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El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , el presente proyecto de ley introducirá por primera vez en Chile la figura del divorcio vincular, razón por la cual, sin desconocer varios méritos a la nueva Ley de Matrimonio Civil, se hace indispensable analizar el voto que se nos exige a la luz de la institución que se propone.
A mi juicio, el divorcio vincular puede ser abordado desde distintas ópticas, buscando -como he dicho- observar su mérito y beneficio en la sociedad.
Desde luego, existen una perspectiva antropológica, una moral, una religiosa, otra sociológica y, también, una jurídica. Todas ellas manifiestan razones, en mi concepto, suficientes para revelar que la institución que se nos propone, por su mérito, puede no resultar del todo conveniente para la sociedad chilena.
Al analizar la iniciativa en debate, quise examinar qué había sucedido en un país desarrollado después de décadas de vigencia de una ley como la que hoy nos convoca. Escogí Gran Bretaña , por ser una de las naciones con más alta incidencia de divorcios en Europa. Me encontré con la siguiente realidad.
Estudios sociológicos británicos evidencian que cada año las rupturas de las familias en dicho país cuestan alrededor de 48 mil millones de dólares, según publicaciones de septiembre de 2000 del "Telegraph" y del "Independent". Se llega a esa cifra sumando los pagos de los beneficios sociales, el daño a la salud, la pérdida de producción económica y el aumento del crimen.
Gran Bretaña -como dije- tiene la incidencia de divorcio más alta de toda Europa. En 1998 hubo 145 mil matrimonios fracasados -el doble que en 1971- y un total de 150 mil niños se vieron afectados por los divorcios. De los matrimonios contraídos hoy en día, dos de cada cinco terminan en divorcio, y un niño de cada cuatro experimentará la división de su familia antes de cumplir 16 años de edad.
Análisis serios afirman que los costos directos del divorcio en esa nación suman 24 mil millones de dólares cada año, cantidad que incluye 14 mil millones en pagos sociales. Sin embargo, se estima que los costos indirectos hacen que la cifra directa se duplique. Entre otros factores, los estudios que tuve a la vista observan que la mitad de los criminales menores de edad provienen de familias cuya unión se ha roto.
El informe explica que quieren alertar al Parlamento y al pueblo británicos sobre la seriedad de la crisis en la vida familiar. Aunque muchas personas son hostiles a los argumentos basados en valores familiares -agrega uno de los informes-, por lo menos deberían reconocer los tremendos costos financieros y sociales debidos al divorcio.
Los autores de dicho estudio piden un cambio cultural y que se reconozca que la familia es el fundamento de una sociedad estable y próspera.
Hay más: una investigación llevada a cabo por el "Family Education Trust" entre un grupo de 2 mil 200 niños de entre 13 y 15 años estableció que 50 por ciento de los afectados por el problema familiar terminaba muchas veces ligado a la criminalidad. Según la presidenta de esa asociación, Valerie Riches , el informe demuestra que, cuando hay rupturas en la familia, los niños se sienten rechazados y buscan en otra parte el amor y la estabilidad; entonces creen que pueden encontrar lo que les falta a través de la droga, de la criminalidad o de experiencias a veces precoces en la vida sexual.
Las consecuencias negativas del divorcio sobre los niños no se limitan a la etapa de la adolescencia, según lo demuestra otro estudio llevado a cabo en California. Los hijos de padres divorciados tienen más problemas como adultos y, de hecho, son afectados seriamente cuando llega el momento de formar sus propias familias.
Los datos provenientes de un proyecto que comenzó hace 25 años con cien niños de una comunidad situada al norte de California revelan que, poco después de la liberalización de las leyes sobre divorcio en ese Estado, los hijos de padres separados experimentaron cada vez mayores dificultades; y, especialmente, se estableció que las familias sufrían un proceso de deterioro muy sostenido.
Al llegar a la vida adulta, los que habían experimentado el divorcio estaban menos dispuestos a casarse; tenían mayor probabilidad de divorciarse y de tener hijos fuera del matrimonio, y registraban mayor incidencia con el problema de la droga. El estudio señala que tienden a pensar que sus amistades no durarán y que luchan en sus vidas emocionales contra el temor de la pérdida, el conflicto, la traición y el abandono.
