 	-	Señor Navarro, licitación de vías en Concepción. 		Ministerio de Salud	-	Señor Egaña, programa de fluoración de agua potable en la Octava Región. 	-	Señor Urrutia, importación de arroz desde Tailandia. 		Ministerio de Economía	-	Señor Navarro, convenios de cooperación con la República de Cuba. 	-	Señor Norambuena, presencia de naves factorías de distintas banderas. 		Ministerio del Interior	-	Señor Ulloa, pavimentación de camino en Octava Región. 	-	Señor Forni, estudio de factibilidad respecto de que el valle del Aconcagua se administre independientemente como región. 	-	Señor Aníbal Pérez, aumento de dotación de Carabineros en Santa Cruz. 	-	Señora Mella, proyectos ejecutados o en ejecución con cargo al ítem denominado provisión F.N.D.R., desarrollo urbano 2003. 	-	Señor Navarro, inversiones públicas o privadas en la provincia de Ñuble. 	-	Señor Espinoza, otorgamiento de pensión de gracia a los hijos nacidos en un parto múltiple. 	-	Señor Delmastro, estado de tramitación de reconocimiento de calidad de exonerado político de don Hernán Oporto. 		Ministerio de Defensa Nacional	-	Señor Luksic, informe sobre plan de contingencia frente a una eventual catástrofe ecológica en la zona en relación con el barco “Fret Moslle. 	-	Señor Navarro, construcción de by pass en Penco. 	-	Señor Araya, entrega de bloqueadores solares al personal de Carabineros. 	-	Señor Rossi, situación que afecta a Cabo de Carabineros. 	-	Señor Villouta, medidas para disminuir delitos en contra de turistas en el país. 	-	Señor García, informe sobre denuncia por presunta usurpación de funciones. 	-	Señor Bauer, estadísticas de accidentes en el tránsito ocurridos en Angostura y Pelequén. 	-	Señor Urrutia, informe sobre posible cambio de categoría de la 2da. Comisaría de Chanco. 	-	Señor García, informe sobre delitos de abigeato. 	-	Señor Pablo Galilea, problema de transporte de combustible que afecta a la Undécima Región. 	-	Señor Navarro, medidas cautelares que la Armada ha adoptado para prevenir muertes por inmersión en el río Biobío. 	-	Señor Hernández, recursos que invierte la Armada de Chile en búsqueda y rescate de náufragos. 	-	Señor Aníbal Pérez, petición de aumento de dotación de Carabineros en la comuna de Santa Cruz. 	-	Señor Navarro, costos por resguardar seguridad de bienes en eventos deportivos. 	-	Señor Navarro, medidas para prevenir muertes por inmersión.		Ministerio de Hacienda	-	Señor Pablo Galilea, petición de restitución del beneficio tributario a donaciones hechas a universidades. 	-	Señor Paredes, reintegro dinero del crédito universitario al estudiante César Sierpe F. 	-	Señor Navarro, delitos de estafa cometidos en la Octava Región. 	-	Señor Navarro, aspectos técnicos del sitio web de Chile Compras.	-	Señor Kuschel, asimetría informática. 	-	Señor Muñoz, informe sobre vehículos afectos a la ley N° 18.502, sobre impuesto al gas. 		Ministerio de Obras Públicas	-	Señor Alvarez- Salamanca, fiscalizaciones efectuadas al transporte de GLP de uso domiciliario. 	-	Señor Navarro, convenios suscritos con la República de Cuba.	-	Señor Recondo, mejoramientos viales Décima Región. 	-	Señor Delmastro, mejoramientos viales Décima Región. 	-	Señor Kuschel, pavimentación de camino de Quillape a La Arena. 	-	Señor Meza, habilitación de calle de servicio, comuna de Loncoche, Novena Región. 	-	Señor Urrutia, reparación y habilitación de puente, Octava Región. 	-	Señor Monckeberg, reparación y habilitación de puente, Octava Región. 	-	Señor Jaramillo, proyectos de riego y drenaje, Décima Región. 	-	Señor Letelier, proyecto de riego Laja-Diguillín, Octava Región. 	-	Señor Silva, información respecto a los contratos del MOP y la empresa CIS.	-	Señor Norambuena, estado de avance de las obras de mejoramiento de la caleta Quidico, Octava Región. 	-	Señor García, construcción y pavimentación de caminos en la Novena Región. 	-	Señor Kuschel, enrolamiento de caminos isleños en la Décima Región. 	-	Señor García, situación de terminales urbanos de la ciudad de Temuco. 	-	Señor Navarro, construcción de by-pass ciudad de Penco. 	-	Señor Navarro, traslado de plaza de peaje, Octava Región. 	-	Señor Kuschel, estado de avance de muelle para la localidad de Lepihué, Décima Región. 	-	Señor Jaramillo, reparación de puente de la localidad de Cun Cun, Décima Región. 	-	Señor Jaramillo, reparación de puente Malihue, Décima Región. 	-	Señor Martínez, habilitación y mantención del camino Curaco-Coihueco-Challelfú, Décima Región. 	-	Señor Jaramillo, situación de camino Carrán-Las Molidas, Décima Región. 	-	Señor Delmastro, pago de expropiación de bien raíz. 		Ministerio de Minería	-	Señor Navarro, convenios de cooperación con la República de Cuba. 		Ministerio de Agricultura	-	Señor Kuschel, proyectos de riego en la provincia de Llanquihue. 	-	Señor Jaramillo, montos de los concursos de riego de las regiones Cuarta, Quinta y Sexta. 	-	Señor Ojeda, fusión de Soprole y Nestlé y caso Parmalat. 	-	Señor Delmastro, programas de apoyo agrícola a regiones del sur del país. 	-	Señor Bertolino, programa de recuperación de suelos degradados. 	-	Señor Hernández, caso Parmalat. 	-	Señor Delmastro, caso Parmalat.	-	Señor Jarpa, situación en que se encuentra propiedad del señor Juan Riveros P. 	-	Señor García, financiamiento programas de turismo en la Novena Región.		Ministerio de Vivienda y Urbanismo	-	Señor Alvarado, obras de pavimentación en la comuna de Ancud. 	-	Señor Martínez, entrega en comodato al club Deportivo El Tejar de Chillán terreno de propiedad del Serviu. 	-	Señor Jaramillo, copa de agua en nuevas construcciones de viviendas en La Unión. 	-	Señor Delmastro, solicitud de saneamiento de título de don Luis Madrid G.	-	Señor Ramón Pérez, informe sobre arriendo de inmuebles fiscales.		Ministerio Secretaría General de la Presidencia	-	Señor Sánchez, construcción del embalse en la estancia “Baño Nuevo”, comuna de Coihaique. 	-	Señor Jaramillo, impactos ambientales que provoca empresa portuaria Corral S.A. 	-	Señor Navarro, puesta en marcha de la fluoración del agua Potable en las provincias de la región del Biobío. 		Ministerio de Planificación y Cooperación	-	Señor Navarro, convenios de cooperación con la República de Cuba.		Corte Suprema	-	Señor Espinoza, improcedencia de investigaciones paralelas en procesos judiciales. 		Ministerio Público	-	Señor Hernández, eventual fusión de las empresas Soprole y Nestlé. 		Municipalidad de San Pedro de Atacama	-	Señor Mora, licitaciones de empresas en la Municipalidad de San Pedro de Atacama. 		Intendencia de la Octava Región	-	Señor Ulloa, informe en materias relativas a establecimientos educacionales.		Municipalidad de Maullín	-	Señor Kuschel, proyecto de mejoramiento camino de La Pasada a Lepihue.		Intendencia de la Décima Región	-	Señor Delmastro, implementación de consultorio en la ciudad de Valdivia. 	-	Señor Kuschel, proyectos PMB. 		Contraloría Regional de Valparaíso	-	Señor Ibáñez, antecedentes financieros de la Municipalidad de Valparaíso. 
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (101)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Accorsi Opazo, Enrique	PPD	RM	24Aguiló Melo, Sergio	PS	VII	37Álvarez-Salamanca, Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	UDI	XII	60Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Araya Guerrero, Pedro	PDC	II	4Ascencio Mansilla, Gabriel	PDC	X	58Barros Montero, Ramón	UDI	VI	35Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Bayo Veloso, Francisco	RN	IX	48Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Burgos Varela, Jorge	PDC	RM	21Caraball Martínez, Eliana	PDC	RM	27Cardemil Herrera, Alberto	RN	RM	22Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Correa de la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cristi Marfil, María Angélica	IND-UDI	RM	24Cubillos Sigall, Marcela	UDI	RM	21Delmastro Naso, Roberto	IND-RN	IX	53Díaz Del Río, Eduardo	UDI	IX	51Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	VIII	44Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Errázuriz Eguiguren, Maximiano	RN	RM	29Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Forni Lobos, Marcelo	UDI	V	11Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García García, René Manuel	RN	IX	52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UDI	VI	32Girardi Lavín, Guido	PPD	RM	18González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Hidalgo González, Carlos	IND-RN	V	15Ibáñez Santa María, Gonzalo	UDI	V	14Ibáñez Soto, Carmen	RN	V	13Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Leal Labrín, Antonio	PPD	III	5Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19Letelier Morel, Juan Pablo	PS	VI	33Letelier Norambuena, Felipe	PPD	VIII	42Longton Guerrero, Arturo	RN	V	12Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	17Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Luksic Sandoval, Zarko	PDC	RM	16Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Mella Gajardo, María Eugenia	PDC	V	10Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Molina Sanhueza, Darío	UDI	IV	9Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	VIII	42Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Mulet Martínez, Jaime	PDC	III	6Muñoz Aburto, Pedro	PS	XII	60Navarro Brain, Alejandro	PS	VIII	45Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Paredes Fierro, Iván	IND-PS	I	1Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Opazo, Ramón	IND-UDI	I	2Pérez San Martín, Lily	RN	RM	26Pérez Varela, Víctor	UDI	VIII	47Prieto Lorca, Pablo	IND-UDI	VII	37Quintana Leal, Jaime	PPD	IX	49Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Rossi Ciocca, Fulvio	PS	I	2Saffirio Suárez, Eduardo	PDC	IX	50Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Seguel Molina, Rodolfo	PDC	RM	28Sepúlveda Orbenes, Alejandra	PDC	VI	34Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Tapia Martínez, Boris	PDC	VII	36Tohá Morales, Carolina	PPD	RM	22Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Uriarte Herrera, Gonzalo	UDI	RM	31Urrutia Bonilla, Ignacio	UDI	VII	40Valenzuela Van Treek, Esteban	PPD	VI	32Varela Herrera, Mario	UDI	RM	20Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Venegas Rubio, Samuel	PRSD	V	15Vidal Lázaro, Ximena	PPD	RM	25Vilches Guzmán, Carlos	RN	III	5Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	UDI	X	54Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8
    -II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTAS	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El acta de la sesión 47ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 48ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.IV. CUENTA	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.	El señor ULLOA.- Señora Presidenta, pido la palabra sobre la Cuenta.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra su señoría.	El señor ULLOA.- Señora Presidenta, le ruego que nos aclare el punto 4 de la Cuenta. 	La ley Nº 19.067, de 1991, es muy clara, en cuanto señala que la salida de tropas del territorio sólo puede autorizarse previo acuerdo del Senado. A su vez las autorizaciones respectivas, deben ser comunicadas a la Cámara de Diputados.	Según el punto 4 de la Cuenta, se tomó conocimiento de un oficio de la ministra de Defensa Nacional dirigida a la señora Presidenta, por el cual comunica la salida del primer contingente hacia Haití. El tenor de la ley es muy claro al señalar que es la Cámara de Diputados la que debe ser informada. Sin embargo, los señores diputados recién estamos tomando conocimiento de ello, en circunstancias de que el primer contingente salió ayer del país. 	A mi juicio, se ha transgredido la ley.	Por otra parte, la Constitución Política en el número 13) del artículo 60, establece que la salida de tropas nacionales del territorio de la República es materia de ley; también prescribe que al respecto debe informar el Consejo de Seguridad Nacional.	En este sentido, creo que se ha vulnerado la Constitución Política. Lo hago presente para que la situación quede absolutamente clara.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Diputado señor Ulloa, quiero aclararle que, efectivamente, de acuerdo con lo que establece la ley, el Senado realizó una sesión para discutir la autorización de la salida del contingente a Haití. La ley Nº 19.607 dispone que, una vez que el Senado ha dado la autorización, el Ministerio de Defensa debe comunicarle a la Cámara de Diputados la decisión adoptada, en este caso, la autorización del envío de tropas.	Tal como corresponde, una vez que la autorización fue otorgada por el Senado, la ministra de Defensa Nacional comunicó a la Mesa de la Cámara de Diputados, mediante oficio, la salida de tropas del territorio nacional.	Independientemente de eso, el tema será tratado en reunión de Comités, a la que convocaré en breve, porque hay otros temas de agenda que tratar. Allí se decidirá la conveniencia o no de celebrar una sesión especial -así me lo había solicitado el diputado señor Cardemil-, con asistencia de la ministra de Defensa Nacional, para tratar la materia. Como no hubo oportunidad de tratar el asunto en la reunión de Comités de los martes, discutiremos ahora la conveniencia -si existe voluntad de los señores diputados- de realizar una sesión especial para solicitar mayor información de la ministra de Defensa Nacional, al margen de que en estos momentos las tropas ya están en Haití.	Pero, desde el punto de vista de procedimiento reglamentario, la Mesa ha tomado conocimiento exactamente de lo que correspondía, de acuerdo con el artículo 6º de la ley Nº 19.067.	Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.El señor ULLOA.- Señora Presidenta, la ley dispone que deben ser enviadas sendas comunicaciones en forma previa a la salida de las tropas. La comunicación debe hacerse a la Cámara de Diputados, no a la Mesa. Así lo dispone la ley. Por esa razón, hago presente esta situación, que es ajena a lo que está establecido.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Efectivamente, esta comunicación se le entregó a la Presidenta de la Cámara de Diputados -obviamente, debe ser de esa forma-, a la máxima autoridad de esta Corporación, a las 16.02 horas, y las tropas chilenas salieron del país a las 19.15 horas.	Diputado Ulloa, en términos de procedimiento, la Mesa considera que se ha cumplido estrictamente lo que correspondía hacer y no tiene ningún cuestionamiento sobre la materia. Otro tema distinto, que discutiremos con los comités parlamentarios, es si la Mesa recoge o no la petición de citar a una sesión especial. Por lo tanto, no corresponde la observación que se ha formulado.	Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros.	El señor RIVEROS.- Señora Presidenta, estamos conociendo el cumplimiento de la norma legal correspondiente, de manera que no es el momento de abrir debate sobre la materia. En reunión de Comités se decidirá respecto de la solicitud de celebrar una sesión especial. Por lo tanto, por la vía de los hechos, no convirtamos la presente en la sesión especial solicitada.	He dicho. 	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Por cierto, estamos tratando un tema de procedimiento. No he entrado al fondo del asunto.	Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.	El señor MONTES.- Señora Presidenta, me iba a referir a otro tema, pero no quiero dejar de señalar que comparto plenamente lo que ha manifestado el diputado Edgardo Riveros.	Aquí se ha cumplido con lo que establece la ley. Si existen observaciones, que se planteen por escrito, y si se va abrir un debate, que se haga ampliamente.FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIO Y DE EX FUNCIONARIO DE LA CÁMARA. Notas de condolencia.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Lamento informar a la honorable Sala el deceso del ejemplar funcionario de la Dirección de Finanzas de nuestra Corporación señor Enrique Pérez Reyes, a la temprana edad de 46 años.	Asimismo, hace algunos días dejó de existir el conocido ex funcionario del escalafón de Comedores, señor Isidro Meza Mondaca, apenas una hora después de haber fallecido su esposa.	La Mesa hará llegar a sus familias nuestros sentimientos de profundo pesar por tan lamentables pérdidas.	Muchas gracias.-o-	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Montes.	El señor MONTES.- Señora Presidenta, hace varias semanas -quizás meses-, se acordó constituir una comisión especial investigadora de la violación de los derechos laborales. Sin embargo, la Oposición no ha querido nombrar a sus representantes. En enero, su señoría señaló que iba a ejercer, en subsidio, la facultad de nombrarlos. 	Hoy se están produciendo hechos relacionados con el tema. Por ejemplo, en Village se ha despedido a 64 personas, sin pago alguno, entre las cuales hay 12 con posnatal. Además, existen otras situaciones tremendamente graves, por lo que es necesario que esa Comisión se constituya.	Pido que se me informe qué ha ocurrido al respecto.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Sin abrir debate sobre el tema de fondo, desde el punto de vista del procedimiento, comunico a la Sala que recibí información del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente en la que reconocía -está presente el diputado Rodrigo Álvarez- que se les había pasado el tiempo y no habían nombrado a su representante, y que ayer entregarían los nombres de los diputados que integrarán la comisión. Por esa razón, decidí esperar y no ejercer mi facultad para constituirla.	Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez.	El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, tal como nos comprometimos con su señoría, hoy, durante la mañana, enviaremos el oficio con los nombres de los representantes que van a integrar esa Comisión.	Me habría gustado que se actuara con la misma celeridad respecto del tema de los puertos, en que también está pendiente la constitución de una comisión desde hace bastante tiempo, a fin de investigar la participación de funcionarios de Gobierno en esa materia.	