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- rdf:value = " RÉPLICA A OBJECIONES DE DIPUTADO A GESTIÓN DE ALCALDE DE SAN PEDRO DE LA PAZ.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Víctor Jeame Barrueto .
El señor JEAME BARRUETO .-
Señor Presidente , durante septiembre de 2002 y en las sesiones del jueves 6 y miércoles 12 de marzo del presente año, el diputado señor Andrés Egaña se ha permitido denunciar y solicitar, entre otros, la intervención de la contraloría regional del Biobío en relación a situaciones de gestión municipal de la comuna de San Pedro de la Paz, que, a su juicio, importarían, a lo menos, falta de transparencia.
En efecto, en su intervención de septiembre de 2002 se refirió al proceso de licitación pública del proyecto Mejoramiento de Barrios que se desarrolla en esa comuna, denominado "Construcción Casetas Sanitarias Lomas Coloradas", en el cual se habría dejado fuera de carrera -por decirlo de algún modo- a una de las empresas participantes, a saber, Empresa Icafal Ltda., la que, a su particular entender, habría presentado la mejor oferta y disponía de una mayor solidez financiera, consideraciones todas que -insisto- a su particular entender, demostraban la falta de transparencia en el mencionado proceso de licitación y adjudicación final de las obras.
Frente a esta ligera denuncia, hasta hoy nada ha dicho el diputado Egaña ni siquiera para reconocer su negligente error, porque, como se ha podido verificar, el cuestionado proceso de licitación, al decir de la propia contraloría Regional del Biobío, requerida por el diputado , y al contrario de lo aseverado en su momento por éste, se había desarrollado con sujeción estricta a los principios básicos que deben regir esos procesos: estricta sujeción a las bases de licitación y de respeto a la igualdad de los oferentes.
Traigo a colación este hecho -que no es tan importante como al que me voy a referir-, debido a que el diputado Egaña , después de conocer los resultados de la investigación de la contraloría, nada ha dicho al respecto. ¿Simple olvido? ¿Falta de información? ¿Desconocimiento de la verdad?
La opinión pública, cada vez con más fuerza, nos está exigiendo e interpelando para que incorporemos mayor seriedad y responsabilidad en nuestro quehacer, particularmente en el desenvolvimiento de nuestra función fiscalizadora. Y esta exigencia no sólo es válida para un sector político de la Cámara de Diputados, sino para todos: militantes de la Concertación de Partidos por la Democracia, de la Alianza por Chile e independientes, y, desde luego, esto vale con mayor énfasis al diputado Egaña .
Señalo esto porque lo mínimo que podría hacer el diputado Egaña , con la misma publicidad, para reparar el daño provocado, es reconocer su error y dar explicaciones, porque quedó demostrado que su denuncia era equivocada. Eso le daría más dignidad y decencia a nuestras acciones.
Lo anterior -como señalé inicialmente- no ha sido la única embestida política del diputado Egaña en contra de la gestión municipal del edil de San Pedro de la Paz, especialmente dirigida en contra del principal artífice de esa exitosa gestión edilicia, como es el alcalde Jaime Soto Figueroa . Y digo que no ha sido la única porque, nuevamente, durante las sesiones del 6 y 12 de marzo del presente año, las ha emprendido para denunciar ahora -y pongamos atención a las calificaciones y formas verbales utilizadas por él- lo que ha llamado "la venta irregular de terrenos municipales para construcción de equipamiento por parte de la misma municipalidad".
El diputado Egaña , entre otras aseveraciones, ha dicho que la mencionada venta ha causado gran daño patrimonial a la municipalidad de San Pedro de la Paz, porque habría enormes diferencias en su valor final y el valor de mercado de los terrenos; que la venta en cuestión sería oscura y que, aun cuando su ánimo no es perjudicar al alcalde Soto , a quien conoce desde hace muchos años pero que debido a su condición de fiscalizador, sobre todo ahora en que el país exige transparencia respecto de los actos que realizan las instituciones, ha solicitado oficiar a la Contraloría General de la República con el objeto de que realice una investigación sobre esa venta.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al diputado Egaña que los legisladores, especialmente, si nos preciamos de tales, si realmente creemos en nuestra función y nos sentimos depositarios del mandato democrático de quienes nos han elegido, no sólo debemos sino que tenemos que conocer, en este caso la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.
