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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modificaciones a la ley Nº 19.628, que regula la protección de la vida privada, y al artículo 2º del Código del Trabajo, en cuanto a favorecer la reinserción de las personas desempleadas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2735-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 14 de agosto de 2001.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 9ª, en 16 de abril de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El referido órgano técnico señala como principales objetivos del proyecto los siguientes:
1.- Reducir de manera permanente, de tres a dos años, el plazo para la comunicación de los datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial después de haber sido pagadas o de haberse extinguido por otro modo legal, con la salvedad de que se limitará a un año si se trata de la primera obligación del titular que se comunicare.
2.- Prohibir, por una sola vez, a los registros o bancos de datos personales que comuniquen información referida a dichas obligaciones que no se encuentran pagadas o extinguidas al 1º de enero de 2002, si a esta fecha el total de obligaciones impagas no superare los 2 millones de pesos. Si las obligaciones se hubieran pagado o extinguido al 1º de enero del año en curso, la prohibición de comunicarla será absoluta, independientemente del monto de lo adeudado.
3.- Complementar el artículo 2º del Código del Trabajo, en cuanto a establecer que ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, ni exigir declaración ni certificado alguno en este sentido.
La Comisión aprobó el proyecto en general y particular con modificaciones. Estos acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de sus miembros.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , este proyecto es de notable impacto social en el país. Y es muy significativo que la Comisión de Constitución lo haya aprobado por unanimidad. No cabe duda de que beneficiará a cerca de 700 mil personas que hoy día se encuentran en dificultades por no haber pagado sus créditos o deudas en un momento difícil para la economía nacional.
Como recordarán los señores Senadores, en el artículo 17 de la ley sobre protección a la vida privada se especificó con mucha claridad cuáles datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial tienen carácter de públicos y cuáles no.
Este punto es de gran trascendencia, porque se ha se ha dicho que la empresa DICOM estaría introduciendo en sus registros datos de índole no público; por ejemplo, cuentas impagas de luz, gas, agua o deudas contraídas con algún colegio o universidad. Y la verdad es que el citado artículo 17 establece con toda claridad que sólo pueden comunicarse información sobre "letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados", "incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos". El proyecto se refiere sólo a estas obligaciones.
Como indicó el señor Secretario , se contemplan dos o tres cambios fundamentales. El más significativo es una suerte de amnistía para todas aquellas personas cuyas deudas figuraren en esta clase de registro y que hayan sido pagadas o se hayan extinguido al 1º de enero de 2002. A diferencia del texto aprobado por la Cámara de Diputados, no se establece un plazo hacia atrás, sino que el beneficio es indefinido en el tiempo transcurrido con anterioridad al 1º de enero del presente año. Como dije al comienzo, esta norma favorecería a alrededor de 700 mil personas.
Otro requisito se refiere a que el monto de las deudas no suba de 2 millones de pesos por concepto de capital, excluidos intereses, reajustes y cualquier otro rubro. Lo importante de este beneficio es que posibilita la reintegración a la vida económica y comercial.
En el artículo 2º introducido por la Comisión, se incorpora como norma permanente del artículo 2º del Código del Trabajo un inciso sexto, nuevo, que expresa: "Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial". Por tanto, no se les podrá solicitar la exhibición del respectivo certificado de antecedentes comerciales para contratarlos.
Hay también otra disposición de carácter permanente que tal vez sea la que ha suscitado mayor controversia -advierto que asiente el Diputado señor Tuma , quien es uno de los autores de la iniciativa, porque él quizás desearía que en la Comisión hubiésemos sido más generosos-: la contenida en el artículo 1º. Actualmente, si un deudor no paga, esta información sigue apareciendo durante 7 años; si paga, continúa en los registros por 3 años. Mediante la enmienda propuesta el plazo se reduce a 2 años. Y será de un año si se tratare de la primera obligación del titular que se comunicare.
Obviamente, muchos hubieran querido que dichos plazos desaparecieran; o sea, que efectuado el pago el deudor no figurara más en el Boletín de Informaciones Comerciales o en DICOM. Los organismos activos en los ámbitos económico, financiero y comercial -entre ellos la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones , la Cámara Nacional de Comercio, la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, la Confederación de la Producción y del Comercio, etcétera (los señores Senadores encontrarán en el informe más nombres)- no eran partidarios de rebajar los plazos. Sostuvieron la conveniencia de mantenerlos, a fin de dar mayor certeza a la actividad comercial, agregando que su reducción influiría finalmente en el precio del crédito.
En el informe se alude también a la legislación comparada. Por regla general, en otros países el plazo de permanencia de los datos en los registros es superior al de 2 años consignado en el proyecto. Aquí hay un problema de equilibrio entre la necesidad de incentivar el pago y la certeza en las transacciones comerciales. La Comisión, luego de analizar el punto, estableció los plazos mencionados, que seguramente serán muy discutidos en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta el espíritu con que se originó la moción.
En todo caso, lo que nadie discute y constituye un avance, porque en esto el Senado fue más generoso que la otra rama legislativa, es la amnistía que se otorga a las personas en cuanto a que no se comunicarán sus datos después de dos años -que es un plazo moderado- de pagada o extinguida la deuda. En el caso de Estados Unidos este término es de 7 años. Algunos afirman que el hecho de aparecer en un boletín de esta naturaleza como habiendo pagado la deuda es algo favorable, porque significa que el sujeto se esforzó por sobreponerse a una situación difícil y pagó. No sé si ésta sea la cultura dominante en Chile. En otras partes al parecer es así.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Advierto a los asistentes a las tribunas que les está prohibido realizar cualquier clase de manifestaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , probablemente el tema en debate afecta a gran número de hogares chilenos y toca una sensibilidad que muchas veces no se halla presente en los debates tanto del Senado como de la Cámara de Diputados por cuanto condiciona la realidad cotidiana en que se desenvuelven muchas familias.
En 1928 se creó en Chile el denominado "Boletín de Informaciones Comerciales", el cual en un momento dado hasta tuvo la connotación de una frase divertida. Se le llamaba "El Peneca verde", por la manera en que se imprimían las tapas y su forma de recoger la información. Tenía por objeto compilar los antecedentes de aquellas personas que habían caído en incumplimiento respecto de letras, cheques o compromisos que en su oportunidad hubiesen firmado en documentos acreditables ante la justicia.
Con la modernización de la economía y su apertura, en nuestra sociedad emergieron con mucha fuerza elementos tales como las tarjetas de crédito y los programas de promoción de grandes casas comerciales. Asimismo, irrumpieron a la vida económica miles de pequeños empresarios, pequeños agricultores y pequeños comerciantes, que tenían posibilidad de acceder a una forma de producción que en el pasado les estuvo vedada. Así se fue creando un mecanismo más complejo desde el punto de vista del endeudamiento, el que posteriormente pasó a áreas en las cuales la sociedad chilena nunca antes lo había considerado, como la de la educación.