He dicho.La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Creo que con la explicación entregada, el tema ha sido suficientemente aclarado.AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Si les parece a los señores diputados, se accederá a la petición de la Comisión especial investigadora de los procesos de licitación de tratamiento de la basura para sesionar en forma simultánea con la Sala.	Acordado.PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE AGRICULTURA PARA CUMPLIMIENTO DE MANDATO DE LA CORPORACIÓN.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga del plazo concedido a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para cumplir con el mandato de la Corporación, en relación con el tratamiento del Acuerdo de complementación económica Chile-Mercosur y del proyecto sobre reducción arancelaria.	Acordado.V. ORDEN DEL DÍAAPROBACIÓN DE PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL ACUERDO MARCO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS EN LA ALTA MAR DEL PACÍFICO SUDESTE, “ACUERDO GALÁPAGOS”. Proyecto de acuerdo. Primer trámite constitucional.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo modificatorio del acuerdo marco para la conserva-ción de los recursos vivos marinos en la alta mar del pacífico sudeste, conocido como “Acuerdo Galápagos”, suscrito el 27 de noviembre de 2003.	Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Longton.	Antecedentes:	-Mensaje, boletín Nº 3443-10, sesión 42ª, en 13 de enero de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.	-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 46ª, en 20 de enero de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 7.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Cito a reunión de Comités.	Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.	El señor LONGTON.- Señora Presidenta, los Estados ribereños del Pacífico sudeste, mediante la Declaración de Santiago, de 1952, proclamaron su soberanía y jurisdicción exclusivas en una zona marina de 200 millas, y sentaron las bases para la aceptación y configuración de esa zona, como una de las instituciones fundamentales del nuevo Derecho del Mar, lo que hoy se denomina Zona Económica Exclusiva.	En la declaración de Santiago se reconoció, también, el deber de los Estados ribereños de prevenir que, fuera del alcance de su jurisdicción nacional, pudiera producirse una explotación excesiva de los recursos naturales, susceptible de poner en peligro su existencia, integridad y conservación, en perjuicio de los pueblos que poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia.	Con el fin de cumplir esos objetivos, los referidos Estados ribereños acordaron establecer la Comisión Permanente del Pacífico Sur, como organismo coordinador de sus políticas marítimas, encargado de promover, asimismo, la adopción de medidas que preserven el medio ambiente y protejan la integridad del ecosistema marino del Pacífico Sudeste.	En ese contexto, los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur han convenido normas especiales para ejercer, eficazmente, de conformidad con el nuevo Derecho Internacional del Mar, su derecho y el deber de asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros existentes en su propia subregión, incluidos aquellos que migran desde las zonas bajo su jurisdicción nacional hacia la alta mar, y viceversa.	Las acciones comunes de protección de tales recursos son indispensables y urgentes ante la explotación incontrolada de recursos vivos marinos en áreas de alta mar adyacentes a zonas bajo jurisdicción nacional, que puede generar una grave amenaza para su conservación y uso sostenible, así como de poblaciones de peces dependientes o asociadas a ellos, e invalidar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados ribereños con respecto a las mismas especies, dentro de sus zonas de 200 millas.	Con tales finalidades, los Estados miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur suscribieron, el 14 de agosto del año 2000, en Santiago de Chile, el denominado “Acuerdo de Galápagos”, con el objeto de establecer un mecanismo de cooperación internacional que favorezca la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar en el Pacífico sudeste.	El Acuerdo de Galápagos fue aprobado por el Congreso Nacional y ratificado por el Presidente de la República, mediante el depósito del instrumento correspondiente en la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, el 12 de noviembre de 2001. Sin embargo, este instrumento no ha podido entrar en vigencia internacional por no haberse reunido aún el número de ratificaciones previstas para el efecto.	Para facilitar el cumplimiento de las formalidades del caso, los países signatarios han convenido, en el Protocolo sometido a la consideración de la honorable Cámara, reducir de cuatro a tres el número de ratificantes exigidos para la entrada en vigencia del Acuerdo de Galápagos.	Como lo señala el mensaje, esta modificación se hace necesaria por la no ratificación aún de Colombia. Sí lo han hecho Chile, Ecuador y Perú.	En consideración a los importantes propósitos que se persiguen con este Protocolo sometido a la consideración de la honorable Cámara, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana decidió, por unanimidad, recomendar a esta Corporación que preste su aprobación al proyecto de acuerdo correspondiente en los mismos términos propuestos en el mensaje.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, celebrada en Bogotá, en 1997, los cancilleres de Chile, Colombia, Ecuador y Perú acordaron impulsar la suscripción de un acuerdo para la conservación de los recursos vivos marinos en alta mar, ubicados frente a sus costas, conscientes de que una pesca indiscriminada en esa área minaría la eficacia de las medidas de conservación establecidas para la actividad pesquera dentro de sus respectivas zonas económicas exclusivas, especialmente respecto de las especies transzonales y las altamente migratorias.	Fruto de tres años de trabajo mancomunado, se adoptó el Acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del pacífico sudeste, o “Acuerdo de Galápagos”, firmado en Santiago de Chile, el 14 de agosto de 2000, por los cancilleres de los cuatro países.	En este contexto, nuestro Gobierno depositó su instrumento de ratificación el 12 de noviembre de 2001; el de Ecuador, el 11 de junio de 2002, y el de Perú, el 5 de agosto de 2003. En consecuencia, quedaba aún pendiente, en esa época, la ratificación del de Colombia.	Es necesario destacar la importancia política y estratégica del Acuerdo de Galápagos, pues éste constituye el marco para un aprovechamiento sustentable de los recursos vivos en alta mar del Pacífico sudeste, de manera compatible con el que realicen los Estados ribereños al interior de las 200 millas, y recoge la normativa internacional, que fomenta la creación de organizaciones o acuerdos regionales para estos efectos.	El Acuerdo de Galápagos es un complemento de la histórica Declaración de Santiago -sobre soberanía y jurisdicción exclusivas en una zona de 200 millas, a lo que ya se refirió el diputado informante de este protocolo-, que reservó para los Estados ribereños el aprovechamiento de los recursos existentes en las 200 millas aledañas a sus costas, y representa un paso adelante en el desarrollo progresivo del nuevo derecho del mar.	El Pacífico sudeste es uno de los caladeros más ricos del mundo, razón por la cual atrae a flotas de aguas distantes que han visto agotarse los recursos que solían capturar en otras latitudes. Esa situación ha provocado reclamos formales de los pesqueros de la Octava Región y, en especial, de los dirigentes sindicales de las plantas pesqueras de la zona, quienes plantean con inquietud que muchas veces barcos de banderas extranjeras prácticamente están en el tope de las 200 millas y se aprovisionan en puertos chilenos. Esa situación, particularmente respecto de las especies migratorias, puede provocar un grave problema a futuro para las exportaciones y las fuentes de empleo.	La pronta entrada en vigor del Acuerdo de Galápagos entregará a los países signatarios una herramienta jurídica muy valiosa para la protección de sus intereses comunes, frente a la amenaza representada por naves de tercer pabellón que operen en la alta mar aledaña a sus respetivas aguas jurisdiccionales, sin aplicar medidas de conservación, compatibles con las que rigen al interior de éstas.	El Acuerdo de Galápagos está llamado a constituirse en una de las iniciativas más trascendentales en la historia de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, por incursionar en una área de particular relevancia y proyección en el actual desarrollo del derecho del mar. Asimismo, proporcionará un nuevo dinamismo a su labor como organización preocupada por el cuidado del medio ambiente marino y costero de la región, al conferir a nuestro país y a Colombia, Ecuador y Perú un eficaz instrumento para fortalecer sus capacidades de explotación pesquera y dar expresión práctica a sus potencialidades en las esferas del aprovechamiento de los recursos vivos marinos.	La no ratificación de Colombia se informó el 14 de agosto del año recién pasado, en Quito, en una reunión extraordinaria e informal de los presidentes de secciones nacionales de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para analizar la demora de ese país en la ratificación del Acuerdo de Galápagos. En aquella ocasión, el representante de Colombia expresó que existían problemas muy sensibles para ratificarlo.	Dado lo anterior y considerando la gravedad que revestiría para Chile un largo retraso en la entrada en vigencia del Acuerdo de Galápagos o, lo que sería peor, un rechazo a su ratificación, se logró un principio de solución a esta dificultad. Para ello se acordó la suscripción de un protocolo modificatorio del Acuerdo de Galápagos -es lo que estamos tratando hoy en la Cámara de Diputados- en lo atinente a la disposición que establece el número de ratificaciones necesarias para que entre en vigor. Esta solución permitiría que, una vez firmado el protocolo modificatorio y aprobado por los cuatro países, el Acuerdo de Galápagos podría entrar en vigor con las actuales ratificaciones de Chile, Ecuador y Perú.	El protocolo modificatorio fue finalmente firmado por los cuatro países signatarios del Acuerdo de Galápagos, aprovechando la celebración de la segunda asamblea ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que tuvo lugar en Lima, los días 26 y 27 de noviembre pasado. Ahí se hizo presente que este paso era muy importante, pero que correspondía a los parlamentos de Chile, Ecuador y Perú ratificar el protocolo modificatorio, con lo cual podría entrar en vigencia este importante acuerdo marítimo regional.	Como es de conocimiento de todos, la actividad pesquera es de indudable relevancia económica para nuestro país. Ello queda reflejado en sus resultados operacionales, los cuales le han permitido situarse internacionalmente como el quinto productor mundial en materia de desembarques, el séptimo país generador de divisas por concepto de exportaciones pesqueras, el segundo productor de salmonídeos procedentes de cultivos y el segundo productor de harina de pescado en el mundo.	En el ámbito nacional, la actividad pesquera, en 2003, fue la segunda con más exportaciones y retorno de divisas para nuestro país. 	Al respecto, la aplicación de la ley de pesca corta ha demostrado que quienes la consideramos necesaria, seguimos el camino correcto. No sucedió la llamada “carrera olímpica”; aumentaron los empleos en las plantas pesqueras; hay una relación directa entre trabajador y capital, como corresponde; hay inversiones importantes para cumplir el desafío que significa el acuerdo con la Unión Europea, y, desde el 1º de enero de este año, el tratado de libre comercio con Estados Unidos de América.	Por eso, en nombre de la Democracia Cristiana, anuncio que vamos a votar favorablemente el Acuerdo aprobatorio del Protocolo modificatorio del acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico sudeste, también denominado Acuerdo de Galápagos, suscrito el 27 de noviembre de 2003.	Para terminar mi intervención, quiero recordar que en septiembre del año pasado, entre Chile y la República Popular China, se produjeron las primeras consultas bilaterales en materia de conservación pesquera. Asimismo, tenemos conocimiento de que el gobierno de Corea del Sur ha dado licencias pesqueras a un número aproximado de ochenta barcos, lo que demuestra la importancia que reviste el Acuerdo de Galápagos para cuidar nuestra pesquería, vital en lo que se refiere a empleos y desarrollo de nuestro país.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.	El señor MELERO.- Señor Presidente, sólo voy a hacer breves comentarios respecto del proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo modificatorio del acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico sudeste, más conocido como Acuerdo de Galápagos.	Sin lugar a dudas, fue importante el paso dado por Chile en 1952, cuando se proclamó la soberanía y jurisdicción sobre la zona económica exclusiva de las 200 millas marítimas, hecho en el cual a nuestro país le cupo un rol protagónico, y que se ha convertido en el elemento que rige prácticamente en todos los Estados ribereños del mundo, porque les dio la estabilidad necesaria para generar una industria pesquera, tanto industrial como artesanal, capaz de crear riqueza, empleos y recursos mediante la explotación de sus territorios marítimos adyacentes.	Ese primer paso determinó un comportamiento distinto en la humanidad. Este proyecto, por su parte; será un avance más en la medida en que la Comisión Permanente del Pacífico Sur, integrada por Chile, Colombia, Ecuador y Perú -esperamos que Colombia lo ratifique-, se comprometa a poner en funcionamiento algo que se debe entender en su dimensión más trascendental.	Nuestro país ha hecho esfuerzos -y la Cámara ha sido testigo- en términos de generar una legislación pesquera nacional que permita la preservación de los recursos naturales y la estabilidad del sector, de establecer reglas claras para los inversionistas y de dar estabilidad respecto de la forma en que se realiza esa acción extractiva.	Como bien señaló quien me antecedió en el uso de la palabra, al establecer cuotas máximas por armador en virtud de una cuota global máxima de captura, aprobadas por los consejos zonales de pesca, el Congreso dio pasos efectivos.	Pero el tema no nace ni muere en las 200 millas marítimas, sino que trasciende. Por eso la importancia de este protocolo, ya que muchas especies, como es el caso del jurel, en Chile son altamente migratorias en su ciclo de vida, y alcanzan, incluso, las costas de Nueva Zelanda. El esfuerzo pesquero realizado más allá de las 200 millas tiene efectos inmediatos sobre esa zona. Por consiguiente, si no se controla la explotación de estos recursos, se pone en peligro su existencia al interior de las 200 millas.	La flota mundial, capaz de capturar más de 70 millones de toneladas, ha disminuido. La capacidad de captura ha bajado como consecuencia, justamente, de la explotación irracional de muchos recursos, lo que ha hecho que varios países miren a ultramar, más allá de sus costas y de las 200 millas marinas. ¿Qué duda cabe que los 4 mil 500 kilómetros de costas de Chile sean un incentivo para que flotas pesqueras internacionales vengan a explotar los recursos frente a nuestras costas, más allá de las 200 millas?	Hubo un esfuerzo pesquero de magnitud, con más de setenta naves, durante prácticamente tres décadas, especialmente en los años sesenta y setenta, de una flota pesquera soviética que, por años, capturó en nuestras costas el recurso jurel. Más de un millón de toneladas al año. La Unión Soviética, con una economía planificada, bajo un régimen comunista, no trepidaba en costos para desplazar una gran flota en nuestras costas con el único objetivo de obtener productos alimenticios para su población.	Una vez terminado y colapsado el régimen comunista, esa flota soviética se fue de nuestras costas. No porque alguien la echara, sino porque por primera vez, con papel y lápiz, sacaron la cuenta y llegaron a la conclusión de que mantenerla era de muy alto costo en relación con lo que se estaba extrayendo. Pero después han venido flotas de otras naciones, como España, China, Corea, Japón, las cuales están buscando recursos pesqueros en todas partes.	Frente a las costas de la Octava Región se dio una situación que ha generado algún nivel de polémica. En efecto, la Comisión de Pesca estuvo muy preocupada, el año pasado, por la llegada de una flota interesada en el recurso jurel, cuya acción podría afectar la biomasa al interior de nuestras 200 millas marinas.	Por eso, este protocolo busca generar un marco regulatorio para que las flotas pesqueras del mundo -todas las cuales, al ser muy escasos los recursos en sus propias zonas, los buscan en ultramar- sepan que cuando se viene frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador no se puede sacar todo lo que se quiera, de cualquier forma y sin ningún tipo de regulación.	Ese es el punto. En el marco de un protocolo, esas naciones, con el legítimo derecho que tienen de venir a pescar en altamar, deberán hacerlo en complementación con las medidas regulatorias de cada país. De lo contrario, no tendría sentido todo el esfuerzo que Chile ha hecho para evitar la sobreexplotación de los recursos principales, sobre todo de los altamente migratorios, y establecer cuotas globales con el fin de atomizarlas entre los armadores. 	Toda regulación resultaría inútil si en la milla 201 hay una flota que hace un esfuerzo pesquero absolutamente desproporcionado y captura peces de cualquier tamaño, sin ningún ánimo de preservar los recursos, con una mirada de corto plazo.	