La señora Wallerstein , profesora emérita de la Universidad de Berkeley y una de las autoras de esos estudios, comentó que el impacto del divorcio en la vida adulta es un "descubrimiento revolucionario y una sorpresa trágica". Esa experta de fama mundial admitió que hasta ahora no se ha dado suficiente peso a las consecuencias del divorcio para los niños y que la situación es bastante más compleja y el impacto mucho más serio de lo que antes se había imaginado.
Señor Presidente , éstos son antecedentes relevantes que bien vale la pena observar. Nos hablan de una realidad que muchas veces se silencia a la hora de debatir estas materias. Se trata de datos que pueden resultar incómodos al momento de plantearnos ante esta iniciativa, pero constituyen hechos concretos que no deberíamos ignorar, precisamente porque estamos legislando sobre asuntos muy sensibles para las personas y que tienen que ver con la dimensión más sublime del ser humano: el amor.
Éste no es un simple proyecto común como tantos otros que han pasado por nuestras manos.
Estimo que la sola cita de alguno de tales estudios amerita que desechemos cualquier argumento liviano basado en un falso concepto de sociedad libre, y entendamos, sin descalificaciones, que incorporar el divorcio vincular importa en los hechos una situación grave para el devenir social, que afecta necesariamente al bien común que procuramos en nuestra función legislativa.
Respetando las opiniones que aquí se han dado en favor de una y otra posición, tendríamos que decir que la ley que se propone -tan esperada por algunos- llega en momentos delicados para la vida de nuestra sociedad.
Cuando uno recorre tantos lugares donde la pobreza abunda; cuando se contempla el creciente aumento de la delincuencia; cuando vemos cómo la droga y el alcoholismo minan progresivamente a nuestra juventud; cuando observamos el flagelo de la cesantía, que azota a miles de hogares chilenos, uno necesariamente se pregunta qué estamos haciendo por esa gente nosotros, quienes tenemos la autoridad y la responsabilidad de conducir una sociedad.
No podemos ignorar que buena parte de estas realidades tiene su origen en el deterioro de la convivencia familiar; en la falta de oportunidades, que termina destruyendo hogares. En el fondo, la mayoría de los dramas que se viven encuentran su comienzo en el poco apoyo que nuestra sociedad entrega a los grupos familiares.
Al observar de cerca tamaña realidad, necesariamente lo primero que uno piensa es qué está ocurriendo con las familias que sufren la pobreza, los efectos de la droga, la violencia, el abandono y la miseria humana. Generalmente ellas han experimentado o están experimentando dramas muy grandes, rodeados de mucha soledad.
El flagelo de la droga, que cada día crece más, encuentra su expresión más dramática en el conflicto familiar, en el abandono de los hijos por sus padres, en la falta de cariño por los seres más queridos. Es una realidad apabullante. Basta recorrer las moradas que albergan a jóvenes drogadictos y conversar con ellos para darse cuenta de que tras esa oscura situación se esconden carencias afectivas de hogares destruidos.
Con este proyecto estamos precisamente debilitando la estructura familiar. Para resolver el problema de quienes quieren rehacer sus vidas, hemos escogido, bajo diversos supuestos -que respeto, pero no comparto-, el camino de la generalización.
Se busca acomodar la situación a muchos que desean tener nuevas oportunidades en la vida -lo que es de suyo comprensible- creándoles instituciones jurídicas que así lo permitan; y para ello tenemos muy poca consideración con esas otras personas, que son las más, a las que dejamos en una precariedad abismante desde el punto de vista del orden jurídico que rige sus relaciones de familia.
Hasta aquí descarto que mi voto contribuya a incorporar en nuestro país una medida que no ha hecho felices a otras sociedades que la han experimentado y que ya vienen de regreso. Éstas han asumido su propia realidad con propuestas más novedosas, exigentes y fundadas en datos de su propia experiencia, observada en el tiempo con mucha mayor prudencia que lo que nosotros estamos haciendo con la ley en proyecto. Ésta, por desgracia, ha adoptado criterios muy radicales, que se parecen más a los primeros intentos legislativos divorcistas que a las tendencias contemporáneas que lamentablemente no estamos acogiendo, en un afán por lograr el divorcio a como dé lugar.
¿Por qué negarnos a hacer las cosas de un modo diferente del que simplemente recogemos de otras legislaciones, a las que copiamos, restándonos a la posibilidad de abordar nuestra realidad con perspectivas novedosas, que nos aparten de los graves riesgos que otros ya han constatado empíricamente?
