COBROS EXCESIVOS POR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EMPRESAS PRIVATIZADAS. OFICIOS El señor MORENO.- El segundo tema que deseo abordar, señor Presidente , tiene que ver con un problema que aparentemente ocurre sólo en la Región que represento, pero que, según entiendo, va más allá de sus límites: las recientes alzas en las tarifas de agua y alcantarillado que cobran las empresas privatizadas, situación que está produciendo una grave dificultad social en muchas familias de los más bajos ingresos en el país. El lunes de la semana recién pasada participé en una manifestación que congregó en las calles de San Fernando a más de mil personas, gente modestísima de poblaciones marginales que, recibo en mano, mostraba una facturación que contenía, a lo menos, tres rubros ininteligibles para ellas. Primero, alcantarillado, por el cual pagan 12 mil a 14 mil pesos mensuales, mientras que el valor del consumo de agua potable asciende a entre 7 mil y 8 mil pesos. En seguida está el llamado "cargo fijo" -la gente no tiene ninguna explicación sobre lo que significa-, que en algunos casos llega hasta los 1.000 pesos. A lo anterior se agrega el denominado "ajuste sencillo" -¡nadie sabe para dónde va el sencillo...!-, que se eleva a entre 300 y 400 pesos y que los usuarios no están en condiciones de pagar. A raíz de dicha manifestación, nos reunimos con los representantes de la empresa ESSEL, la cual fue privatizada y está sujeta al marco regulatorio que todos conocemos. ¿Y qué explicación recibimos? Que el pago por concepto de alcantarillado -¡escuchen bien, Honorables colegas!- no dice relación al alcantarillado existente -éste fue construido con los recursos y un esfuerzo muy grande de muchos pobladores modestos-, sino que se trata de un cobro a futuro; esto es, que el cobro de alcantarillado corresponde a las obras que se llevarán a cabo para sanear las aguas de la Región que represento en el Senado. Al escuchar esa explicación, dije: "Me parece absurda. Porque en la ciudad de San Fernando el alcantarillado se construyó hace muchos años; por lo tanto, cobrar por ese concepto un precio más caro que el del agua potable que se consume no tiene justificación alguna. Y, considerando que muchos pobladores, no obstante la estrechez de sus medios, contribuyeron con recursos propios para conectarse a la red existente, menos se justifica cargarles el costo de las nuevas obras.". Por lo tanto, nos encontramos ante un problema que resulta necesario dilucidar. El señor RÍOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador ? El señor MORENO.- Si la autoriza la Mesa, no tengo inconveniente. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Ríos. El señor RÍOS.- Señor Presidente , es importante dar una explicación con respecto al tema que está planteando el Senador señor Moreno. Cuando comenzó a discutirse la privatización de estas empresas monopólicas, en 1996 ó 1997, el Congreso Nacional introdujo dos modificaciones muy sustanciales que tenían por objeto enfrentar el problema expuesto con la incorporación de otros actores. Primero se reformó el artículo 107 de la Constitución, donde se dispuso, entre otros aspectos, que las municipalidades asumían la responsabilidad de coordinar toda la acción de los servicios públicos que actuaran al interior de su comuna. El segundo elemento, que es el último inciso de la citada norma, se refiere a la facultad de la municipalidad para asumir responsabilidades de servicios nacionales o regionales, incluyendo sus potestades. ¿Por qué razón se establecieron ambos elementos? Porque, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios -en el caso que nos ocupa- no cuenta con oficinas instaladas en el resto del país y sí tiene una vinculación social trascendente, porque si bien los valores se determinan entre la empresa respectiva y el Ministerio de Economía, a través de aquel organismo, quienes en definitiva cancelan lo acordado por ambos entes son terceras personas: los usuarios. A eso se agregó en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades el artículo 28, norma muy importante que entregó por primera vez a los alcaldes la facultad de representar judicialmente a los vecinos frente a materias que son de su incumbencia o de interés comunal. Sobre la base de esos elementos fundamentales, sostuvimos una reunión de trabajo con el Superintendente de Servicios Sanitarios , quien solicitó la enmienda -se concretó mediante la ley Nº 19.549- del artículo 13 del DFL Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, para establecer la presencia de los usuarios en todo el proceso de fijación de tarifas. El 1º de septiembre de 2000 se enviaron los oficios pertinentes a los alcaldes de todas las Regiones donde se iba a iniciar el estudio de los valores del agua. Voy a responder por la Octava Región: nadie contestó. Y eso significó que los alcaldes se marginaron absolutamente de la responsabilidad que les asigna la ley de representar a los vecinos en la fijación de los valores del agua. El 8 de noviembre de ese mismo año se remitió una segunda comunicación, donde se hacía ver a los alcaldes la necesidad de asumir su tremenda responsabilidad de participar en la fijación de los valores finales del agua. Tampoco hubo respuesta alguna. Y siguió el proceso de fijación de tarifas. Luego hay una tercera carta, que envió la Superintendencia de Servicios Sanitarios a 20 comunas del país (me parece que Rancagua y San Fernando se hallan consideradas). Allí se plantea la alternativa de trasladar las potestades de los servicios sanitarios de la Superintendencia a la municipalidad respectiva. Los alcaldes tampoco contestaron esa comunicación. ¿Cuál es la situación, entonces? Resulta evidente que hoy día los municipios tienen la posibilidad, en vista de que nada hicieron, de