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- rdf:value = " CREACIÓN DE JUZGADOS LABORALES Y DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL. Primer trámite constitucional.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea juzgados laborales y de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica.
Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señora Adriana Muñoz , y de la de Hacienda, el señor Eduardo Saffirio .
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 3368-13, sesión 2ª, en 1º de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informes de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, sesión 14ª, en 13 de julio de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs. 11 y 12, respectivamente.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz .
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que crea juzgados laborales y de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica.
Asistieron a la Comisión el ministrodel Trabajo y Previsión Social, don Ricardo Solari Saavedra ; el subsecretario de Justicia, don Jaime Arellano Quintana ; la subsecretaria de Seguridad Social, doña Macarena Carvallo Silva ; el subsecretario del Trabajo, don Yerko Ljubetic Godoy , y el asesor de esa cartera, don Francisco del Río Correa .
Además de las autoridades de Gobierno mencionadas, en el estudio y discusión de este proyecto participaron el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Chile, un representante de la Corporación de la Producción y del Comercio, un representante del Instituto Libertad y Desarrollo; representantes de los departamentos de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción y de la Pontificia Universidad Católica de Chile; un representante de la Cámara Nacional del Comercio; la abogada integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, señora María Eugenia Montt , y la señora Ana María Arratia , jueza del Segundo Juzgado del Trabajo de San Miguel. Todos ellos hicieron valiosos aportes al trabajo de la Comisión y entregaron notas y memorandos que se encuentran a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados en la Secretaría de la Comisión de Trabajo.
Antecedentes generales.
Uno de los problemas fundamentales que trata de resolver el proyecto, planteado durante la discusión de las reformas laborales, dice relación con las dificultades con que se encuentran los trabajadores para hacer efectivos los derechos que consagra el Código del Trabajo, debido a las severas falencias estructurales que presenta nuestro sistema judicial en materia de cobertura y de posibilidades de que los sectores económicamente más débiles puedan acceder a la justicia.
Por otra parte, se ha tenido presente que, dentro de las iniciativas que han contribuido al diagnóstico y revisión del sistema de justicia en materia procesal penal y de tribunales de familia y tributarios, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social impulsó, en 2002, un amplio debate sobre las bases para la reforma de la administración de justicia en el ámbito laboral, que desembocó en el Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional, en el que participaron sectores académicos y gubernamentales, abogados laboralistas y asesores de empresas, trabajadores y empleadores. Se destacó, además, la participación de jueces y ministros de corte y el apoyo relevante de la OIT, a través de su oficina técnica en nuestro país.
El mensaje considera, también, el diagnóstico que surgió de dicho foro y que se refiere, en primer lugar, a la necesidad de crear más tribunales del trabajo que amplíen la cobertura de administración de la justicia laboral; en segundo lugar, a proveer las capacidades judiciales necesarias que permitan contar con un procedimiento laboral basado en la oralidad del procedimiento y la inmediación del juez, y, en tercer lugar, a separar la cobranza previsional de las causas de fondo, es decir, de aquellas que buscan determinar si se han desconocido los derechos laborales.
El mensaje menciona que en 1970 existían 30 tribunales del trabajo para una fuerza laboral de un millón y medio de trabajadores y trabajadoras. En 1981, el gobierno militar determinó que las causas laborales fueran de competencia de los juzgados civiles, por lo cual se suprimieron los tribunales especializados.
En 1987, ya más que duplicada la fuerza laboral, se repusieron los tribunales laborales, pero en un número mucho menor que el existente al momento de su eliminación. La situación se tornó más crítica, considerando que estos mismos tribunales debían conocer de las causas de cobranza previsionales.
A continuación, me referiré a los fundamentos del proyecto. La iniciativa se enmarca en una serie de esfuerzos por modernizar la justicia laboral, y propone que se lleve a cabo sobre la base de seis conceptos: la especialidad, la concentración, la publicidad, la inmediación del tribunal, la contradicción y la oralidad. Estos principios buscan que la justicia laboral sea accesible a toda la población y que funcione con celeridad, de modo que sea justa, oportuna e imparcial. Se trata de eliminar cualquier distancia entre el juez, el proceso y las partes. El juez debe resolver sobre la base de pruebas y alegatos en un solo acto y no por argumentos ajenos al proceso.
En cuanto a la especialización, ella nace de la complejidad de las relaciones económicas y de las normas que regulan el derecho laboral y la seguridad social, pues exigen ser conocidas por jueces especialmente formados en los principios rectores de esta rama del derecho, que son muy distintos de los criterios que imperan en los derecho comercial y civil. Este último se funda en principios tales como la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, la renunciabilidad de los derechos y la igualdad de las partes. En cambio, el derecho del trabajo busca proteger a la parte más débil de la relación laboral, consagrando la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y restringiendo la libertad contractual, entre otros principios.
Con el derecho de la seguridad social, el Estado busca garantizar a las personas el acceso a la seguridad social, otorgando prestaciones básicas uniformes. Por esta razón, el proyecto pretende establecer una judicatura laboral y previsional especializada en todos aquellos territorios jurisdiccionales en que exista una carga de trabajo que así lo exija.
El segundo fundamento se relaciona con el interés y el esfuerzo por instalar un nuevo diseño organizacional de los tribunales, a fin de maximizar sus recursos y de profesionalizar y descentralizar gestión administrativa, siguiendo el modelo de los nuevos tribunales penales y de familia.
En síntesis, los objetivos del proyecto son dos: aumentar significativamente los jueces del trabajo y profundizar su especialización, y crear una nueva estructura para los tribunales especializados, en consonancia con la reforma de la justicia.
A juicio de la Comisión, debían ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 10, 11 y 15 permanentes, y 1º y 7º transitorios.
Por su parte, fueron calificados como normas orgánicas constitucionales los artículos 1º, 2º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 14 y 15 permanentes, y 2º, 3º, 4º, 5º y 6º transitorios.
El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en sesión del 28 de octubre de 2003, por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes, señores Dittborn , Hernández , Monckeberg , Muñoz, don Pedro ; señora Muñoz , doña Adriana , y señores Navarro , Prieto , Salaberry , Seguel , Tapia y Vilches .
Para mejor comprensión de los colegas, haré una relación detallada de los artículos aprobados por la Comisión.
Artículo 1º. Créase un Juzgado de Letras del Trabajo, con asiento en cada una de las siguientes comunas del territorio de la República, con el número de jueces y con la competencia que en cada caso se indican:
a)Primera Región, de Tarapacá:
Iquique , con un juez, con competencia sobre la misma comuna;
Sometido a votación, fue aprobado por cinco votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.
b)Segunda Región, de Antofagasta:
Antofagasta , con un juez, con competencia sobre las comunas de Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda .
Sometido a votación, fue aprobado por cinco votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.
c)Tercera Región, de Atacama:
Copiapó , con un juez, con competencia sobre las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla.
Sometido a votación, fue aprobado por cinco votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
d)Cuarta Región, de Coquimbo:
La Serena, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Coquimbo, La Serena y La Higuera.
Sometido a votación, fue rechazado, en segunda votación, por cuatro votos en contra, dos a favor y tres abstenciones, luego de haber obtenido tres votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones en la primera votación.
e)Quinta Región, de Valparaíso:
Valparaíso , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Valparaíso, Juan Fernández , Viña del Mar y Concón .
Sometido a votación, fue aprobado por cinco votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.
f)Sexta Región, del Libertador General Bernardo O’Higgins:
Rancagua , con un juez, con competencia sobre las comunas de Rancagua, Graneros , Mostazal , Codegua , Machalí , Coltauco , Doñihue , Coínco y Olivar .
Sometido a votación, fue aprobado por cinco votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
g)Séptima Región, del Maule:
Talca, con un juez, con competencia sobre las comunas de Talca, Pelarco , Río Claro, San Clemente , Maule , Pencahue y San Rafael .
Sometido a votación, fue aprobado, en segunda votación, por cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención, luego de haber obtenido, en la primera votación, dos votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
h)Octava Región, del Biobío:
Chillán , con un juez, con competencia sobre las comunas de Chillán, Pinto , Coihueco y Chillán Viejo ;
Concepción, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Talcahuano.
Sometido a votación, fue aprobado, en segunda votación, por cinco votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, luego de haber obtenido, en la primera votación, cuatro votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
i)Novena Región, de La Araucanía:
Temuco, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Temuco, Vilcún , Melipeuco , Cunco , Freire y Padre Las Casas.
Sometido a votación, fue aprobado, en segunda votación, por cinco votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, luego de haber obtenido, en la primera votación, tres votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
j)Décima Región, de Los Lagos:
Puerto Montt, con un juez, con competencia sobre las comunas de Puerto Montt y Cochamó .
Sometido a votación, fue aprobado, en segunda votación, por cinco votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, luego de haber obtenido, en la primera votación, dos votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.
k)Duodécima Región, de Magallanes y la Antártica Chilena:
Punta Arenas, con un juez, con competencia sobre las comunas de las provincias de Magallanes y Antártica Chilena.
Sometido a votación, fue aprobado por cinco votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
l)Región Metropolitana de Santiago:
Santiago , con diecisiete jueces, agrupados en tres juzgados. El primer y el segundo juzgados, con seis jueces cada uno, y el tercer juzgado, con cinco jueces, con competencia sobre la provincia de Santiago, con excepción de las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , San Miguel , La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, y
San Miguel , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , San Miguel , La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.
Sometido a votación, fue rechazado por cinco votos en contra, dos a favor y dos abstenciones.
Artículo 3º.- Los Juzgados de Letras del Trabajo que se crean en esta ley tendrán la siguiente planta de personal, de acuerdo con el número de jueces que los conformen:
Juzgados con un juez: un juez, un administrador, un administrativo primero, un administrativo segundo, un administrativo tercero, un encargado de sala, un encargado de toma de actas, un encargado de atención de público, un receptor y un auxiliar.
Juzgados con dos jueces: dos jueces, un administrador, un administrativo primero, un administrativo segundo, un administrativo tercero, un encargado de sala, dos encargados de toma de actas, un encargado de atención de público, un receptor y un auxiliar.
Juzgados con cinco jueces: cinco jueces, un administrador, un administrativo primero, dos administrativos segundos, dos administrativos terceros, tres encargados de sala, cinco encargados de toma de actas, dos encargados de atención de público, tres receptores y un auxiliar.
Juzgados con seis jueces: seis jueces, un administrador, un administrativo primero, dos administrativos segundos, dos administrativos terceros, tres encargados de sala, seis encargados de toma de actas, tres encargados de atención de público, tres receptores y dos auxiliares.
Sometido a votación, fue aprobado por la unanimidad de las diputadas y de los diputados presentes.
Artículo 8º.- Créase un Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, con asiento en cada una de las siguientes comunas del territorio de la República, con el número de jueces y con la competencia que en cada caso se indica:
a)Valparaíso, con un juez, con competencia sobre las comunas de Valparaíso, Juan Fernández , Viña del Mar y Concón;
b)Concepción, con un juez, con competencia sobre las comunas de Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz y Chiguayante;
c) San Miguel , con un juez, con competencia sobre las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , San Miguel , La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, y
d)Santiago, con seis jueces, con competencia sobre la provincia de Santiago, con excepción de las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , San Miguel , La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.
