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- rdf:value = " APROBACIÓN DE PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL ACUERDO MARCO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS EN LA ALTA MAR DEL PACÍFICO SUDESTE, “ACUERDO GALÁPAGOS”. Proyecto de acuerdo. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo modificatorio del acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del pacífico sudeste, conocido como “Acuerdo Galápagos”, suscrito el 27 de noviembre de 2003.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Longton.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3443-10, sesión 42ª, en 13 de enero de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 46ª, en 20 de enero de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 7.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Cito a reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señora Presidenta , los Estados ribereños del Pacífico sudeste, mediante la Declaración de Santiago, de 1952, proclamaron su soberanía y jurisdicción exclusivas en una zona marina de 200 millas, y sentaron las bases para la aceptación y configuración de esa zona, como una de las instituciones fundamentales del nuevo Derecho del Mar, lo que hoy se denomina Zona Económica Exclusiva.
En la declaración de Santiago se reconoció, también, el deber de los Estados ribereños de prevenir que, fuera del alcance de su jurisdicción nacional, pudiera producirse una explotación excesiva de los recursos naturales, susceptible de poner en peligro su existencia, integridad y conservación, en perjuicio de los pueblos que poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia.
Con el fin de cumplir esos objetivos, los referidos Estados ribereños acordaron establecer la Comisión Permanente del Pacífico Sur, como organismo coordinador de sus políticas marítimas, encargado de promover, asimismo, la adopción de medidas que preserven el medio ambiente y protejan la integridad del ecosistema marino del Pacífico Sudeste.
En ese contexto, los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur han convenido normas especiales para ejercer, eficazmente, de conformidad con el nuevo Derecho Internacional del Mar, su derecho y el deber de asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros existentes en su propia subregión, incluidos aquellos que migran desde las zonas bajo su jurisdicción nacional hacia la alta mar, y viceversa.
Las acciones comunes de protección de tales recursos son indispensables y urgentes ante la explotación incontrolada de recursos vivos marinos en áreas de alta mar adyacentes a zonas bajo jurisdicción nacional, que puede generar una grave amenaza para su conservación y uso sostenible, así como de poblaciones de peces dependientes o asociadas a ellos, e invalidar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados ribereños con respecto a las mismas especies, dentro de sus zonas de 200 millas.
Con tales finalidades, los Estados miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur suscribieron, el 14 de agosto del año 2000, en Santiago de Chile, el denominado “Acuerdo de Galápagos”, con el objeto de establecer un mecanismo de cooperación internacional que favorezca la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar en el Pacífico sudeste.
El Acuerdo de Galápagos fue aprobado por el Congreso Nacional y ratificado por el Presidente de la República, mediante el depósito del instrumento correspondiente en la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, el 12 de noviembre de 2001. Sin embargo, este instrumento no ha podido entrar en vigencia internacional por no haberse reunido aún el número de ratificaciones previstas para el efecto.
Para facilitar el cumplimiento de las formalidades del caso, los países signatarios han convenido, en el Protocolo sometido a la consideración de la honorable Cámara, reducir de cuatro a tres el número de ratificantes exigidos para la entrada en vigencia del Acuerdo de Galápagos.
Como lo señala el mensaje, esta modificación se hace necesaria por la no ratificación aún de Colombia. Sí lo han hecho Chile, Ecuador y Perú.
En consideración a los importantes propósitos que se persiguen con este Protocolo sometido a la consideración de la honorable Cámara, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana decidió, por unanimidad, recomendar a esta Corporación que preste su aprobación al proyecto de acuerdo correspondiente en los mismos términos propuestos en el mensaje.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, en la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, celebrada en Bogotá, en 1997, los cancilleres de Chile, Colombia, Ecuador y Perú acordaron impulsar la suscripción de un acuerdo para la conservación de los recursos vivos marinos en alta mar, ubicados frente a sus costas, conscientes de que una pesca indiscriminada en esa área minaría la eficacia de las medidas de conservación establecidas para la actividad pesquera dentro de sus respectivas zonas económicas exclusivas, especialmente respecto de las especies transzonales y las altamente migratorias.
