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El señor MORENO.-
Señor Presidente , probablemente el tema en debate afecta a gran número de hogares chilenos y toca una sensibilidad que muchas veces no se halla presente en los debates tanto del Senado como de la Cámara de Diputados por cuanto condiciona la realidad cotidiana en que se desenvuelven muchas familias.
En 1928 se creó en Chile el denominado "Boletín de Informaciones Comerciales", el cual en un momento dado hasta tuvo la connotación de una frase divertida. Se le llamaba "El Peneca verde", por la manera en que se imprimían las tapas y su forma de recoger la información. Tenía por objeto compilar los antecedentes de aquellas personas que habían caído en incumplimiento respecto de letras, cheques o compromisos que en su oportunidad hubiesen firmado en documentos acreditables ante la justicia.
Con la modernización de la economía y su apertura, en nuestra sociedad emergieron con mucha fuerza elementos tales como las tarjetas de crédito y los programas de promoción de grandes casas comerciales. Asimismo, irrumpieron a la vida económica miles de pequeños empresarios, pequeños agricultores y pequeños comerciantes, que tenían posibilidad de acceder a una forma de producción que en el pasado les estuvo vedada. Así se fue creando un mecanismo más complejo desde el punto de vista del endeudamiento, el que posteriormente pasó a áreas en las cuales la sociedad chilena nunca antes lo había considerado, como la de la educación.
Probablemente varios de los Senadores presentes nos hayamos educado con becas, para cuya obtención no fue preciso firmar ningún documento. Si posteriormente quisimos contribuir y procedimos a devolverlas en forma voluntaria, se trató de actos privados decididos libremente por cada uno. Pero en la medida en que el sistema educacional se fue abriendo, las universidades comenzaron a emitir documentos con el fin de que la familia de la muchacha o muchacho que empezaba una carrera los firmara previamente, para sellar el compromiso de proporcionarle educación, obligándose a pagarlos en cuotas, ya sea mensuales, semestrales o anuales, por un monto determinado.
En definitiva todo esto pasó a ser aceptado, porque una familia de clase media, en su desesperación, firmaba cualquier cosa con tal de que su hija o hijo pudiera educarse. Lo mismo hacía un pequeño agricultor que necesitaba semilla, abono o algún insumo determinado: debía firmar un documento con el objeto de adquirir elementos esenciales para producir, autoemplearse, ocupar a otros y generar un nivel de vida.
El sistema se fue complicando y al Boletín de Informaciones Comerciales se agregó una segunda entidad privada llamada "DICOM-EQUIFAX", los que en el fondo constituían dos sistemas, establecidos con el propósito de generar información para manejar la actividad comercial, la modalidad de pago mediante tarjetas de crédito, los empréstitos obtenidos o los compromisos contraídos por los padres para educar a hijas e hijos.
Al principio nadie objetó eso, porque aparecía casi de sentido común que existiera un mecanismo de información, hasta que éste comenzó a entrabar el funcionamiento de la vida familiar de los deudores, las oportunidades de empleo y la producción misma en que tales personas se hallaban involucradas.
Hoy nos encontramos ante un hecho paradójico: nadie quiere eliminar un sistema de información objetivo, que permite que si alguien necesita relacionarse comercialmente, sobre todo tratándose de cantidades importantes de dinero, acceda previamente a la información pertinente.
El problema consiste en que el sistema se pasó de entrenamiento, y comenzó a golpear donde no debía hacerlo: sobre la clase media y las más modestas. A quienes debían poco se los castigaba mucho más que a aquellos que adeudaban cantidades mayores. Estos últimos tenían posibilidad de celebrar convenios, utilizar otros mecanismos de financiamiento, declarar la quiebra; de abrir una nueva empresa y encontrar algún sistema que les permitiera seguir operando comercialmente.
Hoy enfrentamos la paradoja de miles de familias chilenas, a lo largo de todo el territorio nacional, que se han visto enfrentadas a los exagerados daños que produce el mencionado mecanismo de información. No estamos rechazando ese mecanismo; creemos que debe seguir funcionando. Pero debido a los excesos hacia los que ha derivado es hoy, prácticamente, un impedimento para el desarrollo de las actividades comerciales.