Divorcio unilateral
A mi juicio, la iniciativa en análisis presenta un gravísimo problema: el relativo al divorcio unilateral.
Deseo fijar mi posición ante la Sala sobre un punto que me parece capital en la discusión del proyecto sobre nueva Ley de Matrimonio Civil, que hoy se somete a nuestra consideración: el establecimiento del divorcio por decisión de una de las partes, exigiéndose para ello sólo el transcurso de cinco años de cese de la convivencia.
Sobre el particular, respeto que algunos crean que puede tener explicación la disolución de un matrimonio en casos dramáticos y totalmente irremediables. Sin embargo, en la institución del divorcio unilateral que establece la iniciativa, la posibilidad de determinar el fin del matrimonio se entrega lisa y llanamente a la voluntad de uno de los cónyuges.
Esa causal es la expresión máxima de un individualismo que preside el divorcio y que para nada tiene en cuenta el interés colectivo y, sobre todo, la unidad familiar y el bien de los hijos.
El divorcio unilateral, por más que se pongan plazos al cese de la convivencia, es un absurdo jurídico, y más que eso, un absurdo social, porque algo que todos sabemos que debe hacerse de común acuerdo, como sucede con el más elemental de los contratos, queda entregado, con el proyecto en debate, al mero deseo, incluso al simple capricho, de una de las partes.
Si el Senado deja en pie una norma como ésta, habrá cometido una de las más graves injusticias legislativas, colocando una verdadera bomba de tiempo en el tejido social e incumpliendo gravemente el deber de fortalecer a la familia, según el mandato de nuestra propia Constitución.
¿Acaso no nos damos cuenta de la brecha que estamos introduciendo al aprobar una disposición como la que comento, brecha que luego se extenderá a otras realidades de la vida social, económica y política de la nación?
Si nosotros, elegidos por el pueblo de Chile para elaborar leyes justas para nuestra patria, damos un signo tan equívoco como el de aprobar el divorcio por voluntad de una de las partes, ¿qué sucederá con aquellos otros acuerdos y pactos sobre los que se sostiene el artesanado social?
Si la ley permite, por mera voluntad de una de sus partes, romper el matrimonio, el más serio y solemne de los contratos que un hombre y una mujer pueden celebrar, ¿con qué autoridad alegaremos cuando veamos el aumento de los fraudes y los engaños en otros aspectos -por ejemplo, los comerciales- de la vida de nuestra sociedad?
Pido que nos detengamos a tiempo ante esta situación y que la resolvamos de un modo diferente, porque el divorcio por culpa o de común acuerdo tiene por lo menos un mérito jurídico: exige pruebas o la conformidad del otro cónyuge. El unilateral, en cambio, no. Y desde esta histórica Sala no puede salir tamaño agravio contra la mujer chilena y los hijos, a quienes todos procuramos proteger -como se ha dicho aquí-, los que, en definitiva, de aprobarse el divorcio unilateral por repudio, sin duda terminarán siendo los grandes perdedores de esta jornada.
¿Quién de nosotros piensa que el divorcio unilateral no se prestará a fraudes para engañar sobre el tiempo transcurrido desde la separación? Evidentemente, así será.
Además, como ya lo expresaron algunos de mis Honorables colegas, al poco andar de esta norma, dejando por el camino una estela de desastres familiares, dramas e hijos y mujeres en la indefensión, vendrán las propuestas para rebajar el tiempo del cese de la convivencia -como ya se nos ha anunciado en estos días-, hasta llegar, en no pocos años, a un divorcio unilateral sin restricción alguna.
Un dato más sobre el particular. Estadísticas del SENAME señalan que hoy el 40 por ciento -¡40 por ciento!- de las pensiones alimenticias decretadas por los tribunales no se pagan en Chile. Lo anterior ocurre en un sistema de nulidades -la mayoría fraudulentas- que llegan, como dije, a 6 por ciento. ¿Qué sucederá cuando esta cifra se dispare, lo que sin duda pasará? ¿Qué hará el Estado para remediar una injusticia tan grande si previamente el legislador autorizó para repudiar a mujeres e hijos?
Al respecto, me permito consignar que la legislación que se propone no asume esta realidad ni la que he expresado antes. Y todavía es tiempo para enmendar.