¿Qué nos dice dicha ley? Que las condiciones o requisitos copulativos que deben concurrir en una venta de un inmueble municipal son los siguientes:
1º El artículo 65, letra e), dispone que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para, entre otros, enajenar bienes inmuebles municipales.
2º El artículo 34 exige que los bienes inmuebles municipales sólo podrán ser enajenados en caso de necesidad o de utilidad manifiesta y que el procedimiento que se seguirá para la enajenación será el remate o licitación pública.
3° El mismo artículo 34 establece que el valor mínimo para el remate o licitación será el avalúo fiscal, el cual sólo podrá ser rebajado con acuerdo del concejo municipal.
Como en el caso de la venta cuestionada por el diputado Egaña se trata de un inmueble que el municipio de San Pedro de La Paz recibió a título de equipamiento municipal, esto es, una cesión hecha por el urbanizador, según lo dispone el artículo 70 de la ley General de Urbanismo y Construcciones, conforme a la misma norma se autoriza a la municipalidad para permutar o enajenar los terrenos recibidos para equipamiento con el objeto de instalar las obras correspondientes en una ubicación y espacios más adecuados.
Entonces, debemos revisar si las condiciones anotadas se dieron o no en el caso de la enajenación del inmueble de equipamiento municipal.
En efecto, en relación con el acuerdo del concejo municipal para proceder a la enajenación, éste fue unánime. Concurrió a dicho acuerdo el concejal de la UDI, del mismo partido del diputado Egaña , señor Mario Delannays , en cuatro oportunidades.
Los llamados a licitación pública fueron hechos a partir de 1998 y hasta el 2002, en cuatro ocasiones, todos publicados en diarios de mayor circulación y prestigio de la zona.
A consecuencia del último llamado a licitación, el terreno se vendió finalmente en más de diez millones de pesos por sobre el avalúo fiscal, cual es el mínimo que, como se ha dicho, exige la ley.
El diputado Egaña , tan partidario de la "ley del mercado", deberá saber, por una parte, que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público y, por ende, aunque lo pretenda en sus intervenciones, no son agentes inmobiliarios ni empresas de tal carácter. Pero es más, deberá también conocer las características topográficas del terreno vendido y su superficie, y no puede, sanamente, comparar el valor de un metro cuadrado de dicho terreno con otros del sector de una superficie de 300 o 400 metros cuadrados, planos o semiplanos, urbanizados, etcétera. No se pretenda, entonces, comparar papas con zanahorias.
En cuanto al precio de venta del terreno, habida consideración de las innumerables oportunidades en que la municipalidad llamó a licitación para obtener su enajenación, y no se presentaron interesados, sabrá el diputado que el precio de un bien es aquel que finalmente está dispuesto a pagar el mercado -o los oferentes- en un momento determinado y no aquel que espera obtener el vendedor.
Por último, la necesidad manifiesta del municipio para proceder a la venta del terreno de equipamiento fue calificada por el propio concejo municipal, teniendo en vista a su vez la necesidad de allegar recursos para construir obras de equipamiento en la comuna, las que, de hecho, se están realizando.
Todo lo anteriormente relatado ha sido verificado en estos días por la contraloría regional del Biobío y espero, sinceramente, que el diputado Egaña , en su debido momento, con la misma fuerza y valentía, se refiera en esta Cámara al informe final de dicho órgano contralor.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al diputado Egaña que tampoco comparto lo que expresó en esta Sala el 6 de marzo, cuando, en relación con su denuncia pidió oficiar sobre el tema a la Contraloría General de la República, en su condición de fiscalizador y, sobre todo, porque hoy el país exige transparencia respecto de los actos que realizan las instituciones.
Y no lo comparto porque el país no sólo hoy exige transparencia en el quehacer de sus instituciones y autoridades, también la exigió en el pasado, aunque nunca hubo condiciones para ejercerla en la época de la dictadura militar, de la cual él fue partidario. La transparencia es un valor que conlleva la democracia; pero no podemos aceptar que, aprovechando el momento difícil y particular por el que estamos pasando, se aplique el criterio de "a río revuelto, ..." o de "disparar a la bandada" porque algo puede caer. Eso es absoluta irresponsabilidad.
A propósito de las motivaciones y especial preocupación que ha mostrado el honorable diputado Egaña para tratar de enlodar la gestión exitosa y reconocida públicamente que durante ya dos períodos ha llevado adelante mi amigo, el alcalde Jaime Soto , uno se pregunta: ¿Cuál es el objetivo que se persigue? ¿Qué les preocupa?
He dicho.
"