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El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , en primer término, quiero felicitar al Diputado señor Tuma y al ex Diputado señor Elgueta por tomar la iniciativa en esta materia y por haber tenido persistencia y constancia para sacar adelante un proyecto muy sensible y que, como aquí se ha dicho, entrega un alivio, un respiro, a miles de chilenos frente a un tema tan delicado como el endeudamiento de las personas, en el cual se incurre, las más de las veces, no porque se quiera, sino por la situación económica que se vive, como se ha manifestado acá.
Respaldo la indicación planteada por el Senador señor Moreno , ratificada por los Honorables colegas del Partido Por la Democracia y el Senador señor Sabag , encaminada a impedir que se entregue información respecto de los deudores una vez que éstos han pagado, de forma tal que no haya que esperar un año, en el caso de los primerizos, o dos, en el caso del resto de los deudores. Me parece que es lo razonable.
Con la misma lógica, considero que el plazo de 7 años para quienes de todas maneras no paguen es exagerado. Es mucho tiempo en el DICOM para quienes adeuden a la universidad, un pagaré o una cuota en una casa comercial. Es más castigo que lo que la propia legislación establece para las acciones dirigidas a los que no pagan, las que, entiendo, prescriben a los 5 años. No comprendo por qué en el proyecto se plantea un plazo de 7 años, que representa una sanción demasiado exagerada para los niveles de deuda que estamos analizando. Si no se puede juzgar a un deudor después de 5 años, porque la acción correspondiente prescribe, me parece absurdo que figure en los registros de DICOM durante 7 años.
Ahora bien, esto se relaciona, lógicamente, con la forma como se seguirá aplicando la ley respecto de las deudas contraídas desde el 1º de enero de este año en adelante. En esa línea, me gustaría que se estudiara una indicación para bajar el plazo de siete a cinco años para quienes, por distintas razones, no han podido cumplir con sus obligaciones.
Pero lo más importante -hay que resaltarlo- es que éste es un proyecto que busca generar un mejor acceso al mundo laboral para las personas que aparecen en DICOM, razón por la cual son discriminadas -digámoslo derechamente-, aun cuando su inclusión en dicho boletín no tenga nada que ver ni con su rectitud moral ni con su voluntad de cumplir con sus compromisos.
Lo que me parece razonable en el ámbito de la discusión que se ha producido aquí es que no se pretenda desmantelar un mecanismo de información necesario para el buen funcionamiento de la economía, del comercio y del sistema financiero. Es cierto que muchas veces pagan justos por pecadores, pero la verdad es que no todos dejan de cumplir sus obligaciones, porque no puedan enfrentarlas, pues un buen porcentaje no paga, o por falta de voluntad, o por otros motivos que no viene al caso analizar.
En consecuencia, me alegro de que se haya planteado esta iniciativa y de que ella vaya a ser aprobada, ojalá por unanimidad. Espero que la Comisión pueda evacuar su segundo informe en plazo breve, de manera que la gente que lleva aguardando bastante tiempo tenga un respiro y un alivio en su situación financiera y social.
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