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El señor COLOMA.-
Señor Presidente , deseo corroborar que este punto se discutió siguiendo la lógica del Senador señor Viera-Gallo .
Entiendo el ánimo de todos en el sentido de agilizar al máximo posible los procedimientos. Pero ¿qué ocurre cuando se trata de un asunto cualquiera? No pensemos en cosas fáciles, sino también en las difíciles, que suponen una reflexión. No basta con que después de 20 días una persona diga al funcionario: "Resuélvamelo", ya que puede haber informes, mediciones, estudios y una serie de elementos pendientes.
Entonces, ¿por qué se coloca esta norma? Primero, porque no la hay; segundo, para que el funcionario diga por qué el acto no se halla en estado de resolverse. Esto puede generar las sanciones correspondientes para el empleado que, debiendo informar que los elementos están para resolución, no lo hace.
Ésa es la lógica conforme a la cual se construyó este esquema, que es absolutamente novedoso en comparación a lo existente.
Entiendo el planteamiento del Senador señor Orpis , pero el hecho de validar una norma como la que sugiere significa que no habría ningún trámite en la Administración Pública que pudiese durar más de 20 días. Y, obviamente, por la esencia de lo que estamos hablando, eso resulta imposible.
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