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El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , tras largas horas de debate y de consecutivas intervenciones de los señores Senadores, que demuestran la tremenda importancia del tema que estamos terminando de analizar, al menos en su primera fase en esta Corporación, nos encontramos en un momento que algunos ya han calificado de histórico. Digo "histórico" porque, luego de numerosos intentos fallidos de varios Congresos por modificar un texto que ya tiene más de 100 años para adecuarlo a los requerimientos de los tiempos modernos, nos enfrentamos al tremendo desafío de aprobar por fin un proyecto absolutamente necesario para nuestra sociedad.
Las chilenas y los chilenos precisamos de una ley moderna de matrimonio civil, que resuelva situaciones que, de tan cotidianas, de repente parecieran no ser relevantes o respecto de las cuales pudiera seguirse aplicando la política del avestruz, que esconde la cabeza cuando ve problemas en su horizonte.
Las rupturas matrimoniales son un mal de nuestra sociedad que debe ser abordado, no con una visión excluyente, sino con tolerancia, con comprensión, sin dogmatismos y con la claridad de las reglas que se imponen en un Estado laico y que afectan a todos por igual.
Antecedentes preliminares
Lo primero que deseo señalar hoy es mi satisfacción porque, tras largos años de espera, por fin el Senado chileno se abre a la posibilidad de legislar sobre un tema que constituye una preocupación real y concreta de la ciudadanía.
Así lo demuestra, por lo demás, la intensa discusión a nivel nacional que se ha levantado en torno al tema. El debate y la participación, lejos de asustarnos, nos indican que vamos por el camino correcto, pues, más allá de las encuestas que todos conocen y que revelan que más del 72 por ciento de los chilenos está de acuerdo con la existencia del divorcio, hay datos de mayor significación todavía.
En la última investigación del Centro de Estudios Públicos sobre familia y matrimonio, efectuada en julio recién pasado, se determinó que, a la luz de las respuestas de los ciudadanos a preguntas acerca de temas valóricos ligados al matrimonio, la convivencia y el divorcio, al parecer la sociedad chilena tiene las cosas bastante claras.
Por ejemplo, se precisa que el 43 por ciento de la población está disconforme con la afirmación de que "Las personas que quieren tener hijos deberían casarse" y que el 62 por ciento está de acuerdo con la aseveración de que "Un padre o una madre puede criar a un hijo tan bien como lo harían ambos padres juntos".
Sigo con los datos.
El 68 por ciento coincide en que "Es aceptable que una pareja conviva sin tener la intención de casarse" y el 66 por ciento concuerda en que "Es una buena idea para una pareja que tiene intención de casarse vivir juntos primero".
Por último -y éste es el dato más significativo-, el 76 por ciento de los chilenos comparte el juicio de que "El divorcio es la mejor solución cuando una pareja parece incapaz de resolver sus problemas conyugales".
En mi opinión, aquí está el quid del asunto. Porque la gente entiende que cuando se llega a esa situación es porque no queda otro camino y no porque sea una salida fácil ante la primera discusión que se produce en la pareja. No se trata entonces, como peyorativamente señalan algunos, de encontrar soluciones banales cuando "se acaba la química entre dos personas". Me parece que es una cuestión mucho más seria y profunda, que la gente comprende y sufre en carne propia.
Los Parlamentarios estamos obligados a mirar atentamente a las personas y a atender sus preocupaciones y los temas que las mueven. No se trata de que por eso vayamos a ir en contra de nuestros principios, sino, simplemente, de que sintonicemos un poco más con la gente que nos escogió para representarla en el Congreso. De hecho, ella es lo que nos eligió y no las instituciones, por muy honorables y antiguas que sean.
Mucho se ha hablado en este Hemiciclo sobre la pobreza que ocasionaría la dictación de una ley de divorcio. Sólo haré un alcance en relación con este punto. No es una ley de divorcio la que origina problemas económicos, sino la ruptura matrimonial. Y lo que deja en la indefensión a la mujer y a los niños es precisamente la inexistencia de un divorcio debidamente regulado, que vele por todos los integrantes de la familia rota.
La normativa que se estudia ha sido enriquecida -como aquí se ha dicho- con un capítulo referido a las compensaciones para el cónyuge que queda en desigualdad de condiciones tras el quiebre de la relación. Los niños también resultan mejor protegidos, por lo que se avanza en un tema que de por sí es complicado y muy difícil.
Eso sí, creo que en este punto es bueno hacer un alcance, que ojalá sea bien entendido.
Hay señores Senadores que intentan confundir y desviar la atención planteando que el divorcio perjudica exclusivamente a la cónyuge. Si bien es cierto que muchas mujeres, que no trabajan o que reciben ingresos menores que los de sus maridos merecen una compensación por su situación, no lo es menos que deben hacerse propuestas para atender a todos los posibles afectados, incluyendo a algunos hombres que tras la ruptura también podrían quedar mal desde el punto de vista económico.
