REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA Sesión 6ª, en jueves 17 de junio de 2004 (Ordinaria, de 10.40 a 13.25 horas) Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo, Leal Labrin, don Antonio, y Hales Dib, don Patricio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia9 II.Apertura de la sesión13 III.Actas13 IV.Cuenta13 Archivo de proyectos13 Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala13 V.Orden del Día. Acuerdo entre Chile e India sobre exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales. Primer trámite constitucional. Oficio13 Eliminación de prohibición de ejercicio laboral en medios televisivos por auto de procesamiento. Primer trámite constitucional17 VI.Proyectos de acuerdo. Información sobre experiencias internacionales de programas de emisión transables. (Votación)34 Perfeccionamiento del plan “Comuna Segura, Compromiso Cien”34 Medidas para amortiguar el impacto del alza en el precio de los combustibles36 VII.Incidentes. Homenaje a la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros Lorenzo Arenas. Oficios37 Irregularidades en cambios de inscripciones electorales. Oficios40 Elevación de categoría del hospital de Diego de Almagro. Oficios41 Problemas que afectan a vecinos de la localidad de Conumo, provincia de Arauco. Oficios42 Relación de la planta del personal del Servicio de Salud de Arauco. Oficio43 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que no hará uso de la facultad establecida en el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral. (Boletín N° 341706)44 2.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha dado su aprobación, con modificaciones, al proyecto sobre regulación del arbitraje comercial internacional. (Boletín N° 325210)44 Pág. 3.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que otorga un bono extraordinario y beneficios previsionales, y que modifica el decreto ley N° 869, de 1975, y la ley N° 19.454 (Boletín N° 354905)45 4.Segundo Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley Nº 3.500, de 1980, sobre cobranza judicial de imposiciones morosas. (Boletín N° 336913)46 5.Informe de la Comisión Especial Encargada de Proponer Medidas Legales y/o Administrativas a favor de los Cuerpos de Bomberos de Chile recaído en el proyecto que exige contar con licencia clase “F” para conducir vehículos de emergencia bomberiles. (Boletín N° 355615)61 Proyectos de ley de origen en moción: 6.Del diputado señor Errázuriz, que obliga al acreedor al pago de las costas de la tercería, sobre la que ha recaído sentencia favorable, interpuesta por embargo de bienes que no son de propiedad del deudor. (Boletín N° 356307)64 7.De los diputados señores Mulet, Leal, Robles y Vilches, que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Copiapó en memoria de Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, Obispo Emérito de Copiapó. (Boletín N°356404)64 8.De las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra y Tohá, doña Carolina, y de los diputados señores Espinoza, Bustos, Accorsi, Aguiló, Araya, Escalona, Meza y Walker, que obliga a los funcionarios públicos a denunciar conductas delictivas y faltas a la probidad administrativa. (Boletín N° 356507)67 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicación: Del diputado señor Palma, por la cual solicita autorización de la Sala para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días, a contar del 19 de junio próximo, para dirigirse a Australia e Israel. 2.Oficios: De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, por el cual solicita autorización de la Sala en orden a disponer el archivo de las siguientes mociones, por haber transcurrido el plazo de dos años sin que exista un pronunciamiento: a.De los diputados señores Navarro y Girardi sobre uso público de playas y riberas de mar, lagos y ríos, contenido en el boletín 141412. b.De los ex diputados Urrutia y Valcarce que establece normas de protección del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico nacional, contenido en el boletín 180512. De la Comisión Investigadora de Presuntas Irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Los Andes, por el cual comunica que procedió a constituirse el día de ayer, eligiendo como su Presidente al diputado señor José Antonio Galilea Vidaurre. De la Comisión Investigadora de Presuntas Irregularidades en El Servicio Nacional de Aduanas de la Ciudad de Los Andes, por el cual solicita autorización de la Sala, en orden a que se le autorice a sesionar ordinariamente los días jueves de cada semana, de 11.00 a 12.30 horas, toda vez que su funcionamiento resultaría prácticamente imposible en otras oportunidades, atendido el recargado calendario legislativo de sus integrantes y del escaso plazo de 30 días que le fijara la Corporación para evacuar su informe. De la Comisión Especial de Droga, por el cual comunica que ha procedido a designar como su Presidente al diputado señor Edgardo Riveros Marín. Contraloría General de la República Señor Ramón Pérez, proceso de postulación y aceptación de favorecidos en programa de fomento a la microempresa en el proceso de modernización de Emporchi. Ministerio del Interior Señor Masferrer, mejoras viales en la carretera de La Fruta. Señor Correa, medidas para combatir la cesantía en la provincia de Curicó. Señora Cubillos, postulaciones a pensiones asistenciales. Señor Kuschel, estadística sobre delitos de abigeato. Señor ÁlvarezSalamanca, informe sobre inversión en oficinas comerciales en el extranjero. Señor Errázuriz, financiamiento para restauración de Iglesia de San Francisco de San Fernando. Señor Correa, construcción de un complejo deportivo, comuna de Licantén. Señor Bayo, asignación de proyectos concursables a través de Chiledeportes, en la Región de la Araucanía. Señor Vilches, implementación del plan cuadrante para la ciudad de Copiapó. Señora Sepúlveda, financiamiento de planta de tratamiento de aguas servidas en Santa Inés, comuna de Las Cabras. Señor Juan Pablo Letelier, obras para asegurar agua potable a localidades de la Sexta Región. Señor Ortiz, problema de seguridad ciudadana que afecta al sector Barrio Norte de la ciudad de Concepción. Señor Jaramillo, programas de empleo en la ciudad de La Unión. Señor González, ampliación de límites de comuna de Concón. Señor Correa, traspaso presupuestario para ejecutar el proyecto de soluciones sanitarias La Copa El Llano, comuna de Rauco. Señora Cubillos, postulaciones a pensiones asistenciales. Señor Rojas, construcción de mini centrales hidráulicas en localidades de la Segunda Región. Ministerio de Relaciones Exteriores Respuesta a proyecto de acuerdo 397, graves violaciones de derechos humanos cometidas en Guantánamo. Ministerio de Economía Señor Hernández, crisis energética derivada del corte de los suministros de gas provenientes de Argentina. Señor Navarro, devolución de aranceles pagados de universidades privadas. Señor Muñoz, abastecimiento de gas en la Región de Magallanes. Señor Meza, reasignación de recursos de capacitación. Ministerio de Hacienda Respuesta a proyecto de acuerdo 324, proyecto de ley sobre condonación de contribuciones adeudadas. Señor Rojas, deuda de los clubes de fútbol de primera y segunda división. Señor Navarro, situación de voluntario de la Cuarta Compañía de Bomberos de Los Angeles. Señor Saffirio, cobro de comisiones que efectúan las instituciones financieras. Ministerio de Educación Respuesta a proyecto de acuerdo 249, prórroga de plazo para reprogramación de créditos universitarios. Respuesta a proyecto de acuerdo 329, creación de programa para movilización de estudiantes de establecimientos educacionales rurales. Ministerio de Defensa Nacional Respuesta a proyecto de acuerdo 365C, antecedentes sobre nuevas descargas de aguas servidas en playas de Valparaíso. Señor Delmastro, regulación de horario de transbordadores que funcionan entre Niebla y Corral. Señor Valenzuela, fiscalización de tránsito en la antigua carretera de Rancagua. Señor Muñoz, medidas de prevención y represión del abigeato en la Duodécima Región. Señora Cubillos, número de funcionarios asignados en calidad de punto fijo en la comuna de Ñuñoa. Señora Cubillos, número de funcionarios asignados en calidad de punto fijo en la comuna de Providencia. Señor Monckeberg, aumento de dotación del retén de Monte Águila. Señor Aguiló, maniobras de helicóptero del Ejército en cementerio de Talca. Señor Monckeberg, medidas de seguridad ciudadana en Quillón. Ministerio de Obras Públicas Señor Quintana, inversiones para la estación de Victoria y tren de acercamiento para el tramo VictoriaTemuco. Señor Navarro, entrega en comodato de estación de Ferrocarriles de Penco. Señor Kuschel, mejoramientos viales, X Región. Señor Kuschel, mejoramientos viales, comuna de Calbuco. Señora Cristi, situación de obras del Sistema Américo Vespucio Sur. Señor Correa, proyectos de vialidad urbana para ciudad de Curicó. Señor Correa, estado de proyectos de viales, VII Región. Señor Jaramillo, avances en obras en el distrito 54. Señor Quintana, construcción de nuevo puente sobre el río Cautín. Señor Escalona, instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas en la comuna de Lota. Señor Muñoz, programas de obras públicas en región de Magallanes. Señor Molina, presuntas irregularidades en la construcción del liceo Federico Lohse, comuna de los Vilos. Ministerio de Agricultura Señor Ceroni, endeudamiento agricultores de Pelluhue y Chanco. Señor Saffirio, situación que afecta a pequeños agricultores comunas Padre Las Casas y Nueva Imperial. Señor Hernández, retención de IVA a mataderos y otros en la venta de carne. Ministerio del Trabajo y Previsión Social Señor Navarro, fiscalización de las condiciones laborales en empresas contratistas de brigadistas forestales. Señor Ramón Pérez, accidente laboral en empresa Explonor S.A. Señor Tapia, programas de empleo de emergencia. Señor García, gastos ocasionados con motivo entrega títulos Villa Todos Los Santos, Villarrica. Ministerio de Salud Señor Cornejo, normas sobre consumo de pescados y mariscos crudos. Señor Jaramillo, adquisición máquina diálisis Hospital la Unión. Señor Molina, situación de médico pediatra en Hospital de Illapel. Señor Muñoz, construcción del nuevo Hospital Regional de Punta Arenas. Ministerio de Minería Señor GarcíaHuidobro, incumplimiento normativa interna de Codelco. Ministerio de Vivienda y Urbanismo Respuesta a proyecto de acuerdo 394, prórroga plazo del decreto N° 176, de Vivienda, e incluir soluciones similares a otros beneficiarios dueños de departamentos. Señor Navarro, cesión de terreno de la Octava Región en comodato precario. Señora Cristi, situación de obras del Sistema Américo Vespucio Sur. Señor GarcíaHuidobro, instalación de medidores de agua potable. Señor Ramón Pérez, empresas contratadas por el SERVIU en la I Región. Señor Rossi, situación que afecta a propietarios de viviendas sociales ubicadas en Alto Hospicio. Señor Ramón Pérez, creación del parque industrial en la comuna de Alto Hospicio. Señor José Antonio Galilea, pavimentación calle Tacna, comuna de Curacautín. Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones Señor Ojeda, informe sobre tarifas telefónicas. Ministerio Secretaría General de la Presidencia Respuesta a proyecto de acuerdo 360, medidas para seguimiento y fiscalización del cumplimiento del acuerdo firmado con el señor Douglas Tompkins. Respuesta a proyecto de acuerdo 361, medidas para la creación del Parque Pumalín. Respuesta a proyecto de acuerdo 401, gratuidad del consumo de agua potable para los Cuerpos de Bomberos. Respuesta a proyecto de acuerdo 416, proyecto de ley que instituya el Consejo de Diálogo Social en Chile. Señor Sánchez, situación vertedero sector El Salto entre Puerto Aisén y Chacabuco. Ministerio de Planificación y Cooperación Señor Navarro, adquisición de equipo de rayos x para hospital de Santa Juana, Octava Región. Señor Hernández, proyectos destinados a desarrollar la jornada escolar completa. Señor Ojeda, declaración de áreas de desarrollo indígena de la comuna de San Juan de la Costa y de Quilacahuín. Ministerio Servicio Nacional de la Mujer Señora Cristi, congreso internacional de la familia. Ministerio de la Cultura y las Artes Señor Hidalgo, métodos y criterios para designar a Quillota como capital cultural. Intendencia de la IV Región Señor Molina, proyecto sobre dotación de agua potable en Cuestecita, comuna de Monte Patria, Cuarta Región. Intendencia de la VI Región Señora Sepúlveda, construcción de un gimnasio techado en la localidad de Zúñiga. Municipalidad de Puerto Montt Señor Kuschel, mejoramientos viales ciudad de Puerto Montt. Municipalidad de Canela Señor Bertolino, sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal. Municipalidad de Concepción Señor Navarro, proyecto construcción monumento Toqui Lautaro. Municipalidades de Renca y Los Alamos Señor Navarro, profesores de religión de iglesias protestantes. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (87) --Accorsi Opazo, Enrique --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Araya Guerrero, Pedro --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Bayo Veloso, Francisco --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Hidalgo González, Carlos --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Ibáñez Soto, Carmen --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Meza Moncada, Fernando --Molina Sanhueza, Darío --Monckeberg Díaz, Nicolás --Mora Longa, Waldo --Muñoz Aburto, Pedro --Navarro Brain, Alejandro --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pérez Arriagada, José --Pérez Opazo, Ramón --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Salaberry Soto, Felipe --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Seguel Molina, Rodolfo --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, Alfonso --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional no estuvo presente la diputada señora Isabel Allende. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor LORENZINI (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LORENZINI (Presidente).- El acta de la sesión 90ª de la 350ª legislatura extraordinaria, se declara aprobada. El acta de la sesión 1ª de la 351ª legislatura ordinaria, queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LORENZINI (Presidente).- Se va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. ARCHIVO DE PROYECTOS. El señor LORENZINI (Presidente).