De manera que la bancada de la UDI aprobará con entusiasmo este protocolo, porque combina lo que se ha hecho en Chile con lo que es necesario realizar más allá de las 200 millas marinas, lo cual es muy importante.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel.	El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, sólo quiero anunciar el voto favorable de Renovación Nacional al proyecto.	El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo que aprueba el Protocolo modificatorio del acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en alta mar del Pacífico sudeste.	-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Espinoza, Forni, Galilea (don José Antonio), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Varela, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.APROBACIÓN DE CONVENIO SOBRE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS, Y DE SUS PROTOCOLOS DE ENMIENDAS. Proyecto de acuerdo. Primer trámite constitucional.	El señor HALES (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, adoptado en Bruselas, el 14 de junio de 1983, y sus enmiendas, introducidas en 1986, 1989 y 1993.	Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Carlos Kuschel.	Antecedentes:	-Mensaje, boletín Nº 3388-10, sesión 11ª, en 28 de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 4.	-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 42ª, en 13 de enero de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 14.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.	El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, el Convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, SA, de 1983, conjuntamente con sus enmiendas, sometidos al conocimiento de la honorable Cámara de Diputados, han sido aprobados por el Consejo de Cooperación Aduanera, CCA, para permitir que sus Estados miembros dispongan de datos exactos y comparables para las negociaciones comerciales internacionales, que, en lo fundamental, facilitan el comercio internacional.	El Consejo de Cooperación Aduanera fue creado el 15 de diciembre de 1950, en Bruselas, Bélgica, con la finalidad de resolver problemas propios de las relaciones comerciales entre países europeos. Sin embargo, pronto empezó a abordar y resolver asuntos comerciales de interés mundial, llegando a contar, en la actualidad, con 150 países miembros. Hoy se le denomina Organización Mundial de Aduanas, OMA, y su papel es considerado indispensable para el desarrollo armónico e integral de las aduanas en sus procesos de simplificación, armonización y automatización a nivel mundial.	Es así como el Sistema armonizado es utilizado por más de 177 países para elaborar sus tarifas aduaneras y establecer sus estadísticas comerciales internacionales. Más del 98 por ciento de las mercancías intercambiadas en el mundo son clasificadas en función de este sistema.	Además, es utilizado por los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector privado con otros fines, tales como la fijación de aranceles aduaneros, la determinación de políticas comerciales, la recopilación de estadísticas relativas a los transportes, las cuentas nacionales, la investigación y el análisis económico.	En suma, el Sistema armonizado constituye un código y un lenguaje económico universal para las mercancías, y un instrumento indispensable para los intercambios internacionales.	En nuestro país, el artículo 42 de la ley Nº 18.768 dispuso reemplazar, a contar desde el 1º de enero de 1990, la nomenclatura utilizada en el arancel aduanero, con las adaptaciones que fueren necesarias, por la del “Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías”, aprobado por el Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas, el 14 de junio de 1983.	No obstante lo anterior, Chile no se ha hecho Estado parte del Convenio, situación que el Presidente de la República se propone regularizar mediante la incorporación plena de Chile a dicho Convenio.	De acuerdo con el mensaje, la aplicación que, por mandato legal, ha estado haciendo Chile del Convenio, ha permitido que nuestro país tenga derecho a asistencia técnica; a voz y voto en el Comité del Sistema Armonizado; a la solución de controversias o de conflictos relativos a la clasificación y otros temas, para las modificaciones de las notas explicativas y opiniones sobre clasificación de productos; a formular reservas con respecto a decisiones que se adopten; a referirse a problemas de clasificación; a notificar a la Secretaría General sobre objeciones en relación con modificaciones recomendadas, y, en general, a todo el contenido del Sistema armonizado en aplicación.	Por último, se destaca que Chile es representante de la Organización Mundial de Aduanas en América Latina.	El Convenio del Sistema Armonizado consta de 20 artículos, cuyo contenido normativo es ampliamente desarrollado por la Comisión en el informe escrito puesto a disposición de los señores diputados, por lo que, con la venia de su señoría, me referiré a sus aspectos más relevantes.	En primer lugar, hay que destacar que los países en desarrollo pueden recibir, de parte de los países desarrollados asistencia técnica, especialmente en la formación de personal, en la transposición de sus actuales nomenclaturas al Sistema armonizado y en el asesoramiento sobre las medidas convenientes para mantener actualizados sus sistemas ya alineados.	En segundo lugar, los Estados parte no contraen, en virtud de este Convenio, ningún compromiso en lo que se refiere al tipo de derechos arancelarios. 	Por último, las controversias que se produzcan por la aplicación del Convenio se resolverán por negociación directa entre las partes o por recomendación del Comité del Sistema armonizado o del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas. 	El protocolo de enmienda, sometido a la consideración de esta Cámara, conjuntamente con el Convenio, tienen por objeto, en lo principal, adecuar la nomenclatura original a la evolución de las técnicas y estructura del comercio internacional, conforme a las recomendaciones del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas. 	El Presidente de la República formuló indicación sustitutiva para el artículo único del proyecto de acuerdo, con el objeto de incluir en la decisión parlamentaria la aprobación de las enmiendas introducidas al Convenio en 1999.	Según lo informado por el director nacional de Aduanas, señor Raúl Allard Neumann, se trata de enmiendas a la nomenclatura arancelaria recomendadas por la Organización Mundial de Aduanas, acogidas por nuestro país a partir del 1º de enero de 2002, mediante el decreto supremo Nº 1.019, del Ministerio de Hacienda, en virtud de lo dispuesto por la ley Nº 18.768, acerca del uso en nuestro arancel aduanero del Sistema armonizado regulado por el Convenio en trámite y sus modificaciones. 	Durante el estudio de este instrumento internacional, la Comisión escuchó al director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y al director nacional de Aduanas, quienes proporcionaron antecedentes análogos a los expuestos en el mensaje, en cuanto a que la aplicación del Sistema armonizado en el país ha facilitado la preparación de la documentación aduanal y comercial requerida por nuestro comercio exterior, y ha evitado las operaciones económicas y las cargas conexas derivadas de las necesidades de retranscribir, reclasificar y recodificar las mercancías según su destino. El instrumento en comento ha proporcionado, asimismo, una mejor comprensión de los elementos de información contenidos en los distintos documentos, y una mayor confianza en las mismas informaciones. 	Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, por unanimidad, recomendar a la honorable Cámara la aprobación del proyecto de acuerdo en informe, para lo cual propone adoptar su artículo único, según el texto propuesto por el Presidente de la República en la indicación sustitutiva antes señalada. 	Es cuanto puedo informar a la Sala.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.	El señor MASFERRER.- Señor Presidente, el Convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, de 1983, es un paso adelante en la modernización del país, en el marco de la globalización.	El objetivo del proyecto es actualizar este Sistema armonizado, que permite disponer de datos exactos y comparables para facilitar las negociaciones comerciales internacionales. Es utilizado por más de 177 países para elaborar sus tarifas aduaneras, de manera que incide en la clasificación de más del 98 por ciento de las mercancías mundiales. 	Es necesario recalcar que dicho Sistema es empleado por las organizaciones internacionales, los gobiernos y el sector privado, con variados fines. Destacan, entre estos, la fijación de aranceles aduaneros, la determinación de políticas comerciales, la recopilación de estadísticas relativas a transportes, las cuentas nacionales, la investigación y el análisis económico.	Debido a la importancia del Sistema se justifica que nuestro país adopte las modificaciones acordadas, para efectos -reitero- de facilitar el comercio internacional.	Por último, es preciso, también, subrayar que, en virtud de este convenio, las partes firmantes no adquieren ningún compromiso en cuanto al tipo de derechos arancelarios.	Porque este proyecto de acuerdo es beneficioso para el país, anuncio el voto favorable de la Unión Demócrata Independiente, e invito a la Sala a sumarse en forma unánime a esta decisión, como demostración de que seguimos por el camino correcto.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, adoptado en Bruselas, el 14 de junio de 1983; su protocolo de enmienda, de 1986, y las enmiendas a la nomenclatura del Convenio, de 1989 y 1993.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Espinoza, Forni, García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Varela, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.MODERNIZACIÓN ORGÁNICA DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL. Primer trámite constitucional.	El señor HALES (Vicepresidente).- A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley sobre modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal.	Diputados informantes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Hacienda, son los señores Gabriel Ascencio y Gastón von Mühlenbrock, respectivamente.	Antecedentes:	-Mensaje, boletín Nº 3154-07, sesión 29ª, en 4 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.	-Informes de las Comisiones de Constitución y de la de Hacienda, sesión 48ª, en 21 de enero de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs. 3 y 4, respectivamente.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señor Gabriel Ascencio.	El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley de modernización, regulación orgánica y nueva planta del personal del Servicio Médico Legal.	El proyecto tiene por finalidad modernizar el Servicio Médico Legal por la vía de establecer una estructura adecuada para su gestión, de crear los mecanismos de selección para determinar los mejores funcionarios y de aumentar su dotación para asegurar el mínimo funcionamiento de la institución en sus áreas principales.Observaciones previas.	Al análisis del proyecto en la Comisión concurrió un número importante de autoridades y funcionarios, entre ellos, don Jaime Arellano, subsecretario de Justicia; don Fernando Dazarola, abogado asesor del Ministerio de Justicia; don Enrique Arancibia, asesor del Ministerio de Hacienda; don Óscar Vargas, médico, director nacional del Servicio Médico Legal; don José Morales, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal, y otros profesionales que consigna el informe.	Además, de acuerdo con lo que ordena el Reglamento de nuestra Corporación, debo dejar constancia de lo siguiente:	En primer lugar, de que los artículos 4º permanente y 5º transitorio deben aprobarse como ley de quórum calificado. El primero, por tratarse de una norma que permite a un organismo del Estado desarrollar actividades empresariales, según lo establece el artículo 19, Nº 21º, inciso segundo, de la Constitución Política, y, el segundo, por incidir en el derecho a la seguridad social, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, Nº 18º, de la misma Constitución.	En segundo lugar, de que tanto los artículos 1º, 3º y 4º permanentes como los artículos 1º, 4º, 7º y 8º transitorios son de competencia de la Comisión de Hacienda, cuyo informe recibiremos luego.	En tercer lugar, de que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad.	Finalmente, de que fueron rechazados los artículos 15 permanente y 7º transitorio del proyecto original.	A través del proyecto se pretende contribuir a la obtención de un Servicio Médico Legal conformado por profesionales altamente calificados, con vasta experiencia en el campo médico legal y dotados de todos los recursos humanos requeridos para poder asesorar en forma eficiente, oportuna y fidedigna al Estado en el proceso de administración de justicia, para lo cual resulta imprescindible modernizar la regulación orgánica y la planta de su personal.	Se habla de modernizar, en el entendido de que para poder cumplir con la misión propuesta, se requiere establecer normas claras con el objeto de prestar, primero, asesoría y soporte técnico y científico a los organismos jurisdiccionales o a los organismos de investigación, como el Ministerio Público, y docencia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a la medicina legal y ciencias forenses, y, segundo, supervigilar la prestación de servicios en materias propias de su competencia, poniendo énfasis en la calidad, eficiencia y oportunidad.	En lo fundamental, el proyecto pretende dotar al Servicio Médico Legal de los recursos humanos más calificados para la realización adecuada de sus funciones y en condiciones laborales acordes con las exigencias actuales.	En términos más específicos, pretende hacer frente a las nuevas demandas y dificultades para conseguir peritos, en virtud de las bajas remuneraciones ofrecidas en comparación con lo que ganarían en el sector privado, con médicos de 22 horas, especialmente para regiones, en las cuales deberán realizar funciones de doble especialidad: clínico-tanatológica, esto es, médicos forenses que realicen autopsias y constaten lesiones, como una forma de racionalizar las horas médicas por regiones.	Además, debe considerarse que para el cumplimiento de la misión técnica es indispensable contar con un adecuado soporte administrativo, que considere, también, profesionales de estas áreas que sean capaces de optimizar los recursos del Servicio y buscar nuevas fuentes de generación de recursos para el mismo.	A través de la selección de los mejores y de la creación de mayores incentivos económicos, se pretende fomentar cambios importantes al interior del Servicio, para facilitar la gestión interna y mejorar el clima laboral; contar con personal administrativo y auxiliar calificado, de modo que aporte al cumplimiento de los objetivos de una institución eminentemente técnica y especializada; reforzar el sistema de control de las pericias, a fin de garantizar su fidelidad técnica, tanto o más importante para obtener una mayor prontitud en la entrega de los resultados de las pericias, así como intensificar la calidad e intencionalidad de éstas.	Todo lo anterior no tiene como objeto principal sino mejorar la relación del Servicio Médico Legal con los usuarios, atendiéndolos de manera oportuna y manteniendo, por cierto, los estándares de calidad de su trabajo pericial y formativo.	El proyecto contiene diecinueve artículos permanentes, divididos en tres capítulos, y ocho disposiciones transitorias, agrupadas en tres títulos.	El primer capítulo, denominado “Del Servicio Médico Legal”, se divide en dos títulos. En el primero de ellos se define la naturaleza jurídica, el objeto y las funciones del Servicio. Al respecto, cabe tener presente que el Servicio Médico Legal es un servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Justicia, funcional y territorialmente desconcentrado a través de direcciones regionales.	El principal objeto del Servicio será, al tenor del artículo 2º del proyecto, “..., asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación, en todo el territorio nacional, en lo relativo a la medicina legal, ciencias forenses y demás materias propias de su ámbito. Además, le corresponderá la tuición y supervigilancia técnica y directiva en la prestación de servicios relativos a las materias de su competencia, poniendo énfasis en su calidad, eficiencia y oportunidad.	“Asimismo, velará por la extensión de la capacitación y docencia en estas áreas, a nivel nacional e internacional, en coordinación con organismos públicos y privados, universidades y demás centros de investigación forense”.	Dentro de las principales funciones que debe cumplir el Servicio Médico legal, se encuentran las siguientes.a)	Realizar peritajes médico-legales en materias clínicas, tanatológicas, psiquiátricas y de laboratorio, y evacuar los informes periciales del caso.b)	Ejercer la tuición técnica del personal profesional, técnico o de otra índole que participe en la realización de peritajes médico-legales en el ámbito público o privado, a través de la dictación de normas de aplicación general que regulen los procedimientos periciales que efectúe.c)	Desarrollar investigación científica, docencia y extensión en materias médico-legales. d)	Efectuar la formación y certificación de sus técnicos y auxiliares tanatológicos, de conformidad con lo establecido en su reglamento orgánico. e)	Mantener registros estadísticos de las pruebas periciales de carácter biológico, químico u otro que determine la ley. 	Cabe destacar la introducción de una norma que autoriza al Servicio para percibir ingresos por la prestación de servicios que realice en materias de su competencia. 	