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El señor COLOMA.-
Señor Presidente, advierto con preocupación el giro que va tomando el debate, básicamente por la especie de identificación que hay en cuanto a que es más moderno quien coloca menos plazo. Si es por eso, yo puedo proponer diez días para demostrar que soy mucho más moderno y ágil y que la Administración Pública será más eficaz.
En verdad, no creo que sea así. Lo importante es entender que mediante esta iniciativa se pretende cambiar la falta de normas -hay trámites que duran dos, tres años, y eso, obviamente, irrita a quien realiza cualquier gestión, pública o privada- por un sistema que, a mi entender, está bien constituido y que coloca un plazo máximo de seis meses.
Entiendo lo que probablemente va a plantear el Senador señor Orpis y lo señalado por el Honorable señor Foxley . Sin embargo, quiero ejemplificar.
No sé si, respecto del permiso para una concesión de obra pública o de la aprobación en un banco, en algún lugar se podrán realizar las gestiones pertinentes en sesenta días garantizando los derechos del Estado y los de terceros. Me parece imposible. Me ha tocado participar en ambas acciones, y aseguro a Sus Señorías que el riesgo que se corre es que al final se denieguen los permisos o las autorizaciones simplemente por la imposibilidad de evaluar en forma adecuada lo que una y otra cosa suponen.
Entonces, no se piense que éste es un mero intento de cautelar la burocracia. Nada más ajeno -por lo menos a mi intención- que la idea de que aquí se otorga manga ancha a aquélla. Por el contrario, se está dando un remezón muy violento a la Administración Pública. Pero eso no significa que no se requiera un plazo, que me parece razonable, para las cosas complejas, de seis meses.
Insisto: estamos hablando hoy día de la inexistencia de plazos, de procedimientos que demoran dos, tres o cuatro años. Entonces, démonos un espacio para hacer que la Administración Pública funcione. De lo contrario, ¿cuál será el rol de alguien que deba tomar una decisión y disponga, por ejemplo, de cinco días para estudiar antecedentes que son inabordables?
Mi temor es que, en aras de ayudar y acelerar los procesos, al final entremos en un estado de cosas que haga inviable un correcto funcionamiento de la Administración Pública.
Me encantaría que el plazo fuera menor. Pero creo que nuestra responsabilidad es velar por una Administración Pública, no sólo ágil, sino también correcta.
En tal sentido, me parece que con las restricciones, que son fuertes, del artículo 24 y con el plazo máximo fijado en el 27 -esto es discutible- queda un esquema mucho más razonable que el existente.
Se trata de un avance significativo, señor Presidente . Y no me parece procedente la afirmación de que todo esto nada vale si no disminuimos el plazo a la mitad. Ése es un tipo de discusión que puede generar un destino distinto del que estamos buscando.
He dicho.
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