- La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente solicita disponer el archivo de las siguiente mociones, por haber transcurrido dos años sin que exista pronunciamiento: a)De los diputados señores Navarro y Girardi, sobre uso público de playas y riberas de mar, lagos y ríos, y b)De los ahora ex diputados señores Urrutia y Valcarce, que establece normas de protección del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico nacional. ¿Habría acuerdo? Acordado. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor LORENZINI (Presidente).- La Comisión investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas de Los Andes solicita autorización para sesionar ordinariamente los jueves de cada semana, de 11 a 12.30 horas, toda vez que resultaría prácticamente imposible hacerlo en otras oportunidades, atendido el recargado calendario legislativo de sus integrantes y el escaso plazo, treinta días, que le fijara la Corporación para evacuar su informe. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA ACUERDO ENTRE CHILE E INDIA SOBRE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES. Primer trámite constitucional. Oficio. El señor LORENZINI (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer el proyecto de acuerdo, originado en mensaje y en primer trámite constitucional, que aprueba el acuerdo entre los gobiernos de la República de Chile y de la República de India sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito en Nueva Delhi el 24 de abril de 2003. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Waldo Mora. Antecedentes: Mensaje, boletín Nº 350310, sesión 77ª, en 21 de abril de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 86ª, en 13 de mayo de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor LORENZINI (Presidente).- El diputado señor Carlos Abel Jarpa rendirá el informe en reemplazo del diputado señor Mora. Tiene la palabra su señoría. El señor JARPA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, aprobatorio del tratado celebrado entre la República de Chile y la República de India para eximir del requisito de visa a los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito en Nueva Delhi, el 24 de abril de 2003, entre el ministro de Relaciones Exteriores de la República de India, señor Shri Yashwant Sinha, y la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, señora Soledad Alvear. Este acuerdo aprobatorio tiene por objeto fortalecer las relaciones bilaterales entre Chile y la India y, especialmente, facilitar el ingreso al territorio del país de nacionales del Estado contraparte sin necesidad de visado de sus pasaportes, cuando estos documentos de identificación internacional tienen la calidad de diplomáticos, oficiales, especiales o de servicio. De acuerdo con la reglamentación vigente, establecida por el decreto supremo Nº 428, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro país sólo otorga pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales. En el plano interno, estos acuerdos internacionales consagran excepciones especiales a la legislación de extranjería vigente en Chile, contenida en el decreto ley Nº 1094, de 1975, y en el decreto supremo Nº 597, de 1984, del Ministerio del Interior, que exige la visación de los pasaportes como requisito para que los extranjeros puedan ingresar en el territorio nacional. Cabe hacer notar que, en los últimos años, Chile ha suscrito acuerdos internacionales, con estos mismos propósitos, con Bulgaria, Croacia, Costa Rica, El Salvador, Eslovenia, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel, Nicaragua, Polonia, Reino de Tailandia, República Dominicana, República Helénica y Turquía. Este proyecto aprobatorio cobra especial importancia en estos días, en que los gobiernos de Chile y de India se encuentran en negociaciones que debieran concluir con la firma de un tratado de libre comercio, que esperamos sea aprobado con prontitud, dada la próxima celebración de la reunión de la Apec. Por los motivos anteriormente expuestos, la Comisión de Relaciones Exteriores decidió, por unanimidad, recomendar a la honorable Cámara que preste su aprobación a este proyecto de acuerdo, para lo cual propone adoptar su artículo único, con modificaciones formales de menor entidad que se salvan en el correspondiente texto sustitutivo. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, quiero expresar que vamos a aprobar este proyecto de acuerdo, como lo hicieron los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque está en el camino de la globalización. Las evaluaciones del acuerdo con la Unión Europea, que comenzó a regir el 1º de febrero del año pasado; del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, cuya vigencia empezó a contar del 1º de enero de este año, y del tratado de libre comercio con Corea, que rige desde el 1º de abril de este año, como asimismo los acuerdos suscritos anteriormente con Canadá y otros países, han dado resultados desde el punto de vista del intercambio político y, especialmente, comercial. Este proyecto de acuerdo favorece a las comisiones negociadoras, tanto del sector público como del privado, respecto del tema de la visa, sobre todo hoy, cuando se iniciaron las conversaciones bilaterales para hacer posible un tratado de libre comercio con la India. Asimismo, en abril de este año comenzó oficialmente el proceso para suscribir un tratado de libre comercio con China. También, hace algunos días, el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, encabezado por el colega Francisco Bayo, se entrevistó con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para expresarle que miraría con muy buenos ojos que se avanzara oficialmente en un acuerdo con Japón. Estamos en el camino que nos corresponde como legisladores, más aun ahora, en que no menos de diez países han aprobado proyectos de acuerdo sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales. Por eso, anuncio que el voto de mi bancada será a favor del proyecto de acuerdo. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, comparto este proyecto de acuerdo sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito entre Chile e India. Al mismo tiempo, propongo que dicha exención se amplíe a todos los conciudadanos. El proyecto es positivo en cuanto incentiva la relación bilateral entre Chile y la India, y afecta directamente los escenarios en que ambos países se vinculan, lo que hará más expeditos los procedimientos de ingreso y de salida de los representantes con pasaportes diplomáticos y oficiales. Todas estas iniciativas favorecen el intercambio y la integración en un mundo globalizado. Vamos por el camino correcto. ¡Cómo quisiera que fuéramos más rápido! Esperamos que haya un cambio a partir del 2005. En representación de la Unión Demócrata Independiente, anuncio mi voto favorable para el proyecto. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Francisco Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, anuncio los votos favorables de la bancada de Renovación Nacional para este proyecto, que es de gran importancia, especialmente por dos factores. En primer lugar se ha mencionado, porque se han iniciado negociaciones bilaterales que deberían concluir con la firma de un tratado de libre comercio. En segundo lugar, porque facilita el traslado de los negociadores entre ambos países. Debo resaltar que nos referimos al segundo país más grande del mundo. Además como dijo el diputado señor Ortiz, si se considera que las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio con Japón están avanzadas, no hay ninguna duda de que nosotros, al incrementar nuestras relaciones hacia el oriente, estamos mirando hacia el futuro. Por esa razón, con mucho gusto anuncio los votos favorables de la bancada de Renovación Nacional a este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Si le parece a la Sala, procederemos a dar por aprobado el proyecto de acuerdo. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Entonces, se votará al término del Orden del Día. Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, quiero insistir en el planteamiento del diputado Juan Masferrer. Cuando uno se pregunta por qué el Gobierno se ha jugado por establecer relaciones más cercanas con países en creciente desarrollo, como la India, llega necesariamente a la conclusión de que la razón, básicamente, está en las oportunidades que brindan las relaciones comerciales bilaterales. En esa perspectiva, entiendo la propuesta del diputado Masferrer y debiéramos considerarla con más detenimiento. Si le parece a la Sala, propongo que solicitemos a la Cancillería, con mucho respeto, que estudie la posibilidad de que la exención de visa no sólo se aplique al mundo oficial, diplomático, sino que se haga extensiva a otros sectores. Estamos pensando en la facilidad de hacer comercio, y, en verdad, los diplomáticos y el mundo oficial no se dedican al comercio. Quienes constituyen el verdadero soporte del desarrollo económico del país son, fundamentalmente, los agentes privados. En ese sentido se inserta el comentario del diputado Masferrer. Por eso considero que debemos examinar las posibilidades de extender el beneficio de exención de visa a quienes nos pueden ofrecer verdaderas oportunidades de desarrollo del comercio, como son los sectores privados de ambos países, que viajarán de Chile a la India y viceversa. Reitero mi propuesta en el sentido de que la Cámara de Diputados sugiera a la Cancillería que avancemos en esos términos, de modo de cumplir de mejor manera nuestros objetivos. Pongo énfasis en ella porque, definitivamente, el país aspira a que la globalización se convierta en oportunidades de desarrollo y no en inconvenientes. Mi propuesta, claramente, cruza el arco político. Muchas veces he escuchado al senador Flores referirse a las oportunidades de desarrollo sobre la base de la globalización, opinión con la cual concuerdo. Por eso, insisto en que hagamos ese planteamiento a la Cancillería con la finalidad de que se examine la posibilidad de otorgar facilidades a nuestros agentes productivos, de manera que puedan desarrollar eficientemente sus altas funciones. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Señor diputado, se enviará, en su nombre, un oficio a la Cancillería en los términos planteados. Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, no sé si habré sido poco explícito en el informe, pero aclaro que en los pasaportes oficiales están insertas las misiones especiales. Lo he señalado en mi intervención. Ello tiene especial importancia justamente en estos tiempos, en que los gobiernos de India y de Chile están en conversaciones para la firma de un tratado de libre comercio. Efectivamente tal como señala el diputado Jorge Ulloa, quienes van en estas misiones, tanto del sector público como privado, tendrán la posibilidad de ingresar en India sin la necesidad de contar con visa, tal como lo podrán hacer los ciudadanos indios para ingresar a nuestro país. He dicho. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos. El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar el proyecto que aprueba el acuerdo entre los gobiernos de la República de Chile y de la República de India sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito en Nueva Delhi el 24 de abril de 2003. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Leal, Leay, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Mora, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Prieto, Quintana, Recondo, Robles, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Sánchez, Seguel, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. ELIMINACIÓN DE PROHIBICIÓN DE EJERCICIO LABORAL EN MEDIOS TELEVISIVOS POR AUTO DE PROCESAMIENTO. Primer trámite constitucional. El señor LORENZINI (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, primer trámite constitucional, que hace que el auto de procesamiento no sea obstáculo para ejercer como presidente, director, gerente, administrador o representante legal de personas jurídicas titulares de servicios de radiodifusión televisiva. Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es la señora Laura Soto. Antecedentes: Moción, boletín Nº 345107, sesión 47ª, en 21 de enero de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 5. Informe de la Comisión de Constitución, sesión 87ª, en 18 de mayo de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 4. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de la referencia, originado en una moción de la diputada señora Laura Soto González y de los diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes y Aníbal Pérez Lobos. Este proyecto de ley fue estudiado, discutido y votado en la Comisión, en tabla de Fácil Despacho. Constancias reglamentarias previas. La idea matriz o fundamental del proyecto es, por un lado, eliminar la actual prohibición establecida en la ley para ejercer como presidente, director, gerente, administrador o representante legal de personas jurídicas titulares de una concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción, a aquellas personas que se encuentren procesadas es decir, respecto de quienes se ha dictado un auto de procesamiento en su contra, y, por otro, suprimir el efecto que produce dicha resolución de suspender de su cargo a quien lo esté ejerciendo, mientras ésa se mantenga. No hay normas de carácter orgánico constitucional. Tampoco normas de quórum calificado. El proyecto no requiere trámite de Comisión de Hacienda, y fue aprobado, en general, por unanimidad. Fundamentos de la moción. La moción hace presente que, en la actualidad, el artículo 18 de la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, establece como prohibición para ejercer el cargo de presidente, director, administrador, gerente o representante legal de un servicio de radiodifusión televisiva, el hecho de estar procesado, y suspende al afectado, de inmediato y por el tiempo que se mantenga el auto de procesamiento, de toda función o actividad relativa a la concesión. Se señala que el auto de procesamiento es una resolución que, por su naturaleza, es esencialmente transitoria y revocable, y que los efectos que produce dicen relación, fundamentalmente, con medidas que tienen por objeto asegurar la comparecencia al juicio, es decir, intraproceso. Sin embargo, la prohibición que establece la norma que se propone modificar produce consecuencias que son externas a él, como privar del ejercicio de una actividad lícita. Se agrega que tan nefastos son los efectos que tal resolución auto de procesamiento produce en el afectado, que el nuevo proceso penal no la contempla, y que en unos años más será historia y considerada como una cuestión, a lo mejor, absolutamente aberrante. A mayor abundamiento, se argumenta que la ley Nº 19.806, que dispuso normas adecuatorias del sistema penal chileno, eliminó los efectos del auto de procesamiento en numerosos casos. Finalmente, señala que, sin lugar a dudas, los efectos del auto de procesamiento, fuera del juicio, constituyen, en las personas señaladas, medidas desproporcionadas. Normas legales que se propone modificar. El proyecto propone introducir modificaciones a dos cuerpos normativos, a saber: la ley Nº 19.733, sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo, y la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión. La ley Nº 19.733, publicada en el Diario Oficial de 4 de junio de 2001 y cuya última modificación fue introducida en el año 2002, está estructurada con base en cinco títulos que contienen cuarenta y ocho artículos permanentes. Su artículo 1º, reiterando lo dispuesto en el artículo 19, Nº 12º, de la Constitución Política, establece que “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley”. A continuación, dicha ley entre otros aspectos define cuáles son los medios de comunicación social; reconoce y explicita el principio del pluralismo; regula el ejercicio del periodismo; establece normas referidas a las formalidades que se deben cumplir para el funcionamiento de los medios de comunicación social propiedad, concesiones, inicio de actividades, menciones en las publicaciones o transmisiones; regula el derecho de aclaración y rectificación, y, finalmente, establece las infracciones y las conductas constitutivas de delito vinculadas al ejercicio de la libertad de información y opinión, las responsabilidades correspondientes y el procedimiento respectivo. La ley Nº 18.838, de 1989, cuya última modificación fue introducida en el año 2003, crea el Consejo Nacional de Televisión, en cumplimiento del artículo 19, Nº 12º, de la Constitución Política, como un servicio público autónomo, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través de la Secretaría General de Gobierno. Esta ley regula, entre otras materias, la organización, competencia, funciones, funcionamiento y patrimonio de dicho organismo; las concesiones de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y el procedimiento para otorgarlas, y las sanciones aplicables por las infracciones a las normas de esta ley o a las que dicte el Consejo en uso de sus facultades legales. En lo pertinente, el artículo 18 de esta ley disposición que se propone modificar por el proyecto de ley en estudio dispone que sólo podrán ser titulares de una concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción o hacer uso de ella, a cualquier título, personas jurídicas de derecho público o privado, constituidas en Chile y con domicilio en el país. A continuación, establece que los presidentes, directores, gerentes, administradores y representantes legales de dichas entidades deberán ser chilenos y no estar procesados o haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva. El inciso segundo agrega que el auto de procesamiento suspenderá al afectado, de inmediato y por todo el tiempo que se mantenga, en toda función o actividad relativa a la concesión. Ideas matrices o fundamentales. El proyecto de ley tiene por objeto, por un lado, eliminar la actual prohibición establecida en la ley para ejercer como presidente, director, gerente, administrador o representante legal de personas jurídicas titulares de una concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción, respecto de aquellas personas que se encuentren procesadas es decir, de quienes se ha dictado un auto de procesamiento en su contra, y, por otro, suprimir el efecto que produce dicha resolución de suspender de su cargo a quien lo esté ejerciendo, mientras esta se mantenga. Para lograr dichos objetivos, el proyecto de ley está estructurado con base en tres artículos: El artículo 1º propone agregar un artículo final a la ley Nº 19.733, sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo, con la finalidad de que esa ley prime por sobre cualquier otra disposición relativa a la materia y se aplique en forma preferente. El artículo 2º propone eliminar, en el inciso primero del artículo 18 de la ley Nº 18.838, la frase “estar procesado o”, de tal manera que el hecho de estar procesado no sea impedimento para ejercer alguno de los cargos allí señalados. El artículo 3º propone derogar el inciso segundo del artículo 18 de la ley Nº 18.838, con la finalidad de eliminar, a su vez, el efecto suspensivo que produce el auto de procesamiento en el afectado para efectos de continuar ejerciendo una función o actividad relativa a la concesión de un servicio de radiodifusión televisiva. Discusión general. Los diputados autores de la moción, junto con los demás miembros de la Comisión, hicieron presente que el objetivo principal radica en preservar la libertad de información y opinión. En efecto, se señaló que dentro de los derechos esenciales del individuo, que ampara el ordenamiento constitucional, éste tiene una alta jerarquía, atendido que constituye una condición básica para el ejercicio de los demás derechos y libertades reconocidos en una sociedad democráticamente organizada, lo cual no excluye la responsabilidad que deben afrontar las personas que exteriorizan sus opiniones o difunden informaciones, aunque para ello se requiere que incurran en delitos o abusos previamente tipificados por la ley. Se hizo presente que lo anterior supone un proceso penal en que se compruebe la existencia del delito o abuso y la respectiva participación de una persona determinada, todo lo cual se manifiesta en una sentencia condenatoria dictada en un debido y justo proceso. Hubo consenso en estimar que mientras ello no ocurra y sólo exista un auto de procesamiento en contra de una persona que es sujeto de una investigación penal, no resulta pertinente que se le prive de ejercer otras libertades y derechos, como situación descrita en el proyecto de ley el derecho al trabajo. Ello, por cuanto el auto de procesamiento, que otorga la calidad de procesado a una persona respecto de la cual existen presunciones fundadas de que ha participado en un hecho debidamente acreditado y constitutivo de delito, no implica ni debe implicar, en caso alguno, un prejuzgamiento ni una condena anticipada, atendido que se trata de una resolución judicial eminentemente provisoria, que puede ser modificada en el curso de una investigación y, aun, dejada sin efecto si nuevos antecedentes hacen cambiar la apreciación que el juez ha tenido previamente de los hechos. A mayor abundamiento, se hizo hincapié en la circunstancia de que el nuevo proceso penal que rige en el país excepto en la Región Metropolitana, que responde a los principios básicos y garantías mínimas del sistema de enjuiciamiento criminal consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, no contempla el auto de procesamiento ni la calidad de procesado de una persona y no hay resolución alguna que pueda equipararse a ella en sus efectos. Entonces, no se estima lógico ni oportuno que una resolución de esa naturaleza prive de ejercer un cargo a quien está siendo objeto de una investigación procesal por un hecho que dice relación, precisamente, con el ejercicio de la libertad de información y opinión. La Comisión coincidió plenamente con los planteamientos, objetivos y fundamentos consignados en la moción, por lo cual procedió a aprobar por unanimidad la idea de legislar. Discusión particular. La Comisión llegó a los siguientes acuerdos: Artículo 1º. Tiene por objeto agregar un artículo final a la ley Nº 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, del siguiente tenor: “Esta ley primará por sobre cualquiera otra disposición relativa a la materia, debiendo aplicarse en forma preferente.”. Se estimó innecesario incorporar la disposición recién señalada, atendido el principio de la especialidad que rige en la aplicación de las normas jurídicas, por cuanto, tratándose de una materia que contemple esta ley en el caso en estudio, la ley Nº 19.733 debe primar su aplicación por sobre cualquier otra legislación general, salvo la existencia de una ley posterior que regule la misma materia y que sea contradictoria con la anterior, caso en el cual opera la derogación tácita de aquélla. Por las razones señaladas, se rechazó por unanimidad el artículo 1º propuesto en la moción. Artículos 2º y 3º. El artículo 2º propuesto por la iniciativa legal es del siguiente tenor: “Modifícase el inciso primero del artículo 18 de la ley Nº 18.838 eliminándose la frase “estar procesados o”.”. Tiene por objeto eliminar, en el artículo 18 de la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, la frase “estar procesados o”, con la finalidad de eliminar el impedimento para ejercer como presidente, director, gerente, administrador o representante legal de un medio de comunicación social de radiodifusión televisiva cuando se está procesado. El artículo 3º propuesto por la moción es del siguiente tenor: “Derógase el inciso segundo del artículo 18 de la ley Nº 18.838.” Tiene por objeto derogar el inciso segundo de dicha ley, con la finalidad de eliminar el efecto que produce el auto de procesamiento, consistente en la suspensión del ejercicio de los cargos que se han señalado mientras se mantenga la vigencia de dicha resolución. Se presentaron dos indicaciones: a)De las diputadas señoras Guzmán, doña Pía, y Soto, doña Laura, y de los diputados señores Araya, Burgos, Bustos, Ceroni y Monckeberg, para incorporar un inciso tercero, nuevo, en el artículo 18 de la ley Nº 18.838 pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto, del siguiente tenor: “No se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores cuando el procesamiento esté referido a hechos delictivos relacionados con el ejercicio de la libertad de información y opinión.”. Se destacó que dicha indicación debe entenderse circunscrita sólo para aquellos casos en que existan hechos delictivos que se realicen con ocasión y que estén relacionados exclusivamente con el ejercicio de la libertad de información, expresión y opinión. De manera que cuando se dicte un auto de procesamiento en contra de las personas señaladas en el artículo 18 de la referida ley presidente, director, gerente, administrador o representante legal de un medio de comunicación social de radiodifusión televisiva por su presunta participación en otros hechos punibles, como violación, homicidio, malversación de fondos u otros, continúa vigente y se hace aplicable lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18. Asimismo, se recalcó que dicha norma, al señalar que se refiere a hechos delictivos relacionados con el ejercicio de la libertad de información, cubre todos los procesos judiciales en que la legislación especial o penal tengan vinculación con el ejercicio de esa libertad. Algunos diputados estimaron pertinente que la norma propuesta en la indicación se incorporara como artículo final en la ley Nº 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo. Sin embargo, se concluyó que es más específico establecerlo en la ley Nº 18.838, por cuanto la intención es excluir de la aplicación de los efectos del auto de procesamiento a las personas indicadas y por los motivos ya señalados. Se discutió, también, si es pertinente que una persona que aún no ocupa un cargo, pero que se desea nombrar, pueda asumirlo si ya existe un auto de procesamiento en su contra. Se argumentó que una persona que pretenda ejercer un cargo de presidente, director, administrador, gerente o representante legal de un servicio de radiodifusión televisiva, debe cumplir con exigencias más rigurosas antes de su contratación, sobre todo si se trata de alguien que está siendo investigado por delitos relacionados con la libertad de información, que es precisamente una libertad que se debe tutelar como primera prioridad. Sin embargo, en contrario se señaló que, de acogerse una propuesta en tal sentido, se produciría la contradicción de que un individuo procesado podría continuar en el ejercicio de sus funciones en un medio, pero no podría ser contratado por otro medio de radiodifusión televisiva, circunstancia que no sería equitativa. b)De la diputada Soto, doña Laura, y de los diputados señores Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Ceroni y Luksic, para incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo, al artículo 18 de la ley Nº 18.838, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto: “Lo dispuesto en los incisos anteriores no tendrá aplicación cuando el procesamiento se refiera a delitos, cualquiera sea el precepto que los contemple, relacionado por su contenido legal con el ejercicio de la libertad de opinión e información.” A juicio de los diputados autores, esta indicación esclarece con mayor fuerza y deja expresamente establecido que cualquiera que sea el precepto o la disposición que contemple el delito por el cual una persona esté procesada, cuando su contenido legal esté relacionado con el ejercicio de la libertad de opinión e información, no se aplica lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18 de la ley Nº 18.838. Sometidas a votación las propuestas referidas, se aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra b). Por igual votación se rechazaron los artículos 2º y 3º propuestos por la moción y la indicación signada con la letra a). Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. De conformidad con lo establecido en el Nº 2 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de que no existen normas que revistan este carácter. Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda. De conformidad con lo establecido en el Nº 4 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de que no existen normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Artículos e indicaciones rechazados. La Comisión rechazó por unanimidad los siguientes artículos: “Artículo 1º.- Agrégase un artículo final a la ley Nº 19.733, del siguiente tenor: “Esta ley primará por sobre cualquiera otra disposición relativa a la materia, debiendo aplicarse en forma preferente.”.” “Artículo 2º.