En el título II se estructura la nueva organización del Servicio, a cargo del director nacional, con dos subdirecciones -una médica y otra administrativa-; las unidades que el director determine de acuerdo con las necesidades de organización interna del Servicio y las direcciones regionales, con sus respectivas sedes provinciales y comunales. 	También se establecen las funciones del director nacional como jefe superior del Servicio; de la subdirección médica, encargada del área técnica de la institución y a cargo de un subdirector médico, a quien le corresponderá subrogar al director nacional; de la subdirección administrativa, a cargo de un subdirector administrativo, y de las direcciones regionales como entidades coordinadoras del trabajo de la institución en las regiones. 	Mención aparte requiere el hecho de que el proyecto reconoce, expresamente, la misión del “Instituto Médico Legal doctor Carlos Ybar” -no es lo mismo que el Servicio Médico Legal-, que se encargará de elaborar las políticas y desarrollar las funciones referidas a docencia, investigación y extensión del Servicio, y dependerá directamente del director nacional del Servicio Médico Legal. 	A dicho Instituto le corresponderá, principalmente, contribuir a la formación de postulantes a cargos del Poder Judicial y al perfeccionamiento de los integrantes de ese Poder, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública en materias médico-legales, siempre que ello le sea solicitado oficialmente; colaborar en la formación de los alumnos de pregrado y de postgrado de las universidades y otras instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, en materias médico-legales, y con otros organismos estatales cuando lo requieran para alumnos o funcionarios; impulsar y velar por la adecuada coordinación en materias de investigación científica médico-legal, en actividades de extensión y docencia de carácter interno o externo, y formar y mantener museos y colecciones de piezas y objetos relacionados con la medicina legal y las ciencias forenses. 	En el capítulo II se encuentran las normas sobre personal. El proyecto se limita a remitirse a la ley Nº 19.882, que establece una nueva relación entre el Estado y sus funcionarios para la promoción de los mismos. Es decir, se consagra expresamente el sistema de concursabilidad, asumiendo que el Servicio ingresará prontamente al sistema de alta dirección pública. 	Se establece, además, una autorización para que hasta un 10 por ciento de los profesionales que se desempeñan a contrata asuman funciones de carácter directivo o de jefaturas. 	El capítulo III está referido a las “Disposiciones varias”. Recoge algunas normas contenidas en la actual ley orgánica, imprescindibles para el buen desempeño del Servicio, y corresponden a la obligación de reserva que asiste a los funcionarios en relación con los hechos o los antecedentes de que tomaren conocimiento en razón de su desempeño; la determinación del hecho de que las salas de autopsia dependientes del Servicio serán consideradas como lugar de defunción de las personas cuyos cadáveres hayan sido llevados a esos establecimientos para determinar la competencia del Registro Civil en los procedimientos referidos a sepultación, y la obligación de los establecimientos de salud, públicos o privados, que conozcan casos médicos legales, de otorgar las facilidades necesarias para el cumplimiento de las órdenes formuladas por los tribunales de justicia o el Ministerio Público. 	Por otra parte, se introduce una norma que obliga a los funcionarios del Servicio que accedan a los programas de especialización iguales o superiores a tres años, financiados por la institución, a desempeñarse en ella, a lo menos, por un tiempo similar al de la duración de los programas, con la correspondiente obligación, en el evento de que no cumpla con este requerimiento, de reintegrar el ciento por ciento del valor con el que se haya beneficiado.	Finalmente, se establece la derogación de la antigua ley orgánica.	Luego, en “Disposiciones Transitorias”, el título I se refiere a la “Delegación de facultades”.	Por el artículo 1º se faculta al Presidente de la República para que, mediante decreto con fuerza de ley, que deberá dictar dentro del plazo de 180 días contados desde la publicación de esta ley en proyecto, fije las nuevas plantas y escalafones del personal del Servicio Médico Legal.	En virtud de esta delegación, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije. De igual forma, fijará la fecha de vigencia de las plantas, así como las dotaciones máximas de personal.	También se establecen los grados iniciales y superiores de las plantas de los funcionarios sujetos al Estatuto Administrativo, con una mejoría en los grados de la planta actual. Sólo a modo de ejemplo, el rango de los profesionales de la escala única de sueldos que actualmente se encuentran entre los grados 16 al 15 de la planta, sube, con este proyecto, del grado 14 hasta el 4º. Aquí hay una mejora sustancial. Asimismo, el Presidente de la República deberá determinar el número de las horas semanales médicas de los profesionales funcionarios que se desempeñarán en el Servicio.	El título II establece las normas del encasillamiento de las plantas que se generen en virtud de la delegación referida precedentemente.	Este encasillamiento se realizará de conformidad a lo establecido, en lo pertinente, por la mencionada ley de nuevo trato para los funcionarios de la escala única de sueldos, y la ley Nº 15.076, para los profesionales funcionarios.	Por otra parte, se consagran diversas disposiciones destinadas a resguardar los derechos de los funcionarios. Por ejemplo, en la eventualidad de que, al encasillarse, se produjese una disminución de remuneraciones, se contempla la existencia de una planilla suplementaria.	El artículo 4º transitorio dispone que la fijación de las nuevas plantas y los encasillamientos y designaciones a que ello dé lugar, o los cambios de grados que experimenten los funcionarios por aplicación de esta ley, no significarán modificación alguna en los regímenes de previsión, de desahucio ni en las prestaciones de salud a que están sujetos tales funcionarios, y que estos mantendrán el número de bienios y trienios, y conservarán, asimismo, el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.	El artículo 5º transitorio establece que a las cotizaciones para salud que correspondan efectuarse a raíz del aumento de remuneraciones derivado de la aplicación de esta futura ley, les serán aplicables las normas sobre excedentes que dispone el artículo 32 bis de la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional.	Por último, en el título III se encuentran las normas relativas al Financiamiento.	Al respecto, se contemplan dos normas para esta ley. La primera dispone que el mayor gasto que se derive de algunas plantas y encasillamientos no podrá exceder de la cantidad de 1.331 millones de pesos, y, la otra, que la imputación que demande el mayor gasto que represente la aplicación de esta futura ley para el año en curso será financiado con los recursos contemplados en el presupuesto del Servicio Médico Legal. Esta materia corresponde a la exposición que el diputado informante de Hacienda deberá hacer al respecto.	Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Para informar en nombre de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.	El señor VON MÜHLENBROCK.- Señora Presidenta, la Comisión de Hacienda pasa a informar sobre el proyecto de ley de modernización, regulación orgánica y planta de personal del Servicio Médico Legal.Constancias previas.	Se trata de una iniciativa que tuvo su origen en la Cámara de Diputados por mensaje de su Excelencia el Presidente de la República.	No hay disposiciones o indicaciones rechazadas, ni tampoco disposiciones que no fueran aprobadas por unanimidad.	Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Jaime Arellano, subsecretario de Justicia; Luis Fuentes, director nacional del Registro Civil e Identificación; Óscar Vargas, director del Servicio Médico Legal; el señor Fernando Dazarola y la señora Irina Reyes, asesores del Ministerio de Justicia, y el señor Carlos Pardo, abogado de la Dirección Presupuestos.	El objeto de la iniciativa consiste en modernizar el Servicio Médico Legal, mediante una estructura orgánica adecuada a una gestión más eficiente, con mejores mecanismos de selección de su personal y una dotación que asegure el funcionamiento de la institución en sus áreas principales.	El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que en el artículo 8º transitorio se fija el mayor gasto anual derivado del ejercicio de las facultades delegadas al Presidente de la República en el artículo 1º transitorio y del encasillamiento correspondiente. Este mayor gasto ascendería a 1.258 millones de pesos en régimen.	Con fecha 14 de enero de 2004, fue actualizado dicho informe, estimándose un mayor gasto de 1.331 millones de pesos en régimen.	Para el año 2004, se considera el financiamiento del proyecto con recursos contemplados en el presupuesto del Servicio Médico Legal. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público, podrá, adicionalmente, suplir el respectivo presupuesto en la parte de dicho gasto que no pudiere financiarse con sus recursos.	En el debate de la Comisión, el señor Jaime Arellano, subsecretario de Justicia, enfatizó que entre las principales materias que se abordan en el proyecto, están las disposiciones sobre descentralización de las pericias, la creación de nuevos grados en la planta del Servicio, el incremento de las remuneraciones de los funcionarios, el aumento de la dotación -incorporando, por ejemplo, más peritos- y el desarrollo de la carrera funcionaria. Asimismo, se contempla designar directores en regiones, cargos que hoy no existen.	Puntualizó que, en todo caso, no se pretende en esta ocasión adecuar la estructura del Servicio a los nuevos requerimientos de la reforma procesal penal, lo que se hará en otro proyecto de ley, sino sólo ajustar la planta a las necesidades más urgentes.	Planteó que la falta de grados y la centralización excesiva de las funciones ha hecho difícil aplicar una gestión moderna. Al respecto, mencionó que, por ejemplo, muchas pericias que se efectúan en Santiago han sido ordenadas en regiones donde ya está en marcha la reforma citada.	La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso, en su informe, que la de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 1º, 3º y 4º permanentes, y 1º, 4º, 7º y 8º transitorios, aprobados por ella.	En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:	En el artículo 1º se señala que el Servicio Médico Legal es un servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Justicia, funcional y territorialmente desconcentrado a través de direcciones regionales, dependientes de la Dirección Nacional, el cual se regirá por las disposiciones del proyecto y sus normas complementarias.	En el artículo 3º se enumeran las distintas funciones que tendrá el Servicio Médico Legal, entre las cuales cabe destacar la realización de peritajes médico-legales, en materias clínicas, tanatológicas, psiquiátricas y de laboratorio. Asimismo, evacuará los informes periciales del caso, y mantendrá registros estadísticos de las pruebas periciales de carácter biológico, químico u otro que determine la ley.	En el artículo 4º se contempla que el Servicio Médico Legal percibirá ingresos por las pericias y procesos de embalsamamiento y de conservación de partes orgánicas, que les sean requeridos por entidades o personas particulares, salvo que, conforme a la ley, tales prestaciones deban ser gratuitas.	En su inciso segundo se establece que se fijará anualmente el monto de los derechos respectivos, y se determinará el manejo y destino de los fondos recaudados por decreto supremo del Ministerio de Justicia, que deberá llevar la firma del ministro de Hacienda.	En el artículo 1º transitorio se faculta al Presidente de la República para fijar las plantas del personal del Servicio Médico Legal, dentro del plazo de 180 días contados desde la publicación de la ley, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Justicia, suscrito, además, por el ministro de Hacienda, en los términos que se especifican.	En el del artículo 4º transitorio se dispone que la fijación de las nuevas plantas, los encasillamientos y designaciones, y los cambios de grados, no significarán modificación alguna en los regímenes de previsión, desahucio y prestaciones de salud de los funcionarios, y mantendrán los beneficios que señala. Tampoco podrá significar pérdida del empleo ni disminución de remuneraciones de los funcionarios.	En su inciso segundo se estipula que cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, en las condiciones que señala.	En su inciso tercero se establece que el encasillamiento no podrá significar pérdida del beneficio contemplado en el artículo 132 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1969, en relación con el artículo 14 transitorio de la ley Nº 18.834.	En su artículo 7º transitorio se establece que el mayor gasto que se derive del proyecto por efecto de la fijación de plantas y del encasillamiento correspondiente, no podrá exceder de la cantidad de 1.258 millones de pesos.	El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar la expresión “$ 1.258.000.000” por “1.331.000.000”.	Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad.	En su artículo 8º transitorio se contempla que el mayor gasto que represente la aplicación de la futura ley será financiado con los recursos contemplados en el presupuesto del Servicio Médico Legal, sin perjuicio de los suplementos que el Ministerio de Hacienda podrá efectuar con cargo a la partida Tesoro Público, en la parte de dicho gasto que no pudiere financiarse con sus recursos.	Acordado en sesiones de 28 de octubre de 2003 y 20 de enero de 2004, con la asistencia de los diputados señores Enrique Jaramillo, Claudio Alvarado, Alberto Cardemil, Julio Dittborn, Camilo Escalona, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, José Pérez, Eduardo Saffirio, Eugenio Tuma y Gastón von Mühlenbrock.	Es cuanto puedo informar.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.	El señor FORNI.- Señora Presidenta, según el mensaje, el proyecto tiene por objeto modernizar el Servicio Médico Legal, lo cual se hace necesario como consecuencia del aumento de las funciones que se le han encomendado, especialmente, con la creación del Ministerio Público, con la nueva organización de la justicia penal y con el registro de ADN.	En ese sentido, el proyecto nos parece adecuado, sin perjuicio de determinados puntos que nos inquietan.	De acuerdo con el mensaje, la modernización del Servicio es necesario, por cuanto ha tenido un crecimiento inorgánico en el tiempo, lo que ha llevado a que muchas de las pericias de regiones sean encargadas a Santiago, como muy bien dice el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sea por falta de personal o porque el material necesario para realizarlas lamentablemente sólo se encuentra en la Región Metropolitana.	Esto ha llevado a un retraso en la entrega de los resultados, situación que podría revertirse en el evento de aprobarse el proyecto, y, además, existir una mejor organización.	A las deficiencias de infraestructura y de elementos de que dispone el Servicio Médico Legal, debe sumarse el aumento de funciones, debido a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, lo cual se ha traducido en un incremento en la demanda por ciertas pericias y en una disminución de los tiempos de respuesta del Servicio a los jueces, en la comparecencia de peritos a las audiencias, en el aumento del tiempo de desarrollo de determinadas pericias, especialmente tanatológicas, y en la mayor exigencia sobre aspectos formales de la pericia.	Por eso, resulta fundamental no sólo aprobar el proyecto, sino, además, que el Gobierno cumpla con el plan de fortalecimiento del Servicio Médico Legal para el 2004, anunciado por el ministro de Justicia, lo que forma parte del potenciamiento de los organismos auxiliares de justicia.	Debo recordar que hace algunos meses, nuestro partido llegó a un acuerdo con el Gobierno para suspender la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana, porque, primero, era necesario potenciar al Servicio Médico Legal, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones.	Al respecto, es bueno dejar constancia en la Sala de que el ministro de Justicia, señor Luis Bates, informó que el Servicio Médico Legal recibirá 1.285 millones de pesos adicionales durante el presente año, cifra equivalente al 25 por ciento del presupuesto de ese Servicio. Gracias a esos recursos suplementarios debería incrementarse la dotación de peritos de dicho organismo en más de 40 por ciento, lo que incidirá sustancialmente en su capacidad de respuesta frente a la solicitud de pericias.	Es muy importante que los señores diputados escuchen esto, porque el problema del Servicio Médico Legal se produce precisamente en regiones distintas de la Metropolitana.	Además, gracias a esos recursos suplementarios se podrá aplicar un rediseño de los procesos críticos de trabajo en materias técnicas y científicas, como las pericias, y también en el ámbito administrativo, lo que, junto con incrementar la capacidad de respuesta del Servicio Médico Legal, debería hacer más eficiente la productividad de ese organismo.	Esperamos que el aumento de la dotación de la planta del Servicio Médico Legal y el aumento de recursos que contempla el plan de potenciamiento para el 2004, permitan que funcione de mejor forma.	Cabe recordar que los recursos adicionales provendrán del ahorro fiscal que se generará gracias al aplazamiento, en seis meses, de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana. De hecho, dicha prórroga tuvo lugar luego de que durante el año 2003 se conociera una serie de estudios de impacto de la reforma en los servicios auxiliares de la justicia, lo que aconsejaba su fortalecimiento para el adecuado funcionamiento de la nueva justicia. Debido a esos estudios y a la confianza que tuvimos en las opiniones del Gobierno, nuestro partido aceptó prorrogar la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana.	