?REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA Sesión 37ª, en jueves 2 de septiembre de 2004 (Ordinaria, de 10.44 a 13.45 horas) Presidencia del señor Ojeda Uribe, don Sergio. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 Autorización a Comisión Especial de Drogas para sesionar simultáneamente con la Sala9 V.Orden del Día. Proyecto de acuerdo aprobatorio de enmiendas de 1997 al anexo de protocolo de 1978 relativo al convenio internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973. Primer trámite constitucional9 Proyecto de acuerdo aprobatorio de enmiendas de 1999 al anexo de protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973. Primer trámite constitucional9 Aumento de sanción penal al abigeato. Primer trámite constitucional12 VI.Proyectos de acuerdo. Incumplimiento de ley N° 19.234, de exonerados políticos. Votación pendiente29 Ratificación de tratados sobre tráfico de bienes culturales y protección de patrimonio arqueológico29 VII.Incidentes. Aplicación tarifaria única a usuarios de aguas Chañar. Oficios32 Entrega de beneficios atrasados a estudiantes becarios de Río Negro. Oficio33 Aceleración de proceso de calificación de exonerados políticos. Oficio33 Información sobre gasto de publicación ordenado por el Intendente de Santiago. Oficios34 Antecedentes sobre alumnos de jornada escolar completa que rindieron última prueba Simce. Oficio35 Aplicación de flúor al agua potable y a la leche. Oficios35 Reconocimiento a autoridades por construcción de obras viales en Concepción. Oficios37 Información sobre aplicación de ley que beneficia a exonerados políticos. Oficios39 Pág. Destino de recursos extraordinarios provenientes de mayor precio del cobre. Oficios40 Cambio en política de la Empresa Nacional de Minería en materia de tarifas de sustentación. Oficios40 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio del honorable Senado por el cual comunica la aprobación del proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “suma”, que modifica el procedimiento de confección de ternas para el nombramiento de Jueces de Garantía y de Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. (boletín Nº 363707) (S)43 2.Oficio del honorable Senado por el cual comunica la aprobación del proyecto de reforma constitucional, iniciado en un moción, que establece como causal de inhabilidad de autoridades que indica, el consumo de drogas. (boletín Nº 350807) (S)43 3.Oficio del honorable Senado por el cual comunica la aprobación, en los mismos términos propuestos por la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que extiende el feriado de Fiestas Patrias al 17 de septiembre de 2004. (boletín N° 364306)44 4.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo parcial de las modificaciones introducidas al proyecto de ley modifica la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial con urgencia calificada de “simple”. (boletín N° 241603).45 5.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que modifica el Código Penal en materia de uso y porte de armas. (boletín N° 338907)45 6.Moción del diputado señor Errázuriz que sanciona a quienes ejerzan violencia en menores a su cuidado. (boletín N° 364707)50 7.Moción del diputado señor Errázuriz que establece medidas precautorias en caso de violencia intrafamiliar por infidelidad. (boletín N° 364818)51 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: De la Comisión Especial de Drogas por el cual solicita el asentimiento de la Cámara para sesionar simultáneamente con la Sala de la Corporación los días 8 y 15 de septiembre en curso, de 11:00 a 13:00 horas para tratar el proyecto que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y que fue devuelto por el H. Senado con modificaciones. Ministerio de Relaciones Exteriores Señora Vidal, medidas de seguridad en las misiones de Chile n el exterior. Ministerio de Hacienda Señor Vargas, informa sobre aplicación ley N° 19.862. Respuesta a proyecto de acuerdo 435A, revisión y perfeccionamiento programa recuperación de suelos degradados. Ministerio del Trabajo Señor Kuschel, nombramiento de cargo de Seremi de la Décima Región. Señor Mulet, pensión administrativa por gracia para portuarios del señor Juan Carvajal M. de la ciudad de Caldera. Señor José Antonio Galilea, descuento a pensionadas de viudez por concepto de salud. Señor Ramón Pérez, situación laboral y previsional de los trabajadores que laboraron para la Empresa Constructora Incofich S.A. Respuesta a proyecto de acuerdo 434A, se transparente información respecto de los costos de administración de las AFP. Ministerio de Obras Públicas Señor Espinoza, fiscalización de empresas de transporte de la comuna de Los Muermos. Ministerio Secretaría General de Gobierno Señor Walker, fondos destinados al Centro de Voluntariado de la Cuarta Región. Señor Felipe Letelier, petición de renuncia a director de La Nación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia Señor Navarro, procedencia del material árido que está utilizando el Complejo Forestal y Celulosa Itata. Respuesta a proyecto de acuerdo 418, actividades para los adultos mayores. Ministerio de Planificación y Cooperación Señor Villouta, estado de avance de ficha CAS2. Señor Jaramillo, consideraciones de puntaje ficha CAS2, para zonas rurales y urbanas. Señor Prieto, recursos entregados a organismos no gubernamentales año 2003. Intendencia de la Región del Biobío Señor Martínez, pavimentación de calles, comuna de Chillán. Intendencia de la Región de Coquimbo Señor Molina, presuntas irregularidades en la construcción del Liceo de los Vilos. Municipalidad de Ancud Señor García, nivel de endeudamiento de la Corporación Municipal de Ancud. Señor Kuschel, nivel de endeudamiento de la Corporación Municipal de Ancud. Asociación Chilena de Municipalidades y Municipalidades de Lumaco, Porvenir, Putaendo, Quemchi, Bulnes, Coltauco, y Mulchén Señor Navarro, tenencia, cuidado y control de perros vagos. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (76) --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Bayo Veloso, Francisco --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Caraball Martínez, Eliana --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leay Morán, Cristián --Letelier Norambuena, Felipe --Melero Abaroa, Patricio --Meza Moncada, Fernando --Molina Sanhueza, Darío --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Muñoz Aburto, Pedro --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Vargas Lyng, Alfonso --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.44 horas. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor OJEDA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 31ª se declara aprobada. El acta de la sesión 32ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor OJEDA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL DE DROGAS PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Especial de Drogas para sesionar simultáneamente con la Sala los días 8 y 15 de septiembre en curso, de 11.00 a 13.00 horas, para tratar el proyecto que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el cual fue devuelto por el Senado con modificaciones. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE ENMIENDAS DE 1997 AL ANEXO DE PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR BUQUES DE 1973. Primer trámite constitucional. PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE ENMIENDAS DE 1999 AL ANEXO DE PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR BUQUES DE 1973. Primer trámite constitucional. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo que aprueban las enmiendas al anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973, adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, mediante resolución Mepc.75(40), de 1997, y Mepc.78(43), de 1999. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Iván Moreira. Antecedentes: Mensajes, boletín 351110 y 351710, sesión 79ª, en 4 de mayo de 20004. Documentos de la Cuenta Nºs. 1 y 7, respectivamente. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores refundido de ambos boletines, sesión 1ª, en 8 de junio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 18. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional, sobre los proyectos de acuerdo que aprueban las enmiendas de 1997 y de 1999 al anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973, adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, mediante resolución Mepc.75 (40), de 1997, y Mepc.78 (43), de 1999. Por razones de economía procesal observada en casos similares en los que se han tramitado simultáneamente varios instrumentos internacionales de estas características, la Comisión que represento ha acordado informarlos todos en un solo acto, sin perjuicio de las decisiones que la Cámara adopte respecto de cada uno en votación única y separada. La Organización Marítima Internacional, en cuyo seno se aprobaron las enmiendas, es un organismo de las Naciones Unidas especializado en asuntos marítimos, que tiene por objetivo facilitar la cooperación entre los gobiernos en asuntos técnicos relacionados con el transporte, la seguridad y la eficiencia de la actividad marítima. Para tal efecto, estudia y formula recomendaciones que tienden a facilitar el funcionamiento y desarrollo de la navegación marítima comercial, tanto en el terreno técnico como en el económico y comercial. Al mismo tiempo, promueve la adopción de acuerdos internacionales respecto de la navegación marítima comercial y, para ese fin, prepara acuerdos internacionales. Se ocupa también de la contaminación en el mar y del tráfico marítimo, así como de tratar de abolir las prácticas restrictivas y discriminatorias que afectan a la marina mercante. Fundamentalmente, sus funciones son dos: facilitar el transporte marítimo y velar por la seguridad en la navegación marítima. Como uno de sus 156 Estados miembros, Chile ha incorporado a su orden interno la constitución de la OMI y participa en diversos convenios y protocolos elaborados para regular aspectos de la seguridad de la vida humana en el mar, la eficiencia de la navegación y la prevención y contención de la contaminación del mar ocasionada por los buques. La autoridad marítima nacional encargada de velar por el cumplimiento de la normativa emanada de la OMI es la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar, y a su director general le corresponde asumir la representación oficial del Estado ante la OMI, conforme lo dispuesto por el decreto ley Nº 2.222, de 21 de mayo de 1978. Entre los convenios de la OMI que la Directemar debe aplicar, por mandato expreso de la ley de Navegación, están el que protege la seguridad de la vida humana en el mar, Solas; el que previene la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos; el que regula la responsabilidad civil por daños causados en tales casos, y el que previene la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. El Convenio Marpol, 73/78, está enfocado a la minimización y eliminación de la contaminación procedente de los buques. Consta de 6 anexos, referidos a la contaminación del mar por hidrocarburos (I), por sustancias líquidas peligrosas transportadas a granel (II), por sustancias peligrosas transportadas en paquetes y bultos (III) y por aguas sucias (IV), por basura producida por los buques (V). El anexo VI contempla reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. Una visión general de estas enmiendas permite señalar, como lo hace el mensaje, que ellas son de carácter netamente técnico y su alcance normativo, en lo sustancial, es el siguiente: 1.Amplían el ámbito de los buques tanques petroleros incluidos en la regla de prevención de la contaminación en caso de abordaje o varada y exigen a los buques tanques que transporten hidrocarburos o productos químicos nocivos un plan de emergencia a bordo contra la contaminación del mar por dichos productos o un certificado suplementario sobre la construcción del buque, y 2.Incorporan una nueva zona especial para prevenir la contaminación del mar por hidrocarburos y mejoran las condiciones de estabilidad de una nave tanquera. En el informe que la Comisión de Relaciones Exteriores ha puesto a disposición de los señores diputados y señoras diputadas se proporcionan mayores antecedentes sobre al alcance técnico de estas enmiendas. Durante el estudio de los proyectos de acuerdo en informe, la Comisión escuchó a los directivos de la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y a los capitanes de navío señores Carlos Canales Guerrero, director de Intereses Marítimos, y Estanislao Sebeckis Arce, subdirector de Operaciones Marítimas, quienes coincidieron con las consideraciones de mérito que justifican la decisión del Excelentísimo señor Presidente de la República de someter estos instrumentos a la aprobación de la honorable Cámara de Diputados. Por lo señalado, la Comisión decidió, por unanimidad, recomendar a esta Cámara aprobar las enmiendas, para lo cual propone adoptar, en votación única o separada, los artículos únicos de los proyectos de acuerdo señalados en los mismos términos formulados en los mensajes. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En discusión los proyectos de acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, como miembro de la bancada de la UDI, informo que vamos a votar favorablemente los proyectos de acuerdo aprobatorios de las referidas enmiendas, porque son muy esperadas por las autoridades marítimas chilenas, debido a que enriquecen la legislación que permite preservar el medio ambiente. Indudablemente, éste es su objetivo más importante. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la bancada del Partido por la Democracia y el Ejecutivo han esperado con ansias estos proyectos de acuerdo. Los instrumentos internacionales de estas características nos apoyan en cuanto a las enmiendas que se hagan a futuro. Por lo tanto, dado que concordamos con el informe expuesto por el diputado informante, vamos a aprobarlos. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Informo a los señores diputados que los proyectos en Tabla serán votados al término del Orden del Día. Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguiente términos: El señor OJEDA (Vicepresidente).- En votación los proyectos de acuerdo que aprueban las enmiendas de 1997 y 1999 al anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa; 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Kuschel, Letelier (don Felipe), Melero, Meza, Molina, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Tapia, Uriarte, Urrutia, Vargas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. AUMENTO DE SANCIÓN PENAL AL ABIGEATO. Primer trámite constitucional. El señor OJEDA (Vicepresidente).- A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, originado en moción, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación. El diputado informante de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana es el señor Gonzalo Uriarte. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, boletines Nºs. 303807, 349507 y 336001, sesión 35ª, en 31 de agosto de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 8. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor URIARTE.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley que sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación. De conformidad con las disposiciones reglamentarias, a la Comisión le correspondió pronunciarse sobre las indicaciones formuladas durante la discusión del primer informe en la Sala, que afectaron a los artículos 1º y 2º de esta iniciativa. Respecto del artículo 1º, se modificó la letra a) y se agregó una letra c), nueva. En lo que se refiere al artículo 2º se adicionó una letra c), nueva. Lo anterior significa que por disposición reglamentaria la letra b) del artículo 1º, las letras a) y b) del artículo 2º y los artículos 3º y 4º, por no haber sido objeto de observaciones o modificaciones, deben entenderse aprobados. En cuanto a las indicaciones formuladas, cabe señalar lo siguiente: La letra a) del artículo 1º sustituye el artículo 449 del Código Penal y en su inciso primero dispone que en los casos de robos o hurtos de caballos o bestias de silla o carga, de ganado mayor, menor, porcino o aviar, siempre que en este último caso su valor exceda de una unidad tributaria mensual, se aplicarán respectivamente, a los autores, cómplices y encubridores, las penas superiores en un grado a las que les hayan correspondido, sin considerar la circunstancia de tratarse de la sustracción de animales, aplicándose, además, la pena accesoria de multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. Los diputados señores Escalona, Jaramillo y Muñoz presentaron una indicación para sustituir la expresión “una”, que precede a la palabra “unidad”, por “media”. Es decir, para los efectos de aplicar las penas propias del abigeato propusieron rebajar la valoración mínima de una a media unidad tributaria mensual, para configurar este delito cuando recae en aves. La Comisión aprobó por unanimidad esta indicación, toda vez que la rebaja del mínimo señalado, además de coincidir con el mínimo establecido para el delito de hurto, permite ampliar el universo de casos en que la norma sería aplicable. También consideró que lo anterior excluía el riesgo de sancionar con excesiva drasticidad los hurtos o robos de muy poca monta, como el de una gallina, por cuanto el valor de la unidad tributaria asciende a casi 30 mil pesos, lo que exigiría las sustracción de varios ejemplares para la configuración del delito. Los diputados señores Escalona, Jaramillo y Muñoz presentaron una segunda indicación para sustituir la oración final de este mismo inciso, que señala: “Se aplicará, además, la accesoria de multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales.”, por la siguiente: “Cuando las especies sustraídas tuvieren un valor que exceda las cinco unidades tributarias mensuales, se aplicará, además, la accesoria de multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales.” La indicación, que condiciona la aplicación de la sanción pecuniaria que establece este artículo cuando lo hurtado o robado exceda de las cinco unidades tributarias mensuales, fue aprobada por unanimidad en la Comisión, porque se estimó que con ello se diferenciaba la penalidad aplicable, adicionando la multa a la pena privativa de libertad sólo cuando se tratare de delitos de mayor entidad. Como consecuencia de las dos modificaciones acogidas por la Comisión, el inciso primero del artículo 1º quedó del siguiente modo: “En los casos de robos o hurtos de caballos o bestias de silla o carga, de ganado mayor, menor, porcino o aviar, siempre que en este último caso su valor exceda de media unidad tributaria mensual, serán aplicadas respectivamente, a los autores, cómplices y encubridores, las penas superiores en un grado a las que les hayan correspondido, sin la circunstancia de tratarse de la sustracción de animales. Cuando las especies sustraídas tuvieren un valor que exceda las cinco unidades tributarias mensuales, se aplicará, además, la accesoria de multa de diez a cien unidades tributarias mensuales.” El inciso tercero del citado artículo 449 establece: “La regla del inciso primero de este artículo se observará también en los casos previstos en el artículo 448, si se trata de animales o aves comprendidos en los incisos anteriores.” Las diputadas señoras Saa y Soto, y el diputado señor Ceroni presentaron una indicación para suprimir en este inciso los términos “o aves”. La indicación, basada en la idea de sustraer de la aplicación de las penas del abigeato el llamado hurto de hallazgo cuando recaiga en aves hurto de hallazgo es aquel que se configura respecto de quien encuentra una especie mueble, al parecer perdida, y no obstante saber quién es su dueño, no la devuelve a éste o a la autoridad, fue acogida por la unanimidad de la Comisión, toda vez que no buscaba despenalizar el hurto o robo de aves, sino solamente, atendida la naturaleza menos peligrosa del delito, que no se le aplicara la pena del abigeato que, como se sabe, eleva la sanción propia del delito de hurto o robo en un grado. Acogida la indicación, el inciso quedó como sigue: “La regla del inciso primero de este artículo se observará también en los casos previstos en el artículo 448, si se trata de animales comprendidos en los incisos anteriores.”. El diputado señor Recondo presentó una indicación para agregar en el párrafo 5 bis del título IX del libro II del Código Penal un artículo nuevo: el 456 bis B, del siguiente tenor: “Si el delito de que trata este párrafo recayere en las especies a que se refiere el artículo 449, se aplicará la pena señalada en el artículo anterior en su grado máximo y multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. “Asimismo, si el autor hubiere incurrido en reiteración de las conductas penadas en el inciso anterior o fuere reincidente en ellas, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 20 a 200 unidades tributarias mensuales.”. La indicación se fundó en la necesidad de sancionar al reducidor; es decir, a la persona que compra especies robadas, a sabiendas que lo son, y cuenta con elementos especialmente adaptados para la comisión del delito, como vehículos convertidos en verdaderos frigoríficos ambulantes que les permiten despostar y trasladar las especies para su comercialización ilegal, sin respetar norma sanitaria alguna. Se había optado por agregar un nuevo artículo en el párrafo 5 bis mencionado, con la finalidad de establecer una figura especial que permitiera aplicar a este tipo de reducidores la misma penalidad privativa de libertad que se aplica a los reducidores comunes y corrientes, pero en su grado máximo. La Comisión concordó con la necesidad de sancionar más drásticamente a este tipo de reducidores, no sólo en razón de su peligrosidad, sino también por la verdadera industria de comercialización ilícita que gira en su torno y que ellos incentivan. No obstante, estimó que la pena privativa de libertad que se imponía en el caso de reincidencia o reiteración, es decir, la de cinco años y un día a diez años, resultaba desproporcionada, razón que la llevó a sustituir el inciso segundo para aplicar, en los casos señalados, la misma pena privativa de libertad establecida en el inciso primero, esto es, de tres años y un día a cinco años, pero con una multa más elevada: de 110 a 200 unidades tributarias mensuales. De acuerdo con lo anterior, el artículo 456 bis B, aprobado por unanimidad, quedó como sigue: “Si el delito de que trata este párrafo recayere en las especies a que se refiere el artículo 449, se aplicará la pena señalada en el artículo anterior en su grado máximo y multa de diez a cien unidades tributarias mensuales. “En el caso de reincidencia o reiteración en tales conductas, la multa será de ciento diez a doscientas unidades tributarias mensuales.”. Artículo 2º. Los diputados señores Jaramillo y Muñoz presentaron una indicación que agrega a este artículo una letra c), nueva, para introducir un inciso segundo al artículo 206 del Código Procesal Penal, el cual se inserta en la etapa de investigación de los delitos prevista por el nuevo procedimiento penal, que tiene por objeto permitir el ingreso de la policía en lugares cerrados, sin previa autorización del dueño o del juez, cuando las llamadas de auxilio desde su interior evidenciaren que se está cometiendo un delito. La proposición de los diputados establece una regla especial para el caso del abigeato, del siguiente tenor: “Tratándose del delito de abigeato, la policía podrá ingresar a los predios cuando existan sospechas fundadas de estarse perpetrando dicho ilícito o generándose las condiciones necesarias para hacerlo, siempre que las circunstancias hicieren temer que la demora en obtener la autorización del propietario facilitará la concreción del mismo o la impunidad de sus hechores.” La Comisión concordó con esta proposición, la que permitirá el ingreso de la policía a lugares cerrados cuando existan sospechas fundadas de estarse perpetrando un ilícito, sin esperar la autorización del dueño, por el riesgo de impunidad que la posible demora conlleva. No obstante, estimó necesario, a fin de respetar las normas del proceso, incluir también la excepción de la autorización judicial, toda vez que el caso que se planteaba coincidía en la necesidad de premura para actuar a que se refiere el actual inciso primero del artículo 206. En consecuencia, la Comisión aprobó por unanimidad esta disposición, la que queda del siguiente modo: “Tratándose del delito de abigeato, la policía podrá ingresar a los predios cuando existan sospechas fundadas de estarse perpetrando dicho ilícito o generándose las condiciones necesarias para hacerlo, siempre que las circunstancias hicieren temer que la demora en obtener la autorización del propietario o del juez, en su caso, facilitará la concreción del mismo o la impunidad de sus hechores.” Finalmente, cabe hacer presente que la nueva legislación que se propone respecto de este delito, que en determinadas regiones del país adquiere caracteres alarmantes, sobre todo en vísperas de las fiestas patrias, modifica disposiciones que no han sido actualizadas desde hace medio siglo, como lo demuestra el hecho de que las dos últimas enmiendas de fondo se remontan a los años 1959 y 1953, con las leyes Nºs 13.303 y 11.183, respectivamente, lo cual hace patente la necesidad de enfrentar este delito, ejecutado con medios cada vez más sofisticados y con los recursos que facilita la modernidad. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, para decirlo en palabras simples, este proyecto constituye un gran avance para combatir el abigeato, delito que se comete desde Arica a Punta Arenas. El abigeato significa arruinar el “banco” de los pequeños agricultores y de los pobres. Hay personas que no conocen mucho del abigeato, porque, o viven en zonas urbanas o viven en zonas agrícolas donde protegen bien sus campos, de modo que no saben que en este delito hay robo y hurto y la diferencia es muy simple de entender. Por ejemplo, hay hurto de ganado, si abren el portón de una propiedad, entra un camión, carga ganado y se lo llevan. Es hurto porque no hay fuerza en las cosas. Pero si se rompen cercos, portones, etcétera, hay robo porque se produce fuerza en las cosas. Esta diferencia no estaba clara en el proyecto. Quienes vivimos en esas zonas y sufrimos estos problemas sabemos que hay áreas rojas donde se van incrementando los robos en determinadas épocas del año. Por ejemplo, el 18 de septiembre, la pascua y el año nuevo son fechas claves, porque aumenta el robo de ganado. Y lo que es peor, muchas veces hemos sabido cómo han matado animales finos para sacarles los cuartos traseros y el lomo, y han dejado el resto del animal tirado en los potreros. O sea, el daño que se le causa a esta gente es gigantesco porque se trata de un patrimonio importante. Para el pequeño agricultor, los bueyes son su herramienta de trabajo. Esto es lo que queremos proteger con el proyecto en estudio. Es importante destacar las indicaciones formuladas por varios diputados y en las que ha trabajado una enormidad el diputado Uriarte. Entre ellas es muy positiva la que autoriza a Carabineros y a la policía civil para entrar a los predios con el fin de realizar investigaciones. ¿Por qué digo esto? Hace tiempo sabíamos que en Loncoche una de las comunas que me honro representar había un matadero clandestino. Era vox populi. Pero nadie se atrevía a denunciarlo porque estaba al interior del campo y no existía orden para entrar a él. Tampoco nadie se atrevía a pedirla porque se trataba de una persona que gozaba de “cierto prestigio” en la comuna. Ahora, con lo dispuesto en este proyecto de ley, si hay sospecha y la gente se entera de que sus animales están siendo sacrificados en tal o cual predio, los funcionarios competentes podrán entrar para realizar la investigación y detener a los autores. Quiero recordar otra situación. Una persona en un furgón se había especializado en matar animales en los caminos y echarlos al vehículo. Cuando se le preguntaba cómo había obtenido esa carne, contestaba: “Se lo compré a tal persona”. Al preguntarle al denunciante: “Pero, ¿dónde está”? “Fíjese que estaba en el paradero de buses”. Para