Sometido a votación, fue aprobado por la unanimidad de las diputadas y de los diputados.
Artículos e indicaciones rechazados o declarados inadmisibles por la Comisión.
Con ocasión del debate ocurrido en la discusión en particular del proyecto, se rechazaron o se declararon inadmisibles las siguientes indicaciones:
Del Diputado señor Navarro :
Al artículo 1º, letra h), para reemplazar “Concepción, con dos” por “Concepción, con tres”.
Fue declarada inadmisible por el presidente de la Comisión.
Al artículo 1º, letra l), para reemplazar “ Santiago , con diecisiete jueces” por “ Santiago , con dieciséis jueces”.
Sometida a votación, fue rechazada por cuatro votos en contra, uno a favor y dos abstenciones.
Al artículo 1º, letra l), para reemplazar “Primer y Segundo Juzgados con seis jueces” por “Primer y Segundo Juzgados con cinco jueces”.
Sometida a votación, fue rechazada por cuatro votos en contra, uno a favor y dos abstenciones.
Del diputado señor Riveros , al artículo 1º, letra l), inciso final, para agregar “ San Bernardo ”.
Fue declarada inadmisible por el presidente de la Comisión.
Del diputado señor Seguel , para reemplazar “ San Miguel con dos jueces” por “ San Miguel con tres jueces”.
Fue declarada inadmisible por el presidente de la Comisión.
Del diputado señor Navarro , al artículo 3º, para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor: “Juzgados con tres jueces: tres jueces, un administrador, un administrativo primero, un administrativo segundo, un administrativo tercero, un encargado de sala, dos encargados de toma de actas, dos encargados de atención de público, dos receptores y un auxiliar”.
Fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión.
Del diputado señor Navarro , al artículo 8º, para reemplazar en la letra b) “Concepción con un juez” por “Concepción con dos jueces”.
Fue declarada inadmisible por el presidente de la Comisión.
Para reemplazar, en la letra d), la expresión “seis jueces” por “cinco jueces”.
Sometida a votación, fue rechazada por cinco votos en contra, ninguno a favor y dos abstenciones.
Del diputado señor Navarro , al artículo 9º, para agregar “Juzgados hasta con dos jueces”.
Fue declarada inadmisible por el presidente de la Comisión.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Eduardo Saffirio , diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, el proyecto de ley crea juzgados laborales y de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica.
Constancias previas.
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados, por un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, y fue calificada de “simple urgencia”; no hay disposiciones o indicaciones rechazadas, y todas las disposiciones fueron aprobadas por unanimidad.
Asistieron a la Comisión de Hacienda, durante el estudio del proyecto, los señores Ricardo Solari , ministro del Trabajo y Previsión Social; Jaime Arellano , subsecretario de Justicia; la señora Macarena Carvallo , subsecretaria de Seguridad Social; los señores Yerko Ljubetic , subsecretario del Trabajo; Alberto Arenas , subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos; Julio Valladares , asesor de dicha Dirección, y Francisco del Río, asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El propósito de la iniciativa consiste en aumentar la cantidad de juzgados laborales destinando algunos de ellos a cobranza laboral y previsional, modernizándose, de esta manera, la justicia laboral y previsional al dotarla de tribunales especializados.
El informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 1º de octubre de 2003, precisa que se crean 16 juzgados de letras del trabajo, con un total de 35 jueces especializados en materias laborales. Los juzgados de letras del trabajo que se crean tendrán una nueva estructura y organización, por lo cual se suprimen los actuales juzgados de letras del trabajo. Al mismo tiempo, el proyecto crea 4 juzgados de cobranza laboral y previsional, con 9 jueces en total.
Obviamente, se establece la planta de personal para los nuevos juzgados.
El costo máximo fiscal para el primer año, luego de un año de publicada la ley en el Diario Oficial, será de 60 millones 738 mil pesos; para el segundo año, de 5 mil 581 millones de pesos; para el tercer año de 4.968 millones de pesos, y para el cuarto año de 3.114 millones de pesos.
El proyecto de ley propuesto contempla un año de vacancia desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. El gasto correspondiente a este período dice relación con el inicio del proceso de arrendamiento de los inmuebles y de capacitación del personal.
El ítem de costo actual de la judicatura laboral en el cuadro anterior dice relación con los costos de remuneraciones, operación y arriendo en que ya incurren los actuales juzgados del trabajo. Por tanto, dichos recursos serán utilizados para financiar el proyecto.
Reitero, a partir del cuarto año, el sistema tendrá un costo máximo en régimen de 3.114 millones de pesos.
En el debate de la Comisión, el señor Ricardo Solari , ministro del Trabajo, sostuvo que una de las preocupaciones tanto del Gobierno como de diversos sectores que han participado en los análisis de las modificaciones laborales propuestas, se refiere a la posibilidad de que los sectores económicamente más débiles los trabajadores pueden hacer efectivos los derechos que consagra el Código del Trabajo, teniendo en cuenta que nuestro sistema judicial, en general, presentaría problemas estructurales en cuanto a su acceso, oportunidad y cobertura.
Recordó que en la última reforma laboral, el Gobierno se comprometió a impulsar una reforma de la administración de justicia en este ámbito. Así, se dio origen al denominado “Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional”, en el cual se convocó a sectores académicos, gubernamentales, de abogados laboralistas y asesores de empresas, de trabajadores y empleadores, de jueces y ministros de corte. En esa oportunidad, se abordó seriamente la creación de nuevos tribunales, a fin de ampliar su cobertura en el mundo del trabajo.
Mencionó que en el citado foro, además de constatar la necesidad de crear más tribunales del trabajo, se estimó que resulta indispensable separar la cobranza previsional de las causas de fondo, y efectuar una reforma al procedimiento.
Expresó que los tres aspectos aludidos conforman la reforma general a la justicia laboral que impulsa el Gobierno.
Tanto él como el subsecretario de Justicia, señor Jaime Arellano , sostuvieron que esta reforma debe ser mirada en una perspectiva sistémica, porque se ha avanzado muy fuertemente en materia de reforma al sistema de justicia penal, y se va a avanzar muy fuertemente, también, en materia de tribunales de familia, elementos que se complementan con el proyecto.
El diputado señor Escalona , recogiendo el sentir de varios señores diputados entre ellos, los señores Jaramillo y Silva ; en mi caso, mi preocupación por la provincia de Malleco, en la parte norte de la Región de La Araucanía, señaló que le parecía grave que algunas regiones cuenten con justicia especializada en materia laboral y otras no, estimando necesario conocer la opinión del Ministerio de Hacienda sobre el particular.
Una opinión semejante dio el diputado señor Edgardo Riveros en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, el diputado señor Tuma manifestó su preocupación por lo que podía ser la situación en algunas comunas de la provincia de Cautín.
Como respuesta del Ejecutivo, el señor Jaime Arellano planteó que las necesidades son múltiples, pero los recursos, escasos. Al respecto, recordó que el Gobierno estudió el conjunto de la reforma de la justicia en Chile, lo que incluye la reforma procesal penal, la de familia y, ahora, la laboral. Estas tres reformas involucran ingentes recursos, por lo que se está haciendo el máximo esfuerzo, dentro de las limitaciones que impone la administración financiera del Estado.
El señor Alberto Arenas , de la Dirección de Presupuestos, expuso acerca de los antecedentes y metodología utilizada para determinar la creación de los juzgados. Afirmó que se consideraron como variable clave los ingresos efectivos de causas ejecutivas y ordinarias, según los datos proporcionados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para los años 2000 y 2001, respectivamente.
Señaló que la metodología para determinar el establecimiento de un juez se realiza en dos etapas:
Si el número de causas ejecutivas ponderadas es igual o superior a 800, se asigna un juez de cobranza.
Si el número anterior es menor a 800 causas, éstas se adicionan a las causas ordinarias ponderadas; si este resultado es igual o superior a 800, se asignará un juez laboral.
Manifestó que con el fin de determinar el número de jueces requerido por el sistema, se hizo necesaria la definición de un parámetro de carga individual por juez, el cual fue establecido en 800 causas ponderadas anuales.
No obstante, se precisó que donde no exista justicia especializada, los juicios laborales serán vistos por los jueces de letras respectivos. O sea, no habrá indefensión alguna para los trabajadores.
En respuesta a sugerencias formuladas en la Comisión para efectuar innovaciones de fondo en la judicatura, se señaló que la modificación del ámbito de jurisdicción de los tribunales requiere un estudio transversal sobre la materia, puesto que deben tenerse presente los ámbitos de competencia en otras materias, y, también, el que corresponde a las cortes de apelaciones.
Se planteó que no obstante lo anterior, el tema se abordará próximamente, a fin de dar una solución integral. Se agregó que, de cualquier modo, la solución podría alcanzarse mediante un proyecto de ley distinto y separado del actual sobre justicia laboral.
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 10 y 11, y del artículo 7º transitorio. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 2º, 7º y 15 permantentes, y el artículo 1º transitorio.
En relación con la discusión particular del articulado, el Ejecutivo formuló una indicación al artículo 1º para introducir las siguientes modificaciones:
a)Agrégase una nueva letra d) del siguiente tenor, modificándose la numeración correlativa de las letras siguientes:
“d) Cuarta Región, de Coquimbo:
La Serena, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Coquimbo, La Serena y La Higuera ;”
b)Agrégase una nueva letra l) del siguiente tenor:
“l) Región Metropolitana de Santiago:
“Santiago, con diecisiete jueces, agrupados en tres juzgados, el Primero y el Segundo, con seis jueces cada uno y el Tercero, con cinco jueces, con competencia sobre la provincia de Santiago, con excepción de las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , San Miguel , La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo; y
“ San Miguel , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , San Miguel , La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.”
Puesto en votación el artículo 1º con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 2º se suprimen los actuales juzgados de letras del trabajo de Iquique, Antofagasta , La Serena, Valparaíso , Rancagua , Concepción, Punta Arenas, Santiago y San Miguel .
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 3º se señala que los juzgados de letras del trabajo que se crean por el proyecto tendrán la planta de personal que la diputada señora Adriana Muñoz , informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, dio a conocer.
En el artículo 4º se dispone que los jueces y personal directivo de los juzgados de letras del trabajo que se crean por el proyecto, tendrán los grados de la escala de sueldos bases mensuales del Poder Judicial que se indican.
En el artículo 5º se establece que el personal de empleados de los juzgados de letras del trabajo que se crean, tendrán los grados de la escala de sueldos bases mensuales del Personal del Poder Judicial que se señalan.
En el artículo 7º se eliminan los cargos de receptor laboral en los juzgados de letras civiles y de competencia común, con excepción del cargo de receptor laboral en los juzgados de letras en lo civil de Valdivia y Puente Alto.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 8º se crea un juzgado de cobranza laboral y previsional, con asiento en cada una de las comunas detalladas en el informe de la diputada señora Muñoz .
Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 9º se contempla que los juzgados de cobranza laboral y previsional que se crean tendrán la planta de personal que se indica.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 10 se dispone que los jueces y personal directivo de los juzgados de cobranza laboral y previsional que se crean, tendrán los grados de la escala de sueldos bases mensuales del Poder Judicial que se detallan.
Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 11 se establece que el personal de empleados de los juzgados de cobranza laboral y previsional que se crean, tendrá los grados de la escala de sueldos bases mensuales del personal del Poder Judicial que se indican.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 15 se dispone que el proyecto empezará a regir un año después de su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos transitorios.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo primero transitorio se establece que la instalación de los nuevos juzgados de letras del trabajo que señala el artículo 1º, y de los nuevos juzgados de cobranza laboral y previsional, que señala el artículo 8º, se efectuará con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha que señala el artículo 15. Con este objeto, la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá ejercer la atribución a que se refiere el artículo 26 del Código Orgánico de Tribunales y poner a disposición de las respectivas cortes de apelaciones los locales destinados al funcionamiento de esos tribunales.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo séptimo transitorio se establece que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en tramitación, en el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a los presupuestos de los ministerios de Justicia y del Trabajo y Previsión Social.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión de Hacienda, diputados señores Escalona, don Camilo (presidente); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Jaramillo, don Enrique ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Muñoz, don Pedro ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José ; Saffirio, don Eduardo ; Silva, don Exequiel ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Por último, tal como dijo el ministro del Trabajo en la Comisión de Hacienda, ésta es una de las reformas más importantes a la jurisdicción laboral. Con ella se cumple un compromiso de los gobiernos de la Concertación para con los trabajadores y, sobre todo, avanzamos en cuanto a la cabal aplicación de la ley y a la entrega de justicia para cada trabajador. Más que discutir cambios normativos de fondo a la legislación laboral, se trata de que tanto los órganos del Estado que fiscalizan como los tribunales de justicia estén disponibles para proteger los derechos de los trabajadores.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Informo sobre la distribución de los tiempos. Conforme a lo acordado por los Comités, la Unión Demócrata Independiente dispone de 36 minutos; la Democracia Cristiana, de 24 minutos; Renovación Nacional y el Partido por la Democracia, de 21 minutos; y los partidos Socialista y Radical Social Demócrata, de 18 minutos.
Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, como dijeron en sus informes, tanto la diputada Adriana Muñoz como el diputado Eduardo Saffirio , en nombre de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda, respectivamente, este proyecto de ley, que crea juzgados laborales y de cobranza laboral y previsional, se inserta en el ámbito de otras modificaciones legales en esta materia. Actualmente se encuentran en discusión el sistema de cobranza previsional morosa y el nuevo procedimiento laboral.
Todo parte de un hecho claro: la adecuación de las normas de fondo tiene escasa significación si no existe un procedimiento judicial idóneo, moderno y suficiente. Por ejemplo, una queja constante es la demora de los juicios laborales, lo que tiene incidencia directa con el resguardo de los derechos de los trabajadores. Ciertamente, para el trabajador que recurre a los tribunales en demanda de la protección de un derecho que le ha sido vulnerado despido, por ejemplo, la prolongación del juicio lo perjudica enormemente, por demora en percibir sus justas indemnizaciones. Por ello, ese aforismo, tantas veces reiterado, pero que refleja precariedad, “más vale un mal arreglo que un buen juicio”, es una distorsión de lo que debiera ser una justicia idónea. Es un dicho que deja de manifiesto algo que no debiera ocurrir nunca, porque lo lógico es que quien demande y actúe ante los tribunales de justicia pueda lograr justo e inmediato remedio a su problema.
Por eso, la creación de estos tribunales laborales y de cobranza previsional obedece a los principios que inspiran las modificaciones de procedimiento que se efectúan en estos ámbitos: la especialidad, la concentración, la publicidad, la inmediación del juez y, por cierto, la oralidad.
De todos estos principios, el de especialidad me parece importante por lo que ha sido la historia de la judicatura laboral durante los últimos treinta años. Debemos recordar que en los años ‘70 existían treinta tribunales laborales especializados para un millón y medio de trabajadores. Por eso, junto con el diputado Rodolfo Seguel y la diputada Adriana Muñoz pusimos este tema en el centro del debate, que, por lo demás, se encuentra explicitado suficientemente en el mensaje. Ahora, habiéndose más que duplicado el cuadro laboral, tenemos menos tribunales especializados que los que existían en esa década.
En este contexto ya me referiré al hecho de que subsisten algunos vacíos, con la creación de 44 nuevos tribunales 35 laborales y 9 de cobranza, hay un aumento real de 75 por ciento en la judicatura laboral. En verdad, habría que hablar de jueces y no de tribunales, porque la mejor utilización de la infraestructura permite que en un mismo tribunal pueda trabajar más de un juez.
Debo hacer notar, también, que el principio de la especialidad está en íntima relación con este aspecto, toda vez que, cuando en 1981 se eliminó la competencia de los tribunales laborales, esta materia se entregó a la competencia común, a los juzgados de letras. Esta competencia, muchas veces especializada en lo civil, se aparta absolutamente de la especialidad en materia laboral. Este aspecto se encuentra señalado en el informe y quiero rescatarlo porque es muy central.
El derecho civil se funda en los principios de la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, la renunciabilidad de los derechos y la igualdad de las partes. El derecho laboral, en tanto, tiene un claro carácter tutelar sobre la parte más débil de la relación laboral, lo que determina la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y una fuerte restricción a la libertad contractual, entre otros principios propios y distintivos. De manera que, cuando en 1981 el gobierno de la época termina con los tribunales laborales y sitúa todas estas materias en la competencia común, uno de los aspectos que más se resiente es la especialidad que deben tener los jueces dedicados al tema laboral, en que los principios y la sustantividad establecida deben ser considerados permanentemente para resolver las controversias que se presenten en este ámbito. Eso fue tan claro que, a poco andar, en 1987, debieron restituirse los tribunales laborales, claro está en un número realmente precario, situación que, a través de este proyecto, se subsana, a mi juicio, en parte.
Por intermedio de su señoría, quiero pedir al ministro del Trabajo que revise el cálculo actuarial que ha determinado la prioridad de la creación de los tribunales. Lo hago aprovechando la presencia del ministro de Justicia, porque ambas carteras tienen que ver con esta materia. Por ejemplo, concretamente en el sector sur de la Región Metropolitana, hay comunas densamente pobladas como seguramente ocurre en otras regiones, que, a mi entender, requieren de una revisión del cálculo actuarial que se ha hecho. Esto es muy importante para lograr el objetivo final del proyecto, que, si bien debiera contener gradualidad en cuanto a la creación de nuevos tribunales, no por ello debe dejar de considerar, en la primera etapa, las situaciones más sustanciales en materia de número de causas, de población, de trabajadores y de empresas que, potencialmente, van a requerir de una solución de controversias a través de tribunales idóneos.
Otro aspecto se refiere a las cobranzas por mora previsional. Esto es esencial, porque el sistema de capitalización individual actual establece, para los empleadores, la obligación de retener las cotizaciones de los trabajadores es su responsabilidad y de enterarlas todos los meses en las administradoras de fondos de pensiones.
Ese tema lo hemos discutido en profundidad, precisamente con ocasión del nuevo procedimiento de cobranza; pero también aquí se requiere de tribunales especializados y dedicados únicamente a esa labor, porque la densidad del fondo de pensiones de cada trabajador depende de la totalidad de sus cotizaciones enteradas, y si un empleador se encuentra moroso en su responsabilidad de enterar lo que descontó al trabajador, aparece del todo necesario que tengamos no sólo un sistema expedito, sino también jueces de dedicación exclusiva en estas materias. Con eso descomprimiremos, además, lo referente al ámbito propiamente laboral, porque hoy está demostrado que el 80 por ciento de las causas que deben conocer los tribunales dedicados a materias laborales son de cobranza. Los jueces, aunque tal vez no deban dedicar el mismo tiempo a esas cobranzas, aunque siempre uno importante, verán descargado su trabajo en la medida en que contemos con tribunales especializados para ello.
Anuncio que la bancada del Partido Demócrata Cristiano votará favorablemente este proyecto, con la prevención de que se debe recalcular la densidad poblacional en algunas regiones para tenerla presente en la creación de nuevos jueces con dedicación exclusiva en los temas laboral y de cobranza.
En todo caso, éste es un avance significativo en relación con la situación existente durante los últimos treinta años en materias de procedimiento y de jurisdicción en aspectos tan importantes para la convivencia de un país, como son las adecuadas relaciones laborales y un buen sistema de solución de las controversias que se planteen.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, estudiar un proyecto que crea nuevos tribunales de justicia, o que amplía el número de jueces con competencia laboral, siempre tiene que ser motivo de aprobación y de celebración; pero, en este caso, inevitablemente, quiero expresar una preocupación y dejarla sentada en esta Sala con un fin absolutamente constructivo, de manera que se produzca una reflexión mayor sobre el proyecto en el Senado.
Hoy, efectivamente, nuestros tribunales, especialmente en materia laboral como lo están en materia civil están atochados. El promedio de tramitación de las causas supera los dos años. Por tanto, la primera pregunta que uno debe hacerse es por qué se produce ese retraso en las causas, que, por lo demás, afecta al trabajador que muchas veces no demanda debido a la incertidumbre que significa enfrentar un juicio de tres años. Este hecho lo lleva a aceptar un avenimiento, incluso poco favorable, porque prefiere eso a los tres años de tramitación.
Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Es el procedimiento? No tengo claro que sea eso. Hoy, teóricamente, según el Código del Trabajo, para fallar, son 59 días. Es decir, si se cumplieran todos los plazos, dentro de ese lapso debería haber una sentencia de primera instancia.
¿Es la falta de un ágil procedimiento para el recurso de apelación? Probablemente sí, porque aun cuando un juicio se demora y el fallo de primera instancia puede salir en seis meses, la apelación antes de un año no sale. Por tanto, debemos ver qué pasa en segunda instancia.
¿Cómo explicar que, pese a que existen los plazos y el procedimiento adecuado, las causas se demoren? Probablemente, los jueces no tengan el tiempo suficiente para sustanciar todas las causas.
Entonces, la solución es crear nuevos tribunales.
Pero resulta que hoy, la Cámara está conociendo dos proyectos. Uno es éste, que, por supuesto, va en la línea correcta al crear los tribunales laborales; pero, simultáneamente, señor ministro por su intermedio, señor Presidente, estamos revolucionando el procedimiento laboral. Primero, porque los juicios serán orales, y, segundo, se establecen artículos tan tajantes como decir, por ejemplo, que los jueces tendrán que tomar, personalmente, todo el comparendo de prueba y que éste no se puede interrumpir ni siquiera un minuto. Esto implica que el tiempo de los jueces será totalmente distinto del de hoy día. Por eso me sorprenden los parámetros que emplea el Ministerio de Justicia cuando dice, por ejemplo, que en los procedimientos orales laborales se va a ocupar el 50 por ciento más del tiempo del que los jueces ocupan hoy día. Creo que no es el 50 por ciento: es más del doble.