Probablemente varios de los Senadores presentes nos hayamos educado con becas, para cuya obtención no fue preciso firmar ningún documento. Si posteriormente quisimos contribuir y procedimos a devolverlas en forma voluntaria, se trató de actos privados decididos libremente por cada uno. Pero en la medida en que el sistema educacional se fue abriendo, las universidades comenzaron a emitir documentos con el fin de que la familia de la muchacha o muchacho que empezaba una carrera los firmara previamente, para sellar el compromiso de proporcionarle educación, obligándose a pagarlos en cuotas, ya sea mensuales, semestrales o anuales, por un monto determinado.
En definitiva todo esto pasó a ser aceptado, porque una familia de clase media, en su desesperación, firmaba cualquier cosa con tal de que su hija o hijo pudiera educarse. Lo mismo hacía un pequeño agricultor que necesitaba semilla, abono o algún insumo determinado: debía firmar un documento con el objeto de adquirir elementos esenciales para producir, autoemplearse, ocupar a otros y generar un nivel de vida.
El sistema se fue complicando y al Boletín de Informaciones Comerciales se agregó una segunda entidad privada llamada "DICOM-EQUIFAX", los que en el fondo constituían dos sistemas, establecidos con el propósito de generar información para manejar la actividad comercial, la modalidad de pago mediante tarjetas de crédito, los empréstitos obtenidos o los compromisos contraídos por los padres para educar a hijas e hijos.
Al principio nadie objetó eso, porque aparecía casi de sentido común que existiera un mecanismo de información, hasta que éste comenzó a entrabar el funcionamiento de la vida familiar de los deudores, las oportunidades de empleo y la producción misma en que tales personas se hallaban involucradas.
Hoy nos encontramos ante un hecho paradójico: nadie quiere eliminar un sistema de información objetivo, que permite que si alguien necesita relacionarse comercialmente, sobre todo tratándose de cantidades importantes de dinero, acceda previamente a la información pertinente.
El problema consiste en que el sistema se pasó de entrenamiento, y comenzó a golpear donde no deb��a hacerlo: sobre la clase media y las más modestas. A quienes debían poco se los castigaba mucho más que a aquellos que adeudaban cantidades mayores. Estos últimos tenían posibilidad de celebrar convenios, utilizar otros mecanismos de financiamiento, declarar la quiebra; de abrir una nueva empresa y encontrar algún sistema que les permitiera seguir operando comercialmente.
Hoy enfrentamos la paradoja de miles de familias chilenas, a lo largo de todo el territorio nacional, que se han visto enfrentadas a los exagerados daños que produce el mencionado mecanismo de información. No estamos rechazando ese mecanismo; creemos que debe seguir funcionando. Pero debido a los excesos hacia los que ha derivado es hoy, prácticamente, un impedimento para el desarrollo de las actividades comerciales.
Citaré dos o tres ejemplos.
Primero hay que mencionar su efecto en la gente joven que busca trabajo. Hoy, cuando alguien postula a un puesto laboral, sea calificado o no, se enfrenta al hecho de que se ha introducido en nuestra tecnología la palabra currículum: "Tráigame el currículum". Antes, nos pedían el certificado de antecedentes, lo que hoy no basta. Y, a más de la información propia de un currículo, el solicitante debe demostrar que no registra ni ha registrado antecedentes en el DICOM.
En determinadas empresas se separan los antecedentes de quienes han registrado deudas, de los que no. Y, más allá de lo que dictamina la legislación laboral o de lo que dicta el sentido común, se pone en movimiento este mecanismo de prevención. Así, muchachos y muchachas han caído en situación de incumplimiento; no ellos: sus padres, quienes, por no tener trabajo, no pudieron atender sus compromisos económicos. La familia no estaba en condiciones de cancelar deudas. Eso significa aplicar una doble sanción: se niega a una persona joven la posibilidad de conseguir trabajo y, consiguientemente, se la priva de la capacidad de responder a sus compromisos.
Otra situación que se presenta: los pequeños empresarios que tomaron un crédito por 400 u 800 mil pesos, u otra cantidad que les permitió comprar un torno o una herramienta, por ejemplo, y que debido a la crisis económica no pudieron cumplir oportunamente sus pagos. Se les ha dicho: "Ustedes entran a los registros del DICOM", y, desde ese momento, todos los restantes proveedores les niegan el acceso a créditos por insumos u otros bienes. Con ello se crea, ya no una situación perversa, sino un pozo que se cubre con un sello de concreto armado. La persona tiene obligaciones; está en la lista; debe pagar. Pero no puede recurrir a nadie para que lo ayude por medio de un crédito a fin de solventar sus deudas, y, por lo tanto, está condenado a la desaparición.
Ésa es la situación que hoy afecta a un número importante de familias.
Señor Presidente , aquí tenemos una iniciativa que se apoya en un hecho concreto: el país ha vivido desde mediados de 1997 en una crisis económica que se evidencia, se explica y se reconoce por todos, causada por factores exógenos, y que provocó un aumento en el incumplimiento de compromisos, sobre todo en la gente más modesta, que perdió su trabajo o quedó en la imposibilidad de vender sus productos.
Para qué decir cómo afecta esto a los pequeños agricultores. En la zona que represento, todos los clamores son para pedir que se les levante la prohibición que significa figurar en el DICOM, porque con eso pueden volver a producir y seguir trabajando.
La Cámara de Diputados inició un proyecto que, en verdad, no busca romper el sistema. Nadie está en contra de que exista un mecanismo de información. Pero se trata de una iniciativa que tiene que discriminar, y eso es lo que la Comisión de Constitución ha discutido. Todos aquellos que mantienen una deuda de 2 millones de pesos, sin contar en ella multas ni intereses, deben ser objeto de una amnistía que les permita recuperar el manejo de sus actividades.
La proposición es simple. No estamos diciendo que quienes adeudan grandes sumas dejarán de cumplir sus compromisos; tampoco que el pequeño deudor de menos de 2 millones de pesos no satisfaga las obligaciones contraídas. Nadie ha planteado tal cosa. Lo que estamos propiciando es que se conceda una amnistía, por una vez, de manera de liberar a la población que enfrenta estos problemas del peso de no poder seguir trabajando. Ello no significa fomentar el incumplimiento, amparar a los deshonestos o poner en marcha un mecanismo indirecto con el objeto de que una persona pueda aprovecharse de otra. No.
El asunto es complejo; se debatió en la Comisión. ¿Saben por qué es complejo? Porque a la gente le cuesta entender qué pasa hacia atrás, y, de aprobarse el proyecto, qué sucederá en adelante. Es lo que tenemos que dilucidar en la Sala.
