REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA Sesión 12ª, en miércoles 7 de julio de 2004 (Ordinaria, de 10.37 a 14.55 horas) Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo, Leal Labrin, don Antonio, y Hales Dib, don Patricio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia8 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 Inadmisibilidad de proyecto de ley11 Réplica a intervención de diputado Alejandro Navarro. (Artículo 34 del Reglamento)12 V.Orden del Día. Modificación del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones, en lo relativo a la calidad de la construcción. Primer trámite constitucional14 Sistema de inteligencia del Estado y creación de la Agencia Nacional de Inteligencia. Proposición de la Comisión Mixta47 VI.Proyectos de acuerdo. Información sobre futuros cobros en autopistas urbanas tarificadas. (Votación)48 Regularización de la propiedad campesina48 Medidas para evitar abusos de empresas de servicios básicos domiciliarios50 VII.Incidentes. Distribución de recursos del Presupuesto destinados a mejorar jubilaciones de las administradoras de pensiones. Oficios52 Rebaja de intereses de créditos otorgados por el Serviu. Oficios52 Designación de ministro en visita por homicidio de estudiante en Talca. Oficio53 Irregularidades en el uso de ficha CAS en municipalidad de Rancagua. Oficio54 Inconveniencia de declarar feriado día de inicio de reunión de la Apec. Oficio55 Reconocimiento a autoridades de Gobierno por medidas a favor de zonas afectadas por temporales. Oficios55 Información sobre reparación de conjuntos habitacionales en comuna de Curacautín. Oficios56 Necesidades y problemas de localidad de provincia de San Antonio. Oficios57 Instalación de una planta de agua potable en localidad de Leyda, provincia de San Antonio. Oficio58 Acceso de pobladores de El Convento y Las Salinas a playas de Santo Domingo. Oficios58 Apoyo a la aplicación del royalty en la minería. Oficio58 Pág. Despido de trabajadores pesqueros en la Primera Región. Oficios59 Declaración de estado de emergencia en la provincia de Cautín. Oficios60 Cuestionamiento de facultad fiscalizadora de parlamentarios. Oficio61 Antecedentes sobre externalización de la supervisión y administración de los programas de agua potable rural en la Séptima Región. Oficio62 Información sobre convenio de reprogramación del gasto de salud en la Segunda Región. Oficio63 Reiteración de investigación en Corporación Cultural de Antofagasta. Oficios63 Denuncias en contra de la gestión de alcalde de San Fernando. Oficio64 Conflicto en el Instituto de Neurocirugía. Oficio65 VIII.Documentos de la Cuenta. Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1.Modifica la Ley General de Servicios Sanitarios, en materia de licitación de la provisión del servicio sanitario dentro del límite urbano. (Boletín N° 359009)67 2.Modifica el límite intercomunal de las comunas de Recoleta y Huechuraba. (Boletín N°359106)70 3.Otorga un nuevo plazo para ejercer la facultad concedida al Servicio de Tesorerías en la ley N°19.926. (Boletín N° 359506)72 4.De protección de los derechos de la infancia y adolescencia. (Boletín N° 359618)75 5.Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia. (Boletín N° 281102)95 6.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto que aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Guatemala y su Anexo, suscritos en ciudad de Guatemala, el 28 de abril de 2003. (Boletín N° 356810)122 7.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (Boletín N° 233606) (S)127 8.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (Boletín N° 233606) (S)148 Proyectos de ley de origen en moción: 9.De las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Allende, doña Isabel; González, doña Rosa; Soto, doña Laura, y Tohá, doña Carolina, y de los diputados señores Becker, Ceroni, Burgos y Bustos, que modifica normas sobre patria potestad.. (Boletín N°359218)150 Pág. 10.Del diputado señor Errázuriz, que permite a la mujer sin señales de preñez contraer matrimonio antes de los 270 días siguientes a la nulidad o disolución del matrimonio anterior. (Boletín N°359318)157 11.Del diputado señor Errázuriz, que elimina secreto del sumario en regiones donde aún no opera la reforma procesal penal. (Boletín N°359407)158 IX.Otros documentos de la Cuenta. Contraloría General de la República Señor Mulet, investigación efectuada en los hospitales de Copiapó, Vallenar y Huasco. Señor Valenzuela, eventuales irregularidades cometidas en la municipalidad de Rancagua. Señor Kuschel, auditoría en la municipalidad de Maullín. Señor Silva, investigación sobre supuestas irregularidades de la empresa Prodata, en Valdivia. Señor Masferrer, investigaciones efectuadas en la municipalidad de San Fernando. Señor Paredes, fiscalización en la municipalidad de Arica. Señor Pablo Galilea, estado de avance de la investigación del caso CorfoInverlink. Señor Melero, estado de avance del juicio de cuentas por publicidad del plan Auge. Señor Burgos, municipalidades que han efectuado inserciones en la prensa nacional sobre funcionamiento de casinos. Ministerio del Interior Señora Sepúlveda, proyecto de declaración Zona Típica del pueblo de Zúñiga, Sexta Región. Ministerio de Relaciones Exteriores Respuesta a proyecto de acuerdo 398, participación de Taiwán como observador en la Asamblea Nacional de Salud de la OMS. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Señor Navarro, información sobre programas de desarrollo turístico en balneario de Dichato. Ministerio de Hacienda Señor Saffirio, subsidio para reparación de viviendas urbanas y rurales. Señor Navarro, estado de cobranza por las deudas registradas por las sociedades que indica. Señor Hernández, recursos necesarios para la Aduana de Los Andes y la importación de ganado bovino en los últimos 5 años. Señor Hernández, alza del precio de los combustibles. Respuesta a proyecto de acuerdo 318, condonación de deudas tributarias a Pymes. Ministerio de Educación Señor Navarro, evolución del proyecto educacional Montegrande del liceo Nueva Zelanda de la comuna de Santa Juana en la Octava Región. Señor Kuschel, medidas para mejorar la alimentación escolar en la Décima Región. Señor Sánchez, situación educacional de escuelas ubicadas en la comuna de Aisén. Señora Sepúlveda, situación de establecimientos educacionales de San Fernando y Pichidegua. Señor Delmastro, solución problemas que presenta la construcción de la escuela Francia de Valdivia. Ministerio de Defensa Nacional Señor Hernández, dotación de personal y medios logísticos en Osorno. Señora Cristi, factibilidad de instalar una comisaría en Lo Hermida, comuna de Peñalolén. Señora Kuschel, cierre de la base antártica Naval “Arturo Prat”. Ministerio del Trabajo y Previsión Social Señor Correa, situación de desempleo en la provincia de Curicó. Señor Hernández, programas de empleos de emergencia para la provincia de Osorno. Señor Muñoz, iniciativa legal que permita a los funcionarios del sector público incorporarse a las cajas de Compensación de Asignación Familiar. Respuesta a proyecto de acuerdo 340, pago de asignación familiar en forma acumulativa y por adelantado dos veces al año. Respuesta a proyecto de acuerdo 357, Gobierno resuelva situación previsional de imponentes del antiguo sistema que no alcanzaron el número mínimo de cotizaciones provisionales. Ministerio de Salud Respuesta a proyecto de acuerdo 377, implementación de políticas específicas y focalizadas hacia prevención del cáncer a la próstata. Ministerio de Vivienda y Urbanismo Señor Jaramillo, problemas que afectan a comunas de la Décima Región. Ministerio Secretaría General de la Presidencia Señor Pablo Galilea, restitución de beneficio tributario para las donaciones destinadas a las universidades. Señor Bayo, malos olores en la villa Lomas de Lo Aguirre, comuna de Pudahuel. Señor Becker, proyecto de “Mejoramiento Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos de la comuna de Temuco”. Señor Navarro, proyecto de construcción y funcionamiento de la Celulosa Itata. Señor Delmastro, reformas constitucionales. Señor Mora, mayores facultades fiscalizadoras para la Contraloría General de la República. Respuesta a proyecto de acuerdo 369, modificación ley N° 19.067, sobre entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de tropas nacionales al extranjero. Municipalidad de San Bernardo Señor Rojas, pronunciamiento sobre el pago de costos en evaluación docente. Ministerio Público Señora Cristi, aplicación de la Reforma Procesal Penal. Corporación de Fomento de la Producción Respuesta a proyecto de acuerdo 415, plan de reestructuración del apoyo a las empresas. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (106) --Accorsi Opazo, Enrique --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, GuillermO --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hidalgo González, Carlos --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Ibáñez Soto, Carmen --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Letelier Morel, Juan Pablo --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Meza Moncada, Fernando --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Navarro Brain, Alejandro --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Sánchez Grunert, Leopoldo --Seguel Molina, Rodolfo --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, AlfonSO --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Francisco Bayo. Asistieron, además, los ministros de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet; y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Eduardo Dockendorff. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.37 horas. El señor LORENZINI (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LORENZINI (Presidente).- El acta de la sesión 6ª se declara aprobada. El acta de la sesión 7ª queda a disposición de las señores diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS.- Señor Presidente, en la sesión 10ª, la Mesa de la Cámara de Diputados anunció la inadmisibilidad de un proyecto de ley presentado por las diputadas señoras María Antonieta Saa, Eliana Caraball y Alejandra Sepúlveda, y por losd iputados señores Arturo Longton, José Antonio Galilea, Carlos Kuschel, Edgardo Riveros, Guillermo Ceroni, Jaime Mulet y quien habla. De acuerdo con lo establecido en los artículos 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y 14 del Reglamento de la Cámara, solicito que su señoría tenga a bien someter a la Sala nuestra petición de reconsideración de esa declaración. El hecho de que lo hayan suscrito tantos diputados y de diferentes bancadas se explica porque la iniciativa tiene por finalidad establecer un beneficio en favor del Instituto de Ciencias Penales de Chile, organismo de larga trayectoria nacional y de renombre internacional, del que han sido directores, entre otros, Daniel Schweitzer, Miguel Schweitzer, Eduardo Novoa y Luis Cousiño MacIver, prestigiosos juristas en materia penal. La ley Nº 12.265 estableció, en beneficio de dicho instituto, un porcentaje de los remates que se llevan a cabo en los juzgados penales. Sin embargo, la reforma procesal penal destinó dichos recursos al Ministerio Público, con lo cual el instituto quedará sin fondos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Por tal razón, presentamos un proyecto de ley con el objeto de que el 0,7 por ciento de las multas de tránsito de beneficio comunal, establecidas en el artículo 55 del decreto supremo Nº 307, de 23 de mayo de 1978, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.231, sea destinado al Instituto de Ciencias Penales de Chile. Lo anterior no irroga en modo alguno un gasto al erario, porque esos recursos no están incluidos en ningún ítem de la ley de Presupuestos. Se trata de un ingreso de carácter eventual de las municipalidades, relacionado con las multas del tránsito, y la materia no afecta las facultades del Presidente de la República preceptuadas en el inciso tercero del artículo 62 de la Constitución Política. Tampoco asigna una nueva función a las municipalidades, sino que sólo establece el traspaso de recursos al Instituto de Ciencias Penales, el cual deberá asumir los costos administrativos correspondientes. Por lo tanto, solicitamos la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, desconozco en detalle el proyecto a que se refiere el diputado señor Juan Bustos, de manera que no pongo en duda los méritos del mismo ni los del Instituto de Ciencias Penales de Chile, que se financiaría con esta pequeña parte de las multas del tránsito. Pero quiero señalar que los diputados nunca hemos podido presentar indicaciones o mociones en la Comisión de Hacienda para destinar recursos del Estado o fondos municipales hacia fines que nos parezcan de utilidad, porque tradicionalmente se ha estimado que ello es prerrogativa exclusiva del Presidente de la República, por cuanto es propio de la administración financiera del Estado decidir el destino de los recursos que se recaudan por distintas vías. Por lo tanto, si la moción se declara admisible, estaríamos actuando en contra de lo que ha sido la forma tradicional de proceder de la Comisión de Hacienda. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- En votación la declaración de inadmisibilidad efectuada por el Presidente de la Cámara. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: ÁlvarezSalamanca, Barros, Bauer, Caraball (doña Eliana), Delmastro, Dittborn, Egaña, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Hales, Hidalgo, Jaramillo, Kuschel, Leal, Leay, Monckeberg, Norambuena, Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Rojas, Ulloa, Urrutia, Varela y Vilches. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Araya, Bustos, Ceroni, Cornejo, Escalona, Jarpa, Montes, Muñoz (don Pedro), Navarro, Ojeda, Olivares, Paredes, Pérez (don Aníbal), Quintana, Saffirio, Valenzuela, Villouta y Walker. Se abstuvieron las diputadas señoras: Soto (doña Laura) y Vidal (doña Ximena). El señor LORENZINI (Presidente).- Se ratifica la declaración de inadmisibilidad hecha por la Mesa. RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO ALEJANDRO NAVARRO. (Artículo 34 del Reglamento). El señor LORENZINI (Presidente).- De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, ayer, el diputado señor Alejandro Navarro hizo una serie de aseveraciones, muchas de las cuales, por decirlo en forma caballerosa, son bastante erradas. En primer lugar, habló de un informe secreto de la Superintendencia de Quiebras solicitado por nosotros. Tengo el documento, el oficio ordinario Nº 829, que en ninguna parte dice “secreto”. Con ocasión de una serie de denuncias, fundadas en la convicción plena de que se estaría transgrediendo la ley de Quiebras, dictada en 1981, junto con los diputados señores Andrés Egaña e Iván Norambuena presentamos una iniciativa legal destinada a fortalecer las atribuciones de la Superintendencia de Quiebras. Con posterioridad, como un ejemplo de las situaciones anómalas que ocurrían en las quiebras, mencionamos el caso del síndico el primero destituido en la historia de la ley de Quiebras señor Daniel Vásquez, quien, al parecer en una sociedad de hecho con otro síndico y abogado, don Adolfo Ortega, ha cometido una serie de irregularidades denunciadas por la propia Superintendencia de Quiebras, cuyo titular es de la confianza del Presidente de la República. ¿Qué dice ese informe? “Conclusiones generales: De todo lo anterior se puede concluir que actúa en diferentes procedimientos concursables en las regiones Metropolitana y Octava, un grupo formado por los síndicos Daniel Vásquez, ingeniero comercial y contador auditor, y Adolfo Ortega, éste último abogado, y también el abogado Santiago Nettle y numerosos asesores y profesionales que se han reunido entre sí para sacar ventajas impropias de la administración de las quiebras que les son asignadas, para lo cual han cometido numerosas irregularidades de variada índole.” Agrega: “Este grupo, compuesto por los síndicos Adolfo Ortega y Daniel Vásquez, más el abogado de este último, continuó la persecución en contra de este organismo y sus funcionarios, recurriendo a un honorable diputado de la Octava Región con falsas denuncias. Esto motivó que se enviaran desde la Cámara de Diputados 17 oficios al ministro de Justicia, señor Luis Bates, para que se informara sobre el manejo del presupuesto, entradas y gastos, contrataciones, pagos de honorarios y todo otro tipo de información de los últimos veinte años de esta Superintendencia, con la esperanza de encontrar alguna irregularidad para neutralizar nuestra acción fiscalizadora. “Este intento quedó absolutamente frustrado, puesto que los oficios fueron respondidos impecablemente, no encontrándose falta alguna en el desempeño de este superintendente, que jamás estará dispuesto a negociar sobre las obligaciones que por ley debe ejercer correctamente, no obstante todos los esfuerzos desplegados por estos síndicos para negociar un acercamiento entre las partes, proposición que fue rechazada de plano por este superintendente, ya que nuestra institución tiene por principal objetivo enfrentar la corrupción y velar por la transparencia en el sistema privado de las quiebras. “Además, recurrieron a través del mismo diputado a la Contraloría General de la República para que fiscalizara los mismos conceptos ya señalados. Después de un exhaustivo análisis de todas las cuentas de este servicio, realizado por una inspectora de la Contraloría que trabajó in situ por cuatro meses, se llegó a la misma conclusión: no existe irregularidad ni falta alguna en el manejo de los recursos de esta Superintendencia.” Más todavía con esto termino, tengo en mi mano el testimonio judicial de la quiebra de la empresa Campo Sur. En ella, un señor llamado Luis Patricio Sáez Ramírez, dice: “Punto uno: no es efectivo que don Daniel Vásquez haya incurrido en faltas o irregularidades, porque tengo entendido que no existe ninguna sentencia ejecutoriada que así lo determine. Esto me consta, porque en mi calidad de colaborador con el diputado Alejandro Navarro he tenido conocimiento de que don Daniel Vásquez ha interpuesto una serie de denuncias en contra del señor superintendente de Quiebras, las cuales han sido presentadas a la Contraloría General de la República y al señor Presidente de la República, y a raíz de ello es que el diputado Navarro ha solicitado una serie de oficios a la Superintendencia de Quiebras, los que tengo entendido no han sido respondidos”. De acuerdo con lo señalado, ¿quién está mintiendo? He dicho. V. ORDEN DEL DÍA MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 458, DE 1975, LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, EN LO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN. Primer trámite constitucional. El señor LORENZINI (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones, en lo relativo a la calidad de la construcción. Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Patricio Hales. Antecedentes: Mensaje, boletín Nº 341814, sesión 21ª, en 18 de noviembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 3. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 4ª, en 15 de junio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones, en lo relativo a la calidad de la construcción. El objeto de la iniciativa es perfeccionar, suplir y complementar la llamada ley de calidad de la vivienda, cuyo objeto es establecer fórmulas de reclamo y normas sobre la calidad de la vivienda dentro del marco de la ley general de Urbanismo y Construcciones. De manera que cuando se habla de la ley de calidad de la vivienda, nos estamos refiriendo a aquellos aspectos de la ley general de Urbanismo y Construcciones que se modificaron en 1996. Dicho texto legal, que modificó la ley general de Urbanismo y Construcciones, se inició por una moción de la honorable diputada y arquitecta, señora Eliana Caraball, y de otros ahora ex diputados, y constituyó un gran avance, pues la ley general de Urbanismo y Construcciones fue promulgada mediante un decreto en 1928 y, luego, modificada por otro en 1975. Esta ley no contenía elementos que permitieran asegurar las responsabilidades, los detalles de las formas de prescripción, de reclamo, en fin, diferentes aspectos. ¿Cuáles son las principales modificaciones que introdujo la iniciativa de la diputada señora Eliana Caraball?: 1.Se definió con precisión a los responsables frente a eventuales daños o perjuicios ocasionados por fallas o defectos en una construcción. Colocar al primer vendedor como responsable. 2.Se consagró la responsabilidad solidaria de las personas jurídicas con el profesional competente. 3.Si bien no innovó en relación con el plazo de prescripción de cinco años para perseguir dichas responsabilidades, se establecieron procedimientos judiciales más expeditos y firmes respecto de estas prescripciones. 4.Se facultó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para hacerse parte en los juicios relativos a defectos de construcción de las viviendas sociales. 5.Se contempló la posibilidad de que los particulares pudieran contratar revisores independientes, lo cual es una importante novedad. 