Vuelvo a insistir: el nuevo procedimiento laboral que se va a implementar y cuyo proyecto se está tramitando en la Comisión de Trabajo, obliga al juez a estar durante toda la audiencia, la cual no puede denegar bajo ninguna causal ni se puede interrumpir.
Este proyecto no es nuevo: fue tomado de la legislación española. En España funciona a la perfección, porque en cosa de meses tienen un fallo de primera instancia y en otros meses más el fallo de segunda instancia; pero miren, ¡qué distinta es la realidad española de la chilena! En España, para una población cercana a los 60 millones de habitantes, existen 330 juzgados laborales. En Chile, si quisiéramos acercarnos a la realidad española, deberíamos tener una cantidad cercana a los 100 nuevos tribunales, y no llegamos ni siquiera a la mitad.
Esto me preocupa, porque todos en la Cámara compartimos el objetivo del proyecto: darle un procedimiento y una justicia al trabajador para que haga valer sus derechos. Pero resulta que aquí estamos cambiando el procedimiento. Le estamos diciendo al juez que tendrá que tomar todas las audiencias, pero no le estamos creando los tribunales necesarios. Sé que Chile es un país pobre y, a lo mejor, no tenemos recursos para todos los tribunales que quisiéramos. Pero, entonces, no propongamos un procedimiento que va a producir más atochamiento. Piensen ustedes que el procedimiento laboral actual es más corto de 59 días respecto del nuevo que se está proponiendo, que es de 65 días. Entonces, si no creamos los tribunales, va a pasar lo mismo que hoy. El problema no está en los plazos, sino en que los jueces tienen que ser capaces de cumplir el tiempo sobre la base de la demanda de trabajo. Entonces, el Gobierno ya optó por un camino que es lógico, pues no es posible seguir adelante sin crear más tribunales. De lo contrario, estaríamos creándoles una ilusión a los trabajadores al no poder llevarse esto a la práctica quedando muy desprotegidos.
Cuando dictamos la reforma procesal penal y el ministro de Justicia lo sabe, lo hicimos con la idea de tener nuevos tribunales. Probablemente, si lo hubiésemos propuesto con la certeza de que no hay plata para nuevos tribunales, nadie la habría aprobado porque estaría dejando al trabajador en la indefensión total. Bueno, en materia laboral está pasando eso. Tenemos un gran procedimiento en carpeta, pero no los tribunales suficientes. De manera que solicito reflexionar a fondo al respecto. Si vamos a seguir con el nuevo procedimiento laboral, el ministro de Hacienda tiene que ser capaz de echarse la mano al bolsillo para autorizar la creación de estos nuevos tribunales. De lo contrario, sería más prudente no poner en vigencia el nuevo procedimiento hasta que no exista el número suficiente de tribunales.
Termino diciendo que si bien podemos crear nuevos tribunales y cambiar el procedimiento, también debemos pensar en agilizar las apelaciones, de modo que demoren menos que ahora. Tenemos que hacer una reingeniería en las cortes porque no puede ser que siga lo que está ocurriendo hoy. De manera que si queremos conformar un procedimiento de verdad y proteger al trabajador, debemos hacer tres cosas: crear más tribunales, agilizar el procedimiento, como se está haciendo, y revisar el recurso de apelación.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, éste debería ser un día de fiesta para los trabajadores y para los parlamentarios que hemos estado planteando durante tanto tiempo la necesidad de modificar las condiciones de acceso a la justicia laboral por parte de los trabajadores.
He participado en muchas legislaciones en favor de los trabajadores, en cada una de las cuales planteé que casi no tiene sentido darles derechos laborales si éstos no pueden ser debidamente cautelados. No lo son cuando el empleador incumple sus normas contractuales: el pago de remuneraciones, de horas extraordinarias, de vacaciones, o echa a un trabajador que labora en el campo, después de diez años, sin indemnización y, prácticamente, con las manos en los bolsillos.
En esas condiciones, al trabajador no le queda más que acercarse a la Inspección del Trabajo. Todos sabemos que ésta carece de facultades para ayudar en esos casos, salvo llamar al empleador para preguntarle si reconoce el pago. Si no lo hace, obligamos al trabajador a ir a los tribunales de letras, donde debe ser representado por un abogado. ¿Qué abogado? El de la corporación de asistencia judicial respectiva. Requerido éste, no está, porque debe atender muchísimas causas y no tiene tiempo para preocuparse de la de ese urgido trabajador, que no tiene plata ni siquiera para alimentar a su familia o para locomoción, a fin trasladarse de una comuna a otra, pues no ha recibido remuneraciones en tres o cuatro meses, indemnización ni el pago de sus vacaciones. Entonces, ¿qué oportunidad tiene el trabajador de exigir de parte de la justicia el cumplimiento de sus derechos? Ninguna.
El proyecto avanza en la dirección correcta en cuanto establece tribunales especializados y agiliza los procedimientos. Pero no me satisface del todo, porque no da la cobertura a nivel nacional. Sólo en catorce comunas se instalarán tribunales laborales. De ellas, 87 tendrán cobertura o competencia para atender, incluidas las 14; pero quedarán 255 comunas sin poder ser atendidas por tribunales especializados.
Entonces, ¿qué explicación les doy a los trabajadores no sólo de mi distrito, sino de la mayoría del territorio nacional que queda sin esa cobertura?
Tal vez, me dirán que eso no tiene importancia, que lo relevante es que se hayan agilizado los procedimientos y que ahora los tribunales de letras tendrán menos carga de trabajo, de manera que éstos les atenderán su tema. Bueno, si es así, ¿para qué estamos creando los tribunales especializados?
La creación de los tribunales laborales es para acercar la justicia laboral a los trabajadores. Si es así, ¿por qué no acercamos la justicia laboral a los trabajadores de todo el territorio nacional?
Ocurre que aquí se definió un criterio. Cuando los recursos son escasos y el país no está en condiciones de colocar tribunales laborales ni competencia para todos los sectores, comunas y regiones, se decide por los lugares con más concentración poblacional, petición o número de causas.
Hay mayor número de causas donde se genera mayor concentración industrial. Pero los trabajadores que viven en regiones apartadas y que tal vez no están sindicalizados, o bien que son de zonas donde no hay un gran número de empresas, también tienen derechos laborales. ¿Qué pasa cuando un empleador se burla de los derechos laborales de los trabajadores? ¿A quién se recurre?
En mi opinión, si no tenemos los recursos, la voluntad del Ejecutivo debería ir, al menos, en dos direcciones: en primer lugar, fijar un plazo de uno, dos o tres años para evaluar la posibilidad de crear tribunales laborales con competencia en aquellas comunas donde no existen, y, en segundo lugar, fortalecer a las corporaciones de asistencia judicial en aquellos lugares donde no hay tribunales laborales, con el objeto de que los trabajadores puedan ser mejor asesorados y defendidos.
Desde ese punto de vista, me reservo el derecho de emitir un pronunciamiento respecto de esta iniciativa, dependiendo del compromiso que contraiga el Ejecutivo en una de estas direcciones.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor SOLARI (ministro del Trabajo).-
Señor Presidente, quiero reiterar algunos conceptos vertidos por la diputada señora Adriana Muñoz al entregar el informe de la Comisión de Trabajo sobre la materia.
En primer lugar, este proyecto forma parte de una trilogía de iniciativas que significan una reforma muy profunda, diría de alcances históricos, a la justicia del trabajo en Chile. Estamos creando un procedimiento de cobranza previsional, uno ordinario de trabajo y nuevos tribunales.
Esta idea no nació, pura y simplemente, del discernimiento del Ejecutivo, sino que representa el resultado de un trabajo mancomunado del gobierno con jueces, abogados, facultades de derecho de las universidades el Colegio de Abogados y las agrupaciones de abogados laboralistas; es decir, con el conjunto de especialistas que siguen habitualmente estos temas. O sea, se trata de una reforma profunda que, a su vez, es parte de otra de mayor significación, que se inició durante el gobierno del Presidente Frei, que dice relación con los procedimientos y cobertura de la justicia en nuestro país.
Este grupo de expertos llegó a la conclusión de que, en Chile, los tribunales son insuficientes; que los procedimientos existentes son extremadamente alargados, que hay gran atochamiento en los tribunales por los juicios de cobranza previsional, que es necesario atacar integralmente dicha situación, y que esto no es asunto de mejorar el número de tribunales o de hacer cambios en los procedimientos, sino que hay que atacar en forma integral la deficiencia de la justicia laboral, que, en la práctica, significaba la denegación de derechos consagrados en los códigos para los trabajadores y empleadores.
Desde ese punto de vista, esta reforma debía adquirir una profundidad histórica. Y eso es lo que, en colaboración con el Congreso Nacional, particularmente con la Cámara de Diputados, hemos puesto en marcha este año.
En 2002, en esta Sala tomamos el compromiso de reformar el Código del Trabajo, y lo estamos cumpliendo, ahora, al iniciar la reforma del procedimiento de cobranza previsional, aprobada en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Trabajo del Senado, proyecto cuya transformación en ley de la República es inminente.
En segundo lugar, tengo muchas razones para coincidir con lo expresado por los diputados señores Riveros y Tuma , quienes han manifestado una profunda preocupación por que todos los chilenos tengan igualdad de acceso a esta reforma, calificada por ambos parlamentarios como tremendamente importante.
Sostuve que esta reforma no es algo aislado, pues tiene que ver con otros cambios en la justicia chilena. Se está creando un número muy importante de tribunales de familia, para lo cual se nombran alrededor de 250 jueces, lo que significará liberar a los tribunales ordinarios de parte importante de su carga.
Otro ejemplo es la toma de conocimiento de las posesiones efectivas por el Servicio de Registro Civil, tema que también presionaba fuertemente a los actuales tribunales ordinarios de justicia. También es importante el hecho de que una parte importante de los juicios por cobranza previsional salgan del conocimiento del tribunal laboral.
Obviamente, nos preocupa que no esté cubierto todo el territorio nacional con tribunales especializados en asuntos laborales.
Cualquiera que haya leído el proyecto entiende que su objeto es establecer un procedimiento de justicia laboral de carácter ejecutivo, a fin de que los tribunales ordinarios que se encarguen de estas materias las aborden de un modo más expedito. En ese sentido, discrepo con lo planteado por el diputado Nicolás Monckeberg .
La iniciativa plantea un cambio radical, pues aproximadamente el 80 por ciento de las actuales causas laborales, cuatro de cada cinco, serán vistas con procedimientos ejecutivos, lo que las agilizará de manera significativa.
Los diputados Edgardo Riveros y Eugenio Tuma formularon reflexiones que me parecen valiosas.
Es evidente que el grado de especialización que tenga un tribunal le asigna un conocimiento y un valor mucho mayor que el de un tribunal ordinario.
