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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones de los Senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero y de los Senadores señores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la Carta Fundamental, con primer informe e informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre los proyectos (2526-07 y 2534-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyectos de ley: (mociones de los señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero y de los señores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 7ª, en 4 de julio de 2000.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 12ª, en 6 de noviembre de 2001.
Constitución (complementario), sesión 22ª, en 9 de enero de 2002.
Discusión:
Sesiones 16ª, en 14 de noviembre y 18ª, en 18 de diciembre de 2001(queda pendiente su discusión); 19ª, en 19 de diciembre de 2001 (vuelve a Comisión para informe complementario).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El primer informe fue discutido en general por la Sala en sesiones de 14 de noviembre y 18 y 19 de diciembre de 2001. En esta última ocasión, se determinó que el proyecto volviera a Comisión, para los efectos de que emitiera un informe complementario, a fin de precisar los acuerdos relativos a la composición del Senado y la forma de elegir a los Senadores, a la remoción de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros, y a la integración y funciones del Consejo de Seguridad Nacional.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, luego de intercambiar opiniones sobre los puntos en cuestión y por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Aburto, Chadwick, Díez, Hamilton y Silva, resolvió lo siguiente:
1.- Suprimir el número 18 del artículo único permanente del proyecto, contenido en el primer informe, que proponía eliminar los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 45, atinente a los Senadores institucionales y a los vitalicios.
2.- Como consecuencia de lo anterior, eliminar los numerales 14; 15, letra b); 19, letra a); 26; 27 y 29, y la disposición cuarta transitoria.
3.- Dejar constancia de que las antedichas supresiones persiguen facilitar la búsqueda de acuerdos en el trámite del segundo informe, teniendo presente que la Comisión, en forma unánime, concuerda en la eliminación de los Senadores institucionales y de los vitalicios, pero que algunos señores Senadores estiman que la materia se encuentra vinculada al número de miembros que integrarán la Cámara Alta y a la forma de elegirlos.
4.- Hacer constar que las indicaciones que los señores Senadores deseen presentar deberán formularse al texto consignado en el informe complementario. Con todo, también podrán efectuarse indicaciones respecto de las materias pendientes para la discusión particular, cuales son las que corresponden a la composición del Senado, al sistema electoral para integrarlo, a la remoción de los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros, y a la composición del Consejo de Seguridad Nacional.
Cabe hacer notar que los números 1, 2, 3, 4, 8, 9, 31, 32, 33, 34 y 36, y las disposiciones transitorias números 5 y 6 inciden en los Capítulos I, III, VII, X y XIV de la Constitución Política, por lo que requieren para su aprobación del voto favorable de las dos terceras partes de los señores Senadores en ejercicio, o sea 31.
Además, los números 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, y las disposiciones transitorias números 1, 2, 3 y 4 inciden en los Capítulos II, IV, V, VI y XIII, requiriendo para su aprobación el voto conforme de las tres quintas partes de los señores Senadores en ejercicio, esto es, 28 votos favorables.
Finalmente, Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cinco columnas, elaborado por la Secretaría de la Comisión, que consigna el texto de la Carta Fundamental; el proyecto iniciado en moción de los Senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero; el proyecto propuesto por los Senadores señores Bitar, Hamilton, Silva Cimma y Viera-Gallo; las indicaciones presentadas y otras mociones consideradas, y, finalmente, el texto refundido del primer informe y del informe complementario.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la relación del proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , como muy bien lo ha expresado el señor Secretario , la Comisión se abocó al mandato de la Sala de elaborar un informe complementario del anterior.
Después de un debate en el que participaron todos sus miembros y además con la asistencia de otros cinco o seis señores Senadores, la Comisión estimó más conveniente en el primer trámite no informar respecto de algunas materias con votos de mayoría y de minoría, lo que podía hacer difícil el encuentro de una solución definitiva; en consecuencia, acordó suprimir el número 18 del proyecto permanente de reforma constitucional, que enmienda el artículo 45 de la Carta, referente a la composición del Senado.
Como consecuencia de lo anterior, acordó eliminar los números 14, 15, letra b), 19, letra a), 26, 27, y 29, y la disposición cuarta transitoria, debiendo desplazarse las numeraciones correspondientes tanto en los artículos permanentes del proyecto como en los transitorios.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, también dejó constancia en cuanto a que está de acuerdo con la eliminación de los Senadores institucionales y vitalicio; sin embargo, algunos Honorables colegas han planteado que el asunto está ligado al número de miembros que integrarán el Senado y a la forma de elegirlos, motivo por el cual se ha resuelto efectuar las supresiones que ya hemos indicado, con el objeto de facilitar en el segundo informe la búsqueda de los acuerdos correspondientes.
Asimismo, para evitar interpretaciones ambiguas, dejó constancia de que las indicaciones que los señores Senadores deseen presentar deberán formularse al texto aprobado en general por la Comisión, que es el que se consigna en el informe complementario, el cual contiene las ideas matrices del proyecto.
Del mismo modo, serán admisibles las indicaciones relacionadas con otras materias que han sido objeto de estudios en la Comisión y que quedaron pendientes para el segundo informe, y que fueron propuestas en las reformas constitucionales que dieron origen a este informe, referidas a la composición del Senado, al sistema electoral para integrarlo y a lo concerniente a las disposiciones relativas a las Fuerzas Armadas.
La Comisión tomó el acuerdo por la unanimidad de sus miembros, dejando constancia el Honorable señor Silva que dio su acuerdo para concurrir con los demás miembros de la Comisión a formar la unanimidad, recordando que, junto con el Honorable señor Parra , son autores de un proyecto de reforma constitucional que propone un Senado integrado por 47 señores Senadores elegidos en votación directa. No obstante lo anterior, contribuyó con su voto al acuerdo unánime.
Es todo, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , si la Mesa lo tiene a bien, y antes de que intervenga el Honorable señor Zaldívar , quiero plantear un problema de previo y especial pronunciamiento.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
En la tabla de hoy figura un informe respecto de dos mociones de reforma constitucional; sin embargo, el texto que se propone es uno sólo.
Desde el punto de vista reglamentario, no pueden fusionarse dos proyectos de reforma constitucional o dos proyectos de ley. De manera que quiero preguntar -es una duda que me ha asaltado desde un punto de vista técnico, porque no quiero que incurramos en un vicio de nulidad por errores de procedimiento en la formación de la ley o de la Constitución, en este caso- ¿cuál es el proyecto que estamos votando? ¿Estamos votando la moción a), que se integra a la otra? ¿Estamos votando la moción b), que se integra a la otra? ¿Cómo dilucidamos esta disyuntiva, que me parece no menor desde un ángulo formal?
Desde el punto de vista del fondo, entiendo...
El señor HAMILTON .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VIERA-GALLO .-
¿Me permite una interrupción, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton sobre lo mismo.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , en mi opinión, lo que vamos a votar es el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, referente a la idea de legislar sobre todas las materias contenidas en ambos proyectos y analizadas durante todo este tiempo por ella. Ésa fue la forma como se acordó tratar este asunto, incluso con la participación del Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
¿Puedo continuar, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , ¿me permite una explicación?
El señor LARRAÍN.-
Lo que estoy tratando de señalar es que la Sala no vota informes, sino opiniones sobre un proyecto de ley o de reforma constitucional, a menos que exista un acuerdo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , ¿me permite una interrupción?
El señor LARRAÍN.-
Si estamos votando un acuerdo, me parece muy bien.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Senador , ¿me permite una interrupción?
El señor LARRAÍN.-
Por cierto, con la venia de la Mesa.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Honorables señores Larraín y Viera-Gallo, la Mesa entiende que lo que se va a discutir y resolver ahora es el informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que está en manos de los señores Senadores. No se están votando proyectos separados.
El señor Presidente de la Comisión de Constitución dio a conocer hace un instante los aspectos más relevantes del debate habido en ella, para finalmente concluir en lo que será la votación que hoy día vamos a tener.
