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- rdf:value = " ALCANCES SOBRE OPINIONES DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , en el último tiempo, la prensa ha jugado un papel muy relevante en la conformación de la opinión pública, particularmente en temas que afectan la credibilidad de las más importantes instituciones del régimen democrático. Como sea, tenemos un saldo negativo que se traduce en una mala evaluación que la población hace tanto de parlamentarios -políticos en general- como de funcionarios públicos, instituciones judiciales y partidos. Todo ello pareciera indicar que las instituciones funcionan cada vez que se desata un escándalo.
La denuncia contra el juez Calvo demuestra que sin la conmoción que generó la noticia acerca de su conducta personal, por sí misma, la Corte Suprema no habría sancionado a este magistrado, lo que queda establecido con nitidez al comparar el tratamiento claramente más amable recibido por el ex juez de Puerto Aisén , señor Carlos Klapp , a pesar que este último frecuentaba no sólo lugares indecorosos para su alta investidura.
Son ejemplos que no sólo duelen, sino que irritan la conciencia de la mayoría de los chilenos, compuesta por gente honesta y decente que espera más de sus autoridades y líderes políticos y sociales, pero, sobre todo, de la magistratura, que nos está enviando peligrosas señales de querer transformarse en un suprapoder al cual nadie osaría impugnar.
En atención a lo señalado, como parlamentario de la Undécima Región, quiero representar el sentimiento de impotencia que envuelve a los habitantes del distrito Nº 59, que represento, por las expresiones hirientes y apartadas de la realidad vertidas recientemente por el electo presidente de la Corte Suprema, don Marcos Libedinsky , referidas al llamado caso Aisén, cuando días atrás señaló que las muertes de los jóvenes que investiga la ministra en visita, señora Juana Alicia Araneda , obedecen a suicidios, resaltando que las denuncias que se hicieron hace más de un año no tenían asidero.
Debo señalar al respecto que la causa que investiga la ministra Araneda se encuentra abierta, por lo que las opiniones del señor Libedinsky son demostrativas de que ya existe un criterio concluyente que puede afectar las futuras resoluciones que le corresponda emitir al máximo tribunal del país, una vez que se eleven los procesos para su conocimiento.
Sin embargo, es necesario recordar que si la causa que investiga la referida ministra se encuentra abierta, a la espera de los recursos pertinentes para solicitar la reapertura de los sumarios ya cerrados, el presidente del máximo tribunal estaría vulnerando los principios de ética judicial que él mismo refrendó el 6 de agosto, como miembro del Pleno de la Corte Suprema .
Ahora bien, respecto del punto al que hace mención el presidente de la Corte Suprema , en orden a que el descrédito que sufre la magistratura obedece a la acción de políticos interesados en actuar como si fueran abogados de las partes, es necesario recordar que los representantes del pueblo tenemos un mandato mediante el cual la ciudadanía nos confiere el poder de representación, que resulta esencial para el funcionamiento del orden democrático, lo cual es muy distinto al patrocinio legal que se requiere para litigar ante una sede judicial. De modo que cuando los diputados defendemos la legítima demanda por justicia que cada cierto tiempo nos formulan diversos sectores, no hacemos más que cumplir cabalmente con el rol que nos asigna la propia Constitución Política de la República.
Como diputados de la República en un Estado unitario, nos incumbe el malestar que siente la población de la Undécima Región de Aisén respecto de los órganos judiciales de la zona. En particular, nos preocupa -y vemos como una mala señal las muertes de los jóvenes de Aisén- que la ministra en visita de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Coihaique, señora Alicia Araneda Espinosa , posea tal nivel de cuestionamiento en la población, que 5 mil personas, mayores de 18 años, de una cantidad de 20 mil, que constituye la población total de Puerto Aisén, concurran con sus firmas a solicitar su remoción en el caso. En efecto, vemos con preocupación lo que percibe la comunidad regional, por cuanto en ella reside, en definitiva, la paz social, la cual históricamente ha sido amenazada cuando se producen graves situaciones de impunidad, como pensamos que acontecen en Aisén.
Asimismo, nos inquieta el tema de fondo, esto es, la peligrosa banalización de la ilegalidad que se está haciendo por parte de quienes, por no tener origen democrático, están llamados a resolver los conflictos de la sociedad. En ese sentido, pensamos que el señor Libedinsky se extralimita, cuando vierte opiniones concluyentes sobre la cosa pendiente y de la cual deberá pronunciarse en un futuro no muy lejano y que a raíz de los hechos que he relatado lo obligará a inhabilitarse.
Por último, las poco pertinentes expresiones, de ser efectivas, colocan en entredicho incluso el artículo 19, número 14, de la Constitución Política del Estado, en cuanto al derecho a petición que posee todo ciudadano. Más aún, resulta inadmisible que se busque criminalizar no sólo a la ciudadanía, sino también a quienes la representan en virtud de los controles que la propia Constitución establece dentro de un Estado democrático.
Por todo lo anterior, solicito que se envíe copia mi intervención al presidente de la Corte Suprema, señor Marcos Libedinsky.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Fernando Meza , Roberto Delmastro y Alejandro Navarro .
"
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