Carabineros, esto no servía de nada. Ahora se va a exigir la guía de despacho, la factura o boleta emitida por quién vendió el animal. Eso da absoluta seguridad a las personas que tienen animales en su campo. En consecuencia, los diputados que representamos zonas agrícolas y a pequeños agricultores, estamos felices de que este proyecto sea aprobado. Hace pocos días, don Erwin Krumbach, presidente de los agricultores de Loncoche, junto con Carabineros, convocaron a la gente de la zona para tratar el problema del abigeato. Se reunieron más de 200 agricultores. O sea, no es un tema menor. La gente está pendiente de esta iniciativa y quiere que sea aprobada a la brevedad posible para tener cierta tranquilidad. Quiero destacar a los autores de este proyecto, porque muchas veces pasan inadvertidos. Ellos son: Rodrigo Álvarez Zenteno, Marcelo Forni Lobos, Pablo Galilea Carrillo, René Manuel García García, Javier Hernández Hernández, Pablo Longueira Montes, Patricio Melero Abaroa, Gastón von Mühlenbrock Zamora, Gonzalo Uriarte Herrera e Ignacio Urrutia Bonilla. O sea, este proyecto es transversal, porque todos estamos en la línea de que el abigeato sea castigado con mucha fuerza. Sin duda, esta iniciativa va a poner freno a los que se habían especializado en robar animales menores, porque también van a ser sancionados. Eso es bueno. Hace pocos días el diputado Enrique Jaramillo me decía que en su zona la Décima Región había recrudecido enormemente el abigeato y muchos lecheros estaban sufriendo por este delito. También el diputado Felipe Letelier me contaba que ese ilícito era un tremendo problema para San Carlos. El diputado Espinoza me señaló que en Los Muermos había mucho abigeato. Lo más curioso es que mucha gente piensa que este delito se comete sólo en el sur de nuestro país, pero ahora vemos que no es así. El diputado Uriarte me informaba hace pocos minutos que uno de los grandes problemas que tiene la Región Metropolitana ¡ojo! es el abigeato. Y con mucha más violencia, pues existen bandas absolutamente organizadas que se meten a los corrales y pesebreras a sacar los animales. En consecuencia, este proyecto de ley va a servir de contrapeso para esta gente que ha hecho una verdadera industria del abigeato. Y, aunque parezca un poco duro decirlo, es “absolutamente rentable”: no tiene ningún costo, sólo utilidad. Lo peor es que las sanciones que se aplican por este delito son muy bajas. Ahora, con lo dispuesto en esta iniciativa, que cuenta con la mejor participación de Carabineros e Investigaciones, de las fuerzas vivas y de las organizaciones de pequeños y medianos agricultores que están protegiendo sus campos, me parece que el abigeato tendrá una fuerte sanción. Tampoco podemos dejar pasar un tema respecto del cual los agricultores están sumamente preocupados. La justicia, aún sin esta iniciativa, tiene que actuar con mucha más dureza. Me contaron que en Cunco, un pequeño agricultor al que le robaron sus animales, vio a quien entró a su campo, y cuando amenazó con denunciarlo, esa persona se devolvió y le dijo que si lo denunciaba mataba a alguien de su familia. En el 90 por ciento de los casos, las víctimas son amenazadas y no se atreven a denunciar el abigeato, porque es cometido por bandas poderosas, con un tremendo aparataje. Es verdad lo que estoy afirmando y eso no puede ser. Por ello, este proyecto será de gran ayuda para los pequeños agricultores. Pero también para los grandes, porque han sido sacrificados animales de tiro, vacas de lechería y reproductores, que poseen un alto valor genético, no sólo económico. La lechería y la agricultura necesitan este tipo de animales que, muchas veces, son víctimas de abigeato. En algunos lugares, como Lautaro, los agricultores deben dormir con sus animales en los corrales porque no tienen ninguna seguridad. Me contaban que lo mismo ocurre en otras partes del país. Es decir, esto es como irse a dormir a la cárcel para estar seguro. Si uno no puede tener los animales en el campo porque sabe que se los van a robar, ¿en qué país estamos viviendo? Como autor, junto a los diputados que nombré, en especial el señor Uriarte, estimamos que el proyecto solucionará el problema del abigeato, porque los funcionarios tendrán atribuciones para actuar y los verdaderos culpables tendrán que pagar. Me parecía increíble que por un animal muerto y el daño patrimonial a un pequeño agricultor, en el caso de la yunta de bueyes que mencioné, que cuesta 600 ó 700 mil pesos, no se dejara ninguna garantía. El que robaba pagaba con cárcel y la víctima perdía sus bueyes. Ahora no; el autor del delito tendrá que pagar una multa, dejar un cover o un depósito, a fin de que aparte de ir a la cárcel, devuelva el valor de los animales. Porque en muchos casos, el pequeño agricultor queda sin su sustento. Explicaré esto para quienes no son agricultores y no entienden. Por ejemplo, si a un pequeño agricultor le matan la yunta de bueyes, no podrá arar ni sembrar su campo; si le matan su animal reproductor, no podrá preñar sus vacas, por lo que no tendrá terneros. Es una cadena muy grande. Por lo tanto, por el bien de los agricultores, la Cámara debería aprobar por unanimidad el proyecto. Debemos legislar para la gente de bien y también preocuparnos de que quienes roban animales reciban sanciones altas y drásticas, porque eso es el banco y resguardo de los pequeños agricultores. Si les matan sus animales, quedan desprotegidos y sin recursos durante todo el año. Por eso, con mucha fuerza y ánimo, anuncio mi voto favorable. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Señores diputados, hay quince diputados inscritos para hablar, y el Orden del Día termina a las 12.30 horas. Por ello, solicito restringir a 3 ó 5 minutos sus intervenciones para alcanzar también a tratar los otros proyectos en Tabla. Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, cuando uno habla de penas altas, está de acuerdo en que se apliquen a los cuatreros, a los bandoleros que andan armados y que hacen de su vida la comisión de delitos; o sea, a quienes exterminan animales o se apropian de lo ajeno. En ese sentido, me parece bien. También está bien que se haya acogido una indicación de nuestra bancada, a fin de despenalizar el hurto famélico de aves menores, porque me parecía una barbaridad que se penalizara a quien robe una gallina. Se mejoró o perfeccionó el proyecto, porque no se podía poner en la misma balanza el robo de una gallina con el robo a gran escala. Pero me surge una duda. Quizás haya diferencia en las penalidades de las apropiaciones indebidas establecidas en el Código Penal. Preferiría que la iniciativa se mandara, si así lo estima la Sala, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de determinar si estas penalidades están acordes con las otras. Me preocupan también las penas accesorias. Son muy altas y sabemos que cuando esto ocurre en la práctica no se pagan y que, al final, el autor del hurto termina pagando con cárcel. Como en el artículo 449 del Código Penal no se suprimió la expresión “aviar”, o sea, gallinas, pollos, estas penas accesorias podrían ser muy gravosas para quienes roban una, dos o tres gallinas. Me parece más justo que se haga esa revisión por la referida Comisión, sin destruir para nada el espíritu general del proyecto. Si no se accede a ello, igualmente le daré mi conformidad. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, me parece que es importante hacer previamente una prevención y una observación respecto del origen del proyecto que hoy discutimos en su segundo informe reglamentario. En el primer informe se establece que el proyecto tiene origen en una moción de los señores diputados que se mencionan en este segundo informe. Sin embargo, cabe recalcar, además, que es producto de la fusión con otras dos mociones. Las tres apuntaban a conceptos importantes: aumentar las penas para sancionar el delito de abigeato, otorgar facilidades para investigarlo y establecer elementos que permitan usarse como prueba para condenar a los responsables. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, después de evaluar los contenidos de las mociones de los señores Bustos, Escalona, Espinoza, Letelier, Muñoz y Navarro (boletín 349507) y de los diputados señora Alejandra Sepúlveda y señores Alvarado, Galilea, don Pablo; Hernández, Meza, Von Mühlenbrock, Ojeda, Quintana, Recondo y Uriarte (boletín 336001), acordó fusionarlas y plantearlas como una indicación sustitutiva que dio origen, finalmente, al proyecto que hoy estamos debatiendo. Hago esta prevención, porque y creo que es justo que en el segundo informe se consigne el proyecto es fruto de la fusión de tres mociones que contenían la misma materia y los mismos objetivos, procedimiento que fue acordado por la Comisión. Por lo tanto, deberían registrarse los nombres de los diputados autores de cada una de las mociones refundidas en esta iniciativa. Además, se recogen las indicaciones que presentamos para aumentar las penas del proceso de receptación, es decir, de quienes se dedican a comercializar la carne obtenida producto del abigeato. Además, facilita la fase de investigación a las policías, pues las faculta para ingresar a los predios cuando existan sospechas fundadas de estarse perpetrando el delito de abigeato. No obstante, espero que el Senado mejore el proyecto en un aspecto que considero esencial. Una de las dificultades que tienen las policías para investigar y los tribunales para sancionar a los delincuentes es la dificultad en constituir y ponderar pruebas. Eso ha ocurrido en la Décima Región con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. En el nuevo procedimiento penal los fiscales, al recibir denuncias, exigen que se aporten pruebas. Sin embargo, como en la mayoría de los casos eso no es posible, es habitual que las causas se archiven. Ello genera gran frustración en los agricultores y en los dueños de ganado, porque ven cómo los autores de abigeato quedan sin sanciones por la falta de pruebas. El proyecto se hace cargo de esa situación, pues establece que constituye prueba el hecho de que los transportistas no puedan comprobar, mediante la presentación de la boleta, factura o guía de despacho, que lo que transportan es producto de una compra legal. De manera que si no presentan dicho documento, se entenderá que lo que transportan es fruto de un delito, lo que facilitará la aplicación de la sanción que corresponda. Por último, quiero reiterar mi petición, en cuanto a que se registren los nombres de los autores de las tres mociones que dieron lugar a este proyecto. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz. El señor MUÑOZ.- Señor Presidente, como señaló el diputado señor Carlos Recondo, situación que también hice presente cuando discutimos el proyecto en general, la iniciativa es fruto de tres mociones complementarias que dan cuenta de esta situación en nuestros campos. En algunas regiones, la actividad principal es la ganadería, lo que lleva a la proliferación de verdaderas bandas que cometen abigeato, con grave perjuicio para los dueños de animales y para la actividad económica regional. Peor aún es cuando los afectados son pequeños o microganaderos para los que el robo de sus animales es un perjuicio económico irreparable. A algunos señores diputados no les gusta el aumento de las penas, pero, lamentablemente, ésta es la única forma de terminar o morigerar un delito tan común en nuestros campos. Las indicaciones aprobadas recogen el sentir no sólo de los autores de las distintas mociones, sino de todos quienes se dedican a la crianza de animales y que han sido objeto de robo. La indicación sobre control policial aprobada me parece bastante mejorada. Considero muy importante que Carabineros pueda ingresar a los predios cuando existan sospechas fundadas de estarse perpetrando dicho ilícito o generándose las condiciones necesarias para hacerlo, siempre que las circunstancias hicieren temer que la demora en obtener la autorización del propietario o del juez, en su caso, facilitará la concreción del mismo o la impunidad de sus hechores. La imposibilidad de entrar a los campos era una de las razones que aducía Carabineros ante las críticas de falta de celeridad y eficiencia en el combate de estos ilícitos. En efecto, en los predios generalmente hay muchos caminos interiores cerrados con tranqueras, y al no tener la autorización correspondiente del juez, Carabineros no podía entrar cuando se perpetraba un delito. Por ello, esta indicación, aprobada por la Comisión, permitirá combatir en forma más eficaz el abigeato. Finalmente, la precisión para aplicar las multas se orienta a castigar a quienes lucran con el abigeato, y son quienes conforman una cadena de comercializadores. Ojalá el Senado perfeccione esta norma y adecue este proyecto a las nuevas modificaciones de la reforma procesal penal que ayudan a la persecución y sanción del delito. Sin embargo, igual se producen problemas. Por ejemplo, hay personas a quienes les han hurtado hasta 400 animales, y a pesar de que estaban marcados han sido llevados a los mataderos con guías falsas que han permitido su libre tránsito. El dueño del ganado no pudo probar que eran de su propiedad porque no tuvo testigos, por lo que la justicia condenó al autor del hurto sólo como cómplice. Es evidente que aquí hubo un despropósito, porque se acreditó el dominio de los animales. El proyecto constituye un paso importante para resolver el delito de abigeato y se mejorará aún más si se establecieran los marcadores de ADN para determinar el origen de los animales. Finalmente, esperamos que la iniciativa sea mejorada en el Senado, de manera que sea una buena señal para quienes permanentemente son objeto de estos ilícitos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, sin duda el proyecto recoge la necesidad de mejorar la legislación desde el punto de vista de la norma y de los procedimientos. Como bien han señalado los diputados representantes de zonas agrícolas, no sólo ha habido un aumento importante en el delito de abigeato, sino también un perfeccionamiento en su comisión: hay más grados de organización. Por ende, debemos mejorar los instrumentos para prevenir este delito y así dar una señal pública clara del efecto intimidatorio de las penas, en el sentido de que los perpetradores de este delito sepan que van a ser condenados a penas elevadas. Cabe destacar el trabajo de los diputados patrocinantes de la iniciativa y es importante que les demos nuestro apoyo. Sin embargo, quiero hacer un par de consideraciones. Primero, me parece un error que se diga que esperamos que el Senado mejore los proyectos remitidos por la Cámara de Diputados. Tengo la impresión, a pesar de mi poca experiencia en esta Corporación, de que muchas veces el Senado puede empeorar los proyectos. Digo esto con mucho respeto. Pero que los diputados digamos que ojalá el Senado mejore los proyectos, me parece malo, muy malo. El Senado puede mejorarlos pero también empeorarlos. Ocupar un lugar en el Senado no tiene que ver con poseer más o menos conocimientos, es sólo cuestión de edad. En segundo lugar, como se trata de un proyecto muy requerido y que está en segundo informe además, la Comisión de Constitución tiene una importante carga de trabajo, creo que no debemos demorar su despacho. No obstante ser muy importante todo lo que establece el proyecto: el aumento de las penas, mayor agilidad del procedimiento y el establecimiento de mayores presunciones para que la policía pueda actuar, voy a pedir votación separada para la indicación que consiste en agregar una letra c) al artículo 2º. Considero que su redacción no es la más adecuada al establecer que “Tratándose del delito de abigeato, la policía podrá ingresar a los predios cuando existan sospechas fundadas de estarse perpetrando dicho ilícito...”