La Mesa entiende que lo que se va a votar efectivamente es el informe complementario, que recoge el informe anterior y otras modificaciones posteriores, de acuerdo con el texto que está en manos de los señores Senadores.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Quiero ratificar lo que dice Su Señoría: en la página siete del informe complementario, se consigna lo siguiente: "TEXTO SOMETIDO A APROBACIÓN EN GENERAL", el cual corresponde al proyecto de reforma constitucional que la Comisión de Constitución propone a la consideración de la Sala. No hay otro.
El señor LARRAÍN.-
Perdone que insista, señor Presidente.
El señor SABAG .-
¿Me permite una interrupción?
El señor LARRAÍN.-
Yo entiendo y comparto el texto en gran medida. De manera que mi observación no apunta al problema de fondo.
Lo que planteo se refiere a un problema de forma no menor. La Comisión no tiene capacidad para presentar una iniciativa a través de un informe. Los miembros de la Comisión pueden presentar una reforma constitucional como la propuesta en el texto, pero no pueden, a propósito de un trabajo -creo yo-, fusionar dos reformas constitucionales,...
El señor VIERA-GALLO .-
Perdón, señor Presidente .
El señor LARRAÍN.-
...porque siempre los informes deben hacer referencia a uno o a varios proyectos de ley, pero remitirse a uno determinado. ¿A cuál nos estamos refiriendo? ¿Al a) o al b)? Porque hay dos en el epígrafe del informe.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo; después vamos a resolver el otro asunto.
El señor VIERA-GALLO .-
Lo que la Comisión ha hecho es muy simple -el señor Senador tomó parte en su trabajo-: tuvo en cuenta los proyectos que presentamos los Senadores de la Concertación y los de la Alianza por Chile. En torno de esos dos, más otras iniciativas presentadas por otros Honorables colegas, resolvió presentar un texto único, que es la que se propone. No existe otro. Se tuvo como base los proyectos anteriores.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Honorables señores Viera-Gallo y Larraín , en el debate que tendremos en el transcurso del día de hoy, la Mesa se va a regir por el informe complementario de la Comisión de Constitución que está en sus manos. Dicho documento es el resultado de la revisión y análisis que la Comisión ha hecho de todos los textos, como lo recordó el Honorable señor Viera-Gallo , y que finalmente presenta un texto al debate de la Sala del Senado. Y sobre ese punto ofrezco la palabra al Honorable señor Andrés Zaldívar , a quien ya se la había ofrecido.
El señor LARRAÍN.-
Excúseme, señor Presidente. Para cerrar el tema, simplemente quiero decir que estoy de acuerdo con el texto y que votaré favorablemente la idea de legislar sobre la materia. Pero, al mismo tiempo, debo expresar que el hecho de no dilucidar el problema que he planteado va a generar un vicio de nulidad en esta reforma constitucional.
Quiero dejar planteado antes ese problema, porque creo que tiene solución. Pero como no hay ánimo de buscarle arreglo, me quedo aquí, por lo menos habiendo tranquilizado mi conciencia.
El señor BITAR .-
¿Cuál es la solución que propone, señor Senador?
El señor LARRAÍN.-
La solución es muy simple...
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
¡Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos!
En la Versión Taquigráfica quedó constancia de lo señalado por el Honorable señor Larraín.
La Mesa entiende que existe bastante claridad sobre el particular. El informe complementario de la Comisión es el documento oficial respecto del cual se pronunciará la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , la consulta del Honorable señor Larraín es muy importante, porque se refiere no sólo a los dos proyectos mencionados, sino a muchos otros que modifican la Carta Fundamental.
Es más. La Cámara de Diputados nos envió un proyecto de reforma constitucional que acorta el período presidencial. Por lo tanto, si aprobamos el informe en comento, ¿queda zanjado definitivamente el tema de los cuatro años del mandato presidencial? La Cámara Baja ya se pronunció sobre ese aspecto. Entiendo que la Comisión trató todos los proyectos de reforma constitucional y que éstos se hallan comprendidos en el informe sometido a nuestra consideración.
Ésa es mi consulta, que se suma a la del Senador señor Larraín.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , la Comisión actuó en este caso en la forma como usualmente lo ha hecho cuando se encuentra con proyectos de ley que versan sobre una misma materia y que tienen una idea central similar.
El informe que obra en poder de Sus Señorías es el pronunciamiento de la Comisión sobre los proyectos de la Alianza por Chile, de la Concertación y de todos los de reforma constitucional que se analizaron.
De esa manera se ha procedido ordinariamente en todas las Comisiones. Cuando se presenta una indicación sustitutiva, el informe se refiere al proyecto y a aquélla. Al fusionar dos proyectos -algo que hemos hecho innumerables veces cuando hay dos mociones sobre la misma materia presentadas por distintos señores Senadores-, el pronunciamiento de la Comisión recae en ambos textos, y así se deja constancia.
En este caso, la Comisión se pronunció acerca de las dos mociones de reforma constitucional mencionadas y sobre otros proyectos que fueron considerados. Ése es el origen del texto propuesto que figura en el informe.
Sería ilógico que la Comisión formulara una proposición respecto de la iniciativa de la Alianza por Chile y presentara otra de igual tenor en cuanto a la de la Concertación.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si algunos señores Senadores tienen dudas en cuanto a las materias que abarca este debate, les recomiendo que analicen la página 5 del informe de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia. Allí se encuentran establecidas las bases generales del proceso legislativo de esta reforma constitucional en estudio.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor NOVOA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , acerca de lo señalado por un señor Senador, deseo puntualizar lo siguiente.
Entiendo que se pueden fusionar dos proyectos que están en el mismo trámite. Pero, si en el informe sometido a nuestra consideración se trata una iniciativa -aprobada por la Cámara Baja- que modifica la Carta Fundamental, no podemos estar discutiendo una reforma constitucional que está en primer trámite respecto de algunos aspectos y en segundo trámite acerca de otros.
Me parece que tal situación va más allá de un detalle formal, porque eso claramente dice relación al proceso de formación de la ley.
A mi juicio, estamos en el primer trámite constitucional. Se trata del primer informe de dos proyectos que fueron analizados juntos por la Comisión, a los cuales se les introdujeron indicaciones. Sin embargo, no podemos incorporar en dicho informe un proyecto, en segundo trámite constitucional, ya aprobado por la Cámara de Diputados.
El señor DÍEZ .-
No se ha incorporado, señor Senador.
El proyecto que propone el informe y el de la Cámara de Diputados no están juntos. Es posible que aquél sea aprobado por la Sala, se rechace lo relativo a la duración del mandato presidencial, y luego, el Senado deba pronunciarse sobre este último.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , voy a recuperar la palabra.
El señor DÍEZ.-
De manera que son dos proyectos separados que la Comisión no ha confundido.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés .-
Señor Presidente, normalmente no he intervenido mientras he ejercido la Presidencia de la Corporación. Sin embargo, hoy deseo hacerlo respecto del proyecto de reformas constitucionales mismo, más que a aspectos reglamentarios, como los que hemos escuchado, que deben ser resueltos por la Mesa y la Secretaría oportunamente.
Lo importante es referirnos al tema de fondo.
En mi opinión, estamos frente a un debate substancial que debemos llevar a cabo con mucha altura de miras. Por tanto, nuestras intervenciones tienen que apuntar hacia la búsqueda del bien común de nuestro país.
Todos conocemos el origen de la Constitución Política de 1980. Quienes estamos en la Sala tuvimos muy diferentes posiciones respecto de ella. Sobre el particular, en los años 80 el Senador que habla hizo la más fuerte oposición al plebiscito de 1980 que aprobó dicha Carta. Incluso, tuve que vivir fuera de mi patria, porque reclamé contra la ilegitimidad de ese proceso.
Sin embargo, transcurrido un tiempo en la búsqueda de la recuperación de la democracia, y después de haberse realizado el plebiscito de 1988 -que definió el término del Régimen militar y el regreso de los Gobiernos democráticos en Chile-, hubo un acto de entendimiento y se alcanzaron acuerdos entre quienes, en ese momento, detentaban el poder y las fuerzas políticas que habían ganado el plebiscito. Se realizaron negociaciones, precisamente, como fruto de la capacidad, del ejercicio democrático de diálogo que podemos alcanzar los ciudadanos.