La propuesta en cuestión dice: demos una amnistía, por una sola vez, a través de una disposición transitoria -porque la ley no será permanente-, con el objeto de que cuantos figuran en el DICOM a lo largo del lapso que comienza en 1997 (lo que configura los siete años mencionados) se borren de ese registro, para ofrecerles la posibilidad de seguir funcionando. Ello no extingue las deudas, pero sí, desde ese momento, anula la información. Y, además, se acogió una indicación destinada a resolver la situación de quienes se verán afectados más adelante. Aquí radica la dificultad: en la distinción entre el que paga y el que no paga.
En la Comisión dijimos: "En el caso de quienes pagan, habiéndolo hecho con intereses y multas, y están tres años en el DICOM, se propone rebajar ese período a dos años.". Yo concurrí con mi voto favorable, y ahora quiero rectificarlo a través de una indicación en esta oportunidad.
Propongo, señor Presidente , cambiando la posición que sostuve en la Comisión, que el que paga en esta coyuntura salga del DICOM absolutamente. Porque no hay lógica...
La señora FREI (doña Carmen).-
Y que no tenga que pagar para salir del DICOM.
El señor MORENO.-
Ése es otro capítulo al cual habrá que referirse a continuación.
Por lo tanto, en lo sucesivo, lo que debemos disponer es, respecto del que pagó, que hizo el esfuerzo de cumplir su compromiso, que canceló los intereses y que enteró la multa, darle la posibilidad -si vamos a hacer lo mismo con los que no han pagado y que permanecieron en la lista durante siete años- de que tampoco figure como deudor. ¡Es casi de sentido común!
También eliminemos la indicación que habíamos presentado con relación a los que caían en ese registro por primera vez. Démosles la posibilidad de que no figuren. Esto no quiere decir que el sistema se cerrará en lo sucesivo, porque en el futuro, si una persona reincide y no paga, permanecerá en él los siete años. Además, habrá posibilidad de buscar, a través de otros mecanismos, su registro histórico y decir lo que sucedió.
Señor Presidente , pido a los Honorables colegas que den su aprobación a este proyecto, con las indicaciones que estoy formulando verbalmente. En concreto: acoger la proposición de la Cámara de Diputados en su momento, y ofrecer una amnistía a todos. No sólo se trata de rebajar el lapso a dos años, sino también de beneficiar al que pagó y dar la posibilidad de que se reactive la economía.
La Senadora señora Carmen Frei me ha hecho una observación que quiero recoger. Se trata de un aspecto no discutido en la Comisión, pero que es real. Es el caso de las personas que, habiendo cancelado sus compromisos y cuyo nombre figura en el Boletín Comercial y en el DICOM, todavía deben realizar un pago más, según tarifa, para lograr que se la borre de los registros.
Me consta que mucha gente, de buena fe, continúa figurando en el DICOM, porque ignora que debía cumplir un trámite adicional, distinto del de pagar: es decir, enterar multas e intereses y, encima, si su deuda era superior a 500 mil pesos, pagar una suma de entre 12 y 13 mil pesos para ser borrada del registro. Con ello, sin darse cuenta, han quedado en condiciones de indefensión al carecer de ese dato.
Respecto del valor de las tarifas que se cobran, del tenor de los contratos, propongo que no lo discutamos en esta oportunidad, porque eso corresponde a otro debate y requiere disponer de otra clase de información que la Comisión no tuvo a la vista en su oportunidad. Aclaro que nadie pretende lesionar a quienes han estado en este negocio.
Sobre este particular sugiero, no obstante, que formulemos una indicación, o una moción de los Senadores presentes, dirigida a enfrentar el problema de ese pago, sin dilatar el despacho de esta solución relativa a la amnistía sobre la base de introducir nuevas materias que, sin buscarlo, producirían el efecto de demorar la aprobación del presente proyecto.
Esta iniciativa significa un beneficio para Chile, y favorece a las familias de clase media y a la gente más modesta, por lo que anuncio mi voto favorable y pido apoyo para las indicaciones formuladas.
--(Aplausos en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ruego a las personas situadas en las tribunas evitar las manifestaciones, las que, por Reglamento, debo impedir.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , creo que todos los Senadores de los diferentes sectores coincidirán con el sentido justo y social de esta iniciativa, originada por la preocupación del Diputado señor Tuma y presentada en la Cámara Baja el año pasado, donde fue aprobada por unanimidad. Deseo recordar positivamente que muchos de los señores Diputados que hoy día tienen la calidad de Senadores, en virtud de sus capacidades y merecimientos, también la votaron integralmente a favor en la otra rama del Parlamento.
Se dan diferentes cifras en la materia. Un señor Senador que intervino con anterioridad se refirió a que esto afecta a 700 mil personas. Sin embargo, otras cifras mencionan un millón 700 mil -no sé si yo estoy agregando un millón, o si a mi Honorable colega se le cayó un millón-, de los cuales un millón 500 mil correspondería a personas naturales.
Incluso, el nombre de esta iniciativa apunta con mucha verdad a la situación que viven miles de chilenos, cuando habla de la protección de la vida privada. Porque muchas veces da la sensación de que una persona que ha sufrido alguna caída económica, por múltiples razones -malos negocios, crisis externas con repercusiones dentro del país, problemas familiares o enfermedades, que determinan el incumplimiento de un compromiso-, se transforma desde ese mismo instante en un verdadero paria, de quien se desconfía en todos los organismos crediticios económicos del país.
En consecuencia, el proyecto realmente viene a sanear la situación de un grupo muy importante de chilenos. Por ejemplo, hemos conocido los intentos del Gobierno para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Conmueve comprobar que tales intenciones no se cumplen en la práctica, porque sabemos que no más de 10 por ciento de aquellas empresas pudieron renegociar las deudas que mantenían con el sistema crediticio, precisamente porque el 90 por ciento restante aparecía con antecedentes en el famoso DICOM.
El Honorable colega que antecedió en el uso de la palabra al Senador señor Moreno manifestó que la Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones Financieras habrían emitido comentarios críticos respecto de la iniciativa. Sin embargo el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento señala a la letra que "Los comentarios de carácter general provinieron de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Asociación de Isapres, todas las cuales manifestaron que no tenían observaciones que formular.".
Incluso, en el párrafo anterior de dicho informe se señala: "La Comisión recabó la opinión de distintos organismos acerca de este proyecto de ley, a fin de formarse un juicio más acabado. Algunos de ellos se limitaron a dar un parecer general, y otros hicieron, además, observaciones sobre el articulado.".
Insisto: ninguna de las dos Superintendencias formuló observaciones.
Esto revela, entonces, que en todos los sectores hay una actitud positiva hacia el proyecto.
