REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA Sesión 13ª, en jueves 8 de julio de 2004 (Ordinaria, de 10.37 a 13.58 horas) Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo, yLeal Labrin, don Antonio. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.FÁCIL DESPACHO VI.ORDEN DEL DÍA VII.PROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 Tramitación de proyectos a Comisiones11 Autorización a comisión para sesionar simultáneamente con la Sala11 Desarchivo de proyectos11 Integración de Comisión Investigadora de situación de trabajadores portuarios12 Renuncia de Segundo Vicepresidente de la Corporación12 V.Fácil Despacho. Exigencia de licencia clase F para conducir vehículos de emergencia de Bomberos. Primer trámite constitucional14 VI.Orden del Día. Aumento de sanción penal al abigeato. Primer trámite constitucional. (Continuación)21 VII.Proyectos de acuerdo. Exigencia de transparencia y reducción de costos de administración de AFP32 VIII.Incidentes. Priorización de proyecto de alcantarillado para la localidad de Copihue, comuna de Retiro. Oficio35 Construcción de paso sobre nivel y de cruce en comunas de Parral y Retiro. Oficio36 Ayuda a comunidades indígenas de Lago Ranco afectadas por temporales. Oficios36 Información sobre deudores del Serviu en San Antonio. Oficios37 Volumen capturado y exportado de productos del mar. Oficios38 Implementación de mecanismos de auditoría anual para cuentas municipales. Oficios38 Información sobre traspaso de cotizantes a AFP. Oficio39 Cronograma de avance de obras de nuevo hospital de Vallenar. Oficios39 Pago de viáticos a choferes del Servicio de Salud de Atacama. Oficio40 Publicación de posesiones efectivas tramitadas en Servicio de Registro Civil e Identificación. Oficio40 Alcances sobre expresiones del Presidente de la República. Oficio41 Pág. Información sobre campaña de difusión de políticas habitacionales y de incentivo de ahorro para la vivienda. Oficio42 Réplica a intervención del diputado Dittborn43 Antecedentes sobre contratación de asesoría jurídica para la defensa de los intereses de Chile. Oficios43 Mecanismos para evitar desconexión con teléfonos de emergencia por suspensión del servicio. Oficios44 Sumario administrativo por agresiones a autoridades de salud. Oficio44 Información sobre remuneraciones e inversiones estratégicas de la Enap en la Región de Magallanes. Oficios45 Información sobre sanciones por uso indebido de conexiones de televisión por cable. Oficio45 IX.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, que califica de “simple”, para el despacho del proyecto que modifica normas del decreto con fuerza de ley N°458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción. (Boletín N°341814)47 2.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, que califica de “suma”, para el despacho del proyecto que otorga un nuevo plazo para ejercer la facultad concedida al Servicio de Tesorerías en la ley N° 19.926. (Boletín N° 359505)47 3.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo sanciones y el procedimiento para su aplicación (Boletín N° 351906) (S)48 4.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de India sobre Exención del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales”, suscrito en Nueva Delhi el 24 de abril de 2003. (Boletín N° 350310)51 5.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que suprime la limitación numérica que afecta a los oficiales ingenieros navales para acceder al alto mando naval; crea la plaza de Contraalmirante del Litoral, y otorga al Comandante en Jefe de la Armada una mayor flexibilización en la proposición de la estructura y composición del alto mando naval. (Boletín N° 338502)51 6.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que otorga un nuevo plazo para ejercer la facultad concedida al Servicio de Tesorerías en la ley N° 19.926. (Boletín N° 359505)52 Pág. 7.Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, recaído en el proyecto que Modifica la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con la finalidad de prohibir o regular, en su caso, la importación o cultivo de especies hidrobiológicas genéticamente modificadas. (Boletín N° 275303) (S)59 8.Moción de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Muñoz, Aguiló y Seguel, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo infantil, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la enseñanza media obligatoria. (Boletín N° 359813)65 9.Oficio del Excmo. Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada en relación con el proyecto que crea la comuna de Alto Biobío, en la Región del Biobío. (Boletín N° 334206)68 10.Oficio del Excmo. Tribunal Constitucional por el cual comunica que acogido a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad formulado en contra de un precepto contenido en el proyecto que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y otros cuerpos legales (2.096). (Boletín N° 285304)72 X.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural por el cual solicita autorización de la Sala en orden a que le sea remitido para su estudio el proyecto que cambia el sistema de afectación y desafectación de las áreas silvestres protegidas por el Estado, modificando la ley N° 18.362, y el decreto ley N° 1.939, de 1977 boletín N° 345701, al corresponderle en su calidad de Comisión Técnica. Pide reconsiderar, por tanto, el acuerdo adoptado con fecha 22 de junio pasado, que dispuso el retiro del señalado proyecto de la Comisión para radicarlo en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo por el cual solicita autorización de la Sala en orden a que, una vez finalizado el estudio que le fuera encargado a la Comisión de Salud, en virtud del proyecto de acuerdo N° 354 analizar la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los alimentos, le sea remitido a ella el señalado proyecto de acuerdo, con el objeto de realizar un estudio pormenorizado de las medidas que se aplican a la industria elaboradora de bebidas gaseosas. De la Comisión Especial de Drogas por el cual solicita autorización de la Sala para sesionar en forma simultánea con ella los días jueves, de 10.45 a 12.00 horas, durante las próximas tres semanas de trabajo legislativo. De la Comisión de Salud por el cual solicita autorización de la Sala para sesionar en forma simultánea con ella, el día de hoy, a partir de las 11.00 horas, con el objeto de recibir, y abocarse al estudio, de los antecedentes sobre la grave situación que afecta al Instituto de Neurocirugía de Santiago. Del diputado señor Ceroni por el cual solicita autorización de la Sala en orden a disponer el desarchivo, por las razones que indica, de los siguientes proyectos: a.Modifica normas sobre patria potestad y orden de los apellidos. Boletín N° 266218; b.Establece normas sobre prostitución de menores. Boletín N° 266418, y c.Establece normas sobre acoso sexual. Boletín N° 266518). De la Comisión de Minería y Energía por el cual solicita autorización de la Sala en orden a disponer que el proyecto que establece una regalía minera ad valorem y crea el fondo para la innovación para la competitividad, boletín N° 358808, y el que modifica la ley N° 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, estableciendo una justa compensación para la explotación de determinados recursos naturales no renovables, boletín N° 346908, sean tramitados en forma separada por la Comisión de Minería y Energía y posteriormente por la de Hacienda. Ministerio del Interior Señor Delmastro, adquisición de una sede social para la Junta de Vecinos N° 76, de Valdivia. Ministerio de Relaciones Exteriores Señor Navarro, antecedentes y convenios de cooperación, intercambio o reciprocidad suscritos con la República de Cuba, entre 1990 a 2003. Ministerio de Vivienda y Urbanismo Señor Kuschel, estado de avance de los proyectos de alcantarillado en comunas de la Décima Región. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Señor Navarro, mecanismos de cobro tarifario telefónico en relación con los llamados de cobro revertido. Ministerio Público Señor Ceroni, irregularidades en proceso de inscripción electoral. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones Señor José Antonio Galilea, descuentos para el Colegio de Profesores de las pensiones que pagan las AFP a los pensionados del Sistema de Pensiones del DL. 3500. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (96) --Accorsi Opazo, Enrique --Alvarado Andrade, Claudio --ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hidalgo González, Carlos --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Ibáñez Soto, Carmen --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Letelier Morel, Juan Pablo --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Meza Moncada, Fernando --Molina Sanhueza, Darío --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Pérez Arriagada, José --Pérez Opazo, Ramón --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Saffirio Suárez, Eduardo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional, no estuvo presente el diputado señor Francisco Bayo. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.37 horas. El señor LORENZINI (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LORENZINI (Presidente).- El acta de la sesión 7ª se declara aprobada. El acta de la sesión 8ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. TRAMITACIÓN DE PROYECTOS A COMISIONES. El señor LORENZINI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Agricultura para radicar en ella, dada su calidad de Comisión técnica, el proyecto que cambia el sistema de afectación y desafectación de las áreas silvestres protegidas por el Estado, y para dejar sin efecto el acuerdo que se había tomado en su oportunidad de enviarlo a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. ¿Habría acuerdo? Acordado. Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Economía para que, una vez que la Comisión de Salud finalice el estudio que le fuera encargado mediante el proyecto de acuerdo Nº 354, para analizar la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los alimentos, se le remita a aquélla, a fin de realizar un estudio pormenorizado de las medidas que se aplican a la industria elaboradora de bebidas gaseosas. ¿Habría acuerdo? Acordado. Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial de Drogas para sesionar en forma simultánea con la Sala los días jueves, de 10.45 a 12.00 horas, durante las próximas tres semanas de trabajo legislativo. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor LORENZINI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Salud para sesionar hoy en forma simultánea con la Sala, a partir de las 11 horas, con el objeto de analizar la grave situación que afecta al Instituto de Neurocirugía, de Santiago. ¿Habría acuerdo? Acordado. DESARCHIVO DE PROYECTOS. El señor LORENZINI (Presidente).- Solicito el acuerdo de la sala para acceder a la petición del diputado señor Ceroni en orden a disponer el desarchivo, por las razones que indica, de los siguientes proyectos: el que modifica normas sobre patria potestad y orden de los apellidos; el que establece normas sobre prostitución de menores, y el que establece normas sobre acoso sexual. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor LORENZINI (Presidente).- La Comisión de Minería y Energía solicita que el proyecto que establece una regalía minera ad valorem y el que establece una justa compensación por la explotación de determinados recursos naturales no renovables sean tramitados en forma separada de la Comisión de Hacienda. Debo recordar que los Comités acordaron, por unanimidad, que fueran analizados de manera conjunta. Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, en su sesión de ayer, la Comisión de Minería acordó, por unanimidad, pedir que los proyectos señalados sean tratados en forma separada, especialmente el que dice relación con el tema del royalty. Por ello, pido que recabe la unanimidad de la Sala para acceder a nuestra petición. El señor LORENZINI (Presidente).- No hay acuerdo, señor diputado. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE SITUACIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS. El señor LORENZINI (Presidente).- La Mesa propone a la Sala que la Comisión investigadora de la situación de los trabajadores portuarios sea integrada por los siguientes señoras diputadas y señores diputados: Andrés Egaña, María Eugenia Mella, Zarko Luksic, Adriana Muñoz, Manuel Rojas, Mario Varela, Rosa González, Carlos Ignacio Kuschel, Carlos Hidalgo, Pedro Muñoz, Laura Soto, Samuel Venegas y Patricio Walker. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, pido que recabe nuevamente el acuerdo para acceder a la petición de la Comisión Especial de Drogas, de sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves de 10.45 a 12.00 horas. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, estas peticiones deberían tener un procedimiento distinto, es decir, ser presentadas por los Comités con algún fundamento. Si la Comisión no logra constituirse en otra hora, porque no hay disposición de sus integrantes, es un problema distinto de si tiene una recarga de trabajo. En este caso, parece que el problema no es de recarga de trabajo, sino que no logra constituirse en otro momento. Por lo tanto, debería revisarse su composición. No tengo problemas en acceder a esta petición; no obstante, debiéramos acordar un procedimiento distinto respecto de las solicitudes de las comisiones para sesionar en forma simultánea con la Sala. El señor LORENZINI (Presidente).- El diputado señor Montes ha accedido, pero otros señores diputados no han dado su acuerdo para acoger la petición del diputado señor Riveros. RENUNCIA DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN. El señor LORENZINI (Presidente).- De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, corresponde votar la renuncia presentada a su cargo por el Segundo Vicepresidente, diputado señor Patricio Hales. ¿Habría acuerdo para aceptarla? No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Lorenzini, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Pérez (don José), Quintana, Riveros, Robles, Saffirio, Silva, Tapia, Tarud, Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Bauer, Delmastro, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Kuschel, Norambuena, Prieto, Rojas, Ulloa y Urrutia. Se abstuvieron los diputados señores: Becker, Palma y Pérez (doña Lily). El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella. La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señor Presidente, quiero manifestar mi aprecio al diputado señor Patricio Hales y felicitarlo por su gestión en la Mesa. Estoy segura de que mi colega Sergio Ojeda estará a la altura de sus predecesores en el cargo. Cada uno le ha puesto un sello especial a su labor y el diputado señor Patricio Hales no ha sido la excepción. A diferencia de otros colegas, yo respeto su decisión y por eso aprobé su renuncia. A su vez, quiero felicitar a quien en el futuro cumplirá el rol que él desempeñó en forma brillante. Aplausos. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, los muchos jóvenes presentes en las tribunas pueden apreciar que todavía no se elige al sucesor del diputado Patricio Hales y ya se ha dado el nombre de quien lo será. En ese sentido, demostramos, una vez más, la irresponsabilidad en la conducción de esta Sala. Aplausos. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, no dije ninguna palabra al asumir el cargo para el que fui elegido. Al retirarme, quiero agradecer, por su intermedio, a los jefes de bancada y a todas las señoras diputadas y señores diputados su colaboración permanente para el desempeño de mi trabajo, el cual está reglamentado y suele ser fácil, pero tiene algunos tropiezos que, sin la cooperación de los colegas, pueden terminar en caídas. Agradezco a las bancadas de la Concertación que me eligieron, y también a las de Oposición. Éste es el único de los poderes del Estado en el que todos sus miembros son elegidos por el pueblo. Por lo tanto, para mí fue un honor respetar el uso de la palabra, en el desempeño de su cargo, de todos los miembros de esta Corporación. Valoro mucho la cooperación a mi trabajo, tanto de la Concertación como de la Oposición. Me siento honrado de haber sido representante de mis pares. He dicho. Aplausos. El señor LORENZINI (Presidente).- Se suspende la sesión por dos minutos. Transcurrido el tiempo de suspensión: V. FÁCIL DESPACHO EXIGENCIA DE LICENCIA CLASE F PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DE BOMBEROS. Primer trámite constitucional. El señor LORENZINI (Presidente).- Continúa la sesión. En la Tabla de Fácil Despacho, corresponde conocer el proyecto, en primer trámite constitucional y originado en moción, que exige contar con la licencia clase “F” para conducir vehículos de emergencia bomberiles. Diputado informante de la Comisión Especial de Bomberos es el señor Boris Tapia. Antecedentes: Moción, boletín Nº 355615, sesión 4ª, en 15 de junio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 8. Informe de la Comisión Especial de Bomberos, sesión 6ª, en 17 de junio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor LORENZINI (Presidente).- Para su discusión, hemos acordado un tiempo de treinta minutos y conceder la palabra hasta por cinco minutos por bancada. Tiene la palabra el diputado informante. El señor TAPIA.- Señor Presidente, en representación de la Comisión Especial encargada de estudiar medidas en favor de los Cuerpos de Bomberos de Chile, informo sobre el proyecto, de origen en moción de diez señores diputados miembros de la Comisión, mediante el cual se propone modificar la ley Nº 18.290, con el objeto de extender a los conductores de carros bomberiles la exigencia de licencia de conducir clase “F”, actualmente prevista sólo para los conductores de vehículos de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile. En el curso de sus trabajos, la Comisión ha propuesto las modificaciones legales aprobadas por las leyes Nºs. 19.798 y 19.830 para, por una parte, mejorar las indemnizaciones y beneficios establecidos por el decreto ley Nº 1.757, de 1977, y, por otra, llenar los vacíos legales que impedían sancionar a quienes agreden o perturban la acción de los bomberos voluntarios durante el ejercicio de sus funciones en beneficio de la comunidad, lo mismo que a quienes dan falsas alarmas de siniestros o de emergencias, que movilizan inútilmente a los voluntarios y sus equipos. La modificación que ahora discute la Cámara responde a una inquietud planteada recientemente por el directorio de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, presidida por el señor Octavio Hinzpeter Blumsack, a propósito de una situación que afecta a los cuerpos de bomberos, a raíz de que, en muchos de ellos, la conducción de los vehículos de emergencia (carrobombas, carros de rescate, carros telescópicos, carros de especialidades) ha pasado a ser asumida por bomberos voluntarios que no tienen la licencia especial exigible en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº 18.290, sobre todo en ciudades donde las compañías no tienen cuarteleros contratados especialmente para el efecto. Para regularizar la situación, los bomberos voluntarios deben hacer los cursos teóricos y prácticos que imparten las escuelas de conductores profesionales debidamente reconocidos por el Estado y, en determinados casos, acreditar haber estado en posesión de la licencia especial durante, a lo menos, dos años. La realización de dichos cursos representa un alto costo para los bomberos voluntarios, del orden de los 300 mil pesos, suma que no es justo exigir que sea cubierta por el bombero voluntario, ni tampoco es posible esperar que sea financiada por el respectivo cuerpo, dadas las dificultades que enfrentan para cubrir los gastos propios de sus funciones específicas. Por tales razones y atendido que los vehículos bomberiles están destinados a atender situaciones de riesgo y de emergencia que afectan a la comunidad, se propone que la conducción de los carros bomberiles, cuyas variedades antes señaladas demuestran que no están limitados sólo a los carrobombas, actualmente previstos en el artículo 12 de la ley Nº 18.290, sean adscritos a la exigencia de la licencia clase F, junto con los vehículos motorizados de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, casos éstos en los que se exigen los cursos institucionales respectivos. De este modo, la institución bomberil, dirigida por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, quedaría habilitada para organizar, a través de su academia nacional, los cursos teóricos y prácticos más idóneos para la conducción del tipo de vehículos tan propios de su especialización funcional, asumiendo ella los costos correspondientes, sin cargo para los bomberos voluntarios. De lo señalado se desprende que la idea matriz o fundamental de esta iniciativa legal es adscribir a los conductores de carros bomberiles a la exigencia de la licencia clase F, establecida en el artículo 12 de la ley Nº 18.290. Para legislar en tal sentido, la Comisión ha acordado, por unanimidad, proponer a la Cámara que adopte el artículo único del proyecto en la forma que indica el informe escrito puesto a disposición de los señores diputados. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, nuestra bancada está absolutamente de acuerdo en aprobar este proyecto, que establece un tratamiento especial para que los conductores de carros de bomberos sean adscritos a las exigencias de la licencia clase F, al igual como lo están quienes conducen vehículos de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile. Los cursos para estos conductores son impartidos por las instituciones respectivas. En el caso de los cuerpos de bomberos, los cursos teóricos y prácticos serán impartidos por su Academia Nacional. No podemos recargar con los trámites y costos que significa cumplir con la legislación vigente a quienes ejercen una labor voluntaria, con graves riesgos y peligros, con una entrega desinteresada y haciendo abandono para ello de sus familias y de sus comodidades personales. La Cámara ha reconocido el trabajo de Bomberos a través de variadas expresiones, manifestaciones y homenajes, como con la constitución de una Comisión Especial, que ha elaborado el proyecto en debate. Quienes la integramos nos sentimos identificados plenamente con los idearios y los nobles propósitos de esos servidores. Hemos elaborado mociones y proyectos que afianzan su trabajo y refuerzan su accionar, a través de la protección a sus familiares más directos y de establecer beneficios por enfermedades o accidentes originados en actos de servicios. Esta moción es muy justa y nuestra bancada la apoyará íntegramente, tal como lo reiterará mi colega José Miguel Ortiz. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, hoy ha habido una demostración más de que cuando las cosas se hacen por sobre las legítimas posiciones políticas, llegamos a buen término. El 14 de julio de 1999, la Sala aprobó un proyecto de acuerdo para conformar la Comisión Especial de Cuerpos de Bomberos de Chile, en función de que, lejos, ésta es la institución más respetada del país. El trabajo legislativo que hemos realizado en dicha Comisión se ha concretado en dos leyes: la Nº 19.798 y la 19.830; la primera, muy sustantiva, para mejorar las indemnizaciones y beneficios establecidos por el decreto ley Nº 1.757, de 1977, especialmente para las viudas de los bomberos mártires, y, la otra, para llenar los vacíos legales que impedían sancionar a quienes agreden o perturban la acción de los bomberos voluntarios durante el ejercicio de sus funciones en beneficio de la comunidad. Hoy, tal como lo hicimos por unanimidad los trece miembros de la Comisión, no me cabe duda de que en la Sala aprobaremos el artículo único del proyecto. A lo largo de nuestro país, hay muchos cuerpos de bomberos que no tienen el financiamiento para disponer de cuarteleros y de conductores de carrobombas. Estos vehículos, que sirven en caso de incendios, tragedias o todo tipo de situaciones difíciles, normalmente son manejados por voluntarios que, para tal efecto, deben hacer un curso cuyo costo es de alrededor de 300 mil pesos. Una manera efectiva de economizar recursos es a través de la modificación propuesta en el artículo único del proyecto. Con ello se pretende que los conductores de Bomberos se asimilen a quienes manejan vehículos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería. La Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, que se destaca por su seriedad, quedará habilitada para organizar, a través de su Academia Nacional, los cursos teóricos y prácticos más idóneos para la conducción de los vehículos a los que se refiere el proyecto. Por último, quiero destacar que en la Comisión Especial de Bomberos nunca se ha requerido de una votación, porque siempre se han consensuado las iniciativas destinadas a solucionar los temas pendientes de Bomberos de Chile. Por lo tanto, solicito a la Sala la aprobación de este proyecto. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, en primer lugar, reafirmo lo expresado por el diputado Boris Tapia, presidente de la Comisión Especial de Cuerpos de Bomberos de Chile, y por los diputados Ortiz y Ojeda. El objetivo del proyecto es permitir a los cuerpos de Bomberos dar la instrucción necesaria a sus conductores de vehículos especiales, tal como se hace con quienes manejan los vehículos de las instituciones de la Defensa Nacional, de las policías y de Gendarmería. Se trata de vehículos que requieren una operación distinta. A ello se suma el enorme costo que significa acceder a estos cursos. Por eso, atender las distintas emergencias de manera eficiente y eficaz, como lo hace Bomberos a lo largo de todo el país, es muy complejo y casi imposible. Estoy de acuerdo con lo dicho por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, pues quienes hemos conducido carros de emergencia de bomberos, sabemos que se trata de una situación muy particular. Quienes realizan esa labor deben contar con una autorización especial de las distintas comandancias. Por lo tanto, el requerimiento que se ha dado a conocer en la Sala es absolutamente indispensable. Por último, solicito, por su intermedio, señor Presidente, realizar las gestiones necesarias ante el Ejecutivo para que este proyecto sea calificado de discusión inmediata en el Senado, dada su urgencia. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, es poco lo que se puede agregar acerca del contenido del proyecto. Sin embargo, lo importante es destacar que no existe una institución más respetada y querida que el Cuerpo de Bomberos, aunque hay quienes han pretendido enlodarla, entorpecer su acción y desprestigiarla. También es de destacar que la Comisión Especial de Cuerpo de Bomberos de Chile, integrada por diputados de distintas bancadas, siempre ha tomado sus acuerdos por unanimidad. Es como una isla dentro del trabajo de las comisiones, en las que, en algunas oportunidades, la discusión política divide las posiciones. En cambio, en la mencionada comisión especial siempre nos ponemos de acuerdo para, como dijeron los diputados Ortiz y Ulloa, aprobar por unanimidad los proyectos que favorecen a Bomberos. La iniciativa en trámite pretende sacar una carga económica a los cuerpos de bomberos, que siempre están escasos de recursos. Resulta penoso ver cómo los voluntarios de pequeñas localidades se instalan en los peajes a hacer colectas para pagar los gastos menores de su institución. Eso no debiera suceder, porque la sociedad, la comunidad, les debe mucho. En consecuencia, solicito a los señores diputados que aprueben por unanimidad el proyecto, porque su dictación beneficia a una institución noble y querida, como es el Cuerpo de Bomberos de Chile. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión Especial de Cuerpo de Bomberos de Chile y autor de la iniciativa, me siento tremendamente satisfecho, porque, una vez más y en el estilo unitario que siempre la ha caracterizado, como bien señalaba el diputado señor Egaña, su trabajo nuevamente entrega sus frutos. El diputado y ex presidente de la Comisión, don José Miguel Ortiz, recordaba algunas de las principales leyes promulgadas en el último tiempo como resultado de su trabajo. Mediante la ley Nº 19.830 se sanciona de manera especial a quienes perturban la labor de Bomberos y a quienes provocan falsas alarmas, porque importan un grave daño al patrimonio de la institución, que es muy escaso, como todos sabemos. Por medio de la ley Nº 19.798 se establecen indemnizaciones para las familias de los mártires de la institución y para los voluntarios que, como consecuencia de actos de servicio, sufren accidentes que los dejen con limitaciones físicas, como le ocurrió al superintendente de la comuna de Curacautín, don Patricio Abarzúa, recientemente homenajeado. Además, como también recordaba el diputado señor Ortiz, dicha ley consagra la posibilidad de que los voluntarios sean atendidos en centros asistenciales de salud, tanto públicos como privados. Cuando sufren un accidente, no hay tiempo para determinar el carácter del centro asistencial; sólo hay que llevarlos al más cercano. Anuncio el respaldo de la bancada del PPD al proyecto, toda vez que su puesta en práctica no constituye un peligro para la seguridad que se requiere en el tránsito. Los cursos los va a efectuar la Academia Nacional de Bomberos. Así, la situación de los conductores de carrobombas será homologada a la de quienes conducen vehículos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y de Gendarmería. Por lo tanto, Bomberos seguirá contando con conductores tan eficientes y profesionales. La iniciativa sólo busca liberarlos de un pago, porque no cuentan con recursos suficientes. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, accediendo a una petición de la diputada Laura Soto, voy a plantear lo que significa Bomberos para todos nosotros. Me motiva el ánimo con que la Comisión Especial de Bomberos adopta sus acuerdos, siempre por unanimidad, lo que debería ser ejemplo para otras comisiones. Es interesante lo dicho por los diputados Jaime Quintana y José Miguel Ortiz sobre la creación y actuación de esta Comisión, al margen de las distintas acciones asumidas por ella, como escuchar las múltiples inquietudes de la Junta Nacional de Bomberos. Nos gustaría que fueran menos, pero las funciones propias de su accionar son, en realidad, innumerables. Felicito a los colegas miembros de la Comisión, quienes han entregado su valioso aporte. Prueba de su quehacer es el estudio de la ley Nº 19.830, que sanciona a quienes agreden o perturban la acción de Bomberos, y de la Nº 19.798, que mejora las indemnizaciones y beneficios establecidos por el decreto ley Nº 1.757 a los familiares de bomberos que pierden la vida o quedan incapacitados. Además, las modificaciones a la ley Nº 18.290, en debate, cuyo informe fue muy bien reseñado por el diputado señor Boris Tapia. No nos queda más que sentirnos bien, porque las cosas se están haciendo en forma correcta. Bien por Bomberos, bien por su Junta Nacional. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, hemos escuchado numerosos problemas que aquejan a Bomberos, ninguno de los cuales nos es desconocido. Me parece increíble que en todos los pueblos se deba ayudar a esta institución, en circunstancias de que le ahorra al país más de 35 mil millones de pesos por concepto de sueldos. El trabajo de Bomberos es muy importante, y ya que estamos haciendo algunos aportes, podríamos colaborar con algunas ideas en los pocos minutos que tenemos para intervenir esta mañana. Uno siempre se pregunta qué pasa con los seguros. Cuando Bomberos evita que una casa se queme entera, debería recibir un porcentaje de lo que la compañía de seguros se ahorra. Todo el mundo tiene la mayor de las gratitudes hacia el Cuerpo de Bomberos y sería de una gran injusticia pensar que sus miembros hacen negocio con su actividad. Es cosa de ver los cuarteles y las condiciones en que viven, muchas veces perdónenme la expresión haciendo “cuchitas” para comprar un café. ¡Ése es el cuerpo y el alma de los voluntarios de Bomberos! ¿Saben por qué Bomberos se puede poner de pie y mirar a todo el mundo? Porque no le debe nada a nadie. Por el contrario, todos los chilenos, cual más, cual menos, le debemos a Bomberos. Es una institución cuyos integrantes no reciben sueldo. ¿Qué ha generado esta situación? Amistad y una férrea unidad entre ellos, sin considerar credos religiosos o colores políticos. Los une un propósito común: sacar adelante su institución. En tal sentido, debemos aprobar todos los proyectos que favorezcan y atiendan las necesidades del Cuerpo de Bomberos. Hago esta introducción porque realmente siento lo que digo. Quiero que Bomberos tenga el mejor de los pasares, no tenga problemas financieros ni económicos y sea una institución que perdure en el tiempo. Ése es el objetivo que persigue la Comisión Especial encargada de estudiar los problemas que lo afectan, en la que todos los partidos políticos se han unido para sacar adelante a los cuerpos de bomberos de Chile, que atienden emergencias en sus respectivas comunidades. Bomberos es la segunda policía, la segunda ambulancia, la segunda institución de todos los pueblos. Ahora bien, ¿por qué queremos aprobar el proyecto? La iniciativa es muy simple: pretende extender a los conductores de carrobombas la exigencia de poseer la licencia de conducir clase “F”. Para la licencia de conducir normal se pide una serie de requisitos. Pero sucede que muchos voluntarios de pueblos chicos no tienen cuarto año medio rendido, lo que les impide hacer el curso para obtenerla. Por otra parte, el curso cuesta más de 300 mil pesos y cada cuerpo necesita que dos, tres o cuatro voluntarios lo realicen, pues ése es el número de bombas que, en promedio, tiene un cuerpo de bomberos. Todo esto significa un tremendo gasto, a no ser que el voluntario ya disponga de esa licencia. Por eso, la Comisión Especial encargada de estudiar medidas en favor de los Cuerpos de Bomberos de Chile acogió una antigua aspiración de esta institución: que a los conductores de carros bomberiles se les extiendan licencias de conducir clase “F”, exigencia que actualmente está prevista sólo para los conductores de vehículos de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile, para cuyo efecto son exigibles los cursos institucionales respectivos. Para conducir un carrobomba se debe conocer el manejo de los sistemas de rescate que lo conforman y se requiere llevar a cabo un curso teóricopráctico que debería impartir la institución bomberil respectiva, a través de la Academia Nacional de Bomberos. Ésa es la piedra de tope que tiene Bomberos. Los conductores de carrobombas deben cumplir con los requisitos que establece la ley; de lo contrario, si un vehículo de Bomberos se ve involucrado en un accidente de tránsito, como sus conductores poseen licencias clases “A4” y “A5”, no “F”, como sí ocurre en el caso de las instituciones mencionadas, los funcionarios de Carabineros deben cursar la infracción correspondiente. Ése es el problema de fondo que busca solucionar este proyecto. Asimismo, la iniciativa permitirá un ahorro para la institución, pues los cursos teóricos y prácticos que, para el resto de la población, son impartidos por las escuelas de conductores profesionales reconocidas por el Estado y tienen un alto costo los hará la institución bomberil. Lamentablemente, en su oportunidad, la disposición no quedó establecida en la legislación vigente. Por lo tanto, con mucha fuerza, por el cariño que siento por esta institución, anuncio que votaré a favor del proyecto. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, los aspectos más importantes de la iniciativa ya han sido dados a conocer por los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. El mejor homenaje que puede hacer nuestra Corporación a Bomberos de Chile, institución que hace poco estuvo de aniversario, es la aprobación unánime de este proyecto, fruto de la Comisión Especial encargada de estudiar la materia creada a partir del homenaje de la Cámara a Bomberos, al cumplirse el 148º aniversario de la creación de su primer cuerpo, aquí en Valparaíso, lo que constituiría una demostración de que somos capaces de superar nuestras legítimas diferencias políticas cuando se trata de apoyar a una institución tan importante y necesaria como Bomberos de Chile, cuyo objetivo es salvar a otros y los bienes ajenos, incluso a costo de la vida de sus voluntarios, como lo demuestran los numerosos mártires que tiene la institución. Por eso, como dijo el diputado señor Jorge Ulloa, se requiere que el Ejecutivo otorgue urgencia a la iniciativa, para que sea aprobada con prontitud en el Senado. El objetivo del proyecto es suprimir la exigencia de las licencias clases “A4” y “A5” para la conducción de carrobombas, y agregar a Bomberos de Chile entre las instituciones cuyos vehículos deben ser conducidos con licencia clase “F”. Así, se asimilará la situación de los conductores de vehículos motorizados de Bomberos a la de los de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. A mi juicio, lo anterior tiene dos grandes objetivos: primero, enfatizar que hoy los cuerpos de bomberos de Chile cumplen un rol muy importante en materia de seguridad ciudadana, por cuanto se han transformado de “caballeros del fuego” en “caballeros de emergencias”, pues los vemos trabajando no sólo en los incendios de inmuebles habitacionales, sino en emergencias de industrias químicas o de predios forestales y también en accidentes de tránsito. Al respecto, la Junta Nacional de Bomberos ha demostrado responsabilidad al mantener su academia y su condición de organismo jerarquizado, disciplinado y descentralizado. En esto, Bomberos se asemeja a Carabineros e Investigaciones de Chile. Debo señalar que en esta iniciativa subyace, también, una razón económica, como se ha expresado, pues cada una de esas licencias cuesta aproximadamente 300 mil pesos. En Chillán, Bomberos tiene siete compañías; en Concepción, diez, y en Talcahuano, otras tantas. Por lo tanto, no se requieren dos o tres maquinistas por cuerpo de bomberos, sino dos o tres conductores por compañía. Pero el costo de las licencias significaría una gran una merma a los menguados ingresos de Bomberos de Chile. Es importante que la Academia de la Junta Nacional de Bomberos, que tiene sedes en otras ciudades, tenga el rol de capacitar a los conductores para los requerimientos de los cuerpos de bomberos de Chile. Por lo tanto, en nombre del Comité Socialista y Radical, anuncio que vamos a votar favorablemente este proyecto de ley que remedia una situación que afecta a Bomberos de Chile. Esperamos que la Cámara lo apruebe por unanimidad y pronto sea despachado por el Senado. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Cerrado el debate. Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos: El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que exige obligatoriedad de licencia clase “F” para conducir vehículos de emergencia bomberiles. El diputado señor José Antonio Galilea está pareado con la diputada señora Alejandra Sepúlveda. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. El señor ULLOA.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor ULLOA.- Señor Presidente, solicito que, en nombre de la Corporación, se pida al Ejecutivo calificación de urgencia para la posterior tramitación de este proyecto. El señor LORENZINI (Presidente).- Voy a considerar lo solicitado por su señoría y otros señores diputados. VI. ORDEN DEL DÍA AUMENTO DE SANCIÓN PENAL AL ABIGEATO. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor LORENZINI (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde continuar el debate del proyecto de ley, originado en moción, que sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación. Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, francamente estimo que en la moción hay un exceso de celo, porque vamos a condenar hasta al pobre que se roba una o algunas gallinas. De acuerdo a la proposición del alcalde Lavín, la tercera reincidencia en este delito se sancionará con quince años de presidio, es decir, se aplicarán las penas del infierno. Estaría de acuerdo con el proyecto si se tratara de cuatreros, porque éstos conforman una organización criminal. Pero contemplar penas a quienes roban gallinas o pollos, me parece una exageración. Por lo tanto, acabo de presentar una indicación, de modo que el proyecto vuelva a Comisión para un estudio más exhaustivo. No es posible que por preocuparnos de la seguridad ciudadana, condenemos, a lo mejor, hasta el hurto famélico. No podemos aceptar esa situación. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, antes de referirme al proyecto que nos convoca, quiero, ya que no pude intervenir en su discusión, entregar mi pleno apoyo al proyecto de Bomberos. Aprovecho la oportunidad para dar mi total y absoluto respaldo a un proyecto tan loable y, desde esta tribuna, felicito a Bomberos de Chile. Respecto de este proyecto, hice variadas consultas a parlamentarios de la zona sur, pero, hasta el momento, nadie me ha dado una explicación clara, entendible y razonable que lo justifique. La letra b) del artículo 1º de la iniciativa establece: “b) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 454 por el siguiente: “Se presumirá también autor del robo o hurto de animales, aquél en cuyo poder se encuentren especies o partes de una especie animal cuya adquisición no pueda justificarse, o bien, partes identificables de una especie hurtada o robada.” Esta norma constituye una muy mala señal para la gente del campo o de la ciudad que compre, por ejemplo, un cuarto de animal, pero no le den boleta. ¿Se presumirá autor de robo o hurto al comprador si es interpelado por la autoridad sobre el origen de la mercadería? A mi juicio, se está hilando demasiado fino. El objetivo del proyecto es bueno. Lo que está mal es hilar tan fino, sobre todo en el campo, donde la gente que posee varios animales lleva algunos al matadero y los vende sin dar boleta. Quienes compren estos animales, o parte de ellos, ¿se presume que son autores de abigeato? Pediré votación separada para esta letra, porque no estoy dispuesto a aprobar que se presuma autor de hurto o robo de animales a quien legítimamente ha comprado uno, pero, por su compra, no ha recibido boleta, certificado u otro documento que la acredite. Lo que pretende el proyecto, lamentablemente, sólo va a quedar en el papel y no va a tener ninguna aplicación práctica. Nadie lo va a respetar, según me manifestó claramente el señor Carlos Loyola, Secretario General de la Corporación, en una conversación que sostuvimos. Me lo explicó como profesional en la materia. Supongamos que estamos en Fiestas Patrias. Se aproxima el 18 y el 19 de septiembre y viene un fin de semana largo. En el campo, un grupo de amigos propone comprar, entre todos, un animal a Juan Pérez, por ejemplo, y deciden repartirlo en seis partes iguales. En la vía pública, cada uno con sus paquetes, se preparan para las Fiestas Patrias. Luego, se encuentran con un carabinero, quien les pide alguna constancia de la adquisición de esa mercadería. El problema es que la compra del animal la hizo, en representación de los seis, la persona que se llevó la boleta o la constancia, y los otros cinco no tienen ninguna probanza de la adquisición lícita de la mercadería. Evidentemente, estas personas serán acusadas de hurto y, con toda seguridad, sometidas a proceso y, probablemente, detenidas. ¡Linda forma de legislar! Lindas Fiestas Patrias van a pasar, porque a los señores parlamentarios se les ocurrió establecer una norma que presume autor de hurto de animales a quien tenga en su poder partes de una especie animal cuya adquisición no pueda justificar! Ningún parlamentario podrá negar que esto, que puede pasar en el campo, suele suceder en las ciudades. Por lo tanto, solicito votación separada para la letra b) del artículo 1º. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Recuerdo a los señores diputados que estamos en la discusión general. En el segundo informe de la Comisión es posible presentar indicaciones. Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto recoge, en términos generales, el sentir de las personas de regiones que permanentemente son víctimas del abigeato. La actual legislación no da cuenta de los instrumentos adecuados y oportunos para sancionar a los responsables. En los sectores rurales el abigeato se practica en forma bastante sofisticada. La legislación que lo rige fue concebida cuando no existían caminos como los de hoy, ni vehículos para evadir la acción de la policía. El proyecto, por una parte, endurece las penas y entrega una señal más drástica para quienes ameriten estas sanciones, y, por otra, otorga mayores facultades a las autoridades policiales. Mucha gente de los sectores rurales tiene todo su capital invertido en uno o dos animales. Por tanto, el robo de uno de ellos les significa una pérdida total o de parte de su capital, que ha atesorado durante gran parte de su vida. La legislación contempla no sólo sanciones para quien roba o hurta vacuno, sino también para quien roba una especie aviar. La diputada Soto dijo que no le parece adecuada la sanción respecto del robo de gallinas. En este caso, hay que ver la otra cara de la medalla: si un pequeño agricultor tiene unas pocas gallinas, es terrible si se las roban. El robo de una gallina es también muy importante y no se puede dejar sin sanción. Me alegro de que la diputada Laura Soto haya hecho la observación, por cuanto servirá de información a la Comisión, a fin de sacar adelante un proyecto debidamente equilibrado, en términos de dar a las policías las herramientas necesarias para perseguir a los ladrones o cuatreros, y al juez, la posibilidad de sancionar, en su justa medida, el robo de un animal por una persona presionada por el hambre o el abigeato cometido por una asociación ilícita de avezados cuatreros que utilizan los recursos más modernos para ocultar sus crímenes. En la Novena Región existe gran preocupación por el abigeato. En el último tiempo, numerosos agricultores han perdido sus animales, que han sido sacrificados en las formas más crueles. En vehículos se llevan las partes de mayor valor del animal, y el resto lo dejan tirado en cualquier parte. Debemos buscar otras formas de mejorar y perfeccionar la ley a fin de sancionar eficazmente a quienes cometen este tipo de delitos. Digo esto porque en la mayoría de los casos nunca se encuentra a los culpables ni se recupera el animal. Es imperiosa una legislación especial, pero equilibrada. No podemos extremar las cosas y que se acuse de por vida a una persona por haberse robado una gallina. Pero tampoco quiero que nos dejemos llevar por ese ejemplo para dictar una legislación demasiado abierta y dejemos a las policías sin las herramientas necesarias para actuar. Quiero hacer un reconocimiento al ministro del Interior por acceder a una petición que hicimos con el senador García, en orden a financiar equipos de radio y comunicación para las numerosas juntas de vigilancia que se han instalado en los sectores más apartados de la región, y, así, comunicar oportunamente la pérdida o extravío de algún animal. Estas juntas de vigilancia actúan, turnándose, en las noches y detectan los vehículos que ingresan a los sectores rurales, identificando sus patentes, con el objeto de perseguir las responsabilidades si durante esa noche se pierde algún animal. Asimismo, es necesario revisar el artículo a que hizo mención el diputado Seguel, para que no se produzca el caso de que una familia sea detenida como sospechosa de robar un animal cuando sus integrantes lo han comprado para repartirlo, de acuerdo con la costumbre campesina, entre familiares o vecinos. Pero la ley debe establecer la presunción de robo o hurto de un animal si hay indicios que lo ameriten. El proyecto avanza en la línea correcta. Por eso, quiero felicitar a sus autores. Le daré mi respaldo y presentaré las indicaciones que puedan hacerse para mejorarlo, a fin de lograr una legislación verdaderamente equilibrada, en términos de no sancionar a los inocentes, pero sí perseguir a los culpables y proteger los bienes de los campesinos que, muchas veces, lo único que tienen son unos pocos animales. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, no cabe duda de que es importante todo lo que hagamos por defender los bienes jurídicos y materiales de la sociedad; pero la forma en que lo llevemos a cabo refleja el tipo de sociedad en que vivimos. Por cierto, lo primero que deberíamos defender es la vida y el desarrollo sustentable de las personas, y, después, las cosas. Pero, muchas veces, tendemos a hacerlo al revés: generalmente, protegemos y valoramos más las cosas que las personas, lo que tiene relación con las visiones societales que tenemos los diferentes actores políticos. Por eso, estamos insertos en un debate en que se defienden y se valoran más repito las cosas. Pero aquí se produce es mi primera reflexión una situación muy curiosa: se defiende más a los animales que a los bienes muebles; se defiende más a una gallina que a una bicicleta; más a un chancho que a una máquina o a una herramienta, más a un vacuno que a un automóvil o a un tractor. Entonces, frente a un delito que consiste en la apropiación indebida de lo ajeno, que está tipificado de cierta forma, aquí se dice que es peor, más grave y más sancionable que alguien se apropie de animales que de otras cosas. Lo curioso es que, hasta ahora, no he escuchado ningún argumento válido que legitime tal posición. No me vengan a decir que la diferencia está en que los seres humanos nos alimentamos con ellos y por eso se deben defender con más fuerza, porque al momento de transarse en el mercado son una mercancía más que permite enriquecerse a los empresarios, gracias a su esfuerzo y al hecho de haber emprendido una actividad económica. En el mercado no se valora más a un bien de consumo humano que a una máquina. Este debate tiene que ver más con la cultura campesina y con la tradición oligárquica de América Latina y también de Chile, en que se defiende más a la tierra y a los animales que a las personas y a otros bienes. Sin duda, este proyecto de ley está inserto en ese contexto, y les pido a los colegas que hagan una reflexión profunda, por cuanto aquí existe un trasfondo cultural respecto de lo que se quiere defender. La discusión no debe ser si apropiarse de un animal es o no es correcto. Apropiarse de lo ajeno siempre es incorrecto y debe ser sancionado. Pero una cuestión son los vacíos legales y otra muy distinta la forma de resolverlos, en este caso, tal vez del todo equivocada. Castigar una acción ilícita, donde muchas veces existe una asociación ilícita, es muy distinto de castigar, por ejemplo, a personas que se roban una gallina. La letra a) del artículo 1º, que sustituye el artículo 449 del Código Penal, no hace la diferenciación. El delito que cometen los cuatreros, que se asocian ilícitamente para robar animales, es muy diferente del que cometen quienes se roban una gallina o un chancho. Entonces, al poner un umbral de una UTM mensual, es decir, 29 mil pesos, estamos excediendo la visión que un Parlamento responsable debe tener sobre esta materia. Es decir, con la lógica de la UDI, una persona que se robe algo cuyo valor es de aproximadamente 30 mil pesos, si es reincidente, puede recibir una condena de 15 años de prisión. Me parece que con esto se produce un trastrocamiento de la escala de sanciones de nuestro sistema jurídico. De manera que debemos armonizar dicha escala con lo que propone el proyecto. Por eso, mi propuesta es que revisemos el umbral de una UTM mensual, pues al ser tan bajo se pueden confundir los delitos. No es lo mismo robar una, dos o cinco gallinas que concertarse e ingresar en camiones a plantas avícolas con el propósito de hacer robos masivos. Al igual que el diputado Bauer, represento a sectores en los cuales se concentra la producción avícola. Sin duda, la acción delictiva de las personas que entran en las plantas para robar en forma masiva es absolutamente distinta de las que, por necesidad, roban un animal. No es igual la primera acción que la segunda, y debemos establecer sanciones diferentes. El diputado Seguel tiene toda la razón. La letra b) del artículo 1º establece: “Se presumirá también autor del robo o hurto de animales, aquél en cuyo poder se encuentren especies o partes de una especie animal cuya adquisición no pueda justificarse, o bien, partes identificables de una especie hurtada o robada.”. Perdónenme, pero creo que aquí hay un error porque los animales no tienen huellas digitales. Entonces, ¿cómo vamos a saber si la pierna de vaca que tenía un campesino para hacer un asado en Las Cabras se la compró a otro vecino en Coltauco? Además, estos animales muchas veces no están inscritos. Por eso, creo que aquí nos extendemos en exceso en una dirección. Entiendo el espíritu de quienes propusieron la iniciativa, pero creo que su redacción de ésta es muy compleja y nos puede llevar por mal camino. Sin duda, lo que se pretende es sancionar a las personas que se asocian para cometer ese tipo de delitos, y tipificarlos; pero la letra b) del artículo 1º, tal como está redactada, puede llevarnos a situaciones absolutamente contrarias a lo que deseamos, por cuanto establece una presunción legal sin contextualizar una situación específica. Es necesario tipificar mejor las acciones que queramos sancionar, pero no podemos ahondar las injusticias existentes. Hoy, una persona que se roba una gallina puede terminar presa, mientras que otras que cometen delitos más graves nunca son privadas de la libertad. Entiendo que en esta discusión hay una visión valórica de los bienes que defendemos, y creo que hay que tipificar los delitos; pero aquí se hace una defensa exagerada de los dueños de bienes particulares que pueden ser robados, estableciéndose una sanción alta porque no se hacen las diferenciaciones necesarias. Por último, en relación con la letra a) del artículo 1º, la diputada Laura Soto manifestó que no se puede privar de libertad a una persona por robarse un par de gallinas. Entiendo que el fin perseguido por estas asociaciones ilícitas es más bien el robo de ganado mayor. Creo que en esto deberíamos concentrar nuestros esfuerzos, y no permitir que una muy buena iniciativa, impulsada por el colega Recondo y otros diputados, cuya finalidad es solucionar un problema que afecta a la zona sur, termine diluyéndose al establecer demasiadas exigencias. Creo que el proyecto que no está en condiciones de abordar en forma integral el problema en el corto plazo. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, este proyecto, del cual soy coautor, pretende tipificar un delito que tiene muchas aristas. En primer lugar, quiero explicar por qué la iniciativa establece sanciones tan altas para el abigeato. Este delito no consiste en el robo o hurto de un tractor, de un automóvil, de un televisor o de un banco, sino en el de animales. Por eso, quiero decirle al diputado Juan Pablo Letelier que con este proyecto no pretendemos evitar el robo de tractores, televisores, enfardadoras o de cualquier otro tipo de maquinarias, sino de animales. En segundo lugar, curiosamente, las disposiciones que sancionan el abigeato no distinguen entre hurto y robo. Para quienes no lo entienden, se comete hurto cuando no se provoca daño a la propiedad. Por ejemplo, si una persona abre el portón de un potrero, ingresa con el camión y sustrae animales, comete hurto. Pero si no puede abrir el portón, corta los cercos con un alicate, ingresa con el camión y lo carga con animales, comete robo, porque provocó daño a la propiedad. Sin embargo como digo, no se hace distinción entre hurto y robo. ¿Qué pasaba cuando Carabineros sorprendía a una persona que transportaba, en un camión, dos animales muertos que había robado a un modesto agricultor, y le preguntaban de dónde los traía? Simplemente, respondía que se los había comprado a otro señor, sin mostrar ningún papel. ¿Por qué este delito es grave? No se trata de ser más papistas que el Papa. El “banco” de cualquier agricultor son sus animales. Cuando tiene un problema de salud, vende un ternero, un chancho o algunas gallinas para obtener dinero. Por lo tanto, es lo mismo que si a otra persona le robaran la plata que tiene en el banco. ¿A quién afecta más el robo? ¿Al campesino que le roban su yunta de bueyes o a la persona que le roban sus joyas del banco Bice? A lo mejor, tienen más valor las joyas y, por eso, nadie se preocupa del campesino al que le robaron sus bueyes y no puede sembrar, trabajar ni obtener el sustento para su familia. Ése es el problema de fondo y eso es lo que pretendemos con este proyecto: aplicar a cada uno las penas que merece. Quien comete abigeato está privando de su sustento a una familia. Algunos dicen que no es lo mismo robar un ternero que un chancho. Se nota que no son agricultores, porque hay chanchos que valen más que un ternero. En consecuencia, no se trata del tamaño del animal, sino de su precio y de los kilos que pese. Eso es lo que estamos discutiendo; si presentamos el proyecto es porque entendemos el problema. A quienes creen que estamos defendiendo a los agricultores de la Novena Región, puedo decirles que los delitos más atroces y brutales, según los reportajes de la televisión, se cometen en la comuna de Santiago y sus alrededores, donde operan las bandas organizadas. El 90 por ciento de la gente que vive en las regiones donde se está aplicando la reforma procesal penal no denuncia estos delitos por una razón muy simple: cuando hacen la denuncia, les preguntan si tienen algún sospechoso. Si responden que no, les dicen que nada se puede hacer, y después de seis días reciben una notificación en la que les dicen que su caso está cerrado porque no existen referencias sobre el robo que denunció, porque no hay sospechosos. Por eso, defendemos con mucha fuerza y entusiasmo a la gente que vive de sus animales. El trasfondo del proyecto no es simplemente aumentar las penas ni defender a nadie en particular. Es algo de absoluta justicia. ¿O acaso quienes viven del campo no tienen derecho a que se les protejan sus bienes? Son miles los pequeños agricultores que esperan que se apruebe el proyecto lo más luego posible, de manera que no les sigan robando sus animales. En todo el país y en la Novena Región, en particular, hay verdaderas bandas organizadas que se dedican a robar. ¿Por qué se arriesgan? ¿Habrá un negocio más rentable que robar animales si hoy eso no tiene pena? No. En consecuencia, el delito de abigeato se comete porque tiene una rentabilidad tremendamente alta y penas ínfimas. Ése es el problema. Cuando en Chile existan penas que correspondan a la entidad del delito, habrá más conciencia. Nadie podría estar de acuerdo en que la persona que se roba una gallina esté presa por cinco o diez años. El camino del robo es ascendente, parecido al de la droga: primero, algo suave; después, un poco más fuerte, tal vez marihuana, y se va subiendo de categoría. El tipo que empieza a robar, parte con una gallina, luego sigue con un ganso, un pavo, un chivo, un cordero; después, con un animal mayor. Termina con una camionada de novillos, porque las penas no son acordes con el delito. Conozco el problema de cerca porque en el distrito que represento se produce con mucha frecuencia. ¿Podría algún diputado amparar al ladrón o al sinvergüenza? Claramente, no. Por eso, el proyecto es transversal. De todas las bancadas hay colegas dispuestos a solucionar un problema real, que está más allá del ámbito político, porque es de sentido común defender, con disposiciones adecuadas, al pequeño agricultor del delito de abigeato. Sin duda, se va a aprobar la idea de legislar, porque no podríamos darnos el lujo de desaprovechar la oportunidad de mejorar la ley para combatirlo. Los diputados Jaramillo, Ceroni y Martínez son de zonas agrícolas, pero las diputadas Soto y Caraball no lo son. Por eso les llama la atención la pasión con que defiendo el proyecto. Muchas veces, quienes no son de zonas agrícolas se fijan más en la parte penal y no en el tremendo daño que se les produciría a los agricultores si no se les protegiera del abigeato. Son miles los pequeños agricultores que hoy se sienten desamparados. Por ello, corresponde que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de normas que contribuirán a que conserven sus animales, cuya pérdida por robo equivale a un asalto en una calle de cualquier ciudad. En consecuencia, los diputados de Renovación Nacional votaremos favorablemente el proyecto. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Si se quiere votar hoy, apelo a la capacidad de síntesis de quienes están inscritos para intervenir. Tiene la palabra el diputado Eugenio Bauer. El señor BAUER.- Señor Presidente, el proyecto ha sido bastante debatido, pero aún subsisten algunas dudas que quiero despejar. El diputado Seguel dijo que una familia bien podría faenar un animal, repartir la carne entre los parientes y transportarla de una parte a otra. Pero olvida que en Chile, el animal sólo se puede faenar en una planta establecida. Entra en ella con guía de libre tránsito y factura, y sus partes y piezas salen documentadas de la misma forma. En consecuencia, se trata de sancionar como corresponde el delito de abigeato y facilitar su investigación. Así, si la policía detiene a individuos que, por ejemplo, en la maletera de un vehículo transportan ocho filetes y ni siquiera portan una boleta de compraventa, obviamente podrá presumir que se trata de un hurto, porque esa carne podría no proceder de una planta faenadora. El inciso segundo que se propone al artículo 454 del Código Penal se refiere a partes o piezas de un animal cuya adquisición no pueda justificarse. Incluso, hasta una fuente de soda puede ser clausurada si tomamos una cerveza y, a la salida, no mostramos la boleta a un inspector del Servicio de Impuestos Internos que la pide. Este caso tiene relación con la persona que no porte, como debiera, la documentación de la carne extendida por una planta faenadora o un establecimiento del ramo. Por otra parte, con el diputado Juan Pablo Letelier somos representantes de una zona donde hay varias plantas avícolas. Todos los días se roban aves. Es el llamado “robo hormiga”. Pero la diputada señora Laura Soto podría tener razón en cuanto a reestudiar la multa de una unidad tributaria mensual que se propone en caso de robo o hurto de aves. Lo importante es que se legisle al respecto. Por último, en algún momento habrá que abordar el caso de los salmones. Hoy, la industria salmonera tiene una gran pérdida debido a que algunos cortan la red y sacan salmones que van a parar a manos de los pescadores artesanales, los que los comercializan sin dificultades. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, si bien comparto las cuestiones de fondo del proyecto, hay aspectos de forma que no me parecen convenientes. Uno se refiere a la disposición que permitiría presumir como autor del delito de abigeato a quien no pueda dar cuenta del origen de algunas partes de una especie animal. Recuerdo que tiempo atrás, en un fundo, robaron y faenaron un animal, y el hijo del inquilino llevó parte de la carne a su casa. Pero, cuando éste se dirigía a dar cuenta del hecho, Carabineros lo detuvo, y permaneció tres días en la cárcel antes de ser pasado al juzgado. Ni siquiera pudo dar cuenta del hecho. Muchas veces, la intervención de la policía provoca un trauma al campesino por el resto de su vida. Debemos evitar entrar en el terreno de la presunción. Por eso, solicito votar aparte la letra b) del artículo 1º. Felizmente, el proyecto volverá a la Comisión, de donde indudablemente saldrá mejorado. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Diputado Jaramillo, en la discusión particular deberá reiterar su petición de votación separada. Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, el proyecto es necesario para quienes se dedican a la agricultura y a la crianza de animales, especialmente en las zonas en que esta actividad es la única alternativa, donde los hurtos y robos de ganado son frecuentes. Incluso, algunos pequeños agricultores han debido organizarse para cuidar sus animales de noche, porque el abigeato ha cundido en forma impresionante. Alojan a pleno campo, lo cual afecta su salud. No podemos permitir este verdadero “oeste”. Frente a ello, debemos mejorar la normativa que existe, para sancionar en forma adecuada y enérgica el abigeato, porque, además, el faenamiento de animales robados atenta contra la salud de la población, porque se realiza a pleno campo, a los animales se les saca el cuero y se transporta la carne en camionetas sin protección para su venta. Por lo tanto, si bien es necesario mejorar algunos aspectos, como el relacionado con la presunción, porque se ha exagerado un poco, y el relativo a la penalidad del hurto y robo de aves, el proyecto va en la línea correcta y, por lo tanto, lo aprobaré. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, para abordar este proyecto es muy importante posicionarnos en la realidad del campo, especialmente de aquellas regiones en las cuales la ganadería es una actividad económica importante. Se pretende modificar algunas disposiciones del Código Penal para enfrentar de mejor forma el delito de abigeato. Para ello, por una parte, debemos hacer más eficaz la acción de los tribunales y de la policía, y, por otra, facilitarles a las víctimas el procedimiento. Quienes conocemos la realidad rural sabemos que para enfrentar este delito, lo primero que debe hacer un campesino o agricultor que fue víctima del robo, incluso del faenamiento de un animal en su predio, es concurrir a estampar la denuncia a la comisaría de Carabineros más cercana o a un tribunal. Todos sabemos que en el sector rural, hay gente que no vive en el mismo lugar donde está ubicado el tribunal. Hay dificultades de distancia, de comunicación, y el tiempo que transcurre entre la ejecución del delito y la posibilidad de establecer la denuncia es muy largo. Por el proyecto se facilita el proceso de denuncia y se permite que la policía inicie la investigación inmediatamente. Así se gana tiempo. Insisto, quienes conocen la realidad rural saben que este aspecto es muy esencial y hasta ahora ha impedido combatir con eficacia este delito. Asimismo, hay que considerar la enorme dificultad para constituir pruebas ante el tribunal, a fin de lograr que se sancione efectivamente el delito. Esa dificultad también dice relación con la realidad rural, porque es muy difícil encontrar elementos constitutivos de pruebas cuando han transcurrido muchas horas desde que ocurrió el delito. A través del proyecto intentamos entregar más elementos que permitan constituir plenas pruebas, a fin de que el tribunal cuente con elementos para poder imputar y sancionar a los delincuentes. Otro aspecto que debemos considerar es que el robo de ganado o delito de abigeato no necesariamente es realizado por una persona, sino que también por varias que, en asociación ilícita, muchas veces, actúan, en forma coordinada, ya sea robando y faenando, transportando y comercializando. Son verdaderas redes y la actual legislación no permite constatar que hay más gente participando en el delito. Por eso, queremos que los tribunales apliquen de manera efectiva el comiso del vehículo que transporta ganado robado. Nuestra intención es que quienes comercializan especies robadas los receptores reciban sanciones drásticas, porque si no somos capaces de cortar esta red no habrá posibilidad de eliminar este delito. También se aumentan las penas para quienes cometen el delito y quienes reinciden en él, en cualquiera de sus formas. He señalado de manera reiterada por qué es necesario conocer la realidad. Varios señores diputados han manifestado sus aprensiones respecto del proyecto, respecto de los cuales tengo la impresión de que se originan porque no se tiene una completa visión de la realidad. El diputado señor Seguel planteó su inquietud en el sentido de que si alguien no puede demostrar la procedencia de una parte de los animales que transporta se presumirá delito de abigeato. Mencionó asimismo que si algunos individuos se ponen de acuerdo para comprar un animal, faenarlo y repartirse su carne, cada uno de ellos podrá ser sujeto de sospecha, por no poder demostrar el origen del animal. Eso no es así, porque según normas del Código Sanitario, de la ley de tipificación de carnes, de la ley de mataderos u otras con excepción de las disposiciones del Código Penal ningún faenamiento de ganado se puede hacer en un lugar distinto a una planta autorizada. Si no se realiza allí se comete una falta o delito. Por lo tanto, todo faenamiento debiera realizarse en una planta autorizada, ya sea un matadero local o una planta industrializada. Cualquiera persona que lleve ganado a ese lugar deberá traer consigo una guía de despacho, una factura, una guía de libre tránsito, etcétera, documentos que acrediten su origen, y, luego, una vez faenados los animales, retirará el producto con una guía de despacho, con una factura, con una boleta que también permitan comprobar su origen. Por lo tanto, la aprensión del diputado señor Seguel no es real; no ocurre en la realidad, porque está sancionada en otras normas. En cuanto a la inquietud manifestada por la diputada señora Laura Soto respecto de la desproporción que puede haber entre las sanciones que se aplican a quien roba ganado mayor u otro tipo y quien roba una gallina, aquí estamos modificando algunas normas del Código Penal y no sé si será posible eliminar de dicho Código el término “aviar”, como ella propone en su indicación, porque significaría dejar sin sanción a quien robe una gallina. Eso no está en el espíritu del proyecto y estamos plenamente abiertos a revisar el planteamiento de la señora diputada. No queremos que se sancione severamente a quien haya cometido una falta menor, como robar una gallina. Tampoco estamos de acuerdo con lo expresado por el diputado Juan Pablo Letelier en cuanto a que habría un interés mayor en proteger a las cosas que a las personas. Por el proyecto se pretende, precisamente, proteger a las personas, pero a aquellas que a diario trabajan y producen honestamente en los campos: a los campesinos, a los pequeños agricultores, que son los principales afectados por este delito; no afecta a los grandes ganaderos. Cuando a un pequeño campesino o agricultor le roban una cabeza de ganado, una vaca o un ternero, le quitan una parte muy importante de su patrimonio; por lo tanto, son los más perjudicados. Lamentablemente, la única forma de abordar el problema es modificando el Código Penal. Entendemos que es una normativa general que muchas veces no se adecua a los casos tan particulares como el delito de abigeato que ocurre en sectores campesinos, que presenta singularidades difíciles de entender por las señoras diputadas y señores diputados que no representan distritos rurales. Quiero que me crean cuando les digo que, hoy, este delito es de alta ocurrencia y, debido a las dificultades para efectuar su denuncia que resolveremos mediante el proyecto no hay constancia de esa realidad. Reitero que hay inconvenientes para que un agricultor pueda realizar la denuncia correspondiente, para constituir pruebas y, finalmente, los tribunales no aplican en forma adecuada la legislación. Por el proyecto se pretende hacer más eficaz la acción de la justicia, de la policía y la forma cómo las víctimas podrán constituir plenas pruebas para que se sancione a los autores de este delito. Contrariamente a lo que ha señalado el diputado Seguel, en el sentido de que esta iniciativa no tendrá ningún efecto real espero que este proyecto sea una herramienta eficaz para combatir el delito de abigeato, que nos ha generado tantos problemas en el sector rural. Este proyecto refunde tres mociones presentadas por distintos señores diputados pertenecientes a todas las bancadas, cuyo objetivo es contar con un instrumento que permita hacer más eficaz el control de este delito. La Comisión de Seguridad Ciudadana ha hecho un muy buen trabajo al recoger de dichas mociones los aspectos más positivos de cada una y consolidarlos en un proyecto que conserva los objetivos e intenciones de sus autores. Como ha pasado mucho tiempo y los agricultores anhelan que se convierta en ley de la República lo antes posible, no es recomendable analizar las indicaciones presentadas sobre tabla, ello quizá impediría que el proyecto vaya a segundo trámite. No sé si habrá ánimo para tratarlas y votarlas conjuntamente con la votación en general y en particular del proyecto. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Señor diputado, desafortunadamente, continúan inscribiéndose diputados para intervenir sobre el proyecto. Pido a los tres diputados que todavía no hacen uso de la palabra que sus intervenciones no excedan los cinco minutos. En caso contrario, hoy, ni siquiera podríamos votar el proyecto en general. Tiene la palabra el diputado Juan Bustos. El señor BUSTOS.- Señor Presidente, el delito de abigeato había disminuido notoriamente, pero, por el aumento de nuestra producción agropecuaria hoy es bastante frecuente. Como se ha señalado, no sólo afecta a las grandes empresas ganaderas, sino también a los pequeños campesinos. Para muchos de ellos, el hecho de tener tres o cuatro vacas o terneros les significa una cuenta de ahorro, puesto que recurren a la venta de uno de sus animales cuando enfrentan cualquier problema, como la enfermedad de un familiar. En mi zona, que comprende Olmué y Limache, son muchos los campesinos que no tienen más diez o veinte cabezas de ganado, razón por la cual el delito los afecta enormemente. A mi juicio, el proyecto debe aprobarse, pues hoy es muy importante para el país. Sus disposiciones son adecuadas; sin embargo, habría que distinguir entre el ganado mayor y menor, y las aves. Ahí hay que hacer diferenciaciones. No tiene sentido elaborar una sola disposición grave, puesto que, generalmente, no tiene efectividad en los tribunales. Estos buscan, de alguna manera, evitar el tema. La presunción es acertada. De no hacerla presente, la ley no tendrá ningún efecto. El hecho de que se plantee una presunción en el caso de que no pueda justificarse la procedencia de un animal o de una de sus partes, resulta sumamente adecuado desde el punto de vista procesal. No es una presunción de derecho, por lo que siempre podrá haber pruebas en contrario. Si no fuera así, siempre será muy fácil para alguien como ocurre hoy ocultar la marca de un animal, con lo cual se podrá escabullir de la justicia. Sí habría que modificar la letra a) del artículo 1º, de modo de hacer las distinciones correspondientes entre los diferentes tipos de ganado y en relación a la agravación que allí se establece. A mi juicio, es mejor no votar hoy el proyecto, pues, por su importancia, es preferible que vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a fin de corregir algunos aspectos, siempre que exista el compromiso de la Sala de despacharlo la próxima semana. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma. El señor PALMA.- Señor Presidente, aunque las intervenciones respecto de este proyecto de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han sido muy objetivas, quiero plantear algunas apreciaciones sobre la materia. El aumento desmedido del abigeato es un mal endémico en las regiones del sur. Por ello, es imperativo aumentar las sanciones y el control de dicho delito, ya que su comisión lleva, a las personas afectadas, a la desesperación y a la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de su control, pues quienes los cometen salen muy pronto de la cárcel o nunca son enviados a ella, lo que les permite continuar cometiendo robo de animales, con el consecuente daño para los agricultores y campesinos, en especial para los de menos recursos. El proyecto es positivo, por lo que la bancada de Renovación Nacional lo votará a favor. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, esta iniciativa es muy sensible para los diputados que representamos distritos ubicados en zonas rurales. Nos consta que el abigeato siempre ha sido un problema insoluble, lo que produce una sensación de impunidad en la gente. En efecto, para las policías resulta muy difícil capturar a las mafias organizadas que están detrás de este delito. Ello, por las dificultades legales que tienen para ingresar a los potreros o a los lugares en los que se faena de inmediato a los animales robados. Otro problema es la ratificación de la denuncia, ya que en los lugares apartados es muy difícil concurrir a efectuar dicho trámite, por lo que se procede al archivo de la causa. La situación es más complicada en las regiones en las que no está en aplicación la reforma procesal penal, pues en ellas la mayoría de las causas por abigeato son archivadas a los pocos días si no son ratificadas. Este proyecto es muy positivo porque incorpora una serie de aspectos que ayudarán a paliar este grave problema que afecta a los pequeños agricultores que son víctimas del robo de su ganado, el cual, en la mayoría de los casos, constituye el único sustento para vivir el resto del año. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Cerrado el debate. Se suspende la sesión por cinco minutos para llamar a votación. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor LORENZINI (Presidente).- Se reanuda la sesión. Corresponde votar en general el proyecto de ley que sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, ÁlvarezSalamanca, Allende (doña Isabel), Bauer, Becker, Bertolino, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Espinoza, Forni, Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Meza, Molina, Montes, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker. Se abstuvo el diputado señor Seguel. VII. PROYECTOS DE ACUERDO EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE AFP. El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 434. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 434, de los diputados señores Pedro Muñoz, señora Adriana Muñoz, señores José Pérez, Boris Tapia, Enrique Jaramillo, Edgardo Riveros, Camilo Escalona, Rodolfo Seguel, Sergio Aguiló y Alejandro Navarro. “Considerando: Que la previsión social es un servicio de utilidad pública que debe someterse a un criterio de bien común, ya que surge del ahorro obligado de los trabajadores asalariados y del esfuerzo personal de los independientes. Que los trabajadores asalariados afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) constituyen un mercado cautivo, que no tiene control alguno sobre la administración y gestión de sus recursos acumulados. Que, según información de público conocimiento, los costos de administración son excesivos, lo que redunda en la disminución del monto de las pensiones. Que parte de estos gastos derivan del alto nivel de remuneraciones y beneficios de los ejecutivos y directores de las mismas entidades. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. el Presidente de la República que tenga a bien instruir al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, al ministro del Trabajo y Previsión Social, al objeto de que el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transparente la información respecto de los costos de administración y arbitre los procedimientos para disminuir los gastos innecesarios, a fin de aumentar las pensiones de los trabajadores.” El señor LEAL (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, el proyecto es esencial para transparentar la información respecto de los costos de administración de las administradoras de fondos de pensiones. Conocemos los esfuerzos desarrollados por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones para que éstos se reflejen en la cartola que las instituciones previsionales respectivas les envían cuatrimestralmente. El proyecto apunta a determinar de qué manera es factible aplicar medidas que reduzcan los costos que pagan los afiliados al sistema de administradoras de fondos de pensiones. Es sabido de todos que de cada mil pesos que éstos destinan a sus fondos, prácticamente el veinte por ciento es decir, 200 pesos se diluye en los costos de administración y utilidades para las AFP. Este tema ha inquietado especialmente a los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. El diputado señor Rodolfo Seguel ha planteado este tema con mucha fuerza y entiendo que, según me ha expresado el diputado José Miguel Ortiz, también se ha abordado en la Comisión de Hacienda. En esas circunstancias, me parece muy importante hacer presente, formalmente, nuestras inquietudes a las autoridades del Ejecutivo, puesto que constituyen materias de su exclusiva iniciativa. El tema de los costos es esencial como elemento de competencia entre las administradoras, ámbito en el cual percibimos gran concentración. Prácticamente, el ochenta por ciento de la afiliación es controlada por tres administradoras. En un momento, llegaron a ser 21; hoy, luego de las absorciones y fusiones entre las mismas, a raíz del caso Inverlink y su impacto en la aefepé Magister, sólo quedan seis. Si consideramos el costo de administración como uno de los elementos de competencia, junto a la rentabilidad y el servicio, aparece de toda lógica hacer esfuerzos por transparentar y reducir los costos. Cabe destacar que sistemas que se iniciaron con posterioridad al caso chileno, que partió el 1 de mayo de 1981, han ido perfeccionándose. Es así como el sistema de capitalización individual de Bolivia exhibe costos mucho más bajos que el chileno, así como los elementos de competencia del sistema aplicado en México son más visibles, reales, transparentes que los de nuestro país. Indudablemente, uno de los aspectos que más impacto tiene en esta materia es el hecho de que la gente no conoce el funcionamiento del sistema. Basta ver los resultados de la encuesta realizada por la Universidad de Chile, por encargo de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones. La nota que los chilenos sacamos por nuestro conocimiento del sistema de pensiones es paupérrima. ¿De quién es la responsabilidad? Esencialmente, de quienes deben entregar la información, es decir, de todo el aparato del Estado que tiene que ver con esta materia; pero, principalmente, de las empresas privadas que administran los fondos. También es un elemento esencial saber separar el proceso de la administradora del de los fondos, cuyos intereses, por cierto, no siempre coinciden, así como tampoco son congruentes los intereses de quienes administran el sistema. Los gerentes y los directorios tienen como punto de referencia para saber si son exitosos no los afiliados al sistema, sino los dueños de la administradora de fondo de pensiones. Termino diciendo que todos esos elementos son de tal esencia que ameritan que aprobemos un proyecto de acuerdo de esta naturaleza. Ojalá, existiera unanimidad para ello. Luego de observar la escasa presencia de diputados en la Sala, lo más probable es que sólo podremos aprobarlo en la próxima sesión ordinaria. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, luego de escuchar al diputado Riveros y de leer el proyecto de acuerdo, uno no puede sino preguntarse, qué ha hecho la Concertación durante sus catorce años de gobierno respecto de la industria, probablemente, más regulada del país: las AFP. Si se estuviera hablando de una industria en que el Estado no tuviera ningún poder real, se podría invocar un proyecto de acuerdo como éste para solicitar al supremo Gobierno que tome medidas para trasparentar la información o arbitrar los procedimientos para disminuir los costos. Pero resulta que hay una institución llamada Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, dirigida por funcionarios de la Concertación durante casi quince años. Parece de una ineficiencia o indolencia decir después de quince años que debemos preocuparnos de que la situación se transparente y de que los costos sean los adecuados. ¿Qué han hecho estos funcionarios públicos pagados, y bien pagados, con los impuestos de los chilenos, que reciben asignaciones de responsabilidad o especiales como las de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras y otros organismos de este tipo? Después de quince años estos altos funcionarios públicos no han sido capaces de transparentar la información que se debe entregar a los afiliados sobre sus pensiones o costos de administración. No podemos aprobar este tipo de proyectos de acuerdo, por cuanto caen en la demagogia más absoluta. El diputado Riveros dijo que se está cambiando la cartola que las AFP están obligadas a mandar periódicamente a sus afiliados. Efectivamente, ¡por enésima vez se está cambiando la cartola! Es de esperar que los funcionarios de la mencionada superintendencia que diseñan este documento, aunque sea después de quince años de haber recibido suculentas remuneraciones, logren elaborar uno que finalmente transparente al afiliado lo que le cuesta la administración de sus fondos. Respecto de los costos, dejemos de hacer demagogia. El diputado Riveros habló de los costos de la cotización. Efectivamente, ésa es la manera de presentar los costos de las administradoras como caros. Si uno habla del costo como un porcentaje de la cotización mensual, evidentemente lo está inflando. Es como cuando se juega con las estadísticas para tratar de defender determinada situación. Sin embargo, si uno presenta el costo no como porcentaje de la cotización mensual, sino como porcentaje del fondo acumulado, los expertos señalan que los costos de las administradoras de fondos de pensiones son bastante más baratos, por ejemplo, que los de un fondo mutuo, en los cuales se considera una comisión expresada como porcentaje del ahorro acumulado. Repito: en este caso, los porcentajes de las AFP parecen bastante menos importantes de lo que mencionó el diputado Riveros. Así es que no juguemos con las estadísticas. En todo caso, valoro la discusión sobre los costos de las AFP, pero por lo que me he informado del tema, ha habido más bien una discusión política, por cuanto la gente sólo toma en cuenta las cifras que le permiten defender los prejuicios. ¿Por qué no hacemos un debate de verdad sobre la materia? Porque así como el diputado presenta comisiones caras, uno también podría justificar comisiones baratas. También me preocupa y con esto termino la concentración de las AFP. Efectivamente, ello ha ocurrido en los años. Sin embargo, para poner equilibrio en esta discusión, reconozcamos que también ha habido concentración en los supermercados, en los bancos y en las bombas de bencina. En un mundo globalizado, en donde las economías de escala son muy importantes, también vemos concentración en la mayor parte de las industrias, porque así se logran bajar los costos, cuestión que no ha ocurrido sólo en Chile, sino también en muchas partes del mundo. Por lo tanto, no critiquemos a las AFP por una característica que se produce en todo el mundo, cual es la globalización, que ha tendido a la concentración para poder aprovechar economías de escala y bajar costos. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor LEAL (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. En votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor LEAL (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a llamar a las señoras diputadas y señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor LEAL (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Vicepresidente).- Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo hasta la próxima sesión. VIII. INCIDENTES PRIORIZACIÓN DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE COPIHUE, COMUNA DE RETIRO. Oficio. El señor LEAL (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra, por seis minutos y 30 segundos, el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por la falta de solución sanitaria para la localidad de Copihue, perteneciente a Retiro, una de las comunas que represento. Allí viven no menos de 300 familias en lamentables condiciones sanitarias, puesto que no cuentan con alcantarillado. Más que un poblado, es una pequeña ciudad. Cuenta con escuelas, retén, bomberos y otros servicios, pero la falta de alcantarillado impide su crecimiento. Son muchos los habitantes de zonas rurales que quieren instalarse en esa localidad, a través de los subsidios habitacionales, pero, en definitiva, no pueden ejecutar la construcción de sus viviendas por carecer de alcantarillado. Aunque hay un proyecto para solucionar este problema éste no cuenta con financiamiento. Lo ideal sería financiarlo con recursos de la Subdere y con fondos regionales. Como sería un proyecto de mejoramiento de barrios, es necesario que el intendente lo priorice y le otorgue el financiamiento adecuado. En la actualidad, se están priorizando los proyectos del programa Chile Barrios. No hay duda de que ello es razonable, pues se destinan a las personas más pobres. Sin embargo, en la localidad a la que me refiero, las personas son tan de escasos recursos como los que habitan en los campamentos que beneficia el programa Chile Barrios. Por lo tanto, también se justifica priorizar la construcción de este alcantarillado y así proteger la salud de la población, que es uno de los temas que más nos interesa. Solicito se oficie al intendente de la Región del Maule, con copia de mi intervención, a fin de priorizar este proyecto tan preciado para la localidad de Copihue. Somos muchos los que estamos apoyando esta sentida aspiración. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal y de los diputados señores Enrique Jaramillo, Rodrigo González y de quien habla. CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL Y DE CRUCE EN COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO. Oficio. El señor CERONI.