Es de justicia destacar en dichas negociaciones la participación del entonces Ministro del Interior don Carlos Cáceres , así como la de quien más tarde fuera miembro de esta Corporación, el ex Senador señor Jarpa . A su vez, por parte de la Concertación participaron importantes dirigentes encabezados por don Patricio Aylwin , quien después llegaría a ser Presidente de la República .
En virtud de esas negociaciones, en junio de 1989, se llevó a cabo un plebiscito en el que se sometieron a votación precisamente aquellas reformas que, según se acordó, debían ser ratificadas por esta vía. Como sabemos, éste fue aprobado.
Ahora bien, debemos tener claridad que desde ese momento todos los que participamos en dicha votación popular, voluntariamente sancionamos la legitimidad de la Constitución que antes habíamos objetado. Por lo tanto, nos comprometimos -lo señalamos reiteradamente-, a que en el futuro, cualquier acción que tienda a su rectificación, debía ser sometida precisamente a las normas de la Carta Fundamental que aceptamos después de las modificaciones de 1989. Y lo hicimos conscientemente, pues creíamos que en el Parlamento que se elegiría ese año podría buscarse una fórmula para llevar adelante las reformas que quedaron pendientes y que habían sido reconocidas precisamente por los negociadores, tanto por parte de don Sergio Onofre Jarpa, como por los representantes la Concertación.
Tales reformas constitucionales pendientes se referían a materias tan importantes como la composición del Senado, la generación de los mandatos de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional y otros. Pero existían dos asuntos principales: el de los Senadores Institucionales y el del sistema electoral.
En las campañas presidenciales, substancialmente en la primera, el candidato de la Concertación y los candidatos Hernán Büchi y Francisco Javier Errázuriz , sostuvieron que harían dichas reformas. Más aún, hay una declaración del entonces Presidente de Renovación Nacional , don Sergio Onofre Jarpa , que apareció en el diario "El Mercurio", donde nos invitaba a aceptar las proposiciones hechas por el Ministro Cáceres y que más adelante nos preocupáramos de las rectificaciones a la Carta que podrían realizarse en el Congreso.
Llevamos 11 años conversando sobre la posibilidad de estas reformas. En lo que a mí respecta, incluso escribí un libro titulado "La Transición Inconclusa", en el que hago un análisis a fondo, lo más documentado que pude, con el fin de demostrar que para terminar con la transición política en nuestro país -no porque no haya democracia, pues, a mi entender, existe en plenitud- era necesario implementar las reformas pendientes.
Gracias a Dios, el año pasado surgió una nueva posibilidad, después de varios esfuerzos por tratar de reformar la Carta Fundamental. Y fueron sometidos a la consideración de nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento proyectos de reforma tanto por los Partidos de Oposición como de la Concertación. Ello dio lugar a debates en los cuales también me ha tocado participar tratando, en el fondo, de negociar o de buscar acercamientos para lograr esa reforma que tanto hemos esperado y poner fin, de una vez por todas, a este debate en el país.
Me felicito por el trabajo que ha hecho la Comisión. Pienso que honra a esta Corporación la calidad y el esfuerzo demostrados por todos los señores Senadores, sin excepciones; unos, sosteniendo una tesis, y otros, apoyando criterios absolutamente distintos. Pero todos imbuidos de un espíritu plenamente democrático. En este aspecto, deseo felicitar a los integrantes de la Comisión y a cuantos participaron en su tarea. Y lo hago principalmente en la persona de su Presidente , el Honorable señor Díez .
Considero muy serio y acucioso el informe que se nos ha entregado, y puede realmente contribuir a dar término a esta discusión o por lo menos avanzar en este sentido.
Para no incurrir en redundancias, no me referiré a algunas de las importantes materias que esta reforma aborda, por haber sido ya consideradas por varios oradores, y me limitaré exclusivamente a destacar el hecho de que, finalmente, podríamos lograr que el Consejo de Seguridad Nacional se constituyera verdaderamente en un ente asesor del Presidente de la República y no en un organismo que, cuando es citado por éste, pone en tensión al país, que se pregunta qué es lo que puede suceder o no en los debates que se produzcan.
A quienes, por haber desempeñado la Presidencia del Senado , nos ha correspondido participar en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, cada vez que hemos concurrido a ellas -no es que dudemos de la sensatez de quienes lo han compuesto y lo componen-, nos ha surgido el temor de que, en un momento dado, los temas tratados puedan provocar un conflicto institucional insuperable, como podría suceder si no existiese concordancia entre algunos de sus integrantes que representan a las instituciones armadas, aun cuando su número fuese minoritario, y quien representa el Poder Ejecutivo , como lo es el Presidente de la República . Personalmente, he tenido esa impresión y creo que, por el bien y el adecuado funcionamiento de sus instituciones, el país requiere una reforma como la que nos propone el informe.
También me felicito por las conclusiones a que se ha llegado tendientes a la conformación de un Tribunal Constitucional que realmente ostente la categoría de tal. Y esto no quiere decir que no la tenga actualmente. Debo expresar mi reconocimiento a dicho organismo por su actuación durante estos once años. Podemos haber tenido discrepancias, pero creo que sus Ministros han desempeñado su labor con mucha seriedad. Incluso ellos mismos nos han propuesto fórmulas para reestructurar ese organismo, las que, según creo, están contenidas en esta iniciativa. Ellas, a mi juicio, constituirán un gran avance para la institucionalidad de nuestro país al radicar en este Tribunal la totalidad de la competencia constitucional, trasladándola de la Corte Suprema.
Es importante, asimismo, lo relativo a la reducción del mandato presidencial. Pienso que cometimos un error gravísimo cuando en un momento dado innovamos al respecto e hicimos que las elecciones parlamentarias no coincidieran con las presidenciales.
Considero un gran avance el hecho de terminar, de una vez por todas, con un tema que más bien es de carácter semántico, pero que puede tener significado político, como lo es el de que las Fuerzas Armadas sean las únicas garantes de la constitucionalidad. Me parece muy bien establecer en la Carta Constitucional que todas las instituciones son garantes en este sentido, y no sólo éstas sino que todos y cada uno de los ciudadanos, civiles o militares, cualquier hombre o mujer: todos somos garantes de nuestra Constitución y tenemos la obligación de respetarla.
En lo relativo a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados también se han dado pasos positivos, y lo mismo ocurre con los estados de excepción, asunto que había quedado postergado, sin ser modificado. Sin embargo, quedan dos materias fundamentales, como lo dice el informe complementario que hoy día conoce el Senado, a las que, a mi juicio, debemos abocarnos con apertura, con generosidad, con vista a que el país funcione bien en el próximo tiempo: el nombramiento y remoción de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, y el sistema electoral.
Creo que respecto de las nominaciones se ha avanzado en la búsqueda de un entendimiento. Sin embargo, dado que las remociones constituyen un tema delicado, quiero que reflexionemos con seriedad y responsabilidad acerca de lo que puede suceder al respecto. En mi calidad de miembro del Consejo de Seguridad Nacional, me pregunto qué sucedería si el día de mañana hubiera que recurrir a la facultad del Consejo de Seguridad Nacional para proceder a la remoción de uno de los Comandantes en Jefe por grave incumplimiento de sus funciones. ¿Qué actitud asumirían en ese momento los representantes de las Fuerzas Armadas al tener que pronunciarse sobre la sanción a uno de sus pares? ¿Es conveniente, es bueno para el país, para sus instituciones, para los propios Comandantes en Jefe, someter a nuestras Fuerzas Armadas a esa tensión innecesaria?
Considero que la Comisión se ha esforzado por buscar soluciones en tal sentido, y ojalá en la discusión en particular pudiéramos lograrlas. A mi juicio, en lo atinente a nominación hemos alcanzado un progreso sustantivo que, a mi modo de ver, puede ser la solución e integrarse a la Constitución.