Deseo recordar que la Cámara de Diputados aprobó reducir el plazo de permanencia en los registros establecido en la norma vigente, de siete años a tres, en forma transitoria y por única vez, para todos los deudores que se encontraban en esa condición al veinte de junio de 2001 y cuyas deudas no superen el valor de 120 UF, en capital.
El Senado estableció una amnistía: eliminar los antecedentes del registro histórico de todos los deudores que se encontraban en esa condición al 1 de enero de 2002 y cuyas deudas en capital no superaran los dos millones de pesos. Al mismo tiempo, se incorporó en este beneficio a todos los que hayan pagado su deuda al 1 de enero de 2002.
Señor Presidente , el tratamiento otorgado a quienes cancelaron sus obligaciones debería considerar a todos los que, a la fecha de la publicación de la ley, hayan cumplido con esa condición, por supuesto como una manera de incentivar el pago de los compromisos, y de no establecer una discriminación arbitraria e inexplicable. Porque aquel que no canceló su deuda en diciembre y no lo ha realizado hasta ahora será eliminado del registro de morosidad y, sin embargo, quien la pagó en enero permanecerá por un año o dos en el registro, según sea el caso, lo cual, indudablemente, resulta arbitrario e injusto.
Por esa razón, los Senadores señores Flores, Ávila y el que habla entregamos una indicación a la Mesa para modificar la redacción de la norma propuesta.
En cuanto a las deudas de capital que deben considerarse para establecer el beneficio con el tope de dos millones de pesos, pensamos que este límite solamente debe incluir aquellas deudas en capital consignadas en el artículo 17 de la ley vigente, ya que es posible que existan otras que podrían interpretarse como complementos del monto límite. El artículo 17 en comento dispone que deben consistir en "letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.".
También, para los efectos de que lo anterior quede claramente especificado en la ley, los tres Senadores antes mencionados presentamos una indicación que, según anhelo, será aprobada por unanimidad en la Sala.
Sería redundante señalar la injusticia ocurrida en la práctica, pues las disposiciones actuales incluso entraban el acceso de la gente al trabajo. Existen muchas instituciones y empresas que simplemente niegan esa posibilidad a hombres y mujeres, porque aparecen en el DICOM. Considero sabio y acertado lo consignado en uno de los artículos propuestos en el sentido de incorporar tal limitante para las personas que manejan valores, como gerentes, subgerentes, agentes, etcétera, porque ello me parece justo para una institución o una empresa, pero no para el millón 500 mil chilenos al que estamos haciendo referencia. Si esto resulta duro e injusto, peor es lo que expresó el Senador señor Moreno en cuanto a que muchos jóvenes estudiantes de educación superior se encuentran impedidos de acceder a un crédito para financiar sus carreras, porque sus familiares aparecen registrados en el DICOM, debido a las razones aquí señaladas.
Por consiguiente, en mi calidad de Comité del Partido Por la Democracia, de tres Senadores, manifiesto nuestra disposición a votar favorablemente esta iniciativa.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , es un hecho cierto que el país ha vivido una crisis económica que no sólo ha afectado nuestro desarrollo económico, sino también a las personas. En esta situación, miles de chilenos, por diversos factores, se han visto empujados a no poder cumplir con las obligaciones en dinero que habían contraído, con resultados francamente graves. La legislación actual establece una permanencia en los registros históricos, lo que permite seguir informando de su incumplimiento durante tres años, para el que paga con atraso, y durante siete, para el que no lo hace.
Lo esencial del problema es que esas personas han caído en los registros oficiales de morosidad. Tal situación no sólo les impide el acceso al crédito, sino que, además, la información de tales registros está siendo utilizada para bloquearles el acceso al trabajo. Esta última cuestión es, definitivamente, una suerte de arbitrariedad, ya que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución y establecidos de manera expresa en la legislación laboral y su jurisprudencia. Semejante hecho, por otra parte, tiene que ver con un uso indebido de la información que interfiere en la privacidad de las personas.
Resulta lógico que las instituciones de crédito tengan derecho a prever los riesgos que asumen al otorgarlos, para lo cual es necesario conocer el perfil del deudor. Pero una cosa distinta es que esa información se use para otros fines.
El proyecto vincula las consecuencias de la crisis económica con la pérdida de puestos de trabajo y el daño que se ocasiona a las personas por encontrarse en los registros de morosidad.
También se constata el hecho de que, aun cuando las deudas se han pagado o extinguido por causas legales reconocidas, la información persiste en los registros, lo que perjudica más allá de lo razonable a las personas. No existe ningún motivo por el que tal deudor deba ser castigado, impidiéndosele acceder al mercado del crédito o a fuentes laborales que siempre discriminan con quienes tienen antecedentes de morosidad, aunque hayan cumplido con sus débitos.
En consecuencia, quien cubre sus deudas debe ser borrado del registro histórico, lo que de suyo constituirá un incentivo al pago.
En justicia, el deudor que cumple con su obligación debe ser privilegiado suspendiéndose toda comunicación relativa a él.
En el tema del almacenamiento de la información, las Naciones Unidas han elaborado una "Guía para la regulación de los registros computacionales de datos personales", publicada en 1990. De este documento fluye un principio general, según el que el período durante el cual se mantendrán guardados datos personales no debe exceder del necesario para cumplir los propósitos para los que fueron recolectados.
Resulta indispensable resolver la situación de miles de chilenos que hoy enfrentan severas dificultades para acceder al crédito y, sobre todo, para la obtención de un puesto de trabajo.
El espíritu del presente proyecto permitirá aliviar esa realidad, contribuyendo a mejorar el desarrollo económico y solucionar en parte el acceso al trabajo.
Estoy totalmente de acuerdo con el numeral 1 del artículo único aprobado por la Cámara de Diputados, conforme al cual el deudor que paga debe ser inmediatamente borrado de los registros. En este aspecto, quiero resaltar que muchos condenados judicialmente por haber cometido un delito o una falta cuentan con procedimientos para borrar después sus antecedentes. En los certificados respectivos aparecen como si nunca hubieran cometido siquiera una falta. ¡Por Dios! ¡Cómo va a quedar mejor el que comete un delito y después borra sus antecedentes personales que la persona que no pudo pagar 100 mil ó 200 mil pesos, o una deuda bancaria cualquiera, por lo que debe permanecer 3 años en los registros, aunque haya cancelado su obligación! Me parece una injusticia que impide que las personas se rehabiliten y puedan seguir operando en otra parte.
Por eso, estoy totalmente de acuerdo con la norma de la Cámara de Diputados según la cual aquel que paga debe ser inmediatamente borrado de los registros. Sin embargo, en cuanto al numeral 2, prefiero el texto aprobado por la Comisión de Constitución del Senado, que concede una amnistía para quienes adeuden sumas inferiores a 2 millones de pesos por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes y cualquier otro tipo de gasto.