Señor Presidente , estoy cierto de que habrá divorcio y acepto la voluntad de una mayoría. A estas alturas, para nadie es un misterio que Chile contará con una ley de divorcio. Lo que se discute ahora es simplemente un problema de plazos. Con todo, estimo que lo responsable sería asumir desde ya las externalidades negativas que, sin duda, traerá esta iniciativa, cuestión que ciertamente se echa de menos en su integridad.
Junto con muchos de mis colegas Senadores -ahora en minoría, por desgracia-, quiero hacer presente, a los ojos del país, que nos oponemos al agravio social que significa el que este proyecto dé lugar al repudio de uno de los cónyuges unilateralmente, como si viviéramos en una época regida todavía por "la ley del más fuerte".
Creo que el divorcio unilateral es contrario a la Carta Fundamental, porque se opone al concepto mismo de familia que ideó el constituyente. Y, por esa razón, haré cuestión de constitucionalidad sobre esta norma en el momento oportuno.
Pacto de indisolubilidad
Considero, por otra parte, que existe una incongruencia no menor en el proyecto que nos ocupa, derivada de la posición inclaudicable de una mayoría en el sentido de negar definitivamente, a quienes así lo estimen, la posibilidad de pactar la indisolubilidad. Y afirmo que es una incoherencia, porque de un plumazo borra el contenido de la libertad que la misma iniciativa asume como motivo para legislar.
Seamos claros: a partir de la ley en proyecto, el matrimonio dejará de ocupar la posición de una institución en nuestro ordenamiento y pasará a ser un contrato más del sistema civil.
Creemos que ello es un error, pero lo asumimos como una realidad que hasta ahora quiere una mayoría democráticamente elegida. Sin embargo, en aras de esa misma identidad de libertad, no se explica el hecho de que no se permita a los contrayentes fijar el contenido del pacto que asumen. Tal situación significa faltar a la más elemental norma de respeto a la autonomía de la voluntad.
Seamos claros: si la ley renuncia a proponer la indisolubilidad como un bien para todos, ¿por qué negarse a reconocerla para los cónyuges que expresamente así lo declaren? ¿Por qué se niega esta posibilidad declarándola de antemano como un pacto ilícito, contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, únicas justificaciones jurídicas para impedirlo, según las normas civiles que nos rigen?
Al asumir el debate de este modo, llegamos al absurdo de que el acto donde se ejerce más plenamente la libertad sea menos tutelado que aquellos en que la libertad involucra, por ejemplo, únicamente aspectos económicos.
A partir de la ley en proyecto observaremos cómo, si se trata de la firma de un pagaré, o del crédito fiscal, o de un crédito hipotecario a plazo, la autonomía de la libertad se ejercerá al momento de contraer el compromiso. Y aunque después la persona se arrepienta, estime que fue un error, quiera "rehacer" su vida, ahora sin deuda o hipoteca, el Derecho, como es obvio, se lo negará, ya que le impondrá "fidelidad" a su conciencia anterior.
Nada de eso ocurriría con el matrimonio, a pesar de tratarse de la decisión más trascendente para las personas y para el orden social.
El proyecto es absurdo en este punto. Piense esta Sala qué sucedería si cada ciudadano tuviera derecho a desconocer sus propias decisiones con el solo argumento de que no se corresponden con su conciencia actual. Sería el reino de la arbitrariedad. La distinción es, por lo demás, ajena a nuestro Derecho.
Por poner sólo algunos ejemplos que pueden parangonarse al matrimonio en su grado de compromiso existencial, piénsese en la decisión de adoptar un niño.
Si aplicáramos el planteamiento aquí rebatido, tendríamos que decir que, aunque el padre haya actuado voluntariamente, el Estado no podría impedirle que modificara su criterio sobre la conveniencia de seguir vinculado al niño adoptado: "No es posible" -nos deberían decir los partidarios de este proyecto- "obligarlo a que mantenga la fidelidad a una conciencia que ya no le resulta significativa".
La ley, en cambio, es clara al establecer que la adopción es irrevocable. Y es justo que así sea. La libertad de adoptar se ejerce en el momento de la adopción, y el vínculo que se genera es inalterable y no está sujeto a revisión por cambios de criterios posteriores, sean en el adoptante o en el adoptado.
Lo mismo ocurre con la decisión de reconocer a un hijo no matrimonial: una vez reconocido, nadie le dará al padre el derecho a "revisar sus creencias" y deshacer el vínculo establecido.