En segundo lugar, hay que reflexionar sobre el progreso de la calidad de los procedimientos.
Una serie de causas no son alegadas ante los tribunales, porque los trabajadores no recurren a ellos debido a que no tienen certeza de que serán tramitadas. Sin embargo, a futuro, cuando rija esta ley en tramitación, aumentará su demanda.
Nuestro país tiene una gran limitación de recursos públicos, pero cuando se materialice la primera etapa del proyecto, estaremos en presencia de la mayor reforma de nuestra historia en materia de creación de tribunales laborales especializados, pues se incrementan en 75 por ciento. Además, es muy importante la creación de tribunales especializados en cobranza previsional.
Con lo anterior, recuperaremos lo que, desafortunadamente, el gobierno militar interrumpió cuando puso fin a los tribunales laborales especializados, por cuanto contaremos con espacios apropiados en la judicatura para tratar estos temas.
El compromiso y la obligación que adquirimos fue llevar a cabo una evaluación del funcionamiento de los nuevos tribunales, para luego dotar al resto del país de una cobertura de tribunales especializados. Creemos que es posible hacer una evaluación completa en un plazo no superior a tres años, contado desde el momento de la aprobación de la ley, que incluirá el entrenamiento del personal, la construcción de la infraestructura y lo que ocurre con las causas ingresadas.
Para nosotros, éste es un primer paso, pero muy importante. Queremos decirles a los trabajadores que este proceso ya se inició; que está próximo el momento en que contaremos con una justicia de calidad, moderna, eficiente, en la que sus derechos estarán completamente garantizados, y que fortaleceremos la capacidad de las corporaciones de asistencia judicial, para que los trabajadores que no tengan dinero para contratar un abogado reciban la asistencia y el apoyo legal que requieran.
Considero muy legítimas algunas de las inquietudes aquí planteadas.
El diputado señor Edgardo Riveros efectuó un cálculo muy ajustado de los parámetros que nos han permitido determinar el número de tribunales.
Por su parte, el diputado Eugenio Tuma manifestó su especial preocupación por que las zonas rurales, en especial las que tienen una gran dispersión geográfica, puedan tener una atención de justicia laboral de primera calidad.
Al respecto, quiero recordar que esta es la primera etapa de un proceso integral, el cual, tal como ocurrió con la reforma de procedimiento penal, no partirá inmediatamente en todo Chile, sino en algunas regiones. Ello permitirá dar una base sólida a este gran cambio que requiere la justicia.
He dicho.
Aplausos.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Felipe Salaberry .
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, las palabras del ministro del Trabajo ahorran gran parte de mi intervención.
En primer lugar, quiero señalar que nuestra bancada va a votar favorablemente el proyecto.
En segundo término, como lo planteó el señor ministro, el proyecto que crea nuevos tribunales especializados en materia laboral y los nuevos tribunales de cobranza previsional es parte de un conjunto de proyectos de ley: el de cobranza, que fue despachado por la Cámara de Diputados y, el de procedimiento, que discute la Comisión de Trabajo en este momento. Tal vez, podamos tener aprensiones respecto de algunas partes del procedimiento, las que serán discutidas en su mérito en la Sala.
En tercer lugar, quiero hacerme cargo de algunas aprensiones de los diputados Riveros y Tuma , de la Concertación, respecto del proyecto, las que no se condicen con lo que se informa y argumenta en la Comisión de Trabajo.
Por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República la generación de recursos para crear estos tribunales, el Gobierno nos plantea que, de acuerdo con sus parámetros, tanto actuariales, es decir, las causas que se ven actualmente en materia laboral, y de cobranza previsional, los recursos con que cuenta el Estado para una reforma de estas características harían posible sólo la creación de ese número de tribunales.
Los diputados de la Alianza por Chile, señor Monckeberg y quien habla, pedimos insistentemente al Ejecutivo, a propósito del proyecto de procedimiento laboral, un análisis respecto de la legislación comparada, dado que este procedimiento dice relación con lo que ha hecho España en el último tiempo. Es decir, dada la cantidad de causas anuales cuántos juzgados deberíamos tener para lograr una relación de equilibrio como la adoptada por la judicatura española sobre la materia. Hasta hoy, no conocemos ese análisis comparado. Sí conocimos un cálculo actuarial respecto del número de causas que hoy llevan los tribunales chilenos, y que, a juicio del Ejecutivo, amerita la creación de estos tribunales, y que en los casos de los tribunales de competencia común o de doble competencia, no se producirían atochamientos, dadas la especialización y la cercanía del juez con la causa respectiva. Sin embargo, el diputado Riveros , según recuerdo, pidió un cálculo actuarial que determine si es razonable el número de tribunales que se crean.
Las palabras del ministro dan cuenta de que, como en la reforma procesal, hemos debido posponer la puesta en marcha de este sistema en algunas regiones. Me imagino que también se va a requerir un análisis para saber si con estos dieciséis juzgados que se crean y con los treinta y cinco nuevos cargos de jueces que se establecen será posible atender la demanda y lograr una mejor y más eficiente justicia laboral.
Quiero llamar la atención sobre lo que señalan los dos informes que hemos tenido a la vista, de las comisiones de Trabajo y de Hacienda, en cuanto a que parlamentarios de la Concertación rechazaron la creación de nuevos tribunales en las regiones Cuarta y Metropolitana . Según entiendo, la indicación repuesta por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda debiera votarse en la Sala.
Llamo a votar favorablemente la creación de estos tribunales en todo el país, a fin de que todos los chilenos tengan un mejor acceso a la justicia laboral.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz .
El señor MUÑOZ (don Pedro).-
Señor Presidente, es bueno preguntarse por qué estamos discutiendo un proyecto que crea nuevos tribunales laborales y de cobranza previsional. Para responder eso, debemos recurrir a la memoria histórica.
En 1978, cuando no existía Congreso, el gobierno militar dictó un nuevo plan laboral que modificó todos los procedimientos y las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. No contento con eso, además de destruir las organizaciones sindicales y perseguir a sus dirigentes, en 1981 eliminó los treinta tribunales laborales que habían en 1970 y dio competencia laboral a los juzgados de jurisdicción común.
Sin embargo, dados los problemas que esto originó en el mundo del trabajo, en 1987 se repusieron los tribunales laborales, pero en número bastante inferior a los existentes en 1970. Es así como en la actualidad hay veinte juzgados del trabajo, diez menos que en 1970, a pesar de que la fuerza laboral de nuestro país se ha duplicado.
Es evidente que la finalidad del proyecto es reivindicar el planteamiento de los trabajadores de cómo proteger sus derechos frente a la inequidad laboral que existe en nuestro país.
Por eso, los socialistas vamos a aprobar el proyecto.
Sin embargo, quiero sumarme a lo señalado por algunos diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, respecto a que el número de juzgados que se crea es insuficiente. Así lo han dicho también el ministro del Trabajo y la Corte Suprema. A nuestro juicio, debiera haber una segunda instancia, con tribunales especiales, ya sean cortes laborales, como las que había en 1970, o salas especializadas, con ministros especializados, para ver las causas laborales.
En 2001, cuando presidía la Comisión de Trabajo el diputado Aníbal Pérez , junto a él y a la diputada señora Adriana Muñoz , fuimos a visitar al presidente de la Corte Suprema de esa época, ministro Hernán Álvarez . En esa oportunidad, le pedimos su respaldo a la creación de más tribunales laborales y de cobranza previsional, así como a un cambio que estimábamos urgente y necesario en el procedimiento laboral.
Felizmente, el Gobierno se hizo eco de esa aspiración y ha enviado una trilogía de proyectos, como los ha llamado el ministro del Trabajo. Uno que dice relación con la creación de tribunales laborales y de cobranza previsional; otro que establece un nuevo procedimiento para las cobranzas previsionales, y por último, el que crea un nuevo procedimiento laboral, que modificará y agilizará los juicios laborales, que se demoran tanto en nuestro país. En algunas regiones, la celeridad de estos procesos es distinta de la del centro del país.
El proyecto apunta en la dirección correcta al crear nuevos tribunales y modificar el procedimiento laboral para que los trabajadores, que son la parte más débil en la relación laboral empresariostrabajadores, puedan ver que sus derechos están debidamente cautelados.
Reitero que la bancada del Partido Socialista apoyará el proyecto, así como lo ha hecho con las reformas laborales de 1991, de 1998 y de 2000, producto de los cambios brutales que sufrió la legislación laboral a partir de 1978.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel .
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, agradezco al diputado Salaberry por invitarnos a votar a favor el proyecto del Gobierno y recordarnos cómo hacerlo. Se lo agradezco infinitamente. Dudo que a alguien se le haya olvidado, pero siempre es importante tener buenos amigos enfrente que le recuerden a uno estas cosas. Además, agradezco sus expresiones respecto de los tres proyectos presentados por el Gobierno.
Estoy gratamente sorprendido por la actitud de la UDI de votar favorablemente estas iniciativas y de su voluntad de colaborar en materias laborales enviadas por el Gobierno, como cobranzas previsionales, nuevos juzgados y el nuevo sistema procesal oral para el mundo del trabajo.
Eso significa, señor ministro, que soplarán buenos vientos para los tres proyectos que usted ha enviado en nombre del Gobierno, con la debida colaboración que el diputado Salaberry siempre ha prestado en la Comisión. Eso hay que reconocerlo.
Como creo que la iniciativa se aprobará en forma unánime, es necesario decir que, si bien es cierto lo planteado por el señor Tuma y otros diputados, en cuanto a que los tribunales propuestos son pocos, no es menos cierto que en la actualidad no los hay. Estamos tomando la mala costumbre de reclamar fuertemente cuando se crean nuevas instancias, como los tribunales laborales, y de criticarlos porque son muy pocos. Efectivamente, para algunos pueden ser muy pocos, pero cuando no hay nada, es mucho.
El ministro, en nombre del Gobierno, se ha comprometido, ante una petición de un grupo de parlamentarios, a dar una revisión al sistema en tres años más. Eso quiere decir que el ministro también está seguro de que seguiremos siendo Gobierno. Si hubiese que sacar jueces de algunos lugares o aumentarlos en otros, de acuerdo con los estudios que se realicen a lo largo del país, el próximo Gobierno de la Concertación tendrá que solucionar ese problema.
En el debate habido en la Comisión Investigadora sobre el cumplimiento de las reformas laborales, una de las críticas más fuertes que hacen los dirigentes sindicales de todo el espectro nacional es la falta de agilidad en la justicia laboral. En esto concordará conmigo el diputado señor Julio Dittborn , quien ha asistido prácticamente a todas las sesiones y ha sido testigo de las críticas de los trabajadores al sistema.
Un trabajador y dirigente del interior de Copiapó dijo que se demoraba tres o cuatro horas en llegar desde su casa a su lugar de trabajo, en la cordillera, a 4.500 metros de altura. Trabaja en un sistema laboral de diez por cinco, es decir, diez días de trabajo por cinco de descanso, con un horario de 12 horas diarias. Le pregunté cuánto le pagaban por horas extras. Me dijo que cero y consultó dónde podía reclamar por las injusticias que ocurren en el mundo laboral.
