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El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , concurrimos a la aprobación de la iniciativa por las razones señaladas públicamente y por las que manifestó el señor Ministro de Educación .
Pero, al menos, deseo dejar constancia de algunos aspectos que nos parecen importantes.
Como mencionó el señor Presidente de las Comisiones unidas, del universo de 127 mil 682 deudores, por un monto total de 273 mil 615 millones de pesos, han reprogramado hasta la fecha 26 mil 859, es decir, cerca de 21 por ciento, porcentaje que, sumado al de los que han reprogramado directamente, se estima que puede llegar a 35 por ciento.
Esto refleja, a pocos días de terminar el plazo, que el mecanismo ideado no ha dado muy buenos resultados. El porcentaje es bajo y se suponía que debería haberse obtenido uno mayor.
La pregunta que cabe hacerse es qué está ocurriendo. Obviamente, ello tiene que ver con el mecanismo del crédito solidario, porque entre las 25 universidades con derecho a otorgarlo las diferencias en cuanto a su recuperación son muy sustantivas. Según nos informó en su momento la Ministra señora Aylwin , en dichos planteles el monto de recuperación varía entre 80 y 15 por ciento. Esto revela, por tanto, un problema endémico de no cobrar sus créditos. Y por eso se produce esta situación.
No hay grandes incentivos para cobrar y, finalmente, el mayor estímulo es para traspasar la deuda al Fisco.
Cuando los alumnos piden más crédito -con razón, porque no tienen acceso a él y, en consecuencia, no pueden pagar sus estudios-, no hay recursos para entregarles. Pero resulta que en cierto sentido sí los hay. Según las cifras que se entregan anualmente, en 2003 se están obteniendo 25 mil millones de pesos por la recuperación de las universidades, los que sumados a más 47 mil millones de la Ley de Presupuestos, alcanzan a una cantidad cercana a los 73 mil millones de pesos. Si se recobrara el total de la deuda, se podría incrementar muy significativamente el crédito, beneficiando, si no a todos, por lo menos a gran parte de los alumnos que hoy día lo están solicitando.
De hecho, según la información disponible, en esta reprogramación se ha producido de nuevo el mismo fenómeno: hay una diferencia sustancial entre algunas universidades en cuanto a recuperación de deudas por cobrar, que fluctúa entre 44 y 10 por ciento.
¿Qué ocurre? El sistema no está funcionando. Hasta el momento, no existen incentivos correctos. Y por eso la mera reprogramación con más plazo, como ahora se propone, no garantiza la recuperación total de los créditos adeudados ni el acceso al sistema de todos los alumnos que los requieren.
Se nos ha indicado que el Consejo de Rectores de estas 25 universidades ha acordado que quienes no reprogramen pasarán a cobranza judicial. Creo importante tener presente esta señal al momento de decidir. Para nosotros, por lo menos, ha sido un argumento muy poderoso, por cuanto es la única manera no solamente de establecer la responsabilidad individual de quien recibió el beneficio, sino además de extender el carácter solidario del crédito. Si los deudores pagan, otros alumnos podrán estudiar gracias a ello. Hay muchos que no pueden hacerlo en parte debido a que quienes recibieron créditos anteriormente no los están pagando.
Me parece esencial subrayar que la mera publicación de la lista de morosos no es suficiente garantía; porque son más de 100 mil, y la posibilidad de acceder a su registro y de utilizarlo con sentido sancionatorio -como se ha mencionado- es muy parcial.
En otras palabras, estamos extendiendo un plazo sin haber encontrado una solución para esas personas. Lo único real es la mantención de los plazos, a fin de que quienes recibieron beneficios sociales sepan que deben pagar sus deudas. Desgraciadamente, la señal no es buena.
Con todo, señor Presidente , considerando la necesidad de dar una solución y que se ha hecho público que se concederá una prórroga -lo cual, como es obvio, detiene el cumplimiento de los compromisos-, aprobaremos el proyecto, pero dejando constancia de que lo hacemos fundamentalmente porque las universidades se han comprometido a la cobranza judicial, porque no habrá nueva reprogramación y porque a quienes se acojan al sistema propuesto se les está ofreciendo una solución muy satisfactoria.
Finalmente, quiero dar a conocer una reserva respecto del sentido de la publicación de las listas de deudores: se aclara lo relativo a la denominada "Ley DICOM", pero se establece exactamente lo contrario a lo aprobado en la ley sobre protección de datos de carácter personal, que trataba de evitar que este tipo de deudores fuera conocido en forma pública, pues podrían sufrir sanciones en los ámbitos comercial y financiero.
Hoy día se está borrando con el codo lo que ayer se firmó con la mano.
He dicho.
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