Me explico.
En la actualidad la mujer profesional puede ganar más dinero que su cónyuge; y también se da el caso de hombres que, al tener que entregar la mayor parte de su sueldo a su ex esposa y a sus hijos, ni siquiera pueden pensar en rehacer su vida ni en mantener una segunda familia, un nuevo matrimonio. Por ello, pienso que lo correcto es hablar del cónyuge en situación de mayor debilidad.
Hay muchos aspectos que se tocan en el proyecto, pero voy a referirme a los que considero más complejos.
Definición de plazos excesivos
Los Honorables colegas que normalmente ocupan tribunas o informan respecto de esta iniciativa -algunos reconocen en forma abierta que representan a una corriente más bien conservadora- han señalado que están en contra del divorcio y que son partidarios de establecer condiciones "especiales", mediante plazos excesivos, para desincentivar la disolución del vínculo.
Por tal motivo, con otros Parlamentarios presentaremos indicaciones a fin de reducir los plazos para hacer efectivo el divorcio: en caso de consentimiento de ambas partes, de tres a un año; y cuando se manifiesta voluntad unilateral, de cinco a dos años, que sería lo ideal. Esto -lo digo seriamente- no es transformar a Chile en Las Vegas como burdamente se ha sostenido.
Lo que sucede es que el matrimonio tiene un único fundamento, que es el amor. Cuando la convivencia ha muerto y el amor se ha acabado, es insano pedirle a gente adulta que permanezca en una situación de conflicto que daña a la familia. Si alguien encuentra que eso es lo sano, lo moralmente correcto, lo bueno, ¡que lo haga! Pero no obligue a quienes no creen en esos preceptos a mantenerse en el infierno. Porque eso no es un cheque en blanco para manosear la tolerancia.
Además, el proyecto contiene una "trampa", una suerte de mina antipersonal que yace cubierta bajo el piso de los complicados trámites que deberá seguir una persona para terminar de manera legal con un matrimonio destruido, fracasado, roto de manera irreversible.
Cuando los miembros de la Comisión de Constitución fijaron los plazos para optar al divorcio (tres años si es por mutuo consentimiento y cinco si por voluntad unilateral), lo hicieron estableciendo que el juez deberá tener en cuenta una "fecha cierta" desde donde comenzarán a correr. Y resolvieron que esa fecha cierta se determinará a partir de una sentencia judicial referida a demanda de alimentos o a regulación de visitas y tuición; o bien, de una escritura pública donde conste que uno de los cónyuges abandonó al otro. Con posterioridad se incluyó la inscripción en el Servicio de Registro Civil. Pero el procedimiento todavía no está muy claro.
Lamentablemente, la Comisión excluyó la posibilidad de que esa fecha cierta se establezca por denuncia o constancia estampada ante Carabineros.
Pido que en esta materia reflexionemos un poco, pues es sumamente importante para otorgar eficiencia a la normativa.
¿Qué pasa con una mujer pobre que vive en una comuna rural, que ha tenido poco acceso a la educación y al bienestar económico, que ha sufrido por años el maltrato y el abandono? ¿Va a ir ante un notario de la capital de su Región o de su provincia para que le extiendan una escritura pública donde conste que su marido la abandonó a ella y a sus hijos para irse con otra mujer? ¿O -más aún- va a entablar un juicio de pensión alimenticia contratando para ello a un buen y costoso abogado?
El mecanismo escogido es elitista, y al preocuparse o interesarse por el destino de las mujeres más pobres olvida que ellas acceden a la justicia en menor medida que los hombres. El procedimiento es engorroso, considerando que la mayoría de la gente siempre concurre a Carabineros para dejar constancia de este tipo de hechos.
El caso más reciente y público es el de la señora Raquel Argandoña y el señor Calderón , quienes dejaron constancia en Carabineros cerca del lugar donde vivían justamente para manifestar una situación de crisis matrimonial o de violencia psicológica.
Eso es lo que hacen -y hacemos- todos los chilenos frente a este tipo de situaciones. Y es una "trampa", porque el único objeto de la norma es introducir algún resquicio para que los plazos se alarguen. El divorcio ya no será posible ni en tres ni en cinco años. A esos plazos hay que sumar los de la sentencia de tuición o alimentos y los años que demore esa mujer de escasos recursos para reunir el dinero y el valor para ir a buscar la escritura pública exigida por la Comisión de Constitución.
Por tal motivo, también presentaremos una indicación para que en el artículo 23 se reconozca la constancia ante Carabineros como mecanismo de acreditación de fecha cierta.