. El concepto de “sospechas fundadas” es absolutamente nuevo en nuestro derecho, porque las presunciones son fundadas, pero no las sospechas, por tratarse de una categoría anterior a la de aquéllas. Considero que existe un grave problema de redacción, por lo cual voy a pedir que se vote en forma separada. Me parece que el resto del articulado está bien y debe ser apoyado, pero dicha norma debe ser votada en contra. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma. El señor PALMA.- Señor Presidente, el abigeato es un problema mayor de nuestro campo, como bien dijo hace un instante el colega René Manuel García. Pareciera que se trata de un problema de la zona centrosur. Pero no es así. Es una situación endémica que no se divulga mucho porque no constituye una gran noticia, pero representa un problema económico mayor para muchos agricultores y campesinos de todas las zonas agrícolas, incluidas las del norte. Éste es un buen proyecto porque aumenta las penas y sanciona de manera mucho más severa a quienes cometen el delito de hurto y robo de animales. Además, agiliza las investigaciones, que actualmente quedan entrampadas porque Carabineros y los mismos jueces no pueden actuar. Lo mismo ocurre con el comiso de especies transportadas, cuando no se puede probar su origen. Se trata de bandas organizadas que intervienen en toda la cadena delictual, desde el robo de las carnes hasta su comercialización o venta en establecimientos clandestinos y carnicerías, como ocurre en muchos de nuestros pueblos. Creo que los agricultores estarán contentos con este proyecto, en particular los pequeños, que sufren el rigor de las acciones de estos maleantes que les roban sus animales, que a veces constituyen su única riqueza. Por lo tanto, la bancada de Renovación Nacional, que en un alto porcentaje representa a zonas campesinas y agrícolas, apoyará por unanimidad este proyecto. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, no soy representante de zonas rurales, pero, como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, he participado en el debate de este proyecto de ley. El abigeato es un delito que consiste en el robo o hurto de caballos, de bestias de silla y de carga, de ganado mayor o menor, y la propuesta legal en estudio tiene por objeto endurecer las penas y facilitar su investigación. Me parece importantísimo avanzar legislativamente en esta materia, a fin de entregar mejores herramientas para sancionar la comisión de este delito. Asimismo, era imperativo incrementar las políticas dirigidas a su prevención, a actualizar las sanciones y a controlar e investigar el mismo. Por las razones mencionadas, aprobaré el proyecto. En cuanto a las modificaciones fundamentales que introduce el proyecto, en relación con el lugar de detención, se amplían los casos de delito in fraganti a cualquier lugar cerrado que no sea morada, sin necesidad del consentimiento del dueño ni autorización judicial. Considero que debería examinarse con detención el concepto de “morada”, porque el delito de abigeato se comete en predios agrícolas o rurales, muchos de los cuales pueden servir de morada al dueño, según nos explicó el diputado autor de la moción. Tal vez sería más propio utilizar el vocablo “habitación”. También debe aclararse el alcance de la expresión “en cualquier lugar cerrado”, dado que puede ser equívoca, porque los predios pueden ser cercados o constituir deslindes o límites de una propiedad. El delito de abigeato in fraganti cometido en lugar cerrado que no sea morada tiene la particularidad de que quien lo comete puede ser detenido por cualquier persona, sin necesidad del consentimiento del dueño ni de autorización judicial. Asimismo, el proyecto contempla relevar la obligación, para los casos de abigeato, de la declaración de preexistencia de las cosas sustraídas y la apreciación de su valor, ante quien reciba la denuncia, que puede ser el juzgado que ejerce competencia en lo criminal del lugar del hecho, cualquier juzgado con competencia en lo criminal, o un funcionario de Carabineros o de la Policía de Investigaciones. Considero importante avanzar en este tema, que afecta a miles de personas que viven en zonas rurales. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, este proyecto que sanciona con mayor energía el abigeato solucionará en parte el tremendo drama que afecta a muchos campesinos, en particular, a los que viven en los sectores rurales más cercanos a las comunas donde son recepcionadas las partes de los animales sacrificados ilegalmente. Es de justicia reconocer el mérito de todos los parlamentarios que nos hemos interesado en este problema. Me permito mencionar a los diputados señores Bustos, Escalona, Espinoza, Juan Pablo Letelier, Muñoz y Navarro, quienes presentaron un proyecto para modificar las penas existentes para los delitos de robo y hurto de animales. Posteriormente, la diputada señora Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Recondo, Alvarado, Pablo Galilea, Hernández, Meza, Von Mühlenbrock, Ojeda, Quintana y Uriarte presentaron otro proyecto que tenía por finalidad establecer sanciones para el delito de abigeato y medidas en favor de la seguridad de los habitantes de los sectores rurales. Como lo explicó el diputado Recondo, esas iniciativas se fundieron con la tercera ya mencionada, para dar origen a este proyecto que contiene todas las disposiciones tendientes a sancionar con mayor rigor este delito. La gente del campo es humilde y con mucho esfuerzo consigue mantener su ganado ovino, bovino o caballar. Pero ocurre que hasta las aves son objeto de robo por personas sin escrúpulos que penetran en sus predios, descuartizan sus animales y se llevan las mejores partes para venderlas clandestinamente, reduciendo a la nada su trabajo de tantos años. De ahí la necesidad de sancionar con mayor energía este delito, a fin de dar un poco de tranquilidad a los campesinos. De ahora en adelante, el hecho de que una persona no pueda comprobar ante Carabineros o Policía de Investigaciones el origen de la carne o de los restos de algún animal que transporte en su vehículo, constituirá una prueba flagrante para proceder en su contra y castigarla. El hecho de aplicar a los autores, cómplices y encubridores una pena superior en un grado a aquella que les hubiera correspondido por robo o hurto de otras especies, hará recapacitar a los autores de abigeato. Por otra parte, estoy de acuerdo con que la Policía de Investigaciones y Carabineros puedan ingresar a cualquier predio que no sea morada, con el objeto de comprobar como bien acotaba el diputado Burgos, más que sospechas fundadas, presunciones fundadas de que en ese lugar se está cometiendo un delito. Por último, hay que eximir de la ratificación de la denuncia a la gente que tiene la valentía de denunciar un delito de abigeato, porque resulta molesto e incómodo. Muchos de estos delitos quedan impunes, porque la gente que vive en lugares apartados y que se ha atrevido a hacer la denuncia es obligada a ratificarla. Como no lo hace, el caso queda archivado y el delito impune. Por último, el que se apropie como dijo la diputada señora Ximena Vidal de las plumas, pelos, crines o cerdas de animales ajenos, esquilándolos o cortándoles las plumas, pelos, crines o cerdas, recibirá una pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Este buen proyecto de ley es el fruto del trabajo de muchos diputados que hemos estado recibiendo permanentemente quejas de la ciudadanía, sobre todo de los sectores rurales. Me alegro que estemos tramitándolo. Estoy seguro que será aprobado, para lo cual también comprometo nuestros votos. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Quiero reiterar a los señores diputados que están inscritos que sean breves, a fin de poder votar el proyecto en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, realmente estamos dando un paso significativo e histórico para los campesinos y agricultores, en particular los del sur. Hemos estado con ellos en varias reuniones y hemos podido comprobar que estos delitos les causan un drama insospechado que, de la noche a la mañana, les cambia su vida y la de sus familias. Estamos frente a bandas organizadas que asuelan bienes de pequeños campesinos y agricultores, pero, en muchos casos, las policías se ven atadas de manos para operar con diligencia, lo que significa reitero que, de la noche a la mañana, una persona que tenía un pequeño capital queda en la más absoluta indefensión y pobreza. Por eso, es importante que podamos votar ahora este proyecto para que, de una vez por todas, se aumenten las penas existentes para castigar el hurto o robo de animales. Este problema es muy antiguo y se ha dado a conocer en muchos reportajes de la televisión, pero después se olvida y la gente continúa con el problema. El proyecto, del cual soy autor junto con otros diputados, sanciona drásticamente a las bandas que operan en una cadena delictiva, que va del robo del animal hasta la comercialización de su carne. Por consiguiente, responde a las necesidades legales de los pequeños y medianos agricultores del país, cuyo patrimonio se ve afectado por el delito del abigeato, al facultar a la policía para proceder con mayor rapidez en contra de quienes lo cometan. Por lo tanto, anuncio el voto favorable de la Unión Demócrata Independiente, que desde un comienzo prestó su apoyo. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, dentro de los grandes desafíos del Estado en materia de seguridad ciudadana figura el combate al narcotráfico y a la delincuencia urbana. Ahora debe agregarse el abigeato, porque quienes vivimos en zonas rurales sabemos lo que significa ese flagelo. Por eso, me alegra que el proyecto concite un amplio consenso para sancionar con mayor rigor este delito y facilitar su investigación. Incluso, para ello, varios hemos sido partidarios de que se cree una policía especializada, toda vez que en muchos casos ha habido complicidad de los encargados de investigar. Podría hacerse algo similar a la Escuela de Fronteras de Carabineros, que funciona en la Cuarta Región. Esto es complicado, sobre todo porque no basta que alguien diga: “sospechamos”, “sabemos”, “nos dijeron” o “creemos que pudo ser fulano de tal”, ya que después debe ratificar la denuncia en el tribunal, lo que implica gastos y pérdida de tiempo. La policía debiera esclarecer los hechos y el afectado saber qué sucedió con el animal que le robaron. En general, el Gobierno ha desaprovechado la tremenda posibilidad que significa un aliado muy potente en seguridad ciudadana: las juntas de vecinos, en lo urbano y en lo rural. Colaborarían en el control de la delincuencia sin mayor inversión, por ejemplo, en dotación de vehículos y de personal. Si se acogiera esta idea, otro gallo les cantaría a los delincuentes. Asimismo, en vez de construir más cárceles, debería hacer participar a la juventud y a otros actores de la sociedad en el combate de la delincuencia. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, espero que el proyecto sirva para combatir el abigeato, pero tengo algunas dudas respecto de los reincidentes. En sesión anterior, en Incidentes, en relación con el remate de algunas propiedades que se está llevando a cabo en Maullín, de agricultores que precisamente han perdido el ganado con el que pensaban pagar las contribuciones, planteé la necesidad de establecer un registro de ladrones de ganado y de mataderos clandestinos, porque los primeros están cebados, acostumbrados a la impunidad. Por lo tanto, aprovecho de reiterar el oficio al ministro de Hacienda para que considere la situación de esos agricultores, además de consultar al diputado informante o a algún personero de Gobierno qué pasa con los reincidentes del delito de abigeato y si, efectivamente, se les aumentará la pena, porque están acostumbrados a robar animales y se mantienen en la impunidad más absoluta, no obstante que se sabe perfectamente quiénes son. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Diputado señor Kuschel, no procede la petición de envío de oficios durante la discusión de un proyecto de ley. Corresponde en la hora de Incidentes. Respecto de su consulta, el diputado informante podrá responderla. Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, el proyecto, tal como lo manifestaron el diputado Recondo y otros, es el resultado de la refundición de varios textos con un objetivo central: establecer mayores sanciones para combatir el flagelo del abigeato, en cuya comisión verdaderas bandas organizadas asuelan los campos, con perjuicio importante no sólo a los grandes y medianos agricultores, sino que también a los pequeños, que son los más afectados. Por lo tanto, valoro el hecho de que este proyecto sea producto del esfuerzo de todos nosotros. Además, destaco con hidalguía la lucha que inició mi colega Carlos Recondo, con quien compartimos el distrito Nº 56, de la Décima Región, que debe ser una de las más afectadas por este tipo de delitos. En los últimos años, bandas organizadas han degollado a una cantidad importante de animales durante la noche. Con ello, han provocado desajustes en la economía de los pequeños y medianos agricultores y, en muchos casos, su posterior desestabilización. No hay que olvidar que algunos viven del trabajo que les brinda una yunta de bueyes, y si les roban un animal, no tienen la posibilidad de seguir cultivando la tierra, por ejemplo, y son víctimas de los efectos derivados de ese hecho. Por eso, esta iniciativa, que busca establecer sanciones más drásticas, constituye un elemento de apoyo para ellos. Sin embargo, sólo es uno más, porque no es el único. La ley, por sí sola, no solucionará los problemas. Incluso, en muchas comunas, como Los Muermos, Fresia, Purranque y Río Negro, Carabineros no cuenta con los medios para efectuar rondas en forma persistente. De todos modos, el proyecto, que seguramente se aprobará con una amplia mayoría, será una herramienta más en esta lucha. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, quiero manifestar mi apoyo muy firme a esta iniciativa, que tiene por objeto hacer más severas las penas al delito de abigeato o cuatrerismo, como se le conoce habitualmente. En el hecho, el cuatrero hay que decirlo con todas sus letras es un verdadero asesino que no vacila en sacrificar animales, a veces finos, con el objeto de comercializar su carne. De esta forma, el que comete el acto de abigeato es sólo la punta del iceberg, así como en el comercio callejero ilegal la persona que vende productos es la cara visible de una cadena de comercialización inmensamente mayor. Detrás del acto de cuatrerismo hay toda una empresa de faenamiento de animales y de comercialización y venta de carne. Por lo demás, mediante este delito se transgreden normas sanitarias elementales. Por ejemplo, la carne de caballo o vacuno que se obtiene mediante actos de cuatrerismo carece de las prevenciones sanitarias que tiene la producida en los mataderos legalmente establecidos. De manera que la figura del abigeato es doblemente grave, puesto que, por una parte, afecta la economía y los bienes de gente muy modesta, a la cual se le inflige un daño gravísimo, y por otra, se atenta contra la salud de la población. Además, toda la producción, comercialización y venta legal de productos cárneos se ve amagada. Por eso, aun cuando votaré favorablemente, echo de menos penas más severas para quienes efectivamente son los mayores culpables de cuatrerismo y que están detrás de la gente que comete el delito, cuales son las pseudo empresas de faenamiento, comercialización y venta de los animales robados. Por eso, advierto a la Comisión para que en el futuro proceda con la misma severidad. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los autores de esta moción, porque se trata de un tema muy sentido. Si bien las sanciones sobre el abigeato tuvieron su origen en los inicios del siglo pasado, sobre la base del concepto esencial de proteger a los grandes y poderosos agricultores, que vivían de la riqueza que les generaba el ganado en general, hoy es un delito significativo para los pequeños y medianos agricultores y es necesario protegerlos, porque ante la acción de los delincuentes se quedan sin su patrimonio. Para un pequeño agricultor el robo o hurto de 5,6 ó 10 vacunos, caballos u otros animales, implica prácticamente su ruina. Por eso es tan importante legislar sobre esta materia. Reitero mis felicitaciones a los autores de la iniciativa. Me parece una excelente medida establecer que el juez, obligatoriamente, deberá aplicar las penas en la forma establecida en el Código; no como antes, en que era facultativo. Es muy atingente también el hecho de que se dispongan multas o penas altas, especialmente para quienes negocian con el robo o hurto de animales, puesto que con ellas se desincentivará el comercio ilegal que, además, atenta contra la salud de las personas, contra la más elemental higiene, al transportarse y faenarse los animales en cualquier lugar. Se produjo un debate a raíz de que el diputado Jorge Burgos planteó incorporar, en el inciso segundo del artículo 206 del Código Procesal Penal, una indicación en el sentido de permitir a la policía ingresar a los predios cuando existan sospechas fundadas de que se está perpetrando dicho ilícito. Pero el diputado Jorge Burgos cuestionó el concepto de sospecha fundada. Si bien le encuentro razón, en mi opinión, basta con la frase final del actual artículo 206 del Código Procesal Penal para que la policía pueda ingresar a un predio, pues señala lo siguiente: “Artículo 206.- Entrada y registro en lugares cerrados sin autorización judicial. La policía podrá entrar en un lugar cerrado y registrarlo, sin el consentimiento expreso de su propietario o encargado ni autorización judicial previa, cuando las llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el interior u otros signos evidentes indicaren que en el recinto se está cometiendo un delito.” Basta dicha frase. Es decir, reitero la policía podrá ingresar cuando existan otros signos evidentes que indicaren que en el recinto se está cometiendo un delito. En consecuencia, podríamos rechazar con tranquilidad esa indicación al artículo 206 y no complicarnos la vida desde el punto de vista de técnica legislativa. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, quiero hacer presente mi reconocimiento a los autores del proyecto, especialmente al diputado Uriarte, a los diputados Bustos, Escalona y Muñoz, quienes presentaron un proyecto paralelo cuyas ideas, finalmente, fueron integradas a esta iniciativa a través de indicaciones, y a las diputadas María Antonieta Saa y Laura Soto y a los diputados Jaramillo y Ceroni, que también hicieron aportes sustanciales. Tratamos el segundo informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, por lo que todos tuvimos oportunidad de participar y de hacer indicaciones, las cuales fueron muy discutidas. En consecuencia, las aprensiones que pudieron existir fueron evaluadas por la Comisión y, en definitiva, el proyecto va en la dirección correcta. El temor a que se estableciera una penalidad excesiva ha quedado desvirtuado, por cuanto es justa y adecuada, sobre todo ante un delito que tiene una connotación cada vez mayor y un incremento enorme. En nuestra región, por ejemplo, en la comuna de La Higuera acaba de ser detenida una pandilla de cuatreros que asolaba los campos. Esta ley permitirá que esa gente vaya a la cárcel y que, incluso, reciba una sanción monetaria. Por lo tanto, nuestra bancada está absolutamente de acuerdo con el proyecto. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, después de escuchar los comentarios, que la impresión de que nunca se hubiera sancionado el abigeato; es como si recién fuéramos a aprobar un proyecto de ley sobre la materia. Sin embargo, este proyecto sólo facilita su investigación y lo sanciona con mayor rigor. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, en su segundo informe, ha aceptado los perfeccionamientos a distintas normas que propusimos algunos colegas, especialmente a la figura de la presunción de la comisión del delito de abigeato cuando en poder de una persona se encontraren especies o partes de un animal respecto de las cuales no pueda dar justificación. Estamos conforme con el proyecto, pero queda una interrogante muy grande respecto del artículo 206 del Código Procesal Penal, que se refiere a las sospechas fundadas. No puedo estar más de acuerdo con el diputado Burgos al respecto y quiero que mi intervención quede en la historia fidedigna de la ley. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Patricio Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, sólo quiero manifestar mi apoyo a este proyecto de ley y felicitar a sus autores. Es una iniciativa importante para quienes representamos zonas rurales, porque, básicamente, establece mayor rigor en el combate al hurto y robo de ganado al aumentar las penas y las multas. Asimismo, acrecienta la eficacia de la investigación del delito al disponer que se presumirá autor del robo o hurto de animales a quien en cuyo poder se encuentren especies o partes de un animal sin que pueda justificar su tenencia, y, finalmente, aumenta las sanciones, con multas, cuando hay reiteración de este tipo de conducta. También destaco el hecho de que se permita ingresar a la policía a recintos cerrados, cuando existan sospechas fundadas hubiese preferido presunciones, pero entiendo que ahora no podemos hacer modificaciones de que se está perpetrando el delito. Éste es un avance importante para defender a los campesinos, a los agricultores honestos y modestos que hoy son víctimas de los cuatreros, del robo de animales, del abigeato. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte. El señor URIARTE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a los señores diputados que participaron en la discusión de la iniciativa y, por cierto, en su redacción. Para dejar constancia en la historia fidedigna de la ley, los quiero mencionar a todos: diputada señora Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Rodrigo Álvarez, Marcelo Forni, Pablo Galilea, René Manuel García, Javier Hernández, Pablo Longueira, Patricio Melero, Gastón Von Muhlenbrock, Ignacio Urrutia, Juan Bustos, Camilo Escalona, Fidel Espinoza, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Claudio Alvarado, Fernando Meza, Sergio Ojeda, Jaime Quintana, Carlos Recondo y quien habla. En segundo lugar, quiero hacerme cargo, al menos, de dos inquietudes surgidas en el debate habido. La primera dice relación con el tema planteado por el diputado Ibáñez en cuanto a qué ocurre con la receptación. Muy simple. El proyecto se hace cargo de esa realidad y establece multas que pueden llegar, incluso, hasta las 200 unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia o reiteración. La segunda se refiere a una observación muy loable que hizo como siempre, con su pulcritud legislativa, el diputado Burgos, sobre la fórmula empleada, al parecer, sin precedentes, de la “fundada sospecha” o “sospechas fundadas”. La verdad estricta es que el concepto es el mismo. En nuestra legislación hay abundantes ejemplos en que se menciona la fórmula “fundada sospecha”. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 113 Ter, a propósito de los delitos sexuales, o en el artículo 156, en relación con el registro y entrada a lugares cerrados, se utiliza esta fórmula, sin perjuicio de lo cual, a mayor abundamiento y para mayor pulcritud de la norma que estamos aprobando, sugiero a la Sala que, por unanimidad, se invierta el orden de la expresión en el sentido de decir “fundadas sospechas” en lugar de “sospechas fundadas”, tal como se ocupa en la legislación vigente y se ha utilizado en reiteradas oportunidades. Por último, el abigeato, efectivamente, surge en nuestra legislación en 1874, cuando se promulga el Código Penal. Desde esa época a la fecha ha habido dos modificaciones: en 1953 y en 1959. Hoy, en 2004, estamos viviendo un fenómeno muy distinto al que se vivía cuando se promulgó el Código Penal y se modificó, en parte formal y parcial, este delito, porque existe una industria millonaria que se dedica al robo de animales y al tráfico ilícito de especies sustraídas como consecuencia de este delito. Lo que el país espera de nosotros es una respuesta clara, dura y eficaz en contra de esta nueva forma delictual. Por eso, propongo a la Sala aprobar el proyecto sin más trámite y despacharlo en el más breve plazo al Senado. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Cerrado el debate. Corresponde votar en general el proyecto de ley, originado en moción, que sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación. Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaran aprobados la letra b) del artículo 1º; las letras b) y c) del artículo 2º, y los artículos 3º y 4º. Aprobados. En cuanto a los artículos sujetos a modificación, se someten a votación separada el artículo 1º, que introduce modificaciones en su letra a) y agrega una letra c) nueva. En votación la letra a) del artículo 1º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Kuschel, Letelier (don Felipe), Melero, Meza, Molina, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Tapia, Uriarte, Urrutia, Vargas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En votación la letra c) nueva del artículo 1º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Espinoza, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Kuschel, Melero, Meza, Molina, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Tapia, Uriarte, Urrutia, Vargas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En votación el artículo 2º, que agrega una letra c) nueva. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Aprobado. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Ceroni, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Kuschel, Melero, Meza, Molina, Moreira, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Palma, Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Robles, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Tapia, Uriarte, Urrutia, Vargas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Burgos, Mora, Olivares, Ortiz y Riveros. Se abstuvo el diputado señor Saffirio. El señor URIARTE.- Reglamento, señor Presidente. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor URIARTE.- Señor Presidente, para reiterar una petición que hice en la Sala en el sentido de invertir en el inciso segundo del artículo 206 del Código Procesal Penal, que se incorpora por la letra c) del artículo 2º del proyecto, la frase “sospechas fundadas” por “fundadas sospechas”, para lo cual pido facultar al Secretario. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Así se hará, señor diputado. VI. PROYECTOS DE ACUERDO INCUMPLIMIENTO DE LEY Nº 19.234, DE EXONERADOS POLÍTICOS. Votación pendiente. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 455. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Rechazado por falta de quórum. RATIFICACIÓN DE TRATADOS SOBRE TRÁFICO DE BIENES CULTURALES Y PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 456. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Navarro, Araya, Rossi y Muñoz, don Pedro. “Considerando: Que el diario “El Mercurio”, de Santiago, de 2 de mayo recién pasado, destacó las debilidades de la legislación chilena que protege el patrimonio cultural material de los pueblos indígenas, particularmente contra los huaqueros. En ese artículo, se narra la situación de Jaime Quinteros Chiang, el primer sancionado por saquear tumbas precolombinas, quien ha dedicado treinta y cinco de sus cincuenta y dos años al saqueo de sitios precolombinos, ejerciendo este mal denominado ‘oficio’, que nació en Perú con La Conquista y que tomó el nombre de huaqueo de la palabra quechua huaca o waca, que significa “lugar sagrado”. Cuando fue detenido, Quinteros Chiang, a quien sus vecinos apodaban “el huaquero”, aseguró a la policía que “sólo fue hallada la grasa; lo mejor, el filete, fue vendido”. Que cuatro años después de su detención, cuando fue sorprendido con mil seiscientas sesenta y una obras precolombinas en su poder, declaró que se dedicaba al saqueo de sitios arqueológicos de Arica desde 1965. Este ariqueño, que aprendió a huaquear como profesional después de haber trabajado con destacados arqueólogos de la zona, ha sido condenado a setecientos treinta días de reclusión nocturna. Los intermediarios y los compradores salvaron ilesos gracias a que Chile no ha ratificado la ‘Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1970’, que castiga el tráfico ilegal de patrimonio. Que estos hechos son conocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales, el cual, según la ley N° 17.288, es el organismo estatal competente para la protección y el resguardo del patrimonio nacional, incluido el patrimonio indígena. Según don Mario Vásquez, arqueólogo del Consejo de Monumentos Nacionales, cada vez son más frecuentes los saqueos de piezas mapuches en la Novena Región, de La Araucanía. El huaqueo se sigue concentrando en las tres regiones del norte y alcanza dimensiones industriales en Perú. Que en este reportaje sobre el saqueo de tumbas o huaqueo, el abogado de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado y experto en patrimonio cultural, don Rodrigo Ropert, señala que ‘la determinación de la pena es un tema complejo, que depende de los delitos que se imputan y de la existencia de agravantes o atenuantes. En la situación de los huaqueros las personas que realizan excavaciones arqueológicas ilegales para comercializarlas, procede el delito de destrucción de monumentos nacionales, contemplado en el artículo 38 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales. Para este caso, se aplican las penas de los delitos de daños contemplados en el Código Penal, que se determinan en base al valor de lo dañado, con un rango de presidio menor en sus grados mínimo a máximo (de quinientos cuarenta y un días a cinco años) y multas de cinco a quince unidades tributarias mensuales. Que, no obstante, las penas aplicadas no han sido suficientes para disuadir a la verdadera red de tráfico que está detrás del huaqueo. El huaquero generalmente es pobre. El intermediario y el comprador son generalmente extranjeros y muy ricos. Que prueba de este tráfico es la página web www.precolumbianart4sale.com, en la que se exhiben, como piezas arqueológicas más atractivas para la venta, las fotografías de espectaculares cerámicas, tejidos y trabajos en piedra de grandes culturas precolombinas peruanas y bolivianas. Entre ellas, se encuentran también varias piezas arqueológicas y etnográficas de Chile, que nuestra legislación supone patrimonio cultural de la nación. Un cesto cilíndrico tejido, adornado con figuras de caimanes, que corresponde a la fase Gentilar (1.000 al 1.470 d.C.), de la costa norte de Chile, es ofrecido en mil quinientos dólares en una ‘galería de arte virtual’, construida en el ciberespacio por el norteamericano David Bernstein. Este personaje fue sindicado por el huaquero (saqueador) ariqueño Jaime Quinteros Chiang como uno de sus compradores. Una zampoña de doce cañas, de mil años, perteneciente a la cultura Arica, se ofrece en quinientos dólares, mientras que un rehue mapuche del siglo XIX se vende en dieciocho mil dólares. Bernstein explica, en su página en inglés, que adquirió esta ‘profesión’ en 1968, mientras servía en el Cuerpo de Paz en Perú. Entre sus clientes, se encuentran coleccionistas privados y corporativos, así como museos de todo el mundo, a los que les ofrece ventas o los asesora en el mercado de objetos de arte andinos. Que uno de los vacíos normativos que dificultan la tarea del Consejo de Monumentos Nacionales para que el resto de los actores sea penalmente perseguido es el hecho de que está pendiente ratificar la ‘Convención sobre medidas que deben adoptarse para prevenir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1970’. Según el diario “El Mercurio”, de Santiago, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, don Ángel Cabeza, señala que ‘Chile pasa vergüenza en los foros internacionales, pues es el único país de Latinoamérica que no la ha ratificado’. Que entre otros tratados acerca del tráfico de bienes culturales se encuentra la ‘Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de La Haya, de 1954’; la ‘Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedad de bienes culturales, de París, de 1970’; el “Convenio de Unidroit sobre los bienes robados o exportados ilícitamente, de 1995”, y la “Convención sobre la protección del patrimonio subacuático, Unesco 2001”. Que S.E. el Presidente de la República ha reiterado el compromiso de su gobierno en pro del respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Que el resguardo del patrimonio indígena debería contar con estos valiosos instrumentos internacionales, que darían pie a la protección internacional de las piezas arqueológicas robadas por huaqueros extranjeros y haría patente aún más la necesidad de reformar la legislación interna. Que, al hacer una somera revisión de estos tratados, no aparece en ninguna parte alguna disposición que sea contraria a la legislación interna o que sea incompatible con alguna garantía establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Que, finalmente, no ratificar estos tratados implicaría una rotunda renuncia a nuestra soberanía cultural, un espolonazo insoportable contra nuestra historia y nuestro pasado y una verdadera afrenta a los descendientes de los pueblos que originalmente poblaron el territorio nacional. La Cámara de Diputados acuerda: 1.Solicitar a S.E. el Presidente de la República la urgente ratificación y publicación, como leyes de la República, de los siguientes tratados internacionales que previenen y sancionan el tráfico de bienes culturales: a)“Convención sobre medidas que deben adoptarse para prevenir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1970”. b)“Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de La Haya, de 1954”. c)“Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedad de bienes culturales, de París, 1970”. d)“Convenio de Unidroit sobre los bienes robados o exportados ilícitamente, de 1995”. e)“Convención sobre la protección del patrimonio subacuático, Unesco 2001”. 2.Que, una vez ratificados los tratados, se localice el patrimonio arqueológico robado e ilícitamente puesto a la venta para traerlo de vuelta a Chile, promoviendo, a través de las instancias correspondientes, la más alta sanción contra los saqueadores, destructores, vendedores, reducidores y compradores del patrimonio arqueológico indígena nacional, y se incoen las acciones judiciales, cuando procedieren, particularmente en lo que concierne al ciudadano norteamericano David Bernstein. 3.Que el Ejecutivo estudie las vías diplomáticas, de negociación y mediación que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para el retomo a Chile del patrimonio arqueológico que se encuentre en museos extranjeros.” El señor OJEDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor diputado que quiera apoyar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra a un señor diputado que desee impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor OJEDA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor OJEDA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor OJEDA (Vicepresidente).- Continúa la sesión. En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión. VII. INCIDENTES APLICACIÓN TARIFARIA ÚNICA A USUARIOS DE AGUAS CHAÑAR. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, como es sabido, la región de Atacama es una sola. Sin embargo, respecto de algunas materias, sobre todo en las que tienen que ver con los servicios básicos, se ha dividido en dos sectores, como sucede con la aplicación de la tarifa de agua potable. A uno, que comprende las comunas de Copiapó y Vallenar, y que concentra la mayor cantidad de habitantes, se le cobra, por decirlo de alguna manera, un tarifado tipo A, es decir, mucho más bajo que a la otra zona, que incluye a las comunas de Caldera, Huasco, Freirina, Chañaral y Diego de Almagro. Desde el punto de vista regional, no hay ninguna razón para estratificar el cobro de agua potable en dos sectores. No obstante, los motivos que tuvo en su momento el régimen militar para estratificar la región dicen relación con la cantidad de clientes que tenía la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama, cuyo servicio, con posterioridad, fue entregado en concesión a Aguas Chañar. Como el próximo año corresponde fijar las nuevas tarifas, estimo pertinente que el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Servicios Sanitarios reevalúen el problema que afecta a la región a causa de los cobros mencionados y procedan, de una vez por todas, a establecer una tarifa única. Desde el punto de vista técnico y administrativo, dicha unificación tarifaria es absolutamente posible y no presenta dificultad alguna. Al contrario, traerá grandes beneficios a las comunas más alejadas de los centros poblados, donde el agua es mucho más cara. Desde hace mucho he planteado que la solidaridad es básica y necesaria para avanzar en ciertas materias, sobre todo en el tema de las tarifas de este servicio, porque una persona que vive en Caldera no tiene por qué pagar dos o tres veces más por el costo del metro cúbico de agua potable que otra que habita en Copiapó. La solidaridad se vería reflejada si todos los habitantes de la región tuvieran una misma tarifa por este servicio básico. Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Economía y Energía y al superintendente de Servicios Sanitarios a fin de que instruyan a quien corresponda para que el cálculo de la tarifa de los servicios sanitarios y de agua potable que se aplique el próximo año para la región de Atacama sea uno solo, con el objeto de que la solidaridad entre los atacameños se exprese al menos en lo que pagan por el agua potable. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. ENTREGA DE BENEFICIOS ATRASADOS A ESTUDIANTES BECARIOS DE RÍO NEGRO. Oficio. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, el objeto de mi intervención es dar a conocer la preocupación que tengo, como diputado de un distrito de la Décima Región, respecto de una serie de casos que dicen relación con treinta y un estudiantes de la enseñanza básica y media de Río Negro, provincia de Osorno, renovantes de becas que otorga la Conadi, quienes todavía no reciben este beneficio, en circunstancia de que normalmente la perciben en mayo, atraso que afecta su desempeño escolar. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Planificación y Cooperación para que nos informe sobre los motivos del retraso y se inicien las acciones tendientes a entregar esas becas en forma urgente, ya que no sólo se estaría perjudicando a los treinta y un alumnos de Río Negro, sino también a otros beneficiarios de esa región. En la Secretaría Regional de Educación de la Décima Región se nos informó que se entregarían dichas becas en agosto. Sin embargo, estamos casi en Fiestas Patrias y esa promesa no se ha concretado. Pedimos que se entreguen antes de Navidad, ya que los estudiantes las necesitan con urgencia. Hago notar que dichas becas se otorgan por el esfuerzo y dedicación de los alumnos en su desempeño académico. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. ACELERACIÓN DE PROCESO DE CALIFICACIÓN DE EXONERADOS POLÍTICOS. Oficio. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, hace escasos minutos se rechazó un proyecto de acuerdo mediante el cual se solicitaba al ministro del Interior acelerar el proceso de calificación de exonerados políticos. Hasta el momento se han presentado casi 150 mil solicitudes de calificación como exonerados en la Oficina de Coordinación del Ministerio del Interior. Esta cifra excede en mucho lo presupuestado cuando se aprobó la tercera ley sobre exonerados políticos, es decir, personas que perdieron su trabajo por pensar distinto en las décadas que todos conocemos. Llamo la atención una vez más sobre la tremenda irresponsabilidad de algunos dirigentes de exonerados políticos que, a lo largo y ancho de Chile, han vendido ilusiones sobre la posibilidad de que todo el mundo tiene derecho a ser calificado como exonerado, lo que provocará una tremenda frustración en decenas de miles de chilenos. De las 150 mil solicitudes presentadas, no calificarán más de 30 mil cuando termine el proceso del Ministerio del Interior. Hasta el momento, sólo han calificado cinco mil solicitudes. En la Novena Región se han presentado doce mil solicitudes y sólo han calificado 300 personas, es decir, vamos a tener 11.500 personas desilusionadas en la Novena Región. Quiero hacer un llamado a quienes han sido engañados por algunos dirigentes que han utilizado este método para lucimiento personal; incluso, en algunos casos, hasta para llevar aguas políticas electorales y recursos económicos a su molino. Muchos diputados hemos denunciado en innumerables ocasiones a estos dirigentes que han cobrado por la celebración de estas reuniones a las personas más humildes. Por ello, solicito oficiar al ministro del Interior para que acelere la calificación de la condición de exonerado, de manera de terminar con la incertidumbre que embarga a decenas de miles de chilenos. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Edmundo Villouta, Enrique Jaramillo y quien habla. INFORMACIÓN SOBRE GASTO DE PUBLICACIÓN ORDENADA POR EL INTENDENTE DE SANTIAGO. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, hace algún tiempo, en esta misma Sala, denuncié gastos, a mi juicio, innecesarios, en publicaciones que realizaban distintos ministerios y organismos de Gobierno, las cuales, más que cumplir con dar a conocer su labor e informar al público en general, se han transformado en verdaderas campañas promocionales y publicitarias. Los diputados recibimos a diario una cantidad enorme de folletería y libros que nos llegan, de manera fundamental, de organismos estatales, lo que, a nuestro juicio, constituyen gastos innecesarios. En la reunión de consejo de intendentes del año 2000, el Presidente de la República pidió a los intendentes, como una manera de descentralizar y acercar a la comunidad a los intendentes, que hicieran una cuenta pública. Desde entonces, en todas las regiones se realiza una cuenta pública, que se entrega en un modesto documento. Sin embargo, la cuenta del intendente de Santiago ha sido impresa en un libro de más de 400 páginas, a todo color. Hojeando el libro pude constatar que el señor Trivelli aparece inmortalizado en, exactamente, 67 fotos. Me ha costado encontrar otro libro de la misma calidad de publicación y que contenga semejante cantidad de información como el publicado por el señor Trivelli, lo que, a mi juicio, constituye un gasto innecesario. Si el señor Trivelli hubiera mandado a hacer el impreso con la cuenta anual del Presidente de la República, habría constado de 14 tomos en colores. Pero no sólo se ha conformado con la publicación de ese costoso libro, que ha enviado a todos los diputados, sino que también ha sacado una versión en audio y video digital en que aparecen más fotos del señor Trivelli, porque da la impresión de estar preocupado porque figura menos en los medios de comunicación, que ya no lo cotizan tanto, y por su baja en las encuestas. Es importante que la comunidad de Santiago, sobre todo las comunas pobres que sufren la falta de recursos, sepa cuánto ha gastado en esta promoción personal el señor Trivelli, intendente de Santiago; cuánto costó ésta, quién la hizo, cuándo llamó a licitación y cuánta gente participó. En consecuencia, pido que se oficie al intendente de Santiago o al ministro del Interior a fin de que nos informen sobre el costo de dicha publicación, a quién le fue repartida, cómo se licitó su producción, para que la comunidad de la Región Metropolitana conozca el destino de los recursos de su intendencia. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán lo oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la bancada de la UDI. ANTECEDENTES SOBRE ALUMNOS DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA QUE RINDIERON ÚLTIMA PRUEBA SIMCE. Oficio. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer. El señor BAUER.- Señor Presidente, estimados colegas, en junio solicité, por intermedio de la Mesa, que se oficiara al ministro de Educación, señor Sergio Bitar, a fin de que nos informara sobre qué porcentaje de alumnos que rindieron la prueba Simce este año se encuentra en la modalidad de jornada escolar completa. Sin embargo, han pasado casi tres meses y no he recibido respuesta. Posteriormente, pedí el envío de un nuevo oficio, pero hasta hoy tampoco he recibido respuesta. Se trata de un porcentaje de alumnos que el ministerio conoce muy bien, pero presiento que no quiere darlo a conocer porque debe ser, por decir lo menos, bastante tétrico. En nuestra región, la Sexta, más del 60 por ciento de los colegios se incorporó a la jornada escolar completa. De acuerdo con los resultados de la última prueba Simce, sus alumnos bajaron cuatro puntos en matemáticas y tres en lenguaje. Ésa es la realidad de nuestra región. Por lo tanto, insisto en que se oficie al ministro de Educación a fin de que informe, tanto a nivel de país como de regiones, sobre qué porcentaje de alumnos que rindieron la última prueba Simce está en la modalidad de jornada escolar completa. Es muy importante conocer esa información para saber, a ciencia cierta, hacia adónde caminamos con la jornada escolar completa. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María Angélica Cristi y del diputado señor Andrés Egaña. APLICACIÓN DE FLÚOR AL AGUA POTABLE Y A LA LECHE. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, el pasado 4 de mayo, en esta Sala hicimos ver la situación que se produce en la Octava Región debido a la intención de fluorar el agua potable por parte del Ministerio de Salud. La única región en la cual todos los sectores universidades, parlamentarios, gobierno regional nos hemos opuesto a dicha medida, es la Octava. Ello, por cuanto instituciones académicas y profesores han demostrado, con sólidos antecedentes, el daño que produce el flúor al ser utilizado en el agua potable. Es así como, a comienzos de año, en un foro-debate al cual fuimos invitados por la Corporación para la Regionalización del Biobío, que se realizó en el aula magna de la Universidad Católica de Talcahuano, en el que participaron distintas instituciones y personalidades, se abordó el tema de la fluoración del agua. El ministro de Salud fue invitado con más de ocho meses de anticipación, pero se excusó faltando pocos días para que se llevara a cabo. En el debate se expusieron distintas alternativas para hacer llegar al flúor a los más pequeños con el objeto de combatir las caries. Los representantes del Ministerio de Salud sostuvieron que la fórmula que se iba a implementar aclaro que aún no se ha implementado en la Octava Región gracias a la oposición que hemos realizado conjuntamente con las instituciones que he nombrado, particularmente con la Corporación para la Regionalización del Biobío, sobre la base de la experiencia de otros países, era hacer llegar el flúor a los niños de hasta doce años de edad a través de la leche y de otras fórmulas por la vía de la alimentación. Pero esas propuestas no fueron acogidas. Tampoco lo fueron cuando el 9 de mayo solicité al ministro de Salud que nos aclarara la información, que extraoficialmente teníamos en la región, de que dicho ministerio había anunciado la fluoración del agua potable en la Octava Región. El ministro contestó por oficio, manifestando que estaba dentro de sus atribuciones adoptar medidas como ésa y que estaba estudiando su implementación; pero, por la vaga redacción, no dice ni da a entender cuándo la aplicaría. Posteriormente, con sorpresa, informamos, a través de la prensa, que se aplicará flúor a la leche que se dará a 100 mil escolares en las regiones sur del país. Considero que si la autoridad se equivoca o es pertinaz en su posición, debe reconocerlo, sobre todo cuando no ha escuchado el clamor de los profesionales, quienes, con antecedentes serios, responsables y comprobados, le piden que aplique una medida científicamente respaldada que, además, implica un ahorro de recursos. Cabe señalar que fluorar el agua potable de la región del Biobío tiene un costo de sobre 280 millones de pesos anuales, cifra que deberá ser pagada por los usuarios del agua potable. No la paga el Ministerio de Salud. Por eso, ha sido muy esclarecedora la información aparecida en la prensa que dice: “Un descenso de entre 25 y 30 por ciento en el número de caries en niños de entre seis y doce años registró un programa piloto desarrollado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, Inta, que consistió en agregar flúor a la leche de los escolares que viven en 31 comunas rurales de la Novena Región. El éxito del programa piloto fue tal, que, de 15 por ciento de niños con boca sana, se logró aumentar el índice a 30 por ciento. Es decir, se aumentó en un ciento por ciento entre 1999 y 2003. “Por ello, como una manera de compensar la ausencia de agua potable fluorada en la zona más apartada del país, el director de Junaeb, Francisco Espejo, anunció la ampliación del programa.” ¿Qué quiero demostrar con esto? Que, además, no hay coordinación entre los organismos del Estado que intentan bajar el nivel de caries en los niños a través de fluoración masiva del agua potable, con los daños al medio ambiente que ello significa y teniendo claro que los países desarrollados europeos ya no aplican esa medida. Además, los académicos y estudiosos del tema en la Octava Región propusieron al Ministerio de Salud que aplique el programa que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha desarrollado con tan buenos resultados en la Novena Región. Por eso pido que se oficie al ministro de Salud a fin de que nos informe acerca de la coordinación que tiene el ministerio con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y con el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Inta. En la Novena Región, donde se aplicó dicho programa porque hay sectores rurales en que no es posible fluorar el agua, se logró el objetivo. Creo que si se aplica organizadamente, destinando los recursos que corresponden, los principales beneficiados serán los niños pequeños, porque mejorarán su dentadura. Además, pido que se oficie al director de la Junaeb, don Francisco Espejo, y al director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, don Fernando Vio, con el propósito de que nos envíen los antecedentes técnicos y el resultado de la investigación realizada en la Novena Región. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Carlos Vilches. RECONOCIMIENTO A AUTORIDADES POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN CONCEPCIÓN. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, desde el 11 de marzo de 1990, he tenido el honor de representar a mi ciudad de Concepción en la Cámara de Diputados. El primer compromiso que adquirí cuando fui candidato por primera vez en la campaña de 1989, ante la presencia del entonces candidato a Presidente de la República, don Patricio Aylwin, fue crear las comunas de San Pedro de la Paz y de Chiguayante. Lo hicimos y ha quedado demostrado esas comunas van a cumplir ocho años en las cuentas públicas de los grandes alcaldes, Tomás Solís, de Chiguayante, y Jaime Soto, de San Pedro de la Paz, la inmensa gestión e inversión que han hecho, cambiando positivamente la vida de esas dos comunas. Desde el primer día que asumí como diputado por Concepción abordé los temas relacionados con nuestra ciudad, como el de la calle Los Carrera, el de los tres ejes de la calle Prat, el del puente Llacolén y la ribera norte. Desde el comienzo, también planteé mi preocupación por el Barrio Norte, en el cual viven 80 mil habitantes y sólo dos de sus calles estaban pavimentadas. Ese sector era un barrial en invierno y puro polvo en verano. Hoy basta visitarlo para darse cuenta de que hay cientos de cuadras pavimentadas. Desde el primer año que asumí como parlamentario me he preocupado sin la parafernalia que acostumbran usar algunos colegas de participar en el estudio y análisis de la ley de Presupuestos de la nación, de las glosas presupuestarias que hacen referencia a todos los temas que he señalado y que se han cumplido: la calle Los Carrera, los tres ejes de la calle Prat, el puente Llacolén, la ribera norte, los pavimentos del Barrio Norte y, últimamente, la erradicación de campamentos, todo lo cual queda de manifiesto al revisar mis intervenciones, los oficios enviados y las actas del debate llevado a cabo tanto en las subcomisiones como en la Sala sobre la ley de Presupuestos. Hace exactamente cinco años, en esta misma Sala, solicité que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fijara una glosa presupuestaria para comenzar las expropiaciones para las obras del eje Paicaví, en las que se invirtieron cerca de 3 mil millones de pesos en los años 2001, 2002 y 2003. Hace 26 meses, junto con Jaime Tohá González, excelente líder y conductor de la Octava Región, anunciamos en la Intendencia que habíamos conseguido los fondos en el Presupuesto de la nación del año 2003 para comenzar la primera etapa del eje Paicaví, que va desde la plaza Perú hasta Los Carrera, a cargo del Ministerio de Vivienda, y en la cual se han invertido 1.700 millones de pesos. Hoy, este tramo se encuentra abierto y en servicio parcial para el tráfico vehicular. Pero, el gran tema era la segunda etapa del eje Paicaví, de lo que muchos dudaban. Incluso, dijeron que era un nuevo volador de luces de la gente de la Concertación. Sin embargo, no hay nada mejor que demostrar las promesas con hechos concretos, sobre todo cuando hay quienes mienten y mienten porque algo queda. En cambio, hay quienes entendemos que la perseverancia y la constancia deben regir nuestra forma de ser para no defraudar a los habitantes de Concepción. Hace unos días se concretó este gran sueño, que lo he tomado como propio: la segunda etapa del eje Paicaví, que requerirá una inversión superior a los 5 mil 900 millones de pesos. Con la firma del acta de entrega de terrenos a la empresa Icafal Limitada, se dio inicio, con un plazo de catorce meses, a la ejecución de las obras de la segunda etapa y final del mejoramiento del eje Paicaví de Concepción, obra integrante del proyecto Biovías. La mencionada obra constituye un hecho histórico para Concepción, ya que tan sólo a siete meses del anuncio del Presidente Lagos se ha dado inicio a la primera obra de Biovías y continuidad a un proyecto tremendamente emblemático para la ciudad: el eje Paicaví. Ésta es la primera de una serie de obras que se adjudica y que se irán entregando en los próximos días, lo que indica que el Gobierno de la Concertación