Pero en lo referente al segundo tema, creo que debemos hacer un gran esfuerzo, no para extremar las cosas ni para supeditar y terminar con la independencia de nuestras Fuerzas Armadas en cuanto a sus resoluciones ni tampoco para poner en riesgo la facultad que le corresponde al Presidente de la República , a quien ellas están sometidas. Ambos puntos debemos compatibilizarlos, pero circunscritos al bien primario, y éste, indiscutiblemente, es que las Fuerzas Armadas están supeditadas al Presidente de la República . En caso contrario, no funcionan las instituciones democráticas.
Pienso también que debemos preocuparnos del sistema electoral y de los Senadores institucionales. Y en esta Sala quiero hacer un reconocimiento respecto de los Senadores institucionales, tanto de este período como del anterior, sin distinciones. Creo que ellos han cumplido lealmente sus funciones, considerando su calidad de designados, y han hecho aportes importantes. He mantenido con ellos muy buenas relaciones.
No es entonces un problema relacionado con sus calidades personales, que hay que reconocérselas a todos y cada uno de ellos, sino con nuestra concepción de cómo debe estar conformada esta Corporación. Si queremos que lo esté en forma mixta por Senadores designados, institucionales, de cualquier género, y por Senadores elegidos, o si sólo debe serlo por Senadores elegidos. Se ha mencionado muchas veces que en otros países hay Senados de composición mixta. Sin embargo, hay una gran diferencia, y lo puedo afirmar con conocimiento de causa en lo que respecta al de Italia, citado frecuentemente. En él, los miembros que ostentan tal calidad no alcanzan a constituir el dos por ciento de un total de casi trescientos Senadores. En cambio, en esta Corporación la composición mixta de parlamentarios no elegidos en relación con elegidos bordea el veinte por ciento, situación que rompe, a mi modo de ver, el concepto que tenemos de un Senado, que además es distinto a otros que carecen de facultades legislativas. No debemos olvidar que esta Corporación es más o menos equivalente a la Cámara de Diputados en materia legislativa, y yo diría que es casi similar.
Insisto en que el tema no guarda relación con las personas que invisten tal representación. Brindo un reconocimiento a quienes han sido nuestros compañeros, nuestros pares, durante estos once años, porque han cumplido y siguen cumpliendo sus funciones con mucha seriedad y han constituido un gran aporte para nuestra Corporación. En el fondo, se trata de definir qué Senado es el que deseamos, punto que debemos resolver en nuestra discusión en particular.
Tales razones son las que me han llevado en estos momentos a intervenir, y quisiera terminar con unas reflexiones sobre el sistema binominal. He escuchado que éste tuvo por objeto, cuando se discutió por los contituyentes, el evitar la proliferación de partidos y promover la formación de coaliciones o bloques, como efectivamente los hay en la actualidad. Hoy día en el país existen dos bloques. Pero yo les pregunto, sobre la base de la última elección parlamentaria, si efectivamente el sistema binominal está contribuyendo a la consolidación de los bloques parlamentarios o de los bloques de los partidos que componen la coalición.
Veamos lo que sucede hoy en cada uno de nuestros sectores. En la última elección, ¿con quién peleó o compitió el candidato que postulaba en una coalición? ¿Con el representante de la alianza opositora o, como sucedió en la generalidad de los casos, con su compañero de coalición, provocando muchas veces heridas que después será muy difícil cerrar? ¿No vimos incluso, a través de las diferentes medios de prensa, el tratamiento que se dieron candidatos que pertenecían a una misma coalición? ¿Es bueno para el funcionamiento de nuestra democracia y del sistema electoral que ese tipo de acciones se vaya repitiendo cada vez más? ¿Terminará ello fortaleciendo o destruyendo las coaliciones?
Entonces, pensemos seriamente qué rectificaciones debemos hacer, no sólo por la proporcionalidad de la representación, que en la mayoría de los casos se da, y en otros, no. ¿No será bueno, por el bien común de la nación, que estudiemos también el sistema electoral y no nos cerremos en cálculos personales o partidarios, sino que veamos este asunto como país, como institución?
Analicemos la cuestión todos. Porque Chile no termina ni el 2002, ni el 2006 ni el 2010. Las Constituciones deben dictarse con proyección de largo plazo. Y ése es un tema que debemos plantearnos cada uno de nosotros.
Yo me felicito, porque observé en los últimos días, sobre todo en los momentos finales de las negociaciones, que hoy no está cerrada la posibilidad de estudiar el tema, no para imponer las ideas de unos u otros, sino -insisto, y ojalá que así sea- para que cada cual trate de enriquecer el proyecto al estudiarlo y discutirlo en particular.
Algunas materias ya están muy bien logradas. Y respecto de los asuntos pendientes, ojalá con la participación de todos nosotros, sin distinción de bancadas, con los Senadores institucionales y con los que representan a las diferentes coaliciones, espero que en el próximo tiempo podamos traer a la Cámara Alta un proyecto de reforma constitucional que permita a Chile tener una carta de navegación para prolongar, con visión de futuro y de país, una democracia donde todo funcione bien, no para unos, sino para la comunidad completa.
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente, estamos debatiendo la idea de legislar acerca de un conjunto de reformas constitucionales en que la Alianza por Chile -tanto Renovación Nacional como la UDI-, a través de sus distintos Senadores, ha tenido un rol muy activo, que la hace sentirse parte e impulsora del proceso que hoy día nos convoca.
Al respecto, hemos actuado con la absoluta convicción de que la Carta de 1980 ha sido extraordinariamente positiva y exitosa en dos materias que tenía como tareas por cumplir.
Primero, en sus aspectos más sustantivos, permitió crear un sistema político e institucional que ya durante doce años de vigencia de la plena democracia ha demostrado su solidez y estabilidad y que, más allá de diferencias puntuales que puedan presentarse con algunas instituciones, ha respondido a los diversos requerimientos y sido capaz de dar gobernabilidad al país en momentos muy difíciles. ¡Y por Dios que es importante saber combinar democracia y gobernabilidad! (ello, a la luz de lo que ocurre en otras naciones de Latinoamérica, que puede servirnos como ejemplo).
Al mismo tiempo, tal vez en sus aspectos más esenciales, ha sabido armonizar un espacio de garantías, derechos y libertades personales como nunca había conocido nuestro sistema político en sus regímenes constitucionales.
Por eso, el Texto Fundamental de 1980 vigente durante este tiempo ha tenido extraordinario éxito en lo sustantivo y, además, en los aspectos transitorios o circunstanciales, como ha sido abordar a través de sus instituciones una etapa muy compleja en la vida política del país: el tránsito de un Régimen militar a uno democrático.
La Constitución de 1980 ha contribuido a que hoy día contemos con un régimen democrático pleno, sólido, donde los problemas surgidos se han resuelto en paz, sin conflictos mayores y sin que nuestra democracia enfrente ahora riesgo o amenaza alguna.
Por lo tanto, el balance es muy positivo.
Sin perjuicio de ello, señor Presidente , hemos impulsado un proceso de reformas, porque, a no dudarlo, ya más de 20 años de vigencia de la Constitución y 12 años de plenitud democrática nos abren un espacio para efectuar un análisis más sereno, más tranquilo, dejando de lado algunos prejuicios, y ver en qué podemos perfeccionarla.
Obviamente, 22 años son tiempo más que suficiente para realizar ese análisis. Además, las circunstancias y los escenarios políticos muy fuertes que predominaban cuando se dictó la Carta que hoy nos rige se han modificado.
Pensemos tan sólo en dos escenarios que estuvieron muy presentes en los años 80 y que en la actualidad, o han desaparecido, o se consolidaron de manera distinta. Desapareció y fracasó el régimen comunista en el mundo. La doctrina marxista leninista, que sirvió de fundamento a sociedades totalitarias y estuvo especialmente presente en los años 80, porque así debía ser en cualquier orden institucional, desapareció del orbe. Y ello, sin duda, genera un modo distinto de ver o de revisar algunas de las apreciaciones que se hicieron al momento de dictar nuestra Constitución.
Por otro lado, en cuanto a los riesgos propios del proceso de transición -que la Carta contempló en sus orígenes- de un Régimen militar a uno democrático, el paso del tiempo ha demostrado que desaparecieron, que los temores que naturalmente influyeron en su momento se disiparon y que hoy día tenemos un sistema de pleno funcionamiento democrático.
En tal virtud, la Alianza por Chile, recogiendo el paso del tiempo y buscando también lo que señaló recién el señor Presidente del Senado -acuerdos en materias constitucionales-, ha estado presente en este proceso de reformas a la Carta Fundamental.
¿Qué acordamos en la Comisión? A mi modo de ver, hasta el momento, aspectos muy importantes, que ya justifican el proceso de reforma, aun cuando no sea posible lograr acuerdo en materias que se encuentran pendientes.
Básicamente, la modificación recaída en el Tribunal Constitucional, institución medular de la Carta, donde nos pusimos de acuerdo en una materia que siempre fue discutida y conflictiva en el pasado: su integración. Buscamos para ese organismo una integración que equilibre en mejor medida la participación de los tres Poderes del Estado, preservando su carácter de entidad judicial. Le dimos una competencia mucho más amplia al entregarle un control a posteriori de la ley, de los tratados internacionales y de los auto acordados. De ese modo, creemos haber puesto a dicho Tribunal en camino para generar una jurisprudencia constitucional técnica, especializada y estable en el tiempo, que Chile necesita bastante.
También enmendamos el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados, cuestión extraordinariamente importante, porque, quizás, uno de los desafíos más grandes que tiene hoy la democracia es su legitimidad en términos de combatir de manera eficaz la corrupción y los abusos de poder.
El diseño de la Carta de 1980, que recogía la tradición constitucional chilena, no es el mejor para los efectos de fiscalizar, pues, en la medida en que las mayorías de Gobierno coinciden con las mayorías parlamentarias, la fiscalización deja de ser eficaz. Y, al respecto, hemos vivido numerosas experiencias durante estos años en la Cámara Baja.
Por eso, se dio un paso muy trascendente en tal sentido. Y celebro que la Concertación haya estado de acuerdo en entregar facultades fiscalizadoras a minorías al interior de la Cámara de Diputados, donde un tercio de ésta contará con herramientas eficaces para fiscalizar los actos de la Administración y así romper el círculo vicioso de Gobierno y mayorías parlamentarias, que tornaba muy ineficaz la fiscalización.
Un tercer aspecto, muy importante -el señor Presidente del Senado también se refirió a él-, se vincula con el rol de las Fuerzas Armadas como garantes del orden institucional. Concordamos en que ese rol, que la Constitución del 80 entrega a los Institutos Armados con carácter exclusivo, sea compartido por todas las instituciones de la República.
Aquí hay una institución nacida bajo una exigencia histórica que el tiempo se ha encargado de ir eliminando. Porque el mencionado rol de las Fuerzas Armadas buscaba precisamente tener la mejor y más poderosa garantía de que el sistema constitucional y democrático estuviera protegido y fuera preservado frente a amenazas que pudiesen surgir en un momento o en un escenario político determinado.
Ése fue el sentido que la Carta Fundamental dio al mencionado rol de los Institutos Armados como garantes del orden institucional de la República: defender la democracia ante amenazas que pudieran revertirla o destruirla.
Hoy día, el paso del tiempo nos indica que esos elementos, que en su momento se veían como amenazas, se han ido atenuando y prácticamente no existen.
El compromiso de las Fuerzas Armadas con el régimen constitucional y democrático ha sido pleno durante estos doce años. Y es muy valioso destacarlo.
Por tanto, a la luz de esos antecedentes y de los nuevos escenarios que estamos enfrentando, perfectamente podemos tener garantías de que nuestro régimen constitucional y democrático descanse, no sólo en las Fuerzas Armadas, sino en todas las instituciones de la República.
Por ello dimos ese paso, que también nos parece relevante en la búsqueda de acuerdos constitucionales.
Aparte estas materias, se aprobaron otras que sí son importantes; carecen de la significación política de las que señalé con anterioridad, pero apuntan igualmente al perfeccionamiento de la Carta: modificar los estados de excepción constitucional; elevar al rango de norma fundamental la exigencia de la probidad pública; establecer la posibilidad de renunciar al cargo parlamentario por razones de salud o de incompatibilidad moral en su ejercicio; nombrar embajadores con acuerdo del Senado. Son materias que ya están acordadas y que, en mi concepto, tienden a perfeccionar la Ley Suprema.
Obviamente, otras materias quedaron pendientes y son quizás las de mayor complejidad política.
En primer lugar, la integración del Senado.
En la Comisión de Constitución hubo acuerdo unánime -y así lo votamos- para terminar con la institución de los Senadores institucionales y vitalicios.
En mi concepto -el Honorable señor Andrés Zaldívar lo señaló recién, y me ahorra palabras-, la institución en comento ha cumplido una función muy importante al permitir una representación institucional no política que ha traído al proceso legislativo una visión y un aire distintos, lo cual ha sido muy trascendente para perfeccionar el resultado de la ley. Por esa vía, desde 1990 hasta hoy han llegado al Senado personalidades que han hecho un aporte significativo, y en distintos momentos, permitido romper o desbloquear la composición política de esta Alta Corporación, favoreciendo la búsqueda de acuerdos, la posibilidad de encontrar consenso; dando a esta rama del Parlamento un rol diferente del de la Cámara de Diputados, y, de ese modo, justificando plenamente la referida institución.
Sin embargo, hemos estado de acuerdo en modificarla, básicamente por dos razones.
Primero, porque creemos que hacerlo constituye un paso significativo en la búsqueda de estos consensos constitucionales. Desde las bancadas de la Concertación, el tema de los Senadores institucionales y vitalicios se ha levantado siempre como una bandera sustantiva para ellas en términos del perfeccionamiento de la Carta. Nosotros hemos estado dispuestos a introducir la enmienda pertinente, precisamente en la búsqueda de los encuentros constitucionales. Pero también quiero expresar que visualizamos el riesgo de que aquel mecanismo tienda a desnaturalizarse en el tiempo, desde el momento en que Senadores institucionales respondan, más que a su nombramiento, a intereses partidistas y confundan su función institucional con la de dirigente político. La institución de los Senadores institucionales y vitalicios no se creó en la Carta con esa finalidad -para ella está la elección-, sino con la de recibir en la Cámara Alta el aporte y visión diferentes, por su origen, de personas ajenas al mundo partidista.
Ambos elementos pesaron en nosotros para los efectos de dar este paso y terminar con la existencia de la mencionada institución a partir del año 2006.
¿Pero qué ocurrió? Es importante señalarlo: el acuerdo alcanzado y votado en la Comisión de Constitución fue modificado para este informe complementario porque el Gobierno, a través del señor Ministro del Interior , con mucha franqueza -a mi entender, es la manera de buscar acuerdos y avanzar-, sostuvo que la eliminación de los Senadores institucionales estaba indisolublemente vinculada a la modificación del sistema binominal.
Por esa razón estuvimos de acuerdo en unir estos temas y facilitar reglamentariamente la discusión que estamos llevando a cabo, pues entendemos que el Ejecutivo -y no podríamos pensar de otra manera- procura con ello darse tiempo para seguir buscando entendimiento. Pero nos parecería incomprensible que la voluntad política de terminar con la institución de los Senadores institucionales y vitalicios -expresada en la votación de la Comisión y consignada en el informe-, de la cual han hecho por más de veinte años un baluarte de perfeccionamiento democrático, hoy día se guardara en sus bolsillos y pasara a ser una moneda de cambio meramente instrumental.
¿Qué podría pensarse luego de que el Presidente Lagos , en su campaña, hace poco tiempo, nos señalara la imposibilidad de que un régimen democrático funcionara sobre la base de que ocho personas eligieran a cuatro Senadores?