Otro aspecto importante sobre el cual necesariamente debe mejorarse el texto despachado es el reconocimiento como otra causal de divorcio el quiebre irremediable del vínculo matrimonial acreditado a través de un sistema de presunciones, o, en su defecto, restringirlas a aquellas que derivan de la violencia ejercida en contra de cualquiera de los cónyuges, que incluya un procedimiento expedito en caso de consentimiento mutuo y ausencia de hijos.
Mezcla entre lo civil y lo confesional
Otro tema relevante y que genera muchos problemas es la mezcla entre lo civil y lo confesional.
Por muy loable que sea la intención de igualar la validez del matrimonio legal con la ceremonia religiosa, la gente no debe dudar en cuanto a que un Estado moderno debe funcionar con reglas claras, seculares y obligatorias para todas las personas. Si alguien quiere vivir fervientemente de acuerdo con sus creencias religiosas y exigencias morales, es libre y natural que lo haga; para eso el Estado tiene una ley de cultos que da garantías por igual a todas las creencias. Pero primero hay que cumplir con la ley civil, ya que ésta hace iguales a judíos y musulmanes, a católicos observantes y católicos no observantes, a ateos y protestantes. Nos hace iguales a todos.
Asimismo, consagrar la igualdad entre ambas instituciones -la religiosa y la civil- debilita lo que ha sido una práctica asumida e internalizada en la sociedad civil chilena. Creo que se está volviendo al pasado, ya que en Chile funciona un Servicio de Registro Civil absolutamente confiable, eficiente y que da garantías de solemnidad a los contratos en que participa.
El problema no es que no tengamos ánimo de ser tolerantes con quienes creen en la indisolubilidad del matrimonio. Hay objeciones prácticas que parecen incluso ridículas. En verdad, las iglesias deberían contar con un registro "on line", interconectado con los demás cultos, para evitar la comisión de fraudes como la bigamia o la apropiación indebida y fraudulenta de herencias cuando uno de los contrayentes está a punto de morir. Hoy autorizamos esto y después podríamos pedir que, de acuerdo con las convicciones religiosas de cada uno, los niños debieran inscribirse primero en la iglesia y luego en el Registro Civil . Lo mismo podría pasar con las herencias.
Pienso que el precedente que se sienta en esta materia es peligroso.
Insisto: ¿qué pasa cuando una persona está a punto de morir y quiere casarse? Con la norma aprobada por la Comisión de Constitución se está entregando a los ministros de culto la posibilidad de que validen este tipo de matrimonios altamente sensibles, ya que hay efectos importantes en materia de sucesión y posesión que no pueden dejarse al arbitrio de las confesiones morales, por muy morales que sean. No queremos pensar mal, pero la ley no debe dejar ninguna puerta abierta para invitar a malas prácticas, ya que -insisto- ella debe primar por sobre todas otras consideraciones, por muy loables que parezcan.
Acerca de este punto también presentaré indicación destinada a impedir la celebración del matrimonio en artículo de muerte en ausencia de un oficial del Servicio de Registro Civil y a eliminar en el artículo 9º la figura de la simulación del matrimonio.
Pasemos ahora al aspecto más complejo del proyecto.
La modificación del artículo 21 aprobada en la Comisión es bastante impracticable, irreal y apunta a un objetivo que al parecer no se ha explicado del todo bien.
La pregunta es por qué cambiar algo que ha funcionado bien durante décadas, si lo que se quiere con esta iniciativa es arreglar las cosas que han funcionado mal, como la falta de divorcio, durante los más de 100 años en que se ha aplicado la ley. Esta norma se puede prestar, además, para matrimonios a prueba, para matrimonios religiosos que jamás se inscribirán ante el Registro Civil y que quedarán nulos, con evidente perjuicio para las mujeres. No creo que sea esto lo que pretendió la aprobación de la Comisión de Constitución.
También se habló en un momento de imponer en ese punto una figura bastante exótica -que, afortunadamente, terminó por caer por su propio peso-, en el sentido de establecer un mecanismo para optar, en el instante de casarse, por matrimonios indisolubles. Era una idea altamente impracticable, siendo más improbable aún que se definieran iglesias de primera o de segunda categoría para distinguir las que podrían casar de las que se hallasen en la imposibilidad de hacerlo. La cordura impide imaginar siquiera que indicaciones de esa naturaleza o extraños concordatos propuestos pudieran prosperar.
