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El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, en esta misma Corporación el 6 de marzo de 2003 transmití una inquietud de vecinos del sector de Andalué, de San Pedro de la Paz, sobre la venta de un terreno sin la debida preocupación y cuidado por los recursos municipales. En esa fecha pedí que mi intervención se enviara al concejo municipal, al señor alcalde de San Pedro de la Paz y, a su vez, anuncié que conjuntamente con los diputados Ulloa y Norambuena íbamos a solicitar a la Contraloría General de la República que investigara lo ocurrido.
A 24 horas de mi denuncia, en una profusa campaña periodística de prensa y con un costoso aviso financiado por la Municipalidad de San Pedro de la Paz, el alcalde Jaime Soto sostuvo que no se había cometido ningún ilícito y que todo estaba en orden.
Nosotros cumplimos lo prometido y el 7 de marzo de 2003 presentamos al aquel entonces contralor regional del Bíobio, Oscar Aedo Cid , la petición formal para que se hicieran las investigaciones correspondientes.
Entretanto, se creó una gran polémica por los recursos involucrados. Los vecinos opinaron y también lo hizo el gran fiscalizador, el diputado Víctor Pérez , quien dijo que se había cometido una irregularidad. Después de sus declaraciones, el alcalde Jaime Soto anunció una querella por injurias y calumnias y usó todo el aparato municipal para ello; sin embargo, después, sin ninguna explicación de la municipalidad, fue retirada por indicación del mismo edil.
Pasó el tiempo y el 26 de mayo de 2003, la Contraloría nos envió el informe, cuyas conclusiones quiero leer textualmente:
En el proceso de licitación pública y posterior adjudicación del inmueble de propiedad de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, singularizado como el lote AM2, del sector Andalué , a la Sociedad de Inversiones Maravilla Limitada, en el precio equivalente a 5.880 UF, se observaron las disposiciones legales básicas; sin embargo, a la luz de los antecedentes contenidos en el presente informe, existirían eventuales transgresiones a las normas contenidas en los artículos 3º, 5º y 13º de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto a la falta de la debida publicidad y transparencia en el proceso de licitación.”
¿Qué decía el informe de la Contraloría en su segundo punto? “Corresponde que esta Contraloría Regional instruya un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades que pudiera afectar a los funcionarios dependientes de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, en las transgresiones a que se ha hecho referencia en la conclusión precedentemente enunciadas.”
Como bien decía la Contraloría, se afectaban los artículos 3º y 5º de la leyNº 18.575. ¿Qué dice el artículo 3º en una de sus partes? “La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control de probidad, transparencia y publicidad administrativas y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos,...”
En virtud de ese artículo se pidió que se hiciera una sumario. Obviamente, en nuestra región el tema ha sido debatido profusamente. Tengo una carpeta llena de recortes de prensa. Además, ha intervenido el Consejo de Defensa del Estado y se ha seguido un juicio para que se cumpla lo indicado por la Contraloría.
En junio de 2003, conjuntamente con los diputados Ulloa , Norambuena y Víctor Pérez dimos el paso prudente para que la Contraloría hiciera un sumario. Pero ya han pasado muchos meses. Cada cierto tiempo, ya sea telefónica o personalmente, consultábamos lo que ocurría. En una oportunidad visitamos al aquel entonces contralor, don Oscar Aedo Cid , para plantearle nuestra inquietud. Lamentablemente, por problemas de servicio, ese funcionario fue trasladado. Llegó el nuevo contralor, don Manuel Cerda Sepúlveda , a quien también le hicimos ver nuestra preocupación por esta demora.
Entiendo que un sumario, que puede ser complejo, demore tres, cuatro, cinco meses o un año, lo que ya es mucho. Pero aquí viene la parte más grave. El viernes pasado, con motivo del juramento de la bandera en la Plaza de Armas de Concepción, al contralor regional, don Manuel Cerda Sepúlveda , le expresé nuestra preocupación por el tiempo transcurrido sin haber obtenido respuesta sobre el resultado de este sumario, ya que es importante para la comunidad darle un corte definitivo a este problema que ha estado durante tanto tiempo en el tapete de la discusión. Me dijo que el sumario había finalizado y que estaba en poder del contralor general de la República, aun cuando no me informó desde cuándo. Pero, ¡oh sorpresa! En menos de 24 horas, en un programa de televisión llamado “El Tablón”, que emite el canal regional, estaba invitado el alcalde don Jaime Soto . Cuando le preguntó sobre la venta del terreno de Andalué, señaló no una, sino dos veces y aquí tengo la cinta del video que había quedado libre de toda acusación y, además, que tiene el informe desde hace treinta días. El panelista, don Jaime Dinamarca , le volvió a consultar ellos son socios de una institución respetable de Concepción, ante lo cual respondió que le entregaría una copia.
Por eso, antes de hacer mi petición, voy a usar la frase del Presidente Lagos relacionado con el caso MOPGate que, como otras el jarrón, la señora Juanita se ha hecho famosa “Uno de los dos está mintiendo.”
Eso es lo que debemos dilucidar, porque en una situación tan compleja, en la que están involucradas la Contraloría Regional y la Contraloría General de la República, ¿cómo se debe proceder? ¿Cuál es la norma que se debe aplicar? Que las partes reciban el resultado del sumario en forma simultánea. Sería improcedente que lo tuviera el alcalde Jaime Soto y no lo conocieran los diputados que pedimos la investigación.
Por eso, solicito oficiar al contralor general de la República, para que envíe ese informe que nos indicará si son ciertas las palabras del alcalde Jaime Soto .
También solicito que se oficie al contralor regional del Biobío, Manuel Cerda Sepúlveda , para que explique lo sucedido, dado que a mí, personalmente, me contó que ese informe estaba en la Contraloría General de la República.
También pido que envíe mi intervención al alcalde y al concejo municipal, porque nunca he eludido ninguna responsabilidad y asumo todas y cada una de mis palabras. Por lo tanto, es importante que se conozca esa irregularidad.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Ignacio Urrutia .
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