- Modifícase el inciso primero del artículo 18 de la ley Nº 18.838, eliminándose la frase “estar procesado o”.” “Artículo 3º. Derógase el inciso segundo del artículo 18 de la ley Nº 18.838.” La Comisión rechazó por unanimidad la siguiente indicación: “Incorpórase un inciso tercero nuevo, en el artículo 18 de la ley Nº 18.838, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto, del siguiente tenor: “No se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores cuando el procesamiento esté referido a hechos delictivos relacionados con el ejercicio de la libertad de información y de opinión.”.” Por las razones señaladas, la Comisión recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley: “Artículo Único. “Incorpórase, en el artículo 18 de la ley Nº 18.838, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto: “Lo dispuesto en los incisos anteriores no tendrá aplicación cuando el procesamiento se refiera a delitos, cualquiera sea el precepto que los contemple, relacionados por su contenido legal con el ejercicio de la libertad de opinión e información.”.” El proyecto fue tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes, en las sesiones del 5 y 12 de mayo de 2004, con la asistencia del diputado señor Juan Bustos, presidente; de las diputadas señoras María Pía Guzmán y Laura Soto, y de los diputados señores Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Jorge Burgos, Guillermo Ceroni y Nicolás Monckeberg. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Forni. El señor FORNI.- Señor Presidente, después de ser miembro de esta Cámara por poco más de dos años, he llegado al convencimiento de que vale la pena decir lo que se piensa, ya que no estamos en este hemiciclo para dejar contento a alguien o para hablar para los medios de comunicación. Por eso, es probable que lo que voy a decir no sea del agrado de muchos de los aquí presentes y, menos, de los medios de comunicación. No dudo de la buena intención de la diputada Soto y de los diputados Guillermo Ceroni y Aníbal Pérez; por el contrario, creo que han sido grandes amigos del destinatario de esta ley. Pero ésta es una sesión histórica y un escándalo jurídico. Pregunto a todos los diputados presentes, los emplazo y les doy una interrupción para que digan si hay más de una persona beneficiada por esta ley en proyecto. Si no hay nadie capaz de responderme, entonces habrá que cambiar el nombre de la iniciativa y denominarla “Proyecto de ley que beneficia a don Jaime de Aguirre”. Señor Presidente, en este momento están presentes en la Sala dos autores del proyecto y más de diez diputados, pero nadie me ha respondido si hay otro beneficiado por esta ley en tramitación que no sea el señor Jaime de Aguirre. No tengo nada en contra de ese señor; pero lo que estamos haciendo hoy es un escándalo, ya que estamos discutiendo una ley con nombre y apellido, que beneficia a una sola persona. Estamos en presencia de una causa pendiente. El artículo 73 de la Constitución prohíbe al Congreso Nacional avocarse causas pendientes. Sin embargo, estamos legislando para que un señor se beneficie por una modificación legal. Esto no ocurre en ninguna dictadura en el mundo. La iniciativa ha tenido una tramitación récord. En efecto, pese a su importancia, ha sido tramitada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia como un proyecto de fácil despacho. Ninguno de los diputados presentes levanta la cabeza. Quiero que quede plena constancia de que esto es un escándalo jurídico. Hace pocos días, algunos diputados hablaban de la inmoralidad de las leyes secretas. ¿Hay algo más inmoral que las leyes secretas? Por supuesto, las leyes con nombre y apellido. Este Gobierno pasará a la historia por ser el primero en que se aprobó una ley con nombre y apellido: la ley Jaime de Aguirre. No se beneficia a ningún otro chileno, porque si no, los autores del proyecto ya me habrían pedido una interrupción. En las intervenciones posteriores muchos van a decir que ésta es una injusticia, porque resulta que si esto le hubiera pasado al director de UCV Televisión, que está en Valparaíso, no habría sido sometido a proceso ni suspendido de su cargo. Sin embargo, en este Congreso Nacional hemos aprobado la existencia de dos sistemas penales distintos para chilenos que viven en distintas regiones. El señor que roba una gallina en la Quinta Región, ¿tendrá un tratamiento completamente distinto del que se da a quien se roba una gallina en la Región Metropolitana? El señor LEAL (Vicepresidente).- Señor diputado, el diputado Ceroni le está pidiendo una interrupción. El señor FORNI.- Señor Presidente, si me va a contestar exclusivamente a quién más beneficia esta ley, se la concedo. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni por la vía de la interrupción. El señor CERONI.- Señor Presidente, como el diputado Forni ha estado amenazando en toda su intervención con que le pidamos una interrupción, sólo quiero decirle que me voy a referir a sus insolencias cuando me toque intervenir. El señor LEAL (Vicepresidente).- Recupera la palabra el diputado Marcelo Forni. El señor FORNI.- Señor Presidente, con todo el respeto que merece el diputado Ceroni, debo decirle que no he hecho ninguna amenaza. Sólo he emplazado, como se suele hacer aquí, y dado la posibilidad de conceder una interrupción a los demás diputados a fin de que me digan a quién más beneficia esta ley en proyecto, y el diputado Ceroni no lo ha hecho, porque no tiene a nadie. Tendría que inventar a una persona que hoy esté procesada y que sea director de un medio de radiodifusión televisiva. Pero no hay nadie, excepto el señor Jaime de Aguirre. En consecuencia, el exabrupto del diputado Ceroni no corresponde. En su minuto tendrá la oportunidad de contestarme. Retomando el tema, debo hacer notar que la persona que roba una gallina en la Quinta Región recibe un tratamiento distinto de la que la roba en la Región Metropolitana. En esta última, ese pobre hombre tendrá que esperar hasta el 16 de junio del próximo año, cuando entre en vigencia el nuevo sistema procesal penal, para tener el mismo trato. En cambio, los poderosos no tienen problemas, porque cuentan con diputados amigos que pueden presentar proyectos para que la Cámara de Diputados los apruebe. Esto es extremadamente grave, porque todos los chilenos somos iguales ante la ley. Uno de los argumentos que se da para aprobar el proyecto consiste en que el auto de procesamiento es de naturaleza transitoria, y, por consiguiente, no podría afectar los derechos del director de televisión que está en su cargo. Sin embargo, la suspensión del cargo es tan transitoria como el auto de procesamiento, de manera que tan pronto se revoca el auto de procesamiento, se revoca la suspensión en el cargo. ¿Consideran legítima la prohibición que se contempla para asumir como director, representante o administrador de un medio de radiodifusión televisiva, en el caso de una persona que ha sido sometida a proceso por cualquier tipo de delito? ¿Hay alguien en este país que nombraría como director, representante o administrador de un medio de comunicación de esta naturaleza a quien ya ha sido procesado o condenado por un delito que merezca pena aflictiva? Entonces, si siguiéramos acotando el tema, advertiríamos que se quiere beneficiar a una sola persona. Por lo tanto, anuncio que presentaré una indicación para acotar el proyecto en el evento de que sea aprobado. Por eso, quiero que sea devuelto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pero, insisto, me parece que es tremendamente grave que la Cámara haya sido convocada el día de hoy para aprobar un proyecto que beneficia a un solo chileno, aunque cuente con todos los merecimientos como persona o profesionales. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no puedo sino rechazar categóricamente las expresiones vertidas por el diputado señor Forni. En primer lugar, habría aceptado todas sus argumentaciones si él cumpliera con su deber y obligación de asistir a las sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero no estuvo en la que se despachó este proyecto. En segundo lugar, no es verdad que el proyecto haya sido despachado en un plazo récord, pues lleva no menos de un par de meses en trámite. Es cosa de revisar cuándo ingresó a la Cámara para comprobar que no ha tenido ningún tratamiento especial. Me habría gustado que el diputado señor Forni hubiera vertido estas argumentaciones jurídicas tan relevantes en el seno de la Comisión para haber recogido sus opiniones y votado democráticamente. Él no cumplió con su rol, y es bueno que la ciudadanía lo sepa, porque son muchos los que, a veces, vienen a hablar para la televisión, pero no cumplen con la obligación de participar en la discusión de los proyectos. La iniciativa en debate nada tiene que ver con la persona que él menciona, el señor Jaime de Aguirre, sino con principios, con lo que implica el auto de procesamiento. En este caso, por el hecho de estar procesada lo que, desde el punto de vista procesal, no significa ninguna responsabilidad penal, ni que esté condenada o que le afecte alguna otra carga, estamos inhabilitando a una persona para ejercer una profesión o trabajo. Es decir, le estamos generando una carga mayor, incluso, con consecuencias más allá del proceso mismo. Eso no lo podemos aceptar. Esta situación podemos extenderla a muchas otras materias legislativas. Considero un profundo error que los autos de procesamiento limiten a las personas en el ejercicio de otros derechos. Ello es grave, porque su sentido es, precisamente, darles derecho a tener defensa y a conocer parte del proceso. En mi opinión, hay leyes que tienen consecuencias inadecuadas, como en este caso, en que se prohíbe a las personas procesadas ejercer el cargo de presidente, director o gerente de medios de información. Eso es lo que estamos eliminando, porque consideramos que lo relacionado con la libertad de opinión y de información es muy importante para nuestro país y para toda la sociedad. Lo hemos establecido así en este proyecto porque se trata de un valor que debemos proteger y por el cual debemos velar en forma particular. Es decir, no podemos utilizar la amenaza de una querella para inhibir a muchos periodistas de dar su opinión o de informar. Debemos eliminar tal prohibición en la normativa actual, a fin de terminar con una práctica casi de la Inquisición cuyo sentido es evitar la emisión de opiniones o la entrega de informaciones. Queremos libertad para opinar y para informar, pero hagámoslo perfeccionando la ley y eliminando el auto de procesamiento por el ejercicio de esos derechos. Además, estamos limitando y sancionando a la persona procesada, porque la dejamos sin acceder a un trabajo estable. Si finalmente no recibe ninguna condena, ¿quién la resarcirá del perjuicio ocasionado? Aquí hay un tema de principios, no una situación oportunista. Dado que los autores de la moción somos progresistas, como la diputada señora Laura Soto y quien habla, consideramos que se deben eliminar todos los obstáculos que atenten contra la libertad de opinión y de información. Ese es el sentido del proyecto. Las consecuencias jurídicas que ello pueda tener para un proceso determinado las verá el juez de la causa, aspecto sobre el cual no me pronuncio ni intervengo. Ese es el sentido del proyecto, y quiero dejar establecido su fundamento para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Ojalá el diputado señor Forni tenga un escarmiento y que de ahora en adelante esté presente en la Comisión de Constitución para dar estas maravillas de argumento. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, es una vergüenza que se pretenda cuestionar al diputado señor Forni, uno de los diputados que mayor número de proyectos ha presentado en la Cámara y quien cumple absolutamente sus tareas, tanto en la Comisión de Salud como en la de Constitución. Por lo tanto, la UDI le da no sólo su respaldo, sino su reconocimiento a uno de los mejores diputados que tienen esas Comisiones. El argumento del diputado señor Ceroni es no sólo inaceptable, sino también falso, y no contesta la pregunta del diputado señor Forni: a quién más beneficia este proyecto. Tampoco es aceptable el argumento de que después los jueces harán lo que quieran, porque, como parlamentarios, debemos preocuparnos de las consecuencias de nuestros actos. Este proyecto sólo beneficia a una persona, y, de hecho, así fue presentado en su momento. Recuerdo que cuando fue sometida a procesamiento, varios diputados anunciaron por los diarios que presentarían un proyecto para solucionar la situación de esa persona. Si bien ella reúne todos los méritos para ello, no deja de provocar vergüenza que se quiera legislar para solucionar el problema de una sola persona. Quiero recordar el enorme revuelo que se produjo cuando legislamos para solucionar el problema de un partido político. Ahora, estamos solucionando el de una sola persona. Por eso, la pregunta del diputado Forni permanece: digan qué otra persona se beneficiará directamente con este proyecto. Sólo hay una. Cualquier otro argumento no deja de ser una falacia, y, por eso, solicitamos que se otorgue más tiempo para discutir el tema. También resulta curioso que, en la Comisión, la iniciativa fuese vista en la tabla de fácil despacho, a pesar de las importantes consecuencias que importa para la libertad de expresión, según mencionó el diputado señor Ceroni. Digámoslo claramente: aquí se quiso hacer un ejercicio de popularidad para con un medio de comunicación cercano a gente del PPD, como lamentablemente lo hemos comprobado en los últimos meses. Con ese ejercicio de popularidad se pretende revestir de ciertas características, de defensa férrea, la libertad de expresión. No es así. Sólo se trata de un proyecto destinado a beneficiar a una persona. Por eso, hay que considerarlo en su mérito. Una vez más, expreso mi total respaldo y reconocimiento a uno de los mejores diputados de esta Cámara: el señor Marcelo Forni. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, duele escuchar las palabras del diputado señor Forni, por quien tengo el mayor respeto y afecto. Él siempre ha sido muy caballeroso y ha planteado sus ideas con altura de miras. Sin embargo, después de su intervención quedé abrumada, pues nos atribuye a los autores del proyecto intenciones perversas que no están en nuestro ánimo. Quiero señalar algo fundamental. El inciso segundo del número 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura la igualdad ante la ley al señalar que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”. Hace poco, un constitucionalista relevaba la existencia, en algunos casos, de diferencias arbitrarias. Tengo a la mano la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, que, en el número 3) de su artículo 35, establece con claridad que no podrán ser directores de una sociedad anónima “Las personas condenadas por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos,...”