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El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , el panorama regional sudamericano está mostrando evidentes señales de inestabilidad y fragmentación en algunas sociedades y naciones como Argentina y Venezuela. En ese mismo rumbo aparecen países como Ecuador y Perú, en donde se anuncia un peligroso descenso de la popularidad de sus Presidentes y de la clase política.
Ante la delicada situación de naciones cercanas, en Chile -en especial las autoridades representativas-, debemos hacer un esfuerzo por prevenir cualquier síntoma de contagio que nos pueda afectar.
Parte de la función que debemos cumplir como Senadores es justamente la de advertir estos peligros, para aplicar las acciones que correspondan y evitar así caer en el desmembramiento social.
Obviamente, la situación nacional dista mucho del crítico espectáculo que viven nuestros vecinos. Chile no es Venezuela, pero, sin duda, no es el óptimo que todos queremos para nuestra patria. Observamos algunos síntomas que necesariamente debemos detener. Vemos cada vez más divisiones, un espíritu polarizador y una creciente falta de respeto hacia nuestras autoridades. Escisiones, pugnas, diferencias y descalificaciones permanentes son una práctica habitual respecto de las autoridades.
En lo político, observamos al Gobierno, y particularmente, al Presidente Lagos , llamando a enfrentar a la Derecha, respondiendo airadamente al ánimo confrontacional que algunos políticos quieren instaurar en nuestra democracia. Así, el Ejecutivo busca más bien líneas de desencuentro que puntos de acuerdo que nos permitan avanzar y reimpulsar el desarrollo; está proponiendo proyectos que le permitirían obtener beneficios políticos, en lugar de generar un verdadero beneficio colectivo.
En la Concertación, apreciamos ese mismo ánimo beligerante y conflictivo, y en la Alianza por Chile tampoco escapamos a esa situación. En síntesis, está imperando la práctica de la imposición y el enfrentamiento por sobre la disuasión y el consenso, que es lo que caracteriza a las democracias.
Esta práctica de la imposición se nota en especial en el modo en que discurren las discusiones valóricas en nuestro país. Lo mismo sucede con el conflicto mapuche, por citar otro ejemplo, y con cualquier otro grupo de poder que, para conseguir sus objetivos, se toma los caminos, provoca incendios o recurre a métodos de fuerza. Vemos, entonces, que en el país faltan estadistas y sobran politiqueros; escasean líneas comunes y sobran diferencias.
A la inversa de lo que se había especulado y de lo que muchos pensábamos, el período que siguió a la elección parlamentaria de diciembre, en donde hubo un debate, una presión y una competencia política, no se ha caracterizado por una realización presidencial. Todo lo contrario, se abrió espacios a la hegemonía de posiciones extremas, donde la figura y potestad del Presidente de la República se ha visto entrampada en la lucha de los partidos por definir el rumbo de la gestión gubernamental, sin que el Mandatario pueda demostrar su calidad de estadista, lo que socava los fundamentos básicos del ejercicio del poder.
No hemos superado, entonces, la etapa más conflictiva de nuestra vocación política y hemos intensificado la presión mediática sobre situaciones inentendibles para la ciudadanía -en especial para quienes sufren la realidad de la cesantía y la pobreza-, que se sorprende con el espectáculo que dan los grupos de poder y las organizaciones que manejan el país cuando se discuten cosas que nada tienen que ver con la solución de sus problemas.
Sin embargo, la democracia también ofrece períodos donde priman incentivos positivos a la cooperación. En tales situaciones, es posible encontrar líneas transversales para lograr acercamientos que beneficien a todo el país. Éstas son, por lo tanto, las mejores oportunidades para realizar los proyectos de bien común, sentido último de la competencia por el poder.
Chile tiene, precisamente, la posibilidad de entrar en una etapa como la descrita anteriormente. Y nosotros tenemos el deber, la obligación de aprovecharla, porque, de no hacerlo, los costos sociales nos impedirán seguir ese camino. A nuestro país le hace falta pacificación nacional.
Sin embargo, las elecciones de diciembre pasado configuraron nuevos alineamientos al interior del Parlamento que han generado algunos traumas, dificultando el paso a la cooperación ya anunciada por el Presidente Lagos al definir la Agenda Pro Crecimiento consensuada con el empresariado.
Más allá de los temas económicos, es posible hacer un verdadero catastro de los nudos gordianos de nuestra sociedad, a través de los proyectos que esperan la confluencia de voluntades para ser tramitados y despachados.
Destaca el proyecto de Ley de Rentas Municipales II, modificación que afecta a una ley orgánica constitucional -requiere de los votos de la Centroderecha para aprobarse- y que busca solucionar el problema generado en la administración de los municipios chilenos que han debido asumir nuevas tareas sin el debido financiamiento. Se debe resolver esta situación y avanzar en la descentralización de los recursos estatales, ojalá, sin aumentar la carga impositiva de los contribuyentes.
En materia judicial, aguardan proyectos como los Tribunales de Familia, paso importante para avanzar en las modificaciones a la legislación sobre matrimonio civil; la creación de nuevas salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción, y el establecimiento del sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal. Estos asuntos son fundamentales para asegurar la justicia a la gente de más escasos recursos.
Con el objeto de ayudar a detener el narcotráfico, es necesario e indispensable sustituir la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
En materia de educación y cultura, debatiremos sobre el proyecto que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, respecto de lo cual se debe privilegiar la creación de una estructura simple, descentralizada y que genere beneficios reales. También está en espera el debate sobre los instrumentos necesarios para fomentar la industria audiovisual y musical, que se expande naturalmente a medida que los países se desarrollan.
En cuanto al fomento tecnológico, es fundamental definir posiciones en torno de los acuerdos de la OMC, sobre propiedad industrial.
También debemos acordar medidas para detener la inercia corruptiva del Estado, fijando las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración Pública, y regular las responsabilidades de los directores de las empresas del Estado, limitando sus indemnizaciones.
Asimismo, es necesaria la creación de bolsas de productos agrícolas, la recuperación del bosque nativo y fomento forestal; el debate sobre el costo de los servicios que prestan las AFP; el proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; el plan básico de la salud, y la defensa de los puestos de trabajo de miles de chilenos que podrían perderse hoy dado que la autoridad no ha adoptado medidas para resguardarlos.
Ante la enorme realidad que significa la necesaria convergencia de criterios que debemos buscar para sacar adelante todos esos proyectos, cabe preguntarse: ¿Qué haremos quienes tenemos un cargo público? ¿Nada?
Todas las iniciativas mencionadas requieren votos de Centroderecha. Sin embargo, la Concertación da muestras de ignorar la importancia de ese sector. Por ejemplo, al conformar la Mesa de la Cámara de Diputados como lo habían hecho en los últimos cuatro años, lamentablemente, se ha sentado un pésimo precedente para la consecución de la nueva mayoría que el Gobierno precisa para avanzar.
El Ejecutivo se enfrenta, entonces, a la disyuntiva de permanecer entrampado en la indefinición interna de la Concertación o cimentar un apoyo transversal para cosechar los frutos de la cooperación.
Proponemos, pues, avanzar junto con quienes privilegian el bienestar de Chile por sobre todas las cosas, como es nuestra obligación con los más desposeídos. Todavía podemos parar esta loca carrera, que, a mi juicio, nos puede llevar a un desastre.
He dicho.
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