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El señor LORENZINI (Presidente).-
Recuerdo a la Sala que el proyecto se votará al final del Orden del Día.
Tiene la palabra el diputado Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, estamos ante un proyecto de ley que tiende a resolver los problemas a los cuales nos vemos enfrentados en la aplicación de la reforma procesal penal en la región Metropolitana.
Después de que el Congreso Nacional aprobara la reforma procesal penal, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de ley para adelantar el nombramiento de los fiscales en la región Metropolitana. Se dio la sensación de normalidad y de que la aplicación de los plazos que se establecían en esa oportunidad se iban a cumplir rigurosamente.
Poco tiempo después, se nos presentó una iniciativa legal para postergar la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la región Metropolitana. Ahora nos llega otro proyecto de ley que nos advierte que tenemos dificultades para generar las ternas en la misma región; que no hay personas capacitadas para llenar todos los cargos de jueces de garantía y de tribunales orales en lo penal.
Al respecto comprendo lo planteado por el diputado Robles, se establece una norma que, en un análisis objetivo, puede crear confusiones dentro de las jerarquías al interior del Poder Judicial.
No hay duda de que nuestra voluntad es superar las dificultades a que nos vemos enfrentados por la aplicación de esta reforma sustancial de la justicia chilena en la capital del país. Pero queremos saber también si el Ministerio de Justicia ha efectuado algún análisis sobre qué problemas podríamos enfrentar en el futuro; si en las próximas semanas o meses se presentarán otros proyectos para tratar de adecuar las normas, de manera que la reforma procesal penal, en la región Metropolitana, pueda entrar en vigencia en 2005 y no quede sujeta, a lo mejor, a una nueva postergación.
En su oportunidad, se discutió la suerte de improvisación que existe en el Gobierno y en el Ministerio de Justicia originada por la aplicación de la reforma procesal penal, en especial en la región Metropolitana, porque si bien el proyecto resuelve el problema descrito al posibilitar que se conformen ternas y dar amplias opciones, añade otra dificultad: ¿Qué va a pasar en el escalafón cuando un funcionario judicial, que está en la sexta categoría, pase a tercera categoría? ¿Qué ocurrirá con la estructura judicial?
Vamos a votar favorablemente el proyecto, pero, una vez más, queremos dar una luz de alerta sobre el significado de la aplicación de la reforma procesal penal en la región Metropolitana y reitero esta suerte de improvisación que se visualiza en el Ejecutivo ante esta materia.
La aprensión del diputado Jaramillo es absolutamente válida, en cuanto a que los mejores jueces que trabajan en Los Ángeles, por ejemplo, tratarán de irse a la región Metropolitana; aprovecharán las normas para postular a esa región. Entonces, ¿qué jueces vamos a tener en provincias y regiones? Por resolver un problema objetivo que se presenta en la región Metropolitana de hecho, en la Comisión nos enteramos de que ministros de las cortes de apelaciones de Santiago y de San Miguel están haciendo notar esta dificultad, podemos generar otras dificultades en regiones, provincias y comunas que, sin duda, el Ministerio de Justicia debe analizar y ponderar adecuadamente.
Y, volviendo al núcleo central de mi intervención, me surge la siguiente pregunta: ¿Podría el Ministerio de Justicia garantizar hoy que éste va a ser el último proyecto de ley modificatorio al que nos enfrentaremos antes de la aplicación de la reforma procesal penal en Santiago? Porque, de repente, el Ministerio de Justicia y el Gobierno tienen un determinado tratamiento con la Cámara de Diputados y otro distinto con el Senado. Recuerdo que cuando tratamos aquí el proyecto relativo a la responsabilidad penal juvenil, pese a que cuestionamos su financiamiento, el Ministerio nos garantizó que no habría ninguna dificultad; sin embargo, en la actualidad, su tramitación está paralizada en el Senado por las mismas objeciones que hicimos presente la mayoría de los diputados en su oportunidad.
Por lo tanto insisto, queremos saber si habrá otros proyectos que nos obliguen nuevamente a un tratamiento tan acelerado como el que hoy nos convoca.
He dicho.
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