Fruto de tres años de trabajo mancomunado, se adoptó el Acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del pacífico sudeste, o “Acuerdo de Galápagos”, firmado en Santiago de Chile, el 14 de agosto de 2000, por los cancilleres de los cuatro países.
En este contexto, nuestro Gobierno depositó su instrumento de ratificación el 12 de noviembre de 2001; el de Ecuador, el 11 de junio de 2002, y el de Perú, el 5 de agosto de 2003. En consecuencia, quedaba aún pendiente, en esa época, la ratificación del de Colombia.
Es necesario destacar la importancia política y estratégica del Acuerdo de Galápagos, pues éste constituye el marco para un aprovechamiento sustentable de los recursos vivos en alta mar del Pacífico sudeste, de manera compatible con el que realicen los Estados ribereños al interior de las 200 millas, y recoge la normativa internacional, que fomenta la creación de organizaciones o acuerdos regionales para estos efectos.
El Acuerdo de Galápagos es un complemento de la histórica Declaración de Santiago -sobre soberanía y jurisdicción exclusivas en una zona de 200 millas, a lo que ya se refirió el diputado informante de este protocolo-, que reservó para los Estados ribereños el aprovechamiento de los recursos existentes en las 200 millas aledañas a sus costas, y representa un paso adelante en el desarrollo progresivo del nuevo derecho del mar.
El Pacífico sudeste es uno de los caladeros más ricos del mundo, razón por la cual atrae a flotas de aguas distantes que han visto agotarse los recursos que solían capturar en otras latitudes. Esa situación ha provocado reclamos formales de los pesqueros de la Octava Región y, en especial, de los dirigentes sindicales de las plantas pesqueras de la zona, quienes plantean con inquietud que muchas veces barcos de banderas extranjeras prácticamente están en el tope de las 200 millas y se aprovisionan en puertos chilenos. Esa situación, particularmente respecto de las especies migratorias, puede provocar un grave problema a futuro para las exportaciones y las fuentes de empleo.
La pronta entrada en vigor del Acuerdo de Galápagos entregará a los países signatarios una herramienta jurídica muy valiosa para la protección de sus intereses comunes, frente a la amenaza representada por naves de tercer pabellón que operen en la alta mar aledaña a sus respetivas aguas jurisdiccionales, sin aplicar medidas de conservación, compatibles con las que rigen al interior de éstas.
El Acuerdo de Galápagos está llamado a constituirse en una de las iniciativas más trascendentales en la historia de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, por incursionar en una área de particular relevancia y proyección en el actual desarrollo del derecho del mar. Asimismo, proporcionará un nuevo dinamismo a su labor como organización preocupada por el cuidado del medio ambiente marino y costero de la región, al conferir a nuestro país y a Colombia, Ecuador y Perú un eficaz instrumento para fortalecer sus capacidades de explotación pesquera y dar expresión práctica a sus potencialidades en las esferas del aprovechamiento de los recursos vivos marinos.
La no ratificación de Colombia se informó el 14 de agosto del año recién pasado, en Quito, en una reunión extraordinaria e informal de los presidentes de secciones nacionales de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para analizar la demora de ese país en la ratificación del Acuerdo de Galápagos. En aquella ocasión, el representante de Colombia expresó que existían problemas muy sensibles para ratificarlo.
Dado lo anterior y considerando la gravedad que revestiría para Chile un largo retraso en la entrada en vigencia del Acuerdo de Galápagos o, lo que sería peor, un rechazo a su ratificación, se logró un principio de solución a esta dificultad. Para ello se acordó la suscripción de un protocolo modificatorio del Acuerdo de Galápagos -es lo que estamos tratando hoy en la Cámara de Diputados- en lo atinente a la disposición que establece el número de ratificaciones necesarias para que entre en vigor. Esta solución permitiría que, una vez firmado el protocolo modificatorio y aprobado por los cuatro países, el Acuerdo de Galápagos podría entrar en vigor con las actuales ratificaciones de Chile, Ecuador y Perú.
El protocolo modificatorio fue finalmente firmado por los cuatro países signatarios del Acuerdo de Galápagos, aprovechando la celebración de la segunda asamblea ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que tuvo lugar en Lima, los días 26 y 27 de noviembre pasado. Ahí se hizo presente que este paso era muy importante, pero que correspondía a los parlamentos de Chile, Ecuador y Perú ratificar el protocolo modificatorio, con lo cual podría entrar en vigencia este importante acuerdo marítimo regional.
Como es de conocimiento de todos, la actividad pesquera es de indudable relevancia económica para nuestro país. Ello queda reflejado en sus resultados operacionales, los cuales le han permitido situarse internacionalmente como el quinto productor mundial en materia de desembarques, el séptimo país generador de divisas por concepto de exportaciones pesqueras, el segundo productor de salmonídeos procedentes de cultivos y el segundo productor de harina de pescado en el mundo.
En el ámbito nacional, la actividad pesquera, en 2003, fue la segunda con más exportaciones y retorno de divisas para nuestro país.
Al respecto, la aplicación de la ley de pesca corta ha demostrado que quienes la consideramos necesaria, seguimos el camino correcto. No sucedió la llamada “carrera olímpica”; aumentaron los empleos en las plantas pesqueras; hay una relación directa entre trabajador y capital, como corresponde; hay inversiones importantes para cumplir el desafío que significa el acuerdo con la Unión Europea, y, desde el 1º de enero de este año, el tratado de libre comercio con Estados Unidos de América.
Por eso, en nombre de la Democracia Cristiana, anuncio que vamos a votar favorablemente el Acuerdo aprobatorio del Protocolo modificatorio del acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico sudeste, también denominado Acuerdo de Galápagos, suscrito el 27 de noviembre de 2003.
Para terminar mi intervención, quiero recordar que en septiembre del año pasado, entre Chile y la República Popular China, se produjeron las primeras consultas bilaterales en materia de conservación pesquera. Asimismo, tenemos conocimiento de que el gobierno de Corea del Sur ha dado licencias pesqueras a un número aproximado de ochenta barcos, lo que demuestra la importancia que reviste el Acuerdo de Galápagos para cuidar nuestra pesquería, vital en lo que se refiere a empleos y desarrollo de nuestro país.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , sólo voy a hacer breves comentarios respecto del proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo modificatorio del acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico sudeste, más conocido como Acuerdo de Galápagos.
Sin lugar a dudas, fue importante el paso dado por Chile en 1952, cuando se proclamó la soberanía y jurisdicción sobre la zona económica exclusiva de las 200 millas marítimas, hecho en el cual a nuestro país le cupo un rol protagónico, y que se ha convertido en el elemento que rige prácticamente en todos los Estados ribereños del mundo, porque les dio la estabilidad necesaria para generar una industria pesquera, tanto industrial como artesanal, capaz de crear riqueza, empleos y recursos mediante la explotación de sus territorios marítimos adyacentes.
Ese primer paso determinó un comportamiento distinto en la humanidad. Este proyecto, por su parte; será un avance más en la medida en que la Comisión Permanente del Pacífico Sur, integrada por Chile, Colombia , Ecuador y Perú -esperamos que Colombia lo ratifique-, se comprometa a poner en funcionamiento algo que se debe entender en su dimensión más trascendental.
Nuestro país ha hecho esfuerzos -y la Cámara ha sido testigo- en términos de generar una legislación pesquera nacional que permita la preservación de los recursos naturales y la estabilidad del sector, de establecer reglas claras para los inversionistas y de dar estabilidad respecto de la forma en que se realiza esa acción extractiva.
Como bien señaló quien me antecedió en el uso de la palabra, al establecer cuotas máximas por armador en virtud de una cuota global máxima de captura, aprobadas por los consejos zonales de pesca, el Congreso dio pasos efectivos.
Pero el tema no nace ni muere en las 200 millas marítimas, sino que trasciende. Por eso la importancia de este protocolo, ya que muchas especies, como es el caso del jurel, en Chile son altamente migratorias en su ciclo de vida, y alcanzan, incluso, las costas de Nueva Zelanda. El esfuerzo pesquero realizado más allá de las 200 millas tiene efectos inmediatos sobre esa zona. Por consiguiente, si no se controla la explotación de estos recursos, se pone en peligro su existencia al interior de las 200 millas.
La flota mundial, capaz de capturar más de 70 millones de toneladas, ha disminuido. La capacidad de captura ha bajado como consecuencia, justamente, de la explotación irracional de muchos recursos, lo que ha hecho que varios países miren a ultramar, más allá de sus costas y de las 200 millas marinas. ¿Qué duda cabe que los 4 mil 500 kilómetros de costas de Chile sean un incentivo para que flotas pesqueras internacionales vengan a explotar los recursos frente a nuestras costas, más allá de las 200 millas?
Hubo un esfuerzo pesquero de magnitud, con más de setenta naves, durante prácticamente tres décadas, especialmente en los años sesenta y setenta, de una flota pesquera soviética que, por años, capturó en nuestras costas el recurso jurel. Más de un millón de toneladas al año. La Unión Soviética, con una economía planificada, bajo un régimen comunista, no trepidaba en costos para desplazar una gran flota en nuestras costas con el único objetivo de obtener productos alimenticios para su población.
Una vez terminado y colapsado el régimen comunista, esa flota soviética se fue de nuestras costas. No porque alguien la echara, sino porque por primera vez, con papel y lápiz, sacaron la cuenta y llegaron a la conclusión de que mantenerla era de muy alto costo en relación con lo que se estaba extrayendo. Pero después han venido flotas de otras naciones, como España, China, Corea , Japón , las cuales están buscando recursos pesqueros en todas partes.
Frente a las costas de la Octava Región se dio una situación que ha generado algún nivel de polémica. En efecto, la Comisión de Pesca estuvo muy preocupada, el año pasado, por la llegada de una flota interesada en el recurso jurel, cuya acción podría afectar la biomasa al interior de nuestras 200 millas marinas.
Por eso, este protocolo busca generar un marco regulatorio para que las flotas pesqueras del mundo -todas las cuales, al ser muy escasos los recursos en sus propias zonas, los buscan en ultramar- sepan que cuando se viene frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador no se puede sacar todo lo que se quiera, de cualquier forma y sin ningún tipo de regulación.
Ese es el punto. En el marco de un protocolo, esas naciones, con el legítimo derecho que tienen de venir a pescar en altamar, deberán hacerlo en complementación con las medidas regulatorias de cada país. De lo contrario, no tendría sentido todo el esfuerzo que Chile ha hecho para evitar la sobreexplotación de los recursos principales, sobre todo de los altamente migratorios, y establecer cuotas globales con el fin de atomizarlas entre los armadores.
Toda regulación resultaría inútil si en la milla 201 hay una flota que hace un esfuerzo pesquero absolutamente desproporcionado y captura peces de cualquier tamaño, sin ningún ánimo de preservar los recursos, con una mirada de corto plazo.
De manera que la bancada de la UDI aprobará con entusiasmo este protocolo, porque combina lo que se ha hecho en Chile con lo que es necesario realizar más allá de las 200 millas marinas, lo cual es muy importante.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , sólo quiero anunciar el voto favorable de Renovación Nacional al proyecto.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo que aprueba el Protocolo modificatorio del acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en alta mar del Pacífico sudeste.
-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Espinoza, Forni, Galilea (don José Antonio), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sep��lveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Varela, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
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