6.Se incrementó significativamente el monto de las multas en caso de incumplimiento de las disposiciones legales. Todo eso se hizo en 1996, con la iniciativa de la diputada señora Caraball y de otros ahora ex diputados, y se incorporó en la ley General de Urbanismo y Construcciones. Con posterioridad, se introdujo una segunda mejora, para asegurar la calidad de la vivienda, pero limitada al tema de las estructuras, sobre todo en un país sísmico como el nuestro. El proyecto se aprobó en la Comisión y en la Sala, y la ley fue publicada en 2001. En ella se establece, de manera obligatoria, la revisión de los proyectos de cálculo estructural; es decir, el ingeniero calculista hace el proyecto, y después se da lo que en medicina se denomina la segunda mirada en ingeniería no existía esa etapa o se hacía en forma voluntaria sólo en algunas municipalidades. Este fue un importante aspecto que la Cámara agregó a la ley de Urbanismo y Construcciones. Con ello se consagró el principio de la revisión obligatoria, es decir, se introdujo un nuevo requisito para asegurar la calidad de la vivienda. Es cierto que el costo de ello incide en la construcción, pero es ínfimo. Si ya el costo del calculista es barato, el del revisor del calculista es diez veces más barato. Dicho esto, lo que se observó en el transcurso de los años es que había materias insuficientes, no debidamente tratadas, y que es necesario perfeccionar aspectos relativos a la calidad. Por eso se presentó el proyecto en debate. Debo destacar no sólo el trabajo exhaustivo, dedicado y unánime de la Comisión para tratar el proyecto, sino, también, la flexibilidad con que una vez más el ministro de Vivienda y su equipo aceptaron las distintas indicaciones al mensaje del Ejecutivo. La iniciativa contiene tres cuestiones centrales que debemos votar, a lo menos, en general. La primera materia es una de las que rechazó la Comisión. Por lo tanto, si se observa el texto comparado, aparece eliminada la propuesta del mensaje. Aun cuando parecía como lógica la falta de responsabilidad del propietario primer vendedor respecto de las fallas o defectos que aparecían cuando el comprador adecuaba, ampliaba o transformaba el inmueble, en el mensaje se expresa que se estimó prudente incluir esta materia en el proyecto. En opinión de la mayoría de los diputados de la Comisión, ella se encuentra ya establecida en el artículo 18 de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, por unanimidad, la Comisión estimó que este aspecto debía eliminarse del texto. Más adelante explicaré las razones de ello. ¿Cuáles son los tres aspectos que fundamentan el proyecto? Primero, que al vendedor no le sean imputables los defectos o fallas ocasionados por transformaciones hechas por el comprador; Segundo, establecer diferentes plazos de prescripción, por cuanto la ley vigente señala cinco años para resolver cualquier asunto. Unánimemente entendimos que cuando se fijó el plazo de los cinco años, se estableció una prescripción muy gruesa, por llamarlo de alguna manera, sin el refinamiento de decir que las construcciones están compuestas de materiales distintos, y, por consiguiente, es obvio y lógico que haya tiempos diferidos para la prescripción, tanto de los materiales como de los distintos elementos de la construcción. En definitiva, se decidió establecer plazos de prescripción distintos para los diversos ítem de la construcción. Más adelante explicaré en detalle cuáles fueron las propuestas que se hicieron. Y, tercero, en el proceso de construcción, en la aprobación de un proyecto o en las recepciones finales, claramente se han observado dobles revisiones. Es comprensible que ello pueda ocurrir, porque cada vez más se han ido agregando controles, regulaciones y revisiones. Por otra parte, no se establecía con claridad los tipos de responsabilidad, sobre todo en el caso de los profesionales de la construcción y de los arquitectos. Más adelante me referiré en detalle sobre el tema. El proyecto establece responsabilidades civiles y penales para los arquitectos y los otros profesionales, quienes, antes, francamente quedaban liberados de ella, debiendo asumir por completo la responsabilidad las direcciones de obras municipales. Además, se modificaron los ámbitos de competencia, materia de amplia discusión. Se tomaron decisiones para cambiar las responsabilidades de los profesionales y de las direcciones de obras, lo que habría que explicar en forma más detallada. También se produce un cambio radical en la aprobación de proyectos y en las responsabilidades de estos departamentos municipales. Por eso, les pido a los colegas poner atención en este punto, por cuanto ello significará que aquéllas dejarán de tener gran parte de las responsabilidades actuales. También se establecen plazos para los permisos municipales. Esto es extraordinariamente bueno. El país sabe que obtener hoy un permiso de construcción para realizar un negocio inmobiliario, que implica mucho trabajo, considerable inversión y ocupación de numerosa mano de obra, es mucho más difícil que hace diez, quince o veinte años. Actualmente, obtener un permiso de edificación en una ciudad importante significa una demora de tres o cuatro veces más que antes. Cada día hay más demora y es más difícil. ¿Qué se hizo respecto de estos tres puntos que contiene el proyecto? (Me refiero a la responsabilidad por fallas, por adecuación y por transformaciones, a la modificación de los plazos de prescripción y a las dobles revisiones y atribuciones de las direcciones de obras). Sobre el primer punto, debo decir que, efectivamente, la proposición del Ejecutivo fue rechazada por la Comisión. ¿Por qué motivo? Porque, a primera vista y para evitar lo que se llama la industria del reclamo y el abuso por parte del comprador, a éste se podría decir lo siguiente: “Si usted compró un inmueble y hace una transformación y, producto de ella, rompe una viga, después no puede quejarse de que el departamento tiene fallas estructurales, porque afectó un elemento de la estructura soportante del edificio. Naturalmente, si perfora una losa, para unir dos departamentos, está realizando transformaciones demasiado importantes para que no asuma la responsabilidad y, por lo tanto, no le puede decir después al constructor o al vendedor que el departamento venía fallado”. Aun cuando esto aparece muy lógico para estas transformaciones, que he puesto en una situación absurda y que, probablemente, mañana será detectada fácilmente por un juez y no tendrá sentido que le reclamen al vendedor por una transformación tan radical, también existen transformaciones y adecuaciones que son de naturaleza distinta, que sí debieran ser de responsabilidad del vendedor. ¿Cuáles? A mi juicio hay tres: Primero, hay adecuaciones que evidencian una falla oculta. Por ejemplo, si le entregan una pequeña vivienda con una cocina con cerámica en las paredes, seguramente pensará que esa cerámica está bien colocado. Pero si al instalar el mueble de cocina y al hacer las primeras perforaciones para los tarugos o para otros elementos que lo soporten, se desprende el revestimiento, quiere decir que la cerámica fue mal colocada. Por lo tanto, la adecuación y la transformación permiten hacer evidente una falla oculta en la construcción. De la misma manera, si en un departamento se instala un lavadero en una logia y se descubre que no está instalado en buenas condiciones el arranque de agua potable, evidentemente la adecuación o transformación realizada le permitió percatarse del problema. Si decimos que frente a este tipo de transformaciones o adecuaciones no responderá el vendedor, estamos manteniendo oculta la responsabilidad, tal como estaba oculta la falla. Segundo, hay adecuaciones y transformaciones que son condición de la venta. Por ejemplo, si se compra una vivienda es muy común en las de 600, 700 y hasta de 900 UF en que sólo se dispone de los nichos o espacios para instalar clóset. Entonces, si el comprador, al ejecutar los trabajos para instalar estos muebles, que era condición de la venta y no una adecuación que se le haya ocurrido al comprador, descubre que los tabiques no están sólidos, que la solera no está firme, que los pies derechos no sujetan el tabique y que al instalar los clósets se desarma la tabiquería, mal podrían ser de su responsabilidad estas fallas. Y, tercero, hay transformaciones y adecuaciones que, si bien no son condición de la venta, son una virtud de ella. Por ejemplo, es muy común que cuando la persona compra un inmueble, como aspecto virtuoso de éste, le digan que los dormitorios dos y tres, en el caso de que sea necesario, pueden transformarse en un estudio o ampliar un dormitorio. O sea, no es que se le haya ocurrido a la persona transformarlo por capricho, sino que, cuando lo compró, le explicaron todas las “gracias” que tenía el departamento o vivienda. Le dijeron: “Mire, tiene portero eléctrico, reja, calefacción central y, además, tiene los tabiques removibles”. Ahora, si la persona que compra hace la transformación y descubre que las puertas quedan mal ajustadas, se dañan los marcos o el resto de la tabiquería no ajusta, no puede ser responsable de las fallas ocultas que había dejado el constructor, quien, además, lo indujo a que hiciera transformaciones. En definitiva, habiendo tantas variantes posibles sobre esto y siendo tan evidentes las transformaciones del usuario cuando son absurdas, la Comisión decidió eliminar por unanimidad este artículo, como se podrá observar en el comparado. En segundo lugar, en el proyecto se planteó la posibilidad que el propietario primer vendedor entregara un manual de uso de mantención de la vivienda, como se indica en la letra b) del Nº 1, letra b) del artículo único. Los representantes de la Comisión pensaron que ésta sería una buena idea, pero se le ha dicho a los empresarios de la construcción que lo hagan y que lo entreguen, pues efectivamente mucha gente desconoce cómo tiene que usar determinados aspectos de la vivienda. Por ejemplo, a veces la gente cuelga ropa al lado de las losas en departamentos muy chicos y la evaporación del secado, que se condensa en éstas, termina dañando la pintura y la pasta, en fin. Ahora, ¿qué no nos gusta? Que dicho manual de uso y de mantención se transforme en un argumento de derecho a la hora de tener un litigio judicial. No queremos dejarlo consagrado en la ley. Si usted quiere entregar un manual de uso, entréguelo de hecho, pero no por mandato de la ley. Como estoy empezando a describir los aspectos iniciales del proyecto, pareciera que nos dedicamos a rechazar todas las propuestas del Ejecutivo, pero en verdad no fue así. Coincidentemente, estos dos primeros aspectos los rechazamos, pero los demás fueron trabajados con el Ejecutivo y aprobados muchísimos de ellos, pues son sus partes más importantes. Si el manual de uso y mantención de la vivienda estuviera consagrado en la normativa como un elemento para indagar si el comprador trató de buena manera el inmueble, lo que haría el propietario primer vendedor sería incorporar en él un sinnúmero de obligaciones para el comprador respecto de la mantención de la propiedad. En consecuencia, en un litigio, el juez tendrá que determinar si el comprador cumplió o no con lo prescrito en dicho manual. En la Comisión se planteó, primero, que fuera un manual de guía, de uso, de mantención; pero cuando se indicó que sólo tuviera el carácter de meramente informativo, la totalidad de sus integrantes concluyeron que no era necesario incluir una disposición de esa naturaleza en la futura ley. Entonces, ¿qué les decimos a los propietarios de empresas inmobiliarias desde esta tribuna? Hagan todos los manuales que sean necesarios para ayudar al comprador a usar y mantener su propiedad; pero no lo incorporaremos en la ley como un argumento de defensa ante un litigio. Si el día de mañana un juez lo quiere considerar, será una decisión superior de ese magistrado, pero que pasará por sobre lo dispuesto en la letra de la ley. Por lo tanto, esa propuesta fue rechazada. Un tercer aspecto que concitó lata discusión, que todavía parece no superada y que, tal vez, hará necesaria la presentación de indicaciones, dice relación con el establecimiento de plazos distintos para la prescripción de las acciones tendientes a hacer efectivas las responsabilidades señaladas en el artículo 18. La ley vigente establece un plazo de cinco años para entablar acciones. El proyecto, en cambio, dispone diferentes plazos para tal efecto, en relación con los elementos construidos, que no es lo mismo que “materiales construidos”. El número 2) aprobado por la Comisión de Vivienda dispone: “Sustitúyese el inciso final del artículo 18 por los siguientes incisos séptimo, octavo y noveno, nuevos: “Las acciones para hacer efectivas las responsabilidades a que se refiere este artículo prescribirán en los plazos que se señalan a continuación:”. Al comparar este texto con el del mensaje, se puede deducir la discusión habida sobre la materia. En primer lugar, en cuanto a las fallas en la estructura soportante del inmueble, el Ejecutivo proponía que las acciones prescribieran en un plazo de diez años, en lugar de los cinco que establece la ley. Se argumentó que vivimos en un país sísmico y parecía razonable que no todas las acciones tuvieran el mismo plazo de prescripción. Se consideró necesario aumentarlo, a pesar de que hemos considerado al revisor de estructuras y al revisor de la ingeniería de cálculo, a pesar de que hay multas mayores, a pesar de que las empresas en Chile tienen tradición de construir bien, a pesar de que sus calculistas tienen prestigio mundial, a pesar de que el aprendizaje en la manera de construir es casi intuitivo los maestros son capaces de entender que un pilar tiene que ser con estribos de 6, 8, 15 ó 20, lo que no ocurre en otras partes del mundo; también saben que las esquinas se deben pilarizar, que si van a salvar una luz, tienen que hacer una cadena, y, en el caso de un muro, van a tener que instalar una pequeña viga; que las esquinas de la construcción van con un ladrillo cruzado y a pesar de que en nuestro país hay una cultura en materia de estructuras. ¿Por qué no es indefinido el plazo de prescripción, es decir, hasta la terminación del inmueble? A medida que se incrementan los plazos de prescripción de las acciones, también aumentan las obligaciones de garantía del primer vendedor. O sea, costaría más caro el inmueble, no porque se construya mejor, sino por la contratación de otras cauciones. Al respecto, podría pensarse que saldría más barato contratar un seguro contra sismos que pagar un inmueble de mayor valor. Por otro lado, algunos argumentan que las fallas estructurales de la construcción deberían acusarse en los primeros dos o tres años de vida de un inmueble o con motivo de un sismo. En la Comisión se habló incluso de modificar el plazo de prescripción para deducir las acciones de cinco a veinte años; después se dijo a doce años. Finalmente, se acordó un plazo de quince años. Pero parece que el tema aún no está completamente zanjado. En segundo lugar, se estableció un plazo que prescribe a los cinco años para entablar las acciones destinadas a hacer efectivas las responsabilidades por fallas en cubiertas, cielos y artefactos eléctricos interruptores, enchufes, cajas de derivación y de timbre, soquetes. ¿Por qué se incluyó a los artefactos eléctricos y no a los sanitarios? Por una razón muy sencilla: es mucho más grave que se dañe un interruptor que un lavatorio. Una tina podrá costar diez o cien veces más que un interruptor, pero su falla traerá como consecuencia filtraciones y deficiencias por ejemplo, que la persona no se pueda bañar bien; en cambio, un defecto en un artefacto eléctrico puede provocar un incendio por cortocircuito, sobre todo en las viviendas más pobres. Entonces, tiene que haber un tiempo claro de observación del uso de las fallas. En todos los otros defectos no incorporados en los numerales 1), 2) y 3) del Nº 2) del artículo único se estableció que las acciones prescribirán en cinco años. También se avanzó en la determinación del momento desde el que se cuentan los plazos de prescripción. La Cámara Chilena de la Construcción nos planteó que fuera desde la recepción final. Fue una materia bastante discutida, y se acordó que para las estructuras comenzarán a regir desde la recepción municipal, porque, aunque no se haya vendido el inmueble, el comportamiento de la estructura está a la vista, pues se está usando desde que se terminó el volumen, casa o edificio, soportando lo construido. Respecto de los otros elementos de la construcción, inician su funcionamiento al momento de ocuparse el inmueble. Entonces, se dijo que podía aceptarse que el de la recepción final fuera el momento desde el cual se contara el plazo de prescripción para el reclamo en materia de estructuras, vale decir, 15 años, y que los plazos indicados en los números 2) y 3) del inciso séptimo y en el inciso octavo, de cinco y tres años, se contarán a partir de la fecha de la inscripción del inmueble a nombre del comprador en el conservador de bienes raíces respectivo. Al respecto, quiero decir que varios afiliados a la Cámara de la Construcción dijeron que esto era injusto, porque consideraban que, muchas veces, construido un edificio y recepcionado por la municipalidad, su venta demora dos o tres años. En consecuencia, tendrán que mantener una garantía que, en muchos casos no será de cinco, sino de ocho años. Pero si el plazo de prescripción para reclamar por las pinturas es de tres años y en la venta de la vivienda demoran tres años, considerando que se ha efectuado la recepción final, que se ha hecho la escritura y la inscripción en el conservador, al comprador se le habrá vencido el plazo para deducir la acción ante la justicia. De tal manera que en la Comisión convinimos por unanimidad que los plazos de prescripción de las acciones por fallas en la estructura se contarán desde la recepción final, pero, cuando se tratare de defectos en otros elementos de la vivienda, desde la inscripción en el conservador respectivo. Y si la inmobiliaria la tiene a su cargo antes, debe mantenerla y asegurarla como corresponde. En la Comisión no hubo acuerdo para aceptar la propuesta del mensaje, que establecía multas proporcionales cuando se tratara de infracciones a la ley general de Urbanismo y Construcciones, a su ordenanza y a los instrumentos de planificación territorial. Parece interesante la proposición del Ejecutivo de establecer que si en un conjunto de 3 mil inmuebles, cincuenta viviendas transgreden determinada norma, se deba multar por éstas, pero no por la totalidad. Sin embargo, no hubo acuerdo para aprobarla, y se impuso la tesis de los representantes de los directores de obras, en el sentido de que si se estaba haciendo una ley para asegurar la calidad de la vivienda, no parecía razonable aminorar las sanciones, sino aumentarlas o mantenerlas. Además, es una sanción que va en beneficio municipal y no de los compradores. Por último, el aspecto más importante, desde el punto de vista de la agilización burocrática, dice relación con las delimitaciones de las funciones de los directores de obra, de los revisores independientes y de los profesionales. Omití intencionalmente el Nº 1) del artículo único para referirme a él en el momento de analizar las funciones de los directores de obras y de los revisores independientes. En el texto aprobado por la Comisión de Vivienda se agrega una frase final al artículo 17, en el sentido de que los arquitectos, ingenieros civiles, constructores y constructores civiles “serán civil y penalmente responsables por las actuaciones en que intervengan en el ámbito de sus respectivas competencias”. Desde siempre, los arquitectos han ejercido su profesión con abnegación y han logrado éxito en el país y fuera de él; pero en muchos aspectos, la responsabilidad por sus obras en Chile ha descansado en el revisor municipal y en los directores de obras. Esto no nos parece equitativo ni justo, porque mientras el resto de los profesionales chilenos responden personalmente, en este caso el director de obras es el responsable, incluso, respondiendo personalmente. Además, se eliminó la doble revisión de los proyectos y hubo acuerdo para producir lo que, al comienzo, llamé modificación radical y sustancial del proyecto. Este es un cambio completo. Si el día de mañana, cuando el proyecto sea ley, a cualquiera de nosotros nos preguntaran en nuestros distritos qué mecanismo se va a emplear para aprobar un nuevo proyecto de construcción, tendríamos que informar que los directores de obras de las municipalidades sólo deberán revisar las normas urbanísticas de la ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial, y será el propietario el que deberá contratar al revisor independiente o a su arquitecto, según se establezca, y será éste el responsable de todos los temas atingentes a la arquitectura y a la construcción. Actualmente, en las direcciones de obras, el profesional debe revisar todo. Voy a dar un ejemplo. El ancho de una escalera en un edificio debe ser revisado por el arquitecto, por el revisor y por la dirección de obras. Esta última, además, debe responder si el arquitecto se equivoca en el ancho de la escalera. Entonces, si bien parecía conveniente el hecho de que las direcciones de obras fiscalizaran y asumieran la responsabilidad en esta instancia, ello liberaba totalmente de responsabilidad a los profesionales. Por eso, en el inciso primero del artículo 17 se liberó a la dirección de obras de esa responsabilidad y se estableció la responsabilidad civil y penal de los profesionales. Por lo tanto, una vez aprobado este proyecto, el detalle de la arquitectura nunca más va a recaer en las direcciones de obras, sino que será responsabilidad de quienes ejecuten los proyectos. Además, se planteó la necesidad de determinar claramente las responsabilidades del arquitecto o proyectista y las de los arquitectos de obras. A veces se malentiende y también se responsabiliza al arquitecto respecto de lo ejecutado; pero lo construido es de responsabilidad de quien construye y no de quien diseña. El arquitecto, diseñador o proyectista, o sea, quien hace los planos y concibe el espacio donde se va a construir, no es el responsable de la calidad de la construcción, sino del material que especifica, de la forma en que se construye y del aspecto espacial que diseña. De manera que quien construye responde por la construcción. Por lo tanto, la responsabilidad se limita a la ejecución del proyecto. Además, se agrega un inciso final a la letra b) del número 5), que señala: “Modifícase el artículo 116 del siguiente modo: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, será responsabilidad del arquitecto que el proyecto cumpla con todas las disposiciones legales y reglamentarias, así como también, informar si la obra se ha ejecutado con plena fidelidad al mismo.”. Es importante mencionar este hecho, porque no estaba consignado en la ley anterior. Ahora, el arquitecto está obligado a entregar a las direcciones de obras municipales un informe que señale si la obra se ejecutó conforme al proyecto diseñado o bien si no se hizo de esa forma. Se trata de una información clave para la recepción municipal. En dicho informe el arquitecto no señala si la obra está bien construida, porque no puede certificar aquello, pero sí puede indicar si el volumen está conforme al proyecto ejecutado. Si a ello se acompaña el informe favorable de un revisor independiente, ese profesional también será responsable junto al arquitecto de la obra. En relación con los revisores independientes, hubo acuerdo en aceptar la propuesta del mensaje en cuanto a eliminar la obligatoriedad de la contratación de un revisor independiente, cuando el permiso de construcción se refiere a edificios de uso público, y, asimismo, suprimir la verificación de los anteproyectos por parte de esos profesionales. Como bien señaló el diputado señor Víctor Pérez, se eliminó una atribución importante de los revisores independientes. El número 7) del proyecto deroga artículo 116 Bis B). Cabe recordar que su inciso tercero establece lo siguiente: “Si se hubiere aprobado previamente un anteproyecto y el revisor independiente o el arquitecto proyectista, según corresponda, incluye en el informe a que alude el inciso primero de este artículo, la circunstancia de que el proyecto se ajusta íntegramente al anteproyecto aprobado por el Director de Obras Municipales, este último omitirá la verificación de los antecedentes señalados en dicho inciso y otorgará sin más trámite el permiso”. Por lo tanto, los revisores independientes no podrán hacer las revisiones y aprobaciones de los anteproyectos, pues ellas serán materias sometidas a la dirección de obras municipales respectivas. Nosotros consideramos innecesaria la doble revisión de los proyectos. Sin embargo, la Cámara de la Construcción estima que es adecuada. Respecto de las revisiones, también se establecen plazos diferenciados. Se trata de un aspecto importante que los diputados pueden dar a conocer en sus distritos, pues al sustituirse el artículo 118 se incorpora una novedad que no existía en Chile y que dice relación con que las direcciones de obras municipales tendrán plazos fijos para responder las autorizaciones o permisos que se les solicitan. “8) Sustitúyese el artículo 118 por el siguiente: “Artículo 118.- La Dirección de Obras Municipales deberá pronunciarse sobre las autorizaciones o permisos requeridos dentro de los siguientes plazos: “1.Permisos de edificación y loteos con construcción simultánea. “a.Proyectos de hasta cien metros cuadrados edificados: diez días”. (Esta es una buena noticia, porque no se dilatan los plazos de entrega de los permisos. Las direcciones de obras estarán obligadas por ley a responder). “b.Proyectos de más de cien metros cuadrados y hasta mil metros cuadrados edificados: quince días. “c.Proyectos superiores a mil metros cuadrados edificados: veinte días. “2.Fusiones, subdivisiones, urbanizaciones y loteos sin construcción simultánea: quince días. “3.Otras solicitudes: quince días.” Dentro de esos plazos, las direcciones de obras respectivas deberán pronunciarse, en un solo acto, respecto de las observaciones que le merezca la autorización, porque muchas veces varios diputados deben saberlo ellas han usado el subterfugio de decir: “Mire, me pasé en el plazo y hay observaciones”, y después contestan las observaciones, con lo cual la inversión se puede dilatar por varios meses. Si, cumplidos dichos plazos, no hubiere pronunciamiento, se podrá reclamar ante la secretaría regional ministerial, materia respecto de la cual me parece innecesario entrar en detalles. En relación con la recepción final, se revisó la propuesta del Ejecutivo en orden a delimitar las responsabilidades de los directores de obra y de los arquitectos. Al respecto, la iniciativa señala que, para obtener la recepción de una obra, se debe presentar un informe del arquitecto proyectista y del revisor independiente, en el que se señale que la obra se ejecutó conforme al permiso. No se pide un certificado de calidad de la obra construida, sino uno que certifique que se construyó aquello para lo cual se solicitó el permiso, y que dicha obra se realizó de conformidad con las exigencias de la ley general de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza respectiva, con lo cual, a partir de la aprobación del proyecto, ya no serán los directores de obras los responsables, sino los arquitectos y los revisores independientes. Finalmente, la iniciativa considera un artículo transitorio en el cual se establece un plazo de noventa días para que, después de haber sido promulgada como ley, la iniciativa entre en vigencia. Felicito a los diputados que integran la Comisión por el trabajo desarrollado, especialmente a la diputada Eliana Caraball, quien fue la primera en promover la presentación de un proyecto de ley respecto de la calidad de la construcción, en 1996. De igual manera, agradezco la colaboración del señor ministro de Vivienda. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- En debate. Tiene la palabra la diputada Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, debemos reconocer que el informe rendido por el diputado Patricio Hales, en nombre de la Comisión de Vivienda, fue bien contundente. Por tanto, sólo me limitaré a poner énfasis en algunos aspectos que, a mi juicio, son los centrales en estas modificaciones a la ley general de Urbanismo y Construcción enviadas por el Ejecutivo. A los integrantes de la Comisión, al igual que al Ejecutivo, nos parece que el objetivo final de estas modificaciones es resguardar los derechos de los usuarios, porque, desgraciadamente, en los últimos años abundan ejemplos, especialmente entre la gente más modesta, de quienes han comprado una vivienda que esperan sea para toda la vida, pero que fue edificada por la empresa constructora como si fuera transitoria. Desde ese punto de vista, las modificaciones propuestas son muy relevantes, pues se fundan en tres ideas matrices: primero, la responsabilidad de quienes construyen, de quienes controlan y fiscalizan la construcción, y de quienes reciben las obras; segundo, la determinación de los plazos para la caducidad de las responsabilidades, y, tercero, calidad de la construcción. En la Comisión, uno de los aspectos más discutidos en relación con la calidad de la construcción fue la eliminación del manual del usuario que las empresas y el Serviu entregan cada vez que venden una vivienda. La verdad es que muchas veces, con la entrega de dicho manual, algunas empresas y el Serviu se lavan las manos y no asumen sus responsabilidades. ¡Hay que decirlo fuerte y claro! No puedo dejar de recordar lo que sucedió en 1997 con los miles de viviendas diluviadas en Puente Alto, Quilicura y Pudahuel, que fueron cubiertas con plásticos negros. Según el manual del usuario, el deterioro se debió al excesivo vapor emanado de las teteras, en circunstancias de que la verdadera razón radicaba en que no se usaron elementos de calidad para impermeabilizarlas. Desde ese punto de vista y teniendo como objetivo resguardar siempre los derechos de los usuarios que adquieren viviendas, la Comisión eliminó la obligación de entregar un manual del usuario, porque pensamos que ello podía prestarse para que las empresas se ampararan en él y la gente no pudiera reclamar sus derechos. También se debatió en la Comisión el hecho de que, en general, la gente que tiene recursos y compra una vivienda de miles de UF, puede contratar un abogado para recurrir ante los tribunales de justicia y ganar los juicios, lo que no ocurre con las personas de escasos recursos o de un sector de la clase media, que cada vez se ha ido empobreciendo más. Me quiero detener en otro punto que dice relación con la calidad de la construcción. Hasta ahora, cualquier ampliación o modificación que se hiciera a una vivienda original era de exclusiva responsabilidad del usuario, situación que también es muy discutible. En la comisión recibimos, por ejemplo, a pobladores de la Décima Región, quienes nos mostraron fotografías de viviendas que formaban parte de un barrio considerado modelo, en una villa modesta. Allí, los vecinos hicieron ampliaciones hacia las terrazas. A pesar de que las modificaciones no fueron estructurales, sino externas, se tradujeron en que las ventanas se descuadraron, en que las puertas se cayeron y en una serie de efectos colaterales. Pues bien, ello no puede ser imputado sólo al usuario; es una responsabilidad compartida. Por eso, buscamos evitar que las personas que también son responsables de la calidad de la construcción puedan lavarse las manos. Eso queda consignado en el número 2) del artículo único del proyecto, que sustituye el inciso final del artículo 18 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, a fin de establecer una cadena de responsabilidades de todos los que intervienen en una construcción, desde el primer vendedor, pasando por la empresa constructora, los proyectistas, los arquitectos e, incluso, los subcontratistas. Es un punto muy importante que se modifica en virtud de este proyecto, que estamos tratando en primer trámite constitucional. Respecto de los plazos de prescripción de las responsabilidades por fallas o defectos en las viviendas, el diputado señor Hales ya los especificó claramente. Pero quiero hacer mucha fuerza en que si bien el mensaje del Ejecutivo contemplaba un plazo máximo de 10 años respecto de las fallas de estructura, la Comisión apoyó unánimemente una indicación del diputado René Manuel García, presente en la Sala, en cuanto a que las responsabilidades por fallas o defectos que afecten la estructura soportante del inmueble, prescriban en el plazo de 15 años. La Comisión recibió observaciones de personas vinculadas con el mundo de la construcción, en el sentido de que ese plazo era demasiado amplio. Debo manifestar que comparto plenamente la indicación. Ojalá que a la gente se le pudiera asegurar su vivienda para toda la vida, mediante la utilización de estructuras adecuadas. Sabemos que existen fenómenos naturales que deterioran las viviendas, como terremotos e inundaciones; pero aquí estamos hablando de la casa propia definitiva, del sueño de toda familia. Pensar en viviendas sólo para dos, tres o cinco años no debe ser el objetivo final, sobre todo si se trata de casas construidas con un sentido social. Por eso, el proyecto establece plazos buen definidos para las prescripciones: 15 años, en el caso de fallas o defectos que afecten la estructura soportante del inmueble; cinco años, cuando se trata de fallas relacionadas con las instalaciones el diputado señor Hales se refirió a cada una de ellas y, por lo tanto, no las voy a repetir, y tres años para fallas o defectos que afecten elementos de terminaciones o de acabado, tales como pinturas, barnices, sellos, fragües, alfombras, etcétera. Tal vez, alguien podría decir que tres años es poco tiempo si se trata de alfombras; pero hay que considerar que muchas veces resultan dañadas a consecuencia de fallas estructurales. Por ejemplo, la gente entiende perfectamente bien que si hay una cañería rota y el agua se filtra a través del entretecho, éste se inflará y producirá problemas no sólo en la estructura soportante, sino también en el revestimiento y en las terminaciones. Por eso, sin ser expertos ni técnicos en la materia, los integrantes de la Comisión de Vivienda realizamos una ronda de consultas y un trabajo superconcienzudo, de muchos meses, para conocer muy bien el tema y establecer plazos que resguarden los intereses de las personas que compran una vivienda. Con respecto a las responsabilidades, son muy importantes los tres puntos relacionados con las prescripciones. El número 1) del numeral 2) dispone que las acciones prescribirán a los quince años, cuando se trate de fallas o defectos que afecten la estructura del inmueble, plazo que se contará desde la fecha de recepción definitiva de la obra por parte de la dirección de obras municipales. Es decir, la actuación del director o de la directora de obras de la respectiva municipalidad será muy relevante para los efectos de establecer la fecha de caducidad de las responsabilidades. Los plazos de prescripción de los casos indicados en los números 2) y 3) del mismo numeral, que dicen relación con fallas de los elementos constructivos y de las terminaciones, se contarán a partir de la fecha de la inscripción del inmueble a nombre del comprador en el conservador de bienes raíces respectivo. La idea es establecer claramente responsabilidades legales, prescripciones y plazos, de modo que cuando una persona compre una vivienda, sepa la responsabilidad que le cabe al constructor, al arquitecto, al municipio y a la empresa constructora. Me parece relevante destacarlo en esta Sala, y, por cierto, la bancada de Renovación Nacional, el diputado René Manuel García y la diputada que habla, que integramos la Comisión de Vivienda, lo vamos a votar a favor, porque creemos que hay que resguardar los derechos de las personas que adquieren una casa propia para toda la vida. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, estamos discutiendo este proyecto de ley enviado por su excelencia el Presidente de la República, a través del ministro de Vivienda, don Jaime Ravinet, presente en la Sala, con el objeto de avanzar en un tema muy importante, especialmente para las personas que adquieren una casa. Cuando decidimos comprar una vivienda, debemos hacer grandes esfuerzos para adquirirla, cualquiera que sea su precio; sea una vivienda social o de muchos millones de pesos, todos debemos hacer muchos esfuerzos para comprarla. Por lo tanto, lo que corresponde es que nos entreguen una bien construida, independientemente de sus metros cuadrados o de la calidad de los insumos empleados. La iniciativa soluciona tres importantes problemas detectados durante el estudio del anterior proyecto de ley sobre calidad de la construcción como decía el diputado Hales, originado en una moción de la diputada señora Eliana Caraball. Quiero destacar aquí la disposición que ha demostrado el ministro Ravinet en la Comisión de Vivienda. El mensaje enviado por el Ejecutivo fue enriquecido por los diputados, y el ministro se allanó, a través de conversaciones con los parlamentarios además, escuchó a los invitados a la Comisión, a modificar una serie de artículos con el objeto de tener un proyecto de ley que cumpliera realmente con los objetivos perseguidos por el Gobierno del Presidente Lagos. En verdad, es destacable la forma de trabajo del ministro, puesto que permite mejorar los proyectos sobre la base de argumentos e ideas que apuntan a beneficiar a las personas. Por eso, ante todo, he querido resaltar la labor del ministro en este sentido, porque soy integrante de otras comisiones, en las cuales los ministros no permiten que se les cambie ni una coma a los proyectos. La actitud del ministro Ravinet es muy diferente e interactiva, a fin de lograr la mejor iniciativa posible. En este sentido, al analizar el proyecto podemos concluir que lo que hace finalmente para mejorar la calidad de la construcción es dejar claramente establecida la responsabilidad de todos los que participan en ella, de manera que el comprador sepa quién es el responsable de cada etapa en la construcción de su vivienda. Otra de las cosas que hace el proyecto es delimitar en forma clara y categórica las responsabilidades para evitar problemas desde el punto de vista jurídico. Así establece claramente la que les corresponde a los directores de obras municipales, en cuanto al cumplimiento de las normas de la ley general de Urbanismo y Construcciones. En primer lugar, dispone que son responsables de cumplir las normas urbanísticas, e indica cuáles son éstas. El urbanismo de las ciudades no es responsabilidad de los arquitectos ni de los constructores. Ellos presentan los proyectos, pero la decisión final recae en los directores de obras municipales. Por eso, define lo que se entiende por norma urbanística. Asimismo, a éstos, se les entrega otra obligación muy importante: el cumplimiento de determinados plazos para pronunciarse sobre la autorización o rechazo de los proyectos de construcción. Es decir, les entregamos a los directores de obras municipales la responsabilidad de desburocratizar el otorgamiento de los permisos. Dado que sólo deberán cumplir las normas urbanísticas, tendrán la posibilidad real de cumplir con los plazos. Ahora, si no lo hacen, se establece un procedimiento que le asegura a la persona que está desarrollando un proyecto de construcción, tener una respuesta dentro de plazos claros y definidos, incluyendo la apelación si considera que el procedimiento no es el adecuado. De manera que la iniciativa define con claridad las responsabilidades de los directores de obras, tanto respecto de la aprobación de documentos como de los plazos. En segundo lugar, se introduce un concepto muy importante que va a cambiar nuestro sistema de construcción. El número 1) del artículo único modifica el artículo 17 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, de manera que los profesionales “serán civil y penalmente responsables por las actuaciones en que intervengan en el ámbito de sus respectivas competencias”. Es decir, los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores y constructores civiles serán responsables no sólo de hacer los proyectos, sino también de responder civil y penalmente si no cumplen con sus deberes en forma adecuada. Por lo tanto, se incorpora un concepto nuevo. Ya no será el director de obras el responsable de la obra en su conjunto. Los arquitectos serán responsables del proyecto que firmen; los constructores, de la calidad de la mezcla, de los distintos trabajos que ejecuten en la obra, etcétera. En términos civiles, cada profesional será responsable de cumplir con sus obligaciones profesionales. En tercer lugar, otro de los objetivos importantes es la responsabilidad de la figura del revisor independiente. Los propietarios que soliciten un permiso de edificación podrán contratar a un revisor independiente; pero también la autoridad podrá exigir un revisor independiente en los casos en que el reglamento así lo determine, es decir, cuando una obra sea muy importante para la civilidad. Me imagino un mall o un edificio grande. En consecuencia, los revisores independientes, que hoy, en la práctica, no tienen mayores responsabilidades, porque la revisión depende del director de obras, quien debe revisar todo, ahora se harán responsables, civil, criminal y subsidiariamente, con el arquitecto y con el constructor por los informes que evacuen en relación con el ejercicio de su profesión. Es decir, al revisor independiente se le entregan responsabilidades claras en ese sentido. En consecuencia, se avanza en términos de tener esta figura, sobre todo en las grandes ciudades. Ese señor será responsable de lo que haga y no podrá derivar su responsabilidad hacia el director de obras de la comuna respectiva. Lo más importante para los usuarios es que al primer vendedor se lo responsabiliza de la calidad de la vivienda que entrega. Se establecen plazos precisos para hacer efectivas las responsabilidades, según se trate de fallas o de defectos que afecten la estructura soportante; de fallas o de defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones, o de fallas o de defectos que afecten a elementos de las terminaciones o acabados de las obras. Eso significa que el primer vendedor será, en forma categórica, responsable de lo que vende. En definitiva, el proyecto busca definir con claridad y precisión la responsabilidad de cada cual en el acto de la construcción, lo cual es básico para elevar la calidad de las viviendas. Antes de terminar, y como lo manifesté al principio de mi intervención, quiero felicitar al ministro de Vivienda por adecuar el mensaje enviado por el Presidente de la República, con el fin de entregar más beneficios a los usuarios, cualquiera sea su condición económica y social. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, en primer lugar, el proyecto de ley perfecciona las normas relativas a la calidad de la construcción y compraventa de inmuebles, lo que traerá como consecuencia procesos más confiables, pues estarán protegidos por disposiciones especiales, y, a su vez ésta es la parte que más interesa, seguridad a los miles de chilenos que adquieren sus viviendas año a año, sin perjuicio de establecer normas claras para definir la responsabilidad de quienes participen en este ámbito en caso de necesidad. En la Comisión de Vivienda siempre estuvimos conscientes de que el negocio inmobiliario está en constante crecimiento por la demanda, y que, en consecuencia, debíamos velar por su transparencia y seguridad, única forma de evitar conflictos posteriores y de dejar atrás la incertidumbre que crea el hecho de no tener respuestas ni la posibilidad de identificar a los responsables de las fallas que se detectan en la construcción de inmuebles. Quiero entregar algunos datos que es conveniente tener presente para dimensionar la importancia del proyecto que envió el Ejecutivo. El índice mensual de la actividad de la construcción, Imacon, de mayo, arrojó un crecimiento del 4 por ciento respecto de igual mes del año pasado, lo cual demuestra que el sector inmobiliario se mantiene en constante y previsto crecimiento. En ese mes, las solicitudes de permiso de construcción en Santiago aumentaron en 19 por ciento. En mayo se vendieron en la capital 1.194 viviendas, lo que significa un aumento de casi 12 por ciento respecto del mismo período del año pasado. Ahora, este creciente mercado también tiene la responsabilidad de hacerse cargo de los eventuales daños y los perjuicios que pudieren afectar a los compradores. El propietario primer vendedor será responsable ante el comprador, aun cuando el origen de la falla sea de diseño, de construcción defectuosa o por haber usado materiales de mala calidad. Él podrá repetir en contra de los profesionales que intervinieron en el proceso de construcción si lo estima conveniente. La identificación de los responsables tiene como finalidad velar por los derechos y la seguridad de los compradores. En resumen, la prioridad del proyecto es asegurar los derechos de quien compra un inmueble. Ello, porque, en la mayoría de los casos, la adquisición de una vivienda es la mayor inversión que hacen las familias chilenas. El proyecto se hace cargo de esta situación al establecer claras responsabilidades, sean éstas civiles o penales, y plazos diferentes de prescripción, de acuerdo con el tipo de fallas o defectos que tenga la construcción y con la duración prevista de los insumos que se utilizaron en ella. Para ello, se identifica con precisión a los profesionales que serán responsables de los actos, resoluciones u omisiones legales que se cometan durante su intervención o participación en los proyectos. En consecuencia, a partir de la dictación de esta ley en tramitación, todo comprador tendrá el derecho de saber quiénes intervinieron en la construcción de su vivienda. ¿Cuáles son las ideas fundamentales del proyecto? El diputado señor Hales las dio a conocer en el informe que, con precisión y seriedad, entregó a la Sala. No obstante, quiero referirme a algunas de ellas. En primer lugar, se limita la responsabilidad del propietario primer vendedor, para evitar que le sean imputables, también, los defectos o fallas que se presentaren con ocasión de los trabajos de adecuación, ampliación o transformación de la vivienda efectuados con posterioridad a la fecha de adquisición señalada en la escritura de compraventa respectiva. Es obvio que así debeser, porque en tal caso no hay responsabilidad del propietario primer vendedor. En segundo lugar, se precisa que las causas a que den lugar las acciones para hacer efectiva la responsabilidad del propietario primer vendedor serán de competencia de los jueces de letras correspondientes. Esto es muy importante, porque se establecen procedimientos judiciales sumarios y expeditos para hacer efectivas las acciones correspondientes, lo que evitará años de espera a veces a quienes, para lograr una solución a sus problemas, interpongan acciones legales por deficiencias en la construcción de sus viviendas. Se disponen diferentes plazos de prescripción, de acuerdo con el tipo de falla o defecto de construcción y la duración prevista de los insumos utilizados, pues no es posible mantener un plazo único de prescripción para todos los defectos que pudieran presentar las viviendas. Se acotan los daños que dan derecho a la acción indemnizatoria y se clasifican en categorías relativas a fallas o defectos en la estructura soportante; desperfectos en los elementos de instalación y terminaciones; desperfectos en acabados de instalaciones y terminaciones, y a los casos no incorporados expresamente en las clasificaciones anteriores o que no resulten asimilables o equivalentes a éstas. Se delimita el ámbito de competencia de los directores de obras municipales y de los revisores independientes, de modo tal que a los primeros sólo les corresponderá revisar los aspectos urbanísticos del proyecto, mientras que los segundos únicamente los arquitectónicos. Además, se establece expresamente la responsabilidad de los revisores independientes respecto del contenido de los informes que emitan. Se elimina la obligación de contratar a un revisor independiente en el caso de los permisos de construcción o de la recepción definitiva de obras que se refieran a edificios de uso público, con lo cual se suprime la doble revisión. Se deroga la norma contenida en el artículo 144 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, que faculta a la dirección de obras para que, dentro del plazo de dos años, contados desde la recepción de la obra, pueda verificar que ésta se ejecutó conforme al proyecto. Se dispone que las multas impuestas en el caso de que las infracciones a las disposiciones de la ley general, de la ordenanza general y de los instrumentos de planificación territorial, afecten parcialmente a la obra, serán proporcionales a la parte respectiva, la cual será valorizada por las direcciones de obras municipales. Estamos frente a un proyecto que importa a muchas familias que hacen un gran esfuerzo para comprar una vivienda, la que, en la mayoría de los casos, constituye la mayor inversión que hacen en su vida. Por eso, se regulan adecuadamente las relaciones contractuales del mercado inmobiliario, con normas que protejan a los usuarios o compradores de viviendas, a fin de que puedan hacer efectivas las responsabilidades civiles o penales por los defectos o fallas en la construcción; se disponen normas claras y transparentes para las empresas, con responsabilidades acotadas y definidas, de modo de permitir el desarrollo sostenido del negocio inmobiliario. El proyecto es muy bueno. Modernizará nuestra legislación en materia de construcción. Por esa razón, la bancada del PPD lo aprobará. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- En nombre de la Mesa y de la Corporación, deseo manifestar nuestras sentidas condolencias al diputado señor Alberto Cardemil por el sensible fallecimiento de su pequeña nieta Elisa Cardemil. Quiero que sepa que lo acompañamos en estos momentos de dolor. El señor CARDEMIL.- Muchas gracias, señor Presidente. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, sin duda, el proyecto será de gran relevancia para quienes, con gran esfuerzo, adquieran una vivienda, pues implicará un avance sustancial en la legislación que rige su construcción. Antes, los que se dedicaban a la construcción de viviendas sólo eran responsables de aquellos defectos o fallas que amenazaren o provocaren ruina. Había un sinnúmero de defectos y fallas en la construcción de casas, departamentos, locales comerciales, etcétera, respecto de los cuales, al no amenazar o constituir ruina, no había quien se hiciera responsable. Por lo tanto, quien adquiría la propiedad de buena fe, debía asumir su reparación, con un gasto absolutamente injusto. Al establecerse en la ley que el propietario primer vendedor era responsable de todas las fallas y defectos de esa construcción, se dio un salto gigantesco. Además, se dispuso un plazo de prescripción de cinco años. ¿Cómo ha operado, en la práctica, esa norma que hoy modificamos parcialmente? Bien, pese a haber una “sutil” diferencia entre las empresas constructoras serias, que quieren proyectarse en el tiempo, y aquellas otras más conocidas en el mercado como empresas “golondrina”. La experiencia en mi distrito es que cada vez que una determinada vivienda o grupo poblacional ha presentado fallas en su construcción y los pobladores han accionado recurriendo a estas normas, las empresas constructoras serias, que quieren proyectarse en el tiempo, han asumido su reparación o están dispuestas a negociar con los pobladores para superar los defectos. Creo que hay muy pocos casos de empresas con proyección en el tiempo que tengan problemas en los tribunales. La ley ha permitido resolver adecuadamente el conflicto. En cuanto a las empresas “golondrina”, aquellas que se forman o constituyen sólo para construir una determinada obra y no tienen ningún interés en desarrollarse en el tiempo, constantemente tienen conflictos en los tribunales. Por lo tanto, cuando uno habla de plazos de prescripción, debe tener presente esa experiencia, porque nadie en esta Sala está en contra de garantizar realmente al comprador que su vivienda esté asegurada y que adquiere un producto de buena calidad. Todos queremos eso. Porque sabemos que la vivienda es el gran sueño de la familia chilena, su gran aspiración, y que para obtenerla realiza los mayores esfuerzos y sacrificios, nuestra tarea es garantizarle que sea de buena calidad. La pregunta que debemos hacernos ahora es si sólo a través de un plazo de prescripción más amplio garantizaremos a esa familia que las fallas y los defectos que encuentre en su vivienda durante el transcurso del tiempo van a ser oportunamente resueltos. Tengo la impresión de que, en relación con un plazo de quince años, la respuesta tiende a ser más bien negativa, porque nuevamente observaremos que la empresa que actúa seriamente en el mercado inmobiliario y quiere proyectarse, no va a tener ninguna dificultad; más bien se pondrá a resguardo de esa situación, elevará su estándar de calidad e invertirá más, con lo cual obtendrá un producto, a lo mejor, más caro. Sin embargo, la empresa “golondrina”, que no tiene ninguna intención de proyectarse en el tiempo, no va a asumir ese desafío y va a construir quizás una vivienda más barata, y en trece o catorce años más no vamos a saber a quién demandar o exigirle el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto, es muy importante reflexionar sobre la materia. El plazo de prescripción está determinado por el anhelo de garantizar a los compradores que adquirirán viviendas de buena calidad; pero su aumento puede generar la falsa expectativa de que estamos solucionando el problema de mala calidad de la construcción. Debemos avanzar en transparentar la negociación inmobiliaria y en establecer mecanismos que permitan al comprador saber a ciencia cierta, por ejemplo, a qué empresa le está comprando, cuál es su patrimonio, quiénes integran su directorio, cuáles son sus responsabilidades, quiénes son sus técnicos y sus ejecutivos, y cuál es su respaldo económico. De lo contrario reitero, la ampliación del plazo de prescripción puede convertirse en un espejismo. Me interesa que el debate sobre esta materia sea abierto. Por eso, espero que el ministro de Vivienda y Urbanismo retire la “suma” urgencia a esta iniciativa, a fin de que esta Cámara la siga debatiendo. Hemos trabajado con generosidad, con seriedad y con altura de miras, pero el tema aún no está agotado. A mi juicio, no se ha debatido suficientemente el punto referido a si el solo aumento del plazo de prescripción garantizará a los propietarios que se les responderá por las deficiencias de sus viviendas. Imaginémonos, teóricamente, en diez o doce años más, a quién se demandará si la empresa constructora ya no existe: ¿los socios que constituían el directorio? ¿Y si éstos no tienen patrimonio con el cual responder? Por lo tanto, el derecho de los afectados quedará absolutamente en el papel, sin que exista ninguna posibilidad real de que lo ejerzan. Distinto es si los interesados saben exactamente a quién le compran su vivienda; hoy, el mercado no es suficientemente transparente al respecto. Muchas veces, quienes adquieren una vivienda ignoran a quién se la compran. Hay cientos de ejemplos; la diputada Lily Pérez mencionó algunos. Otro tema que espero sigamos discutiendo, se refiere a los revisores independientes de viviendas, encargados de la desburocratización del sistema, de los permisos y de las certificaciones de las direcciones de obra. Asimismo, me parece que la derogación pura y simple del artículo 116 Bis B) es un retroceso. Consagra atribuciones que, hoy, con esta nueva institucionalidad en la construcción de viviendas, se restan. Deberíamos avanzar mucho más en la flexibilización, de manera que las direcciones de obra dedicaran su tiempo y esfuerzo a los temas urbanísticos, y fijaran las responsabilidades de la inspección en quienes ejercen como revisores independientes, arquitectos y proyectistas. Votaremos a favor de la iniciativa, pero esperamos seguir debatiendo indicaciones que la perfeccionen, de manera de elaborar un proyecto sólido que permita su rápida tramitación en el Senado. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Eliana Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente, el proyecto está destinado a defender, en el caso de los compradores de viviendas, su derecho a recibir un producto garantizado respecto de la calidad de lo ofrecido, por lo que hasta las condiciones ofrecidas por la publicidad se entenderán incorporadas en el contrato de compraventa. En segundo lugar, y coherente con lo anterior, queremos lograr un equilibrio entre los costos que estas garantías acarrean y el valor final con que el producto llega al usuario. Se trata, entonces, de hacer una ley comprensible y fluida. En su discusión, se precisó y definió a los responsables frente a eventuales daños o perjuicios ocasionados por fallas o defectos de una construcción. El propietario primer vendedor es el responsable ante el comprador, aunque el origen del defecto se encuentre en errores de diseño, en una construcción defectuosa o en materiales de mala calidad. A éste, empero, le asiste el derecho de repetir en contra de los fabricantes, profesionales proyectistas o constructores que han intervenido en la obra. En el artículo 18 se consagra la responsabilidad solidaria de las personas jurídicas con el profesional competente que actúa por ellas como proyectista o constructor, y se previene que, en caso de disolución de aquéllas, se hará efectiva su responsabilidad respecto de quienes eran sus representantes legales a la fecha de celebración del contrato. Si bien no se innova en relación con el plazo de prescripción de cinco años para perseguir dichas responsabilidades, se establecen procedimientos judiciales más expeditos para hacer efectivas las acciones correspondientes, cuales son la aplicación de las disposiciones del juicio sumario y la posibilidad de someter las causas a la resolución de un árbitro en derecho, designado por la justicia ordinaria. Se faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para disponer el establecimiento de mecanismos que aseguren la calidad de la construcción respecto de viviendas que cuenten con financiamiento estatal. Se faculta, también, a los Servicios de Vivienda y Urbanización para hacerse parte en los juicios relativos a estas viviendas, cuando sean afectadas por defecto en la construcción. Por otra parte, se contempla la posibilidad de que los particulares puedan contratar revisores independientes, cuya función consiste en verificar los proyectos y las obras, con excepción del cálculo de estructura que cumple con las disposiciones legales y reglamentarias, y emitir los informes que se requieran para tal efecto. En estos casos, se reducirán los plazos de otorgamiento de los permisos de construcción y de las recepciones de obras, así como también el costo de los derechos de construcción correspondientes, por haberse contratado a estos revisores independientes. Coincido con lo expresado por el diputado Víctor Pérez en cuanto a revisar la amplitud de las posibilidades de intervención de estos revisores independientes, las cuales, aparentemente, quedaron reducidas a lo que era la ley anterior. Como el proyecto volverá a la Comisión por haber sido objeto de indicaciones, estamos abiertos a reconsiderar y a afinar estos puntos, que, aunque no son de detalle, son importantes. También se incrementa significativamente el monto de las multas que serán aplicadas en caso de incumplimiento de las disposiciones de la ley general de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General y de los instrumentos de planificación territorial, en tanto que la facultad de reclamar ante el juez de policía local se amplía a cualquier persona, además del propio municipio y de la secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo respectiva. Quiero limitar mi intervención a estas materias que engloban todo lo que el proyecto precisa y mejora la actual ley, en el sentido de que cautela la calidad de la construcción. Reconocemos que hay que perfeccionar más todavía los plazos respecto de las estructuras, porque, efectivamente, esto puede encarecer demasiado las viviendas, y esa no es nuestra idea, sino cautelar la calidad de lo que se entrega y mantener un equilibrio en los costos de producción de las viviendas. Por lo tanto, es un tema que, con mucho gusto, estudiaremos en la Comisión, y ya hemos escuchado a la mayoría de sus miembros expresarse en ese sentido. Por último, por intermedio del señor Presidente, agradezco al diputado Patricio Hales su versada exposición acerca de cada uno de los detalles del proyecto. Reconocemos su calidad de arquitecto y experiencia en el tema. Hago extensiva estas palabras a los integrantes de la Comisión; a su secretaria, señora Elena Meléndez, quien realizó un trabajo eficiente que permitirá a todos quienes se interesen en el proyecto conocerlo en detalle y con claridad; a los asesores del Ministerio de Vivienda, por su oportuna y flexible asesoría. Esperamos seguir contando con ellos para que la Comisión pueda despachar hoy en la tarde el proyecto, que es tan esperado por la comunidad. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, estamos frente a un proyecto importante, sobre la base de lo que se ve. Sin embargo, muchas veces la calidad de la vivienda comienza por lo que no se ve. En el sur tenemos varios problemas, que hemos conversado con el ministro; por ejemplo, autorizar la compra de terrenos que no reúnen las condiciones necesarias para edificar o construir donde no se debiera. Sin duda, ello debiera considerarse dentro del ámbito de la calidad de la vivienda, y alguien debería asumir las responsabilidades que ello trae consigo. Recientemente, debido a las inundaciones en el sur, llegamos a la conclusión quizás, usted las compartirá de que la gente no quiere ver más a ministros, Presidentes, diputados o senadores mojados, sino su vivienda seca. Ahí es donde debemos ayudar para hacer de esto una realidad, lo que también forma parte de la calidad de la vivienda y de la construcción. Vamos a aprobar el proyecto, porque creemos que es bueno. No obstante, hay temas que deben volver a ser estudiados en la Comisión. Por ejemplo, los asesores del ministro se asustan cuando se habla de que los constructores de viviendas deben hacerse responsables de ellas durante 15 años. La verdad es que debemos hacer una distinción, porque las casas de madera no tienen problemas luego de transcurridos 15 años, aunque no sean asísmicas, porque no se van a mover. Sí puede haber problemas estructurales en los edificios cuando se produce un sismo o un problema propio de la naturaleza que no se puede controlar. Sin embargo, gran parte de ello está solucionado. Cuando presidí la Comisión de Vivienda, muchas veces sus miembros no comprendieron la importancia de lo que pedía: ocupar pino impregnado para la estructura de las viviendas sociales. Felizmente, hoy se usa nuevamente. ¿Qué se evita con ello? Por ejemplo, que las termitas destruyan la madera. Por lo menos, con esto se soluciona un gran problema, pues hay poblaciones que deberán tomar medidas para resolver esa situación. Por otra parte, la madera de pino impregnado estructural dura más de 30 años, y no hay ninguna madera nativa que la supere, excepto el alerce. En consecuencia, se soluciona un problema, pues antes las casas se construían con roble hualle y a los cuatro años se caían. En cambio, hoy eso no sucede, pues repito se utiliza pino impregnado. No hay que tener miedo de usarlo. Por eso, es importante que votemos el proyecto en general y que éste vuelva a la Comisión para, en su trámite en particular, considerar estos detalles. Ahora bien, cuando tratemos el tema de garantizar la construcción durante cinco años, materia que discutimos y trabajamos con la diputada Lily Pérez y los diputados señores Víctor Pérez, Pablo Longueira, Boris Tapia, Patricio Hales y varios otros, nos dimos cuenta de que dicho lapso resultaba contradictorio, porque si a una persona se le caía la pintura por efectos del vapor de la tetera, como ocurría con las casas Copeva, contaban con esta garantía; en cambio, hoy se habla sólo de tres años, porque la pintura exterior se daña. Conforme, estamos de acuerdo; pero la estructura no puede tener tres o cinco años de garantía. Es más, era partidario de que la garantía de la estructura de una casa durara tanto como la vigencia del dividendo, por una razón muy simple: lo más trágico que le puede pasar a una persona es pagar algo que no existe. Mucha gente ha tenido que seguir pagando dividendos por viviendas que ya no existen. Esto es parecido a cuando uno compra un jarrón a crédito están de moda los jarrones y se le cae y destruye, pero tiene que seguir pagando las cuotas. Este proyecto de ley es fundamental para que la gente atienda sus necesidades y vea hay que decirlo que los diputados y el Ministerio de Vivienda están preocupados por solucionar el problema. Felizmente se suprimió la entrega del manual. Esta situación es similar a cuando uno se compra un automóvil nuevo y tiene que hacer la revisión la cual no es gratuita, de los 50 mil kilómetros recorridos para mantener la garantía. Cuando usted reclama por la caída de una puerta de su casa, le preguntan si le puso grasa a la bisagra. Si responde que no, le adjudican a usted el error, por no realizar el mantenimiento correspondiente. En consecuencia, considero fundamental que se elimine el manual. Hoy, las empresas eléctricas, como Saesa, Frontel, Chilectra, etcétera, entregan estos folletos cuando hay inauguración de conexiones eléctricas. Lo hacen por una razón muy simple: para que la gente sepa cómo se usa aquélla. Estamos de acuerdo con que se entregue el manual, pues se trata de que el usuario realice una mejor mantención. Pero, además, es fundamental que la gente tenga seguridad respecto de la calidad de su vivienda. Siempre me acuerdo de las conversaciones con el ministro sobre la calidad y los estándares de las viviendas. El mismo ministro de Vivienda decía que una muralla puede ser de tierra, pero como está muy bien pulida, con una presentación fantástica y está pintada, tiene una calidad espectacular. Sin embargo, el estándar es muy malo, porque con una lluvia o una inundación se cae la muralla. En consecuencia, dentro de la calidad de la vivienda, también es fundamental hablar acerca de los estándares, los cuales deben ir acompañados de aquélla. Cuando nos referimos a la calidad de la vivienda, también atendemos a la seguridad de la familia. Cuando una persona tiene dinero, puede cambiarse varias veces de casa; pero cuando la gente no tiene los medios, desgraciadamente, tiene que vivir de por vida en una misma población. Por eso es fundamental defender la calidad de la vivienda. Me siento muy bien por el hecho de que se discuta un proyecto de esta naturaleza y de que la gente tenga protección. Sin embargo, me sentiría mejor si hubiera asesores del Serviu lo planteo en “buena leche”, sin pretender molestarlo, señor ministro, porque lo hemos conversado muchas veces que también se preocuparan de dar un visto bueno al lugar en que se deben construir las poblaciones para que la gente no tenga problemas. Hemos visto que este punto ha sido una de las peores trabas que hemos tenido al tratar el tema. Muchas veces, por cumplir con los plazos para construir una vivienda, no se cumplen las condiciones de calidad que espera la gente. Por ejemplo, en Villarrica, Pucón o en los balnearios de la zona central, los terrenos son sumamente caros. La gente prefiere, muchas veces, un sitio pequeño, pero urbanizado, porque vale mucho más que la vivienda misma. Pero ese sitio debe cumplir con todos los requisitos y no puede correr el riesgo de ser inundable, de sufrir avalanchas o corridas. Por ello es fundamental que el proyecto vuelva a la Comisión para agregar los aspectos referidos a la calidad de la vivienda a lo que no se ve y para que la gente asuma sus responsabilidades. Formulo un llamado al Ministerio de Vivienda para que sea lo suficientemente drástico con las empresas que no cumplan las normas y que, así, perjudican a las personas más necesitadas, para que tengan la pena que se merecen: ser borrados de los registros y que, aunque esas empresas cambien de razón social, no puedan seguir operando con el Serviu. Éstas son las cuestiones fundamentales para el buen desempeño del sector y para la familia chilena. Aprovecho de pedir formalmente al ministro de Vivienda que retire la urgencia al proyecto, para analizar en la Comisión las indicaciones que hemos presentado junto con otros señores diputados y mejorar algunos aspectos que nos llaman la atención y que debieran estar mejor estructurados, a fin de no tener que corregirlo constantemente. En consecuencia, anunciamos el voto favorable de Renovación Nacional al proyecto. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, en 1996 dedicamos mucho tiempo a este proyecto, denominado de la calidad de la vivienda. Era un momento de gran desarrollo de la construcción, pues el sector estaba creciendo como nunca y estábamos muy influidos por hechos que habían ocurrido en Inglaterra y en Corea, donde se derrumbaron supermercados y edificios públicos. Me tocó trabajar el tema durante bastante tiempo con un grupo de directores de obras de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, lo que me permitió analizar distintos ángulos y ver todas las implicancias que esto tenía. Valoro mucho el informe del diputado señor Hales. Nos dio un enfoque bastante amplio, completo y educativo. Parecía más una clase que un informe propio de esta Cámara. El resultado de la ley de 1996 fue bastante positivo, especialmente en las empresas, aunque el impacto esperado fue desigual. El objetivo de ese proyecto era principalmente precisar la responsabilidad por defectos y fallas, y atribuirla al propietario primer vendedor. Creo que esto ha funcionado, pero no tengo antecedentes de lo que ha pasado en los juicios concretos. ¿Qué juicios ha habido y cómo se han resueltos los problemas? Sería interesante que la Comisión nos ilustrara sobre qué ha pasado en los juicios que ha habido con respecto a esta materia para ver si realmente el hecho de focalizar la responsabilidad en el propietario primer vendedor ayudó a resolverlos. No tengo claro si en el caso Copeva esto se aplicó, aunque el propietario primer vendedor en un caso era el Serviú y, en el otro, la CUT, y ambos le encargaron a Copeva construir las poblaciones. Otro objetivo fue la modernización del sistema de regulación y el funcionamiento de las direcciones de obra. ¿Qué pasó con los revisores independientes? Creo que agregaron elementos y permitieron profundizar en la materia; pero ¿cuál ha sido el valor agregado de estos revisores? Quizás la idea de la doble revisión que se incorporó en la comisión mixta, al final del tratamiento de ese proyecto, complicó dar todo el empuje que ello requería. Desde el comienzo, la Cámara Chilena de la Construcción formuló observaciones por el alto valor de las multas y por la ambigüedad de los defectos y de las fallas por considerar. Se trató de resolver esto por la vía reglamentaria, pero parece que no resultó. El proyecto, después de mucho tiempo, consideró este problema y, a mi juicio, en términos generales, lo resuelve bien. Valoro el aporte de la Comisión, que perfeccionó claramente distintas normas y que permiten avanzar, manteniendo la responsabilidad, en acotar en la forma de procesarlas. He presentado dos indicaciones con el objeto de buscar alternativas para dos temas. La primera tiene que ver con los derechos que se rebajan cuando operan los revisores independientes. A mi juicio, es importante dejar en manos del municipio la responsabilidad, pues el derecho municipal es una manera de financiarla, independientemente de si el sistema de control sea ex ante o ex post. En una u otra situación, el municipio debe tener la responsabilidad por el desarrollo de la ciudad. Es aceptable que los derechos sean inferiores, pero el concepto de rebajar por compartir las cosas, a mi juicio, no está bien expresado. La segunda indicación tiene que ver con un problema que se enfrentó en la ley anterior, pero que fue mal resuelto. Lo concreto es que las direcciones de obras están saturadas en todas las comunas en expansión. La mayor carga de trabajo proviene de las obras de menor entidad: construcción de viviendas individuales, reparación y modificación de éstas, la ampliación de una pieza o la incorporación de un galpón. La lista de proyectos como éstos, presentados en las direcciones de obras es muy larga. Ello explica, cuantitativamente, la presión de trabajo que tienen estos departamentos. El hecho de tener tanta sobrecarga en estas materias, las limita, a mi juicio, para las funciones que les son esenciales. Por ejemplo, las limita para hacer una mejor fiscalización de los edificios de uso público. Puedo contar el caso de La Florida, donde una dirección de obras municipales permitió que se construyera un edificio de la Universidad de las Américas sin permiso de construcción y que empezara a funcionar sin siquiera haberse efectuado la recepción final. Lo mismo ocurrió con la construcción de una sede del Duoc. Se requiere de una dirección de obras que esté encima, fiscalizando la construcción de los edificios de uso público, de los conjuntos habitacionales y de las obras municipales y públicas. El hecho de que las direcciones de obras deban recibir tantas peticiones sobre ampliación, reparación o construcción de viviendas individuales afecta a muchas personas y entorpece la eficacia del sistema. Son demasiadas las personas que están construyendo, ampliando o reparando viviendas individuales. En los momentos de expansión económica, esa situación aumenta. Si bien es cierto que son más las personas que reparan o que amplían su vivienda, que aquellas que construyen una vivienda nueva, esas personas no formalizan esas reparaciones y ampliaciones, porque consideran que el trámite es muy complicado o porque simplemente no quieren hacerlo. Algunos arquitectos hacen proyectos o supervisan obras que no cumplen con la ley ni con la ordenanza. En muchos casos, los arquitectos ni siquiera conocen la ley ni la ordenanza. En definitiva, existe un modelo de regulación bastante anticuado respecto de ampliaciones o reparaciones de viviendas individuales, que no guarda relación con la naturaleza del problema y que afecta a todo el sistema de regulación sobre los edificios públicos, los conjuntos habitacionales, etcétera. La ley sobre calidad de la vivienda trató de transferir toda la responsabilidad a los arquitectos. Lamentablemente, en el artículo 116 bis, letra B), se emplea la forma verbal “podrá”, razón por la cual ello no ocurrió. Los directores de obras han señalado que los arquitectos prefieren que sean aquéllos quienes hagan las correcciones correspondientes, para no asumir éstos su responsabilidad. Hemos propuesto una indicación para modificar profundamente esta situación. En primer lugar, que se fortalezca el concepto de autorregulación respecto de las ampliaciones o reparaciones de las viviendas individuales. En ese sentido, el arquitecto es responsable de que se cumpla la ley y la ordenanza. En segundo lugar, que el sector público lleve a cabo un control aleatorio y ex post al respecto. Ello implica terminar con el permiso de edificación y con la recepción final de la obra. De acuerdo con ello, no será necesario pasar por la “aduana” de la dirección de obras para llevar adelante una edificación o para efectuar la recepción final. En tercer lugar, que cuando se lleve a cabo un proyecto, quede inscrito en un registro de la dirección de obras. Una vez finalizada la construcción, se establece un registro de la obra propiamente tal. Esto dice relación con las pequeñas obras. Finalmente, se establecen fuertes sanciones para las transgresiones que se cometan tanto en la elaboración del proyecto como en la ejecución de la obra. Si el proyecto se ejecuta sin respetar la ley, deberá sancionarse al arquitecto porque es su responsabilidad fundamental. Si la ejecución de la obra no cumple con las normas establecidas o ha cambiado respecto de lo establecido en la ley, en la ordenanza o en los instrumentos territoriales, deben ser sancionados tanto el arquitecto como quien lo contrató. Reitero, la indicación tiene por finalidad efectuar un cambio mayor en lo referente a las solicitudes de permiso y de recepción de pequeñas obras. Es así como establece la autorregulación, sin renunciar al control del sector público, que será llevado a cabo ex post y por la vía aleatoria, y considera derechos municipales por todo esto, lo que les permitirá cumplir esa tarea. Ejerciendo los derechos propios de un diputado que no es miembro de la comisión técnica, presenté las indicaciones señaladas. Hasta ahora, se dispuso que su discusión tuviera una urgencia calificada de “suma”, sobre la base de un fundamento que no entiendo. Valoro que muchos diputados hayan pedido que se levante dicha calificación de urgencia, porque eso permitirá profundizar su discusión en la Comisión. Es muy difícil discutir en esta Sala indicaciones del carácter de las anteriormente señaladas, pues plantean un cambio bastante profundo respecto del tratamiento que hasta ahora se ha dado a las ampliaciones y reparaciones de las pequeñas viviendas. Debemos asumir que muchas personas están afectadas por esta situación, independientemente de que la mayor inversión se haga en los nuevos conjuntos y en los edificios públicos. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- El Orden del Día termina a las 13.10 horas. Están inscritos los diputados señores García-Huidobro, Longueira, Quintana, Jaramillo, Tuma y Meza. Por ello, solicito el acuerdo de la Sala para extender el Orden del Día en quince minutos. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, participamos del estudio de un proyecto de ley que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, ley general de Urbanismo y Construcciones, relativas a garantizar la calidad de la construcción y a agilizar el otorgamiento de los permisos de urbanización y de construcción por parte de las direcciones de obras municipales. Como se ha dicho, el proyecto viene a perfeccionar una anterior modificación a esta misma ley general de Urbanismo y Construcciones, realizada mediante la ley Nº 19.472, de 1996. No cabe duda de que ella representó un avance. Sin embargo, el mensaje sostiene y lo compartimos que la aplicación de esta normativa sobre calidad de la construcción durante estos siete años ha permitido establecer la existencia de un conjunto de factores que impiden que las medidas adoptadas sean efectivas. Entre los cambios que se requieren es indispensable resolver la duplicidad de control, la necesidad de diferenciar los plazos de prescripción y la responsabilidad del propietario primer vendedor. Quiero destacar el amplio consenso que se generó al interior de la Comisión y en todos quienes participaron en el estudio de la iniciativa y entregaron su opinión. El propio ministro Ravinet señaló en ella que éste es un esfuerzo para otorgar mayor protección a los compradores de viviendas que presentan fallas de construcción; naturalmente, ello a costos razonables. Por otra parte, el primer vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor José Molina, “destacó el hecho de que se establezca, como una forma de evitar problemas de interpretación judicial, que el propietario primer vendedor no será responsable cuando los defectos o fallas de la construcción provengan de trabajos de adecuación, ampliación o transformación efectuados en la propiedad con posterioridad a la fecha de la escritura de compraventa del inmueble, siempre que acredite estas circunstancias.”. Lo mismo señaló el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Por lo tanto, reitero, ha existido un consenso bastante amplio en la materia. Estas opiniones reflejan la complejidad del tema en debate. Hay que destacar el numeral 5), que, en su letra b), señala: “Se entenderá por normas urbanísticas aquéllas contenidas en esta ley, en su Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a una edificación, subdivisión, fusión, loteo o urbanización, en lo relativo a los usos de suelo, sistemas de agrupamiento,...”, etcétera. A su vez, el artículo 116 bis expresa: “Los propietarios que soliciten un permiso de edificación podrán contratar un revisor independiente, persona natural o jurídica con inscripción vigente en un registro que para estos efectos mantendrá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.” Quiero destacar en relación con la separación que se hace de las responsabilidades de las direcciones de obras municipales, que ahora éstas tendrán que ver básicamente con las normas urbanísticas de la ordenanza general. Por consiguiente, todo lo relativo a la revisión del detalle de la arquitectura ya no estará a cargo de las direcciones de obras municipales. Ese elemento permitirá la agilización de los permisos de construcción. Por otra parte, el propietario o quien construya asumirá una tremenda responsabilidad, y junto con ellos también la asumirán los profesionales que participen en la construcción, como arquitectos, ingenieros constructores, calculistas, constructores civiles, quienes responderán civil y penalmente respecto del diseño o de la construcción, según corresponda. El diputado informante dio como ejemplo los daños estructurales en la losa, en la sobrelosa, en fin. Da la impresión de que estamos hablando sólo de casas usadas o antiguas que se transfieren de dominio, pero también nos estamos refiriendo a viviendas nuevas. Por lo tanto, la responsabilidad de quien construye es muy importante. Al respecto, se mantiene la facultad de los servicios de vivienda y urbanismo para hacerse parte en los juicios relativos a estas viviendas cuando sean afectadas por defectos de construcción. Me parecen tremendamente razonables los plazos de prescripción. A lo mejor puede parecer muy largo un plazo de prescripción de quince años para iniciar acciones legales para hacer efectivas las responsabilidades por defectos estructurales; pero me parecen razonables el plazo de cinco años que se establece en relación con los artefactos eléctricos y el de tres años que se dispone respecto de los artefactos sanitarios. Finalmente, en materia de adecuaciones o de lo que se entiende por ello, me parece muy importante la eliminación de la letra a), del número 1, que pasa a ser 2, del artículo único del proyecto, que señalaba que los defectos o fallas causados por trabajos de adecuación, ampliación o transformación, efectuados en la propiedad con posterioridad a la fecha de la escritura de compraventa del inmueble, no serán imputables al primer vendedor que acreditare estas circunstancias. Me parece valioso el aporte del diputado Hales en esa materia, porque uno podría preguntarse si decorar es una adecuación. Si trato de instalar un cuadro en una muralla, pero me encuentro con que su estuco está “soplado”, debe responder el vendedor. Por lo tanto, no encuentro razones para que el proyecto sea devuelto a la Comisión; perfectamente podemos avanzar en esta materia que tiene urgencia y que podemos aprobar hoy mismo. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Señores diputados, después de votar en general el proyecto en discusión, ¿habría acuerdo para votar sin debate el proyecto de ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, no obstante manifestar mi complacencia por el informe, debo señalar que un aspecto no fue considerado dentro de las modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 458, que pretenden mejorar la calidad de la construcción. Me refiero a lo relacionado con la regionalización. Al respecto, quiero señalar el caso de los revisores de cálculo estructural, que son ingenieros que deben revisar el cálculo de la estructura de los edificios que figura en los planos. En las regiones no residen ingenieros de cálculo estructural, porque las exigencias son muy altas para que se puedan inscribir en el registro que mantiene el ministerio. En Temuco, por ejemplo, hay treinta ingenieros inscritos, pero todos son de Santiago. Por eso, los planos de las obras realizadas en regiones deben ser enviadas a la capital, para que sean examinados por los ingenieros santiaguinos. La principal consecuencia de esto es que las obras estatales se atrasan debido a que los ingenieros se ven sobrepasados por la cantidad de proyectos que llegan desde regiones y que no pueden revisar. Por ejemplo, un proyecto de un edificio de uso público que se ejecutará en Punta Arenas, Villarrica o cualquier otra región, debe ser enviado a Santiago para que lo analice un revisor independiente de cálculo estructural, el cual demorará alrededor de 45 días en revisarlo, porque no tiene tiempo para dedicarse a ello. Eso también retrasará al contratista que se adjudicó la obra, el cual tendrá que esperar esa cantidad de días para iniciar la ejecución del proyecto, porque el director de Obras no le entrega los permisos respectivos. Ciertamente, son muchos los pasos que se han dado para mejorar el proyecto. Uno de ellos es el que acabo de señalar, pero fue mal concebido, porque no se consideró la disponibilidad de ingenieros revisores en las regiones. Tampoco se ha reglamentado el sistema de cancelación de los trabajos realizados por el revisor de proyectos de cálculo estructural. No es posible que todos lo ingenieros que realizan esta labor específica estén radicados en Santiago. Como dije, las exigencias para inscribirse en el registro de revisores es demasiado alta. Los ingenieros de regiones no tienen la experiencia de los calculistas de la capital, lo cual tiene una explicación: las grandes obras se hacen en Santiago y requieren de la participación de un ingeniero de este tipo que revise y apruebe los cálculos estructurales para inscribirlas. Nunca se ha construido un edificio de 10 mil metros cuadrados en regiones, por lo menos hasta ahora, y una de las exigencias para inscribirse en el registro del ministerio respectivo es que los ingenieros hayan participado en la realización de los cálculos estructurales de un edificio de esa tremenda dimensión. Hay ingenieros muy prestigiosos en todas las regiones, pero no pueden acreditar que han construido esa cantidad de metros cuadrados para inscribirse en el registro. En regiones hay uno solo y, al parecer, es de Viña del Mar. No se han generado nuevos empleos en regiones para ellos. En otras palabras, es necesario desburocratizar el sistema para que las obras marchen y, sobre todo, se agilicen. Estamos de acuerdo con la mayoría de las modificaciones propuestas, pero aún queda mucho por hacer. Hay que continuar perfeccionando la ley y ver la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda, a través de las modificaciones que se están realizando, cambie algunos parámetros para que los ingenieros regionales se puedan inscribir en el Registro Nacional de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural y reglamentar el pago de los servicios del revisor. Hago un llamado al Ministerio de Vivienda para que la posibilidad de contar con una legislación cada vez más moderna se haga de acuerdo con el desarrollo que ha experimentado nuestro país en todas sus regiones. Invito a las autoridades a mirar más allá de la capital para descentralizar las políticas metropolitanas o santiaguinas, por llamarlas de algún modo. Nuestras regiones están sufriendo grandes cambios gracias al progreso del país. No obstante, el proyecto merece nuestra aprobación, razón por la cual la bancada radical lo votará a favor. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, hace pocos instantes entregué al ministro señor Ravinet dos certificados de empresas de seguros que niegan la posibilidad de que las viviendas de la población “Vicuña Mackenna”, de Rancagua, puedan contar con seguros de incendio y de sismo. La empresa ING aduce que no reúne las condiciones mínimas de construcción exigidas por la compañía para otorgar cobertura. La otra empresa manifiesta exactamente lo mismo. Este es un tema realmente grave que debemos debatir. Se me ha informado que se quitó la urgencia al proyecto, por lo cual se podrán hacer las correcciones necesarias. ¿Por qué digo esto? Porque las personas más modestas no pueden fiscalizar la construcción de viviendas sociales PET, viviendas dinámicas sin deuda o del Serviu. Ningún poblador tiene la posibilidad de ver cómo se construyen, a diferencia de un particular que cuenta con recursos y puede fiscalizar cómo y quién las construye. Por lo tanto, hay una responsabilidad social de por medio. En ese sentido, apoyamos la idea de legislar a fin de dar seguridad y tranquilidad a quienes han ahorrado por toda una vida para adquirir su vivienda. Aprovecho la oportunidad para señalar la deuda que tienen el país y el Serviu con muchos habitantes modestos que adquirieron sus viviendas a través de diferentes programas sociales, pero que han resultado ser casas que no cumplen con los requisitos mínimos de calidad. Pedimos al Gobierno que reestudie esa situación. Hemos sostenido permanentes conversaciones con el ministro Ravinet y advertimos buena voluntad al respecto, pero creemos que debe haber una decisión política del Ejecutivo en la parte económica, porque a esos pobladores, que de alguna manera fueron estafados, no se les entregó lo ofrecido y, por lo tanto, habitan en viviendas que no corresponden a lo esperado. Debemos darles una solución que pasa, primero, por acogerlos de la misma forma que a la gente de baja condición social y con problemas económicos serios que acceden a una vivienda dinámica sin deuda. ¿Por qué no se les da la posibilidad de postergar el pago de los dividendos si su condición social es igual a la de las otras personas? Por otra parte, los problemas de calidad de la construcción han sido dramáticos, como le consta a toda la opinión pública. Por ejemplo, en la villa “El Volcán”, de Puente Alto y, en el caso de Rancagua, en las poblaciones “Vicuña Mackenna”, “Costa del Sol”, “Baltasar Castro” y las villas “Los Parques”, “Las Cumbres”, “Parque Isluga” y “Rodolfo Cortés”. Hay que buscar una solución de moratoria equivalente al daño que han sufrido por muchos años los pobladores que no recibieron las viviendas que les correspondían y que son el fruto del esfuerzo realizado durante toda una vida. Además, solicitamos al Gobierno nosotros también estudiaremos la posibilidad que las viviendas sociales se entreguen con un seguro de incendios y de sismo por un período determinado a fin de dar tranquilidad a sus moradores de que vivirán de manera digna. Señor Presidente, por su intermedio solicito al ministro Ravinet estudiar lo más pronto posible la solución de los temas pendientes, que quedaron a la vista con los temporales e inundaciones de 1997. Asimismo, evaluar la posibilidad de que los destinatarios de las viviendas puedan fiscalizar su construcción, porque hoy los pobres no saben nada de sus viviendas hasta que reciben sus llaves, a diferencia de quienes tienen más recursos económicos y pueden fiscalizar la construcción de su propia vivienda o de un condominio. Por lo tanto, aprobamos la idea de legislar y solicitamos al Gobierno solucionar el problema de las viviendas mal construidas por el Serviu. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, cuando se hacen cosas hay que hacerlas bien. Eso es lo que pretende el proyecto en estudio, pero cuando las cosas se hacen mal hay que reformarlas o modificarlas. Todo tiene su costo. Si analizamos la actividad legislativa de la última década, concluiremos que ha sido la década del reconocimiento de los derechos de las personas, tanto como sujetos de derechos civiles y políticos como en su calidad de usuarios y consumidores. En eso no hay dudas. En los años que tengo y en lo que va de este decenio, nunca se ha hecho más para proteger a las personas. Ello ha sido la contraparte de la apertura económica y de la liberalización de las reglas. Se habla de libertad económica y de garantías efectivas de los derechos de las personas cuando éstas intervienen en el mercado. Ése es un aspecto trascendental dentro de la economía de mercado y lo que se ha denominado el nuevo activo institucional. Es el insumo normativo de una economía libre y sana. Las modificaciones a la ley general de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción, son un antecedente propio de la actividad económica que se vive en el país. Hay que apoyarla y corregirla, pero no criticarla por criticarla. Quiero expresar mi reconocimiento a la diputada y arquitecta señora Eliana Caraball, autora de la moción que dio vida a la ley sobre calidad de la construcción. Ése es un hecho que también debemos tomar en cuenta en la reflexión que hoy hacemos. En este proyecto estamos hablando de personas, de familias que cuando compran su bien de mayor significación económica, su casa habitación, su nidito, deben tener la seguridad de que no se verán expuestas a una negociación con empresas o personas que, utilizando uno o miles de artilugios legales, puedan restarse, en el futuro, a cumplir con la obligación de responder por posibles defectos en la construcción de las viviendas. Una emisora de radio decía que hoy se han cumplido diez años desde que se presentaron dificultades en las viviendas construidas por la empresa Copeva. Felizmente, se obtuvo una solución a un problema que perjudicó no sólo el patrimonio fiscal, sino también a los pobladores que sufrieron el daño. Respecto del proyecto, que nace con fórmulas especiales, el diputado informante en su exposición, en su clase magistral, debido a la condición de arquitecto y gozador de lo que sabe de su profesión, ha dicho que aborda temas relacionados con reclamos, responsabilidades y perjuicios. Menciona tres grandes fundamentos del proyecto: Primero, la falta de responsabilidad del vendedor cuando hay fallas en la construcción o se abusa de los compradores con transformaciones que no corresponden. Segundo, los plazos de prescripción. Al respecto, tengo una percepción distinta, porque se aumenta de cinco a quince años dicho plazo, con lo cual no estoy de acuerdo, porque a los quince años la responsabilidad es netamente del comprador. Tercero, la revisión, el mayor control que debe tener el vendedor con la institución reguladora, en este caso el municipio. Concuerdo con el diputado señor Meza cuando reclama por la falta de descentralización, sobre todo en lo que se refiere a los profesionales en las municipalidades o en el propio Ministerio de Vivienda. Estoy convencido de que estamos ante un gran proyecto, en concordancia con el siglo XXI, y con los defectos que subsistirían si no se logran los efectos que persigue. Daré mi apoyo al proyecto, que vuelve a Comisión, que tendrá que perfeccionarlo. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, sólo quiero agregar un par de comentarios a lo ya señalado. El proyecto perfecciona un texto legal aprobado en 1996. El trabajo de la Comisión fue de mucho consenso, en general, para tratar de perfeccionar la ley vigente. No comparto ni compartí en la Comisión la idea de extender el plazo de garantía a quince años para las obras estructurales de una vivienda, aunque obviamente debiera ser así. Debemos tener mucho sentido de responsabilidad en un proyecto de esta naturaleza, porque las mayores exigencias encarecerán las viviendas y tenemos que preocuparnos de la gente que no tiene casa. Este proceso de perfeccionamiento lo debemos ir haciendo en el tiempo, pues tenemos que pensar en los que no tienen casas, en las miles de familias que viven de allegadas. Por eso, aunque en la Comisión se recogieron muchas inquietudes de los parlamentarios, debemos ser muy cuidadosos, porque, finalmente, esto también se traspasa a precio. Obviamente, aunque haya déficit habitacional, allegados, campamentos, tenemos que exigir mayor calidad en las viviendas, pero no establecer estándares y exigencias pensando en la gente que puede comprar y fiscalizar cómo se ha construido una vivienda. También hay que tener claro que ésta no es una iniciativa que inhiba a cualquier ciudadano de demandar a la empresa o constructor por las responsabilidades que puedan surgir en la construcción de viviendas. Aquí se establecen plazos de garantía. En la Comisión no compartimos aquellos plazos que el Ejecutivo nos proponía respecto de una serie de artefactos o artículos. Es así como el de un año lo subimos a tres. Actualmente, el plazo es de cinco años para todo, pero finalmente se establecieron tres plazos, que son quince, cinco y tres años. No soy partidario del plazo de quince. Considero que diez años es un plazo más que suficiente para exigir la calidad en las estructuras soportantes de una vivienda. Como se ha levantado la urgencia del proyecto, propondré cambiarlo en la Comisión. Insisto en que debemos revisar el tema de los plazos, de manera que elaboremos una ley que pueda ser perfeccionada en el tiempo. Creo que tuvo un impacto muy positivo para la calidad de la vivienda el haber legislado hace algunos años al respecto. No tengo ninguna duda de que las modificaciones que estamos introduciendo en la ley vigente también la van a perfeccionar para que efectivamente haya un mayor equilibrio entre la calidad y lo que se le exhibe a la gente. Ese equilibrio es lo que debemos rescatar del proyecto, que está muy bien recogido en las indicaciones que hicimos en la Comisión. En general, estamos en presencia de un buen proyecto, que los diputados de la UDI vamos a votar favorablemente. Esperamos que el Ejecutivo recoja gran parte de las indicaciones que estamos presentando con un conjunto de parlamentarios para discutirlas nuevamente en la Comisión. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Efectivamente se le ha retirado la suma urgencia y, por lo tanto, volverá a la Comisión de Vivienda después de votarse en general en la Sala. Recuerdo a los señores diputados que luego de la intervención del diputado Tuma y del ministro Ravinet, quien me ha pedido la palabra, procederemos a votar este proyecto y también el que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, sin debate, según lo acordado. Tiene la palabra el diputado señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, primero agradezco la oportunidad que me dieron el diputado Hales y la diputada Caraball para participar como autor de este proyecto, no obstante que no es materia de mi competencia. Quiero felicitar a la Comisión y plantear que estamos ante un gran proyecto que está recogiendo una sentida preocupación ciudadana, toda vez que hemos conocido casos emblemáticos en el país respecto de la calidad de la vivienda, especialmente en los sectores poblacionales que han recibido subsidios del Estado. Frente a esto, el proyecto apunta a mejorar la calidad de las viviendas como también a garantizar las responsabilidades de cada uno de los niveles cuando ésta se deteriora rápidamente antes de que los beneficiarios terminen de pagarla. Es bueno decir que, al establecer mayores exigencias en la calidad de la vivienda, seguramente va a importar un mayor costo de ella. En primer término, deseo solicitar al Ejecutivo revisar el monto de los subsidios, que recientemente se han elevado, para que muchos pobladores modestos, que postulan a este beneficio, puedan cumplir con las nuevas exigencias, ya que aun cuando son adecuadas para garantizar la calidad de la vivienda, a lo mejor no son suficientes para dar cumplimiento al piso requerido. En segundo término, adhiero a lo manifestado por el diputado Fernando Meza en el sentido de adecuar el reglamento para que más ingenieros y más calculistas de regiones puedan cumplir con las exigencias solicitadas. De esta manera, los que somos de regiones no tendremos la obligación de enviar estas revisiones estructurales a la capital. En tercer término, el proyecto no resolverá los problemas de muchas poblaciones mal construidas debido a que ha prescrito el plazo de cinco años. Ayer veíamos algunos casos con el diputado Saffirio. Por ejemplo, en Temuco, la población “Los Cóndores”; en Carahue, las poblaciones “El Bosque”, “Vista Hermosa” y otras tantas que se han deteriorado, porque fueron mal recepcionadas o se construyeron con productos de mala calidad. Ello no tiene nada que ver con el proyecto, pero a través de esta intervención, invito a los ministros de Hacienda y de Vivienda a asignar los recursos necesarios para restituir la vivienda de calidad que nos comprometimos a entregar en su oportunidad a esos habitantes. Ellos han tenido un muy mal pasar durante todos estos años, ya que su calidad de vida disminuyó notoriamente, debido al rápido deterioro de sus viviendas, ya sea porque fueron mal construidas, mal recibidas o se construyeron en terrenos no aptos. Creo que estamos frente a un gran tema, que no es posible resolver sólo con este proyecto, sino que es necesaria la voluntad de los ministros de Hacienda y de Vivienda y la del Presidente de la República, con quien hace pocos días conversó el diputado Eduardo Saffirio sobre el particular. Esperamos tener buenas noticias pronto. Sin perjuicio de ello, anuncio la votación favorable del PPD al proyecto de ley. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el señor ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales. El señor RAVINET (ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer al diputado Patricio Hales por su completo informe. Asimismo, al presidente e integrantes de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, quienes analizaron durante varios meses el proyecto en debate. Si bien el proyecto tiene su origen en un mensaje, fue perfeccionado con la participación de los distintos invitados y miembros de la Comisión, lo que también agradezco. Quiero hacer presente que el Gobierno calificó con “suma” urgencia el tratamiento del proyecto, porque en dos ocasiones anteriores, por lo recargado de la agenda legislativa, quedó sin ser tramitado. Lo hicimos entonces para dar prioridad a su estudio y conocer el informe de la Comisión respectiva. Una iniciativa de esta naturaleza, que no sólo se preocupa de la calidad de la vivienda, sino que también moderniza y agiliza el trabajo de las direcciones de obras municipales, que evita la doble revisión que llevan a cabo el revisor independiente y el arquitecto de las direcciones de obras municipales, y que acorta los plazos de tramitación de los permisos y las recepciones finales, requiere de un gran consenso, de una gran acuerdo. Una ley es buena en la medida en que es sentida por la comunidad. Por lo tanto, he hecho llegar al Presidente de la Cámara, en nombre del Ejecutivo, el retiro de la urgencia calificada de “suma”, con el objeto de tener la posibilidad de que, una vez que se apruebe el proyecto en general, como así espero que ocurra, la Comisión de Vivienda se aboque a discutir las múltiples indicaciones de que ha sido objeto. Muchas gracias. El señor LORENZINI (Presidente).- Varios señores diputados, que no pudieron intervenir en este debate, han solicitado la inserción de sus discursos. En virtud del artículo 85 del Reglamento se inserta el siguiente discurso no pronunciado en la Sala, que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, sin ser una profesional de la construcción o de la arquitectura o de la ingeniería, como diputada representante de sus electores me gustaría compartir con ustedes mi visión de este proyecto de ley. El perfeccionamiento de la ley general de Urbanismo y Construcciones tiene por objeto fortalecer las normas de dicho cuerpo legal, en beneficio de las personas que optan a su casa propia, estableciendo, en materia de calidad de las construcciones, una cadena de responsabilidades que permiten, en caso de fallas, contar con las herramientas para que se respeten sus derechos. Se trata de una modificación largamente esperada ya que por años hemos sido testigos de los dramas vividos a través de los medios de comunicación, por familias cuyas casas cumplían en los estándares mínimos de calidad. Como la información es un elemento básico y fundamental en cualquier área es importantísimo promover y difundir estas odificaciones, especialmente entre los beneficiarios, de forma tal, que no tengan duda de sus derechos a la hora de comprar un bien inmueble. Felicito al ministro de Vivienda y Urbanismo y a la Comisión de Vivienda por el esfuerzo que han hecho para mejorar concretamente el espacio de la vivienda, pensando especialmente en las familias que con gran esfuerzo llegan a cumplir el sueño de la casa propia. Más vale tarde que nunca. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- De conformidad con lo ya acordado, el proyecto deberá volver a Comisión una vez que haya sido aprobado en general por la Sala. La diputada señora Marcela Cubillos está pareada con la diputada señora Carolina Tohá. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado el proyecto en general. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker. El señor LORENZINI (Presidente).- El proyecto se remitirá nuevamente a la Comisión para segundo informe. El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Artículo único Número 1) De los señores Ascencio Burgos, Bustos, Hales y Seguel, para sustituir la frase agregada por este número, por la siguiente: “Quienes serán responsables civil y penalmente por las actuaciones y omisiones, en el ámbito de sus respectivas competencias”. Número 2 1.Del Ejecutivo, para modificarlo de la siguiente manera: a)Sustitúyase en el nuevo inciso séptimo, en el número 1), la palabra “quince”, por “diez”. b)Reemplázase el nuevo inciso noveno, por el siguiente: “Los plazos de prescripción se contarán desde la fecha de la recepción definitiva de obra por parte de la dirección de obras municipales.”. 2.De los señores García, don René Manuel, Longueira, Pérez Opazo, Pérez Varela y Uriarte, una letra a) nueva, pasando el actual numeral 2) a ser 2) letra b): Letra a):modifíquese el inciso segundo del artículo 18 por el siguiente: “Cada profesional o proyectista que suscriba anteproyectos o proyectos, estudios, informes, libro de obras u otros antecedentes que señala esta ley o la ordenanza general de urbanismo y construcciones, será responsable, dentro de su respectivo ámbito de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. de igual modo, tanto profesionales como proyectistas serán responsables por el cumplimiento de las normas que le son aplicables a las respectivas actuaciones.”. 3.De los señores García, don René Manuel, Longueira, Pérez Opazo, Pérez Varela y Uriarte, para agregar al inciso primero del artículo 18, después del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “en los casos que no haya transferencia del inmueble, la aludida responsabilidad recaerá en el propietario”. Número 5) De los señores García, don René Manuel, Longueira, Pérez Opazo, Pérez Varela y Uriarte, para reemplazar el inciso segundo del artículo 116 e intercalar el siguiente inciso tercero nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente: “El director de obras municipales concederá el permiso o la autorización requerida si de acuerdo a los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las normas urbanísticas contenidas en la Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial, previo pago de los derechos que procedan, sin perjuicio de las facilidades de pago contempladas en el artículo 128. a la solicitud deberán adjuntarse la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley, su ordenanza y demás cuerpos legales aplicables.”. Inciso tercero, nuevo: “Se entenderá por normas urbanísticas aquellas que afecten a uno o más predios en que se emplazan las construcciones, contenidas en esta ley, en su Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial tales como: usos de suelo, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, superficie predial mínima, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, exigencias de estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública, áreas de riesgo o de protección.”. Número 6) 1.De los señores García, don René Manuel, Longueira, Pérez Opazo, Pérez Varela y Uriarte, para reemplazar el artículo 116 bis, por el siguiente: “Artículo 116° bis.- los propietarios que soliciten permisos o autorizaciones a que se refiere esta ley, podrán contratar un revisor independiente, persona natural o jurídica con inscripción vigente en un registro que para estos efectos mantendrá el ministerio de vivienda y urbanismo. el ministerio podrá encomendar dicho registro a la entidad denominada “instituto de la construcción”, cuya personalidad jurídica fuera concedida por decreto supremo Nº 1.115, de 1996, del ministerio de justicia. en los casos a que alude este inciso los derechos municipales a que se refiere el artículo 130 se reducirán en un 30%. En aquellos permisos u autorizaciones que hayan sido informadas favorablemente por un revisor independiente, la recepción de tales obras deberán asimismo ser informadas por dicho profesional. En el cumplimiento de sus funciones los revisores independientes deberán verificar que los anteproyectos, proyectos y obras cumplen con todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, debiendo emitir los informes que se requieren para tales efectos, los que tendrán mérito legal suficiente. con todo, los revisores independientes no verificarán el cálculo de estructuras, que será de exclusiva responsabilidad de sus proyectistas. Será obligatoria la contratación de un revisor independiente en los casos de obras que se refieran a edificios de uso público y las que señale la Ordenanza General. Si se hubiere aprobado previamente un anteproyecto y el revisor independiente o el arquitecto proyectista, según corresponda, incluye en el informe favorable, la circunstancia de que el proyecto se ajusta al anteproyecto aprobado por el director de Obras Municipales, dentro de los márgenes que determine la Ordenanza General, este último omitirá la verificación de todos los antecedentes y otorgará sin más trámite el permiso. Para inscribirse en el registro a que alude el inciso primero, en calidad de revisor independiente, será necesario acreditar los siguientes requisitos: Ser persona jurídica en cuyo objeto social esté contemplada la tarea de revisar proyectos y obras de construcción. Contar, dentro de sus socios, administradores o directores, con a los menos dos profesionales competentes que cuenten con la experiencia profesional indicada en la letra c). Contar con una experiencia mínima haber revisado expedientes que representen la suma de al menos 500.000 m2, en el desempeño como directores de obras municipales por al menos 4 años o haberse desempeñado como revisores independientes por igual período. Los revisores independientes tendrán incompatibilidad para pronunciarse respecto de anteproyectos, proyectos u obras en los que hubieren participado como autores de los proyectos de arquitectura o que lo hayan sido sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta en segundo grado y en los que sean propietarios o tengan participación o representación mayor al 5% en caso de sociedades. asimismo tendrán inhabilidad para desempeñarse como funcionarios fiscales o municipales mientras se ejerza como revisores independientes.”. 2.Del señor Montes, para eliminar su inciso tercero. Número 7) De los señores hales y montes, para sustituir el artículo 116 bis b, por el siguiente: “Artículo 116 bis b: los proyectos referidos a la construcción, ampliación o reparación de una sola vivienda, no requerirán de permisos ni de recepción final de las obras. Estos proyectos de construcción, antes de iniciar las obras, pagarán los correspondientes derechos municipales, y deberán ser inscritos en la Dirección de Obras Municipales en las condiciones que determine la Ordenanza General. El arquitecto proyectista será responsable bajo declaración jurada, del cumplimiento de esta ley, de la Ordenanza General y de los instrumentos de planificación territorial. La Dirección de Obras podrá revisar el proyecto en cualquier momento y sancionará al arquitecto que inscriba proyectos que no cumplan con las normas y reglamentos. Las obras deberán ser registradas en la Dirección de Obras Municipales con posterioridad a su finalización, en las condiciones y con los antecedentes que determine la Ordenanza General. El arquitecto, bajo declaración jurada, es responsable del registro y del cumplimiento de esta ley, de la Ordenanza General y de los instrumentos de planificación territorial. La Dirección de Obras Municipales, por propia decisión o a solicitud de terceros, podrá supervisar las obras en cualquier momento durante y después de su ejecución, proponiendo al tribunal cuando corresponda, las sanciones al arquitecto y al propietario.”. Número 8), nuevo 1.De los señores García, don René Manuel, Longueira, Pérez Opazo, Pérez Varela y Uriarte, para agregar un nuevo número 8, pasando el actual a ser número 9, del siguiente tenor: “8) Derógase el artículo 116 bis C.”. 2.De los señores García, don René Manuel, Longueira, Pérez Opazo Pérez Varela y Uriarte, para reemplazarlo por el siguiente: “Artículo 118. El director de Obras Municipales deberá pronunciarse sin más dilación, sobre las permisos o autorizaciones requeridos en los siguientes plazos fatales, contados desde la presentación de las respectiva solicitud: 1.Anteproyectos y proyectos de edificación o de loteos con construcción simultánea: A.Obra menor: 10 días. B.De más de 100 m2 y hasta 5.000 m2 edificados: 20 días. C.Sobre 5.000 m2: 30 días. 2.Fusiones, subdivisiones y divisiones afectas: 15 días. 3.Loteos de terrenos de hasta una hectárea: 15 días. 4.Loteos de terrenos sobre una hectárea: 30 días. 5.Otras solicitudes: 10 días. El pronunciamiento aludido podrá ser de aprobación o de formulación de observaciones, si las hubiere, las que se tramitarán en un solo acto, conforme al procedimiento que señale la Ordenanza General. El interesado tendrá un plazo de hasta 60 días para subsanar o aclarar las supuestas normas incumplidas, período en el cual se suspenderán los plazos del director de obras. Una vez respondidas las observaciones, el Director de Obras dispondrá de un nuevo y último plazo para pronunciarse en definitiva, en términos de aprobación o rechazo de la solicitud. En este último caso, el rechazo deberá ser fundado, señalando claramente las disposiciones incumplidas en el expediente revisado. En los anteproyectos, proyectos y recepciones de obras informadas por revisores independientes, se aprobarán sin más trámite y se cursará la autorización o permiso dentro de 10 días. si cumplido dicho plazo no se hubiere extendido la resolución aprobatoria, se entenderá igualmente aprobada, situación que deberá certificarse por el secretario municipal, en su calidad de ministro de fe, sin más trámite. Las solicitudes que no cuenten con informe favorable de revisor independiente y fueran rechazadas o hubiera omisión después de cumplidos los plazos que señala este artículo, el interesado podrá reclamar ante la secretaría regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, en un plazo no superior de 30 días, contados desde la notificación del rechazo o desde que la omisión hubiere sido representada. Presentada una reclamación, la secretaría regional ministerial, deberá resolver su admisibilidad. si lo acoge, deberá continuar con la tramitación del reclamo. En los casos que la reclamación se interponga por omisión del Director de Obras, la seremi aludida deberá dar traslado de los antecedentes al Director de Obras para que éste evacue su resolución aprobatoria en un plazo máximo de 3 días hábiles, bajo apercibimiento de solicitar el correspondiente sumario administrativo a que alude el artículo 15 de esta ley. Si el pronunciamiento del director de obras consistiere en un acta de observaciones, deberá ponerse en conocimiento del interesado para que éste las aclare o subsane conforme a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo. Si el pronunciamiento fuere de rechazo, el interesado podrá hacer sus descargos, en un plazo máximo de 30 días, contados desde la notificación. En los casos que la reclamación fuere interpuesta por el rechazo de una solicitud, o dicho rechazo ocurriere durante la reclamación conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, la seremi aludida deberá pronunciarse en definitiva, en términos de acogerla o rechazarla, con los antecedentes que disponga, dentro de los 15 días siguientes a la recepción del reclamo o del rechazo, según corresponda. Si el resolución del reclamo fuere acogida por la seremi, ésta deberá ordenar al director de obras municipales para que dicte su resolución aprobatoria, sin más trámite. en caso de desacato, la solicitud se entenderá aprobada, situación que certificará la misma seremi, sin perjuicio de solicitar el correspondiente sumario administrativo conforme al artículo 15.”. Número 9) De los señores García, don René Manuel, Longueira, Pérez Opazo, Pérez Varela y Uriarte, para eliminar, en su inciso primero, la expresión “o el supervisor”, y para sustituir el inciso segundo por el siguiente: “Para los efectos del inciso anterior, el director de obras municipales revisará, únicamente, las normas urbanísticas aplicables a la obra, conforme a la respectivo permiso aprobado o de sus modificaciones. Cuando se trate de proyectos aprobados con informe favorable de un revisor independiente, conforme al artículo 116 bis, la recepción se cursará igualmente sin más trámite.”. SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO Y CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA. Proposición de la Comisión Mixta. El señor LORENZINI (Presidente).- De conformidad con lo acordado por la Sala, corresponde votar, sin debate, la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de 65 señores diputados. Antecedentes: Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 281102. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor LORENZINI (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saffirio, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker. VI. PROYECTOS DE ACUERDO INFORMACIÓN SOBRE FUTUROS COBROS EN AUTOPISTAS URBANAS TARIFICADAS. (Votación). El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 431, por el cual se solicita al ministro de Obras Publicas informar acerca del sistema de cobro que se aplicará en las autopistas urbanas tarificadas a motociclistas y vehículos de emergencia. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Becker, Burgos, Bustos, Cardemil, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Díaz, Dittborn, Egaña, Escalona, Espinoza, García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jarpa, Kast, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Villouta y Walker. REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD CAMPESINA. El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 432, de los señores Tuma, Meza, Salas, Galilea, don José Antonio; Espinoza, Jaramillo, Pérez, Sánchez y Letelier, don Felipe. “Considerando: Que es un hecho conocido que el negocio inmobiliario ha producido una inadecuada subdivisión de la tierra agrícola, particularmente en los entornos de las grandes ciudades, provocando su expansión incontrolada, con las graves consecuencias del aumento de los índices de contaminación, encarecimiento de la vida cotidiana de los habitantes, perjuicio de la producción, conformación de sectores marginales, por nombrar sólo algunas. Que es un derecho básico incuestionable de toda persona favorecer la situación económica de sus herederos y de sus familias mediante la herencia de los bienes dejados en el momento de su fallecimiento. Que, sin embargo, las familias campesinas, en la práctica, se ven impedidas de disfrutar de este derecho básico, toda vez que la actual normativa de subdivisión de la tierra les impide, a la hora de la apertura de la herencia, repartir los bienes raíces entre todos los herederos, ya que no pueden subdividir hasta una superficie inferior a la mínima establecida en la ley, ni regularizar la pequeña propiedad que ya se encuentra, de hecho, subdividida. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. el Presidente de la República que, en uso de sus facultades exclusivas, se sirva disponer el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que permita resolver la situación de las miles de familias campesinas a lo largo del país que, como producto de las restricciones de la subdivisión de la tierra, no han podido regularizar sus propiedades en beneficio de los herederos.” El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, para nadie es un secreto que el negocio inmobiliario en especial la construcción de casas y, en menor escala, de edificios ha proliferado positivamente en unos casos, pero negativamente en otros, al efectuar una inadecuada subdivisión de predios agrícolas, particularmente en los entornos de las grandes ciudades, como Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco, lo que ha provocado su expansión incontrolada, con las graves secuelas que ello conlleva en la calidad de vida de la población, por el aumento de los índices de contaminación y de los sectores marginales. Debido a lo anterior, hay un derecho básico que en miles de familias de campesinos no se puede ejercer: el que tiene toda persona de favorecer la situación económica de sus familias mediante la herencia de los bienes que deja al momento de fallecer. Generalmente, antes de su muerte, las personas estipulan la entrega de sus pertenencias, a sus herederos con el objeto de asegurarles un buen pasar. Sin embargo, las familias campesinas no pueden disfrutar de este derecho básico, ya que la actual normativa de subdivisión de la tierra les impide, a la hora de la apertura de la herencia, repartir los bienes raíces entre todos los herederos, porque no pueden subdividir en una superficie inferior a la mínima establecida por la ley ni regularizar la pequeña propiedad que ya se encuentra subdividida de hecho. Se debe buscar una solución a este problema, porque ello haría justicia a miles de familias campesinas. El objeto de este proyecto de acuerdo es solicitar al Presidente de la República que, en uso de sus facultades, disponga el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que permita resolver la situación de miles de familias campesinas a lo largo del país, las que, debido a las restricciones legales vigentes, no han podido subdividir sus predios ni asignar a los herederos la parte que les corresponde, lo que iría en directo beneficio de todos los afectados por esta situación, cuyo clamor hemos conocido en el ejercicio de nuestra labor en los respectivos distritos, razón por la cual junto al diputado Eugenio Tuma y a otros colegas hemos presentado este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. ¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto de acuerdo? No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor HALES (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ceroni, Dittborn, Egaña, Espinoza, Galilea (don José Antonio), González (don Rodrigo), Hales, Hidalgo, Jaramillo, Jarpa, Letelier (don Juan Pablo), Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Quintana, Riveros, Rossi, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Tapia, Tuma, Urrutia y Valenzuela. Se abstuvo la diputada señora Caraball (doña Eliana). MEDIDAS PARA EVITAR ABUSOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS. El señor HALES (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 433, del diputado señor Pedro Muñoz; de la diputada señora Adriana Muñoz, y de los diputados señores Boris Tapia, Edgardo Riveros, Alejandro Navarro, Sergio Aguiló, Camilo Escalona, Enrique Jaramillo y José Pérez. “Considerando: Que las empresas privadas que prestan servicios de utilidad pública lo hacen en virtud del principio de subsidiariedad reconocido por la Constitución Política de la República, pero que, en razón del bien común, deben ser reguladas para cautelar su finalidad primordial. Que estas empresas, debido a sus procedimientos de cobranza, cometen errores en los cálculos de deudas o evaluación de los servicios que suministran en las áreas domiciliarias de agua, electricidad, telefonía, gas y sistemas automatizados de seguridad. Que actualmente no hay una instancia imparcial de arbitraje expedita que califique las deudas correspondientes, salvo el criterio de las propias empresas. Que la seguridad y transparencia en la provisión de estos servicios es crucial para los usuarios. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. el Presidente de la República que se sirva instruir a los ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción y a los superintendentes correspondientes para que procedan a arbitrar las medidas administrativas que permitan corregir los abusos que cometen las empresas de servicios básicos domiciliarios en el cobro de deudas y proponer formas institucionales expeditas para resolver los legítimos conflictos de intereses en resguardo de los usuarios.” El señor HALES (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, es conocido, especialmente en el Congreso, que la nueva ley del consumidor tiene la siguiente limitante: las empresas de servicios básicos de electricidad, gas y agua potable no pueden ser objeto de acciones colectivas de reclamo, porque están supeditadas a leyes especiales y, para ello, hay determinadas superintendencias. Al respecto, hay un profundo y grave desconocimiento. En el caso del agua potable, antes del proceso de privatización de las empresas sanitarias pertenecientes al Estado, como Essbío, Esval y Emos, los clientes acudían directamente a esas empresas para resolver sus problemas y no a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que, según lo establece la ley, debe recoger los reclamos, corregir los defectos o aplicar las multas correspondientes. Por lo tanto, cuando se presentan problemas como el acontecido con Essbío, de la Octava Región donde hace algunas horas se incendió el supermercado Santa Isabel; los grifos fallaron y hay pérdidas millonarias, afortunadamente sin pérdidas de vidas, no se hace el reclamo en la superintendencia, sino en las empresas involucradas. Ello significa que a la hora de la evaluación, las empresas aparecen sin denuncias en su contra, ni tampoco solicitud o demanda por mejorar el servicio. Los ministros de Hacienda y de Economía deben adoptar no sólo las medidas administrativas tendientes a terminar con los abusos de esas empresas, sino que también a informar ampliamente de sus derechos a los clientes. Respecto de los servicios básicos, el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, tiene muy poca competencia, por lo que los organismos del Estado son los que deben velar por el respeto de los derechos de los consumidores de agua, luz y gas. Este proyecto de acuerdo solicita que se arbitren las medidas “para corregir los abusos que cometen las empresas” con los usuarios y aclarar el mecanismo para presentar las denuncias y reclamos, a fin de resguardar los intereses de los consumidores de los servicios básicos. Porque se cometen abusos en el cobro de las deudas, en especial en la reposición de esos servicios, muchos señores diputados han presentado este proyecto de acuerdo. Por ejemplo, la exhibición de la boleta con el timbre que da cuenta del pago, no anula la orden del corte del suministro de electricidad, porque vienen con instrucciones. Por lo tanto, el usuario, aunque haya pagado debe aguantar la suspensión de se servicio, ya que la empresa tiene contratistas particulares que actúan con el incentivo de que mientras más cortan la luz y más la reponen, más les pagan. Lo mismo sucede con el suministro de agua potable. Por lo tanto, como se deben tomar todos los resguardos necesarios en beneficio de los usuarios, espero que la Sala apoye este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. ¿Habría acuerdo? Acordado. Aprobado el proyecto de acuerdo. VII. INCIDENTES DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DESTINADOS A MEJORAR JUBILACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Democracia Cristiana. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, mucha gente conoce nuestra preocupación por los funcionarios públicos y de las universidades afiliados a una administradora de fondos de pensiones, ya que, al jubilar, ven que su ingreso se reduce en prácticamente el cincuenta por ciento. A raíz de la inquietud que ha generado este tema en los parlamentarios, entre ellos, el senador Andrés Zaldívar, en el presupuesto del año pasado se determinó asignar treinta mil millones de pesos para distribuir entre quienes cumplan los requisitos para jubilar, de manera que reciban una mejor pensión de las AFP. En su oportunidad, el Gobierno se comprometió a enviar a tramitación un proyecto para analizar la forma de distribución de dichos recursos. La idea es seguir entregando similar cantidad en los próximos años. Lamentablemente, en las reuniones celebradas entre personeros del Ministerio de Hacienda, de la CUT y de la Anef, no se ha llegado a acuerdo. Se busca una fórmula de compensación. Se trata de entregar un aporte de diez por ciento del sueldo que perciben actualmente los futuros pensionados para agregarlos a su pensión, es decir, si una persona gana 300 mil pesos recibirá una compensación de treinta mil pesos mensuales. Pero, más allá de eso, no habrá una entrega de compensación proporcional al mayor ingreso del sueldo actual bruto. Han pasado seis meses y no se ha concretado ninguna solución, porque ni la CUT ni la Anef se han pronunciado por escrito para que el Gobierno envíe a tramitación el proyecto correspondiente. Por lo expuesto, solicito que se oficie a los ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social a fin de fijar una fecha tope, ya que se hace necesario el pronto envío de un proyecto de ley para que el Congreso Nacional, en definitiva estudie la forma en que se distribuirán los 30 mil millones de pesos. Extraoficialmente se me ha informado que el Gobierno estaría proyectando esta diferencia de apoyo para los próximo años. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados José Miguel Ortiz, Pablo Lorenzini, Jaime Mulet, Fernando Meza, José Pérez, Eugenio Tuma, Enrique Jaramillo, Rodrigo González, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Alejandro Navarro. REBAJA DE INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL SERVIU. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señor Presidente, hemos solicitado al ministro de la Vivienda considerar la situación de aquellos deudores habitacionales que califiquen con ciertos requisitos a fin de que puedan repactar sus deudas y les sean condonadas las multas e intereses generadas por el no pago oportuno de dividendos. Considerando que los créditos otorgados por el Serviu fueron pactados sobre el 8 por ciento de interés anual, sería bueno estudiar la posibilidad de rebajar dichos intereses ya que, debido a las variaciones propias del mercado, hoy se pueden obtener créditos hipotecarios con una tasa del 1,7 por ciento de interés anual. Por este solo mecanismo, se obtendrían sustantivas rebajas en los dividendos mensuales que deben pagar los deudores Serviu. Por esa razón, solicito que se oficie a los ministros de Hacienda y de Vivienda a fin de que estudien la posibilidad de rebajar los intereses vigentes en los actuales créditos hipotecarios del Serviu a las tasas actuales de mercado, lo que redundaría en un indudable beneficio para los deudores más modestos. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Pablo Prieto, José Miguel Ortiz, Rosauro Martínez, Carlos Hidalgo, Pablo Lorenzini y de las bancadas de los Partidos por la Democracia y Radical. DESIGNACIÓN DE MINISTRO EN VISITA POR HOMICIDIO DE ESTUDIANTE EN TALCA. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, debe ser la décima vez que hablo sobre el mismo tema. En esta oportunidad utilizaré mi calidad de parlamentario y haré uso del fuero para decir que el Poder Judicial no está caminando. En octubre de 2001, en Talca, a las 14.00 horas, cuando llegaba al colegio fue asesinada la niña Alicia Rodríguez. He pedido ministro en visita; he pedido dedicación especial; he pedido que las fuerzas policiales conversen. Por un lado, llegó Carabineros; por el otro, Investigaciones. Alteraron el sitio del suceso. El expediente tiene más del mil páginas. Han pasado cuatro o cinco jueces y nunca se ha designado un ministro en visita. El diputado Aguiló conoce el caso. Hace un par de días, después de dos años y medio de investigación, se ha sobreseído en el proceso. Todo Talca y la región del Maule sabe, con nombres y apellidos, quiénes son los culpables; Investigaciones y Carabineros, también. ¿Acaso los jueces están detrás de algo? Digo esto, porque han cambiado a varios de ellos y corren muchos rumores por la ciudad. El ministro de Justicia en mi poder tengo sus cartas de 2001, 2002 y la última de febrero de 2003 me ha dicho que esté tranquilo, porque se está investigando. ¿Hay más de 40 testigos y más de mil páginas de investigación para que nos digan que el caso fue sobreseído? ¿Otra “Calchona” más? En Constitución hay otro niño desaparecido desde hace dos años. Hoy, la región del Maule no sólo tiene el mayor índice de criminalidad, sino que es la región donde los criminales tienen libertad para actuar. ¡No sé si están conectados con los jueces! La Corte de Apelaciones nunca nos ha hecho caso. Ahora se le va a pedir que se aboque al tema. ¡Por favor! ¿estamos viendo lo que está sucediendo! Todos hemos leído lo que se dice de las cartas de la ministra Chevesich. ¡Las presiones! ¡Para los políticos hay presiones! Pero para una madre a quien le matan a su niña, de 15 años, a las dos de la tarde, en pleno Talca, ¿dónde están los jueces? ¿dónde está la Corte Suprema? ¡Entretenida en asuntos de presiones! Aquí no sólo hay políticos, presidentes y ministros; también hay ciudadanía común y silvestre; hay madres que después de casi tres años nos piden hacer público el sumario. Que Carabineros e Investigaciones digan lo que piensan, pues tienen a los asesinos claramente identificados. Sin embargo, cambian a una jueza por un juez. ¿Serán amigos? ¡No lo sé! Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Justicia para que pida la designación de un ministro en visita. Asimismo, a la distancia, apelo a la Corte de Apelaciones de Talca, pues se trata de un tema serio que está marcando a nuestra región. No se trata de decir ¡no sabemos! En el caso del niño de Constitución no se sabe si se cayó al río o si desapareció. Hay elementos que se están investigando. Pero, en este caso, quienes han tenido acceso al sumario se dice que no se puede, pero se hace, han leído los nombres y apellidos. No quiero hacer otro tipo de imputaciones respecto de los jueces que han intervenido en el pasado, pero uno comienza a dudar de si en Chile hay realmente justicia. He leído la carta y lo que ha tratado el tribunal. ¿Dónde estamos? ¿Caiga quien caiga? ¿Justicia para todos? ¿O acaso en la Concertación, en el Poder Judicial o en este Congreso estamos protegiendo a algunos? ¡Este diputado no va a estar más en eso, señor Presidente! Donde hay culpables, se debe hacer lo que la justicia diga y no lo que digan los lobby o las presiones. Quiero saber si en el caso de Talca ha habido lobby o presiones sobre esta jueza, la anterior o el juez que inició el proceso. Vamos a acceder al sumario lo digo en esta Sala, porque aquí tengo fuero, lo vamos a leer para saber qué dijo Carabineros e Investigaciones al respecto. Afuera no lo podemos hacer, porque seguramente nos meterían presos o nos llenaríamos de querellas por manejar información confidencial, pero aquí sí. Hay mucha gente que tuvo y tiene acceso al sumario y claramente hay culpables, son muchachos que están plenamente identificados. ¡Diputado Aguiló, estamos ante otra “Calchona”! ¡Eso es lo que tenemos! ¡Así camina este país! ¡Así se hace justicia! Reitero: pido que se oficie al ministro de Justicia para que solicite a la Corte de Apelaciones de Talca la designación de un ministro en visita para resolver este caso. He dicho. Aplausos. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Pablo Prieto, Rosauro Martínez, Carlos Hidalgo, Fernando Meza, Enrique Jaramillo, Rodrigo González, Eugenio Tuma, Sergio Aguiló, Esteban Valenzuela, Fulvio Rossi y Alejandro Navarro. IRREGULARIDADES EN EL USO DE FICHA CAS EN MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, por la prensa me he informado de que el municipio de Rancagua estaría haciendo mal uso de la ficha CAS, lo cual es probable, porque, en vez de invertir en los barrios, en estos cuatro años de gestión bastante extremista se ha llenado de activistas de poca monta. Pido enviar un oficio al Contralor General de la República para que informe a esta Cámara sobre si se están cometiendo irregularidades en el uso de la ficha CAS, importante documento para asignación de recursos en favor de los más pobres, que se estaría utilizando en favoritismos baratos. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Aguiló, Fulvio Rossi, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Fernando Meza, Pablo Lorenzini, Carlos Hidalgo y José Miguel Ortiz y de la bancada del Partido por la Democracia. INCONVENIENCIA DE DECLARAR FERIADO DÍA DE INICIO DE REUNIÓN DE LA APEC. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, los días 19, 20 y 21 de noviembre se realizará la reunión de la Apec, que contará con la presencia de ilustres presidentes de varias naciones del mundo, lo que enorgullece a Chile, especialmente a la Región Metropolitana, que recibirá a cerca de veinte mandatarios. Naturalmente, ese evento obligará a las fuerzas policiales y al Ministerio del Interior a establecer una serie de medidas precautorias, tanto de seguridad para los gobernantes como para los ciudadanos. Desde ese punto de vista, es altamente conveniente que ese ministerio pueda informar con anticipación cuáles serán los recorridos, horarios y calles que se cerrarán, para efectos de que los ciudadanos, consumidores o proveedores puedan programar sus actividades, especialmente el 19 de noviembre, que es el día de la llegada de las personalidades. Intervengo sobre este tema debido a la preocupación que me han manifestado pequeños y medianos empresarios, fundamentalmente del pequeño y mediano comercio de Santiago, ante la petición que realizara el Presidente de la Cámara de Diputados, diputado Pablo Lorenzini, en orden a que ese día se decrete feriado. Considero que con las medidas de seguridad adecuadas, con los avisos oportunos y con la regulación que establezca el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de las personas y el libre tránsito en las calles distintas de aquellas en que transitarán los mandatarios extranjeros, Santiago podría funcionar igual, aun con las restricciones señaladas. El comercio y la pequeña y mediana empresa tienen compromisos adquiridos que deben cumplir. Desde esa perspectiva, no es una buena señal. Tampoco es un buen ejemplo para el evento de la Apec que se decrete un día feriado, en circunstancias de que nuestro mayor empeño debería centrarse en cómo nos esforzamos para tener mayores grados de competitividad y de bienestar para nuestra población y para crear más y mejores puestos de trabajo. Me alegro de que el tema se haya puesto en discusión, y quiero manifestar la inconveniencia de que ese día se decrete feriado ni siquiera en la Región Metropolitana. En consecuencia, pido que se oficie al ministro del Interior, adjuntando copia de mi intervención, a fin de que se tomen las medidas para que no se decrete feriado en la Región Metropolitana. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Fernando Meza, Enrique Jaramillo, Rodrigo González, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, Alejandro Navarro y Carlos Abel Jarpa. RECONOCIMIENTO A AUTORIDADES DE GOBIERNO POR MEDIDAS EN FAVOR DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORALES. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos y treinta segundos, el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por las medidas adoptadas por el ministro de Agricultura, señor Jaime Campos, y por el director nacional del Indap, don Ricardo Halabí, quienes, a petición del diputado que habla, enviaron a don Arturo Sáez, funcionario profesional de ese ministerio, para verificar los daños causados por los temporales en las siete comunas de la provincia de Valdivia que represento en esta Cámara. Dicha visita es una respuesta formal y urgente que demuestra la preocupación del Gobierno por los pequeños, medianos y grandes agricultores. Es más, el propio Presidente de la República, don Ricardo Lagos, visitó la zona y pudo ver la catástrofe ocasionada por los temporales. Por otra parte, me alegro mucho de que autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, don Sergio Galilea y don Mario Fernández, hayan visitado la zona para verificar los daños sufridos por la red vial. Esto habla muy bien del Gobierno, porque demuestra que está consciente de la emergencia que se está viviendo allí. Sería largo enumerar las peticiones que he recibido relacionadas con la reparación de caminos y zonas agrícolas afectadas. Por eso, quiero entregar mi reconocimiento al ministerio de Agricultura, al director nacional del Indap, al director nacional de Vialidad y a los señores Miguel Silva y Eduardo Merson, seremis de Obras Públicas y de Agricultura, respectivamente, de la Décima Región. La preocupación de todos nos hace sentir bien a quienes representamos a esas zonas tan drásticamente golpeadas por los embates de la naturaleza. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz, Fernando Meza, Carlos Abel Jarpa, Sergió Aguiló, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Alejandro Navarro. INFORMACIÓN SOBRE REPARACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES EN COMUNA DE CURACAUTÍN. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, ya que hace algunos minutos aprobamos en general un proyecto de ley que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones que, entre otros aspectos, amplía los plazos de prescripción para reclamar por daños estructurales de viviendas, quiero referirme a lo que ocurre en la comuna de Curacautín perteneciente a mi distrito, donde hace algunos años el Serviu construyó dos conjuntos habitacionales, que quedarían dentro del plazo que establece dicho proyecto para reclamar por daños estructurales. Me refiero a los conjuntos habitacionales “Pablo Neruda”, con 80 viviendas, construidas en 1991, y “Los Pioneros”, con 60 viviendas, construidas en 1993, que desde dos años presentan problemas en sus techumbres, filtraciones en las planchas de asbesto cemento, graves problemas en los baños y de humedad. Los pobladores le han escrito al Presidente de la República para hacerle presente su situación, la que también es conocida por las autoridades regionales. Incluso, los equipos técnicos del Serviu y el seremi de Vivienda han constatado la gravedad de lo que estoy planteando. A ello se suman las emergencias que año a año se viven en la zona precordillerana, donde está ubicada la comuna de Curacautín. Con el objeto de reparar los daños mencionados, el Serviu elaboró un proyecto de rehabilitación y saneamiento de esos conjuntos habitacionales, el cual se encuentra actualmente en el sistema nacional de inversiones en busca de financiamiento que, según se dice, podría ser aprobado el año 2005. De manera que los pobladores están a la espera de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, señor Jaime Ravinet, con copia de mi intervención, a fin de solicitarle que informe a esta Corporación en qué plazo se materializará el proyecto de reparación de los conjuntos habitacionales “Pablo Neruda” y “Los Pioneros”, de la comuna de Curacautín. Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al presidente de la junta de vecinos, don Guillermo Soto Rubilar. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz y Fernando Meza. NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LOCALIDAD DE PROVINCIA DE SAN ANTONIO. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo. El señor HIDALGO.- Señor Presidente, quiero referirme a tres problemas que afectan al hermoso lugar llamado Cajón de la Magdalena, ubicado a 14 kilómetros al este de Cartagena. En primer lugar, sus habitantes aún no cuentan con agua potable, a pesar de las promesas de la municipalidad y de otros entes relacionados con el tema, en cuanto a proporcionarles ese vital elemento. En el sector hay aproximadamente cien casas habitadas por familias que se dedican principalmente a laboras agrícolas y frutícolas, por lo que sería conveniente revisar tal posibilidad. En segundo lugar, si bien es cierto que el camino de acceso al Cajón de la Magdalena, de unos 14 kilómetros, está en muy buen estado, las calles de esa localidad están muy deterioradas, lo que hace imposible acceder a algunos sectores hace dos semanas traté de hacerlo y no pude e impide el traslado de enfermos a los hospitales de Casablanca o San Antonio. En tercer lugar, como consecuencia de la remodelación de la ruta a Lagunillas, concretamente del tramo entre Cartagena y San Antonio, se presentó el siguiente problema: en la localidad de Cajón de la Magdalena había un camino muy antiguo de más de 200 años, según sus habitantes a través del cual accedían al camino a Lagunillas. Para ser más exacto, a través de la Ruta F962 se accedía al camino al Cajón de la Magdalena, es decir, a la Ruta G980. Entonces, los habitantes de esa localidad se encuentran, de la noche a la mañana, con que su camino fue trasladado unos cien metros más al sur. Si bien hay que reconocer que es mucho mejor que el anterior: tiene iluminación, incluso cuenta con su correspondiente paradero de microbuses y es más seguro, porque está lejos del puente que hacía peligrosa la salida y entrada de vehículos, los lugareños no saben cómo se hizo ese cambio. El terreno anterior, supuestamente, era de ellos y hubo un enroque con un terreno particular, en el cual se construyó el nuevo camino de acceso. Ellos están en su justo derecho de saber bajo qué condiciones llegaron a acuerdo el Ministerio de Obras Públicas, la empresa constructora y la Coordinación General de Concesiones. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, al director de Vialidad y al director de la Coordinación General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, en relación con los problemas planteados, con copia al gobernador y al alcalde de Cartagena. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LEYDA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO. Oficio. El señor HIDALGO.- Señor Presidente, hace bastante tiempo que vengo solicitando la instalación de una planta de agua potable en Leyda, localidad conocida por todos aparece en las guías de turismo, especialmente por su señoría que es un eximio arquitecto. Dicha localidad tiene más de 150 años y aún no cuenta con agua potable. Todas las respuestas a mis oficios hablan de una inversión entre 550 y 600 millones de pesos que debería hacer el Ministerio de Obras Públicas, ya sea a través del programa de agua potable rural o del programa de agua potable para localidades semiconcentradas. El último oficio que recibí hace un par de días habla de ese monto y de que se está buscando una alternativa para financiarlo. Pero, el sábado pasado, un particular, que vive a sólo tres kilómetros de la localidad, ha ofrecido gustoso y gratuitamente sus pozos para abastecer de agua potable a dicha localidad. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que haga el estudio correspondiente, pues, sin duda, el país ahorrará mucho dinero 550 millones con el ofrecimiento de ese particular. De esa forma, la solución del problema de agua potable de la localidad de Leyda resultará mucho más barata y rápida. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. ACCESO DE POBLADORES DE EL CONVENTO Y LAS SALINAS A PLAYAS DE SANTO DOMINGO. Oficios. El señor HIDALGO.- Por último, los habitantes de las localidades de El Convento y Las Salinas, en la comuna de Santo Domingo, no tienen acceso directo a la playa. Como una forma de reclamar su justo derecho a acceder a la playa, ya sea para divertirse, hacer turismo, recoger el sustento que brinda la orilla del mar o para pescar, hace unas semanas se tomaron el camino principal. Hemos sostenido conversaciones, pero no hemos obtenido soluciones; no sabemos derechamente cuáles serán. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, al director ejecutivo de la Conaf y al director nacional de Bienes Nacionales, con copia al alcalde de Santo Domingo, en fin de que nos informen sobre la solución definitiva a este anhelo de los habitantes de las localidades señaladas. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Vilches, Meza, Rossi, Muñoz y Tuma. APOYO A LA APLICACIÓN DEL ROYALTY EN LA MINERÍA. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, quiero informar que en la región de Atacama, durante los días 1 y 2 de julio, se llevó a efecto un congreso minero organizado por el Consejo Regional de Atacama, dirigido por la intendenta, señora Jasna Provoste. Al encuentro fue invitado el alcalde de la Municipalidad de Diego de Almagro, señor Hernán Páez, como presidente del capítulo del sector minero de la asociación de municipalidades, además de representantes de los consejos regionales, de Arica a Punta Arenas. El tema central fue estudiar la posibilidad de aplicar un royalty a la minería, respecto del cual expresaron su respaldo distinguidos parlamentarios, abogados y dirigentes gremiales, frente a una moción parlamentaria y al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sobre la materia. La adhesión fue singular. Personas que poco conocen de la tradición minera nacional escucharon con sorpresa los antecedentes que aportaron los expositores, cuya conclusión fundamental fue un gran desarrollo de la minería privada desde los años 80 a la fecha, a pesar del cual, de acuerdo con un contrato de invariabilidad tributaria entre las empresas privadas y el Estado chileno, que considera un 17 por ciento de impuesto a la renta impuesto de primera categoría y un 42 por ciento de retiro de capital, que ha permitido, gracias a las ventajas que le entrega al inversionista extranjero la depreciación acelerada y el envío de dividendos al exterior, incluso habiendo pérdidas tributarias, las empresas acogidas al decreto ley Nº 600 no tributan un peso por concepto de impuesto a la renta. Por lo tanto, pido que se oficie a la señora Jasna Provoste a fin de agradecerle la realización del mencionado evento minero y hacerle presente mi apoyo a la aplicación del royalty. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Hidalgo, Rojas, Prieto, Meza, Quintana, Ortiz, Rossi, Muñoz y Navarro. DESPIDO DE TRABAJADORES PESQUEROS EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, quiero referirme a un hecho brutal ocurrido en la Primera Región, demuestra que en nuestro país aún no están desterradas algunas prácticas salvajes que rayan en el matonaje de parte de un grupo de empresarios del sector pesquero. Hoy, trescientos dieciséis trabajadores de Corpesca, empresa perteneciente al grupo Angellini, de la Primera Región, han sido notificados de su despido, debido a una huelga que realizaron durante cinco días todos los sindicatos, tanto de tripulantes como de maquinistas y patrones de pesca, por una muy justa reivindicación: el derecho a un descanso de ocho horas ininterrumpidas después de transcurrido igual tiempo en faenas de altamar y luego de la recalada del buque. Es una de las reivindicaciones más básicas, justas y dignas por las cuales han luchado los trabajadores a lo largo de su historia. Sin embargo, muchos de los que laboran en la pesca, luego de estar entre 12 y 24 horas, o uno o más días en altamar, llegan a puerto y, al cabo de una o dos horas, nuevamente deben zarpar. No tienen tiempo para ver a su familia ni para compartir con sus hijos. El ministro del Interior y el subsecretario del Trabajo firmaron ayer un acuerdo para que el 23 de julio sea promulgado el decreto supremo Nº 214, con sus modificaciones, mediante el cual se garantiza ese derecho, después de muchos años de trabajo por parte de los sindicatos y sus dirigentes. ¿Cuál fue la reacción del empresario Angellini y el gerente general de la empresa? La más violenta, brutal, salvaje, indigna y poco ética que pueden tener un empresario y un ejecutivo, o sea, despedir a trescientos dieciséis trabajadores de Corpesca de un día para otro, dejando a ellos y sus familias virtualmente en la calle. Los diputados señores Muñoz, Aguiló, Navarro y quien habla, estamos dispuestos a viajar al norte. No vamos a aceptar que se atente en contra de los derechos y la dignidad de esos trabajadores. Ese hecho contradice las palabras del señor Felipe Larraín, quien señaló a “El Mercurio” que Chile es uno de los países donde hay más estabilidad y seguridad laboral para los trabajadores en el mundo y que el problema es que hay mucha rigidez laboral, por lo que se requiere mayor flexibilidad. Hago un llamado al señor Angellini a que se abra al diálogo y reconsidere esa medida, porque, no aceptaremos esa forma de violencia. Asimismo, el ministro del Interior manifestó que pondría asesoría jurídica a disposición de los trabajadores para recurrir a todas las instancias legales. Se dice que el concepto de derecha y de izquierda ha desaparecido, porque los rangos en que hoy se debate son más estrechos que antes, pero a veces parece que hace falta una mirada más hacia la izquierda para que haya mayor sensibilidad respecto de los derechos y las aspiraciones de los trabajadores. Por eso, deseo solidarizar a la distancia con los sindicatos de tripulantes, maquinistas y patrones de pesca. Ésta fue una de las razones por las cuales voté en contra de la denominada ley de pesca corta el año pasado, puesto que sabía que no traería más estabilidad, sino que, por el contrario, consagraría la integración vertical y el cierre completo del mercado de la extracción de recursos marinos de cuatro grandes grupos económicos que detentan ese poder en contra de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, solicito que se oficie al respecto, con copia de mi intervención, al Presidente de la República y al ministro del Interior. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Señor diputado, dado que se trata de un tema de la ley de pesca, sugiero que envíe también oficio, con copia de su intervención, al ministro de Economía, de quien depende la Subsecretaría de Pesca, y al ministro del Trabajo. El señor ROSSI.- Señor Presidente, lamentablemente el Ministerio de Economía no ha colaborado todo lo necesario en esta materia. No obstante, acojo su sugerencia. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE CAUTÍN. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos y medio, el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, la semana recién pasada las regiones Novena y Décima sufrieron los embates de la naturaleza con lluvias desenfrenadas y vientos huracanados que llevaron la desdicha, la tristeza y el daño a muchas comunas, sobre todo de la provincia de Cautín. Las defensas fluviales en la región de La Araucanía, en particular, en la provincia de Cautín, fueron construidas por la Dirección de Obras Hidráulicas sobre la base de los registros de precipitaciones de los últimos veinticinco años. Sin embargo, las lluvias de la semana pasada superaron el promedio de los últimos treinta y cinco años. De hecho, se registra un superávit de un 8 por ciento en comparación a las lluvias caídas en la misma época el año pasado. Aún no ha sido posible solucionar los graves daños causados en el campamento Los Alerces, en la población Los Copihues y en el barrio Ultra Estación, de la comuna de Loncoche. Asimismo, se ha visto afectada la zona campesina de Paya y las comunas de Gorbea y Toltén, así como las localidades de Lastarria, Quitratué, Pocoyán, Puralaco. En el caso del distrito que representa el diputado Tuma, se han visto afectadas, entre otras, las comunas de Carahue, Teodoro Schmidt y Pitrufquén. En el caso del diputado Quintana, las comunas de Melipeuco, Vilcún y Lautaro. En el caso del diputado Saffirio, la comuna de Padre Las Casas. También se ha visto afectada la comuna de Villarrica, en el sector de Ñancul y las poblaciones Todos los Santos y Portales. ¡Qué decir de Pucón y de Huife! Allí el puente Millaqueo, que visité en esos días, estaba cediendo por tercera vez en los últimos dos años. Por lo tanto, sin perjuicio de las diligencias que estamos realizando en forma personal, para que tenga más fuerza nuestra petición, solicito, también en nombre de mis colegas diputados señores Eugenio Tuma, Eduardo Saffirio y Jaime Quintana, que se oficie al ministro del Interior a fin de que se declare estado de emergencia en la provincia de Cautín, ya que es la única forma de obtener los recursos necesarios para ir en ayuda no sólo de los albergados y damnificados por este azote de la naturaleza, sino también para superar los daños que ha ocasionado en las defensas fluviales de los ríos Liucura, Trancura, Cholchol, Cautín y Toltén. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Señor diputado, dado que el Presidente de la República viajó a la zona, le sugiero que también se le envíe oficio. El señor MEZA.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con su sugerencia. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia del texto de su intervención y la adhesión de los señores diputados que correspondan. CUESTIONAMIENTO DE FACULTAD FISCALIZADORA DE PARLAMENTARIOS. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Justicia a fin de que nos informe respecto del oficio Nº 829 de la Superintendencia Nacional de Quiebras, que en una desafortunada decisión del superintendente, señor Diego Lira, hace aparecer la fiscalización que he realizado en pos de los oscuros síndicos que agrupan más de doscientas o trescientas quiebras, a través de una manipulación de los diputados de la UDI, como parte de una red de protección de los síndicos, cuando en realidad he intentado saber qué pasa en el fondo con esta asignación increíble. ¿Puede un solo síndico administrar trescientas cincuenta y seis quiebras? Pido que el ministro Bates nos informe por qué dicha superintendencia cuestiona la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, estableciendo relaciones en un oficio que el propio superintendente declara que es secreto y que luego el diputado Ulloa, de la UDI, diga que no lo es. Aquí alguien miente. O miente Diego Lira, que en mi región le dijo a la prensa que era secreto, o el diputado Ulloa, que hoy ha dado a conocer el oficio dentro de sus facultades como diputado de la República. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. ANTECEDENTES SOBRE EXTERNALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE RURAL EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor Pablo Prieto. El señor PRIETO.- Señor Presidente, hace un par de días tomé conocimiento, por informaciones de representantes de comités y cooperativas de agua potable rural de la Séptima Región, de un hecho que les ha causado bastante inquietud, cual es una decisión inconsulta y poco informada de la Dirección de Obras Hidráulicas de esa zona. Con ocasión del programa de agua potable rural, el director regional subrogante ya que el titular se encuentra sumariado, hace más de un mes, por situaciones irregulares, comunicó oficialmente a los miembros de dichas organizaciones comunitarias que la Dirección de Obras Hidráulicas ha externalizado, desde marzo de 2004, las funciones de supervisión y la asesoría comunitaria técnica y administrativacontable de 263 comités y cooperativas de agua potable rural de la región del Maule, encomendando esta labor a la empresa Aguas Nuevo Sur Maule S.A. En mi concepto, la externalización del servicio de supervisión y asesoría, realizada por este organismo público, me parece, a lo menos, poco transparente. De hecho, es cosa de ver que su director está sumariado. Algo raro hay. Los socios de esas organizaciones no entienden y no tienen por qué las consecuencias prácticas y económicas de la decisión de la autoridad; mucho menos, si nadie les comunicó acerca de éstas. Me parece del todo lógico que el director regional subrogante de Obras Hidráulicas, antes de tomar esa decisión, debió, por lo menos, haberla informado adecuadamente a los principales afectados. Me estoy refiriendo a 263 comités de agua potable rural en la región del Maule. Me hubiese gustado contar con la presencia del Presidente de la Cámara para que adhiriera a mi petición, ya que corresponde a un sector rural de su zona, donde nadie tiene conocimiento de las implicancias de esta medida ni de sus costos y objetivos. Por ello, solicito que el director nacional de Obras Hidráulicas me informe sobre lo siguiente: 1.Si la externalización de las funciones de supervisión y administración del programa de agua potable rural de la Séptima Región fue realizada por medio de licitación o trato directo. 2.Si dicha externalización se realizó sólo en la Séptima Región o se está aplicando también a nivel nacional. 3.Costos de la operación, a nivel regional, y copia íntegra del contrato entre las empresa Aguas Nuevo Sur y el Servicio. 4.Objetivos de la externalización. 5.Otros programas estatales que la Dirección de Obras Hidráulicas pretende externalizar. 6.Tipo de control o fiscalización que adoptará la Dirección de Obras Hidráulicas para evaluar los resultados de la externalización del programa de agua potable rural, efectuada por la empresa Aguas Nuevo Sur S.A. 7.Copia de las resoluciones dictadas por la Dirección de Obras Hidráulicas que autorizan la externalización de este servicio y la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Me habría gustado que, especialmente, los diputados de la zona estuvieran presentes en la Sala para adherirse a mi petición, porque estoy hablando de 263 comités. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, a los cuales adhieren los diputados señores Manuel Rojas y Juan Masferrer. INFORMACIÓN SOBRE CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DEL GASTO DE SALUD EN LA SEGUNDA REGIÓN. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero que se envíe un oficio al ministro de Salud para que informe a esta Sala sobre el convenio de reprogramación que firmó el año 2000 la ex ministra de Salud señora Bachelet, en el sentido de orientar el gasto de salud en la Segunda Región y, específicamente, el de la construcción del supuesto hospital del sector norte de Antofagasta. Y digo supuesto, porque, aunque, primero, el Presidente Frei y, después, el Presidente Lagos, señalaron públicamente el día de la inauguración de las obras con la colocación de la primera piedra, aún no se construye dicho centro hospitalario. Pido que el ministro de Salud nos informe acerca de los fondos que su suministro tiene destinado para la construcción de ese centro de atención de urgencia, porque, en el fondo, eso es lo que será el llamado hospital norte de la ciudad de Antofagasta. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. REITERACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA. Oficios. El señor ROJAS.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero plantear un problema que se ha suscitado en el municipio de Antofagasta que quizás ha generado alarma pública, porque hoy se ha analizado, fundamentalmente, en su Corporación Cultural, relacionada con el uso y mala administración de los fondos para becas de hijos. Hace unos días pedí un informe al ministro Bates y, lamentablemente, su respuesta no da cuenta efectiva de lo que se denuncia. Por un lado, el ministro reconoce que hay una cuenta corriente, pero de esta cuenta se están girando cheques sin el respaldo correspondiente y, además, sin indicarse los beneficiarios. Asimismo, dicha Corporación ha pagado programas municipales, en circunstancias de que no le corresponde hacerlo. También está girando cheques a entidades religiosas que no tienen nada que ver con ella. Me preocupa esta situación, porque el ministro de Justicia, en el número 6) de su oficio señala que da por terminada su comunicación “considerando que no existen mayores antecedentes que ameriten seguir investigando”. Hoy, el ex diputado Felipe Valenzuela, en nombre de la Municipalidad de Antofagasta, conjuntamente con el concejal Félix Acori y el alcalde Daniel Adaro, presentaron una querella en relación con este bullado caso. Deseamos esclarecerlo, porque se están afectando personas, incluso diputados, quienes giraron cheques durante la gestión del ex alcalde Pedro Araya Ortiz. Debemos ser transparentes, exhibir claridad, respecto de todo lo que sucede en el mundo político. De lo contrario, surgen las dudas. Pero antes que eso ocurra y antes de emitir una información pública equivocada, solicito al ministro de Justicia que realice una nueva investigación en la Corporación Cultural de Antofagasta, a partir del año 2000 hasta la fecha. Conversé con el contralor regional de Antofagasta y él está dispuesto a asumir una fiscalización; pero por razones obvias, reglamentarias, la Contraloría General de la República no puede fiscalizar a corporaciones privadas. Sí lo puede hacer, en este caso, el Seremi o el ministro de Justicia. Por lo tanto, a ellos les pido la nueva investigación y, sería interesante, que la Contraloría regional coadyuve en esa labor. Por otro lado, así como el ex diputado Felipe Valenzuela ha presentado la referida denuncia, solicito oficiar a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, señora Clara Szczaranski, para que también se haga parte de ésta y se investiguen los hechos en dicha corporación cultural insisto, desde el año 2000 hasta hoy, de manera que aparezcan las verdades, porque hay atisbos de algún grado de corrupción que debe ser esclarecido para bien de toda nuestra ciudad. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. DENUNCIAS EN CONTRA DE LA GESTIÓN DE ALCALDE DE SAN FERNANDO. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, cuando uno se informa, por la prensa, de la grave situación que afecta a la Municipalidad de Valparaíso me refiero exclusivamente a sus deudas, el Gobierno y las autoridades, recién, empiezan a preocuparse de los municipios. Sin embargo, no ha habido el mismo interés en mis denuncias sobre situaciones irregulares mayúsculas en la comuna de San Fernando, Sexta Región, capital de la provincia de Colchagua. A lo mejor, porque es una comuna de 65 mil habitantes y sólo 35 ó 37 mil de ellos son electores. Sin embargo, son ciudadanos que, con el pago de sus impuestos, contribuyen al funcionamiento del municipio. Lamentablemente, el alcalde de esa comuna, José Figueroa, comunista, hace mal uso de esos recursos. ¡Los roban, para ser más claro y preciso! Lo digo en estos términos, señor Presidente, porque, como su señoría es santiaguino, a lo mejor no entiende este lenguaje. ¡Se roban la plata de la gente más modesta de San Fernando! Como consecuencia de oficios que, muchas veces, he solicitado enviar a las autoridades pertinentes he contado para ello con el apoyo de la Presidencia de la Cámara de Diputados, han sido destituidos varios funcionarios de la municipalidad. Al mismo tiempo, la acción dolosa que significa el hecho de que las imposiciones previsionales descontadas a los profesores no enteradas en las administradoras de fondos de pensiones o en el Instituto de Normalización Previsional, sean causa de un grave daño ya que les impide a estos trabajadores, acogerse a jubilación. En lo inmediato los profesores afectados no pueden tener atención de salud, y son muchos los que padecen de alguna enfermedad maligna, por ejemplo cáncer de hecho hay muchos afiliados a la Corporación del Cáncer. Por ello, el contralor regional ha presentado querellas ante los tribunales de justicia de San Fernando. Hemos aprobado medidas para obligar a los empleadores a cotizar los descuentos previsionales en los organismos correspondientes, pero hay autoridades que siguen incurriendo en este grave delito. Mientras tanto, los profesores siguen con juicios en las administradoras de fondos previsionales y en el INP, porque los recursos no llegan y algunos no pueden repito acogerse a jubilación. A los afiliados reitero se les descuentan las cuotas previsionales respectivas, pero como el alcalde se las lleva para su casa, en buen chileno, no pueden hacer uso de este beneficio, y, nosotros, tomamos palco porque las autoridades gubernamentales, tanto a nivel nacional como regional o provincial, no hacen absolutamente nada. En general, la política está desprestigiada porque quienes deben tomar las medidas no lo hacen. El gobierno de la Concertación no ayuda al ciudadano modesto que paga impuestos o el derecho de extracción de la basura, a lo cual todos estamos obligados. Sin embargo, la Municipalidad de San Fernando adeuda varios millones de pesos a la empresa extractora de basura. Advierto que ya no estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos, porque, ahora, las deudas se miden en millones de dólares. No obstante que el contralor regional ha iniciado querellas en contra de la municipalidad hasta hoy nada se sabe ni nada se dice al respecto, pido que se oficie a la Presidenta de Consejo de Defensa del Estado, que cuenta con abogados especializados, con el objeto de que informe a esta Cámara sobre las medidas que se han adoptado para castigar a este malvado por el daño causado a los habitantes de San Fernando. No olvidemos que las municipalidades deben ayudar a las personas modestas, pero ahora éstas son las que pierden con estas acciones indebidas, porque siguen sumidas en la pobreza. El gobierno de la Concertación dice estar preocupado de esa gente, pero no lo veo actuar. Pedí al señor ministro de Educación que citara al directorio de la corporación de educación correspondiente, para que constatara cómo se aumentan los sueldos y pagan indemnizaciones millonarias a personas que después vuelven a contratar, porque tiene facultades para hacerlo. La solicitud tenía por objeto que el ministro sostuviera una conversación cara a cara con los representantes de dicho directorio sobre la comisión de dichas irregularidades. Sin embargo, la reunión aún no se concreta. Por esa razón, la Cámara de Diputados debe conocer la composición del directorio de esa corporación, porque sus miembros son responsables de las irregularidades y sinvergüenzuras cometidas en materia educacional y de salud con menores y con personas que padecen de diabetes. Por disposición del Ministerio de Salud éstos deben ser atendidos en los consultorios municipalizados, pero allí no les practican los exámenes correspondientes ni les entregan los medicamentos que requieren, porque carecen de recursos. He dado a conocer esta grave situación a la autoridad regional correspondiente, pero me ha señalado que no sabe qué hacer, porque no puede actuar en contra del alcalde, a pesar de que sabe que ha cometido sinvergüenzuras. ¡Lo que debe hacerse es destituirlo de una vez por todas! El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. CONFLICTO EN EL INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA. Oficio. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, a la sesión de la Comisión de Salud celebrada ayer concurrieron un funcionario y un médico del Hospital de Neurocirugía, cuyos trabajadores se encuentran en paro debido a las denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas cometidas por su director, doctor Jaime Lavados. Por la gravedad de los hechos denunciados, pedí al Presidente de la Comisión, diputado Fulvio Rossi, que dispusiera el envío inmediato de una comunicación para citar a ella al ministro de Salud, haciendo presente que no importaba la hora en que pudiera concurrir. No obstante, el Presidente de la Comisión me respondió que no tenía atribuciones para hacerlo. Por lo tanto, seguimos escondiendo las cosas, en circunstancias de que la gente se está muriendo porque el Hospital de Neurocirugía es el único que existe en el país en dicha especialidad. Hay ciento veinte operaciones de pacientes con aneurismas que no se han podido llevar a cabo. Sé que eso puede ocurrir, porque mis catorce años como miembro de la Comisión de Salud avalan mi afirmación, ya que un hijo mío sufrió de aneurisma. Felizmente hoy estudia y goza de buena salud gracias a que en esa oportunidad actué con rapidez. Causa mucho dolor que cuatro funcionarios de ese hospital se encuentren en huelga de hambre, pero el ministro del ramo y las autoridades nada hacen. No avalo las acusaciones que se formularon ayer en la Comisión, porque primero hay que investigar lo ocurrido, pero creo que el ministro de salud tiene la obligación de preocuparse de lo que está pasando y concurrir a ese hospital. En las comunas siempre escuchamos a las autoridades señalar que el Gobierno sale a terreno. Por lo tanto, en este caso quiero ver al Presidente Lagos en terreno, con el objeto de que escuche a los trabajadores del Hospital de Neurocirugía y se informe respecto de las irregularidades administrativas que han denunciado; entre ellas, las señala das por el ex subdirector de ese hospital, doctor Pedro Aros. En consecuencia, pido que se oficie al ministro de Salud a fin de evitar que siga muriendo gente de escasos recursos y para que, de una vez por todas, se solucionen los problemas del único hospital con que contamos en la especialidad de neurocirugía. He dicho. Aplausos. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.55 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.