Esperamos que cuando el proyecto sea ley, se lleve a efecto un profundo proceso de modernización del Servicio Médico Legal, que incluya no sólo reformas de su estructura orgánica, sino, además, que sea complementado con iniciativas puntuales que permitan su mayor tecnologización, como la que crea un registro nacional de ADN, que ha contando con la cooperación nacional e internacional. Ello nos permitirá contar con un servicio público que brinde buenos resultados, no sólo para la Región Metropolitana, sino también para regiones, en particular para aquellas en las que ya se ha comenzado a aplicar la reforma.	El proyecto es un paso positivo, por lo que lo votaremos a favor.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, en todas las Comisiones en que se trató la iniciativa, hubo unanimidad y satisfacción por los avances que se obtienen con el proyecto.	El centralismo del Servicio Médico Legal provocó, en algún momento, inquietud en regiones, por la dificultad de realizar en ellas ciertos exámenes. Sin embargo, felizmente, justo en momentos en que se hablaba del entrabamiento y de la demora en la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana, se presentó este gran proyecto, para cuya implementación se contempla la entrega de fondos provenientes de ahorro fiscal, obtenidos gracias a la postergación de dicha reforma, debido a que se entendió que era pertinente modernizar la gestión y modificar la planta del Servicio Médico Legal, que, en los últimos años, ha sido objeto de ampliaciones en su infraestructura, y se lo ha dotado de elementos adecuados para la administración de sus complejos procedimientos. 	Por lo tanto, me alegra escuchar al diputado señor Forni decir que ellos aprueban la iniciativa, cuyo financiamiento fue logrado gracias a la postergación de la aplicación de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana por algunos meses.	La modernidad exige tener certidumbre en las pericias, con exámenes de ADN, a fin de poder dar solución a los problemas que se presenten en esta materia. A partir de ahora, habrá más fondos disponibles, aumentará el número de prestaciones y se dará atención a la mayor demanda de la ciudadanía. 	Asimismo, el mayor crecimiento de la institución, tanto en personal como en recursos materiales, comenzará a reflejarse con la aplicación de la nueva ley que beneficiará al Servicio Médico Legal.	El Partido por la Democracia aprobará, con mucho agrado, la iniciativa, porque se trata de algo que desde hace mucho tiempo estábamos pidiendo: la modernización a que tenemos derecho en la época que vivimos.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.	El señor ACCORSI.- Señora Presidenta, el proyecto en estudio marca el inicio de una modernización tremendamente necesaria en un instrumento fundamental tanto en el área de la justicia como en el de la investigación biomédica.	Muchos países han invertido importantes recursos en este tipo de tecnología. 	Hoy, los servicios médicos legales modernos cuentan con una tremenda infraestructura técnica. El nuestro estaba bastante atrasado, ya que muchos exámenes de ese tipo había que mandarlos al extranjero.	Creo que estamos dando un gran paso para adecuar la reforma procesal penal y dotarla de los instrumentos que requiere. Pero, no sólo es necesario contar con los instrumentos adecuados o la tecnología de punta, sino también con los profesionales idóneos y con una planta de funcionarios apropiada.	En muchas partes del país los médicos legistas, en especial los generales de zona, eran nombrados ad hoc por el magistrado y debían entregar informes sobre datas de muerte o lesiones sin tener la experiencia necesaria. 	Es muy importante que el proyecto racionalice los recursos. De lo contrario, la reforma procesal penal no tendrá sentido práctico. 	Hoy, sabemos que hay exámenes importantes que pueden determinar pruebas y clarificar delitos, los que deberían estar al alcance de nuestro Servicio Médico Legal. 	Por lo anterior, anuncio que nuestra bancada apoyará el proyecto en debate.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.	El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señora Presidenta, para quienes son de regiones no hay nada más odioso que tratar de recuperar el cadáver de un familiar un día sábado, porque le dicen que vuelva el lunes, que no hay quien haga la autopsia. Después, “para callado”, le dicen que si paga 40 mil pesos se puede conseguir que alguien venga y resuelva el problema. Esta es una situación indigna que sufren muchas familias en provincias todos los fines de semana desde hace demasiado tiempo.	El Ministerio de Justicia recibió hace un tiempo la denuncia de algunas irregularidades de este tipo al interior de la Quinta Región. A algunos les sorprendió; pero, por desgracia, para quienes son de provincia esto es pan de cada día.	Resulta fundamental modernizar el Servicio Médico Legal y garantizar su presencia en todo el territorio nacional, de manera que quienes viven en provincia no sean discriminados, no sólo en situaciones de tanto dolor, como cuando fallece un pariente, sino también cuando recurren a sus prestaciones, acciones e intervenciones para casos como el que recién mencionó el diputado señor Accorsi.	Muchas veces, la ausencia de algunos servicios públicos en provincia genera odiosidad hacia el centro político del país. Son estos pequeños detalles los que cambian la percepción de los ciudadanos y los hace sentir como de primera o segunda categoría si no los tratan con la misma dignidad ante casos dramáticos.	No conozco a ningún ciudadano que se acerque al Servicio Médico Legal con una sonrisa. Acude allí cuando tiene problemas dramáticos. Por ende, la modernización apunta más allá del interés de los funcionarios de este servicio, quienes estarán muy contentos cuando se concrete la modernización, pendiente hace mucho tiempo.	Quiero compartir una reflexión y transmitir una esperanza al Ministerio de Justicia, en el sentido de asegurar que el Servicio Médico Legal tenga presencia expedita, de modo que cuando entre en vigencia la ley, nunca más vuelva a ocurrir que los fines de semana las personas de provincia sean tratadas como ciudadanos de segunda categoría, ni que les cobren por una autopsia o les digan que deben esperar hasta el lunes o cuando haya alguien de turno.	Debemos asegurarnos de que la modernización convierta al Servicio Médico Legal en una institución ágil, de presencia constante y, en particular, que termine con la discriminación, puntual pero dolorosa, que se genera los fines de semana cuando alguien pierde algún familiar.	Apoyaremos el proyecto porque el Servicio Médico Legal tiene una tremenda responsabilidad en otros ámbitos. En nuestra historia reciente ha cumplido una función muy importante en temas de connotación política y en la identificación de restos mediante las pruebas de ADN. También los equipos vinculados al Servicio Médico Legal han hecho un tremendo esfuerzo en estos asuntos, pero he preferido referirme a la dimensión cotidiana de este servicio, que también amerita un cambio.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.	El señor BAYO.- Señora Presidenta, el proyecto en debate no sólo es importante, sino también muy necesario para el Chile de hoy.	Suscribo las expresiones de los diputados de regiones que me antecedieron en el uso de la palabra, quienes destacaron la importancia del proyecto una vez que sea ley, en especial si lo relacionamos con el mayor éxito o los eventuales fracasos de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.	El diputado señor Juan Pablo Letelier dio algunos ejemplos. Al igual que él, podría dar muchos otros, como el de algunas personas fallecidas que han sido retiradas del lugar en el que están siendo veladas para ser trasladadas, por ejemplo, a 160 kilómetros de distancia, a Temuco, para recibir allí el informe médico legal que permita a sus dolientes, después de regresar el cadáver, volver a velarlo y enterrarlo 48 ó 72 horas después de haber fallecido.	Además, no puedo dejar de mencionar las semanas que se prolongan algunos procedimientos legales debido a la ausencia de exámenes periciales, porque ellos se realizan sólo en Santiago. 	Expreso mi satisfacción por la presentación de este necesario proyecto, porque perfecciona un proceso de desconcentración y de descentralización y porque está en relación directa con la aplicación correcta de la justicia.	Si además se cuenta con los profesionales médicos pertinentes para que sea eficaz la acción que pretendemos a través de esta iniciativa legal, Chile se verá beneficiado especialmente en lo que se refiere a temas tan penosos y conflictivos como los que hemos enfrentado últimamente.	Este proyecto debería ser aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, porque así es aconsejable desde el punto de vista técnico e, incluso, ético. Por lo menos, la bancada de Renovación Nacional sostiene esta posición y lo aprobará con todos sus votos.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	Señores diputados, los Comités habían acordado que el proyecto sobre modernización, regulación orgánica y planta de personal del Servicio Médico Legal se votara en la sesión del próximo martes. Dada la importancia de la materia, solicito el acuerdo de la Sala para que sea votado ahora.	¿Habría acuerdo?	Acordado.	En votación general el proyecto sobre modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal, con excepción de los artículos 4º, permanente, y 5º, transitorio, que contienen materias de quórum calificado.	-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Espinoza, Forni, García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Varela, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En votación los artículos 4º permanente y 5º transitorio. Para su aprobación se requiere el voto afirmativo de 58 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobados.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Espinoza, Forni, García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Varela, Vidal (doña Ximena), y Walker.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Si le parece a la Sala, con la misma votación, daríamos por aprobado en particular la indicación formulada por el Ejecutivo al artículo 7º transitorio.	¿Habría acuerdo?	Aprobado.	Quiero dejar constancia que se alcanzó el quórum constitucional requerido.VI. ACUERDOS DE COMITÉS	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Paso a informar a los señores diputados sobre los acuerdos adoptados por los Comités parlamentarios en reunión de hoy en la mañana.	Se ha determinado que en la agenda legislativa de la próxima semana, el martes 9 y miércoles 10 se trate como tema único el proyecto que introduce modificaciones a la ley de matrimonio civil. Los Comités acordaron agregar a esas sesiones ordinarias dos sesiones especiales, tanto el martes como el miércoles, que los señores diputados dispongan de más tiempo, ya que el tema a debatir es de mucha relevancia y de gran sensibilidad para la población. Por ello, es conveniente dar todas las garantías del caso.	Dicho proyecto se votará en la sesión del jueves 11. 	Además, se acordó celebrar otra sesión especial, el martes 9, de 19.00 a 20.30 horas, a continuación de la primera sesión especial, para recibir información, analizar, formular preguntas y aclarar dudas respecto de la decisión de envío de tropas a Haití. A esta sesión se ha invitado a la ministra de Defensa, señora Michelle Bachelet, y a la ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear.	Se trata de una sesión de una hora y media, tiempo que se distribuirá entre las bancadas en forma proporcional, sin considerar el que ocuparán en sus intervenciones las ministras invitadas.	El señor MORA.- Su señoría, ¿lo que está informando está resuelto o todavía hay tiempo para tener una opinión distinta?	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Señor diputado, estoy informando los acuerdos de los comités adoptados en reunión sostenida en el transcurso de la mañana.	Tiene la palabra el diputado señor Álvarez.	El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, es sólo para complementar la información que ha entregado y para aprovechar de decir que hay tiempo suficiente para saber que no hay comisiones ni el martes ni el miércoles de la próxima semana.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Incluso, para una mejor distribución, entregaremos a los jefes de Comités los tiempos previstos.	Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, ¿se suspende la sesión especial del miércoles en la tarde?	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Ha sido postergada, por acuerdo de los propios diputados que la habían solicitado, por una semana más.	Tiene la palabra el diputado señor Accorsi.	El señor ACORSSI.- Señora Presidenta, entonces, el proyecto de divorcio se votará el jueves 11 de marzo.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Así es, señor diputado.	El señor ACORSSI.- ¿Ese mismo día se votará la renuncia de la Mesa?	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Señor diputado, por lo menos dos miembros de esta Mesa la presentaremos el día martes 9 de marzo y, de acuerdo con el reglamento, el jueves 11 de marzo se estaría votando.	Tiene la palabra el diputado señor Palma.El señor PALMA.- Señora Presidenta, ¿qué posibilidad hay de disponer, a través de internet, del proyecto sobre matrimonio civil aprobado en el Senado?	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Señor diputado, el martes se entregó el comparado a cada uno de los señores parlamentarios. Ahora, se puede entregar a todos aquellos que se les haya extraviado, sin perjuicio que también se encuentra en internet.	Se suspende la sesión.VII. PROYECTOS DE ACUERDOCREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.	El señor HALES (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo.	El señor prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 354.	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, corresponde tratar el proyecto de acuerdo Nº 352.	El señor HALES (Vicepresidente).- Ese proyecto de acuerdo será tratado en la sesión del día martes próximo.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- El proyecto de acuerdo Nº 354 es de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Marcelo Forni, Enrique Accorsi, Sergio Ojeda, Sergio Aguiló, Juan Masferrer, Osvaldo Palma, Patricio Cornejo, Francisco Bayo y Carlos Olivares.	“Considerando:	Que la salud es patrimonio nacional y factor fundamental del desarrollo de los pueblos. El Estado, para cumplir con su deber constitucional de dar protección a la población y a la familia, así como de garantizar el resguardo de la salud de los ciudadanos, debe, entre otras funciones, asumir las labores de coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.	Que la salud hace mucho tiempo dejó de ser sólo sinónimo de ausencia de enfermedad. Actualmente, su protección requiere abordar nuevos campos y desarrollar actividades de prevención, fomento y rehabilitación. El Estado, constitucionalmente, ha de desempeñar una función indelegable en la promoción y protección de la misma.	Que, al hablar de protección y prevención, uno de los aspectos que deben atenderse es el de la calidad de los productos alimentarios y la necesidad de asegurar a la población que los alimentos que consume cumplan con la normativa sanitaria establecida para su fabricación, envasado, comercialización y distribución.	Que uno de los productos alimentarios cuyo consumo ha aumentado de manera considerable durante los últimos años es el de las bebidas refrescantes. En términos per cápita, Chile es el tercer país del mundo en el consumo de bebidas gaseosas, superado solamente por México y Estados Unidos.	Que, según las cifras dadas a conocer en estos días, el sector ha crecido en el último año en el 5%, alcanzándose una cifra récord de consumo, tanto en jugos y aguas minerales como en bebidas de fantasía.	Que, para entender mejor el impacto de este crecimiento y su importancia en la vida de los chilenos, basta tener presentes las siguientes cifras: según datos de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber), cada chileno consume, en promedio, ciento treinta y dos litros de bebidas per cápita al año; según la encuesta de presupuestos familiares del INE, cada familia chilena consume, en promedio, veintiséis litros de bebidas al mes, para lo cual destina cerca del 10% del gasto total de alimentación. De esta forma, las bebidas se han convertido en el tercer producto más importante en la canasta alimentaria de las familias chilenas, después del pan y de la carne de vacuno.	Que el sorprendente crecimiento de la industria se explica de manera destacada por el surgimiento de marcas propias de supermercados y de ‘embotelladoras’, que descubren un espacio en el mercado tradicional al ofrecer precios más bajos que los de éste.	Que, lamentablemente, algunas de estas nuevas ‘embotelladoras’, al amparo de una legislación insuficiente y de una arcaica y debilitada institucionalidad fiscalizadora, han penetrado el mercado de ingresos medios y bajos, ofreciendo precios muy inferiores a los de la competencia, muchas veces a costa de infringir la normativa sanitaria y con productos de dudosa calidad.	Que esta situación ha originado reiteradas denuncias, a consecuencia de las cuales, efectivamente, se ha constatado que una cantidad notable de marcas no se ciñen a los reglamentos sanitarios y que existen plantas embotelladoras que no satisfacen los estándares mínimos de seguridad, higiene y control sanitario.	