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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De acuerdo con lo resuelto ayer por la Sala, procede votar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, de Relaciones Exteriores y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1575-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 34ª, en 9 de mayo de 2000.
Informes de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 7ª, en 1º de julio de 2003.
Relaciones Exteriores, sesión 7ª, en 1º de julio de 2003.
Constitución, sesión 15ª, en 29 de julio de 2003.
Discusión:
Sesión 15ª, en 29 de julio de 2003 (queda pendiente su votación)
El señor ROMERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , la sala de Senadores de Renovación Nacional acordó con el Ministerio de Relaciones Exteriores un procedimiento a propósito de este proyecto de acuerdo. De modo que me gustaría escuchar el planteamiento del señor Ministro subrogante .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Antes de conceder la palabra al señor Ministro , solicito autorización para que ingrese a la Sala el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso.
--Se autoriza.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor BARROS ( Ministro de Relaciones Exteriores subrogante ).-
Señor Presidente , efectivamente, el Ejecutivo manifestó su disposición a formular una declaración interpretativa, en la forma de depósito de una reserva escrita al momento de la ratificación, mediante la cual se señale que la Convención se aplicará sólo a hechos cuyo principio de ejecución tenga lugar con posterioridad a la entrada en vigor de ella.
Ése es el acuerdo a que llegamos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Estimamos que el depósito referido es la reserva hecha en los tratados. Por tanto, debemos entender que esa declaración interpretativa tiene la forma de una reserva.
¿Es así?
El señor BARROS (Ministro de Relaciones Exteriores subrogante).-
Es así, señor Senador.
El señor ROMERO.-
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debo hacer presente a Sus Señorías que la Comisión de Constitución, que no fue el órgano técnico informante -más bien, se abocó al estudio de la constitucionalidad de la iniciativa-, observó que para la aprobación del proyecto de acuerdo se podría requerir quórum orgánico constitucional. Sin embargo, las dos Comisiones que analizaron la iniciativa antes no hicieron esa prevención. Asimismo, la Cámara de Diputados no votó con tal exigencia.
Por otro lado, según se me informó esta mañana, ya se presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, la Mesa va a someter a votación nominal el proyecto de acuerdo sin hacer expresa mención del quórum. Pero, en todo caso, dejaremos constancia del resultado, como procedemos habitualmente.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , estoy de acuerdo con el contenido de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas; estoy de acuerdo con el tipo penal que establece, y estoy de acuerdo con generar condiciones que restrinjan la posibilidad de que exista impunidad para los delitos de que se trata, que me parecen de extraordinaria gravedad.
Me veo obligado a votar en contra del proyecto de acuerdo, única y exclusivamente, por razones y dudas de carácter constitucional.
El artículo 5º de la Carta Fundamental dispone, a mi juicio en forma clara, que la soberanía sólo puede ser ejercida por las autoridades señaladas en ella. Y el artículo 73 otorga facultades jurisdiccionales, esenciales a la soberanía, a los tribunales chilenos.
Además, la esencia de un fallo reciente del Tribunal Constitucional acerca del Tratado sobre el Tribunal Penal Internacional apunta a que no se pueden delegar facultades soberanas de jurisdicción ni en forma supletoria ni complementaria ni en carácter de supervisión a tribunal extranjero de tipo internacional o de algún país específico sin previa autorización constitucional. Éste es el elemento básico de dicha sentencia.
Por tales razones, y en vista de que lamentablemente no hay posibilidad de consultar con antelación al Tribunal Constitucional -ello podría evitar la presentación de un requerimiento, el que, además, debe acompañarse de votos negativos-, me veo en la obligación de votar en contra. Espero que el Tribunal pueda resolver la duda de constitucionalidad, a fin de tener la seguridad de que la Convención se ajusta a la Carta Fundamental. De no ser así, habrá que incorporar la modificación constitucional correspondiente.
Mis palabras, señor Presidente, representan a todos los Senadores de la UDI en cuanto a la fundamentación de nuestros votos negativos.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , la bancada de Renovación Nacional votará a favor el proyecto de acuerdo, primero, porque comparte su contenido; segundo, porque le asiste la convicción de que no contiene vicio alguno de inconstitucionalidad; tercero, porque el Gobierno ha hecho reservas y prevenciones a nuestro juicio fundamentales; y, finalmente, porque el proyecto de acuerdo debe votarse -así lo votamos mayoritariamente en la Comisión de Constitución- con quórum de ley orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 74 de la Carta Fundamental, según el cual "Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales". No cabe duda de que en este caso se está modificando la atribución de los tribunales para ejercer jurisdicción y competencia respecto de hechos ocurrido en Chile y en el extranjero.
Voto que sí.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , obviamente votaré a favor.
Tengo la impresión de que, de discutirse este proyecto en los años 60 o a comienzos de los 70, se hubiera logrado completa unanimidad, porque no habríamos imaginado que este nuevo tipo de delitos podría cometerse en nuestro país. Desgraciadamente, no sólo en Chile, sino también en distintos otros países de América Latina, se usó la desaparición forzada de personas con fines represivos de manera bastante masiva. Eso hace que la Convención que debatimos no sólo tenga valor jurídico, sino también político y moral en sociedades que, después de haber estado tan profundamente divididas, se comprometen a sancionar con el máximo rigor un delito específico.
Esto es fundamental para afirmar que en el futuro -como se ha dicho tan repetidamente en estos meses- nunca más vuelvan a ocurrir, cualesquiera que sean las circunstancias -ni en Chile ni en América Latina ni en el resto del mundo-, violaciones tan severas a los derechos humanos como las que hemos vivido. Ha quedado claro, con la declaración del Gobierno y con el pacto suscrito con Renovación Nacional, que la Convención carece de carácter retroactivo; que, por tanto, todavía no tiene relación con los debates jurídicos, políticos y morales que sostenemos en el país respecto de nuestro pasado reciente, y que solamente significa el compromiso nacional e internacional de que estos delitos se condenen de manera taxativa y universal.
Yo hubiera esperado, como un buen signo respecto de nuestra confianza en el futuro, una votación unánime o casi unánime en el Senado. Lamento -quiero expresarlo públicamente- la posición adoptada por la UDI y que dio a conocer el Senador señor Chadwick . La verdad es que, si hubiera alguna duda constitucional, existen mecanismos para resolverla. La mayoría de nosotros piensa que la duda planteada no tiene mayor fundamento. Lo que aquí estamos votando es la voluntad jurídica, política y ética del compromiso de que en Chile todos condenamos estos delitos atroces contra las personas para que nunca más ocurran en estas tierras.
Lamentando no haber contado con la mayoría que hubiera querido, voto que sí.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , tengo entendido que cuando dos Senadores pareados están presentes en la Sala pueden votar. Ésa es la norma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así es.
El señor MARTÍNEZ.-
Fundamentaré mi voto en el sentido siguiente.
Esta Convención plantea una separación que estimo altamente ofensiva para las instituciones de la Defensa Nacional cuando excluye en forma expresa a la justicia militar del conocimiento de los delitos de desaparición forzada de personas.
