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El señor FOXLEY .-
Señor Presidente, ante todo, quiero dejar constancia de que, desde el punto de vista del objetivo que perseguía en principio el proyecto, éste es un precepto absolutamente medular.
La iniciativa se entendió originalmente como un instrumento tendiente a conseguir lo que en la jerga usada en el Ministerio de Economía se denomina "eliminar los lomos de toro". Es decir, provocar un shock en la burocracia pública, de modo tal que los servicios estatales se vieran en la obligación de reacondicionar sus procedimientos internos para acortar trámites; someterse al pie forzado de modernizar los procesos de decisión, y ajustar la velocidad de ésta a los requerimientos de la economía en el siglo XXI.
Valoro el enorme esfuerzo plasmado en la normativa para realizar un ordenamiento de los procedimientos administrativos. Sin embargo, estimo que con este artículo 27 no se avanza nada.
Debo manifestar que, en su momento, con el ex Senador señor Sergio Bitar nos contactamos con el Gobierno para llegar a un consenso respecto de los plazos máximos. En nuestra opinión, ellos en ningún caso debían ser superiores a 90 días. Yo, al menos, primitivamente había planteado que fueran de 60 días.
Fuimos a conversar con el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia señor Álvaro García ; después, con el Ministro de Economía , señor Jorge Rodríguez . Nos tramitaron mucho; dimos vueltas y vueltas. Finalmente superamos el lomo de toro de los gabinetes de los Secretarios de Estado y logramos un acuerdo con ellos. Y ese acuerdo con el Ejecutivo se tradujo en una indicación para establecer en el artículo 27 un plazo máximo de 90 días.
La indicación referida pereció en el camino; ignoro dónde, pero no llegó al texto final.
Me parece que con la fijación de seis meses como plazo máximo no se cumple ninguno de los propósitos fundamentales del proyecto: eliminar lomos de toro y dar una señal de presión a la burocracia para que se simplifiquen los procedimientos, no se tramite a la gente y se echen a andar con mayor premura los mecanismos de autorización de inversiones, que la economía requiere hoy y mañana.
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el artículo 27. No sé si es factible modificarlo o si hay ambiente para ello, pero el plazo de seis meses es absurdamente largo.
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