Entonces, si es para darse tiempo y hacer una buena reflexión, bienvenido sea. Pero consideraríamos inadmisible que existiera en ello la intención definitiva de que principios democráticos que la Concertación dice sustentar en términos muy profundos hoy fueran simples instrumentos de cambio basados en apreciaciones constitucionales.
En segundo lugar, también queda pendiente el sistema electoral.
Si eliminamos los Senadores institucionales y vitalicios, en la lógica con que estamos trabajando en la Constitución, se abren alternativas.
Primero, quedar con un Senado de 38 miembros sin introducir ninguna modificación. Porque han señalado el Gobierno y la Concertación que no quieren legitimar el sistema binominal. Es aceptable. Entonces, hay una opción: se van los Senadores institucionales y vitalicios y quedan 38 Senadores elegidos, con lo cual la Concertación no tiene necesidad de introducir enmienda alguna ni de emitir opinión sobre el sistema binominal. Empero, se afirma que la Cámara Alta no puede funcionar con ese número de integrantes. Yo respondo que bastaría con trabajar un día más a la semana para que esta Corporación funcionara perfectamente con 38 Senadores: se compensa de inmediato el tercio faltante con un día adicional por semana. Y nosotros no tenemos inconveniente alguno en configurar un Senado de 38 miembros sin necesidad de introducir ninguna modificación al sistema electoral.
Existe una segunda alternativa: reemplazar a los Senadores institucionales y vitalicios y crear cuatro, cinco o seis circunscripciones más. Tampoco hay de nuestra parte una negativa a priori a esa sustitución y a ampliar el número de Senadores a 50 ó 52. Creemos, sí, que ello debe hacerse sobre la base de nuevas circunscripciones, pero manteniendo el sistema binominal, pues pensamos que ha sido un aporte muy importante al escenario de estabilidad política de que goza el país.
El sistema binominal, señor Presidente , nos ha permitido combinar grandes conglomerados políticos, como los existentes en las democracias más desarrolladas y en los países con mayor estabilidad. Y lo que no hemos podido lograr o se ha retrasado, quizás por nuestra cultura política, el sistema binominal lo está permitiendo sobre la base del incentivo a que haya esos grandes conglomerados.
Y lo pensamos de verdad, realmente. Porque la crítica que se nos formulaba hace un tiempo en el sentido de que admitíamos aquel mecanismo sólo por una ventaja electoral, en que la minoría deseaba aprovecharse y lograr cargos parlamentarios sin tener los votos necesarios, en la actualidad carece de validez, porque el escenario político del país está virtualmente empatado. Y si lo analizamos desde la perspectiva electoral, es factible que a muchos nos convenga o nos resulte más útil o práctico introducir cambios al sistema binominal, pensando en nuestros intereses partidistas. Pero no estamos dispuestos a aceptarlos, ni aun cuando nos resultara ventajoso desde la perspectiva partidaria, porque creemos que dicho sistema es bueno para el país.
Las críticas que se formulaban en el sentido de que el sistema binominal distorsionaba la relación votos-parlamentarios electos me recuerdan una muy buena exposición que hizo, en su calidad de experto, el Ministro de Defensa de ese momento, don Mario Fernández -presente hoy en la Sala-, quien señaló algo muy notable: que el sistema binominal vigente en Chile estaba ofreciendo resultados más proporcionales que los del sistema proporcional que se aplicaba antes de septiembre de 1973. Y tan cierto es lo sostenido por el titular de Defensa de la época, que la última elección parlamentaria nos dio, con el sistema binominal, un resultado exactamente proporcional: 63 Diputados de Gobierno y 57 de la Oposición, con 47 y 44 por ciento de los votos, respectivamente.
Por lo tanto, parece que la distorsión del sistema binominal en la relación votos-parlamentarios electos no es tal y que en los hechos aquél se está imponiendo de manera distinta.
En consecuencia, pensamos que es bueno y necesario para el país mantener ese sistema, y estamos dispuestos a trabajar en ese sentido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
El señor CHADWICK .-
Si Su Señoría me concede dos minutos adicionales, concluyo de inmediato.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con el acuerdo de la Sala, no habría problema.
Puede concluir su intervención en ese tiempo, señor Senador.
El señor CHADWICK.-
Gracias, señor Presidente.
El tercer tema pendiente es la remoción de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Quiero hacer mío lo que el Gobierno expuso en su momento ante la Comisión respecto de la materia, aprovechando que se halla en esta Sala el Ministro señor Fernández , quien planteó en aquella instancia que para el Ejecutivo era esencial preservar y proteger tres principios fundamentales: Fuerzas Armadas despolitizadas, profesionales y unidas en el ejercicio de su trabajo.
Comparto plenamente esos tres principios, y me hago la siguiente reflexión. Si queremos Fuerzas Armadas efectivamente despolitizadas y profesionales, ¿podemos pensar en institutos armados modernos que hoy tienen una preparación y carreras militares, o en institucionales plenamente técnicas, de estudio, capacitación, exigencias, exámenes, evaluación de conductas, pero donde, no obstante toda esa estructura profesional, la remoción de su máximo jefe dependa única y exclusivamente del criterio discrecional del Presidente de la República , cualquiera que éste sea? Eso, dentro de una institucionalidad moderna, no es compatible con Fuerzas Armadas profesionales y despolitizadas. Resulta incoherente que, después de todo ese trabajo de profesionalización, al llegar a la cúspide de la carrera militar, la mera voluntad del Primer Mandatario de turno determine si la persona sigue o no en su cargo.
Precisamente para proteger los principios que el Gobierno expuso en la Comisión, los cuales compartimos, estimamos que, en el caso específico de la remoción de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo debería contar con el acuerdo de otro órgano distinto.
Nos parece adecuada la forma como actualmente la Constitución regula la materia. Obviamente, no descartamos proposiciones distintas que tiendan a resguardar los principios referidos y, en la medida que así sea, estaremos disponibles para estudiarlas y respaldarlas, siempre y cuando se respete la profesionalización, la despolitización y la unidad de las Fuerzas Armadas.
Termino, señor Presidente , manifestando que votaremos favorablemente la idea de legislar; que tenemos la mejor disposición y voluntad política para seguir buscando acuerdos en temas pendientes, tal como lo hemos hecho en el trabajo de la Comisión; y que, en la discusión particular, presentaremos indicaciones a fin de perfeccionar las normas allí acordadas.
He dicho.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización solicita el acuerdo de la Sala para que el proyecto relativo a la Ley del Deporte, que tiene cierta urgencia y que originalmente debía ser visto por las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, sólo sea analizado por ésta última, debido a que trata materias relacionadas únicamente con indemnizaciones por la cesación en sus funciones de algunos empleados.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
)----------------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa en este momento el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización referido al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriado legal y regula los días de realización de censos oficiales, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2.854-06).
--Queda para tabla.
_______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , siempre que se debaten reformas constitucionales, sobre todo referidas a materias como las que se han estado analizando, generalmente existe mucho interés en oír y opinar acerca de temas como los señalados por el Senador señor Chadwick . Pero ello corresponde a un estudio posterior, ya que el propio informe de la Comisión, en sus acuerdos globales, se refiere tanto a la supresión de incisos del artículo 45 de la Carta Fundamental, que establecen la composición del Senado, como a otras normas que ya se han indicado. En consecuencia, no me pronunciaré sobre esos asuntos hoy día, ya que no corresponden a la discusión general. Cabe señalar solamente la determinación de la Comisión de estudiarlos más adelante, teniendo a la vista las indicaciones que se presenten.
En todo caso, siempre hay ciertos valores y principios que chocan en alguna forma. Es cierto que muchos señores Senadores son partidarios de terminar con los Senadores institucionales; pero también existen otras formas de designación, ya sea a través de la ley o mediante los reemplazos por vacancia del cargo. Se puede eliminar la facultad de la Corte Suprema de elegir o designar un Senador y otorgársela al partido político o a los apoderados de un candidato independiente, cuando el titular cese en su cargo..