Si bien de su lectura se desprende que esta acción no está considerada en las operaciones militares -y nunca lo ha estado, excepto en las de las grandes potencias, cuando utilizan comandos para secuestrar a determinados líderes de la parte opositora; sucede hoy día; no hay que desconocerlo-, se plantea una separación que, a mi juicio, afecta a la estructura interna del sistema judicial chileno.
Las cortes militares, sujetas en tiempo de paz a la acción correctiva y de control que corresponde a la Corte Suprema, tienen un estatuto especial en tiempo de guerra. Pero, aun así, siguen sometidas al Estado de Derecho vigente en Chile para ambas situaciones: en tiempo de paz y en tiempo de guerra.
Pienso que esa separación odiosa ex profeso tiene un contenido ideológico imposible de aceptar, pues introduce una división con la que los nacionales de determinado Estado pueden no coincidir. De hecho, muchas veces así es. Esto me lleva a plantear que el problema central de la Convención no es que no se rechace el delito. Éste, por supuesto, si se tipifica, debe ser incorporado a nuestro sistema jurídico. Lo que se rechaza es su visión sesgada de las relaciones que deben existir en un cuerpo social organizado, como es una nación, expresión máxima de la unidad de un pueblo.
Es decir, éste es un nuevo antecedente para considerar que, con la aprobación de esta Convención (independientemente de estimar que en algún momento se tipifiquen los delitos que establece), se está traspasando soberanía del Estado, lo que sólo es posible a través de la acción de la propia nación.
Voto en contra de esta normativa, por considerarla lesiva para la autonomía y soberanía del Estado de Chile. Es inaceptable, porque apunta hacia una visión de las relaciones internacionales que, a la larga, tenderá a dar pleno peso a lo que se llama "jurisdicción universal", que también resulta inaceptable, porque es la mejor forma de destruir los derechos de las personas.
Voto en contra.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , al fundamentar mi voto, quiero hacer constar, primero, que esta Convención fue aprobada abrumadoramente en la Cámara de Diputados, sin objeciones de constitucionalidad. Y segundo, que ha sido vista por tres Comisiones del Senado: la de Derechos Humanos, la de Relaciones Exteriores y la de Constitución; y en las tres fue aprobada, despejándose en esta última los argumentos de que adolecería de inconstitucionalidad.
Con esas constancias, deseo establecer que no hay razones que impidan que el Parlamento chileno apruebe esta Convención, dado que los legisladores han manifestado en forma mayoritaria y sin ninguna duda cuál es su basamento constitucional y ético.
Voto a favor.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , en verdad llama poderosamente la atención que, cuando se expresa una voluntad y una decisión e incluso se dan a conocer propuestas para indemnizar a quienes fueron objeto de alevosas violaciones a los derechos humanos, y cuando de la negación se pasa al reconocimiento de los hechos, llegado el momento de ratificar todo lo anterior, se rechace esta Convención.
Y para ello se aducen argumentos de constitucionalidad, aunque, como han señalado diversos señores Senadores, hay una instancia para invocarlos. Por tanto, si uno desea que tales hechos nunca más -¡nunca más!- vuelvan a ocurrir en Chile, tiene que condenarlos ahora. Porque, si no, ¿somos partidarios o no de la defensa irrestricta de los derechos humanos?, ¿queremos que en nuestro país nunca más se repitan situaciones tan lamentables?
Pienso que éste es el momento para expresar nuestra voluntad en tal sentido, independientemente de cuál sea la resolución posterior del Tribunal Constitucional. Creo que, ante situaciones como éstas, los gestos y las señales que uno pueda dar son muy importantes. En su oportunidad valoramos la propuesta que la UDI formuló al país, pero esperábamos que hoy día, en este clima favorable a los derechos humanos imperante en el país, actuara en concordancia con sus declaraciones.
Por eso, lamento profundamente esa actitud, aunque tal vez es bueno para el país que estas cosas se sepan; es bueno apreciar cómo se hace una proposición y después, cuando llega el momento de ratificarla, se alegan problemas de constitucionalidad para rechazarla. Además, se trata de normas que, como reiteradamente se ha expresado en la Sala, comienzan a regir de aquí para adelante. Estamos diciendo: "Éste es el país que desde ahora queremos construir para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir". Tal es el compromiso que asumimos hoy acá. Esto es lo que cada uno de nosotros está afirmando con su pronunciamiento: "Voto que sí, porque quiero que nunca más se repitan hechos tan lamentables que empañaron la historia de nuestro país".
Por eso, voto favorablemente.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , deseo intervenir porque hay una apreciación sobre esta Convención que considero absolutamente incorrecta. Ella no discrimina a las Fuerzas Armadas, ni a favor ni en contra. Quienes estiman -particularmente un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- que se refiere a las Instituciones Armadas de América Latina está cometiendo un grave error. Porque lo que está diciendo es que estos delitos pueden cometerlos los Estados; y éstos no sólo son las Fuerzas Armadas. Eventualmente, pueden perpetrarlos el Poder Ejecutivo u otros organismos estatales, y no necesariamente las instituciones de la Defensa. En consecuencia, cuando se sostiene que se alude directa, indirecta o subjetivamente a las Fuerzas Armadas -y hay quienes piensan que se apunta a las chilenas-, se está diciendo algo no expresamente señalado, que no ha sido la intencionalidad de quienes patrocinaron la idea de que en América Latina jamás se vuelva a incurrir en el gravísimo error histórico de los Estados de cometer masivamente estos delitos, cualesquiera que sean sus agentes, para que nunca más veamos mancillados el honor y la dignidad de los ciudadanos; en nuestro caso, de los chilenos.
Por eso, lamento mucho la imposibilidad de aprobar por unanimidad este proyecto de acuerdo, independiente de que lo hubiese visto el Tribunal Constitucional.
Voto favorablemente.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , es de sobra conocido que todavía mantenemos fuertes controversias respecto de nuestra historia más reciente. Y quiero decirles a algunos señores Senadores que somos parte de un sector que ha hecho una revisión muy dolorosa y muy crítica de sus propias actuaciones, al extremo de manifestar que, si fuéramos puestos en las mismas circunstancias que enfrentamos en el pasado, no procederíamos de igual manera. Y lo hemos dicho así, con todas sus letras. Lo hemos debatido; nos hemos dividido; nos hemos peleado entre nosotros.
Por ello, siento que tenemos mucha autoridad moral para pedir que por lo menos todos asumamos una actitud común para enfrentar el futuro. Porque si hay algo en lo cual debiéramos estar de acuerdo, es en que la desaparición forzada de personas no puede ser un instrumento de la lucha política. Simplemente, es un delito atroz.
Yo esperaba que hubiésemos aprobado, por unanimidad, esta Convención, que constituye un mecanismo eficaz para forjar una convivencia razonable y decente en el futuro.
Vista desde la lógica militar, reconozcamos también que la guerra -que es terrible- tiene sus reglas. Y la desaparición de personas está completamente fuera de ellas. Y eso lo saben los militares, lo saben los marinos. Las han practicado. Por tanto, no hay ninguna razón para que, desde la óptica militar, pueda manifestarse una reserva o un voto negativo respecto de algo tan evidente.
Y así como me parece importante la actitud de los Senadores de Renovación Nacional, quiero decir unas palabras en cuanto al proceder de la bancada de la UDI. Soy uno de los que valoraron su propuesta sobre los derechos humanos. Incluso llegué a polemizar públicamente con algunos Diputados de mi partido, que alegaban que la UDI estaba invadiendo un terreno respecto del cual carecía de autoridad para pronunciarse. Yo discrepé de ese punto de vista. Me pareció relevante que un partido que había estado en una posición tan distinta en estos temas pudiera variar su criterio y finalmente los derechos humanos adquirieran connotación nacional y no sólo fueran objeto de la preocupación de un sector del país. Así ganaba el movimiento por los derechos humanos y también los valores a partir de los cuales queremos construir la convivencia futura.
Pero la verdad es que esta votación causa una gran decepción, porque -lo digo con mucha franqueza- introduce dudas respecto de la sinceridad de la propuesta y de la coherencia con que se actúa. Se hace mucho discurso hacia fuera; pero, cuando se trata de ser coherentes, cuando se trata de ser consistentes, cuando se trata de decir: "Demos al país un instrumento que permita proteger a las personas de crímenes tan aberrantes", finalmente se utilizan pretextos para no asumir lo dicho.
Esto es muy preocupante desde el punto de vista de los comportamientos públicos en el país.
Voto a favor del proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pido a los señores Senadores que eviten los diálogos.
Tiene la palabra, para fundamentar el voto, el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , lamento los términos en que se ha dado el debate, especialmente por parte de quienes recién me precedieron en el uso de la palabra.
Si se trata de hacer gestos, no hay ninguna incoherencia en nuestra actitud y tenemos la conciencia muy tranquila, porque, si bien estamos rechazando el proyecto que aprueba la Convención, se ha formalizado la presentación de una iniciativa legal respecto de la misma materia. Por su intermedio, señor Presidente , quisiera que el señor Secretario certificara si ayer se dio cuenta en la Sala de una moción, presentada por esta bancada, que precisamente consagra el delito de la desaparición forzada de personas.
Por ello, no hay ninguna contradicción al no aprobar este proyecto de acuerdo, pues concretamente se plantea contemplar dicho ilícito en la legislación interna. La única diferencia entre ambas posibilidades es ceder permanentemente soberanía a tribunales extranjeros, o ser capaces, los propios chilenos, de juzgar los delitos cometidos en nuestro territorio. Sólo existe esa diferencia y variante en la materia.
Lejos de existir una contradicción, hay plena coherencia en la moción formulada y, por ende, en nuestra aproximación al tema de los derechos humanos.
Por lo tanto, esa inconsistencia aparente que se ha intentado mostrar en el curso del debate es absolutamente falsa, y estamos dispuestos a que el Presidente de la República coloque la urgencia que sea necesaria a dicho proyecto de ley para abordar el tema a través, no de la propuesta de la Convención, sino de una legislación interna.
Como se ha señalado en la discusión, efectivamente son buenos los gestos, y ¿qué mejor que la formalización de una moción? La única diferencia al respecto radica entre quienes quieren ceder soberanía a tribunales internacionales y quienes queremos juzgar estos delitos en Chile.
He dicho, señor Presidente.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Vota que no, Su Señoría?
El señor ORPIS.-
Efectivamente.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , las dudas de constitucionalidad respecto de la Convención han quedado claramente despejadas, tanto en el informe original de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía cuanto en el informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. También quedaron nítidamente dilucidadas en la intervención que ayer hizo el Honorable señor Espina en la Sala.
No tengo, en consecuencia, duda alguna sobre el punto.
Por otra parte, la Convención es absolutamente necesaria. Ella apunta hacia la cooperación entre los Estados y la uniformidad de sus legislaciones para que estos delitos, de gravedad inocultable, no queden en la impunidad y puedan ser realmente perseguidos y castigados. Constituye, por tanto, un significativo paso adelante en la protección de los derechos fundamentales de las personas.
No es equivalente, como aquí se ha dicho, el legislar al interior del país que hacerlo sancionando también una Convención de esta naturaleza. Uno y otro instrumento jurídico tienen dimensiones distintas. Con el que nos ocupa, el Estado de Chile no sólo se obliga a determinada línea de acción junto al resto de los Estados americanos, sino que también compromete su cooperación activa para que esos países puedan perseguir y castigar los delitos cometidos por sus nacionales o los perpetrados en sus respectivos territorios.
Así como necesitamos la colaboración de los demás Estados para poder asegurar la aplicación de la legislación interna, debemos estar disponibles, particularmente en este tipo de delitos, para prestar esa cooperación.
Preocupa, señor Presidente, que cada vez que nos encontramos frente a un instrumento internacional de este tipo y referido a esta materia, surjan de inmediato reparos de constitucionalidad en nombre de la soberanía o de otro aspecto sensible entre nosotros.
Sin embargo, se olvida que, cuando la Constitución de 1980 fue reformada en 1989, se exaltó el valor de los pactos internacionales en relación a los derechos humanos, y Chile se abrió a una línea de cooperación activa con el resto de los Estados para que la vigencia de tales derechos fuera debidamente resguardada.
Aquella enmienda constitucional contó con muy amplio respaldo ciudadano y su validez es incontestable, a diferencia de los actos que precedieron el plebiscito de 1989.
En consecuencia, es dable esperar una actitud más positiva en esta materia. Yo confío en que ésa se dé cuando tengamos oportunidad de pronunciarnos sobre la reforma a la Carta Fundamental que se ha forzado a promover, a fin de hacer posible la aprobación del tratado que instituye la Corte Penal Internacional, materia en la cual, para vergüenza de nuestro país, nos encontramos, desgraciadamente, retrasados.
Voto a favor del proyecto de acuerdo.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , quiero volver sobre lo que conversamos ayer, respecto de que esta Convención, por interesante y trascendente que sea, no tendrá vigencia sobre un conjunto de ilícitos y hechos penales de gran ocurrencia -al margen de los actos políticos de un Estado o Gobierno- que forman parte de la vida diaria de muchísimos países de nuestro continente.
Este instrumento, tal como se ha señalado, está firmado sólo por diez naciones de las veintitantas que integran la Organización de Estados Americanos. El resto no se ha pronunciado.
No van a firmar ni Estados Unidos ni Cuba. O sea, quedarán marginados de sus efectos. En especial, me preocupa Cuba, que tiene un prontuario policial y penal bastante grande y delicado, el cual posee características todavía más profundas, si se considera, por ejemplo -según informaciones de que dispongo-, que, en Perú, más de 2 mil 500 personas han desaparecido a causa de la guerrilla que realiza Sendero Luminoso, la que ahora parece estar floreciendo nuevamente. Sin duda alguna, su financiamiento, como ha sido tradicional, proviene de países controlados por grupos socialistas marxistas. También cabe mencionar que, en Colombia, el conflicto armado con las FARC, ya de muchos años, teniendo en cuenta que los muertos son más de 50 mil, contabiliza a lo menos unas 4 mil 500 personas desaparecidas, o sea, cuyo destino nunca más se conoció.
Sin embargo, estos hechos, que son tan graves, no están contemplados en la Convención Interamericana, como no lo estará ningún acto de este tipo cometido por otras fuerzas paramilitares.
En consecuencia, señor Presidente , entendiendo que es importante llegar a un acuerdo, quiero leer el Artículo II de este tratado, porque, si se aprueba, el Senado debiera concordar una interpretación y un tratamiento para dicho artículo. Dice: "Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado,".
Esta norma está referida, por hallarse escrita en singular, básicamente al territorio donde se produce el hecho mismo. Pero, atendidos los antecedentes señalados -estoy hablando de grupos armados como Sendero Luminoso, las FARC y otros tantos que vendrán-, es evidente que hay Estados involucrados en territorios ajenos. Eso es verdad. El sostener lo contrario es simplemente desconocer incluso las declaraciones del propio Fidel Castro , quien ha señalado a todo el mundo que cooperó con el movimiento revolucionario en América Latina. Basta recordar al "Che" Guevara, quien, en una reunión con la Internacional Socialista en 1964, dijo: "el odio es el arma de la revolución".
Todo ello corresponde a hechos reales. Y no estoy hablando del pasado, porque, en verdad, la historia ya ha sido analizada y lo que nos interesa son las cuestiones del futuro.
Por tal motivo, voy a solicitar concretamente que, de aprobarse el tratado en análisis, el Senado acuerde lo siguiente (daré lectura al documento pertinente, y luego lo entregaré a la Mesa): "En el Artículo II, al referirse a "agentes del Estado", también se refiere a personeros que puedan actuar en territorios diversos en nombre, apoyo o inducidos por terceros Estados".
Voto favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Dado que estamos en votación, no es posible someter tal petición a la consideración de la Sala. Sin embargo, Su Señoría la puede reiterar después.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , tal como se señaló en el debate, la Sala de Senadores de Renovación Nacional concordó con el Gobierno una definición respecto de algunos puntos que nos pareció importante precisar.
En ese aspecto, ha quedado meridianamente claro, en primer lugar, que la voluntad del Gobierno y de la mayoría del Senado al aprobar la Convención en análisis es que ésta se aplica exclusivamente hacia el futuro y en manera alguna a hechos acaecidos o a acciones iniciadas antes de su ratificación, excluyéndose expresamente toda posibilidad de que se aplique a consecuencias, efectos, continuación o cualquiera otra manifestación, efecto o expresión posterior a su entrada en vigor respecto de nuestro país.
Asimismo, entendemos que el Gobierno formulará una reserva expresa al ratificar la Convención, que resulta necesaria para evitar que ello ocurra en el caso chileno. Naturalmente, agradezco al señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante que haya confirmado tal circunstancia.
En seguida, planteamos la necesidad de dejar constancia, para los efectos de la historia del establecimiento de la ley -cuestión que la Cancillería ha precisado con mucha claridad durante la discusión del convenio-, de que para que un Estado determine su jurisdicción sobre un hecho constitutivo de desaparición forzada de personas en virtud de esta Convención debe existir, por lo menos, un vínculo o título de jurisdicción válido, es decir, que el hecho se haya cometido en su territorio, o que la víctima o el imputado sean nacionales de ese Estado.
Lo mismo se planteó con relación a las inviolabilidades, privilegios y prerrogativas constitucionales, como también respecto de la extradición y de la cosa juzgada.
Cuando arribamos a ese acuerdo, lo hicimos porque éste es un tema de Estado. Y, como tal, nos parece que no corresponde sacar ventajas de ninguna especie. Me sorprende que algunas bancadas de enfrente estén tratando de conseguir alguna ventaja pequeña en una materia de Estado. Reitero lo anterior porque, si efectivamente hubiese sido objetivo el análisis, las cosas se habrían planteado en términos constructivos y no en forma negativa, como se ha hecho.
Un tema de esta naturaleza, por su importancia y trascendencia, no amerita ni justifica el hecho de que debamos aceptar ese tipo de interpretaciones. Yo las respeto, porque, naturalmente, estamos en un país libre. Sin embargo, habría sido, tal vez, más consecuente que alguien hubiera destacado que en un partido de la Alianza por Chile se haya adoptado esa decisión.
Muchos Senadores teníamos dudas de constitucionalidad. Sin embargo, optamos por este camino, porque nos pareció importante para Chile. Y cuando alguien está ejerciendo un derecho, lo respeto como el que más. Porque se ha dejado en claro que en el contenido de esa propuesta no hay diferencia alguna dentro de la Alianza por Chile. La UDI presentó un proyecto -como lo anunció oportunamente- al respecto. De modo que, a mi juicio, no corresponde hacer ese tipo de interpretaciones.
En todo caso, pienso que nuestro país hoy día debiera expresar con claridad el rechazo que nos merece ese tipo de delitos. Porque, ciertamente, no podemos aceptar bajo ningún pretexto que se llegue siquiera a imaginar que en el Senado alguien pudiese estar de acuerdo en un delito tan nefando como es la desaparición forzada de personas. Creo que nadie, y así ha quedado demostrado en el debate, se halla en esa posición.
Sin embargo, deseo destacar la voluntad que ha tenido el Ejecutivo con la bancada de Renovación Nacional para acordar un camino tendiente a allanar la situación y convertir el tratado en análisis en un tema de Estado. Me alegro por Chile. Naturalmente, los votos de Renovación Nacional están comprometidos en tal sentido.
Voto a favor de la Convención.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , en primer lugar, estamos hablando de un tipo de delito que involucra, sin duda, al Estado, a sus agentes o a personas que trabajan para el mismo en forma independiente, pero que están protegidas por aquél. De alguna manera pensamos que son delitos respecto de los cuales es muy difícil que el propio Estado pueda posteriormente juzgarlos o abordarlos si está implicado en tales hechos.
En segundo término, me parece de toda lógica que nadie va a expresar públicamente que se halla de acuerdo con el secuestro o con la desaparición de personas. Pero los hechos, desgraciadamente, han demostrado -más allá de las declaraciones- que, en el mundo y también en nuestro país, se han producido desapariciones de personas. Y el Derecho Internacional tiene una lógica. Se va generando a través de casos concretos que ocasionan alarma pública y que hacen que los países tomen en cuenta esta situación y busquen, con el acuerdo de todos o de la gran mayoría, mecanismos para impedir que ellos se repitan. Así nace las Naciones Unidas y se comienza a construir el Derecho Internacional.
Y ello no sólo ocurre en cuanto a los derechos humanos. Hemos suscrito acuerdos internacionales en materia económica, social; existen la OIT, la OMC y un conjunto de organismos internacionales que, en la medida en que participamos en ellos, van forzando a una pérdida de parte de nuestra soberanía. Es lo que acontece al interior de una sociedad. En efecto, carecemos de libertad absoluta para actuar en el país; sólo disponemos de ella pero regidos por ciertas normas que nos damos como sociedad. Y hoy día, en el mundo globalizado -como se señaló hace unos días acá-, más que nunca es necesario el Derecho Internacional, no solamente en las expresiones públicas, sino también en su concreción real.
Aquí se ha dicho, por ejemplo, que hay Estados que secuestran. Y eso es efectivo. No sólo secuestran. En semanas pasadas vimos cómo algunos, en forma unilateral, invaden países y los atacan con toda una fuerza abrumadora. Y justamente lo que está haciendo falta hoy día en el mundo es un Derecho Internacional que sea respetado también por las grandes potencias. Estados Unidos no ha suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no se ha involucrado allí. ¿Por qué? Porque tiene la prepotencia de una gran nación que cree que puede hacer lo que quiere. ¿Qué es posible realizar frente a un poder tan abrumador como el que exhibe dicho país? Justamente, que las naciones pequeñas seamos realmente los líderes del Derecho Internacional, porque mañana podemos ser víctimas de una gran potencia.
Por eso, estos instrumentos internacionales -que van construyendo paulatinamente un Derecho Internacional; que van entregando un grado de certeza, de seguridad, aunque no la total, pero, por lo menos, en parte, a los países más pequeños y a quienes dentro de éstos carecen de todo poder- constituyen una señal muy importante y, a la larga, nos beneficiarán a todos, no solamente a quienes hoy día tienen ciertas reticencias.
Y no tengamos temor a perder soberanía, porque, en este mundo globalizado, yo pregunto: ¿hasta dónde llega la soberanía de las naciones cuando nosotros dependemos de lo que hacen y deciden las grandes potencias o los países más desarrollados? En este mundo, más que nunca, se requiere fortalecer el Derecho Internacional, y no debilitarlo.
Por eso, voto a favor del proyecto de acuerdo.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , con mucho respeto e interés he escuchado las intervenciones de distintos señores Senadores relacionadas con esta iniciativa, que tiene el propósito de prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas.
Para tales efectos, los Estados signatarios deberán crear o tipificar un delito autónomo de carácter permanente y, además, una jurisdicción universal, propia de delitos internacionales.
Deseo reiterar que, en mi opinión, el Tratado en estudio es inconstitucional. Ello, por cuanto algunas de sus disposiciones vulneran o infringen en nuestro país las garantías constitucionales sobre culpabilidad, presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de la ley penal, etcétera. La reserva que el Ejecutivo pueda plantear en tal sentido no es garantía para que una posterior interpretación judicial diga lo contrario.
Si se aprueba la Convención, el Estado de Chile contrae la obligación de crear o tipificar un delito autónomo; es decir, deberá legislar sobre la materia. Lo que cabe preguntar es: ¿Qué sucedería si el futuro proyecto de ley fuese rechazado por el Congreso? ¿Caería el país en sanciones internacionales?
Durante el debate de ayer se pudo apreciar la especial connotación político-partidista de algunos señores Senadores para abordar el tema. En efecto, un Honorable colega, al hacer la comparación entre los delitos cometidos en Chile y en diversos otros países, soslayó expresamente la desaparición forzada de millones de personas en Siberia o los fusilamientos en Rusia, en tiempos de Stalin. Fueron famosos por las condiciones inhumanas que prevalecían en los campos de concentración. En cambio, insistió con vehemencia respecto de lo que habría sucedido en la Alemania nazi, basándose especialmente en el libro "Noche y Niebla".
Interesante esa exposición, cuyo título es desconocido para mí. Pero creo saber algo de historia alemana. Seguramente, se trata de un infundio izquierdista para desprestigiar aún más la administración nacional socialista germana, así como ocurre con tantos libros que circulan y que contienen falsedades sobre el General Pinochet, y con el tan recurrente tema en Europa del suicidio de Salvador Allende, que allá es calificado como homicidio.
Asimismo, se habló de "nunca más". Estoy de acuerdo con esto, pero se trata de un "nunca más" pronunciado hasta ahora por un solo sector. Espero que el de la Izquierda declare también que "nunca más" considerarán la violencia como medio para alcanzar el poder; que "nunca más" tratarán de contrabandear armas rusas a Chile; que "nunca más" se enviarán centenares de jóvenes a Cuba y a Rusia para recibir entrenamiento militar; que "nunca más" llevarán miseria y lucha fratricida a la ciudadanía con su sistema político, y que, ojalá, "nunca más" los socialistas desconocerán pactos solemnes contraídos con democratacristianos. En síntesis, que "nunca más" se agote el diálogo político como medio para alcanzar consensos.
Se mencionó en el debate que Chile es uno de los últimos países en ratificar la Convención, pero nada se dijo de las naciones que no lo han hecho aún. Entre ellas, sin lugar a dudas, sobresalen las más poderosas, como Estados Unidos, Canadá , Brasil y Colombia. Si Chile aspira a ser líder influyente en América, ¿no sería conveniente en este caso seguir el ejemplo de los países más grandes?
Decididamente la aceptación de este Tratado va a ser contraproducente para la unidad nacional que todos deseamos, cuyo principal escollo será interpretar si él tiene efecto retroactivo, posición que rechazo en forma rotunda, por cuanto para que una conducta sea castigada debe estar previa y adecuadamente descrita y sancionada, como lo exigen nuestra Constitución Política y la legislación penal vigente.
Por lo tanto, voto en contra.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , escuché diversos argumentos en la Comisión de Relaciones Exteriores con motivo de la aprobación de este proyecto de acuerdo; pero me preocupa ahora el debate surgido, porque pareciera que algunos no tienen suficiente conciencia de que éste es un tratado internacional que, después de lo sucedido en Chile -todos lo lamentamos, y deseamos que nunca más vuelva a ocurrir-, tenemos la obligación de ratificar. No debe olvidarse que el país -lo decimos siempre- vive de su prestigio.
A cada rato vemos en los diarios que nuestra calidad es superior; que hemos recuperado la democracia en forma ejemplar; que poseemos la mejor economía del Continente; que disponemos de excelentes universidades; que contamos con la mejor gerencia en América Latina. Sin embargo, si consideramos que varios países ya han ratificado este instrumento y otros lo han firmado, sería realmente increíble para ellos que rechazáramos algo que no merece objeción en su objetivo. Porque creo que nadie en Chile pueda defender la tortura y los desaparecimientos forzados.
Por lo tanto, me parece que, despejados los problemas constitucionales, deberíamos participar con entusiasmo de este Convenio y aprobarlo, de la misma forma en que le entrego ahora mi apoyo.
Voto a favor.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , hemos hablado bastante sobre el particular y se han dicho muchas cosas. Ayer intervine para defender la constitucionalidad del Tratado, y creo que no vale la pena repetir esos argumentos.
En consecuencia, me referiré a dos intervenciones que estimo importantes.
Con respecto a lo manifestado por el Honorable señor Ríos, concuerdo con Su Señoría en orden a que en este Convenio existe un límite, por cuanto sólo alude al llamado "terrorismo de Estado", o sea, al secuestro y la desaparición llevados a efecto por agentes estatales. Esto no necesariamente significa que se trate de militares -como muy bien lo indicó el Honorable señor Núñez -, porque puede haber involucrados civiles, policías, etcétera.
A mi juicio, ese límite deriva del hecho de que en nuestro Continente -comenzando por Argentina, siguiendo por Guatemala y pasando por Chile- tales circunstancias obedecen principal y masivamente a la participación de agentes estatales.
Según mi parecer, nada impide que mediante un proyecto de ley se pueda mejorar la situación y que cuando se tipifique el delito en Chile lo podamos hacer en forma amplia.
En cuanto a lo expresado por Senador señor Stange -quien, desgraciadamente, se ha retirado de la Sala; y no es mi ánimo ofenderlo-, creo haber entendido mal lo que dijo en su momento. No sé si todos oyeron lo mismo que escuché a Su Señoría o si lo interpretaron de igual manera. Me dio la impresión de que su argumento apuntaba a que habría una especie de campaña en contra de la Alemania nazi -algo así me pareció oírle-, como también que existiría una exageración acerca de los "supuestos crímenes" que ese país habría cometido.
Estimo que el señor Senador debería precisar sus dichos -no digo rectificar- porque los considero muy graves. Nadie en la Sala -¡nadie!- podría asegurar que no hubo holocausto ni Auschwitz. Yo estuve en ese lugar, en Buchenwaid y en el campo de extermino que está al lado, con Diputados de todas las tendencias, desde la UDI hasta socialistas. Entonces, ¿cómo puede hablarse de "supuestos"? ¿Qué son "supuestos"? ¡No: esos fueron campos de exterminio!
No quiero ofender al señor Senador , pero -si me perdonan la pasión- estimo que a esta altura de la civilización no es admisible decir algo así como al pasar. La Alemania nazi fue criminal; el régimen de Stalin, también. ¡Y quedemos hasta ahí! Pero no se venga a hablar ahora de supuestos crímenes. Nada justifica...
La señora MATTHEI.-
¡Eso no lo dijo el señor Senador!
El señor VIERA-GALLO .-
¡Ojalá haya sido así y que yo haya entendido mal!
Voto a favor.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente, quiero enfrentar el debate desde otro punto de vista.
No he estado ni en Auschwitz ni en Buchenwaid, ni tampoco he defendido nunca al régimen nazi; pero, por ser más viejo que el Senador señor Viera-Gallo -a quien aprecio muchísimo-, puedo decirle que él ignora el desengaño que tuve a los 23 años de edad cuando se firmó el Pacto Ribbentropp-Molotov. Ello no significa que justifique a los nazis. Pero todos hemos pecado.
Quiero referirme a otro aspecto.
He oído hablar muy bien de Chile. Yo me siento bien aquí. Pero nuestro país tiene mala suerte en las relaciones exteriores, y ése es un peligro.
Cuando fuimos objeto de una fallo adverso, nuestro Canciller ni siquiera esperó a que lo notificaran, porque supo por las agencias informativas que a Chile no le habían dado la razón en el Tribunal Arbitral. Y declaró: "Nosotros somos respetuosos de los fallos y lo vamos a acatar".
Dimos vuelta la página. Un gobernante vecino, a quien se le dijo "Señor, Chile tiene la razón", respondió: "Este fallo es insanablemente nulo". Todavía no logro explicarme qué significa "insanable" en ese contexto. Yo creía que las cosas se "saneaban" de la nulidad. ¡Claro que, al parecer, también se "sanan"! Y ese Presidente argentino -para qué vamos a andar con retruécanos o con disimulos- lo consideró "insanablemente nulo" y nos ha obligado a seguir peleando un fallo favorable, para obtener modificaciones, amenazándonos incluso con la guerra, de la cual nos libramos por un pequeño temporal que atajó a la flota argentina. ¡Nosotros ni teníamos submarinos!
A raíz de un atentado terrorista, Estados Unidos nos sugirió someter la situación a la Comisión Bryan-Young, organismo de arbitraje que existe desde hace muchos años en esta nación. Y tal Comisión resolvió: "Chile tiene que pagar tantos millones de dólares". Y lo hizo.
Más tarde, nuestro país planteó someter a ese mismo organismo el caso de las uvas con cianuro; pero la respuesta fue negativa. ¿Qué nos quedó por hacer? Pagar.
Pedimos a Suiza que nos devolviera un delincuente ya condenado en Chile y que mientras cumplía su pena se fugó de la cárcel. Lo recibieron en aquel país, al cual se pidió la extradición. ¿Saben los señores Senadores la razón que dio Suiza para negarla? ¡Al respecto, quisiera oír protestar a alguien! Señaló: "No accedemos a la extradición, porque en Chile no existen aún las condiciones del Estado de Derecho". Cuando se dijo eso, no estábamos gobernados por Pinochet, ni siquiera por Aylwin , ni por el ahora Senador señor Frei , sino por Ricardo Lagos . Todavía espero de mis amigos Senadores socialistas que soliciten retirar al Embajador de Chile en Suiza y preguntar a su par europeo si le gustaría tomar vacaciones en Basilea. ¡O en Berna, que es más aburrido!
Todo esto me lleva ahora a analizar un poco el Tratado.
En él se establece la condición de que los autores del delito de desaparición forzada de personas deben ser agentes del Estado. Perfecto, así es. ¿Quién va a perseguir los delitos cometidos por un funcionario oficialista? El Gobierno que a la buena o a la mala suceda al que está en ejercicio. Porque si sigue el mismo, ¡nunca!
Después señala que el delito es de jurisdicción internacional. Y con la moda de que los jueces pueden interpretar la ley a su arbitrio -ello implica el peor de los arbitrios-, podemos encontrarnos con magistrados como Baltazar Garzón o la jueza Servini de Cubría. Nunca he podido explicarme qué significa tal apellido, si es que es así. ¿Dónde llegaríamos con eso?
Entonces, ¿qué me sucede con este Acuerdo? Tengo dudas. ¿Nos servirá el Tratado? ¿Nos irá bien ahora? Con mi criterio de jugador, diría :"Bueno, paciencia y barajar, que ahora saldrá la carta buena". ¿Y si no es así?
En consecuencia, estoy lleno de dudas. ¿Y qué pasa ante la duda? Uno debe abstenerse.
Por eso, me abstengo.
El señor ABURTO .-
Señor Presidente , a mi juicio, la Convención que nos ocupa atenta gravemente contra la soberanía jurisdiccional del país. ¿Por qué los tribunales chilenos no van a poder investigar y decidir sobre esta clase de delitos -los secuestros cometidos por funcionarios del Estado- si se ha demostrado que pueden hacerlo, como lo han estado haciendo? ¿Por qué nos quitan nuestra soberanía jurisdiccional?
Por eso, voto en contra del proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, dicen que "no hay peor sordo que el que no quiere escuchar". Y, al parecer, cuando esos sordos son odiosos...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Su Señoría hace una insinuación personal?
El señor ARANCIBIA.-
No, señor Presidente: en general.
El señor GAZMURI .-
¿A cuál "general" se refiere, señor Senador?
El señor NÚÑEZ .-
¡A los odiosos!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar el Honorable señor Arancibia .
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , hablaba de los sordos. Cuando éstos son odiosos, se achica más el círculo y queda más precisado dónde se encuentran. Y creo que hacen daño a esta Corporación, por cuanto, aquí, una de las cosas valiosas, gratificantes, es el debate. En el Parlamento "parliamo" e intercambiamos ideas. No siempre tenemos que estar de acuerdo. Pero ahora, en este caso, hemos obtenido un acuerdo notable. ¡Fíjense, señores Senadores, que estamos todos de acuerdo en que la desaparición forzada de personas es un hecho inaceptable, a tal punto que la colectividad política a que pertenezco lo ha consignado en un proyecto de ley, para que se incorpore en nuestra normativa jurídica.