Todo lo que hemos conocido se soluciona en parte con la creación de estos nuevos juzgados. Pocos, sí. Muchos, sí, porque no teníamos.
El debate ha sido serio y lo que planteó el diputado Salaberry nos tranquiliza y nos augura que habrá un buen final para la creación de los nuevos tribunales, del nuevo sistema procesal y del tema de las cobranzas previsionales, que es un mina de oro para el mundo del trabajo. Las reformas de 2001 lo comenté con el ministro y otras autoridades son pequeñísimas al lado del contenido profundo de estos tres proyectos. Por eso, he notado una real y efectiva preocupación de todos los parlamentarios que integramos la Comisión, pues nadie se mueve de la Sala hasta las nueve o nueve y media de la noche, hora en que nos quedamos trabajando los martes, porque nos interesa despachar proyectos que se transformen en buenas leyes para los trabajadores.
Si logramos aprobar los tres proyectos mencionados, como sé que ocurrirá espero que el Senado les dé la misma prioridad, les aseguro que habrá pocos dirigentes que reclamen contra el nuevo sistema laboral, que supone juicios rápidos, eficientes y con audiencia pública a la vista del juez; un sistema previsional funcionando bien, con cobranzas que se realizan como corresponde y quienes no paguen serán multados; trabajadores que podrán acceder libremente a los tribunales, sin necesidad de gastar dinero en un abogado; la obligación de la AFP de hacerse parte en el juicio y una mayor cantidad de tribunales.
En resumen, los democratacristianos nos sentimos orgullosos del trabajo realizado por nuestro Gobierno, por los parlamentarios de la Concertación y del apoyo de la Oposición que, debo reconocer, ha sido eficiente y comprometido con el país.
Espero que el resultado final sea la mina de oro que tanto esperan nuestros trabajadores.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, seré muy breve y no haré recuerdos del pasado ni caeré en sornas respecto de las intervenciones que me precedieron.
Comparto todo lo positivo del proyecto, pues creo que apunta en el sentido correcto en cuanto a mejorar sustancialmente la justicia laboral. También comparto las inquietudes planteadas por el diputado señor Monckeberg , coincidentes con las de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el número de juzgados que se crea, pero también estamos conscientes de que los recursos son limitados.
Quiero hacer una mención muy específica a un problema de la región que represento. En el proyecto que analizamos se plantea la creación de un juzgado de letras del trabajo en La Araucanía, con dos jueces y con sede en la capital de la región, Temuco. Concuerdo con los criterios asumidos, en el sentido de que la distribución se hizo acorde con los actuales datos estadísticos de litigios laborales y previsionales. Había que empezar con algo, de manera que mis expresiones no son de crítica por ese punto. Sin embargo, me habría gustado que se hubieran considerado también otros parámetros ya mencionados. Me refiero a la dispersión geográfica, que tiene directa relación con mi intervención.
En La Araucanía se crea un solo juzgado, en Temuco, con dos jueces, una región que cuenta con 900 mil habitantes, de los cuales casi 300 mil viven en Malleco. La dispersión geográfica es una de las más grandes de Chile. Cuando decimos que el proyecto beneficia a los trabajadores, nos referimos a los de más escasos recursos, cuyos desplazamientos son mucho más difíciles que los de otros niveles de la sociedad.
Por eso, tal como lo había anunciado, solicito que se considere el parámetro de la dispersión geográfica, no a futuro o con posterioridad a la evaluación que se hará después de tres años, sino en el análisis posterior del proyecto, en la Cámara de Diputados o en el Senado. También pido que se cree un nuevo juzgado en La Araucanía, en la provincia de Malleco, con sede en su capital, Angol , que concentra el 70 por ciento de la población. Me refiero a la región más pobre del país, con más dispersión geográfica, mayor analfabetismo y con la peor educación y salud. No podemos dejar a los trabajadores de esas zonas al margen de esta iniciativa.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, lamento que en algunas intervenciones de mis colegas no se reconozca el trabajo y el profesionalismo de los técnicos que diseñaron el proyecto en estudio.
Cuando en el tema del trabajo hablamos de la aplicación y cumplimiento de normas, necesariamente debemos focalizar los esfuerzos para entregar respuestas adecuadas desde los distintos ámbitos en los cuales nos corresponde actuar. Hoy estamos frente a un proyecto que crea nuevos tribunales laborales y les entrega mayores atribuciones para ejercer una mejor justicia laboral. Por lo tanto, estamos hablando de más justicia social.
Los integrantes de la Comisión Investigadora que estudia los efectos negativos de la reforma laboral, ley Nº 19.759, hemos recibido muchos testimonios de sindicatos de trabajadores que reiteran las faltas y abusos contra los derechos y principios fundamentales en el trabajo. También hemos recibido la visión de los empleadores, los empresarios, quienes están por cuidar las relaciones laborales y mantener un diálogo social que dé cuenta de acuerdos que vayan en favor de crear más empleos y más equilibrio en el espacio laboral.
Cuando nos enfrentamos a un discurso, que es el mismo en cuanto a mejorar las relaciones laborales para obtener mejores resultados, en los hechos nos damos cuenta de que los incumplimientos, por ejemplo, se producen más de un solo lado. Ahí estamos claros que, además de avanzar, como lo estamos haciendo hoy día en la legislación, debemos poner más énfasis en la cultura y respeto a las normas del trabajo y ser más responsables frente al nuevo escenario laboral que nos preocupa.
Como lo ha expresado muy bien en su informe la diputada señora Adriana Muñoz , estamos en un proceso de modernización de la justicia laboral. Los jueces laborales que nos visitaron en la Comisión de Trabajo se sienten las hermanas más pobres de la justicia. Se suman a esos sentimientos los trabajadores. Es por eso la importancia del proyecto, cuyos objetivos generales son: contar con una judicatura especializada, ágil y eficiente, haciendo efectivos, de mejor forma, los derechos de los trabajadores; aumentar significativamente, en un 75 por ciento, el número de jueces de trabajo y profundizar la especialización.
El proyecto de ley que crea más tribunales laborales es un enorme aporte para los desafíos de los nuevos tiempos en materia de justicia. Con él se están creando tribunales que se encargarán de llevar a cabo la fase de ejecución de los procesos que se ventilan en los juzgados del trabajo y que reflejan la preocupación del Gobierno en esta materia.
Actualmente, el flujo de causas, como se ha dicho aquí, en lo que se refiere a ejecución de sentencias en lo laboral, copa de manera absoluta el sistema de los tribunales, llegando a ser la razón más relevante el 60 por ciento de las causas que se ven hoy en día en los tribunales en el constante atraso que tienen en la administración de justicia.
Además, la iniciativa contiene las aspiraciones de la mayoría de los trabajadores del país, pero conciliadas con la posibilidad real del Gobierno en materia económica de establecer dichos tribunales. Este es sólo un paso, el más importante.
Tenemos nuevo procedimiento de cobranza laboral, que asegura más rapidez, más celeridad, más eficacia y mejores oportunidades en la determinación de los derechos de las partes en materia laboral. Los tribunales que se crean en esta reforma representan el máximo esfuerzo que el Gobierno ha podido hacer y no puede entrabarse un proyecto de esta importancia por el hecho de no cumplir con las aspiraciones legítimas de algunos diputados en torno a tener tribunales en sus respectivos distritos.
Pienso que dicho avance debe hacerse gradualmente y que el tiempo dará las herramientas fundamentales para ello, tanto en materia de experiencia, necesidad y recursos disponibles. La fijación de los tribunales en las zonas en las que se están creando obedece a factores estrictamente técnicos, determinados por profesionales en la materia, quienes tuvieron siempre presente la racionalización y optimización de los fondos fiscales de que se dispone.
Los criterios utilizados se basan en el presupuesto; es decir, que haya un presupuesto apropiado para responder a las necesidades reales y el número de causas. Debemos recordar que estos mismos criterios han sido usados, por ejemplo, para la reforma en curso de los tribunales de familia.
Por último, debemos considerar que el proyecto va de la mano, como también lo han dicho algunos diputados anteriormente, con el procedimiento de cobranzas previsionales y el procedimiento laboral en actual discusión en la Comisión de Trabajo.
Podemos decir, sin temor, que estamos frente a una gran reforma en esta materia. Es una reforma que no se ha dado en el espacio laboral desde hace más o menos unos 30 años. Por esta vía, es lógico que cualquier demora que se produzca con ocasión de la tramitación de este proyecto, por no llenar más expectativas que las posibles, será un menoscabo para la justicia laboral que nos rige.
La creación de tribunales de cobranza laboral y el aumento de juzgados laborales viene a responder adecuadamente a un cambio en la justicia del trabajo, tal como lo fue en su momento la propia creación de un Código del Trabajo o la reforma del sistema previsional de los años 80.
La realidad nos llama a legislar coherentemente con la necesidad de avanzar en justicia. Por lo dicho, valoro enormemente el proyecto, que crea más juzgados laborales para Chile y, especialmente, para sus trabajadores.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda, este proyecto tiende a mirar al futuro, pero no por eso hay que olvidar el pasado. No comparto con el diputado Bayo que sea un error o una falta de ética mirar al pasado. Quiero recordarle a él y a algunos parlamentarios de la Oposición que en 1970 había treinta tribunales del trabajo, para una fuerza laboral de 1,5 millones de trabajadores; que en 1981, en plena dictadura militar, se tomó el acuerdo de traspasar esos tribunales a la judicatura civil, y que recién en 1987 fueron repuestos, en un número de veinte tribunales, para una fuerza laboral que hoy llega casi a los cinco millones de trabajadores.
Por lo tanto, está claro que estamos desarrollando una política diferente a la hecha en el pasado, poniendo énfasis en implementar más tribunales laborales, tratando de aplicar más justicia.
Daré lectura a lo que planteó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señor Arturo Martínez , en la Comisión de Trabajo: “Hace décadas que la judicatura laboral es una rama disminuida del Poder Judicial, con muy escasos recursos, que determinan un número de tribunales absolutamente insuficientes. Muchos magistrados vienen de otras jurisdicciones penales o civiles sin recibir una capacitación previa, careciendo de especialidad en la materia.” Lo que se quiere, sin duda, es que los jueces que hoy asuman esta responsabilidad tengan especialidad.
Algunos quisimos que hubiera más tribunales en nuestros distritos. No nos sentimos satisfechos con que se cree un solo tribunal en la provincia de Concepción. Pero pasar de veinte tribunales a treinta y seis es un avance en materia de buscar justicia.
El diputado Monckeberg señalaba que no hay recursos para implementar esta iniciativa. Creo que existen los recursos; lo dice el propio informe de la Comisión de Hacienda. El primer año tendrá un costo de 93 mil 691 millones de pesos; el segundo, de 4 mil 569 millones de pesos; el tercero, de 5 mil 245 millones de pesos; el cuarto, de 4 mil 979 millones de pesos. Están los recursos necesarios para la contratación de jueces y para la implementación de la infraestructura de cada uno de los tribunales laborales y de cobranza laboral y previsional. Es una inversión que podemos mejorar y vamos a trabajar para que ello ocurra.
Le he planteado al ministro Bates la necesidad de que las corporaciones de asistencia judicial también se especialicen. Es increíble el número de causas laborales que pierden esas corporaciones como consecuencia de que, a veces, son defendidas hasta por seis o siete futuros abogados, quienes no logran llevarlas a buen fin.
También es necesario dar debida importancia a las instancias de conciliación, porque no todo tiene que ser resuelto en los tribunales. Uno aspira a que tanto empleadores como trabajadores avancen hacia un mismo objetivo: ponerse la camiseta de la empresa. Para ello se requiere que los empleadores consideren a los trabajadores como parte de la misma. De esa forma se lograrán buenas relaciones laborales. Eso hoy no ocurre. Por lo tanto, estos tribunales permitirán que haya mayor equidad entre empleadores y trabajadores y que sus conflictos tengan pronta resolución.
Se dijo que la tramitación de las causas laborales demora dos años. Eso es falso, porque demoran hasta cuatro años. En promedio, tres años y un mes.
La creación de salas especializadas en los tribunales de alzada ha sido pedido por la propia Corte Suprema puede ser parte de un segundo debate. Si las resoluciones de primera instancia son rápidas, eficientes y ejecutivas, y no hay salas especializadas en los tribunales de alzada, la sentencia que dicten estos últimos va a demorar. La mayoría de los empleadores y de los trabajadores apela a la resolución de primera instancia.
Por lo tanto, debe haber un monitoreo en la aplicación de esta futura ley por los trabajadores, los empleadores y el Congreso Nacional. Hay una comisión especializada en abusos laborales. Por tanto, habrá una visión permanente sobre cómo funcionan ejecutivamente los nuevos tribunales.
Reitero que la idea de que las corporaciones de asistencia judicial cuenten con especialización en el ámbito laboral puede ser extraordinariamente significativa. Hoy, los trabajadores de mi país no están en condiciones de contratar un abogado. La gran mayoría de ellos hace su defensa a través de las corporaciones de asistencia judicial o de manera individual, muchas veces equivocándose y perdiendo juicios de indemnizaciones, de cotizaciones previsionales, o de finiquitos que, con una buena asesoría, hubieran ganado. Por lo tanto, no estamos hablando de igualdad de condiciones.
Tenemos que seguir trabajando la idea de que la corporación de asistencia judicial también pueda especializarse.
Por eso, vamos a votar a favor del proyecto y esperamos que dé luz a la brevedad.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Boris Tapia .
El señor TAPIA.-
Señor Presidente, he solicitado intervenir en el marco del debate de este proyecto de ley, con el objeto de anunciar mi voto favorable, tal como lo hice en el marco de la discusión del proyecto que modifica el procedimiento de cobranza previsional, basado en los siguientes antecedentes.
Resulta evidente que la judicatura laboral adolece de problemas de fondo y de forma, pero principalmente de las condiciones o principios de celeridad e inmediatez que requiere todo ciudadano que busca amparo de sus derechos laborales en el Poder Judicial chileno. Por esta razón, el proyecto permite observar una especial preocupación del actual Gobierno por incorporar al estado de derecho una vertiente de toda importancia, que no es otra que aquélla que permite dar respuesta jurisdiccional, pronta e imparcial, a las problemáticas de naturaleza laboral.
Coincido con quienes señalan que resulta evidente que un número mayor de jueces y tribunales sería mejor, pero considero que la propuesta del Gobierno de la Concertación va en el camino adecuado y correcto, el que de una vez por todas, Chile debe emprender: aumentar el número de jueces y crear tribunales especiales de cobranza previsional, idea que por sí sola ya resulta positiva.
Apoyo a esta iniciativa que forma parte de un todo de mayor envergadura y que redundará en una mejora sustantiva a la situación de nuestros trabajadores y empresarios.
Por lo tanto, felicito al ministro del Trabajo, don Ricardo Solari , a la subsecretaria de Previsión Social, doña Macarena Carvallo , y a sus asesores por la excelente colaboración prestada a la Comisión de Trabajo.
La idea es crear estos tribunales. Obviamente, no son lo que desearíamos, pero van en la línea que se quiere: buscar la justicia con prontitud para los trabajadores de este país.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, hace menos de cuatro años esta Cámara, tras un polémico debate, aprobó una serie de mejoras a la legislación laboral. Entonces, se trataba de fortalecer los derechos de los trabajadores chilenos, como forma de mejorar y equilibrar las siempre constantes diferencias que hay entre trabajadores y empleadores.
El proyecto de ley en comento busca modernizar la jurisdicción laboral para ponerla en consonancia con la realidad, dinámica y especialización, que constituye el nuevo escenario en que se desenvuelven las relaciones laborales.
La iniciativa es la continuación de los esfuerzos conducentes a perfeccionar el derecho laboral en materias sustantivas, que han tenido un gran hito con la publicación de la ley Nº 19.759, de octubre de 2001.
Este proyecto aumenta significativamente el número de jueces del trabajo y profundiza su especialización.
Vamos a crear una nueva estructura para estos tribunales, en consonancia con el proyecto más amplio de reforma a la justicia que se está haciendo en esta década.
La reforma laboral, tan criticada ayer, hoy no lo es en la medida en que mejoremos los mecanismos a través de los cuales los derechos se hacen efectivos. De eso se ocupa este proyecto: mejorar la administración de la justicia en el ámbito laboral y facilitar el acceso a los trabajadores a esa justicia especializada, mediante la creación de nuevos tribunales y de una nueva organización de la misma.
La reforma que estamos aprobando significa un avance, el que, sin embargo, sigue siendo insuficiente.
Se nos ha dicho que el proyecto no puede ser entendido si no es junto a otro cuya tramitación está un poco retrasada, que mejorará el procedimiento laboral, haciéndolo oral, con inmediaciones, o sea, con cercanía del juez a las partes, en que, en una sola audiencia y sin mayores trámites, el juez resolverá con rapidez los conflictos entre trabajadores y empresarios.
Con el proyecto se crean más tribunales del trabajo, los cuales se concentrarán como siempre en las ciudades mas pobladas del país: Valparaíso, Viña del Mar, Santiago , Concepción, etcétera. ¡Hasta cuando! ¡La justicia también clama por descentralización!
En el caso de la región que represento, en la provincia de Valdivia, que es asiento de Corte, no se crea ningún tribunal por lo cual los juzgados de jurisdicción común deberán resolver las controversias entre las partes.
Quiero decir, con fuerza, que esto no parece justo desde ningún punto de vista, más aún si se considera que estos tribunales ya están recargados de causas. Aquí se da una injusticia, por decir lo menos, geográfica. Valdivia tiene importantes empresas forestales y salmoneras allá está la celulosa más grande de Latinoamérica y en ellas trabajan miles de operarios. En fin, hay comunas en mi distrito, como La Unión, Río Bueno y Paillaco , donde hay juzgados mixtos, jueces de letras que han sumado nombres para hacer frente a la reforma procesal. Son jueces de garantía y, al mismo tiempo, del crimen; son jueces civiles, del trabajo, etcétera. Y eso no es todo, cumplen todas estas funciones con menos personal del que tenían antes. En consecuencia, la reforma procesal penal los obliga a estar permanentemente de turno y con audiencias las 24 horas del día. No estoy en contra del proyecto, pero quiero hacer notar esas deficiencias.
Para terminar, quiero decir que votaré favorablemente la iniciativa, porque es urgente darle una respuesta a los trabajadores de Chile, pero hay situaciones que son preocupantes y que debemos resolver.
Por último, agradezco las intervenciones, en la Comisión, del ministro Solari y de los subsecretarios, como la señora Macarena Carvallo y el señor Jaime Arellano , que fueron trascendentales para apoyar el proyecto en debate.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, antes de referirme al proyecto, felicito a los trabajadores, quienes, desde hace muchos años, añoraban la creación de nuevos tribunales laborales. Es así que, el supremo Gobierno, encabezado por el Presidente de la República, señor Ricardo Lagos , en su preocupación por modernizar el acceso a la justicia del mundo del trabajo, convocó, a través de los ministerios de Justicia y del Trabajo y Previsión Social, a diversas personalidades del ámbito académico, judicial, a abogados laboralistas y de servicios públicos y privados, los cuales, reunidos en un foro sobre reforma judicial laboral previsional, efectuaron un diagnóstico de la justicia laboral y previsional de Chile.
El actual diagnóstico de la justicia laboral no es satisfactorio en lo que respecta a los recursos disponibles para satisfacer la demanda de causas laborales ingresadas y en cuanto a la celeridad de los procedimientos para resolver los conflictos, los que son extremadamente lentos.
Vale la pena recordar, como han señalado algunos colegas, que en 1932, mediante decreto ley Nº 207, en nuestro país se crearon 31 juzgados del trabajo para 4 millones de habitantes, aproximadamente, cuya población activa dependiente era, en proporción, mucho menor que la actual. En 1981 se suprimió la jurisdicción especializada del trabajo, trasladándose a la justicia civil todos los asuntos de su competencia, no obstante haberse generado un amplio consenso en el sentido de que la medida era un grave error.
Hoy, cuando Chile tiene más de 15 millones de habitantes y una población económicamente activa cercana a los 6 millones de personas, sólo hay veinte juzgados laborales, once de los cuales se concentran en la Región Metropolitana y sólo nueve en regiones.
A lo anterior, se agrega el hecho de que a los tribunales del trabajo se les ha entregado la competencia para conocer de las causas de cobranzas previsionales, lo que provoca graves dificultades y distorsiones en su desempeño. Actualmente, a lo menos el 80 por ciento de las causas que ingresan a los tribunales especializados del trabajo corresponde a cobranza previsional.
Concuerdo con lo que señaló el señor ministro, que dentro de algunos años revisaremos el funcionamiento de los tribunales del trabajo.
Por otro lado, es muy importante que se aumente de veinte a treinta y cinco los tribunales del trabajo es decir, en un porcentaje de 75 por ciento, que serán especializados en materia laboral.
Pero dentro de algún tiempo, cuando se realice el mencionado estudio, llegaremos a la conclusión de que nos falta seguir avanzando en la materia, aunque estamos dando los primeros pasos.
En la Comisión de Hacienda planteé que la iniciativa no consideraba un juzgado laboral en la provincia del Biobío a pesar de tener una masa laboral bastante superior a la de Ñuble. En Biobío hay un sector forestal tremendamente pujante, una fábrica de celulosa y papel en Laja, una fábrica de celulosa en Nacimiento, que se ampliará dentro de los próximos meses y que significará la contratación de más de cuatro mil personas; cuenta, además, con una fábrica de papel, varios aserraderos importantes, industrias lecheras, un sector agrícola dinámico, el comercio ha crecido enormemente, etcétera.
Debiera haber a lo menos un tribunal laboral en cada una de las cabeceras de provincias en todo el país. Pero eso deberemos estudiarlo con detención en los próximos meses, o en los años venideros.