Por lo tanto, en materia de designaciones, usualmente habrá opiniones distintas.
Sin embargo, deseo plantear algunas ideas globales respecto de los aspectos más trascendentes de los criterios con que la Comisión analizó la reforma constitucional.
En primer término, señor Presidente , en cuanto al sistema electoral, vuelve a plantearse la idea de que las elecciones parlamentarias y presidencial se celebren en una misma ocasión y, en otra, las municipales y de consejos regionales. Uno de los grandes problemas del país y, en general de todos los Estados occidentales, es que la acción del Poder Ejecutivo es de tanta relevancia que termina opacando las funciones y responsabilidades de los poderes normativos. Si el Presidente de la República fuera elegido junto con los miembros del Congreso, seguramente, por la práctica y lógica del proceso mismo, la elección parlamentaria quedaría absolutamente marginada o sujeta a la votación que obtenga el candidato a la Presidencia . Anticipo que presentaré una indicación al respecto. Desde mi punto de vista, la elección separada de poderes ejecutivos y normativos, sin duda, permitiría no solamente una participación ciudadana más acorde con la realidad, sino también lograr mayor claridad respecto de las funciones y responsabilidades de cada uno.
Yo aspiro a que el día de mañana se elija al Primer Mandatario junto con los alcaldes de Chile; de esa forma, se elegirían los poderes ejecutivos, nacionales y locales, en unos mismos comicios. Dos años después se realizarían las elecciones de los poderes normativos, esto es, de senadores, diputados, consejeros regionales y concejales.
De esa manera, podremos avanzar en un proceso de administración más eficiente para nuestro país.
La forma de llenar las vacancias de cargos parlamentarios consagrada en la Constitución, a mi juicio, constituye un grave error, pues claramente da la espalda a la acción democrática propiamente tal. Si en un momento determinado un parlamentario fallece o debe dejar el cargo por diversas razones, lo debería reemplazar quien designe el partido político al cual pertenece y no corresponde al compañero de lista. Es evidente que se actúa sobre situaciones no conocidas por la población. Existen muchos senadores y diputados que no han sido elegidos por votación propia, sino por la alta cantidad de votos de su compañero de lista, y esto naturalmente debe representarse en la eventualidad de que la persona deje el cargo.
No me parece adecuado que se elimine -esto es muy trascendente, señor Presidente - la facultad del Senado para dirimir las contiendas de competencia. La Comisión ha acordado que dicha responsabilidad se traslade al Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dice la experiencia, que es distinta de la teoría? Nos indica que las contiendas de competencia usualmente se relacionan con dos entes: el Poder Judicial -concretamente, la Corte Suprema- y la Contraloría General de la República, debido a que comparten responsabilidad afines sobre algunas materias, lo que origina conflictos de competencia que deben ser aclarados. Trasladar una función tan importante y ordenadora de la vida institucional al Tribunal Constitucional (integrado, entre otros, por miembros del Poder Judicial ), desde el punto de vista técnico -destaco este término- inhibirá su libertad y transparencia para actuar.
En consecuencia, quitar esta facultad al Senado, aparte de debilitar sus funciones institucionales, constituye un grave error.
No me parece lógico marginar de la alternativa de ser candidato a diputado o senador a los concejales y consejeros regionales. Ellos también forman parte del poder normativo de Chile: nosotros, desde el punto de vista nacional; ellos, desde el punto de vista regional o comunal. Impedir que el campo electoral sea más amplio y abierto, dejando al margen a personas que aspiran a un escaño en el Parlamento y que cumplen una función pública, sobre todo en el campo normativo, no me parece un criterio adecuado y, más bien, representa un retroceso en la participaci��n ciudadana, que debería considerarse.
Otro tema trascendente es la conformación del Tribunal Constitucional. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone que sus nueve integrantes, designados por la Corte Suprema (3), el Presidente de la República (3) y el Senado (3), sólo sean abogados. En mi opinión, la Constitución no es patrimonio de los abogados; sino de todos los chilenos. Ella representa los principios y valores de una sociedad. No me parece adecuado marginar en este campo a muchas personas con calidad moral y ciudadana. Por eso, presentaré una indicación para que los designados por el Senado sean ciudadanos sin apellidos, sobre la base de una fórmula que en definitiva extienda las responsabilidades constitucionales al resto de los chilenos.
Se alega que el Tribunal Constitucional es un órgano de derecho. También lo es el Tribunal Electoral, y puede estar compuesto por personas que no sean abogados. Los árbitros arbitradores ejercen acciones de derecho y pueden no ser abogados. Entonces, expresar con tanta determinación que el Tribunal Constitucional, por ser de derecho, no puede estar conformado por miembros no letrados, no debe considerarse, desde mi punto de vista, como un argumento de bases muy fundamentadas como para mantener esa proposición.
Acaso lo más delicado de toda reforma constitucional sea el tema de las regiones, que, según el artículo 45 de la Carta Fundamental, son trece. Señalar este número y establecerlas como entes geográficos políticos del país significa ubicarlas en el mismo nivel constitucional de otros órganos de la institucionalidad -y que se mencionan en esa norma-, como el Tribunal Constitucional, las propias Fuerzas Armadas, los Poderes del Estado y la Contraloría General de la República. Las demás estructuras y organizaciones -vale decir, servicios, comunas, y otros más- están regulados a otro nivel, es decir, por disposiciones orgánicas constitucionales.
El hecho de que la Comisión de Constitución proponga eliminar de la Carta la expresión "trece regiones", bajando el rango de constitucional a orgánico constitucional, aparte de disminuir la expresión institucional geográfica política de Chile, que ha sido tan importante para el desarrollo del país, implica restarnos nuevamente algunas competencias o potestades para presentar proyectos de ley destinados a la eventual creación de nuevas regiones, a la consolidación de otras, etcétera, quedando ellas entregadas exclusivamente al Presidente de la República .
Finalmente, como ya ha terminado el tiempo de mi intervención, deseo manifestar que nos encontramos ante una reforma constitucional que, en su espíritu, tiene aspectos positivos. Sin embargo, los ejemplos que he mencionado indican claramente la necesidad de realizar una profunda revisión de su texto, a fin de consolidar, al tenor de los tiempos modernos, el desarrollo de un país que pretende crecer en armonía y con muchas alternativas de igualdad de oportunidades para todo su pueblo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , enfrentarse a un proyecto encaminado a reformar la Ley Fundamental de la República, como el que hoy motiva nuestra atención, siempre será una tarea ardua y compleja, en la cual debemos poner extremo cuidado y prolijidad, entre otras razones, porque la sola intención de adentrarse en estos rumbos está, per se, llena de peligros, de cuyas potencialidades no siempre alcanzamos a percatarnos plenamente y, por ello, no podemos olvidar poner en ejercicio las mejores virtudes en su tratamiento, custodiando no infringir principios u olvidar experiencias. Su aquilatamiento resulta -hoy más que nunca- exigible al constituyente derivado.
En efecto, sin desconocer que el Código Normativo Básico siempre podrá ser objeto de reformas, precisiones o adecuaciones estimadas convenientes o necesarias, no podemos dejar de reconocer que las dos décadas de vigencia de la Constitución de 1980 han sido para Chile años en los que se han alcanzado grandes logros, que la historia reconocerá haber sido posibles en gran medida por la estabilidad y protección de los derechos de las personas que ella aseguró, y por los adecuados contrapesos y dispersión del poder que estructuró.
Al efecto, cabe señalar que la máxima crítica formulada a la Constitución de 1980 es que ella fue una imposición de "la dictadura", lo que puede inducir equivocadamente a suponer que se dictó "entre gallos y medianoche", sin mayor estudio.