- Señor Presidente, por otra parte, quiero que se oficie, con copia de mi intervención, a don Camilo Rojas Bascuñan, coordinador general de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de que se concretice el compromiso de construir un paso sobre nivel en la Carretera 5 Sur, en la comuna de Parral, en el sector de Santa Mónica, puesto que en esa carretera los pasos están muy distantes uno de otro. Uno de ellos se encuentra en el cruce de Talquita, a 12 kilómetros de distancia del anterior, lo que es absurdo; lo lógico es tener un paso sobre nivel cada seis kilómetros cuando más, razón por la cual es necesario construir uno en el cruce Santa Mónica. Además, en la comuna de Retiro existe el compromiso de construir un cruce en el sector de Villaseca, pero hasta el momento los vecinos no han tenido respuesta, sino sólo compromisos y palabras, pero no realidades. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal y de los diputados señores Enrique Jaramillo, Rodrigo González y de quien habla. AYUDA A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAGO RANCO AFECTADAS POR TEMPORALES. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, los temporales y lluvias que azotan a la Décima Región de los Lagos causan estragos que estamos acostumbrados a sufrir. Lamentablemente, las necesidades son mayores que las ayudas, tanto gubernamentales como privadas, que llegan. Quiero referirme a los problemas que afectan a las comunidades indígenas de Rupumeica Alto y de Rupumeica Bajo, de la comuna de Lago Ranco, provincia de Valdivia. Sus habitantes no han contado con ayuda gubernamental ni privada, seguramente porque se trata de un sector cordillerano de difícil acceso, pero muy hermoso en primavera y verano. Debido a su precaria situación económica, esos pobladores no han podido reparar las techumbres de sus casas, por lo que prácticamente están a la intemperie. A ello se añade el problema del anegamiento de los pastizales, que les impide alimentar a los pocos animales que tienen. Rupumeica Alto y Bajo se encuentran aisladas en estos momentos, porque sigue lloviendo en el sur, lo que aumenta los daños. Quiero denunciar, a través de la Cámara de Diputados, que las autoridades provinciales de la Onemi no han visitado ese amplio sector cordillerano, que comprende localidades como Rellinahue Bajo, y que ha sido uno de los más afectados por este azote de la naturaleza. No obstante, quiero comunicar a los habitantes de ese sector que el diputado que habla solicitó que fuese reparado el camino Los Venados-Rupumeica. Las obras se llevarán a cabo en un futuro cercano, en cuanto sea posible. Por tanto, no tendrán que soportar mucho tiempo el aislamiento. Pero el problema más serio que enfrentan esos pobladores es que las praderas y los pastizales están prácticamente bajo el agua, lo que les impide alimentar a sus animales. Por ello, solicito que se oficie a los ministros de Agricultura y de Obras Públicas a fin de que se interioricen de los problemas que afectan a esa zona. Sé que don Arturo Sáez, emisario del Ministerio de Agricultura, viaja hoy a la Décima Región. Por lo tanto, pido que esos sectores que están aislados sean considerados en su visita e incluidos dentro de las localidades que presentan emergencias de carácter vial y agrícola. Hago presente la denuncia efectuada por los señores Gastón Quillinao, José Antonio Panquilef y Jorge Abello, miembros del consejo de loncos de ese sector, respecto de los problemas que afectan a su localidad. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal, del diputado señor Rodrigo González y de quien habla. INFORMACIÓN SOBRE DEUDORES DEL SERVIU EN SAN ANTONIO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo. El señor HIDALGO.- Señor Presidente, la grave situación económica que afecta a la comuna de San Antonio, la segunda ciudad con más alta cesantía en el país, ha traído como consecuencia que los deudores del Serviu estén atrasados en el pago de sus dividendos entre siete meses y un año y medio. El tema es realmente dramático; incluso, para efectuar el cobro hay una empresa especializada, licitada públicamente, que utiliza el amedrentamiento. Una familia que está sufriendo el flagelo de la cesantía es mucho más sensible a estas situaciones. Seguramente, su señoría y los demás colegas han recibido las cartas que se envían en estos casos, sobre todo en el caso de estas familias, que han recibido citaciones para acudir a entrevistas en el Serviu en las que se dice que son de carácter social, pero una vez en el lugar, se les habla de desalojo. Eso es realmente dramático. En algunos casos, cuando no pagan la energía eléctrica porque no pueden, se la cortan y para reponerles el suministro les exigen tener pagados los dividendos, porque eventualmente pueden ser desalojadas de sus casas y las cuentas de electricidad quedarían impagas. Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de Vivienda y de Hacienda y al superintendente de Servicios Eléctricos, con copia al presidente del Banco del Estado, a fin de que nos hagan llegar una relación de las personas deudoras del Serviu en el distrito que represento, especialmente en la comuna de San Antonio, separada por meses de dividendos atrasados. Asimismo, que manifiesten cuál es la voluntad de la autoridad para solucionar los problemas que afectan a los habitantes de San Antonio, que repito es la segunda ciudad con mayor cesantía en el país. Oficialmente, se habla de casi un 15 ó 16 por ciento, pero se dice que la cifra puede alcanzar a 25 por ciento, lo que significa aproximadamente 10 mil familias. De ese porcentaje, el 20 por ciento podría corresponder a deudores del Serviu. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Rosauro Martínez. VOLUMEN CAPTURADO Y EXPORTADO DE PRODUCTOS DEL MAR. Oficios. El señor HIDALGO.- Señor Presidente, en un oficio enviado por esta honorable Cámara, en junio de este año, relacionado con la pesca y las exportaciones de productos del mar, especialmente de la merluza del sur, sugerí a la Subsecretaría de Pesca revisar lo exportado con lo realmente capturado. Eso se realiza fácilmente, pidiendo a la línea área correspondiente las copias de los documentos en los cuales figura el peso de lo exportado. Ese peso, como es producto fresco, puede ser cotejado con lo efectivamente capturado, para determinar si se está extrayendo más de lo permitido. De esa manera, se puede cuidar este recurso. Al respecto, llegó un oficio que expresa que se está estudiando el tema. No digo que las cosas no se analicen en profundidad, pero en la medida que nos demoremos, más productos del mar serán embarcados sin que medie una rigurosa revisión. Por eso, pido, encarecidamente, que se oficie al ministro de Economía, al subsecretario de Pesca y al director de Pesca correspondiente, a fin de que se coordinen y reúnan la información necesaria para determinar, revisar y corregir el volumen exportado versus lo capturado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Rosauro Martínez. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE AUDITORÍA ANUAL PARA CUENTAS MUNICIPALES. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, pido que se oficie a los ministros de Interior, de Hacienda y al contralor general de la República, a fin de que consideren la conveniencia de implementar un mecanismo para auditar las cuentas municipales, por lo menos una vez al año, y evitar lo sucedido en Valparaíso que, según se dice, tiene una deuda de 20 millones de dólares. En definitiva, el Gobierno debería auxiliar a las comunas y no, como vemos permanentemente, continuar elaborando proyectos para aumentar o crear diversos impuestos, como el royalty. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión del diputado Rosauro Martínez. INFORMACIÓN SOBRE TRASPASO DE COTIZANTES A AFP. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, pido que se oficie al superintendente de Seguridad Social a fin de que nos informe acerca de los casos de traspaso de cotizantes desde el INP a las AFP realizados mediante fraude o engaño y las medidas o mecanismos establecidos para ayudar a las víctimas de estas maniobras. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Burgos y Kuschel. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRAS DE NUEVO HOSPITAL DE VALLENAR. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el turno del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, una de las cosas importantes que se ha anunciado este año en el distrito que represento, después de un largo proceso de negociación, es el inicio de las obras de construcción de un nuevo hospital en la comuna de Vallenar. Se trata de un anhelo muy sentido para la ciudadanía del valle del Huasco, no tan sólo para Vallenar, dado que desde hace muchos años la infraestructura hospitalaria y de salud de la comuna y de la provincia tiene serios déficit en términos de la atención de las personas que viven allí. Más de sesenta mil habitantes de la provincia reciben atención en el nosocomio, pero la calidad de la atención médica se dificulta muchísimo, dada la falencia en infraestructura y en equipamiento del hospital de Vallenar. Por eso, el Gobierno del Presidente Lagos ha comprometido para este año el inicio de las obras de un nuevo hospital. Estoy muy preocupado de que se cumpla el compromiso de iniciar las obras este año. Necesitamos que los procesos administrativos se realicen en forma cabal lo más pronto posible para iniciar las obras antes de diciembre. Primero, es necesario aprobar la RS, visación que entrega el Ministerio de Planificación para licitar la obra; segundo, deben estar claros y aprobados los términos técnicos de referencia que se van a licitar para la construcción de dicha obra. Asimismo, ello se debe publicar en los diarios de circulación nacional y regional y se deben vender las bases. Hay que dar tiempo para que las empresas estudien las bases presentadas en los términos de referencia, visiten el lugar, hagan las preguntas del caso y esclarezcan las dudas que tengan respecto de los elementos técnicos, etcétera. Una vez que las empresas entreguen su propuesta, es necesario hacer un estudio por parte del servicio y de los actores de la región en relación con las ofertas y saber cuál es económicamente más viable y cuál de todas cumple con los requisitos técnicos solicitados. Todavía no he considerado el tiempo para la toma de razón por parte de la Contraloría, trámite necesario para que el terreno se entregue a la empresa y ésta pueda iniciar la construcción del hospital de Vallenar. Calculo que todo lo planteado no debería demorar menos de cuatro meses. Para el inicio de las obras del hospital de Copiapó, que también fue licitado en mi región hace algunos años, este proceso duró más tiempo. Es muy importante cumplir con los plazos administrativos que nos hemos propuesto y que la gestión de la directora del Servicio de Salud de Atacama, del gobierno regional de Atacama, del seremi y del serplac de esa región se haga en forma adecuada. Si ello no ocurre y el inicio de las obras se posterga para el próximo año, los recursos disponibles para el hospital de Vallenar deberán ser discutidos nuevamente en la ley de Presupuestos y entraríamos en una nueva competencia con los establecimientos a lo largo del país. Estoy convencido de que toda esta tramitación debe hacerse de manera eficaz, oportuna y con la prontitud que exige el proceso. Me llama la atención la demora, porque conozco a los funcionarios del Servicio de Salud de Atacama. Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie a los ministros de Salud y de Planificación a fin de envíen el cronograma de trabajo de las obras del hospital de Vallenar. Es muy importante colocar a fin de año la primera piedra de esta construcción, pues la comunidad debe ver que se cumplen los compromisos asumidos por las autoridades y por los parlamentarios de la zona. También lo es controlar y fiscalizar los tiempos de ejecución de estos procesos administrativos para que se cumplan dentro de los plazos establecidos. Para ello, los ministros mencionados deben instar a sus funcionarios a cumplir los tiempos asignados. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. PAGO DE VIÁTICOS A CHOFERES DEL SERVICIO DE SALUD DE ATACAMA. Oficio. El señor ROBLES.- Señor Presidente, pido que se oficie a la directora del Servicio de Salud de Atacama a fin de que cumpla con la resolución de la Contraloría General de la República, en cuanto a solucionar el pago de viáticos a los choferes de dicho servicio de Salud que viajan de una localidad a otra. Según la auditoría realizada por el ente Contralor, el hospital de Huasco debe modificar los procedimientos y eliminar el otorgamiento de vales de desayuno y de colación y el pago del viático respectivo a los funcionarios que deben desplazarse. No por ahorrar unos pocos pesos no se les entregará a los choferes lo que les corresponde, según el estatuto administrativo y los reglamentos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención, y con la adhesión de los diputados señores Jorge Burgos, Zarko Luksic y de quien preside. PUBLICACIÓN DE POSESIONES EFECTIVAS TRAMITADAS EN SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el turno del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, deseo comentar algunos hechos e informar de ellos a las autoridades. No pediré el envío de oficios porque, en general, no son contestados, pero sí solicitaré enviar copia del texto de mi intervención a cada una de las autoridades que mencionaré más adelante. Hace algún tiempo, el Gobierno patrocinó un proyecto que introdujo una reforma muy positiva respecto de las posesiones efectivas al simplificar un trámite que era largo y engorroso. Supuestamente, los plazos se acortarían, pero según me he informado, habiendo el Servicio de Registro Civil e Identificación cumplido con la simplificación del trámite y cursado muchas posesiones efectivas, hoy, más de 600 se encuentran a la espera de concluir su tramitación, debido a que Chilecompra, organismo que tenía que licitar con un diario de circulación regional la publicación de estas posesiones efectivas, aún no lo ha hecho. Por lo tanto, hay muchos chilenos que no se han beneficiado de la modalidad destinada a hacer más expedito el trámite. Por lo tanto, solicito que se envíe copia de mi intervención al ministro de Hacienda, para que ello ocurra a la brevedad. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. ALCANCES SOBRE EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Oficio. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero expresar que, por primera vez, en sus ya casi cuatro años de gobierno, me ha dado vergüenza una intervención del Presidente Lagos. A propósito del royalty, el Jefe de Estado hizo una comparación que no está a la altura de su cargo ni de su inteligencia. Con el fin de ganarse el apoyo de la población respecto del tema, dijo que si un chileno cualquiera pagaba 19 por ciento de IVA cuando compraba un kilo de pan, cómo una empresa minera, que gana mucho dinero, no iba a poder pagar 3 por ciento por concepto de royalty. Esa comparación, viniendo de quien viene, es un error inexcusable. El Presidente de la República sabe que las empresas mineras, como cualquier otra persona en el país, pagan IVA, que asciende al 19 por ciento del valor de las cosas que se compran. Deben enterar ese tributo quienes compran pan o cualquier otra cosa y también las empresas cuando adquieren elementos para sus procesos productivos. Por lo tanto, la comparación no resiste ninguna lógica. Aún más, el 3 por ciento de royalty que plantea el proyecto presentado a tramitación legislativa, en caso de ser aprobado, significará un aumento de los impuestos a las ventas, con la grave consecuencia de no poder ser imputados como crédito, como ocurre con el pago de IVA. Pero todo esto, evidentemente, es muy difícil de explicárselo a la “señora Juanita”, a la cual se ha dirigido reiteradamente el Presidente de la República en los últimos meses. A mi juicio, y lo digo de todo corazón, es una vergüenza que nuestro Presidente haya hecho una comparación de esta naturaleza, cuando conoce perfectamente lo que son el IVA, el royalty y los impuestos a las empresas. El Primer Mandatario podrá tener una opinión respecto a si las empresas mineras pagan mucho o poco impuesto y tiene derecho a presentar el proyecto de ley que discutiremos próximamente, pero no a usar esos ejemplos creyendo que somos imbéciles, porque insulta la seriedad de este país. ¡No somos imbéciles! Muchos en este país entendemos perfectamente de lo que habló. Rechazo absolutamente este tipo de demagogia, porque empobrece la discusión pública. Vaticino que la discusión del proyecto, más allá de si se aprueba o no, incidirá negativamente en el proceso de recuperación económica que ha iniciado Chile tras sufrir los efectos de la crisis asiática de 1998. Mientras que todos los países asiáticos ya se recuperaron, Chile aún no lo ha logrado. Sólo recién este año ha alcanzado un incremento interesante en el producto nacional. Lo mismo se espera para el próximo. Pero discusiones como ésta son tremendamente negativas para los procesos de recuperación, por lo que creo que atentará seriamente contra el aumento del empleo y de la inversión, indicadores que son nuestros dos talones de Aquiles. Repito: la discusión que está a punto de iniciarse en el Congreso Nacional no ayudará a la recuperación de las fuentes de trabajo ni a la inversión, pues las empresas argumentarán que no hemos respetado los contratos, etcétera. Se producirá una situación muy negativa que incidirá en la imagen pública del país. Lamento que el Presidente de la República haya caído en estos actos de demagogia y elegido este momento para presentar un proyecto que será muy conflictivo y discutido y que no apunta a lo que la gente desea: que haya más fuentes de trabajo e inversión. Solicito remitir copia de esta intervención al Presidente de la República. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Así se procederá. INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE POLÍTICAS HABITACIONALES Y DE INCENTIVO DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, durante la última semana, la dirección regional del Serviu de la Décima Región ha publicitado, a través de convenios suscritos con distintos liceos de la zona, un programa dirigido a la población joven, que busca difundir las políticas habitacionales de esa repartición e incentivar a los jóvenes a ahorrar para aspirar a una vivienda cuando inicien su vida laboral. Me parece muy positivo el programa y los objetivos declarados. Sin embargo, me parece que cuando un servicio público emprende una campaña con recursos públicos, hay que ser muy cuidadosos en establecer si ella difunde objetivos que realmente pueden ser alcanzados por los jóvenes a los que está dirigida. ¿Por qué digo esto? Porque si uno revisa los datos de los programas de vivienda y de déficit habitacional de la Décima Región, puede concluir, en primer lugar, que todas las políticas habitacionales implementadas por este Gobierno y los anteriores obedecen a un proceso de focalización del gasto público en las familias que más lo necesitan. Para que esa focalización sea adecuada, uno de los parámetros utilizados es que las personas beneficiadas tengan cargas familiares. En tal sentido, mientras más cargas familiares tenga una persona, mayor será la posibilidad de lograr una vivienda. Reitero: todos los programas apuntan a una adecuada focalización del gasto público en las familias de más escasos recursos. El déficit habitacional en la Décima Región informado por el Serviu, de acuerdo con los inscritos en sus diferentes programas, es de 56.956 soluciones habitacionales, cifra a la que se deben agregar 3.630 familias que están a punto de ser erradicadas de los campamentos en que habitan, lo cual aumenta el déficit habitacional. Las políticas del Gobierno apuntan a beneficiar principalmente a las familias con mayor cantidad de cargas familiares. Sin embargo, la última campaña lanzada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puede despertar expectativas falsas en muchos jóvenes, quienes por largo tiempo no tendrán ninguna posibilidad de acceder a una vivienda. Por lo tanto, pido que se oficie, en mi nombre y en el del diputado señor Claudio Alvarado, al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, a fin de que nos informe: 1.Si esta campaña habitacional fue lanzada a nivel nacional llama la atención su corto período de duración, de agosto a diciembre, y 2.El número de soluciones habitacionales entregadas por esa cartera a través de los distintos programas dirigidos a solteros menores de veintiún años y la cantidad de soluciones habitacionales destinadas a este estrato social. Pido estos antecedentes porque la oficina del Serviu de la Décima Región no tiene información al respecto. Es necesario conocer esos datos, porque lo que no puede ocurrir es que una campaña con objetivos tan loables, emprendida por un servicio público, termine generando expectativas completamente falsas y metas imposibles de cumplir para muchos jóvenes que han puesto sus esperanzas en lo que se les ha señalado. Ése sería el caso de muchos jóvenes de la Décima Región, por el actual déficit habitacional allí existente problema que requiere de un largo plazo para ser resuelto y de la cantidad de familias que viven en campamentos. Por lo tanto, de acuerdo con las cifras del Serviu, es muy difícil lograr el objetivo que plantea la campaña del Ministerio de Vivienda y muy posible que genere falsas expectativas en los jóvenes, por lo cual requerimos contar con la información solicitada. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO DITTBORN. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, ya tendremos oportunidad de debatir el proyecto del royalty en profundidad, pero quiero hacer algunos comentarios respecto de la intervención del diputado señor Julio Dittborn sobre el tema. Cuando el Presidente de la República comparó la tributación de las empresas con las de las personas naturales, lo que hizo fue señalar que las empresas mineras, a su juicio, pueden pagar más impuestos. En ese sentido hay que tomar el citado ejemplo. Por lo demás, una serie de consideraciones señaladas por el diputado Dittborn me parecen poco respetuosas. Respecto del fondo del proyecto, ya tendremos oportunidad de discutir y analizar sus fortalezas y debilidades. ANTECEDENTES SOBRE CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE CHILE. Oficios. El señor BURGOS.- Señor Presidente, respecto de la contratación de estudios de abogados externos y no de fiscalías de servicios, quiero agregar algunos oficios a los ya despachados. Pido que se oficie al ministro de Economía a fin de que nos envíe copia de la resolución sobre bases administrativas especiales para la contratación a honorarios de dos abogados asesores del programa de defensa en juicios de inversión extranjera. Además, que nos informe si los abogados que concursaron fueron contratados y si el llamado a concurso se publicó en la página web del Ministerio de Economía, puesto que se me dijo eso no ha ocurrido. Asimismo, pido que se oficie al ministro de Economía para que nos indique bajo qué glosa presupuestaria se contempla la contratación a honorarios de dos abogados asesores del programa de defensa en juicios relativos a inversión extranjera. Por informaciones de prensa me he enterado que el Ministerio de Economía o el Comité de Inversiones Extranjeras habrían contratado al estudio Cariola y Cía. para defender los intereses del Estado de Chile en el juicio que inversionistas malayos continúan en el Ciade. Me gustaría saber, por tanto, si eso es efectivo, cómo se les contrató, sobre la base de qué procedimiento, y si hubo concurso público o privado. Además, pido que nos informe sobre la contratación del estudio de abogados Álvarez, Hinzpeter, Jana y Valle para defender los intereses de Chile en el Ciade por una eventual demanda interpuesta por una empresa naviera internacional. Quiero saber cuándo se hizo, cómo se hizo, con qué honorarios, etcétera. Por otra parte, pido que se oficie al vicepresidente de Codelco, al presidente del Banco Central de Chile, al director nacional de la Enap y a todas las empresas del Sistema de Empresas Públicas, incluso aquellas en las cuales la participación del Estado no es mayoritaria me refiero a las sanitarias, con el objeto de que nos informen sobre el procedimiento para contratar estudios de abogados extranjeros, no nacionales, para juicios ante tribunales legales o arbitrales, para la colocación o emisión de bonos y asuntos en general. Al respecto, quiero saber cómo se hace, cómo se decide, si se ha establecido un procedimiento general, o si es facultad discrecional de la autoridad. Por otro lado, quiero conocer detalladamente, por parte de esas instituciones, los montos de los honorarios pagados a los estudios extranjeros en los últimos 20 años no son tantos y por qué gestión o asunto judicial se concretaron. Asimismo, pido que se oficie si lo tiene a bien, no sé si es obligatorio al estudio de abogados norteamericanos Cleary Gotttieb, Steen & Hamilton, One Liberty Plaza, New York. New York 10.006 (New York Co.), con el objeto de que nos puedan contestar cuántos juicios relativos al Estado de Chile, o asuntos relativos al Estado de Chile o a sus empresas, han atendido en los últimos 20 años, indicándonos los montos de los honorarios recibidos por sus cometidos profesionales. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Zarko Luksic y de quien preside. MECANISMOS PARA EVITAR DESCONEXIÓN CON TELÉFONOS DE EMERGENCIA POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. Oficios. El señor BURGOS.- Señor Presidente, por otra parte, pido que se oficie a los ministros del Interior y al subsecretario de Telecomunicaciones a fin de que nos informen si es efectivo que la suspensión del servicio telefónico de red fija impide a los usuarios hacer llamadas a los teléfonos de emergencia, como el 133, 132, 131, entre otros. De ser así, que considere la posibilidad de que se busquen los mecanismos técnicos para no dejar a la gente que no ha pagado la cuenta telefónica imposibilitada de comunicarse en casos de emergencia. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Zarko Luksic y de quien habla. SUMARIO ADMINISTRATIVO POR AGRESIONES A AUTORIDADES DE SALUD. Oficio. El señor BURGOS.- Por último, pido que se oficie al ministro de Salud a fin de que, a la mayor brevedad, instruya los sumarios administrativos y querellas criminales, si correspondiere, contra las personas que atentaron ayer gravemente contra la integridad física del director del Hospital de Neurocirugía y la directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE REMUNERACIONES E INVERSIONES ESTRATÉGICAS DE LA ENAP EN LA REGIÓN DE MAGALLANES. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero reiterar la petición de oficio que hice, junto con el diputado Jorge Burgos, en abril de este año, a la Empresa Nacional de Petróleo, Enap, para que nos informara acerca de dos materias. La primera de ellas relativa a las remuneraciones y dietas que perciben los integrantes de los directorios de las empresas que conforman el holding Enap. La respuesta a este oficio se recibió tres meses después, el 23 de junio recién pasado. Uno de los planteamientos que hicimos en esa ocasión, que reiteramos a fines de mayo pasado, se refería al plan estratégico de la Enap en la Región de Magallanes. Tanto a nivel nacional como regional, incluso en la Comisión Especial de Zonas Extremas y de Hacienda de la Cámara de Diputados, la Enap ha señalado que invertirá 49 millones de dólares en el plan estratégico de inversión en la región mencionada. La información recabada es que en la exploración, perforación y sísmica del lago Merced, se gastarían 4,5 millones de dólares. Por otra parte, en el pozo de Tranquilo, ubicado cerca de Puerto Natales y que abastece a esa comuna, se gastarían otros 500 mil dólares. La suma de ambas cifras da un total de cinco millones de dólares y mi pregunta es, ¿qué pasará con los 44 millones de dólares restantes? ¿En qué se invertirán y en qué plazo? Ante la grave crisis del gas que conmocionó a nuestro país debido a la disminución del abastecimiento proveniente de Argentina, cabe tener presente que una de las eventuales reservas de este combustible se encuentra en el territorio austral. De ahí que el ex gerente general de la Enap, señor Daniel Fernández, y otras autoridades del ministerio de Economía, se comprometieron a aumentar las inversiones para explotar yacimientos de gas en la región de Magallanes, pero, en la práctica, esas palabras han quedado en nada, puesto que no ha habido ningún tipo de acción en tal sentido. Por lo tanto, en virtud del artículo 9º de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, quiero reiterar mi petición de oficio al ministro de Minería, Alfonso Dulanto, presidente del holding Enap, por cuanto han transcurrido cuatro meses y no ha habido respuesta sobre el plan estratégico en que se invertirán los 45 millones dólares, formulándole la misma pregunta: ¿En qué se utilizarán los 44 millones de dólares restantes, por cuanto se ha informado un gasto de 4,5 millones en el lago Merced y 500 mil dólares en el lago Tranquilo? El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del señor Burgos y de quien preside. INFORMACIÓN SOBRE SANCIONES POR USO INDEBIDO DE CONEXIONES DE TELEVISIÓN POR CABLE. Oficio. El señor BURGOS.- Por otra parte, he tenido información de que ha aumentado el número de los denominados “colgados” al servicio de televisión por cable. Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de que nos informe si las normas legales contemplan sanciones para aquellos que cometan el delito de “colgarse” al servicio de televisión por cable. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. En el tiempo el Comité de la Democracia Cristiana, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 13.58 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones