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El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , quiero dejar constancia en las actas del Senado de una situación que se repite periódicamente desde hace un par de años en materia de la acción de la justicia.
Hasta donde mis antecedentes personales y culturales me indican, hay principios de justicia inmutables, que con el tiempo incluso se van haciendo carne en la cultura cívica de los pueblos.
Ello me parece fundamental, porque, cuando se habla del Estado de Derecho, se supone que dentro de su sentido y alcance se consideran tales principios.
Sin embargo, en Chile aquél ha sufrido, a mi juicio, un progresivo deterioro, no por acciones violentistas, no por grandes protestas, no por conmociones sociales significativas, sino por una silenciosa erosión de ciertos principios de justicia que, a la larga, está minando los puntos de apoyo sobre los cuales se concibe la idea del Estado de Derecho; es decir, que todas las acciones de los ciudadanos se enmarquen en un cuerpo legal que tenga una interpretación clara, definida y afirmada, especialmente en el caso de la justicia, en principios inmutables a lo largo del tiempo.
Me duele tocar este tema, señor Presidente . Me duele porque he sabido, a través de la prensa, de determinadas situaciones que están ocurriendo en el ejercicio de la función judicial en nuestro país.
No voy a juzgar; no estoy en esa disposición. Pero quiero dejar constancia histórica de que, con relación a los ex miembros de la Defensa Nacional sometidos a juicio por delitos o por situaciones que pueden considerarse delitos y que tuvieron lugar hace treinta años, hoy nos encontramos con que las bases sobre las cuales se sustenta la justicia se hallan profundamente erosionadas.
Me refiero, por de pronto, a las personas que han sido nuevamente llamadas por jueces especiales de los Tribunales de Justicia para responder por actos cometidos desde 1973 en adelante.
Hay que decirlo claramente: muchos de esos actos ya fueron juzgados, y los juicios correspondientes, cerrados. Sin embargo, habiendo fenecido esos juicios, se reactivan de nuevo, con diferentes argumentos.
En segundo lugar, la Ley de Amnistía, aplicada en su oportunidad sin ninguna distinción, con reserva y respeto por las personas amnistiadas, es desconocida cuando se trata de ex miembros de la Defensa Nacional, con el agravante de que sus nombres figuran en la prensa y se hace escarnio de mucha gente. Así, se afecta a sus familias y -esto es lo más grave-, al ser publicados los nombres, se les cierran las posibilidades de seguir trabajando en otras actividades porque aparecen manchados. Y ello, a pesar de que la Ley de Amnistía, cuando se aplicó, a todos, omitió los nombres, guardando reserva sobre quienes estaban siendo amnistiados, justamente por respeto a las personas.
Tercero: en ninguna cultura -y quiero repetirlo: en ninguna cultura-, y máxime en las de raíz cristiana occidental, deja de estar vigente la prescripción de los delitos.
Me lo dijo hace días un distinguido Senador y Profesor: puede tratarse del crimen más horrendo del mundo, pero, al cumplirse el tiempo debido, se respeta la prescripción.
No obstante, hoy día nos encontramos con que 700 a 800 personas están siendo sometidas a juicios -repetidos algunos, como lo acabo de hacer presente- porque para ellas no hay prescripción, aduciéndose como razón que los delitos respectivos son imprescriptibles por atentar contra la Humanidad o por constituir genocidio. Por supuesto, ninguna de las dos cosas ha existido ni se ha probado en Chile por tribunal alguno ni por nadie. Empero, no se reconoce la prescripción y se sigue juzgando por ese tipo de actos o posibles actos.
Pero lo que ya sencillamente lleva a que se derrumbe todo este entramado delicado y cuidadoso de cientos de años de impartir justicia, de aplicación de principios morales claros y precisos en los procedimientos, es el hecho de que se condene -como acaba de suceder con varias de ellas; y es muy probable que sigan otras si la situación no cambia- por un delito que, según se sostiene, se continúa ejecutando. En efecto, a muchas personas que, dolorosamente -y lo siento-, ya no están aquí, que desaparecieron y no han sido encontradas -eso causa dolor; hay que decirlo claramente; no tengo por qué ocultarlo-, se las sigue considerando víctimas del delito de secuestro.
La lógica no lo resiste. El buen sentido de la justicia no lo resiste. El sentido común no lo resiste. Porque incluso, cuando el juez determina que tales personas están secuestradas y que, por tanto, el delito se continúa cometiendo, cabría preguntar qué se ha hecho con el Ministro del Interior que no cumple sus funciones y no procura ubicarlas.
Nadie ha preguntado aquello, porque la Justicia es intocable. Pero nos encontramos con que se está incurriendo en una deformación y -lo que es más grave- afectando las leyes y el Estado de Derecho, porque se agregan delitos e interpretaciones que no figuran -tal como vengo explicando- en los Códigos respectivos.
Tal situación me lleva a hacer presente, para la historia del Senado, que estamos en presencia de una vulneración de principios fundamentales que no resiste lógica alguna; que grava, deteriora y afecta la majestad de nuestra justicia, y que arrastra a mucha gente que, evidentemente, será señalada en la Historia de Chile como carente de capacidad para ejercer su función de juez.
Señor Presidente , no quiero esto para mi país. Pero tengo el deber de expresarlo: aquí hay un grito de injusticia retenido.
No estoy juzgando a las personas, ni tampoco metiéndome en los delitos que cometieron, sino pidiendo que se aplique la ley, que se pongan en ejecución los principios fundamentales de justicia. ¡Eso es lo que estoy solicitando! Porque nada erosiona más la convivencia, el sentido de autoridad, la majestad de la justicia, que la vulneración de principios esenciales. Y aquí estamos en presencia de eso.
No soy juez ni es mi papel juzgar a esos hombres. Sin embargo, ellos se encuentran hoy día gritando de dolor porque se ha destruido su dignidad, no se respetan sus derechos. ¡Aquí sí que hay una violación de derechos humanos clara y precisa, actual, presente, tangible! Su patrimonio no existe. Ya no tienen nada. Sus familias tampoco existen. Las cónyuges de muchos de ellos están con tratamiento psiquiátrico, pues sus maridos tienen violencia, se consideran proscritos, se sienten aislados.
¡Me duele eso!
Insisto: no estoy juzgando ni voy a hacerlo. No pretendo eso. Estoy diciendo que, si hablamos tanto de que en nuestro país hay Estado de Derecho, lo apliquemos. Pero no inventemos delitos, no inventemos situaciones para arrastrar procesos indefinidamente.
Van a pasar tres años de esta Administración. Como chileno de corazón, digo derechamente: ¡Dios quiera que no sean más Gobierno! Pero espero que por lo menos la cordura se imponga y que, sencillamente, cerremos esta brecha con dos cosas; primero, con una real ley de amnistía, que alcance a todos los involucrados en los hechos de sangre promovidos por razones políticas, cualquiera que sea su condición; y segundo -muchos de ellos la necesitan-, con una reparación -bien claro lo digo- histórica, que además debe permitirles al menos recuperar en alguna medida su patrimonio, el que, por no respetarse las leyes existentes, ha quedado prácticamente en cero.
Señor Presidente, pido que en la historia del Senado quede constancia de mi punto de vista acerca de la situación expuesta.
He dicho
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
Así se hará, Su Señoría.
"
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