Señor Presidente , más allá de las diferencias que puedan separarnos de otros colegas, cuyos puntos de vista -por cierto- respeto profundamente, valoro por sobre todo lo que en esta Sala se ha expresado en forma reiterada: la familia es y debe ser el sujeto de mayor protección por parte de todos nosotros.
Siendo así, me permito instar a Sus Señorías a que, en lo que resta de la tramitación de este proyecto, despleguemos nuestras mejores capacidades, haciéndonos cargo de las insuficiencias que se observan en la nueva Ley de Matrimonio Civil y que han quedado de manifiesto a lo largo de este debate.
Si verdaderamente queremos proteger al cónyuge que resulta menos favorecido con un divorcio, que en la mayoría abrumadora de los casos es la mujer; si verdaderamente queremos proteger a los hijos frutos de una unión ya disuelta, entonces tengamos la capacidad de encontrar fórmulas que impidan el repudio unilateral y, también, reconocer que los contrayentes puedan pactar las condiciones de su contrato matrimonial sin otras limitaciones que las que desde siempre nuestro ordenamiento civil ha puesto obligatoriamente para la celebración válida de todos los contratos.
Siendo contrario, por las razones antedichas, a lo que se nos propone como nueva Ley de Matrimonio Civil, desde luego no me restaré a aprobar las normas que me parecen acertadas y que el proyecto -como señalé- sí contiene, reservándome para la discusión particular los planteamientos acerca de la constitucionalidad de ciertos preceptos que analizaremos en su momento.
Señor Presidente , tras cada ruptura matrimonial existen personas cuya realidad ha de merecernos el mayor respeto y consideración. Normalmente existen hijos, a quienes les debemos la máxima protección. No se puede generalizar o simplificar cada una de las realidades existenciales que encierra toda experiencia humana llegada la hora de la separación, o de la ruptura o de la crisis.
Simplemente, fundamos nuestra apreciación en principios de orden natural. No nos mueven consideraciones de otra índole. El orden natural de las cosas prefiere todo aquello que dispone en forma armónica a las personas hacia un fin superior. Sabemos que no siempre se logra ese objetivo; pero en eso consiste precisamente la búsqueda del bien común. Y la ley en proyecto contiene elementos que se apartan de esa armonía.
Según dije al inicio de mi intervención, aquí se buscó -con la mejor intención; no lo pongo en duda- resolver un problema social complejo, cual es el de las separaciones, y dar a quienes han fracasado en el matrimonio la posibilidad de rehacer su vida. Lamentablemente, para atender esa realidad se ha rebajado a un simple contrato la institución matrimonial. Ya no será más un contrato-institución, como se la consideraba y reconocía en nuestro Derecho. Y, sin duda, ello tendrá importantes efectos en un tiempo no lejano.
Una última consideración, señor Presidente .
Resulta más que sintomático el hecho de que en algún momento se haya señalado que, ante una legislación como ésta, es indispensable primero contar con tribunales de familia establecidos plenamente. Pareciera de toda lógica, entonces, que las situaciones derivadas de los conflictos familiares o de convivencia fueran atendidas y resueltas por instancias especializadas del mejor nivel.
Pues bien, ocurre que aprobaremos primero la legislación en proyecto y después la que autoriza la creación de las instancias judiciales.
¿Cuánto tiempo tomará su implementación?
Baste recordar cómo la Ley de Violencia Intrafamiliar todavía encuentra gravísimos escollos para su aplicación precisamente en los tribunales, a pesar de los esfuerzos que la autoridad política y la judicial han hecho para implementarla.
¡Dios quiera que no ocurra lo mismo con la relativa a los tribunales de familia!
En todo caso, es claro que pasará mucho tiempo antes de que esas normativas puedan operar.
Lamentablemente, la ley en proyecto no contará en sus inicios con una institucionalidad que funcione de manera adecuada.
Votaré en contra de la idea de legislar porque considero que no estamos ante un buen proyecto, aceptando la realidad de su inminente aprobación, lo que nos exigirá, en un futuro no muy lejano, ser consecuentes para dictar con el mismo interés y celo, ojalá con mayor prontitud, todas las disposiciones que, como consecuencia de esta normativa, hayan de dictarse para resguardar a quienes resulten más desmejorados -naturalmente, serán las mujeres y los niños-, en todos los planos de la vida, con la aplicación de los preceptos que hoy se nos proponen.
He dicho.
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