Y ésa es una señal muy fuerte.
Acá se ha dicho, con la elegancia y el estilo propios del Senado, que hay otras formas, otras instancias para resolver las dudas de constitucionalidad.
¡Por favor! Yo deseo que alguien las plantee en algún momento, porque, por haber estudiado profundamente la situación, convinimos en que ésta era la forma institucional para hacerlo. Por lo tanto, resulta fácil -como señalé ayer- "tirar al voleo" estas cosas. ¿Hay formas de resolver esto con la institucionalidad presente y no precisar cuáles son?
Nosotros estamos siguiendo un camino legítimo. Lo hacemos sin vergüenza. Lo estamos llevando a cabo con una posición firme y soberana, porque no eludimos el bulto. Estamos de acuerdo en que la desaparición forzada de personas no es aceptable, ni ahora ni nunca. Aquí se ha establecido con claridad que la norma pertinente carece de efecto retroactivo, por lo que no debiéramos tener presión ni consideración alguna de nuestro pasado reciente ni lejano. No hay una tranca. Estamos de acuerdo en el eje central. Lo que planteamos, con dignidad, es que, por tener una duda constitucional, nos asiste todo el derecho del mundo -y lo estamos ejerciendo- para seguir la institucionalidad vigente, que nos indica la opción de hacer el planteamiento ante el Tribunal Constitucional. Y no estamos siendo más buenos ni más malos, ni inconsecuentes con posturas frente a un tema como el de los derechos humanos, ni ninguna otra pequeñez política que aquí se trata de sacar para desvirtuar algo absolutamente natural en nuestro accionar político.
Por eso, voto en contra del proyecto de acuerdo.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , el juicio más benigno que se puede hacer por el voto negativo de la UDI y sus institucionales es que guardan una lealtad irreductible hacia los violadores de los derechos humanos.
El señor CHADWICK.-
¡Por favor, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pido no interrumpir al señor Senador.
Estamos en votación.
El señor ÁVILA.-
No sé si...
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, no acepto que...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Repito que estamos en votación. Su Señoría puede reclamar después.
El señor CHADWICK .-
¡Hay ciertos límites de decencia para exponer aquí, en la Sala, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar el Senador señor Ávila .
El señor CHADWICK .-
¡Que actúe con decencia! ¡Alguna vez!
El señor ÁVILA.-
¡Algunos llaman indecencia a la verdad! ¡Y eso lo lamento!
La señora MATTHEI .-
¡Porque usted está faltando a la verdad, como lo hace siempre!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pido al señor Senador dirigirse a la Mesa.
El señor ÁVILA.-
Me dirijo a usted, señor Presidente ,...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Muy bien.
El señor ÁVILA.-
... que es quien dirige la sesión.
Sólo deseo agregar que no sé si la actitud a que hice referencia puede resultar honrosa para alguien.
Por último, mucho más peligroso que un sordo que no quiere oír es...
La señora MATTHEI .-
¡Un idiota que no puede pensar!
El señor ÁVILA.-
... alguien que se niega a ver, así como aquellas que poseen lenguas viperinas que no saben ocultar.
Por supuesto, voto a favor.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , este proyecto se encuentra en el Congreso Nacional desde 1995. No sé si quienes esta tarde levantan tan encendidamente -con mucha legitimidad, con mucha certeza o, tal vez, con mucha honestidad- la causa de los derechos humanos olvidaron -debido a las múltiples tareas de Gobierno, probablemente- que la iniciativa andaba dándose vueltas por aquí desde ese año. Hubiera bastado con ponerle urgencia de "discusión inmediata" para que fuera, desde hace mucho tiempo, parte de nuestra legislación. Al parecer, entonces no había apuro.
La Convención consagra expresamente el deber de los Estados Partes de adoptar, conforme a sus disposiciones constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar el delito de que se trata. Desde 1995 no se conoce iniciativa legal alguna propiciada por la Concertación que haya tenido por objeto tipificar ese ilícito, del cual hoy día se hace toda una magnificación, porque todos sabemos la razón política o politiquera que hay detrás.
Sin embargo, somos nosotros -precisamente a quienes desde las bancas de enfrente se nos impugna nuestro comportamiento- los que hemos patrocinado un proyecto de ley que cumple exactamente con los propósitos tenidos en vista por la Convención, que estuvo durmiendo en el Parlamento desde que fue planteada por el Ejecutivo y cuya tramitación nunca se llevó adelante. Y menos se hizo la presentación a que ella misma obligaba.
¿Dónde surgen las dudas, señor Presidente ? En aspectos muy sustantivos, como el de estar enajenando toda nuestra jurisdicción a tribunales internacionales. Cito un caso. Bélgica, hace una semana, derogó disposiciones que otorgaban jurisdicción internacional a su Estado, en razón de los conflictos a que se ha visto expuesta como consecuencia de los hechos en Iraq. Los países se encuentran revisando la extensión de tales normas, porque se ven envueltos en problemáticas tremendamente complejas. Y parece razonable que reexaminen su legislación e incluso deroguen algunas preceptivas sobre el particular.
¿No es legítimo, entonces, plantearse ciertas interrogantes frente a una extensión de la jurisdicción internacional, que en el fondo implica no confiar en nuestros tribunales y entregar la resolución de determinados asuntos a otros foráneos -en circunstancias de que aquí ni siquiera se ha dictado una ley sobre el particular-, para que sean ellos los que, soberanamente, decidan por nosotros acerca del comportamiento de extranjeros e incluso de nacionales? ¿No parece razonable, a la luz del fallo que en su momento dictó el Tribunal Constitucional, disipar estas dudas, tan importantes y que afectan nuestra soberanía?
A lo mejor, al absolverlas afianzamos esta última, lo cual, independientemente de lo establecido en tratados internacionales y en particular en esta Convención, no excluye que antes que todo tipifiquemos como delito en nuestro ordenamiento la desaparición forzada de personas, figura a la cual todos, naturalmente, asignamos la mayor gravedad.
Reitero que este proyecto de acuerdo ha estado durmiendo aquí desde 1995.
En consecuencia, señor Presidente, hagamos las cosas como deben hacerse, digamos las cosas como hay que decirlas, y no politicemos innecesariamente una iniciativa de esta envergadura.
Aprovechando la presencia del señor Ministro de Justicia , concluyo solicitando, por su digno intermedio, a Su Excelencia el Presidente de la República , en nombre de nuestra bancada, dar máxima urgencia -si es del caso, "discusión inmediata"- al proyecto de ley que hemos presentado sobre la materia y que ingresó hace pocas horas al Congreso Nacional.
Voto en contra.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , la verdad es que me ha parecido muy sorprendente la suspicacia con que diversos Honorables colegas han comentado el planteamiento efectuado por mi Partido. Y no me refiero, ciertamente, a un señor Senador que hace de la inmundicia su condición natural para actuar en política y que cree que los demás son de su misma calaña. Me refiero a quienes han expresado inquietudes respecto a por qué actuamos de la manera en que lo estamos haciendo.