Anuncio que la bancada del Partido Radical Social Demócrata va a aprobar con entusiasmo este proyecto, porque beneficia a los trabajadores, hombres y mujeres que han estado esperando, por muchos años, que se concrete esta iniciativa enviada por el Presidente Ricardo Lagos .
Felicito al ministro del Trabajo, señor Ricardo Solari , por su permanente preocupación en esta materia y a la subsecretaria de Previsión Social, señora Macarena Carvallo , quien ha estado permanentemente preocupada de este proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Quedan dos minutos diez segundos a la bancada del Partido Socialista. Si así lo desea, después el diputado señor Espinoza podrá disponer de ese tiempo.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en primer lugar, efectivamente en los años 70 había un número de tribunales laborales extraordinariamente más alto que el actual; sin embargo, me parece un mal parámetro utilizar aquello, puesto que la falta de trabajo y de productividad del país fueron parte del detonante que terminó con el esquema institucional democrático y la estructura del país.
En segundo lugar, si bien es cierto se comprende la necesidad de contar con tribunales especializados, ágiles y eficientes, es completamente pertinente señalar que se tomó la medida de enviar la tramitación de los juicios laborales a los tribunales ordinarios en un período en que el país necesitaba tener el máximo de flexibilidad, con el propósito de absorber mano de obra, lo que finalmente ocurrió.
Ahora, cuando hemos logrado establecer, con gran esfuerzo y mucho trabajo, un modelo productivo y de desarrollo, cada vez se hace más necesario contar con este tipo de tribunales especializados.
Sin perjuicio de lo anterior, la queja que han manifestado diputados de todos los partidos políticos resulta completamente pertinente.
El diputado señor José Pérez , que me antecedió en el uso de la palabra, mencionó la estricta necesidad de, al menos, contar con un tribunal, como un dato básico, en la cabecera de cada una de las provincias. Se trata de un tema digno de ser asumido como compromiso por el Gobierno, pero que, al parecer, no ha sido así. Eso requiere de una explicación.
Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se realice este planteamiento al Ejecutivo, porque tal como lo señaló el diputado José Pérez quienes representamos a distritos que no sólo son inmensamente populares, sino de gran significación en materia de empleo, nos sorprendemos de que a pesar de la gran cantidad de juicios laborales en las regiones Quinta , Metropolitana y Octava la ciudad de Talcahuano, con muchas empresas y empleos, no tenga ningún tribunal del trabajo. Parece que la distribución se hizo con el típico criterio de no mirar más allá de la frontera de la Región Metropolitana, con la escasa mirada de un oficinista instalado en una cómoda oficina de algún ministerio.
A mi juicio este proyecto, que interesa a todos los diputados, carece de realismo. Por eso, y tal como lo han señalado diputados de todas las bancadas políticas, tengo la sensación de que es pertinente que el Ejecutivo se pronuncie sobre estos temas, pues tienden a confundir a los trabajadores, sobre todo cuando surge la pregunta ¿por qué razón se instalan esos tribunales en ciudades donde no son tan requeridos y no donde hay un número mayor de empresas y de empleos? El mejor ejemplo es Talcahuano, que, aparte de Santiago, concentra el núcleo industrial más grande del país. No existe una explicación lógica para que no disponga de un tribunal laboral y sí lo tenga Concepción que, en términos reales, no tiene el número de empleos que justifiquen su instalación.
Por esa razón, se hace completamente necesario que el Ejecutivo preste oídos a una materia que distintos diputados hemos planteado.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz .
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, quiero preguntarle, si en mi calidad de diputada informante poseo un tiempo adicional para referirme a las consultas que se han planteado respecto del debate habido en la Comisión.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Como diputada informante dispone de tiempo para responder las preguntas.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, como diputada informante sólo quiero referirme a la propuesta del Ejecutivo que fue votada en contra en la Comisión de Trabajo, lo que significó que dos regiones aparezcan sin nuevos tribunales.
En la Comisión de Trabajo se dio el mismo debate que hemos escuchado en la Sala. A todos los miembros de la Comisión nos pareció insuficiente la cantidad de tribunales que se crean.
Como representante de la Cuarta Región voté en contra de la creación de sólo un tribunal radicado en La Serena, el cual atendería tres comunas de una región que tiene quince. Así también procedieron los diputados de la Región Metropolitana. Sin embargo, eso no significa que nos neguemos a que en esas regiones se construyan estos nuevos tribunales.
En ese sentido, recojo lo expresado por los diputados señores Ulloa , Tuma y Riveros en cuanto a la necesidad de que se creen más tribunales laborales. Por ello, y dada la opinión entregada en esta Sala por el ministro del Trabajo, propongo que se dicte un reglamento en el cual se establezca la gradualidad de la instalación de esta reforma y que en el año 2007 se considerarán en el presupuesto nacional los recursos necesarios para la creación de nuevos tribunales laborales. Además, que dicho reglamento consigne que para aquellas regiones, comunas o provincias que no tendrán tribunales laborales y las causas laborales y de cobranza laboral y previsional queden entregadas a la competencia de los tribunales civiles, el presupuesto nacional del próximo año considerará los recursos necesarios para reforzar el trabajo de las corporaciones de asistencia judicial y capacitar a los funcionarios de los tribunales civiles que deberán hacerse cargo de las causas laborales y de la aplicación del nuevo procedimiento.
No quiero que quede en el aire la buena disposición expresada por el ministro del Trabajo, por lo que, insisto, propongo que todo ello quede consignado en un reglamento.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, quiero expresar mi conformidad con esta iniciativa, pues viene a hacer justicia en un campo que es tremendamente relevante para todas las trabajadoras y trabajadores, cuyos derechos laborales han sido trasgredidos por situaciones que, no obstante los esfuerzos del Gobierno, siguen ocurriendo.
Se necesitan instrumentos y herramientas eficaces que permitan que los juicios laborales, que en promedio demoran tres años, se resuelvan en plazos breves de modo que quienes hayan sido despedidos injustificadamente o sufrido otra violación a sus derechos laborales tengan una respuesta a su problema dentro de un plazo razonable.
Seguramente Puerto Montt será una de las ciudades que contará con un tribunal laboral en la Décima Región, lo cual no sólo favorecerá a los trabajadores de esa ciudad, sino también a los de las comunas vecinas, como Fresia, Los Muermos , Llanquihue , Frutillar , Calbuco , Maullín , Gualaihue y otras.
En consecuencia reitero, valoro enormemente esta iniciativa, que profundiza la especialización en los asuntos de que conocen los tribunales.
Sin duda alguna, este proyecto, que crea tribunales especializados en materia laboral, una vez aprobado y promulgado como ley de la República, se transformará en una herramienta fundamental para la protección y seguridad de las trabajadoras y trabajadores.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Sánchez .
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, las inclemencias climáticas que afectaron a Aisén la semana pasada transformaron a esa región en una verdadera isla, lo cual da cuenta de la situación geográfica en que se encuentra. Lo mismo hace esta iniciativa, pues excluye a Aisén de las regiones que contarán con tribunales laborales.
Considero estupendo, necesario y justo el proyecto, pero excluye a mi región, tal como ha ocurrido en otros ámbitos. En efecto, de Puerto Montt se salta a Punta Arenas, como si Aisén no existiera, no obstante que allí hay industrias y trabajadores que permanentemente son víctimas de malos manejos laborales y cuentan con poca o nula defensa.
Como una forma de ennoblecer la actividad política, planteo esta inquietud en nombre del diputado Pablo Galilea me pidió expresamente que interviniera en su representación, lo cual hago con mucho gusto y de quien habla, ambos representantes de la Undécima Región.
Más allá de hacer presente al ministro la exclusión de que ha sido objeto la Undécima Región y atendido el proceso de gradualidad planteado por la diputada señora Adriana Muñoz , pido que se contemple la instalación de estos tribunales en las zonas no consideradas en el proyecto. Ello puede ocurrir en 2005, 2006 ó 2007, pero la idea es que quede establecido en el reglamento. Además, solicito que en el ejercicio presupuestario de 2005 se fortalezca la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Aisén, como una forma de paliar la no instalación de tribunales del trabajo en la zona. Las razones tomadas en consideración pueden ser muy atendibles, pero no lo son para la región que represento.
Por lo tanto, solicito que el Ministerio de Hacienda provea los recursos necesarios al Ministerio de Justicia para que las corporaciones de asistencia judicial tengan un rol mucho más activo en este tema.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LORENZINI (Presidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor SOLARI (ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer una precisión sobre las intervenciones de los diputados, en particular de la diputada señora Adriana Muñoz .
En el siguiente trámite del proyecto vamos a incorporar la idea de la evaluación de los procesos y la cantidad de ingreso por tribunal en un período de tiempo estimado de tres años a fin de actualizar y desarrollar la gradualidad.
En segundo lugar, en el Presupuesto del próximo año, en las glosas respectivas, se van a consignar los compromisos de fortalecimiento de las corporaciones de asistencia judicial en aquellas zonas donde los jueces de letras deben aplicar el nuevo procedimiento laborar.
Muchas gracias.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Jorge Correa Sutil .
El señor CORREA (Subsecretario del Interior).-
Señor Presidente, junto con agradecer la manera diligente en que se enriqueció el proyecto sobre gasto electoral, quiero señalar a las señoras diputadas y señores diputados que sus observaciones han ido más allá del proyecto, particularmente, respecto de una moción presentada sobre este mismo tema y que el Ejecutivo va a patrocinar a fin de discutir a fondo el tema del gasto electoral. Se trata de sacar adelante los perfeccionamientos y adiciones al proyecto que debe regir para las próximas elecciones municipales.
Por lo tanto, comprometo el patrocinio del Ejecutivo para la moción presentada.
Muchas gracias.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación general el proyecto que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica, con excepción del artículo 1º que fue objeto de indicaciones.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en particular con la misma votación, con excepción del artículo 1º.
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Quintana , Recondo , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación el artículo 1º, con la indicación de Hacienda, a la cual dará lectura el señor Secretario.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Indicación del Ejecutivo para introducir las siguientes modificaciones al artículo 1º:
“a) Agrégase una nueva letra d) del siguiente tenor, modificándose la numeración correlativa de las letras siguientes:
“d) Cuarta Región, de Coquimbo:
La Serena, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Coquimbo, La Serena y La Higuera ;”.
b) Agrégase una nueva letra l) del siguiente tenor:
“l) Región Metropolitana de Santiago:
Santiago , con diecisiete jueces, agrupados en tres juzgados, el Primero y el Segundo, con seis jueces cada uno y el Tercero, con cinco jueces, con competencia sobre la provincia de Santiago, con excepción de las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón , San Miguel , La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo; y San Miguel , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna , El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.”.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación el artículo 1º con la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado el artículo 1º con la indicación del Ejecutivo.
Si le parece a la Sala, se aprobará el resto del artículo 1º con la misma votación.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Quintana , Recondo , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Votó por la negativa el diputado señor Ascencio .
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