. ¿Acaso debemos considerar que los empresarios o quienes manejan las finanzas del país pertenecen a una casta superior? En este caso, la ley hace una discriminación arbitraria. Además, el diputado señor Ceroni señaló un aspecto fundamental: estamos previniendo situaciones, porque no podemos aceptar discriminación alguna. Esto es muy parecido a lo que ocurre en el tema de los derechos humanos cuando se pregunta cuántos son los afectados. Un solo detenido desaparecido amerita la condena del hecho. Por lo tanto, si se produce un solo caso, amerita que el legislador diga que no acepta ninguna discriminación arbitraria, y aquí la hay. El Ministerio Público eso lo sabe el diputado señor Forni ha eliminado el auto de procesamiento, que, como todos sabemos, en particular los abogados que tramitamos, es esencialmente provisorio, porque se funda en los primeros antecedentes que tiene el juez para indagar en la causa. Además, tiene un carácter intraproceso, porque a nadie se le puede prohibir trabajar, hablar o emitir una opinión por estar procesado. Casi en todo el país está rigiendo la reforma procesal penal, y ésta no contempla el auto de procesamiento, porque se considera algo del pasado y nefasto. Sólo subsiste en la Región Metropolitana, lo que, naturalmente, constituye una discriminación que la moción pretende eliminar. ¿Por qué “los señores del dinero” están mejor tratados en la ley y sólo se les aplica la prohibición cuando han sido condenados? Nuestra intención es que la inhabilidad rija igual para todos y que solamente se le aplique a los condenados sancionados por el juez a través de una sentencia ejecutoriada y no a quienes sólo hayan sido objeto de un auto de procesamiento todos los días vemos cómo los tribunales superiores los dejan sin efecto. Eso es de Perogrullo. Nos hemos animado a presentar la moción para que no se produzcan más discriminaciones, aunque ésta sea una sola. Nos amparamos en un derecho esencial reconocido por nuestra Constitución: la libertad de emitir opinión. Si se cometen delitos en el ejercicio de este derecho, que se responda por ellos; pero no podemos permitir que exista este tipo de discriminaciones establecidas por ley. En todo caso, me parecía mejor que la moción estableciera que sólo la condena inhabilita. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Zarko Luksic. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, no voy a entrar en la polémica acerca de las razones que se tuvieron en mente para presentar la moción. Sin embargo, debo decir que el origen de muchos proyectos de ley se encuentra en la vida misma, en injusticias o abusos que se cometen, y no son consecuencia de una reflexión abstracta. Los parlamentarios estamos llamados, a través de nuestra función legislativa, a dictar las normas que permitan que las garantías constitucionales se cumplan, y aquí, claramente, como bien ha dicho la diputada Laura Soto, estamos frente a una injusticia: no se está aplicando una criterio de igualdad jurídica. Esta pena, que es accesoria, tiene la particularidad de que se aplica en el transcurso del proceso, como consecuencia del auto de procesamiento, con lo cual se afecta otro principio básico, consagrado como garantía en la reforma procesal penal, cual es la presunción de inocencia, porque falta que se cumplan algunas etapas del proceso y aún no se ha establecido que el acusado sea culpable. Además, esta pena accesoria es desigual, ya que no se aplica cuando se trata de otros medios de comunicación. ¿Por qué no se aplica a los directores de medios de prensa escrita? Alguien puede decirme que esto se aplica a los titulares del Consejo Nacional de Televisión porque es el Estado el que otorga concesiones a los canales de televisión libre. ¡Pero si ésa es la misma atribución que se usa para otorgar concesiones en materia de radiodifusión! Por lo tanto, estamos frente a una desigualdad y a una discriminación absolutamente arbitraria. En primer lugar, se atenta contra el principio de presunción de inocencia, baluarte de la reforma procesal penal. Es tan así, que el concepto de auto de procesamiento, similar al de encargatoria de reo, fue eliminado no estuve de acuerdo con esa medida como elemento destinado a inhabilitar a una persona para postular a los cargos de concejal o de alcalde. Se adoptó esa decisión porque el concepto no es consecuente ni se fortalece con el nuevo sistema procesal penal. En segundo lugar, se atenta contra el principio de igualdad ante la ley en el caso de los medios de radiodifusión respecto de los medios de comunicación escritos. El numeral 12º del artículo 19 de la Constitución Política de la República establece que la única restricción para ejercer las libertades de emitir opinión y de informar es la que emana de los delitos y abusos que se cometan en su ejercicio. ¿Cuáles son esos delitos? Dos: la injuria y la calumnia. Más adelante, dentro del mismo numeral, se plantea que habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación, y que una ley de quórum calificado regulará su organización y demás funciones y atribuciones. Por lo demás, la propia Constitución señala las limitaciones al ejercicio y a los derechos en materia de licitación y concesión televisivas. Por consiguiente y desde mi punto de vista, la ley Nº 18.838, que creó el Consejo Nacional de Televisión, se excede en el mandato que le otorga la Constitución. El proyecto en debate fue votado favorablemente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en virtud del respeto al principio de presunción de inocencia y para terminar con una discriminación arbitraria que sólo se aplica a la televisión y no a otros medios de comunicación. Por otra parte, la limitación que se impone para ejercer los cargos de presidente, director, administrador, gerente o representante de un servicio de radiodifusión televisiva es sólo respecto de los delitos que emanan de la libertad de emitir opinión y no respecto de otros delitos. Es decir, si cualquiera de los personeros nombrados comete un delito de carácter económico u ordinario, como un homicidio o una lesión, etcétera, será suspendido de su cargo. La única excepción es respecto de los delitos que emanan de la garantía constitucional vinculada con la libertad de opinión y de expresión. Esto es lógico, porque estamos hablando de una actividad básica del sistema democrático. ¡Somos muy buenos para aceptar las libertades económicas, pero vaya que nos cuesta hacer lo mismo con la libertad de opinión! Somos muy buenos para privatizarlo todo y evitar que el Estado se entrometa o regule las actividades de carácter económico; pero no hay que olvidar que la libertad de opinión es tan importante como la económica, y nuestra tarea es fortalecerla. La forma de hacerlo es procurando eliminar esta carga accesoria, que es contraria a principios constitucionales y a los de la nueva reforma procesal penal, que entrará a regir el próximo año en la Región Metropolitana. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, después de escuchar a tan distinguidos colegas juristas referirse latamente sobre esta materia de carácter legal, me siento algo inhibido de intervenir en un tema que no es de mi competencia. Pero quiero hacer un comentario de sentido común. Cuando se dicta una ley, como se pretende hacer en este caso a través de esta moción, para corregir la violación de un principio, ello se hace antes de que exista una persona involucrada en la violación de ese principio o bien después, pero jamás durante. Lo que no se puede aceptar es que justo, en este momento, se le ocurrió a los legisladores corregir esta ley a propósito de que se violaba el principio respecto de una persona específica. ¡Es demasiado poco elegante! El sentido común indica que se debe modificar lo que haya que corregir, pero jamás debe hacerse cuando con el propósito de alterar el proceso legal, normal, al que está siendo sometida una persona y sus consecuencias. Eso no se puede hacer. Muchas veces los diputados legislamos respecto de materias que nos afectan, pero debemos tener siempre el cuidado de que, cuando se trate de este tipo de situaciones, esa legislación no rija para nosotros mismos o en nuestro beneficio, sino para los futuros diputados. Si aquí se quiso corregir la violación de un principio o una discriminación arbitraria, eso se pudo haber hecho mediante un artículo transitorio explícito, aclarando que esa corrección no beneficiará a ninguna persona que en este momento sea objeto de esa supuesta violación o discriminación arbitraria. Esto es lo que me parece prudente y razonable cuando se legisla para un país, para un conjunto de personas, para una sociedad. De otra forma, es perfectamente legítimo, como ha dicho el diputado Forni, interpretar que aquí se está legislando en beneficio de una persona en particular. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS.- ¿Cuál es el sentido común? Ése es el punto importante que ha puesto de manifiesto el diputado Dittborn. El sentido común, sobre todo en una sociedad democrática, es que no haya injusticia. Ya desde los tiempos de Montesquieu, hace más de dos siglos, se planteaba, justamente, como uno de los principios básicos cuando se discutían las normas legales del antiguo régimen, que las leyes injustas eran las que más afectaban a la justicia y a la sociedad. Una ley injusta perjudica enormemente el sentido democrático, como también aumenta el sentido de desvalimiento que tienen las personas frente a la ley. Y resulta evidente que, en el caso de esta disposición legal estamos ante una grave violación a la justicia. No sólo desde el punto de vista concreto que contiene esta ley, sino desde el punto de vista general. Por eso, en la reforma procesal penal no existe el auto de procesamiento. No se dicta esa resolución, que es una grave violación al principio constitucional de la presunción de inocencia. Es decir, ya hay una afectación de carácter general. Por eso, desde esa perspectiva, de lo que este mismo Congreso Nacional señaló, era necesario cambiar todo nuestro sistema procesal penal, porque afectaba gravemente las garantías constitucionales de la Carta Fundamental de 1980, establecidas en los diferentes numerales del artículo 19. Y no sólo eso, sino que los distintos tratados internacionales suscritos por Chile. Es decir, hay ya un aspecto original de injusticia, de falta de garantía del auto de procesamiento y lo que significaba y significa en nuestro sistema procesal penal. Debido a ello, los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de la Cámara de Diputados en general, señalaron la necesidad urgente de una reforma procesal penal que eliminara todos estos vicios y graves arbitrariedades de la ley, totalmente injusta. A pesar de eso, cualquier jurista que llegaba al país se quedaba sorprendido de que tuviésemos leyes antediluvianas, que recordaban más a un régimen anterior al surgimiento del estado de derecho. Por eso, resulta extraño y una verdadera sorpresa que se planteen críticas y observaciones respecto de este tema. Pero todavía hay más: esta norma en sí resulta enormemente injusta, no sólo desde el punto de vista general, sino aun desde el específico tema que aquí se está tratando. También ha sido intención de nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia evitar e impedir cualquier tipo de cortapisa o afección grave, desde el punto de vista criminal, a la libertad de expresión y de opinión. Por eso, sin considerar la gran cantidad de delitos de desacato que se tramitan en estos momentos en los tribunales pues uno podría decir que está en relación a determinada persona encausada por desacato, esta misma Corporación planteó suprimir el delito de desacato en lo que se refiere a injurias y calumnias, porque se afecta la libertad de expresión y de opinión. Esa materia se está tratando en el Senado. Lo mismo ha ocurrido en la Comisión de Constitución de la Cámara respecto de la insubordinación impropia o de la sedición impropia. Es decir, en el Congreso hay una clara dirección hacia el respeto que, además, ha sido planteada desde el punto de vista internacional de la libertad de opinión y de expresión. Por lo tanto, también desde esa perspectiva, la disposición era contradictoria con todo lo hecho por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. Por tanto, no es en sí un corolario, una consecuencia, una coherencia con lo que nosotros mismo hemos decidido en la Cámara. Aún más, si un periodista era procesado por esta disposición, no quedaba afectado; pero sí otra persona en la misma situación, desde el punto de vista de la libertad de expresión, como el gerente de una empresa de televisión. Es decir, algo totalmente contradictorio, arbitrario e injusto desde el punto de vista del sentido común. El Congreso Nacional debe ser coherente con sus propias decisiones y con el espíritu de la legislación para que no dicte leyes contradictorias, injustas ni arbitrarias. La bancada del Partido Socialista votará favorablemente esta disposición por estimar que es de toda justicia. Este es un problema de principios de carácter general y no particular. Estamos por la libertad de opinión y de expresión y por leyes justas y no contradictorias. Estamos por el respeto a las garantías constitucionales y a las establecidas en tratados internacionales, estamos por la reforma procesal penal y, por lo tanto, de que todas nuestras leyes se vayan acomodando a ella y no quede ningún tipo de arbitrariedad e injusticia en nuestro ordenamiento jurídico. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, el artículo 1º de la ley Nº 19.733, consagra: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir información, y difundirla por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.” De acuerdo con este principio, resulta fundamental, como dijeron los colegas de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, modificar el artículo 18 de la ley Nº 18.838, porque atenta contra la igualdad de las personas ante la ley y, además, porque el auto de procesamiento ha sido eliminado de muchos cuerpos legales. Por ejemplo, la ley Nº 19.806, que dispuso normas adecuatorias del sistema penal chileno, eliminó los efectos de esa resolución en gran cantidad de casos. Resulta aún más injusta esta disposición si se tiene presente que no afecta a los periodistas y sí al presidente, director o gerente de un canal televisivo. En verdad, la corrección es necesaria e indispensable. Es habitual que muchos problemas salgan a la luz a raíz de casos concretos y sólo en ese momento nos demos cuenta de cómo la herencia autoritaria de la dictadura sigue presente en gran cantidad de leyes. En mi opinión, lo dicho por el diputado señor Forni, en el sentido de que este proyecto sólo favorece a una persona, revela una miopía tremenda y lamentable. No es así, pues favorece la libertad de emitir opiniones y de informar. El señor diputado no estuvo presente en ninguna de las dos sesiones que celebró la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para tratar el proyecto. A ellas sólo asistieron las diputadas señoras María Pía Guzmán Mena y Laura Soto González y los diputados señores Pedro Araya Guerrero, Gabriel Ascencio Mansilla, Jorge Bustos Varela, Guillermo Ceroni Fuentes y Nicolás Monckeberg Díaz. Nadie del partido del diputado señor Forni. ¿Qué pasa con ellos? ¿Acaso no están asistiendo a las comisiones? El diputado señor Forni planteó esos argumentos en su intervención porque está desinformado del debate llevado a cabo en la Comisión. El proyecto ingresó a la Cámara el 17 de enero de este año, de manera que no es efectivo que su tramitación se haya efectuado entre gallos y medianoche o muy apresuradamente. El diputado señor Dittborn señaló que eso no era elegante, pero esa condición no es un requisito de nuestras leyes, aunque para ciertos sectores quizás debe ser lo principal. ¿Qué es la elegancia? Para mí, habría que considerar, como acepción, ejercer justicia, respetar los principios, hacer que las leyes sean justas y corregir los errores cometidos. La elegancia democrática implica eliminar los resabios autoritarios del pasado que aún quedan en nuestras leyes, aun cuando se trate de cuestiones concretas. La elegancia, también, consiste en concurrir a las comisiones para debatir los proyectos, no en sacar ventajas políticas pequeñas frente a grandes decisiones, como la que tomaremos al término de la discusión de esta iniciativa, que tiene por objeto preservar la libertad de información. Elegancia habría si el diputado señor Forni reconociera su equivocación, porque no analizó en profundidad la iniciativa; si señalara que está a favor de la libertad de expresión y se retractara de lo que dijo. Ese gesto realmente nos dejaría muy contentos, porque el concepto que tengo de elegancia dice relación con la rectitud y con la defensa de la libertad y de la igualdad. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, nuestra colectividad está llegando a la conclusión de que este proyecto de ley debe ser votado en contra, porque luego de analizar el tema con los diputados de nuestro partido que participaron en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hemos llegado a la convicción de que se deben revisar algunas disposiciones. El diputado señor Juan Bustos se refirió al sentido común, pero luego de escuchar su intervención llegue a la conclusión de que el sentido común parece ser el menos común de los sentidos. Si uno examina en detalle sus alegaciones para justificar la aprobación de esta formativa, llega a la conclusión de que hay un conjunto de argumentaciones en un sentido absolutamente contrario. El diputado se refirió al espíritu de las leyes, destacando algunos pensamientos de Montesquieu. Pero hay un cúmulo de conceptos, ideas y valores, tanto en el derecho natural como en los juristas del enciclopedismo, entre quienes Montesquieu se destaca, que revelan una cantera de valores públicos muy distintos, los cuales permiten postular una idea contraria a esta norma. Obviamente, hay derechos y libertades, sobre cuya valorización se ha construido el Estado democrático moderno, pero nuestra experiencia sobre la democracia también nos indica que ésta implica respeto por los deberes. Es decir, contrabalancear los derechos con los deberes; las libertades con las obligaciones públicas. ¿Quién podría negar que la libertad de prensa y el derecho a informar son bases de la democracia moderna? Nadie. Nadie, además, podría negar que la sociedad y las personas tienen derecho a que se les respete su honor, a que se les respete su verdad y a que no se abuse de la libertad de información. En una sociedad moderna las experiencias nacionales e internacionales así lo demuestran la democracia es la posibilidad de defenderse del abuso de los poderosos y, en forma muy importante, de los medios de prensa. Considero que está bien citar a Montesquieu, a los juristas y a los ideólogos de la democracia, pero no debemos olvidar que, junto con los derechos y las libertades, hay un conjunto de deberes y obligaciones que, en su totalidad, conforman la democracia. Aquí se ha hablado también de igualdad ante la ley. El diputado Forni señaló que no hay nada más contrario a la igualdad ante la ley que las leyes con nombre y apellido. Y ésta es una ley con nombre y apellido, que pretende sacar de encima un problema a los presidentes, directores, gerentes, administradores o representantes legales de personas jurídicas titulares de una concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción. Se quiere legislar con nombre y apellido para que una persona, no obstante su situación procesal, pueda seguir ocupando un cargo de responsabilidad. El objeto de esta norma es sacarse de encima el problema. Esto no es igualdad ante la ley. Por último, quiero mencionar algunas inconsistencias que he advertido en la argumentación dada en favor de la norma. La última modificación de la ley Nº 18.838, de 1989, fue en 2003, es decir, en plena democracia, lo que permitió la entrada en vigencia del artículo 18 de la referida ley. Esto nos debe hacer reflexionar, pues no se trata de una norma dictada en un período oscuro, sino en plena democracia y contó con la participación de todos los diputados y senadores. En ese instante, ninguno de ellos planteó la necesidad de modificarla, porque la consideraban una buena norma. Esa es la primera inconsistencia. Segunda inconsistencia. Los autores de la norma han planteado no he oído opinión en contrario que ante la condena por delito que merezca pena aflictiva, el titular de una concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción no podrá desempeñar dicho cargo. Por tanto, si la condena los mantiene en esa condición, no veo qué razón tiene autorizar a dichas personas para desempeñar provisoriamente el cargo, mientras dura el auto de procesamiento. Tercera inconsistencia. Se dice que en una serie de situaciones se han eliminado las consecuencias del auto de procesamiento. En efecto, en una serie de casos,una disposición en virtud de la cual el auto de procesamiento no quita beneficios, no deja al afectado en una situación jurídica determinada. En este caso, eso no se ha hecho, porque el ejercicio del derecho de información, el poseer un medio de comunicación significa, impone, establece una responsabilidad tan grande, tan especial, que amerita una norma para que quien ejerza el derecho de informar lo haga cuidadosamente, sin violentar la ley ni los derechos de las personas. Es fácil hablar de igualdad ante la ley, pero también es fácil no ser consistente al dictar una ley con nombre y apellido; es fácil hablar del significado democrático de la libertad de informar, pero también es fácil olvidar que esa libertad, ese derecho, tiene como contrapartida la obligación de respetar los derechos de las personas y el cumplimiento de la ley. En consecuencia, estamos en presencia de una iniciativa tal vez bien inspirada, pero que necesita mayor estudio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. A mi juicio, no estamos haciendo bien las cosas. Utilizando el eslogan de la democracia estamos alivianando un conjunto de obligaciones y deberes, alterando un derecho y una libertad tan importante como la de informar. En conjunto, ambos, derechos y obligaciones, conforman la democracia. En virtud de la igualdad ante la ley, debemos reconocer que este proyecto tiene nombre y apellido. Con el supuesto propósito de poner al día la legislación, nos hemos olvidado de que hay una norma muy precisa, para una situación igualmente precisa, que a todas luces conviene mantener. En su oportunidad, podremos ocuparnos de la aplicación de la reforma procesal penal en Santiago y en todo el país. Habrá tiempo para revisar esta norma y las eventuales consecuencias de los autos de procesamiento respecto de los derechos de las personas. Por ahora, la mayoría pienso que en este momento la unanimidad de los diputados de Renovación Nacional considera que el proyecto debe volver a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para un estudio más acucioso. Hemos presentado una indicación y no estamos dispuestos a dar nuestra aprobación a la iniciativa en análisis. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Señores diputados, están inscritos para intervenir tres señores diputados más y estamos a punto de dar término al Orden del Día. Por tanto, solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar el Orden del Día por quince minutos. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Entonces, harán uso de la palabra en la próxima sesión los diputados señores Navarro, Robles y Jaramillo. Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora. El señor MORA.- Señor Presidente, el proyecto en análisis, según sus autores, trata de reparar una injusticia que todo el mundo conoce. Sin embargo, si pensamos detenidamente en lo que pasa en nuestra sociedad, comprobaremos que está plagada de injusticias. Si los parlamentarios quisiéramos reparar todas las injusticias o los amigos de quienes se sientan injustamente afectados tendríamos que pasar todo el tiempo analizando proyectos para corregirlas, lo que sería una buena forma de legislar. Fui presidente del Colegio de Periodistas durante el régimen militar; fui tomado preso por ejercer y defender la libertad de prensa y de expresión y me siento orgulloso de haber contribuido a su promulgación. Ejercí el periodismo desde 1970, durante el gobierno de la Unidad Popular. Cada 24 horas nos clausuraban la emisora porque nos aplicaban la ley de Seguridad Interior del Estado y se perseguía a nuestros auspiciadores, entre otras medidas. Por eso, como periodista, defiendo la libertad de prensa y de expresión; el derecho de la ciudadanía es estar debidamente informada. Pero, estamos frente a una concesión que el Estado otorga a particulares que, además, persigue fines de lucro. Sin embargo, si se habla de libertad de prensa y de expresión, también se debe hablar de la responsabilidad que deben tener los medios, en particular los periodistas, frente al ejercicio de la libertad que ellos tienen. Es muy fácil injuriar y calumniar a un hombre público a través de los medios de comunicación; no hay respeto por los hijos ni por la familia. Hemos visto el caso del señor Tombolini, en Rancagua: lo insultan, le pegan, lo tratan de “bandido” y de “ladrón”. Pero, cuando un hombre público se quiere defender frente a las agresiones provocadas o creadas por los medios de comunicación, más encima, se querellan en su contra por agresión o insulto, es decir, no hay defensa. Por lo tanto, cuando alguien está gozando, usufructuando de una concesión del Estado, debe tener la obligación de ser responsable en el uso y ejercicio de esa concesión. Cuando hablamos de la reforma procesal penal, aun cuando no soy abogado, entiendo muy bien los argumentos jurídicos. Pero, en la vida el sentido común es el menos de los comunes. En la reforma procesal penal se garantizan los derechos de los delincuentes, porque se habla de derechos humanos, pero no se habla de los derechos humanos de las víctimas. Los delincuentes tienen derecho a estar libres para seguir cometiendo delitos. Esta iniciativa está basada en el procedimiento antiguo. A veces la experiencia es la madre de la ciencia, y por muy viejo que sea un sistema o procedimiento, vale la pena preservar y conservar. Tal vez, habría que discutir más a fondo este tema y no legislar sobre la base de garantizar un derecho, como es la libertad de prensa y expresión, porque eso ya está garantizado por las leyes. No puede haber libertinaje de prensa ni el derecho de cualquier medio para denostar, denigrar o injuriar a personas que se exponen, sobre todo, cuando estas mismas personas pueden ser víctimas de agresión o de delitos por terceros. No me parece conveniente legislar sobre esta circunstancia. Por lo tanto, votaré en contra y espero que el proyecto vuelva a la Comisión para un mayor debate. A mi juicio, debe estar regulada la responsabilidad del ejercicio de libertad de expresión, sobre todo, en el caso de estas concesiones de entrega el Estado. Esa es la única forma de que quienes ejercen dicha libertad lo hagan con responsabilidad, de modo que no se transforme en un libertinaje y en un perjuicio para la sociedad. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día. Se suspende la sesión por cinco minutos. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor LORENZINI (Presidente).- Continúa la sesión. VI. PROYECTOS DE ACUERDO INFORMACIÓN SOBRE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE PROGRAMAS DE EMISIÓN TRANSABLES. (Votación). El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar por última vez el proyecto Nº 421. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Espinoza, GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Leal, Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Mora, Muñoz (don Pedro), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Quintana, Robles, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Vargas, Vilches y Villouta. PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN “COMUNA SEGURA, COMPROMISO CIEN”. El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 422. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 422, de las diputadas señoras María Eugenia Mella y Eliana Caraball, y de los señores Saffirio, Ortiz, Silva, Burgos, Vilches, Araya y Palma: “Considerando: Que el plan Comuna Segura Compromiso Cien es una iniciativa del Gobierno del Presidente Lagos que busca fortalecer la participación y el compromiso de toda la comunidad, con el apoyo de las autoridades y de las instituciones policiales, con objeto de prevenir la delincuencia y disminuir el temor de la ciudadanía. Que, como producto de esta acción, se han constituido consejos comunales de seguridad ciudadana, integrados por las autoridades de cada comuna y por los representantes de las policías, las instituciones públicas y las organizaciones gremiales y sociales, que coordinan los esfuerzos locales para enfrentar la delincuencia y acrecentar la seguridad de la comunidad. Que, asimismo, ello ha permitido la realización de diagnósticos a los que aportan sus opiniones y demandas la mayor cantidad de ciudadanos, para conocer la realidad en cada sector y adoptar las medidas más apropiadas a fin de resolver los problemas de seguridad. Que estas iniciativas concluyen con el diseño del Plan de Seguridad Ciudadana, que contiene una estrategia para aumentar la seguridad de la comuna y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al ministro del Interior que fortalezca la participación de la comunidad en el Plan Comuna Segura Compromiso Cien, instando a las autoridades locales a incorporar a representantes de las organizaciones sociales en los cargos de secretario ejecutivo de cada uno de los Consejos de Seguridad Ciudadana; que, en los establecimientos educacionales con jornada escolar completa de aquellas comunas en donde opera el programa, se creen talleres de seguridad ciudadana, y, por último, que la cuenta pública periódica de la gestión de Carabineros de Chile, en especial la atinente a los resultados del Plan Cuadrante, se publique en los medios de comunicación.” El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella. La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señor Presidente, es de todos conocido que hay preocupación general por los temas relacionados con la seguridad ciudadana. El plan “Comuna Segura, Compromiso Cien”, que en el último concurso incorporó a la comuna de Quillota, de mi distrito, que lo necesitaba de manera imperativa, apunta a que, aparte del conjunto de entidades que participan en él, entre las que se encuentran Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y las autoridades provinciales y comunales, la comunidad también juegue un rol importante en alguna de las áreas que pueden tener un impacto positivo en la solución del grave problema de la delincuencia. Es así como se han constituido los consejos comunales de seguridad ciudadana, que han realizado diagnósticos mucho más participativos sobre la realidad local en esta materia. También se han destinado recursos para desarrollar proyectos específicos, que respondan a las realidades particulares de cada comuna. No hay una tónica nacional respecto de seguridad ciudadana y de la delincuencia y, por lo tanto, sobre la forma de enfrentar los delitos más recurrentes. A través de este proyecto de acuerdo, le solicitamos al Ministerio del Interior que se fortalezca la participación ciudadana en dicho plan, porque ello ha sido determinante al momento de implementarlo en las instancias locales, municipales y provinciales. Es así como pedimos la incorporación de representantes de las organizaciones sociales en el cargo de secretario ejecutivo de los consejos de seguridad. Asimismo, que en los colegios que tienen jornada escolar completa de las comunas donde opera el programa algunos ya lo han hecho se creen talleres de seguridad ciudadana. Por otra parte, como la cuenta pública de Carabineros se ha transformado en un nuevo medio de información para la opinión pública, también pedimos que sea publicada en los medios de comunicación, de manera que, por una parte, la ciudadanía tenga toda la información y, por otra, que la institución que la entrega se haga responsable de ella. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo presentado por la diputada señora María Eugenia Mella está centrado específicamente en la situación que están viviendo muchas ciudades de nuestras regiones. En las encuestas, la gente ha señalado que uno de los problemas que más le preocupa es el aumento de la delincuencia. Por eso, hace un llamado al Ministro del Interior para que haya mayor participación ciudadana. Creo necesario apoyarlo absolutamente porque, primero, permitirá la participación de la comunidad; segundo, la gente sabrá cómo se está combatiendo la delincuencia, que está presente en todos los rincones del país, y tercero lo más importante de todo, conocerá directamente de sus autoridades locales los resultados de la aplicación de estas medidas. Por ejemplo, qué es el plan Cuadrante, que empezará a aplicarse en varias ciudades. Así ocurrirá en Copiapó que, a partir de septiembre, contará con una mayor dotación de carabineros, de comisarías en las poblaciones y de patrullaje de carabineros en moto y a caballo. Se trata de que la comunidad conozca los planes para luego evaluar los resultados de los respectivos informes. Por lo tanto, pido a los colegas apoyar el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: Por la afirmativa, 24 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor HALES (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo Nº 422. Aprobado. MEDIDAS PARA AMORTIGUAR EL IMPACTO DEL ALZA EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES. El señor HALES (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 424, de los señores Riveros, Burgos, Salas, Jarpa, Montes, Ortiz, Cardemil, Ceroni, Ascencio y Lorenzini. “Considerando: Los niveles a los que ha llegado el precio del barril del petróleo en los mercados internacionales. Que las causas mediatas e inmediatas de esta alza no parecen ceder en el corto plazo ni tampoco la imposibilidad de evitarlas. La casi absoluta dependencia del país en materia de petróleo y de sus derivados. Que el precio al público del combustible se encuentra fuertemente impactado por el impuesto que lo grava. Que, en consecuencia, la lógica “mayor precio, más impuesto” debe limitarse, aunque sea transitoriamente, pues, de no hacerlo, se corre el gran riesgo, entre otros efectos, de causar grave daño a la reactivación en marcha. Que todo indica que resulta indispensable adoptar medidas concretas para atenuar el aumento del precio de los combustibles, como se hizo en 1991, con ocasión de la creación del Fondo de Estabilización del Petróleo. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. el Presidente de la República que se sirva instruir a los ministros del área económica que estudien urgentemente medidas que amortigüen el impacto del alza de los combustibles, bien sea mediante la modificación del sistema de cálculo del impuesto, la utilización del Fondo de Estabilización del Petróleo o el otorgamiento de subsidios directos a los sectores más perjudicados.” El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, los diputados señores Burgos, Salas, Jarpa, Montes, Ortiz, Cardemil, Ceroni, Ascencio, Lorenzini y quien habla hemos presentado este proyecto de acuerdo, que va más allá de la coyuntura y que aborda un aspecto que debe ser considerado de manera permanente. Por diversas razones, nos vemos enfrentados a fluctuaciones en el precio de los combustibles. Con el alza del precio del petróleo, se produce un aumento en el impuesto que grava los combustibles, el cual afecta a los consumidores. No obstante que respaldamos y asumimos como un paso muy positivo el anuncio del Presidente de la República, en su mensaje del 21 de mayo último, de entregar un bono para las personas más desposeídas, a fin de paliar los efectos de ese hecho, creemos necesario que el Ejecutivo adopte medidas permanentes y que también se extiendan a otros sectores de la comunidad, como el de la clase media. Por eso, debiera estudiar la forma de evitar que el alza en el precio del petróleo incida en el valor del impuesto que grava los combustibles. Por las razones expuestas, los patrocinantes del proyecto de acuerdo sugerimos a la Sala su aprobación. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Para impugnarlo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación el proyecto de acuerdo. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. VII. INCIDENTES HOMENAJE A LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE OBREROS LORENZO ARENAS. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En Incidente, el primer turno corresponde al Comité de la Democracia Cristiana. Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz, quien ha solicitado hacer uso del podio. El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente, honorables colegas: mañana, 18 de junio, se cumplen 128 años de la fundación de la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros a la que después se colocó el nombre de su fundador y creador, don Lorenzo Arenas. En los años 2000, 2001 y 2003, en esta misma Sala, rendí homenaje a las sociedades Juan Martínez de Rosas y de Carpinteros y Ebanistas y a los ex alumnos salesianos, respectivamente, porque también cumplieron cien años. Me siento muy agradado por el hecho de que la confederación provincial de Concepción me designara el diputado de los mutualistas. Por ello intentaré poner en práctica los principios del mutualismo. Estaba en deuda con la sociedad mutual Lorenzo Arenas, la segunda más antigua de Chile. Su acta de fundación dice textualmente lo siguiente: “En nombre de Dios y de la confraternidad universal, en la ciudad de Concepción, los que suscriben, persuadidos de las ventajas e importancia que tiene la unión de obreros en trabajos por la fraternidad y calidad recíproca, acordamos constituirnos y fundar con esta fecha una sociedad denominada de Socorros Mutuos de Obreros, para lo cual haremos todos los esfuerzos que nos sean dables a fin de darle estabilidad y vida propia. En esta virtud y estando de acuerdo en todo, firmamos la presente para constancia y para los efectos que hubiere lugar, en conformidad con el artículo 5º de nuestros estatutos.” El decreto supremo Nº 115 concedió personalidad jurídica a esta institución el 25 de mayor de 1981. Su primer directorio fue encabezado por don Lorenzo Arenas Olivo, quien participó prácticamente en todas las sociedades de beneficencia de la provincia de Concepción. Con el correr del tiempo, después de la muerte del fundador, la sociedad, que en sus inicios contó con la participación de 51 socios, acordó por unanimidad tomar su nombre, Lorenzo Arenas, para perpetuar su memoria. ¡Qué hermoso es que hoy esté en las tribunas de la Cámara de Diputados don Mario Arenas! Él es bisnieto de don Lorenzo, gran amigo del diputado por Chillán Carlos Abel Jarpa, que nació en esa ciudad. Pero, además, con gran esfuerzo personal y para demostrar lo que es ser un dirigente, nos acompaña el actual presidente, Reinaldo Leigthon Rodríguez, junto a la señora Elizabeth Sánchez Neira, prosecretaria de la sociedad y presidenta del Círculo de Damas; Marat González Barrales, tesorero; René Carvajal Sansana, primer director, ex presidente y socio antiguo de la sociedad; Carlos Arroyo Echeverría, presidente de la rama de rayuela; José Troncoso Moreno y la señorita Aseret Vargas Francesconi. ¿Por qué doy a conocer estos nombres? Pues, porque varios de los presentes hemos nacido o estudiado en Concepción, y la sociedad mutual Lorenzo Arenas es parte de la vida de la región, de la provincia y de esa ciudad. El mutualismo fue el germen del sindicalismo. Creo que han cumplido a cabalidad el objetivo por el cual fueron fundados. El mutualismo es una organización de hombres y mujeres de buena voluntad dedicados a la práctica de todas las virtudes de solidaridad humana; no reconoce jerarquías sociales ni fortunas; no es una secta; no es un partido político; sus fundamentos vibran en un plano de orden superior; defiende la libertad de conciencia como lo más preciado de cada individuo. Además, propugna el libre examen de todos lo fenómenos vitales, dándole gran importancia al criterio valorante, a personas, hechos o cosas; la acentuación del conocimiento científico, base de toda educación y herramienta determinante que conduce a la autoeducación y a la liberación del espíritu; la unión de todos los seres humanos, sin distinción de raza, clase social, política ni religiosa. Lucha porque todos sean libres, iguales y solidarios y para que la solidaridad sea su base inconmovible para que desaparezcan la opulencia que corrompe y la miseria que degrada. Asimismo, lucha por la expansión de la cultura y la incorporación masiva del pueblo a la vida civilizada, con un carácter de transitoriedad que la libere de la fosilización y de la rutina. Esta es la declaración de principios del mutualismo, más vigente que nunca a pesar de estar celebrando ya los 128 años de la sociedad mutual Lorenzo Arenas. Esta sociedad es nuevamente pionera ya que hace algunos meses obtuvo en comodato dos hectáreas en un lomaje espectacular de Hualqui. Sus representantes están abocados a la tarea de construir un lugar para la recreación de sus socios que, al día de hoy, suman más de 500. Los penquistas estamos muy orgullosos, desde el año pasado especialmente, por el tema del mutualismo. El 10 de diciembre de 1939, en el salón de honor de la Universidad de Chile, se realizó una reunión de la Confederación Mutualista de Chile. Hubo un penquista, como corresponde, que fue pionero de todas las instituciones democráticas del país: don Miguel Franco Inostroza. Pero, desde diciembre de 2003, por primera vez, la Confederación Mutualista de Chile es presidida por el distinguido dirigente mutualista de la Asociación de Carpinteros, Ebanistas y Afines de Concepción, abogado don José Lira. Es un compromiso muy grande que nos llena de orgullo, porque significa que estamos en la senda correcta. Debido a eso, empecé a analizar la literatura que había sobre las asociaciones mutuales. Me impresionó mucho un libro de dos autores argentinos en Argentina el mutualismo se creó antes que en nuestro país. ¿Cuál es la concepción filosófica del mutualismo? Según Daniel Sánchez Sardó y María Podestá Prats, “mutualismo y solidaridad brindan la oportunidad de integrarse desde una suerte de simbiosis perfecta, desde donde nadie ha de vivir a expensas del otro, sino con el otro.” Con la perfecta comprensión de principios básicos, nos resulta fácil llegar a definir con claridad cuáles son los parámetros para seguir desgranando los conceptos fundamentales del mutualismo, como la solidaridad, la confraternidad, la amistad y la responsabilidad. Además, esos autores expresan lo siguiente: “Con todo lo señalado en los puntos anteriores, es decir, la presentación de este movimiento de iniciativa, fundamentada en los principios doctrinarios, donde la participación comportada por la adhesión voluntaria representa la libertad de elegir, estamos en condiciones de presentar la organización mutualista como una de las más altas estructuras democráticas, en la que todo ciudadano se puede configurar libremente”. Más que nunca siguen vigentes estos principios. Desde esta tribuna, como un consocio más de la Sociedad mutual Lorenzo Arenas, saludo a mi directorio; al bisnieto de don Lorenzo Arenas, don Mario Arenas, y a todos los socios que seguramente nos están viendo a través del canal de televisión de esta Cámara, deseándoles “felices 128 años y que vivan muchísimos años más, porque hay muchas tareas por cumplir.” Solicito que el texto de mi intervención sea dirigido, de acuerdo con la jerarquía que corresponda, a don José Lira, presidente de la Confederación Mutualista de Chile; a don Francisco Sáez, presidente provincial del mutualismo de la provincia de Concepción, y a los miembros del directorio presentes en las tribunas, encabezado por nuestro querido Reinaldo Leighton He dicho. Aplausos. El señor HALES (Vicepresidente).