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El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , votaré a favor, no obstante tener dos observaciones sustantivas sobre el proyecto en debate, que me parece importante plantear en esta oportunidad.
En primer término, ni el Ministerio de Educación ni el Consejo de Rectores han hecho esfuerzos para regionalizar las deudas. Cuando nos referimos a ese último organismo, debemos pensar que acoge a 25 universidades, que son muy distintas unas de otras y, por lo tanto, con diferentes tipos de deudores. Al hablar de las Regiones con alto índice de cesantía, como ocurre con algunas en el norte y en el sur del país, deberíamos pensar que muchos de los profesionales que allí viven no pagan sus créditos, no porque no quieran hacerlo, sino sencillamente por carecer de trabajo y por tener menos expectativas laborales.
Lamentablemente, la iniciativa no da cuenta de esa realidad. Y cuando se refiere al Consejo de Rectores, lo hace en relación con las dos o tres universidades más importantes de nuestro medio. Pero no alude a otras instituciones de educación superior, que tienen una situación muy distinta, como son la Universidad Católica, la de Chile, la de Concepción y otras.
En segundo lugar, lo cierto es que, por lo menos dentro del espíritu de la autonomía universitaria, la publicación de las listas de deudores morosos del crédito solidario debería haber quedado, en mi concepto, a consideración de las juntas directivas de cada universidad. En consecuencia, el proyecto no debería ser tan perentorio sobre el particular, porque señala que prácticamente habría que darse cuenta de ello. Al parecer no es así, según lo dicho por el señor Ministro de Educación , con lo que mi objeción quedaría respondida.
Pero publicar una lista de morosos del crédito solidario en Antofagasta o en Punta Arenas tiene un efecto social mucho mayor que hacerlo en Santiago. El hecho de que una nómina de deudores de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica aparezca en un periódico de la Capital -donde se concentra el mayor número de personas en esa situación- no tiene ningún impacto. Pero publicarla en ciudades pequeñas o en lugares de menor densidad poblacional perjudicará, sin duda, a los deudores de tales localidades, porque se sabrá quién no ha pagado.
En consecuencia, por esa vía, una vez más, se estaría beneficiando en forma indirecta a los deudores de las regiones o ciudades más importantes o pobladas, como Santiago, Valparaíso y Concepción. Sin embargo, en lo referente a otros lugares, la publicación de la lista afectará integralmente a ciertas personas, no digo en su honra, pero sí desde los puntos de vista profesional y social.
En mi opinión, en esta iniciativa legal no fueron consideradas como corresponde esas observaciones, que me parecen válidas.
A pesar de ello, voto a favor.
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