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El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , la interrupción fue un poco prematura, porque justamente yo iba a señalar que la tercera causal que invoca el Senador señor Romero -la posibilidad de ser mal evaluado durante dos años consecutivos, lo que da lugar a remoción- tiene que ver con el sistema de calificaciones públicas, que, como todo el mundo sabe, no funciona.
El sistema de calificaciones públicas tradicional, como se conoce...
El señor ROMERO .-
¿Me permite una aclaración, Honorable colega?
El señor BOENINGER.-
No concederé más interrupciones, Su Señoría, pues deseo desarrollar mi idea.
El referido sistema calificatorio, cuando un funcionario no es ubicado en lista 1, origina un problema de relaciones humanas. Y todos lo sabemos. Recuerdo que un director de servicio de primera categoría de este país que intentó aplicarlo con estrictez en 1991 ó 1992 fue objeto de una huelga y tuvo que echar pie atrás.
En consecuencia, se requiere otro método de evaluación. El sistema de calificaciones que aparece en el Estatuto respectivo no sirve para nada.
Si ello es así -estoy convencido de que lo es-, la equiparación de los directores en términos de que los cargos de todos sean concursables resulta vital. Porque, además, quienes no necesitan hacerlo en la actualidad son los de más edad, de quienes, por ende, cabe esperar menor iniciativa y menos espíritu innovador.
Por lo tanto, el problema inmediato que debemos resolver es el de que todos concursen.
El rechazo de la idea de legislar implicaría mantener una diferencia del todo arbitraria, inexplicable y que haría sentir a la opinión pública que, contrariamente a lo que se percibe en la Sala, existe una mayoría del Senado que no está dispuesta a que los cargos de directores de establecimientos educacionales del sector municipal sean concursables y evaluables, ni a que aquéllos desempeñen un rol activo.
Esa sola razón, a mi entender, basta para aprobar la idea de legislar.
Ahora bien, el problema más general radica en determinar las condiciones indispensables para que un director de aquel tipo de establecimientos sea realmente eficaz.
Estoy convencido de que un director de esa índole debe ser una persona con capacidad de liderazgo académico (no un administrador; puede serlo hoy).
Es evidente que lo consignado en este proyecto es un elemento. Pero la mejor calidad de la educación se produce por la confluencia de una gran cantidad de factores diversos: instrumentos, mecanismos, hechos, políticas. Por consiguiente, aquí estamos simplemente en un punto específico, cual es que los directores, cuyo cargo dura un período limitado, al menos deban justificar su desempeño por la vía del concurso.
Estoy de acuerdo en que los cinco años resultan arbitrarios. Empero, para determinar el lapso está la discusión particular.
Es cierto, por lo demás, lo que se dice en una parte del informe en cuanto a que, si se elige a un mal director, el período de cinco años es muy largo, o que, si media un plan interesante, resulta corto (un plan de desarrollo puede requerir ocho a diez años). Entonces, en la discusión particular podemos buscar una fórmula que permita combinar de manera adecuada el plazo con la evaluación periódica.
Deseo expresar también que, independiente de los otros aspectos necesarios para mejorar la calidad de la educación municipal, el hecho de que los directores se hallen sujetos a revisión periódica de sus cargos (porque el sistema de calificaciones -insisto- no funciona y no sirve) les da una legitimidad, una fuerza y una capacidad de iniciativa, al menos dentro del contexto actual, bastante mayores que las que tienen hoy día.
Ése es, a mi juicio, el primer paso, dentro de muchos otros.
Ignoro si esto cabrá dentro de la idea matriz del proyecto en debate (probablemente, no). Pero me parece que, por ejemplo, el conjunto de directores elegidos por concurso tiene la capacidad de atraer la presencia -hoy no existe- de los padres y apoderados, factor decisivo para, con los profesores, elevar la calidad de los establecimientos. Y lo que se requiere es, justamente, el compromiso de padres y apoderados. Porque si se desea evaluar a los docentes de una escuela, tendrá que hacerse desde fuera. Puede hacerlo en parte el director, quien también es profesor. Pero la otra cara de la evaluación deben proporcionarla los padres y apoderados, quienes -según manifesté- hoy están en gran medida ausentes.
Doy simplemente ese ejemplo -puede haber muchos otros- para señalar que, sin duda, llamar a concurso para los cargos de directores de establecimientos constituye un paso adelante, pero no resuelve por sí solo el problema de la calidad de la educación municipal.
Pienso, señor Presidente -y con esto termino-, que debería hacerse un análisis mucho más amplio para determinar hasta qué punto se justifica la dependencia específicamente municipal de las escuelas en comento y qué añade la municipalidad a la calidad de la educación de ese sector. No lo sé. Creo que es parte de la discusión que debemos hacer.
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