- Se accederá a lo solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Carlos Abel Jarpa, Iván Norambuena, Rosauro Martínez, Carlos Olivares, Enrique Jaramillo, Guillermo Ceroni y Alejandro Navarro. IRREGULARIDADES EN CAMBIOS DE INSCRIPCIONES ELECTORALES. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Por la Democracia, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, deseo denunciar graves hechos e irregularidades que están ocurriendo en dos comunas del distrito Nº 40, que represento, y que tienen relación con la época preelectoral que vivimos, durante la cual muchos abusan del sistema y tratan de alterar los resultados electorales mediante prácticas fraudulentas. Uno de los mecanismos que se utiliza es el cambio de la inscripción electoral de ciudadanos mediante el expediente de declarar ante la autoridad electoral un domicilio falso. De esa manera, aparecen como residentes de determinadas comunas personas que allí no tienen domicilio. Según me han informado, en las comunas de Pelluhue y de Chanco se estaría verificando esta práctica al inscribir en sus registros electorales a gente de la comuna de Cauquenes. Pero lo más grave es que, lamentablemente, para ese traslado de ciudadanos se recurre a un estímulo por parte de dos autoridades: la alcaldesa de Pelluhue y el alcalde de Chanco, pertenecientes a la Alianza por Chile, quienes les han entregado canastas familiares, algunos agasajos y dispuesto su transporte en buses a las oficinas de inscripción. Así se altera el padrón electoral a fin de falsear también los resultados electorales. Pero esta situación no es nueva; ya la había denunciado después de las elecciones pasadas. En esa oportunidad, comprobé que los padrones electorales de Chanco subieron en forma increíble, de 6.422 inscritos a 7.068 inscritos. Cosa curiosa, puesto que ese pueblo no presenta gran motivación política para que más personas se inscriban ni tampoco para que vivan allí. La misma situación ocurrió en Pelluhue, donde denuncié que sus 3.729 electores aumentaron a 4.502 electores. Es decir, pareciera que el acarreo de electores es una práctica habitual en esas comunas; hay que detenerlo. En el fondo, este hecho constituye la comisión de un delito previsto y sancionado en la ley Nº 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral. Personas que poseen los antecedentes del caso realizaron la denuncia correspondiente ante la fiscalía de Cauquenes. Pero, además, hay que hacer notar las tremendas irregularidades que se producen, porque se utilizan recursos de los municipios para esos efectos. Reitero: se estarían ofreciendo canastas familiares para seducir a los electores. ¿Por qué los trasladan desde la comuna de Cauquenes a las de Pelluhue y de Chanco? Porque la Alianza por Chile no tiene ninguna posibilidad de lograr un triunfo electoral en la comuna de Cauquenes. Entonces, nada mejor que llevarlos a esas comunas. Ante esto, hay que realizar una investigación y la Contraloría General de la República puede hacer mucho, por ejemplo, una completa auditoría en los municipios de Pelluhue y Chanco para determinar cómo han dirigido las ayudas sociales durante este año, a quiénes se han entregado y si esas personas cambiaron su domicilio desde Cauquenes a esas comunas. Esa sería una forma fácil de detectar la utilización de recursos malamente. Por eso, solicito que se envíe copia integra de mi intervención al contralor regional y al director del Servicio Electoral del Maule para que tomen las medidas del caso y se detenga esta situación. Además, pido que también se envíe copia de esta denuncia al fiscal del Ministerio Público de la provincia de Cauquenes, para que le sirva como antecedente en sus investigaciones. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo. ELEVACIÓN DE CATEGORÍA DEL HOSPITAL DE DIEGO DE ALMAGRO. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, con mucha preocupación nos hemos dirigido al ministro de Salud, señor Pedro García, para manifestarle nuestro rechazo al proyecto presentado por la dirección del Servicio de Salud de Atacama que modifica el nivel del hospital de Diego de Almagro, que actualmente tiene nivel 4, en el sentido de transformarlo en una clínica básica u hospital comunal familiar, como lo denomina el proyecto. Esta iniciativa no es nueva, pues en 1999 se hizo el mismo intento desde la dirección del Servicio de Salud de Atacama. En aquella ocasión, luego de una gran movilización de la comunidad de Diego de Almagro, encabezada por su ilustre alcalde, don Hernán Páez Cerda a quien saludo y felicito por defender sus intereses conversamos con el entonces intendente, señor Eduardo Morales Espinoza, para evitar que se hiciera efectivo ese plan, lo cual conseguimos. En 2000, otra vez, la dirección del Servicio de Salud de Atacama intentó rebajar el nivel del hospital de Diego de Almagro, pero, nuevamente a través de una gran movilización ciudadana de la comuna, logramos convencer al entonces intendente, señor Armando Arancibia, de que el proyecto era contraproducente a los intereses de la gente y él lo entendió. Ahora, una vez más, surge este proyecto, que de alguna manera se comenzó a aplicar, por lo cual, junto con el alcalde y otros colegas parlamentarios, les pedimos a la intendenta y a la directora regional del servicio de salud que asistieran a una asamblea con la comunidad, que se realizó el viernes pasado en Diego de Almagro, ocasión en que se les expresó el rechazo total y absoluto a que el hospital de Diego de Almagro sea rebajado de categoría y transformado en una clínica básica u hospital familiar, porque eso significaría que no todos los niños nacerían en la comuna de Diego de Almagro; que las madres embarazadas tendrían que viajar 90 kilómetros, hasta Chañaral, para dar a luz, con lo cual su hijo no sería dieguino, sino chañaralino, o copiapino, si debiera viajar en ambulancia 170 kilómetros por el desierto, con todos los riesgos que ello involucra, hasta el hospital de Copiapó, de nivel 1. No queremos eso. No queremos que la gente que requiera intervenciones quirúrgicas sea subida a una ambulancia y trasladada a otros hospitales de la región. Queremos que el hospital de Diego de Almagro esté en condiciones, como hoy, de realizar intervenciones quirúrgicas. Si en ese recinto hospitalario, para atender los partos en una comunidad donde todos los dieguinos han nacido allí y no se ve por qué, hoy, con el desarrollo tecnológico, las madres deberían tener a sus hijos en otros hospitales de la región se necesita servicio de neonatología, ¡pongámoslo!, pero que se termine este chiste de la directora regional de querer rebajar el nivel del hospital de nuestra comuna. Quiero resaltar el gesto de la intendenta, señora Yasna Provoste, de romper el documento durante la asamblea. En conjunto, acordamos invitar al ministro de Salud, señor Pedro García, para que en el transcurso del mes visite la comunidad de Diego de Almagro y se interiorice de sus necesidades. Se trata de la única comuna de la provincia que está creciendo, pues es allí donde se concentran las inversiones mineras. Sin embargo, el hospital de Codelco sólo atiende a los trabajadores de esa empresa y no a los que dependen de contratistas y subcontratistas. Por eso, es necesario que el centro hospitalario de Diego de Almagro pase de categoría cuatro a categoría tres. Dicha medida pretendemos verificarla en terreno, con la presencia del ministro de Salud, doctor Pedro García, para discutir el tema con la comunidad y con los médicos de Diego de Almagro. Por ello, solicito oficiar al Presidente de la República y al ministro de Salud a fin de que tomen las medidas necesarias para que dicho hospital adquiera la categoría mencionada. Envío un saludo a la comunidad de Diego de Almagro, que está muy preocupada por este problema. Muchas gracias. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo y Carlos Abel Jarpa. En el turno del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el turno del Comité del Partido Socialista y Radical, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. PROBLEMAS QUE AFECTAN A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE CONUMO, PROVINCIA DE ARAUCO. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, el domingo 30 de mayo recién pasado participé en una reunión de juntas de vecinos en la localidad de Conumo, comuna de Arauco, provincia del mismo nombre, donde los pobladores me hicieron llegar directamente sus inquietudes, muchas de las cuales se relacionan con el quehacer estatal. Año a año vemos que en la temporada de invierno, las abundantes lluvias de la provincia de Arauco causan estragos en la zona, gran parte de cuya población vive de la agricultura. Graves inundaciones tuvieron lugar en la temporada invernal de 2003. Hubo promesas por doquier de que ello nunca más se repetiría o, al menos, que las autoridades harían lo imposible para que eso no ocurriera. Sin embargo, vimos con mucha tristeza que las primeras lluvias del año, en el mes de abril, ocasionaron un desastre parecido, con daños estructurales en las viviendas, pérdidas materiales al interior de los hogares y destrucción de las cosechas del sector. Los vecinos se quejan, entre otros aspectos, de que si bien la autoridad ha tomado algunas medidas, como siempre el actuar del aparato estatal ha estado alejado de las personas en cuanto a toma de decisiones se refiere. En efecto, jamás se consultó el parecer de los afectados, quienes, sin duda, tenían mucho que aportar al respecto. Por prescindir de ellos, se cometieron gruesos errores, como dejar el camino al mismo nivel del río, o canalizar las aguas de tal forma que escurran precisamente de la forma que más daño ocasiona a los agricultores. Para colmo de males y casi como una burla a estas modestas familias, la autoridad ha instado a estos campesinos a tomar seguros para cubrir eventuales pérdidas derivadas de problemas climáticos. ¡Por Dios, en qué mundo viven esas autoridades! Por otro lado, un problema igualmente recurrente es el que tiene que ver con la atención en salud. La gente de Conumo se atiende en el consultorio de Carampangue, a pesar de que los requerimientos de la población han sobrepasado con creces la capacidad de dicho Servicio, tanto desde el punto de vista humano como material. En efecto, la atención médica es insuficiente, y las personas deben llegar muy temprano en la madrugada, luego de atravesar sectores rurales de difícil acceso, para lograr una hora de atención, que tampoco está asegurada. Estas circunstancias constituyen una cruda realidad que dista bastante del hermoso panorama que se exhibe en televisión respecto de la salud pública, como tampoco se condice con los anuncios presidenciales que dan cuenta del fin de las famosas filas en los consultorios y hospitales del país. En atención a las situaciones expuestas, solicito, en primer lugar, que se oficie al ministro de Obras Públicas para que defina si tiene presupuestada alguna inversión de fondo para Conumo. Que explique las razones lógicas sobre las que se asientan los defectos que he dado a conocer tras las últimas reparaciones efectuadas, e indique si el procedimiento de su cartera consulta en alguna etapa la posibilidad de que la gente emita su opinión sobre estos problemas que los afectan. En segundo lugar, pido oficiar al ministro de Salud para que informe acerca de si tiene conocimiento de la falta de atención por la que atraviesa esta población y cuáles serían las alternativas de solución, en el corto plazo, para las esforzadas familias de los sectores de Conumo Alto y Conumo Bajo. Agradeceré enviar copia de mi intervención al señor alcalde la comuna de Arauco y a los dirigentes de las juntas de vecinos de Conumo Alto y Conumo Bajo, comuna de Arauco. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. RELACIÓN DE LA PLANTA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE SALUD DE ARAUCO. Oficio. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Salud para que informe sobre la planta del personal del Servicio de Salud de Arauco para que la Cámara de Diputados conozca quiénes trabajan en ese Servicio, qué cargos desempeñan y la profesión que tienen, además de dar a conocer la renta que perciben, de cualquier tipo que sea ésta, ya sea del personal de planta, a contrata, honorarios, etcétera. Necesito saber el costo que significa para el Estado el servicio que ellos entregan. Me refiero a sus sueldos base, beneficios adicionales, principalmente las horas extraordinarias, los viáticos, bonos y cualquier otro beneficio que han percibido durante los últimos cuatro meses de este año. La información que me interesa corresponde sólo al Servicio de Salud de Arauco. En caso de que exista personal dependiente de algún hospital o de otro programa especial de salud por cometido funcional en ese servicio, también pido lo den a conocer junto con la función y renta que perciben. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su señoría. En el tiempo que le resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 13.25 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.