Que, de esta forma, la imagen de esta industria alimentaria, que genera más de diez mil empleos directos, se ha visto afectada por casi un centenar de sumarios sanitarios en los últimos cinco años, por infracciones tales como: no tener autorización para su funcionamiento, declarar colorantes sin especificarlos, omitir información nutricional y no destacar aditivos, entre otras.	Que la urgencia de garantizar la salud de las personas exige contar con una legislación moderna en esta materia y dotar a las autoridades sanitarias de las facultades y atribuciones imprescindibles para velar por su fiel cumplimiento, lo cual torna forzoso que el Congreso Nacional considere la necesidad atinente a la calidad de los alimentos. En especial, ha de estudiar y examinar las disposiciones pertinentes del Código Sanitario, del Reglamento Sanitario de Alimentos, del Reglamento de Aguas Minerales y de los reglamentos de rotulación, entre otros, a fin de revisar los estándares de calidad exigidos, adecuarlos a las normas internacionales y, de paso, analizar las facultades de los organismos sanitarios para efectuar su labor de control y fiscalización.	La Cámara de Diputados acuerda:	Mandatar a la Comisión de Salud de esta Corporación, para que, en calidad de Comisión Especial, aborde el análisis de la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los alimentos, en particular de las disposiciones que regulan su preparación, embotellado, envasado, rotulación, publicidad y comercialización, como, asimismo, estudie la factibilidad de adecuar la legislación a los estándares internacionales en esta materia. La Comisión deberá evacuar su informe, el que habrá de contener propuestas concretas, en el plazo de sesenta días desde su constitución.”	El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Marcelo Forni.	El señor FORNI.- Señor Presidente, éste es un proyecto firmado por los miembros de la Comisión de Salud de esta Corporación, porque entendemos que la protección de la salud requiere abordar nuevos campos e incursionar y desarrollar actividades de prevención, fomento y rehabilitación. El Estado constitucionalmente cumple una función indelegable en esta materia.	Cuando hablamos de protección y prevención, debemos centrar nuestro análisis en la calidad de los productos alimenticios, de manera de ver si cumplen con la normativa sanitaria.	Uno de los productos del rubro alimenticio, cuyo consumo ha aumentado de manera considerable en los últimos años, son las bebidas refrescantes. A modo de ejemplo, cada chileno consume en promedio 132 litros de bebida al año. Es decir, cada familia chilena consume 26 litros de bebida al mes, y destina cerca del 10 por ciento del gasto total de alimentación a bebidas. De esta forma, las bebidas refrescantes se han convertido en el tercer producto más importante de la canasta alimenticia de las familias chilenas, después de la carne y del pan.	El sorprendente crecimiento de esta industria se explica, de manera importante, por el surgimiento de marcas propias de supermercados y de embotelladores que han descubierto un espacio en el mercado para ofrecerlos a bajos precios en el canal tradicional.	Lamentablemente -y es lo que motiva el proyecto de acuerdo-, algunas de estas nuevas embotelladoras, al amparo de una legislación insuficiente y de una debilitada institucionalidad fiscalizadora, han penetrado el mercado de ingresos medios y bajos, ofreciendo precios muy inferiores a los de la competencia, muchas veces a costa de infringir la normativa sanitaria y con productos de dudosa calidad.	Por eso, y dada la importancia de esta industria, que genera 10 mil empleos directos, hemos solicitado que la Comisión de Salud se constituya en Comisión especial pa que haga un exhaustivo análisis de la legislación y normativa sanitaria en la materia.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.	El señor ACCORSI.- Señor Presidente, la Comisión recibió a representantes de varias instituciones, no sólo para tratar el tema de las bebidas gaseosas, sino también el de la calidad de los alimentos. Pero también es preciso abocarse al estudio de la rotulación y de la información que debieran tener los consumidores respecto de los alimentos, ya que, en general, hay un enorme déficit respecto de la información entregada. De manera que, ésa es otra área que se pretende investigar.	He dicho. 	El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor HALES (Vicepresidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Álvarez, Bauer, Bayo, Becker, Burgos, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Egaña, Forni, García-Huidobro, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Moreira, Navarro, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Recondo, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Sepúlveda (doña Alejandra), Tapia, Tohá (doña Carolina), Ulloa, Uriarte, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.RECHAZO A EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA, SOBRE LA MEDITERRANEIDAD DE BOLIVIA.	El señor HALES (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 356, de la diputada señora Pérez, doña Lily, y de los diputados señores Galilea, don José Antonio; Vargas, Monckeberg, Palma, Bertolino, Vilches, García y Kuschel.	“Considerando:	Que en nada contribuyen al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia las recientes y graves declaraciones del Presidente de Venezuela, señor Hugo Chávez, efectuadas en la Cumbre de Monterrey, respecto de que el Presidente Lagos ‘no dice la verdad’, o bien que ‘corresponde a Latinoamérica conocer la verdad de que a Bolivia le quitaron su mar’, unidas al hecho de no importarle el posible rompimiento de las relaciones diplomáticas de su país con Chile como producto de sus dichos.	Que, del mismo modo, las afirmaciones del diputado boliviano Evo Morales tampoco contribuyen a una posible aproximación -dentro del ámbito jurídico actual- que permita buscar una solución a este problema. Por el contrario, su actuar ha agravado y distanciado aún más cualquier posibilidad de acercamiento entre ambos países, razón por la cual no resulta oportuna su visita a Chile en este momento, como se ha anunciado en diferentes medios de comunicación, ya que su presencia sería altamente provocadora para la ciudadanía nacional.	Que el problema de la mediterraneidad de Bolivia, como bien lo señaló el Presidente Lagos, corresponde a un asunto bilateral entre ambas naciones y que en ningún caso la Cumbre de Monterrey era el lugar pertinente y competente para buscar su solución.	Que, en la actualidad, Chile no tiene problemas de soberanía con ninguno de sus países limítrofes, incluida Bolivia, por lo que resulta improcedente la revisión de cualquier tratado internacional, ya que, de lo contrario, se les desconocería a estos convenios la intangibilidad de la cual se encuentran revestidos, lo cual constituiría un precedente peligroso que, lejos de solucionar un problema entre dos países, podría significar el origen de futuros y graves conflictos territoriales en Latinoamérica.	Que las declaraciones de S.E. el Presidente de la República en la Cumbre de Monterrey reflejan la opinión mayoritaria de todos los chilenos. Ellas fueron expuestas de manera clara y categórica, razón por la que cuentan con el apoyo expreso de todos los sectores políticos, por decir relación a un problema de Estado.	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar a la señora ministra de Relaciones Exteriores que se sirva expresar al Gobierno venezolano la más enérgica condena a las expresiones emitidas por el Presidente Hugo Chávez en la Cumbre de Monterrey, referidas al problema bilateral de Chile con Bolivia en cuanto a la mediterraneidad de esta última.	Asimismo, dar cuenta del apoyo y respaldo a la actitud asumida por el Presidente Ricardo Lagos y del Gobierno de Chile ante la intención del Gobierno boliviano de transformar su problema de mediterraneidad en un conflicto de soberanía con Chile de índole multilateral.”	El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.	La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, a nuestro juicio este proyecto de acuerdo es extemporáneo, debido a los últimos sucesos. Fue presentado antes de que se iniciara el receso legislativo. Por lo tanto, lo retiro.	El señor HALES (Vicepresidente).- Señores diputados, la diputada Lily Pérez, haciendo uso de su tiempo para hablar a favor del proyecto, ha expresado su voluntad de retirarlo. Reglamentariamente, para ello se necesita el acuerdo de la totalidad de sus firmantes. Pero puedo pedir el asentimiento unánime de la Sala para tal efecto.	¿Habría acuerdo para acceder a su retiro?	Acordado.JUBILACIÓN PROPORCIONAL PARA IMPONENTES DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL.	El señor HALES (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 357, de los diputados señores Dittborn, Von Mühlenbrock y Masferrer.	“Considerando:1.	Que, hace pocos días, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo Nº 344, por el cual se oficia al Presidente de la República a fin de que remita al Congreso Nacional un proyecto de ley que resuelva la situación previsional de cientos de imponentes del antiguo sistema previsional que no alcanzaron el número mínimo de cotizaciones previsionales para obtener la pensión mínima, todo ello a través de un bono estatal que permita a esos cotizantes completar el período faltante o ‘laguna’ y así acceder a dicha pensión. El proyecto de acuerdo planteaba también que el Estado podría recuperar esos dineros por medio de ínfimos y graduales descuentos a los pensionados.2.	Que, encontrando de toda justicia y mérito lo planteado en ese proyecto de acuerdo, toda vez que los dineros depositados por los cotizantes que no pueden acceder al beneficio de la pensión mínima debido a que no cuentan con el mínimo de imposiciones requeridas, se “pierde” para ellos, pero no para el Estado. Considerando que el esfuerzo del trabajo personal del cotizante que no es aprovechado de forma alguna por el imponente ni menos por sus familiares directos, es que se hace necesario formular al Ejecutivo nuevas propuestas de soluciones reales y concretas para poder reparar y reintegrar esas imposiciones a las personas que la generaron o produjeron.3.	Que en ese mismo orden de ideas y tomando en consideración que nos parece muy poco probable que el Ejecutivo envíe lo más pronto posible un proyecto de ley con soluciones de esas características, debido a la falta de recursos que siempre esgrime, es que debemos entregar nuevas alternativas de solución para dichos imponentes.4.	Que nadie en el país considera justo que trabajadores, que cotizaron por 10, 12, 15 ó 18 años no puedan acceder a la pensión de mínima por no haber completado el período legal. Porque esta situación es francamente inaceptable, injusta y carente de toda lógica, es que proponemos una solución con “cero” costo para el Fisco y con una utilidad invalorable para esos trabajadores, que no es otra que la de establecer para los afectados un sistema de jubilación proporcional a la de la pensión mínima correspondiente a sus años de imposiciones y de este modo no le solicitamos un peso al Fisco y, lo más relevante en nuestro concepto, el cotizante recuperaría el esfuerzo de su trabajo.5.	Que la situación descrita es especialmente relevante para el ex Servicio de Seguro Social, el cual exige 20 años mínimos de imposiciones para entregar una pensión mínima. Actualmente se encuentran en el Servicio de Seguro Social unos 6 mil cotizantes que deberán alcanzar el requisito mínimo de 1.040 semanas de imposiciones tratándose de los hombres y 520 semanas para las mujeres. Téngase presente que esta casa de previsión es la que exige más requisitos en materia de semanas o años de imposiciones para obtener una jubilación, existiendo otras cajas que tienen distintos requisitos en esta materia.	Por tanto, la Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República, al ministro del Trabajo y Previsión Social y al ministro de Hacienda, que remitan al Congreso Nacional a la brevedad posible un proyecto de ley que permita a los imponentes del antiguo sistema previsional que no han alcanzado las semanas de imposiciones que les exige cada caja en particular, a fin de que estos puedan obtener una jubilación proporcional a su tiempo de imposiciones y de esta forma retribuir en forma justa el esfuerzo de toda una vida y que el fruto de ese trabajo lo aproveche el causante y no un simple administrador, como es el Estado”.	El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Gastón Von Mühlenbrock.	El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, mediante este proyecto de acuerdo se pide que el Gobierno resuelva la situación previsional de antiguos imponentes que no han podido jubilar por falta de imposiciones. Son muchas las personas que lo han solicitado por diferentes conductos. La regularización de la situación de esas personas que quedaron en tierra de nadie es de resorte del Presidente de la República y del ministro de Hacienda. Concretamente se pide que los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda remitan a la brevedad al Congreso Nacional un proyecto de ley que permita a los imponentes del antiguo sistema previsional y que no alcanzaron el mínimo de cotizaciones exigidas obtener una jubilación proporcional a su tiempo de imposiciones y de esta forma hacer justicia al esfuerzo de toda una vida de ex trabajadores, de modo que el fruto de su trabajo sea aprovechado por ellos y no por un simple administrador, como hoy lo es el Estado.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.	El señor MASFERRER.- Pido la palabra.	El señor HALES (Vicepresidente).- Señor diputado, no puede hacer uso de la palabra un diputado de la misma bancada.	Tiene la palabra el diputado Kuschel.	El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, esta situación es particularmente importante en las regiones Novena y Décima, porque la proporción de la fuerza laboral informal, proveniente del sector agrícola en especial, es muy grande.	Este proyecto solucionaría problemas que constituyen necesidades sociales sentidas, pero decrecientes -porque poco a poco el mercado laboral chileno se ha formalizado- en regiones donde se desarrolla la agricultura tradicional. Sin embargo, aún quedan bolsones de población que pueden ver solucionado su problema si se les otorga una jubilación proporcional a los fondos que ya tienen acumulados.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.	El señor MONTES.- Señor Presidente, considero buenos los argumentos planteados para apoyar el proyecto de acuerdo, pues es necesario encontrar una solución a la situación que viven los cotizantes que no reúnen la densidad necesaria para acceder a una jubilación.	Recuerdo que el primer proyecto de acuerdo presentado en 1990 en la Cámara de Diputados fue sobre esta materia. Poste-riormente, se ha reiterado en varias oportunidades, pero el problema radica en su financiamiento.	Se ha solicitado estudiar la posibilidad de que dentro de las pensiones asistenciales exista un porcentaje para aquellas personas que tienen incompletos sus fondos para acceder a una jubilación. Pero el problema es cómo se financia. Cuando se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones no se consideró a las personas que están en esta situación.	Por lo tanto, solicito a los diputados de la UDI revisar todas las situaciones injustas. Si es necesario, habría que formar una comisión especial para discutir el tema previsional y la situación de las Administradoras de Fondos de Pensiones para dar solución a un problema que es mucho mayor. Por ejemplo, hasta el golpe de Estado, los trabajadores independientes tenían un sistema de imposiciones, cotizaban en una caja. Ayer los feriantes nos contaban que tenían un sistema de acumulación de fondos que de la noche a la mañana se borró. Lo mismo ocurre con los cotizantes que no reúnen los requisitos básicos para acceder a una pensión mínima en el sistema de administradoras de fondos de pensiones o a quienes se les agotan los fondos y no tienen derecho a la garantía estatal. Es decir, el sistema previsional requiere de un debate a fondo. Plantear esto sin señalar cómo se financia nos parece, a lo menos, incompleto. Por lo tanto, pediría considerar el tema en su conjunto.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.	Ofrezco la palabra.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor HALES (Vicepresidente).- No hay quórum.	Se va a repetir la votación.	-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor HALES (Vicepresidente).- No hay quórum.	Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.	-Transcurrido el tiempo reglamentario.	El señor HALES (Vicepresidente).- Continúa la sesión.	En votación el proyecto de acuerdo.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor HALES (Vicepresidente).- Por falta de quórum, queda pendiente la votación del proyecto para la próxima sesión.VIII. INCIDENTESAPOYO DEL BANCO DEL ESTADO A LA AGRICULTURA TRADICIONAL. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. 	Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, desde mi incorporación a la Cámara de Diputados, en 1998, me he hecho el propósito de ser la voz del mundo rural que represento, tan distinto en diversos aspectos del resto del país. Me refiero al mundo rural, que se forjó al alero de la agricultura, especialmente de la tradicional, la de los pequeños propietarios y minifundistas que explotan unas pocas hectáreas y poseen unos cuantos animales.	Ese Chile de provincia rural y agrícola ha ido quedando rezagado del acelerado proceso de modernización que vive el país. Todo se moderniza, pero muchas veces a espaldas de quienes, con su trabajo, se han convertido en el granero, la carne y la leche del país, constituyéndose en la reserva alimenticia de una población de casi 13 millones de habitantes.	