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El señor CANESSA.-
Señor Presidente , como lo dispone el artículo 1º de la Constitución, "el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos", pues está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común.
La aplicación de ese principio, que configura una de las bases de la institucionalidad, legitima y enmarca la acción que el Estado puede realizar con el objeto de estimular el desarrollo cultural de la nación y de cada uno de sus integrantes.
La cultura, como decía Ortega y Gasset, es el conjunto de ideas vitales de un pueblo en un momento determinado. No es necesario añadir una palabra más para comprender su importancia.
Estamos hablando en rigor de una dimensión que abarca, simultáneamente, el camino y la meta de la vida en sociedad y prefigura el nivel y la calidad de vida que puedan llegar a tener los ciudadanos.
Me parece lamentable lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Creo que, actuando dentro del Estado de Derecho y sin prejuzgar sobre el mérito del proyecto en cuestión, el Senado debe darle una oportunidad. Sería muy triste desperdiciar el trabajo ya realizado.
Para diseñar una institucionalidad cultural coherente con el carácter subsidiario del Estado, es necesario que primen los valores de la democracia en la política y del mercado en la economía. Es decir, para que el proyecto responda exactamente a lo que debe ser la acción cultural del Estado en una sociedad libre, habrá que analizarlo y discutirlo más tarde en el Parlamento. Pero, en lo inmediato y urgente, hay que salvar la idea de legislar.
En consecuencia, en el entendido de que existe la voluntad política de mejorar en forma sustancial la iniciativa, voto que sí.
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