En consecuencia, señor Presidente , anuncio que aprobaré en general este proyecto de ley y que presentaremos indicaciones con el objeto de hacerlo más expedito y flexible para las personas que han caído en incumplimiento de sus deudas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , en primer término, quiero felicitar al Diputado señor Tuma y al ex Diputado señor Elgueta por tomar la iniciativa en esta materia y por haber tenido persistencia y constancia para sacar adelante un proyecto muy sensible y que, como aquí se ha dicho, entrega un alivio, un respiro, a miles de chilenos frente a un tema tan delicado como el endeudamiento de las personas, en el cual se incurre, las más de las veces, no porque se quiera, sino por la situación económica que se vive, como se ha manifestado acá.
Respaldo la indicación planteada por el Senador señor Moreno , ratificada por los Honorables colegas del Partido Por la Democracia y el Senador señor Sabag , encaminada a impedir que se entregue información respecto de los deudores una vez que éstos han pagado, de forma tal que no haya que esperar un año, en el caso de los primerizos, o dos, en el caso del resto de los deudores. Me parece que es lo razonable.
Con la misma lógica, considero que el plazo de 7 años para quienes de todas maneras no paguen es exagerado. Es mucho tiempo en el DICOM para quienes adeuden a la universidad, un pagaré o una cuota en una casa comercial. Es más castigo que lo que la propia legislación establece para las acciones dirigidas a los que no pagan, las que, entiendo, prescriben a los 5 años. No comprendo por qué en el proyecto se plantea un plazo de 7 años, que representa una sanción demasiado exagerada para los niveles de deuda que estamos analizando. Si no se puede juzgar a un deudor después de 5 años, porque la acción correspondiente prescribe, me parece absurdo que figure en los registros de DICOM durante 7 años.
Ahora bien, esto se relaciona, lógicamente, con la forma como se seguirá aplicando la ley respecto de las deudas contraídas desde el 1º de enero de este año en adelante. En esa línea, me gustaría que se estudiara una indicación para bajar el plazo de siete a cinco años para quienes, por distintas razones, no han podido cumplir con sus obligaciones.
Pero lo más importante -hay que resaltarlo- es que éste es un proyecto que busca generar un mejor acceso al mundo laboral para las personas que aparecen en DICOM, razón por la cual son discriminadas -digámoslo derechamente-, aun cuando su inclusión en dicho boletín no tenga nada que ver ni con su rectitud moral ni con su voluntad de cumplir con sus compromisos.
Lo que me parece razonable en el ámbito de la discusión que se ha producido aquí es que no se pretenda desmantelar un mecanismo de información necesario para el buen funcionamiento de la economía, del comercio y del sistema financiero. Es cierto que muchas veces pagan justos por pecadores, pero la verdad es que no todos dejan de cumplir sus obligaciones, porque no puedan enfrentarlas, pues un buen porcentaje no paga, o por falta de voluntad, o por otros motivos que no viene al caso analizar.
En consecuencia, me alegro de que se haya planteado esta iniciativa y de que ella vaya a ser aprobada, ojalá por unanimidad. Espero que la Comisión pueda evacuar su segundo informe en plazo breve, de manera que la gente que lleva aguardando bastante tiempo tenga un respiro y un alivio en su situación financiera y social.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , deseo focalizar mi intervención sólo en lo que atañe a uno de los acuerdos a que arribó la Comisión de Constitución del Senado. Me refiero a la reducción de tres a dos años que beneficiaría a quienes pagan con atraso sus compromisos.
Siento que la Comisión no ha entendido bien que aquí hay involucrado un aspecto ético. No se trata de una cuestión de tiempo. Resulta inaceptable que una persona que ha debido sufrir el dramático asedio de que son objeto quienes contraen deudas en nuestro país, deba cargar además con un estigma de tipo moral.
Considero que una empresa que lucra con la desgracia ajena no puede permitirse el privilegio de alzarse como la que dicta normas que, por lo demás, se proyectan a lo largo del tiempo y tienen que ver no con cuestiones estrictamente económicas, sino más bien -insisto- con aspectos de orden ético. Creo que el Senado tiene la oportunidad de corregir dicha situación.
Con el correr de los años, por desgracia, ha venido proliferando en nuestro país un tipo de negocio que contraviene abiertamente la normativa que rige la actuación de las instituciones financieras, creando con ello una secuela de dolor que afecta fundamentalmente a las personas más modestas.
A partir del vínculo que esos sectores sociales establecen con las denominadas "financieras informales", surgen inmediatamente las condiciones que implican engrosar los registros de DICOM. Es decir, a esta lista estigmatizadora se llega por diferentes vías. Y las que más generosamente aportan nombres en todo lo referente a la existencia de lo que conocemos como prestamistas, hoy delicadamente se denominan "financieras informales".
Pienso que el acuerdo de la sala del Senado llevará alivio a miles de chilenos que esperan expectantes el desenlace de este debate. Nadie podría comprender que se tuviese tan altas consideraciones hacia una empresa de estas características, que francamente es objeto de repudio por muy amplios sectores del país. No podemos presentarnos ante la opinión pública con una mirada compasiva con aquellos que infligen tanto dolor a la gente más humilde del país.
Por lo tanto, reclamo de todos los Honorables colegas que al momento de votar tengan presente el hecho de que vamos a lanzar una señal a Chile, en el sentido de que las instituciones representativas de la República también son sensibles al dolor de muchos chilenos.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Aun cuando comprendo el interés de quienes están en las tribunas, debo hacer presente que, reglamentariamente, están prohibidas las manifestaciones.
El señor ÁVILA.-
¡Un aplausito no hace daño a nadie, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , creo que se ha dicho bastante sobre la materia. Sin embargo, conviene reforzar algunos aspectos por la gran cantidad de familias chilenas que se han visto afectadas por estas verdaderas listas negras.
No se trata ya de un problema de que alguien engaña o que premeditadamente se compromete con pagos que no puede cumplir. En muchos casos bastaba que alguien cobrara un cheque en una fecha distinta a la consignada en el respectivo documento o en una plaza diferente a la del girador -como ocurría antes de la conexión al sistema en red-, para incurrir en el protesto y, por lo tanto, integrar el famoso listado negro.
Es la gente que contrata servicios -celulares, créditos estudiantiles- y pequeños empresarios enredados en trámites más bien burocráticos, los que caen en esta condición de deudores.
Entendemos que toda operación económica, contrato o propuesta presentan riesgos que las partes tienen que asumir. Pero como también existen confusiones, errores o imprevistos, debe haber un mecanismo de solución que guarde una correlación armónica y justa, cuestión de equidad que no se está dando en nuestro país.