Con pesar, quiero reclamar una vez más por la política comercial de una institución señera y, por cierto, muy querida en Chile: el Banco del Estado, que ayer fue el motor de la agricultura tradicional chilena y capaz de entregar los recursos financieros necesarios para modernizar al agro del sur, pero que hoy ha dado -creo yo- definitivamente la espalda al mundo campesino, al, prácticamente, clausurar el crédito a los pequeños propietarios agrícolas. ¡Cómo no recordar a la Caja Agraria, que después se transformó en la sección agrícola del Banco del Estado!	Quiero ser sincero con quienes siguen nuestras sesiones desde sus hogares. Reconozco la labor de modernización y las mejoras en gestión de las actuales autoridades del Banco del Estado, pero cuestiono severamente su política en materia agrícola. ¿Para qué tenemos un banco estatal creado con el aporte inicial del Estado, si no somos capaces de dirigir sus actividades en favor de los grupos más vulnerables del país? ¿Le sirve a los pequeños y medianos agricultores? ¡No!, por cierto, no les sirve un banco que se comporta como un banco comercial más de la plaza. Queremos un Banco del Estado que llegue a los pequeños y medianos empresarios, al mundo rural, que desde hace tiempo tiene cerrado el acceso al crédito en la banca comercial privada.	Construir igualdad de oportunidades -se dice- entre los emprendedores de la ciudad y el campo es una exigencia de mínima justicia, que hoy, una vez más, debo hacer presente.	Lamentablemente, hasta ahora, pese a los reiterados reclamos y solicitudes de esta Corporación e, incluso, de organismos públicos y autoridades regionales y locales, seguimos sin ser escuchados por las autoridades del Banco del Estado, que no obstante ser mandatarias de la nación entera en la administración de ese capital chileno, siguen ignorando las capacidades económicas de las regiones del sur. Dichas autoridades tienen que adecuarse a los diversos sectores de las economías regionales, para lo cual cuentan con innumerables oficinas en todo el territorio nacional.	Por lo tanto, solicito que se oficie, adjuntando copia de mi intervención, al Presidente de la República, a los ministros de Agricultura, de Economía y de Hacienda, y a los miembros del directorio del Banco del Estado, para hacerles presente, una vez más, que el campo chileno, que los agricultores chilenos, especialmente los de la agricultura tradicional del sur, demandan su apoyo y su presencia, puesto que, de no producirse, hacerlo, posiblemente, se estaría hipotecando el proyecto de igualdad y equidad en que se funda el programa del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.HABILITACIÓN DE ACCESOS Y DEPENDENCIAS DE LA CÁMARA PARA DISCAPACITADOS.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por el tiempo que le resta al Comité del Partido por la Democracia, el diputado señor Enrique Accorsi.	El señor ACCORSI.- Señor Presidente, intervengo para resaltar la labor desarrollada por la Comisión Especial que establece beneficios para los discapacitados, que ha contado con el apoyo de todos los sectores políticos.	Hoy podemos decir ante la ciudadanía que la Cámara de Diputados ha cumplido: se han habilitado treinta y dos puntos a fin de que los discapacitados tengan pleno acceso a sus dependencias, y en las tribunas se ha dispuesto un lugar especial para quienes usan silla de ruedas.	Reitero que el compromiso asumido el año pasado por la Cámara está plenamente cumplido. Se trata de un logro muy importante en aras de la participación ciudadana, que no ha traído aparejado ningún problema político; por el contrario, todos hemos cooperado a fin de materializar esta iniciativa.	El tiempo que resta a nuestro Comité se lo hemos cedido al Comité Socialista.	He dicho.ESCASA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTO DE RELLENO SANITARIO DE PENCO. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado Alejandro Navarro.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como consecuencia de la puesta en marcha de diversos proyectos que tienen como objetivo instalar rellenos sanitarios, en la Octava Región se ha venido desarrollando uno que reemplazará el denominado Lomas de Penco, emplazado a 4,5 kilómetros del casco urbano de la comuna de Penco y llevado adelante por la empresa Servimar Limitada, que en la actualidad administra el vertedero de Cosmito.	El proyecto fue presentado al sistema de evaluación de impacto ambiental en diciembre del año pasado y considera un proceso de participación ciudadana que finaliza el 9 de marzo. A fines de enero, cumpliendo el itinerario que establece el sistema de evaluación de impacto ambiental, la Conama convocó a una reunión en la comuna de Penco, a la que asistió sólo una veintena de dirigentes, en una comuna de más de 50 mil habitantes. No asistieron el director regional de la Conama, ni el alcalde de la comuna, don Ramón Fuentealba, ni los parlamentarios del distrito, por cuanto fue convocada para un día que coincidía con una sesión de Sala. Esa escasa participación ciudadana llevó a que don Eduardo Cariaga, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, con el respaldo de la totalidad de las organizaciones que la integran, solicitara a la Conama, en enero de este año, la modificación de los plazos, a fin de hacer efectiva una participación ciudadana real.	Se ha establecido -no hemos tenido respuesta oficial sobre el particular- que los plazos para la participación ciudadana serán determinados al momento del ingreso del proyecto del proponente. Resulta curioso, por decir lo menos, que el proponente lo haya propuesto a fines de diciembre, de manera de gatillar la participación ciudadana precisamente durante los meses de verano, es decir, cuando a la gente le resulta difícil participar, porque hay receso parlamentario, judicial y administrativo y dejan de funcionar todas las organizaciones sociales, incluidos clubes deportivos y juntas de vecinos. El objetivo era muy claro: evitar el pronunciamiento de los ciudadanos de Penco respecto de un proyecto que pretende instalar un nuevo relleno sanitario a 4,5 kilómetros del casco urbano, en una zona declarada de expansión urbana habitacional según el plan regulador en elaboración, y que repite el mismo sitio del proyecto denominado Lomas de Penco, ya rechazado por la Conama por inviable.	Por otra parte, el informe de la Dirección Regional de Vialidad establece que entre el punto de realización de este nuevo proyecto de relleno sanitario y el aeropuerto Carriel Sur hay 8,5 kilómetros. La Dirección Regional de Aeronáutica, a interpelación de la Organización de Aviación Civil Internacional, Oaci, ha señalado reiteradamente que para que Carriel Sur tenga la calidad de aeropuerto internacional no puede instalarse ningún proyecto de relleno sanitario o vertedero en un radio de 13 kilómetros.	Uno de los puntos fundamentales del rechazo para el anterior proyecto -presentado por el mismo proponente, Servimar Limitada, con un cambio de distribución al interior del predio- establece que, por encontrarse a una distancia que viola las normas internacionales de aeronáutica civil, que Chile debe respetar y así se ha sostenido en forma reiterada, resulta inviable.	Además del problema de la participación ciudadana y de la ubicación del aeropuerto Carriel Sur, en esta nueva propuesta surge una vez más el tema de que la basura sea cubierta con polietileno de alta densidad, es decir, con plástico. ¿Cómo es posible que un relleno sanitario sea cubierto con plástico, cuando en la Región Metropolitana y en el resto del país se exige confinación, tratamiento, etcétera? 	Por tanto, reitero la petición de que se envíe oficio al director de la Conama, al director regional de la Corema y al intendente regional, a fin de que tomen conocimiento de estos antecedentes, porque se está violando flagrantemente la voluntad de la ley y acudiendo a métodos que pueden ser legales en sus plazos, pero con lo que se excluye la participación de los ciudadanos de Penco. 	He dicho. 	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios señalados por su señoría. DEFICIENCIAS EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel.	El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, pido que se oficie a los ministros de Educación, de Hacienda y del Interior, y al director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para que pongan atención en la alimentación escolar que se entrega en la Décima Región de Los Lagos, que junto con la Novena, registran las peores cobertura y calidad. Aún tenemos desnutrición, acompañada de algunos grados de obesidad. Creo que se debe a ineficiencias o imperfecciones de diseño de las dietas alimenticias, lo que debe corregirse.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE PLANES REGULADORES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.	El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, en segundo lugar, pido oficiar a los alcaldes de Calbuco, Cochamó, Maullín y Puerto Montt, al ministro de Vivienda y al intendente de la Décima Región, para que informen de los planes reguladores en ejecución y en reformulación. 	En el caso de Calbuco no sólo de la ciudad, sino también de la localidad de Pargua, donde se están realizando importantes inversiones; en el caso de Cochamó, de la ciudad y de la localidad de Río Bueno; en el caso de Maullín, de Carelmapu, La Pasada y Quenuir; de Puerto Varas, de la localidad de Alerce, ciudad que está experimentando un enorme crecimiento. 	Estos planes reguladores deberían clarificar los nuevos espacios de inversión y empleo en dichas comunidades, porque su atraso a veces impide autorizar las inversiones. 	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. 	En el tiempo de Renovación Nacional, ofrezco la palabra. 	Ofrezco la palabra. HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON ANTONIO SEGUNDO RUIZ PAREDES.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, en nombre de los habitantes de la Décima Región y, en particular, de la provincia de Llanquihue, quiero rendir un justo homenaje a un gran amigo, diputado socialista elegido democráticamente en marzo de 1973. Me refiero a Antonio Segundo Ruiz Paredes, quien lamentablemente dejó de existir el 17 de febrero. Su deceso ha causado un gran dolor a su familia y, muy especialmente, al mundo de los trabajadores de la provincia que hoy me honro en representar.	En los últimos meses Llanquihue ha perdido a ciudadanos valiosísimos. Hace algún tiempo sus habitantes se volcaron a las calles para despedir los restos de un hombre de gran valor, no solamente ético y moral, sino también humano, mi amigo don Feliciano Díaz Palma, que en paz descanse. Y hace pocos días, cuando me encontraba en España por razones académicas, finalizando mis estudios de posgrado en desarrollo regional en la Universidad Internacional de Andalucía, me enteré del fallecimiento de Antonio Ruiz Paredes, con la impotencia de no poder acompañar a la familia en su dolor.	Antonio Ruiz nació el 13 de julio de 1934 en Frutillar Alto. Hijo de Antonio Ruiz Díaz y de Josefina Paredes Zúñiga. Se casó muy joven con nuestra gran amiga y compañera María Marina Cárdenas, con quien tuvo cuatro hijos: Víctor Hugo, María Angélica, José Jaime y Cecilia Ester, a quienes, desde esta Cámara, la bancada del Partido Socialista les envía las más sentidas condolencias.	Antonio Ruiz cursó hasta sexto año en la escuela pública Nº 10 de Frutillar. Posteriormente, trabajó como obrero en la Corporación de Obras Urbanas en Puerto Montt. Allí inició sus actividades políticas e ingresó al Partido Socialista en 1952. En nuestra colectividad ocupó los cargos de jefe de núcleo, en 1954; de jefe seccional, en 1955; de secretario regional en 1962, y en marzo de 1973 fue elegido diputado por la vigesimocuarta agrupación departamental, que incluía Llanquihue, Maullín, Calbuco y Puerto Varas. Recuerdo también, con mucha satisfacción, que reemplazó en este cargo a mi padre, Luis Espinoza, quien en ese entonces se encontraba desaforado por defender a un grupo de trabajadores de nuestra provincia. Antonio fue el último diputado del Partido Socialista por la zona hasta que en 2001 logramos volver a tener representación parlamentaria.	En esta Corporación integró la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, vio interrumpida su labor tras el golpe de Estado y la consecuente disolución del Congreso.	Antonio también fue presidente del Sindicato Industrial Chiprodal de Llanquihue y director de la Asociación de Trabajadores de Obras Urbanas. Es decir, en este hemiciclo, tuvimos en Antonio Ruiz a un verdadero representante del mundo trabajador, a un hombre que nació de la cuna del mundo sindical. También es destacable su participación como fundador de la 4ª Compañía de Bomberos de Llanquihue. 	Este hombre, que provenía de una familia humilde, trabajadora y de esfuerzo, dejó de existir el 17 de febrero, después de padecer una grave enfermedad.	Con mucha satisfacción quiero expresar que en los meses durante los cuales Antonio fue parlamentario trabajó inclaudicablemente en beneficio de los más humildes.	En las intervenciones del diputado Antonio Ruiz queda de manifiesto cómo luchaba duramente por defender los intereses de la gente de Llanquihue, de Maullín y de toda la zona que representaba, incluyendo Calbuco y Puerto Varas.	En sus discursos se reflejó la esencia de la representación de la clase trabajadora.	Tal vez, hoy muchos de sus colegas que trabajaron en Chiprodal, en Llanquihue, o en otras entidades, estén escuchando esta intervención. Si es así, aprovecho de enviarles un caluroso saludo en nombre de la bancada socialista, porque es gente de esfuerzo que por años ha dado una importante lucha por superar sus vicisitudes y dificultades.	Doy gracias por la posibilidad de rendir homenaje a Antonio Ruiz Paredes, en nombre de Llanquihue y de su gente, en nombre del mundo evangélico, católico y de todas las religiones que se profesan en esa importante comuna del distrito Nº 56.	He dicho.NOMBRAMIENTO DE AGREGADO POLICIAL EN MÉXICO. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Navarro.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ayer la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el importante proyecto de acuerdo Nº 350, que establece la petición formal al Gobierno, a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, de nombrar un agregado policial en México a fin de enfrentar el grave y creciente problema del tráfico ilegal de personas -hombres, mujeres y niños- llevadas desde Chile a México, para después hacerlos atravesar el desierto de Arizona, camino a Estados Unidos.	En esa travesía, muchos han encontrado la muerte y otros han sido detenidos y deportados. Es la aventura de más riesgo que muchas familias han asumido en la búsqueda de mejores horizontes.	Este gravísimo problema afecta fundamentalmente a centroamericanos, pero en forma paulatina y creciente se han ido incorporando chilenos. Sólo en el año 2000 fueron deportados 27 ciudadanos chilenos desde Los Ángeles; en 2001, había 20 encarcelados en la cárcel de El Paso -donde he tenido la oportunidad de estar, en la ciudad de Juárez-, y hasta agosto del año pasado, en California, habían sido deportados otros 73 chilenos, que previamente deben permanecer en las cárceles norteamericanas entre seis y doce meses.	Se ha establecido una verdadera mafia para tentar a viajar a México a quienes buscan mejores horizontes, tras perder su trabajo, y luego ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, decisión que muchas veces les ha significado la muerte.	El acuerdo de la Cámara es extraordinario y espero que el Gobierno lo acoja. Por ello, pido enviar oficio al ministro del Interior, a la ministra de Relaciones Exteriores respecto del proyecto de acuerdo aprobado y, en particular, al director de la Policía de Investigaciones y a la Interpol.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS DEPORTIVOS SUSCEPTIBLES DE DONACIONES. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.	El señor EGAÑA.- Señor Presidente, en otras oportunidades hemos intervenido en la honorable Cámara para expresar nuestra satisfacción cuando el deporte es favorecido con fondos, con ayuda económica.	Hemos sostenido -y lo reiteramos- que todo lo que se haga en pro del deporte, en su difusión, en su implementación, trae grandes beneficios.	También hemos criticado el uso inapropiado de estos fondos en períodos previos a campañas electorales. Llegan a los deportistas, pero con otros fines.	En días pasados, en mi región, en una gran ceremonia a la que concurrió el ministro secretario general de Gobierno, señor Francisco Vidal, a quien le gusta mucho viajar y participar activamente en los distintos actos, se anunció el aporte de 1.200 millones de pesos al Fondo Nacional de Fomento del Deporte, los cuales se destinarán a financiar 81 proyectos que beneficiarán a 33 comunas de la región. De acuerdo con lo que me informaron las autoridades del deporte, 500 millones de pesos se destinaron a infraestructura y los 700 millones restantes, a otro tipo de proyectos.	Me complace que se entreguen recursos para el deporte, pero, si bien existen las bases, es importante tener claridad respecto de cómo fueron seleccionados los proyectos. Por eso, pido que se oficie para que el director nacional de Chiledeportes envíe un listado completo de todos los proyectos recibidos, para fines específicos o de infraestructura, aprobados y rechazados, aunque no se señalen las razones.	En la ley del deporte se estableció una norma que permite la donación de fondos para proyectos específicos, pero me inquieta la complejidad del formulario que deben llenar las instituciones o clubes deportivos para acceder a ellas. Se trata de un documento de más de 20 hojas, sumamente complicado, que no todas las personas están en condiciones de llenar.	Como las donaciones implican alguna garantía tributaria, pido también que el director nacional de Chiledeportes envíe una nómina de las instituciones o corporaciones deportivas beneficiadas con los proyectos que fueron aprobados, con sus montos. Esta información nos dará una idea de lo engorroso de dicho formulario.