Citaré dos o tres ejemplos.
Primero hay que mencionar su efecto en la gente joven que busca trabajo. Hoy, cuando alguien postula a un puesto laboral, sea calificado o no, se enfrenta al hecho de que se ha introducido en nuestra tecnología la palabra currículum: "Tráigame el currículum". Antes, nos pedían el certificado de antecedentes, lo que hoy no basta. Y, a más de la información propia de un currículo, el solicitante debe demostrar que no registra ni ha registrado antecedentes en el DICOM.
En determinadas empresas se separan los antecedentes de quienes han registrado deudas, de los que no. Y, más allá de lo que dictamina la legislación laboral o de lo que dicta el sentido común, se pone en movimiento este mecanismo de prevención. Así, muchachos y muchachas han caído en situación de incumplimiento; no ellos: sus padres, quienes, por no tener trabajo, no pudieron atender sus compromisos económicos. La familia no estaba en condiciones de cancelar deudas. Eso significa aplicar una doble sanción: se niega a una persona joven la posibilidad de conseguir trabajo y, consiguientemente, se la priva de la capacidad de responder a sus compromisos.
Otra situación que se presenta: los pequeños empresarios que tomaron un crédito por 400 u 800 mil pesos, u otra cantidad que les permitió comprar un torno o una herramienta, por ejemplo, y que debido a la crisis económica no pudieron cumplir oportunamente sus pagos. Se les ha dicho: "Ustedes entran a los registros del DICOM", y, desde ese momento, todos los restantes proveedores les niegan el acceso a créditos por insumos u otros bienes. Con ello se crea, ya no una situación perversa, sino un pozo que se cubre con un sello de concreto armado. La persona tiene obligaciones; está en la lista; debe pagar. Pero no puede recurrir a nadie para que lo ayude por medio de un crédito a fin de solventar sus deudas, y, por lo tanto, está condenado a la desaparición.
Ésa es la situación que hoy afecta a un número importante de familias.
Señor Presidente , aquí tenemos una iniciativa que se apoya en un hecho concreto: el país ha vivido desde mediados de 1997 en una crisis económica que se evidencia, se explica y se reconoce por todos, causada por factores exógenos, y que provocó un aumento en el incumplimiento de compromisos, sobre todo en la gente más modesta, que perdió su trabajo o quedó en la imposibilidad de vender sus productos.
Para qué decir cómo afecta esto a los pequeños agricultores. En la zona que represento, todos los clamores son para pedir que se les levante la prohibición que significa figurar en el DICOM, porque con eso pueden volver a producir y seguir trabajando.
La Cámara de Diputados inició un proyecto que, en verdad, no busca romper el sistema. Nadie está en contra de que exista un mecanismo de información. Pero se trata de una iniciativa que tiene que discriminar, y eso es lo que la Comisión de Constitución ha discutido. Todos aquellos que mantienen una deuda de 2 millones de pesos, sin contar en ella multas ni intereses, deben ser objeto de una amnistía que les permita recuperar el manejo de sus actividades.
La proposición es simple. No estamos diciendo que quienes adeudan grandes sumas dejarán de cumplir sus compromisos; tampoco que el pequeño deudor de menos de 2 millones de pesos no satisfaga las obligaciones contraídas. Nadie ha planteado tal cosa. Lo que estamos propiciando es que se conceda una amnistía, por una vez, de manera de liberar a la población que enfrenta estos problemas del peso de no poder seguir trabajando. Ello no significa fomentar el incumplimiento, amparar a los deshonestos o poner en marcha un mecanismo indirecto con el objeto de que una persona pueda aprovecharse de otra. No.
El asunto es complejo; se debatió en la Comisión. ¿Saben por qué es complejo? Porque a la gente le cuesta entender qué pasa hacia atrás, y, de aprobarse el proyecto, qué sucederá en adelante. Es lo que tenemos que dilucidar en la Sala.