En verdad se cae con demasiada facilidad en estas listas, pero se sale de ellas con mucha dificultad. Se dice que una vez pagado el documento, el deudor debe ser borrado de los registros después de 8 a 15 días. No obstante, tenemos antecedentes de gente que permanece en ellos por más de tres meses, en un laberinto digno de Kafka. Además del listado histórico -que se borra a los tres años, en el caso de pagarse, o a los siete, cuando no sucede así- entran en una cadena que les impide acceder a otro crédito, les dificulta sus compras o les impide presentarse a propuestas e incluso trabajar. Ello independientemente del patrimonio involucrado, del pago oportuno de la deuda o del acuerdo con la otra parte.
Ahora, si se tiene una dinámica económica -es decir, un trabajo que va a dar expectativas de ingreso futuro (a corto, mediano o largo plazo) y, por ende, también un calendario de pagos y de inversión-, lo más probable es que un tropiezo de esta naturaleza se convierta en una caída. Esto induce a un informalismo perverso en los sistemas de "factoring", de prestamistas, en fin, de donde es aún más difícil salir. Con ello la gente humilde se hace más pobre, y los que tienen y manejan el sistema aumentan su riqueza.
Puede que el conjunto del país crezca económicamente, pero el abismo entre los que menos tienen y los que más tienen se hace mayor. Por eso, este tipo de selección económica se transforma en algo pernicioso. No sin razón se señala que los bancos y las financieras cierran el paraguas justamente cuando empieza a llover. Es el caso que afecta a miles de familias en Chile.
Creo que para tener una economía ordenada y un sistema que premie la responsabilidad y castigue lo contrario, se debe hacer esto en forma justa y equilibrada, cuestión que no ocurría hasta la fecha.
Por las razones expuestas, es de justicia votar a favor del proyecto y de las indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , como lo expresó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, los Senadores de Renovación Nacional vamos a aprobar esta iniciativa legal que, en lo esencial, tiene por objeto establecer una amnistía respecto de quienes figuran en los boletines o registros de bancos de datos por sus deudas, particularmente en un período en que la situación económica del país ha sido extraordinariamente difícil. Esto afecta muy especialmente a personas de escasos recursos o que tenían pequeñas empresas, las que, por haber contraído créditos que por sus altas tasas de interés no pudieron cumplir, hoy día figuran en esos registros, lo que les dificulta considerablemente no sólo la obtención de nuevos créditos, sino que -lo cual resulta aún más delicado y grave- les dificulta también la posibilidad de emplearse, porque se ha establecido la mala costumbre -como ya se ha dicho anteriormente- de exigir a todas las personas antecedentes comerciales.
Entonces, aquí opera una especie de círculo vicioso. Si una persona ha tenido dificultades económicas a contar de 1998 y como producto de las altas tasas de interés que vivió el país no pudo pagar sus obligaciones y quedó cesante y quiere buscar trabajo -muchas veces para poder rehacer su situación económica-, se le produce una situación muy injusta, porque la condicionante para que sea contratada es precisamente que no tenga deudas, en circunstancias de que ésa es muchas veces la causa por la cual perdió el trabajo o su fuente de ingresos.
Pues bien, el proyecto básicamente consigna dos situaciones distintas. Una se refiere a las deudas pagadas con anterioridad al 1º de enero de 2002, para lo cual -conforme a la moción del señor Tuma y de otros Diputados- se establece, en una extensión de la idea original, una amnistía respecto de todos los deudores que, en forma individual, deban hasta un máximo de 2 millones de pesos. Si la persona paga, quedaría automáticamente eliminada de los registros de información hoy día existentes, sea que una obligación -pagada o no pagada- llegase a dos millones de pesos o que el conjunto de las deudas individuales sumen esa cantidad.
No me cabe duda de que ello constituye un alivio para mucha gente en nuestro país, aun cuando debo señalar con toda franqueza que esa información hoy día se halla en poder de gran parte de los bancos e instituciones financieras. Así que tampoco sembremos muchas esperanzas en que la medida propuesta significará que tales antecedentes se desconozcan, pues -reitero- dichas entidades están informadas al respecto. Por lo tanto, ése es un dato de la causa.
Sin embargo, me parece bien establecer como principio el borrar de los registros del Boletín de Informaciones Comerciales o de DICOM a las personas con obligaciones impagas hasta de dos millones de pesos, contraídas en el pasado.
En cuanto al futuro, existen tres situaciones distintas. Para analizarlas hay que considerar que el origen de los registros de informaciones de esta naturaleza fue el permitir que se conozca la vida comercial de una persona. Y esa información no debe mirarse sólo en la lógica de lo que importa a un banco, sino en la de una persona que desea enajenar o arrendar su casa o vender su automóvil. Es legítimo que ésta quiera saber, para no engañarse, si quien va a comprar o arrendar reúne las condiciones de seriedad en su vida comercial que aseguren que pagará el precio del auto o la renta de arrendamiento.
Al respecto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fijó los siguientes criterios: mantuvo el plazo de siete años para informar respecto de la persona que no paga su obligación. Estamos pensando hacia el futuro, porque ya resolvimos el tema del pasado.
Lo anterior es debatible. Todos los plazos son discutibles. ¿Por qué siete y no seis u ocho años? En verdad, no hay ninguna razón técnica que explique por qué un año más o un año menos. La norma venía establecida en esos términos, no se modificó en el proyecto y se mantiene como tal.
Respecto de las personas que pagaron su obligación, la Comisión de Constitución redujo el plazo de tres a dos años y, en caso de que se trate del primer incumplimiento registrado, se rebajó a un año.
La controversia -como he podido apreciar- surge en torno a por qué una persona que pagó su obligación deberá figurar en el registro. Al respecto -dado que el proyecto va a ir a la Comisión-, deseo distinguir las siguientes situaciones.
Se señala que quien pagó sus compromisos pendientes debe salir inmediatamente del registro. Quizás es el principio correcto, pero no todos los que pagan lo hacen en las mismas condiciones. Por ejemplo, hay personas cuya obligación se extingue por prescripción, es decir, que nunca pagan, pero que con el transcurso del tiempo la deuda deja de ser exigible. Conforme a los artículos 17 y siguientes de la ley Nº 19.628, ellas no figurarán en el registro respectivo transcurrido el plazo señalado anteriormente, esto es, cuando se acredite que la obligación se extinguió por prescripción. Sin embargo, no es justo que una persona que nunca pagó quede en la misma condición de quien hizo el esfuerzo por pagar. Porque aquélla sólo aprovechó el plazo durante el cual no se le pudo cobrar para que esa obligación se dé igualmente por extinguida. ¿Cómo puede ser justo el que una persona modesta de clase media que se esforzó por reunir su plata y pagó su obligación quede en la misma condición de quien no la pagó por haber prescrito dado que pasó el tiempo y no lo pudieron notificar de la deuda? Es decir, el esfuerzo de uno es equivalente al nulo esfuerzo del otro.