está avanzando rápidamente y de manera profesional en la vía correcta, en beneficio de los habitantes del Gran Concepción. Este proyecto simboliza el nuevo espíritu que prevalece en nuestra región, donde estamos abordando y superando temas que permanecieron por décadas como irrealizables. Hoy, por el contrario, constatamos que el eje Paicaví no sólo es una realidad, sino que, además, tiene un plazo de entrega claro, a fines del próximo año. Los trabajos que se iniciarán ahora en el eje Paicaví permitirán la habilitación de un eje vial estructurante que se extenderá entre la autopista a Talcahuano y la calle Los Carrera. Éste tendrá una calzada exclusiva para el uso de buses, ubicada al centro de la vía, y a ambos costados de ella se emplazarán calzadas para vehículos particulares. El proyecto tiene una longitud de 2,4 kilómetros e incluye un paso bajo nivel en el cruce de la línea férrea a la altura de la calle Vicuña Mackenna y la intersección circular en el cruce con avenida Los Carrera. La ejecución de una obra de la magnitud de la segunda etapa del eje Paicaví es imposible de realizar sin causar algunas molestias a la comunidad. Por ello, hago un llamado a los habitantes de Concepción, para que sean comprensivos, porque se está en camino de una gran obra. Es esencial informar a la comunidad que, para evitar al máximo los normales inconvenientes en el traslado de los automovilistas durante la ejecución de las obras, Biovías encargó un estudio de ingeniería para detectar y proyectar con anticipación los desvíos de tránsito necesarios. Este análisis se sumará a otras alternativas que serán presentadas por la empresa constructora y por un estudio ya existente. El objetivo es buscar la mejor forma de desplazamiento de automóviles, locomoción colectiva y personas y comunicarlo con antelación para evitar al máximo las molestias que pudieran generarse. Quienes somos de la Concertación podemos decir que se está cumpliendo una tarea más en Concepción. En la vida hay que ser agradecido. He aprendido que debemos reconocer a nuestros presidentes cuando cumplen su palabra. Lo hice en su oportunidad, en esta misma Sala, respecto de los ex presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Por lo tanto, solicito que se oficie, en reconocimiento y agradecimiento al estadista y Presidente de la República, señor Ricardo Lagos Escobar; al intendente regional, señor Jaime Tohá González; al presidente del directorio de Fesub S.A., quien está a cargo de los programas Biovías, señor Luis Ajenjo, y al seremi de Vivienda gran servidor público y gran profesional, señor Aldo Ramaciotti, con copia de mi intervención. Es de nobleza reconocer que se está haciendo una nueva obra para la ciudad de Concepción. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y los diputados señores Enrique Jaramillo, Carlos Vilches y de quien habla. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LEY QUE BENEFICIA A EXONERADOS POLÍTICOS. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, una vez más, cumplo con el mandato de quienes represento en el distrito Nº 54, de la Décima Región de Los Lagos. Hoy hemos tratado el proyecto de acuerdo Nº 455, referido a la lentitud del otorgamiento de pensiones a exonerados políticos, cuyos autores son, entre otros colegas, su señoría y quien habla. Con bastante molestia, por decir lo menos, hemos visto que la mayoría de los diputados de la Alianza por Chile no lo votó y, por lo tanto, no se obtuvo el quórum requerido. Cuando hay personas que sufren y han pasado momentos difíciles en la vida, no debería primar el tema político, sino la realidad que ellas viven. El 11 de junio de 2003 se promulgó la tercera ley de reconocimiento a los exonerados políticos. Ha pasado un año y tres meses de la promulgación de esa ley y aún no ha habido ninguna solución para las más de ocho mil personas de Panguipulli, Río Bueno, Futrono, Lago Ranco, La Unión, Los Lagos y Paillaco, que en su momento presentaron la solicitud pertinente. Ellas esperan impacientes una reparación al triste momento que siguen viviendo, debido al daño producido por la pérdida de su ocupación hace treinta años o más. Por eso lamento la actitud de los parlamentarios que hoy no aprobaron este proyecto de acuerdo, que no hace otra cosa que señalar al Ejecutivo la impaciencia que se está generando en miles de familias chilenas. La última ley promulgada dio la posibilidad de que más de 150 mil personas presentaran la solicitud correspondiente en todo el país. Se dice que son muchas, pero no se dice que se trata de personas que durante más de treinta años han sufrido el olvido del resto de los chilenos y, por qué no decirlo, del accionar del Estado. Ellas estiman que la reparación debe otorgárseles antes de partir de esta tierra. Son personas de edad que han sufrido mucho, que fueron exoneradas de su trabajo por pensar distinto o por tener ideas que en su momento creyeron que eran buenas en esa época para sus familias. Por eso no es justo lo que han vivido y lo que están viviendo esas personas. Es importante saber si es suficiente el número de funcionarios a cargo del proyecto de exonerados políticos y conocer su funcionamiento y el otorgamiento de los beneficios. Hasta la fecha 150 mil chilenos no han recibido absolutamente nada. ¿Es posible tramitar las pensiones de estas personas? ¿Tienen derecho a ellas? El día 11 de junio de 2003 fue promulgada esta ley, pero transcurrido un año y tres meses, aún no hay respuesta a muchas personas que han presentado solicitudes. Ello habla muy mal de quienes están a cargo del proceso de otorgamiento de pensiones a exonerados políticos. Ojalá el proyecto de acuerdo Nº 455, hoy rechazado por falta de quórum, pudiera ser nuevamente presentado. El diputado Ojeda y quien habla, entre otros, somos sus autores, y como tales podríamos hacer notar al resto de los señores diputados la situación que viven estos chilenos. Muchas veces se habla a favor de ellos en los discursos, pero en la realidad hemos podido comprobar que ese apoyo no es tal. Solicito que se oficie al ministro del Interior, al secretario general de Gobierno y al secretario general de la Presidencia, con copia de mi intervención, a fin de que tomen conocimiento de esta situación e informen si el programa está funcionando de manera adecuada y si cuenta con los funcionarios suficientes para realizar su labor. No es justo que transcurrido un año y tres meses aún no haya solución para esas personas. Además, solicito que se envíe copia del texto de esta intervención a las municipalidades del distrito 54. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia del texto de su intervención y la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y los diputados señores José Miguel Ortiz y Carlos Vilches. Además, informo a su señoría que los proyectos de acuerdo rechazados pueden ser presentados nuevamente, si así lo estiman pertinente sus autores, sin que sea necesario como en los proyectos de ley el transcurso de un año para presentarlos de nuevo. DESTINO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PROVENIENTES DE MAYOR PRECIO DEL COBRE. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, este año el precio del cobre ha alcanzado niveles extraordinarios, lo que ha significado que a septiembre se registre un promedio anual de 126 centavos de dólar la libra de cobre. Esto constituye una muy buena noticia para la gran minería privada y para Codelco, que ya anuncia un excedente de 3 mil millones de dólares para el presupuesto de la nación. Por su parte, las empresas privadas podrían entregar un excedente por sus ventas del orden de los mil millones de dólares, con lo cual se conforma un cuadro que no se había dado en los últimos catorce años, ya que por las exportaciones de cobre nuestro país va a recibir alrededor de 4 mil millones de dólares extras, que no estaban considerados en el presupuesto de la nación. En consecuencia, solicito que se oficie a los ministros de Hacienda y de Minería para que, en aras de la más absoluta transparencia y de que la comunidad nacional se encuentre debidamente informada, precise a esta Corporación cómo y en qué se van a utilizar esos recursos extraordinarios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball, del diputado señor José Miguel Ortiz y de quien preside. CAMBIO EN POLÍTICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA EN MATERIA DE TARIFAS DE SUSTENTACIÓN. Oficios. El señor VILCHES.- Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se oficie a los ministros de Minería y de Hacienda para que nos informen respecto de la política que aplica la Empresa Nacional de Minería en materia de tarifas de sustentación de compra de mineral y concentrado de cobre a la pequeña y mediana minería. Mi consulta se debe a que existe una política especial, aplicada por esa empresa del Estado cuando el precio internacional de la libra de cobre llega a un valor muy bajo, como un apoyo a la pequeña y mediana minería, lo cual se traduce en que, en momentos como ésos, Enami garantiza un precio de 85 centavos de dólar por libra de cobre a los pequeños mineros y de 75 centavos de dólar por libra a quienes tienen contrato. Gracias a esa política, la pequeña minería del país, entre 1998 y 2003, recibió el beneficio de una tarifa que le permitió sobrevivir, desarrollarse y entregar productos a Enami, no obstante el bajo precio internacional. No olvidemos que en algún momento el valor de la libra de cobre llegó a 60 centavos de dólar. Hoy, en cambio, alcanza a los 126 centavos de dólar, muy por encima de lo presupuestado para este año. Ante esta situación, la política implementada por Enami, según acuerdo de su directorio, consiste en fijar precios, incluso con escalas, pero con un máximo de 15 centavos. El mismo acuerdo señala el detalle es el que espero que nos envíe el directorio de la Enami, por lo cual solicito que se oficie a los ministros de Minería y de Hacienda que si el precio supera los 90 centavos de dólar por libra, el 50 por ciento va a tarifa y el saldo a devolver lo recibido durante los períodos en que se aplicó la sustentación de precio. Sin duda, se trata de una política muy sui generis, pero permitió pasar los malos momentos. No obstante, nadie esperaba el precio espectacular que se ha dado este año, lo que ha significado que a la pequeña minería se le hagan altos descuentos por participación en el precio que le paga la Enami para devolver lo recibido en los períodos en que el precio se encontraba muy bajo. Lo que solicito, entonces, es que en el más breve plazo se haga un estudio destinado a modificar esta política, de manera de aplanar la devolución de lo que recibieron los mineros durante esos cinco años de precios bajos, porque al ritmo que se está descontando, Enami recuperará en menos de dos años los recursos que aportó en casi seis. En definitiva, acceder a lo solicitado podría constituirse en una herramienta de fomento que permitiría a la pequeña minería empezar a percibir, en breve plazo, los beneficios del alto precio actual del cobre y, de esa manera, de una vez por todas, sacar adelante a ese importante sector de la minería nacional. Sin duda, esta política ha sido útil al país y logró salvar a aproximadamente un 10 por ciento de los pequeños mineros, históricamente proveedores de la Empresa Nacional de Minería. Esto abarca todo el norte de Chile e, incluso, a la Quinta y Sexta regiones, donde existe una pequeña minería que puede reactivarse si se aplica una política como la que estamos solicitando. Lo que indico lo he escuchado de importantes dirigentes de la pequeña minería del país. Del presidente de la Asociación Minera de Chañaral, don Eslodoban Novak; de la presidenta de la Asociación Minera de Diego de Almagro zona minera por excelencia, señora Zulema Soto; de dirigentes radicales que tienen una especial preocupación por la minería, como don Arturo Feliú, en Copiapó; don Pedro Gaete, en El Salado, gran dirigente de la minería y de los pequeños mineros; don José Araya, en una localidad pequeña, que lucha por no desaparecer y que hemos fortalecido de a poco, como es Inca de Oro. También en Caldera hay una pequeña y mediana minería incipiente que podría mejorar con estas medidas, la asociación minera la dirige don Jorge Sánchez; en Copiapó, sin duda, don Joaquín Marcó ha sido importante en la activación de la asociación minera; en Vallenar, don Víctor Peña, de gran importancia; don Mario Morales, en Tierra Amarilla, y don Luciano Pinto, quien representa a los pirquineros, que son los pequeños mineros del país, que todavía existen y que luchan por mantener un espacio en la actividad minera. He querido nombrar a todas estas personas porque son importantes para la minería. Ellos han trabajado y servido a la pequeña minería, le han dado un gran impulso a fin de generar empleos. No existen otras actividades productivas que generen más puestos de trabajo que la pequeña minería. Pido que se haga llegar mi intervención a todas las asociaciones mineras que he señalado. En esta Corporación los diputados hemos pedido al Gobierno que cambie la política minera para que los trabajadores del sector sean beneficiados en el más breve plazo. Es justo y necesario lo que estamos pidiendo, porque son miles las familias que dependen de esa actividad. Por lo expuesto, pido que se oficie a los ministros de Minería y de Hacienda a fin de que estudien la situación planteada y anuncien al país un cambio en la política minera. No pedimos mayores recursos al Estado ni que se desplacen fondos de otros sectores, sino que en la devolución de la tarifa de sustentación fondos que fueron destinados al sector y no a personas con nombres y apellidos se opere como se ha señalado. Por último, hago presente que los pequeños productores que se han iniciado en los últimos meses también tienen los descuentos del sector, lo que se transforma en una herramienta muy poco eficaz para fomentar la pequeña y la mediana minería. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados José Miguel Ortiz y de quien habla. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 13.45 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.