Nosotros estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. De hecho, como se ha indicado reiteradamente, hemos presentado un proyecto de ley sobre la materia y estamos pidiendo al Ejecutivo que le otorgue urgencia, de modo que el delito de desaparición forzada de personas por obra de agentes públicos quede incorporado en nuestro ordenamiento en el más breve plazo.
¿Dónde está la diferencia? Solamente en un punto, que puede no ser menor, pero que en cierto sentido sí lo es.
Presentar un requerimiento constitucional al organismo competente para que éste dilucide legítimas dudas -aquí hemos oído opiniones en uno y otro sentido- no me parece algo fuera de lugar, sino perfectamente válido.
La única limitación que surge con ello -si se aprueba el proyecto que hemos presentado, inspirado tanto en el tenor literal como en el espíritu de la Convención- es que, mientras no se aclare la cuestión de constitucionalidad, los tribunales chilenos no podrían seguir procesos por dicho delito a extranjeros de países signatarios que se encontraran en territorio nacional y los tribunales de países signatarios no podrían encausar a quienes hubieran cometido el delito en Chile.
Ése es el único efecto que queda pendiente mientras no haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero algunos rasgan vestiduras señalando que ello contradice nuestra política en materia de derechos humanos. ¡Perdónenme! Hemos actuado con la máxima coherencia y, además, se trata de un asunto de gran legitimidad.
Comprendo el interés por la justicia internacional, por la justicia universal. Sin embargo, me parece que debemos avanzar con mucha cautela en ese ámbito, porque significa delegar soberanía. Podemos hacerlo, pero, por lo menos mientras el proceso de transición se dé en el mundo con cierta gradualidad, hagámoslo de manera específica, resolviendo caso a caso.
Quizás en veinte años más, con una mayor profesionalización y tecnificación y cuando hayan finalizado las suspicacias, sea más fácil dar estos pasos. Pero admitamos que no es algo que se puede hacer de un día para otro y que, por lo tanto, resulta legítimo que, cada vez que se presente una situación similar, ella sea abordada mediante una modificación constitucional que garantice que se justifica y vale la pena la medida que se toma en un caso particular. El trámite de reforma de la Carta Fundamental, que el Tribunal Constitucional estableció para una circunstancia semejante, también parece necesario y conveniente ahora.
Por eso, considero válida la inquietud constitucional. Y si el interés es avanzar en nuestra legislación, están todas las condiciones dadas para ello. Antes de un mes podemos tener incorporado el delito en nuestro ordenamiento legal.
Pero también nos cabe el derecho de considerar cuál es la razón de fondo para permitir una delegación en este caso y de realizar un análisis desde esa perspectiva. Y eso requiere una reforma constitucional. No es la mera aprobación de un tratado.
Por consiguiente, creo que no hay lugar para suspicacia, que me parece injusta y desproporcionada como reacción.
Finalmente, señor Presidente , en la inquietud manifestada por el Senador señor Viera-Gallo a propósito de las palabras del Honorable señor Stange también hay una suspicacia adicional. Lo expresado por este último, según entendimos -y lo podrá corroborar-, fue que no veía coherencia entre cuestionar duramente a la Alemania nazi y no hacer lo mismo con el régimen socialista de la Unión Soviética, que cometió iguales o peores delitos. Esa inconsecuencia fue la que subrayó. Por ningún concepto se pretendió legitimar el primero de esos regímenes.
El señor GAZMURI .-
Sus Señorías escucharon mal de nuevo. Ayer no se hizo referencia ni a Stalin ni a Hitler.
El señor LARRAÍN.-
En ese sentido, el clima de suspicacia no ayuda a solucionar las cosas.
Por lo anterior, voto en contra.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (31 votos contra 16 y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Cantero, Espina, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Aburto, Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Fernández, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Stange y Vega.
Se abstuvo el señor Zurita.
--(Aplausos en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Advierto que están prohibidas las manifestaciones en las tribunas.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BARROS (Ministro de Relaciones Exteriores subrogante).-
Señor Presidente,
El señor RÍOS.-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro , con la venia de la Mesa?
El señor BARROS ( Ministro de Relaciones Exteriores subrogante).-
...agradezco al Senado la aprobación de esta Convención y el haberlo hecho con una visión de Estado.
Ello, por supuesto, nos da más fuerza para seguir en nuestra vinculación con los países latinoamericanos en lo referente a la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro Continente.
Muchas gracias.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , solicito dar lectura al acuerdo presentado para que formara parte del pronunciamiento recién emitido, a fin de considerar efectivamente la presencia de los Estados en terceros territorios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Para hacerlo se requiere el acuerdo de la Sala.
El señor RÍOS.-
Me parece conveniente que Su Señoría lo pida.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pero un proyecto de acuerdo -se leerá el texto, de todas maneras- debe tratarse en la próxima sesión, salvo que por unanimidad se resuelva otra cosa.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La nota que hizo llegar el Senador señor Ríos dice lo siguiente:
"Acuerdo.
"En el artículo II al referirse a "Agentes del Estado" también se refiere a personeros que puedan actuar en territorios diversos en nombre, apoyo o inducidos por terceros Estados.".
El señor NÚÑEZ .-
No corresponde, señor Presidente .
El señor ÁVILA.-
Es improcedente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No se abrirá debate sobre la materia.
Si no hay asentimiento unánime de la Sala, la Mesa está imposibilitada de someter a discusión ese documento, y sería necesario presentarlo como un proyecto de acuerdo, para ser votado en la próxima sesión.
El señor NÚÑEZ .-
Ese texto no es pertinente, señor Presidente .
El señor GAZMURI .-
No se trata de si hay acuerdo o no lo hay.
El señor NÚÑEZ .-
El que nos ocupó es un tratado, sobre el cual no podemos
El señor RÍOS.-
¿Puedo terminar, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Evidentemente, todos los actos que se desarrollan en el Senado son pertinentes. Lo que ocurre es que no se quiere discutir el tema.
El aspecto a que he hecho referencia implica, sin lugar a dudas, una debilidad en la Convención, porque existen Estados que actúan en otros territorios, por intermedio de terceros, en la desaparición forzada de personas. Y eso es verdad. Lamento mucho que el Partido Socialista no lo haya aceptado.
El señor NÚÑEZ.-
El Honorable señor Ríos no escuchó al Senador señor Viera-Gallo . Estamos todos absolutamente de acuerdo en incorporar ese tema en una legislación, pero en la Convención, concretamente, no se puede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En todo caso, en la Versión Oficial se dejará constancia del planteamiento del Honorable señor Ríos, sin perjuicio de que Su Señoría o cualquier grupo de Senadores puede presentar un proyecto de acuerdo en el mismo sentido.
El se��or MARTÍNEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente, sobre un aspecto de forma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, señor Senador .
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , durante la discusión de la Convención, una de las bancadas formuló una proposición muy clara, de cuatro puntos. Sin embargo, no escuché el compromiso ni la palabra oficial sobre el tema de parte del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, quien, desgraciadamente, se acaba de retirar de la Sala.
Quiero dejar establecido que ése era un elemento fundamental...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Ministro hizo una declaración al respecto, con el alcance que precisó.
El señor MARTÍNEZ.-
Gracias, señor Presidente.
"
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/1575-10