Estimados colegas, es preocupante que cierta parte de la Iglesia Católica intente presionar de manera indebida para que votemos sólo como lo estiman sus dignatarios. Es preciso recordar que en Chile existe libertad de culto y que, por lo tanto, también se debe respetar lo que piensan las otras religiones: los evangélicos, los luteranos, los calvinistas, los judíos, los musulmanes. Si, además, entre las religiones es muy difícil lograr un acuerdo, resulta evidente que es la ley civil la que debe dictar normas iguales para todos y sin ningún tratamiento especial para un solo sector. Si se es musulmán, judío, católico, ahí están las respectivas iglesias para poder ejercer cada credo. Pero la ley civil debe ser común para todos.
La discusión de la iniciativa que nos ocupa, señor Presidente , en verdad ha dado para todo: desde advertencias y amenazas veladas -y otras más abiertas-, que aquí mismo han refutado algunos Honorables colegas, hasta llamados y anuncios de que la votación servirá para poner nota a la cristiandad de muchos de nosotros.
Frente a esos hechos, no queda sino insistir en el respeto que debemos mantener entre todos, tanto en relación con las personas como con las instituciones.
Es muy difícil hoy en día, por lo demás, sostener posiciones divergentes en cualquier aspecto, especialmente los valóricos. El tema de la credibilidad constituye una preocupación incluso para la Iglesia Católica, que también ha enfrentado situaciones muy difíciles.
Por lo tanto, me parece que lo más importante es ser sinceros y sensibles con los problemas de la gente. Son miles los niños que nacen fuera del matrimonio, porque son también miles las personas que necesitan una segunda o tercera oportunidad en la vida. En lo atinente a ese asunto se olvida lo más importante: se hace referencia a relaciones basadas en el amor. Si no hay amor en la relación, la vida de la pareja y de los hijos se vuelve un infierno. Y, lamentablemente, sectores que saben muy bien decir "Amén" prefieren el infierno terrenal de los vínculos marcados por el desamor. En algunos ámbitos existe tanta preocupación de entrar al cielo por ser piadoso que se olvida que otros no comparten sus válidas inquietudes religiosas.
¿Qué necesitamos los chilenos en cuanto al matrimonio? Contar, a mi juicio, con una legislación acorde con el signo de los tiempos. En 2004 se cumplirán 120 años desde que se dictó la ley que rige al respecto y lo mínimo que podemos hacer por el país los Parlamentarios es dejar una normativa aplicable, razonable, desprejuiciada y lógica, que respete la diversidad religiosa y nunca deje de proteger a la familia.
Otro aspecto sobre el cual creo que se necesita ser muy claro atañe a refutar una afirmación frecuente de los contrarios al divorcio, respecto de que un proyecto sobre el particular atenta contra la familia. Pienso que la iniciativa en estudio más bien defiende y ampara a quienes, sin haber tenido suerte en su elección, quieren salvar la convivencia civilizada. Se defiende la familia a partir del minuto en que se privilegia el rescate de los cónyuges desde una relación insostenible, o de los hijos, evitándoles el sufrimiento diario de ver cómo sus padres se autodestruyen. Se defiende la familia desde el minuto en que se da a las personas una nueva oportunidad para establecer una relación de pareja en el amor. De eso se trata. ¿Quiénes pueden preferir el engaño, la hipocresía, el dolor y la desesperanza? El Senador que habla -al menos-, no.
Además, el postulado de que el divorcio perjudica a la familia parte de una premisa equivocada: la de que el matrimonio es el único cimiento y origen de ella. Estimo que lo anterior es erróneo, porque ¿cómo juzgar, entonces, al hogar basado en una pareja de convivientes que no ha formalizado su relación, ya sea por trabas legales o por motivos personales o de creencias? No podemos ignorar o despreciar esa realidad, tan frecuente en todos los ámbitos de la vida nacional, en los sectores rurales, en los sectores urbanos, en los distintos sectores sociales, en las grandes ciudades y en cada una de nuestras comunidades. Tampoco podríamos cuestionarla, porque en su seno la gran mayoría de las veces priman la estabilidad, la fidelidad, la abnegación solidaria, con una descendencia impregnada de ese espíritu. En fin, se trata de núcleos centrados en el amor, aunque carentes de sello civil y eclesiástico.
¿Quiénes somos nosotros para descalificarlos como familia? ¿Acaso no conocemos en nuestros propios entornos familiares situaciones de ese tipo, con uniones reconocidas como matrimonios?
¿Acaso ellas no son aceptadas socialmente en el trabajo, en los colegios, en la comunidad a la que pertenecemos? ¿Seguiremos discriminándolas? ¿Seguiremos condenándolas? Son miles y miles los hogares en que tanto un matrimonio como una pareja sin casarse han formado familias.
Por todo lo anterior, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar. Y también adelanto, como he dicho, que con varios colegas presentaré indicaciones para mejorar el texto y hacerlo más acorde con lo que la realidad nos demanda.
He dicho.
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