La propuesta en cuestión dice: demos una amnistía, por una sola vez, a través de una disposición transitoria -porque la ley no será permanente-, con el objeto de que cuantos figuran en el DICOM a lo largo del lapso que comienza en 1997 (lo que configura los siete años mencionados) se borren de ese registro, para ofrecerles la posibilidad de seguir funcionando. Ello no extingue las deudas, pero sí, desde ese momento, anula la información. Y, además, se acogió una indicación destinada a resolver la situación de quienes se verán afectados más adelante. Aquí radica la dificultad: en la distinción entre el que paga y el que no paga.
En la Comisión dijimos: "En el caso de quienes pagan, habiéndolo hecho con intereses y multas, y están tres años en el DICOM, se propone rebajar ese período a dos años.". Yo concurrí con mi voto favorable, y ahora quiero rectificarlo a través de una indicación en esta oportunidad.
Propongo, señor Presidente , cambiando la posición que sostuve en la Comisión, que el que paga en esta coyuntura salga del DICOM absolutamente. Porque no hay lógica...
La señora FREI (doña Carmen).-
Y que no tenga que pagar para salir del DICOM.
El señor MORENO.-
Ése es otro capítulo al cual habrá que referirse a continuación.
Por lo tanto, en lo sucesivo, lo que debemos disponer es, respecto del que pagó, que hizo el esfuerzo de cumplir su compromiso, que canceló los intereses y que enteró la multa, darle la posibilidad -si vamos a hacer lo mismo con los que no han pagado y que permanecieron en la lista durante siete años- de que tampoco figure como deudor. ¡Es casi de sentido común!
También eliminemos la indicación que habíamos presentado con relación a los que caían en ese registro por primera vez. Démosles la posibilidad de que no figuren. Esto no quiere decir que el sistema se cerrará en lo sucesivo, porque en el futuro, si una persona reincide y no paga, permanecerá en él los siete años. Además, habrá posibilidad de buscar, a través de otros mecanismos, su registro histórico y decir lo que sucedió.
Señor Presidente , pido a los Honorables colegas que den su aprobación a este proyecto, con las indicaciones que estoy formulando verbalmente. En concreto: acoger la proposición de la Cámara de Diputados en su momento, y ofrecer una amnistía a todos. No sólo se trata de rebajar el lapso a dos años, sino también de beneficiar al que pagó y dar la posibilidad de que se reactive la economía.
La Senadora señora Carmen Frei me ha hecho una observación que quiero recoger. Se trata de un aspecto no discutido en la Comisión, pero que es real. Es el caso de las personas que, habiendo cancelado sus compromisos y cuyo nombre figura en el Boletín Comercial y en el DICOM, todavía deben realizar un pago más, según tarifa, para lograr que se la borre de los registros.
Me consta que mucha gente, de buena fe, continúa figurando en el DICOM, porque ignora que debía cumplir un trámite adicional, distinto del de pagar: es decir, enterar multas e intereses y, encima, si su deuda era superior a 500 mil pesos, pagar una suma de entre 12 y 13 mil pesos para ser borrada del registro. Con ello, sin darse cuenta, han quedado en condiciones de indefensión al carecer de ese dato.
Respecto del valor de las tarifas que se cobran, del tenor de los contratos, propongo que no lo discutamos en esta oportunidad, porque eso corresponde a otro debate y requiere disponer de otra clase de información que la Comisión no tuvo a la vista en su oportunidad. Aclaro que nadie pretende lesionar a quienes han estado en este negocio.
Sobre este particular sugiero, no obstante, que formulemos una indicación, o una moción de los Senadores presentes, dirigida a enfrentar el problema de ese pago, sin dilatar el despacho de esta solución relativa a la amnistía sobre la base de introducir nuevas materias que, sin buscarlo, producirían el efecto de demorar la aprobación del presente proyecto.
Esta iniciativa significa un beneficio para Chile, y favorece a las familias de clase media y a la gente más modesta, por lo que anuncio mi voto favorable y pido apoyo para las indicaciones formuladas.
--(Aplausos en las tribunas).
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