Por lo tanto, cuando se señala que la persona deberá dejar de figurar en el registro cuando su obligación se extinga por cualquier modo, creo que se produce una injusticia respecto de quien hace el esfuerzo de pagar. Porque si el día de mañana van a pedir un crédito y ninguno de los dos aparece en el Boletín de Informaciones Comerciales, ¿cómo prueba que es un buen pagador el que hizo el esfuerzo de pagar? Este último queda en la misma situación respecto de quien se extinguió la obligación por la prescripción. No me parece justo.
Asimismo, la situación de aquel cuya obligación se extinguió porque finalmente le fueron ejecutados sus bienes para pagarla, no es la misma en el caso de la persona a la cual le prescribió su deuda.
Por lo tanto, sostengo que en esta materia es necesario hacer distinciones respecto de quien pagó la obligación.
Deseo agregar un argumento. El hecho de permitir que una persona que pagó la obligación, sin existir antecedente alguno que así lo acredite, no figure -por ningún período- en el registro, también puede perjudicarla. Porque lo primero que desea hacer quien paga una deuda es que se sepa que la pagó y que es un buen pagador. En la medida en que demos el mismo trato a los deudores y los saquemos del registro a todos por igual, nunca podrá probar que fue un buen pagador. Y hay mucha gente que hace un enorme esfuerzo para pagar una obligación, regularizar su situación, y a la que interesa sobremanera que se sepa que cumple, aunque sea tarde, con sus compromisos.
En consecuencia, éste es un punto que en el segundo informe debe regularse adecuadamente. Porque sería muy injusto dejar en la misma situación al que pagó con esfuerzo y a quien nunca lo hizo y cuya obligación se extinguió extinguió de modo distinto, como lo es la prescripción.
Por otro lado, deseo señalar que la Comisión acordó incorporar un nuevo artículo 2º al proyecto, que establece el impedimento para que los empleadores condicionen la contratación de trabajadores a la ausencia u obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial.
Ello tampoco es una solución definitiva, porque quien contrata una persona lo hace libremente, puede hacerlo o no a su libre albedrío. En verdad, resulta muy inmoral que a una persona que le ha sido imposible cumplir con sus obligaciones -se trata en particular de gente modesta- finalmente se le exija esta especie de requisito de limpieza total. De esta forma se le cierra el círculo, dado que no puede encontrar trabajo para seguir pagando sus deudas, y, por lo tanto, se la deja en tierra de nadie.
Por último, señor Presidente , deseo pedir por su intermedio que se oficie al señor Presidente de la República por lo siguiente. Me he enterado de que algunas empresas que poseen registros de obligaciones comerciales, particularmente DICOM -no he comprobado la información en su integridad-, están entregando antecedentes respecto de los consumos básicos: deudas de teléfono, de agua potable, de electricidad, de gas, e incluso, de los créditos universitarios.
No sé si el Primer Mandatario lo autorizó, porque a él corresponde determinar la entrega de dicha información. Si alguna institución está dando a conocer esos datos sin la anuencia del Ejecutivo , está incurriendo en una gravísima ilegalidad.
Por lo tanto, pido oficiar al Presidente de la República para que indique con exactitud cuáles son los instrumentos mediante los cuales ha permitido a dichas empresas revelar y entregar tal información, a fin de saber si efectivamente hay autorización para que publiquen las nóminas de personas con deudas de agua, luz, gas, teléfono y créditos universitarios.
El señor VIERA-GALLO .-
¿Me permite una interrupción Su Señoría?
El señor ESPINA.-
Sí, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Senador , puedo asegurarle que el Presidente de la República no ha dictado un decreto autorizando la inclusión de deudas que no figuran en los artículos respectivos de la ley sobre protección de la vida privada en los registros de empresas como DICOM.
Es decir, la petición de oficio que Su Señoría ha formulado es perfectamente legítima, para que el Gobierno se preocupe de que DICOM cumpla la ley.
Desgraciadamente, cuando aprobamos la normativa sobre la protección de la vida privada no hubo recursos para establecer un organismo público encargado de su aplicación. No existe actualmente un ente claramente responsable al respecto. Lo que sí podríamos hacer cada uno de los Parlamentarios es acudir directamente a las autoridades judiciales correspondientes, si hay una denuncia efectiva sobre DICOM.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Recupera la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , siguiendo la misma línea señalada por el Senador señor Viera-Gallo es muy importante que ese antecedente formal, en el sentido de que el Primer Mandatario no ha dado su autorización, se haga presente aquí. Porque de ser efectivo que se están publicando deudas no autorizadas por ley, constituye una gravísima infracción y un serio abuso en contra de la protección de la vida privada de las personas. Es escandaloso que una persona modesta no pueda pagar las cuentas de luz y agua en momentos difíciles, y ese antecedente esté figurando en forma pública absolutamente al margen de las disposiciones legales vigentes. Si ello es cierto, deberá ser la autoridad, ya sea por la vía legislativa, judicial o gubernamental, la que adopte las medidas para corregir un abuso de esa naturaleza.
Por lo tanto, concluyo señalando que aprobamos el proyecto y que esperamos su perfección. Asimismo, solicito que se oficie, en mi nombre y en el de la Sala de Senadores de Renovación Nacional, con la adhesión de quienes lo estimen conveniente, a Su Excelencia el Presidente de la República en los términos señalados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sobre el particular, debo hacer presente que -como me informa la Secretaría- el artículo 17 determina qué tipo de registro puede llevar DICOM. Por lo tanto, el Jefe de Estado carece de facultades en el sentido señalado por Su Señoría, ni puede hacerlo por delegación. De lo contrario, estaría infringiendo la norma legal.
Pienso que se debe enviar el oficio solicitado por el señor Senador.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , el inciso segundo señala: "También podrán comunicarse aquellas otras obligaciones de dinero que determine el Presidente de la República mediante decreto supremo.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Me han informado que no existe un decreto supremo para estos efectos.
El señor ESPINA.-
Confiamos en su palabra, pero...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Para remitir el oficio pertinente se requiere el acuerdo de la Sala.
El señor ESPINA.-
¡Por supuesto!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Después, lo lógico sería presentar en la discusión particular una indicación a fin de modificar la ley para precisar -como aquí se ha señalado- los antecedentes que pueden figurar en DICOM o en este tipo de informativos.
El señor MUÑOZ BARRA .-
Señor Presidente , precisamente algunas indicaciones al proyecto apuntan en esa dirección.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sé que las hay. Por eso es conveniente perfeccionar la iniciativa en el segundo informe.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri .
Antes, debo consultar si hay acuerdo para enviar el oficio solicitado.
El señor ÁVILA.-
Se sabe que no existe el decreto, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Efectivamente, pero, de todas maneras mandaremos el oficio.
El señor GAZMURI .-
¿Para qué?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para dejar constancia de que no se ha dictado ningún decreto en esos términos, y no haya dudas al respecto.
El señor GAZMURI.-
Se duda de la información.
El señor ÁVILA .-
Por tener un oficio, solamente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Exactamente, para que quede una constancia expresa y nadie dude de que el Presidente de la República no ha dictado un decreto en esos términos.
¿Habría acuerdo en enviar el oficio?
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
No hay acuerdo, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como sólo se requiere mayoría, se enviaría con el voto en contra de Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Antes, pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Honorable señor Gazmuri tendría que dar una interrupción a Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor GAZMURI .-
Con mucho gusto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide .
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, intervengo sólo en aras de la seriedad con que deben formularse las peticiones.
La solicitud del Senador señor Espina la estimo absolutamente pertinente. Pero si la Mesa nos asegura que no existe un decreto sobre la materia, no se puede preguntar al Presidente de la República si lo dictó o no.
Yo daría la anuencia para el oficio siempre y cuando se sepa fehacientemente que hay un decreto en ese sentido. Si no existe tal seguridad, no puedo darla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador, no es un problema de anuencia suya. Esto se decide por mayoría, y para ello se debe proceder a votar.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Entonces, con mi voto en contra.
El señor GAZMURI .-
Con el mío también, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Consignaremos los votos en contra.
Primero, escucharemos al Senador señor Gazmuri , y luego, votaremos la petición del Honorable señor Espina.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , ¿puede enviarse el oficio por otra vía?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacerlo en la hora de Incidentes. En el Orden del Día se requiere el acuerdo de la Sala.
El señor LARRAÍN .-
Entonces, tramítelo en esa parte de la sesión, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ésa situación es distinta. El Senador señor Espina me puede pedir en Incidentes que se oficie al Jefe de Estado , caso en el cual no se necesita el acuerdo de la Sala. Sin embargo, si lo hace durante el Orden del Día, se debe pedir su anuencia, para dar cumplimiento al Reglamento.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , me parece que el momento más adecuado para solicitar el envío de un oficio sobre un asunto acerca del cual ya hay conocimiento -sin perjuicio de que existe el derecho a hacerlo- es la hora de Incidentes.
Tocante al proyecto en debate, hay tres temas importantes.
Uno, la denominada amnistía, y sobre la cual hay acuerdo general: el blanqueo de las deudas anteriores por montos pequeños.
Dos, desvincular la información de DICOM con los contratos de trabajo, lo que considero muy razonable.
Finalmente, el punto más complicado del proyecto se refiere a la existencia de un registro que contenga información transparente de los deudores que no pagan sus compromisos financieros. En ello estamos todos de acuerdo, desde el punto de vista de la mínima transparencia de mercado. En cuanto al plazo, aunque no hubo discusión al respecto, pienso que podría ser menor.
El debate se centra en si es razonable o no lo es que quien pague sus deudas continúe en el registro, independientemente de la resolución que se adopte sobre el tiempo de permanencia.
El Senador señor Viera-Gallo informó en la Comisión que el fundamento de los organismos acreedores, tales como las Cámaras de Comercio, las instituciones financieras, etcétera, para mantener el registro, es que si no se cuenta con el máximo de antecedentes de la vida comercial de los ciudadanos, el crédito se encarecería.
Considero bastante discutible tal criterio. Hemos visto cómo los créditos, sobre todo los otorgados a sectores medios y bajos de la población, obedecen en sus lógicas de precios a vaivenes también muy discutibles, incluso, desde el punto de vista económico. Cabe recordar que las tasas de interés han llegado al límite histórico más bajo en el país, y esta disminución, simplemente, no se traspasa a los créditos de consumo o a los otorgados a las pequeñas y medianas empresas. Y no escuchamos del sistema financiero buenas razones para que eso no ocurra.
Entonces, me parece muy discutible que si eliminamos la norma que mantiene en el registro a los deudores después que hayan pagado su obligación, se producirá un encarecimiento del costo de los créditos. No hay ninguna evidencia empírica en el país que lo demuestre. Y desde el punto de vista de los ciudadanos, los consumidores y los productores, el hecho de pagar un crédito y permanecer registrado como deudor que pagó su obligación, constituye evidentemente un menoscabo.
Por lo tanto, debe establecerse un principio general en cuanto a si es razonable o no este registro. Posteriormente, podrá discutirse respecto de los plazos. En el informe, la Comisión -ya hemos conocido sus motivos- considera adecuado mantener los plazos, pero los acorta. Personalmente, estoy en desacuerdo con tal principio y podremos debatirlo a fondo en la discusión particular.
Siempre que se fija un principio se presentan situaciones especiales, y el Honorable señor Espina ha mencionado una: la de que quedan en igualdad de condiciones ciudadanos que han tenido distinto comportamiento. Por ejemplo, habría personas que saldrían del registro, no habiendo pagado nunca, por prescripción de sus deudas.
Tiene razón el señor Senador en el sentido de que la situación de esas personas es distinta de la de quienes son borrados del sistema porque pagaron sus deudas. Entonces, podrían confundirse ambos casos, pues una persona, que nunca paga, prescribe la deuda, sale del registro, contrata nuevos créditos y otra vez no cumple con su obligación financiera. De esa manera, cualquier ciudadano podría vivir durante treinta años entrando y saliendo del registro por no pagar sus deudas.
En consecuencia, resulta obvio dictar para esa situación excepcional una norma de igual carácter, a fin de que se sepa quiénes no pagan nunca. Pues, en mi opinión, ésa es una información que transparenta el mercado, porque se trata de gente que viola la ley sistemáticamente.
Pero esos casos excepcionales no me llevan a mantener el criterio general del registro de los ciudadanos que pagan.
Señor Presidente, votaré a favor de la idea de legislar, sin perjuicio de que no comparto las disposiciones relacionadas con lo que he planteado, las que analizaremos, posteriormente, en la discusión particular con las indicaciones respectivas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Habría acuerdo en la Sala para aprobar, por unanimidad, en general el proyecto?
--Se aprueba en general el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde fijar plazo para formular indicaciones.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , soy partidario de que dicho plazo sea el más breve posible, porque se suponía que la iniciativa sería despachada hoy.
Según las cifras entregadas por el Honorable señor Muñoz Barra, un millón 700 mil personas, o las que sean, están esperando que el proyecto sea despachado y se convierta en ley de la República cuanto antes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se fijará plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 29 de abril, a las 18.
Acordado.
Por último, se encuentra pendiente la solicitud de envío de oficio que formuló el Senador señor Espina.
Sugiero a Su Señoría que use la vía de la hora de Incidentes, pues nos evitará realizar una votación.
El señor ESPINA.-
De acuerdo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Entenderíamos, entonces, que el Senador señor Espina pidió en esa parte de la sesión el oficio, que, por tanto, se despachará.
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