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.	Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.REALIZACIONES DE CHILEDEPORTES EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable diputado José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el viernes pasado, en la intendencia de la Octava Región, se celebró una ceremonia que contó con la presencia del ministro secretario General de Gobierno, señor Francisco Vidal, y del subsecretario director nacional de Chiledeportes, señor Ernesto Velasco, ocasión en que se hizo el anuncio oficial de la entrega de 1.200 millones de pesos para el desarrollo del deporte durante este año.	Tal como lo expresó mi colega de distrito, el diputado señor Egaña, 500 millones de pesos se destinarán a infraestructura y 700 millones para una serie de proyectos de las diversas disciplinas deportivas.	Se están viendo los beneficios de la ley del Deporte, cuyo proyecto, lamentablemente, se tramitó con una lentitud asombrosa en el Senado, en circunstancias de que debió haber sido despachado mucho antes.	El subsecretario director nacional de Chiledeportes, Ernesto Velasco, fue muy explícito al señalar que el fondo de 1.200 millones de pesos contemplado en la ley del Deporte favorecería a 81 proyectos, de 33 comunas. Agregó que los proyectos que no fueron aprobados serían reevaluados por la dirección de Chiledeportes de la Octava Región, dirigida por el señor Mario Moreno, con la posibilidad de aprobarlos este año.	Debe subrayarse que se ha actuado con una transparencia y honestidad increíbles. A nadie se le preguntó si vota o no por la Concertación. Al contrario, los proyectos se presentaron como corresponde por las instituciones deportivas, dentro del plazo que se fijó. Por ejemplo, en la reunión de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de la Octava Región fui testigo cómo el subsecretario de Chiledeportes, el Seremi de la Octava Región de ese organismo y técnicos y profesionales de esa repartición explicaron el proceso y la forma en la que había que presentar los proyectos.	Participé en el debate del proyecto que dio origen a la ley del Deporte y estoy convencido de que será muy beneficiosa. La mayor inversión que se haga en este ámbito se recuperará con la disminución de los gastos en salud, porque las personas tendrán mejor salud. En el fondo, es una inversión productiva.	En la ceremonia que mencioné se escucharon testimonios de muchas organizaciones de la Octava Región. Expresaron su alegría porque los 500 millones de pesos destinados a obras de infraestructura han significado la construcción de multicanchas y el mejoramiento de sedes sociales y deportivas. 	El presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Concepción agradeció, en forma oficial, la ejecución de las obras. En su discurso fue muy claro y explícito al reconocer la forma que se utilizó para optar a los fondos.	Como en la vida he aprendido a ser agradecido, debo añadir que el subdirector de Chiledeportes tuvo la gentileza de aceptar mi invitación y concurrió, al día siguiente, el sábado, a las 09.00 de la mañana, a la municipalidad de Chiguayante. Vio en qué forma se invirtieron los 100 millones de pesos que conseguí hace tres años para el fondo de infraestructura de la Octava Región, con el objeto de que comenzara la construcción del gimnasio San Pablo-Maestranza.	El año pasado conseguí 24 millones 650 mil pesos más para dichas obras.	El subdirector pudo comprobar también cómo está operando la marcha blanca. Además, le dimos a conocer los detalles que faltaban, sobre todo el de las vías de acceso, de las graderías para 300 personas y del piso especial que necesita el gimnasio-taller. 	Conseguimos con él, en terreno, como lo hemos hecho siempre, y trabajando con el alcalde de Chiguayante, Tomás Solís, y con el alcalde de San Pedro de la Paz, Jaime Soto, el visto bueno para 25 millones de pesos más -el proyecto se encuentra en estudio en Mideplan de la Octava Región- a fin de perfeccionar los últimos detalles del gimnasio San Pablo-Maestranza.	Como en la vida también he aprendido a ser positivo, no entiendo la política en función de criticar y encontrar todo malo; de buscar para criticar pese a las realizaciones. Entiendo la política como servicio, para mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los ciudadanos de mi distrito, de Concepción, de Chiguayante y de San Pedro la Paz. 	En los prácticamente catorce años que llevo en la Cámara nunca he preguntado a alguien por quién votó. No entiendo así la función de un diputado de la República. La gente ha sido muy generosa conmigo en las cuatro elecciones. 	Además, quiero hacer un reconocimiento a Ernesto Velasco por su gesto, quien el sábado quedó impresionado por el diseño del gimnasio-taller, que prácticamente es el único en Chile producto de la cogestión entre el municipio de Chiguayante y dos clubes deportivos: San Pablo y Maestranza, lo que ignificó un beneficio para muchas entidades en Chiguayante, en especial para las agrupaciones deportivas que están incluidas en los 81 proyectos aprobados.	También quiero hacer un reconocimiento al ministro secretario general de Gobierno, señor Francisco Vidal, por la labor que ha desarrollado y por estar siempre en terreno, donde corresponde, no detrás del escritorio, sino cumpliendo su papel de ministro de Estado.	Es bueno también recordar que, según la ley del Deporte, el encargado de la administración y conducción de Chiledeportes es precisamente el ministro secretario general de Gobierno, es decir, él está cumpliendo con su función.	Por lo tanto, solicito que se envíe un oficio de reconocimiento al ministro secretario general de Gobierno, don Francisco Vidal, y a Ernesto Velasco, como subsecretario de Chiledeportes, por la forma cómo están conduciendo Chiledeportes y cumpliendo con la ley respectiva.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y del diputado señor Zarko Luksic.RESTRICCIONES AL USO DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL DE MAGALLANES. Oficios.	El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Zarko Luksic.	El señor LUKSIC.- Señor Presidente, se ha recibido como un verdadero balde de agua fría un dictamen de la Contraloría General de la República que afecta a los gobiernos regionales.	El señalado dictamen dispone restricciones al uso de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que en el caso del gobierno regional de Magallanes afecta a 21 programas de gran relevancia para la zona, entre ellos uno relativo a materias de salud, con los cuales se trata de eliminar la sobrepoblación canina y evitar, regular y monitorear la marea roja, fenómeno natural que altera la fuente de trabajo de muchos pescadores.	Entre esos programas figuran también los siguientes: sobre promoción turística de la Patagonia; sobre pastizales, relacionado con el mundo agrícola; sobre control de fauna dañina, concretamente en la isla Navarino, donde los castores han ocasionado graves perjuicios a otros animales del lugar.	Solicito que se oficie al ministro de Planificación y Cooperación para que nos informe acerca de los argumentos jurídicos que tuvieron presentes para adoptar esa medida y cuál ha sido la defensa que ha asumido Mideplán respecto de ella.	Asimismo, que se oficie al director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda a fin de que nos señale cómo podemos establecer enmiendas a la legislación actual, de manera de evitar este verdadero cercenamiento que aflige a las regiones, desde el momento en que se les restringe el uso de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, aprobado por el Consejo Regional, lo que constituye un atentado a la autonomía de los gobiernos regionales y, concretamente, a la Región de Magallanes.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores José Miguel Ortiz y quien habla.	Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 13.34 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio de la Comisión de Conductas Parlamentarias.“Acuerdo de la Comisión de Conductas Parlamentarias recaído en la presentaciónefectuada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.(Acuerdo Nº 10-2003)	Valparaíso, 13 de enero de 2004.Vistos:1.	Que mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha 30 de julio de 2003, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ha requerido el pronunciamiento de la Comisión de Conductas Parlamentarias respecto del quebrantamiento del secreto dispuesto para su sesión celebrada el 16 de julio de 2003, en la cual se recibió el testimonio de doña Odette Alegría y cuyo texto, casi íntegro, fue publicado al día siguiente por el diario “La Segunda”.2.	Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Conductas Parlamentarias, corresponde a esta entidad “responder a pronunciamientos solicitados por un diputado, que diga relación a su inquietud o quehacer”.3.	Que la Comisión, en el ejercicio de sus facultades y solicitada su intervención, ha recibido en audiencia al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, diputado señor Fulvio Rossi Ciocca, quien proporcionó diversos antecedentes relacionados con este asunto.Considerandos:1.	Que la Comisión de Conductas Parlamentarias debe enmarcar su actuación al tenor de lo que señala el Código de Conductas Parlamentarias, cumpliendo su cometido con estricto apego al mismo. Las prerrogativas que le otorga tal cuerpo normativo importan correlativamente para ella el deber de pronunciarse respecto de la conducta en que uno o más diputados pudieren incurrir o haber incurrido. Como se ha reiterado en acuerdos anteriores, asimismo, ha de atender las consultas que expresamente se le formulen, relativas a la conveniencia o inconveniencia ética de una determinada actuación de un parlamentario en el ejercicio de sus funciones.2.	Que es innegable que el hecho de que le solicite un pronunciamiento otro órgano interno de la Cámara, como es la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, resulta del todo innovador y sienta un precedente del cual es difícil abstraerse, particularmente por las consecuencias futuras que pudiere importar hacerse cargo, en esta oportunidad, de semejante solicitud.3.	Que el Código de Conductas Parlamentarias no consagra expresamente la posibilidad de que una Comisión pida un pronunciamiento de esta especie. Sin embargo, frente a cuestiones de interés general, es posible entender que dicho cuerpo regulador contempla atribuciones que le permiten a la Comisión considerar solicitudes efectuadas por más de un diputado simultáneamente, como ocurriría en el caso en comento.4.	Que, requerido su pronunciamiento, su competencia se extiende a todas las situaciones propias de los hechos analizados, de modo que pueda formarse una cabal comprensión de la conducta del o de los diputados involucrados en tales circunstancias o, si los hechos -como en este caso- no apuntaren a responsables individualmente considerados, a fijar una pauta de conducta que sirva como patrón moral al que debe adecuarse el conjunto de los integrantes de la Corporación.5.	Que parece una vez más útil recordar lo señalado en dictámenes anteriores, en orden a que a la Comisión no le corresponde investigar o esclarecer hechos ni pronunciarse sobre quienes han participado en los mismos, pues su opinión dice relación, única y exclusivamente, al plano moral y ético de las actuaciones parlamentarias. Tampoco comprende el ámbito de sus juicios la procedencia reglamentaria de las decisiones adoptadas por otras autoridades de la Cámara ni le asiste perseguir responsabilidades o impericias del personal de la Corporación o cuestionar el cumplimiento o resguardo del sigilo que hayan de observar los invitados que asisten a los órganos de trabajo parlamentario, sin perjuicio de las recomendaciones que sobre ciertos hechos pueda efectuar.6.	Que es menester recordar que nuestro Reglamento Interno, en su artículo 243, consagra -para las Comisiones- la posibilidad de que sus sesiones sean secretas cuando así lo acuerde la Comisión, lo ordene su Presidente o lo solicite el Presidente de la República. En tales sesiones se encuentra restringido el acceso del personal de la Corporación y prohibido incluso el uso de teléfonos móviles para todos los asistentes a la misma, debiéndose, adicionalmente, resguardarse el acta de la sesión y destruirse la versión taquigráfica que se levante. Todo lo anterior, con la mira de facilitar el testimonio que funcionarios del Estado o particulares deban suministrar al órgano parlamentario colegiado con el objeto de ilustrarlo sobre temas que, por su naturaleza o por imposición legal, deban mantenerse en confidencialidad.7.	Que, en este caso particular, el requerimiento a la Comisión tiende a precisar los alcances éticos de la develación de antecedentes que han sido proporcionados en calidad de secretos en el transcurso de una sesión, sobre todo si éstos, en forma casi textual, han sido publicados en un medio de comunicación social. Desde luego una práctica de tal naturaleza se encuentra abiertamente en contradicción con lo señalado en la letra g) del artículo 7º del Código de Conductas Parlamentarias, en cuanto obliga en forma amplísima a los miembros de esta Cámara a guardar discreción en relación con los hechos e informaciones de los cuales tengan conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones y que hayan sido calificados como confidenciales.8.	Que, como se puede deducir de los considerandos precedentes, resulta evidente lo repudiable de una acción como la descrita. La cantidad de veces en que se declara secreta una sesión, o parte de la misma, son de muy baja ocurrencia en la actividad parlamentaria, atendido el carácter público de los actos del Congreso Nacional. Empero, ante la menor posibilidad de que se conozca el contenido de esas sesiones, la Comisión estima como su deber llamar la atención de toda la Cámara de Diputados para que, cada uno en el ámbito de sus competencias, observe rigurosamente los deberes de sigilo y discreción que las normas internas exigen a los diputados, al personal de la Corporación y a los propios invitados que deponen ante los organismos internos.9.	Que, en atención a los acuerdos anteriores de la Comisión sobre publicidad de sus acuerdos y a los criterios manifestados en el acuerdo Nº 03-2002, se ha estimado que en este caso su resolución tendrá el carácter de pública y se dará a conocer al resto de la Cámara de Diputados, luego de ponerlo en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, mediante su inserción en la Cuenta de la sesión de Sala más próxima.	Finalmente, la Comisión valora el interés de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en orden a requerir su pronunciamiento y a confiar en su buen juicio.-o-	Se resuelve:1.	Hacer presente que constituye una obligación de carácter ético y moral para los diputados guardar discreción en relación con los hechos e informaciones de los cuales tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, por lo que resultaría censurable y contrario a los preceptos del Código de Conductas Parlamentarias develar el contenido de una sesión secreta.2.	Sugerir a los presidentes de las Comisiones la conveniencia de que, previamente a declarar secreta una sesión, prevengan a los diputados, funcionarios e invitados presentes en la Sala, acerca de su obligación de mantener reserva de lo que conozcan en tal circunstancia, sin perjuicio de las sanciones a que puedan hacerse acreedores por el quebrantamiento del secreto conforme a nuestra legislación.3.	Solicitar a las autoridades administrativas pertinentes la necesidad de reiterar al personal de la Cámara de Diputados las instrucciones existentes sobre los resguardos que deben tomarse para mantener el sigilo de lo que se trate en sesión secreta.	Resolución acordada con el voto unánime de los diputados integrantes, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso final del artículo 10 del Código de Conductas Parlamentarias.	Resolución adoptada en sesiones de fechas 1 y 8 de octubre y 5 de noviembre de 2003, y 13 de enero de 2004, con la asistencia de los diputados señores Galilea, José Antonio (presidente); Enrique Accorsi Opazo; Rodrigo Álvarez Zenteno; Pedro Muñoz Aburto; Carlos Olivares Zepeda; José Pérez Arriagada; Carlos Recondo Lavanderos y Edmundo Villouta Concha.	Notifíquese al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el señor secretario de la Comisión, dése cuenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados más próxima y archívese.	(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GALILEA VIDAURRE, presidente de la Comisión; MIGUEL LANDEROS PERKIC, secretario de la Comisión”.2.	Oficio de la ministra de Defensa.	“GMDN. (O) Nº 6855, 92 P.C.D.	Obj.: Informa salida de tropas del territorio nacional.	Ref.: Oficio Nº 23.422, de 02 de marzo de 2004, del honorable Senado. Art. 6º ley Nº 19.067.	Santiago, 3 de marzo de 2004.De la ministra de Defensa Nacionala la señora Presidenta de la Cámara de Diputados, honorable diputada doña Isabel Allende Bussi.1.	A través del oficio Nº 23.422, de 02 de marzo de 2004, del honorable Senado, se comunicó a su Excelencia el Presidente de la República, su acuerdo para la petición que le formulara en orden al envío de tropas nacionales a Haití.2.	Por decreto Nº 28, de 03 de marzo de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, se formalizó la autorización de salida, tal como lo establece el artículo 4º de ley Nº 19.067.3.	Por el presente acto y de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 6º de dicha ley, informo a US. para su conocimiento, la salida del primer contingente hacia Haití hoy miércoles 3 de marzo a contar de las 19.00 hrs.	Saluda a US.	(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, ministra de Defensa Nacional”.