al menos preguntar cuáles fueron los motivos por los que se determinaron los valores que han provocado tantos problemas en las distintas comunidades. Un alcalde lo hizo: el de la comuna de Tucapel, en la Octava Región. La Superintendencia respondió, y efectuó un análisis con los mismos ejemplos que el Senador señor Morena plantea con respecto a las cifras indicadas en la facturación y la que aparece en los medidores. Existen muchos ejemplos. Uno de ellos -quizás el más importante y práctico- es el de que la empresa sanitaria cobraba, en el mejor de los casos, los mismos litros de agua que se estaban consumiendo. Se probó que, a lo menos en el verano, una cantidad importante de esa agua no se va por el alcantarillado, sino que tiene como destino el jardín de la casa. Entonces, la empresa sanitaria no puede estar cobrando el uso de aguas servidas que no existen. Por consiguiente, se está estudiando la alternativa -por lo menos en la comuna referida, a petición de la municipalidad- de colocar un medidor de aguas servidas al final de los estanques. Señalo lo anterior porque... El señor MORENO.- Quiero recuperar el uso de la palabra, señor Presidente , porque la interrupción que con todo agrado otorgué al Honorable señor Ríos se está transformando en un discurso. El señor RÍOS.- Sólo quiero añadir que lo lógico es actuar conforme a las mismas normas que Su Señoría aprobó, las que no han sido cumplidas por las autoridades que señalé. Y el camino que estoy indicando, que es el único, no es más que una insinuación y una orientación para que Su Señoría las tenga presentes. Pero no he pretendido abusar de su tiempo, Honorable colega. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Recupera el uso de la palabra el Senador señor Moreno. El señor MORENO.- Señor Senador , con todo gusto concedo interrupciones, pero -Su Señoría lo sabe tan bien como el que habla-, el tiempo es limitado. Pero es necesario discutir otros dos aspectos. El primero es la existencia de un subsidio que se otorga legalmente, vía municipalidades, a familias de escasos ingresos dentro de las comunas en las cuales se puede establecer. Son beneficios limitados en monto y número y, por lo tanto, absolutamente insuficientes para resolver este tipo de situaciones. El segundo es la forma como estas empresas deben resolver los problemas derivados de la insolvencia de quienes no pueden cancelar su boleta. Se dan situaciones en que aparecen contratistas -no la empresa sanitaria misma, que subcontrata a otras, obviamente con remuneración- que remueven con chuzo el medidor correspondiente y clausuran el arranque de la vivienda morosa en las poblaciones más modestas. Es un hecho bastante violento. Y en conversaciones sostenidas en la zona que represento llegamos al convencimiento de que eso puede repararse. Nadie está pidiendo dejar de pagar las cuentas. Creo que todos somos testigos de que en la reciente campaña parlamentaria se usó extensamente en algunas partes el expediente de que, ante la desesperación de la gente, algunas candidaturas ofrecían cancelar las cuentas de agua. Su expresión, señor Presidente , refleja incredulidad, pero es la verdad. Es una situación que hemos conocido, vivido y repudiado, y pone en evidencia una necesidad social. Este problema abarca tres ámbitos, en los cuales quiero concentrar las peticiones que haré. El primero tiene que ver con una revisión del aspecto legal en torno del marco regulatorio, que debe discutirse nuevamente. Al respecto, pido oficiar a los Ministerios de Obras Públicas, de Economía y de Hacienda , y a la Superintendencia respectiva, con el objeto de que se nos informe acerca de cuál es la manera como se está aplicando el marco regulatorio en las empresas privatizadas, en particular, ESSEL, de la Sexta Región. Además, solicito oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República y al Ministerio de Hacienda, a fin de que se amplíe el número de subsidios que se otorgan en esta etapa para resolver la situación social del agua potable en poblaciones que no están en condiciones de sustentar ese gasto. Un segundo ámbito se refiere a que resulta indispensable que el sistema de subsidios tenga la mayor transparencia posible y no pueda ser utilizado -no tengo un cargo que formular en este momento, pues, de existir, estaría obligado a hacerlo- como forma directa o indirecta de presión sobre determinadas poblaciones. Eso debe ser conocido, avalado, por los mecanismos existentes. Tengo la impresión de que, en algunos casos, los subsidios que se aprueban permanecen en los cajones de los escritorios de determinadas municipalidades, sin entregarse efectiva y puntualmente. Ese es un aspecto que debe repararse. El tercer ámbito del problema apunta a solicitar a la Superintendencia del ramo que establezca un modus operandi con las empresas, de tal manera que el eventual corte del suministro no esté acompañado por un agravio social y público, que la población resiente sobremanera. Cuando a una comunidad muy modesta llega una camioneta con personas que con pala y chuzo arrancan el medidor de una casa, el hecho constituye un problema ya no sólo de orden económico, sino también social, por la forma como la gente observa el comportamiento de esa familia, lo cual, obviamente, lesiona a la comunidad toda. Por lo tanto, reitero mi petición de que, en mi nombre, se envíen los oficios que acabo de solicitar. En particular, creo que debemos avanzar en la búsqueda de una nueva legislación que cautele un bien de uso público de esta importancia y que en el fondo se está prestando para crear situaciones de grave inquietud social, al menos en la zona que represento. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se remitirán los oficios solicitados, en nombre del señor Senador , de conformidad al Reglamento.