Pues bien, esta Constitución es la que en nuestra historia soberana ha sido objeto de más largos y acuciosos estudios, con intervención de distinguidísimos juristas de diversas tendencias, siendo aprobada en un plebiscito donde, con una población inferior, votaron tantas personas como en la reciente elección parlamentaria. Aún más, ella incluyó, desde un comienzo, disposiciones transitorias que fueron cumplidas rigurosamente, traduciéndose en el traspaso del poder a la Oposición, en la oportunidad y en la forma preestablecida nueve años antes. Incluso más, en 1989 se le introdujeron 54 modificaciones, discutidas y acordadas por personeros de Gobierno y de Oposición, las cuales fueron sometidas a un plebiscito, con enorme participación ciudadana, en que el pueblo aprobó los cambios propuestos ratificando implícitamente la propia Constitución que se modificaba.
No es el minuto de realizar un examen pormenorizado de todas y cada una de las virtudes y aciertos que ella trajo consigo, desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, no sólo en lo tocante al correcto ordenamiento de los Poderes Públicos, sino en hacerla genuinamente un sistema de normas superiores aplicables directamente a todos, sin excepción alguna, y centrada en la persona.
Sin embargo, algunas características esenciales deben ser recordadas, y lo hago con el preciso propósito de cuidar que ellas no sean alteradas.
Reconozco, en primer lugar, que el inciso segundo del artículo 5º nos pone una frontera insuperable, en el sentido de que ninguna reforma podrá dejar de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
En segundo término, nuestra Constitución es, y debería seguir siendo, una declaración viva de los valores y tradiciones que dieron lugar a nuestra Nación y a nuestra Patria. No puede ser estimada, desde ningún punto de vista, como una Carta neutral, de frente a los ejes centrales de toda su estructura, partiendo por la existencia de un Estado al servicio de la persona y que jamás podrá, legítimamente, tener otra finalidad que no sea el bien común.
En tercer lugar, las experiencias históricas que explican algunas de sus normas constituyen todavía antecedentes destinados a que las futuras generaciones no pasen por lo que otros antes ya debieron sufrir.
Destaco lo anterior porque avizoro riesgos inquietantes. En efecto, una reforma que en la práctica recorre casi todo el andamiaje constitucional puede hacer surgir la tentación de variadas y numerosas iniciativas o indicaciones que incluso vayan más allá de su actual contenido, lo que, estimo, introduce innecesariamente un manto de incertidumbre acerca de su estabilidad, que deberíamos procurar evitar y que en alguna medida la Comisión elimina en su informe complementario.
No olvidemos que, en esta sede, no sólo examinaremos en su mérito aquellas indicaciones, sino que, por sobre todo, estaremos dando una señal al país, que probablemente estará lejos de la voluntad de sus autores, pero que introducirá un factor de preocupación innecesario.
Por lo mismo, me impongo y reclamo la máxima prudencia.
Admito, asimismo, que algunas reformas propuestas parecen, en principio, adecuadas e, incluso, necesarias.
Veo claramente también que, atendida la naturaleza de los cambios que se proponen, algunos afectan asuntos de menor jerarquía que otros, pero todos son importante, y aunque no lo parezca ante una primera mirada, están todos ellos interrelacionados.
Afortunadamente, dos integraciones distintas del Congreso podrán ocuparse del proyecto, sumando las miradas juiciosas al examen de su contenido, alcances y riesgos.
En lo personal, sólo podré participar como Parlamentario en este primer trámite constitucional, votando en general el informe que se nos ha entregado, luego de un largo y acucioso trabajo de la Comisión de Constitución, lo que me induce a procurar dar a conocer mis puntos de vista sólo en algunas materias relevantes.
No es posible, por el breve tiempo de que dispongo y por la importancia que revisten y el gran número de ellas, ocuparme de todas y cada una de las modificaciones propuestas. De ahí que me limitaré a formular sólo algunos comentarios sobre los fundamentos que se dan respecto de la idea de modificar la Carta a todo evento y acerca de dudas de procedimiento.
El primero se refiere a que las reformas a la Constitución, se dice, están sometidas a trámites o exigencias demasiado estrictos. La verdad es que, precisamente por el carácter que tiene una Carta Fundamental, prácticamente todas las democracias del mundo establecen exigencias severas para acordar cualquier cambio de ella, porque, siendo la ley de las leyes, la base sobre la cual se edifica un Estado de Derecho, es necesario que sea estable y no esté sujeta a múltiples alteraciones. Tal como ha señalado el Vicepresidente del Senado: "ésta comienza a percibirse sólo como una ley más, frente a los ojos del pueblo, quien muchas veces permanece ignorante de la trascendencia que esto tiene, sobre todo cuando estas medidas resultan efectivas para quienes buscan desestabilizar las fortalezas intrínsecas que por sí sostienen todo el andamiaje de la convivencia social en una sociedad democrática.".
De allí que la democracia más fuerte de la tierra cuenta con una Constitución que, en lo esencial, es la misma aprobada hace bastante más de dos siglos y para cuya reforma se requiere del voto conforme no sólo de los dos tercios de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, sino de su ratificación posterior por el 75 por ciento de los Parlamentarios de los Estados de la Unión.
Si no es bueno modificar bajo cualquier pretexto las leyes comunes, creando muchas veces inestabilidades innecesarias de los derechos y obligaciones de las personas e instituciones, más grave es efectuar eso con la Carta Fundamental. En consecuencia, no es prudente facilitar o estimular alteraciones de ésta que, como ya hemos debido lamentar en muchas ocasiones, se realizan más con el ánimo de impresionar a la opinión pública, o de obtener logros meramente políticos o aparentes, que de hacer cambios que se justifiquen realmente.
Por lo tanto, en principio no creo que sean buenos los cambios encaminados a agilizar las reformas y a hacerlas tanto o más expeditas que una ley común.
En segundo lugar, se insiste en que la Carta da fundamento a sistemas electorales que no serían democráticos. Al efecto, se estima como un ideal que todo sistema eleccionario sea estrictamente proporcional y que no haya posibilidad de ningún tipo de elección indirecta o de designaciones que consideren otras circunstancias importantes para el buen gobierno, para la estabilidad de la nación y de sus instituciones, o que ayuden a las Regiones y también a las localidades o comunas pequeñas a defenderse del poder central absorbente.
Si uno hiciera una revisión muy somera de los sistemas electorales actualmente en aplicación por las democracias, se encontraría con una sorpresa: que en la inmensa mayoría de ellas no se produce una elección de representantes del pueblo proporcional a la votación popular; que no todas las minorías eligen representantes, y, aún más, que muchos cargos de importancia son desempeñados por personas designadas, no sobre la base de elecciones directas, sino de ciertas circunstancias que se juzgan trascendentes, como nuestros Senadores institucionales y los miembros del CORE.
Se ataca, asimismo, que la Constitución establece que todas las Regiones o subregiones deben elegir igual número de Senadores. Pues bien, esto no sólo tiene muchas ventajas y tiende a menguar los efectos del centralismo, sino que es lo que sucede en la mayor parte del mundo. En el grueso de las naciones con sistemas bicamerales existe, además de una Cámara política, un Senado o su equivalente, elegido en forma indirecta -como Francia, Inglaterra, Canadá - y con igual número de miembros para cada uno de los Estados o provincias que los componen, cualquiera que sea el número de sus habitantes. Así acontece en Estados Unidos, como también hoy en Argentina, donde recientemente se modificaron las normas pertinentes y en que la provincia de Buenos Aires, con más de la tercera parte de la población del país, elige los mismos tres Senadores que La Rioja, Santa Cruz o Tierra del Fuego, que entre todas no llegan a un millón de habitantes.
En cuanto al vilipendiado sistema binominal, resulta curioso que en Chile hayamos podido comprobar, en cuatro elecciones parlamentarias sucesivas, que la proporcionalidad de los elegidos es muy aproximada a la de la votación y, desde luego, mucho más ajustada a ésta que lo que ocurre, por vía de ejemplo, en Inglaterra y España, donde los Partidos Laborista y Popular, con votaciones del orden de 44 por ciento, dominan abrumadoramente la Cámara de los Comunes y el Parlamento español, respectivamente, al margen de que muchas colectividades políticas menores no tienen posibilidad de elegir representantes.
En otros países que se acercan a la proporcionalidad, no existe la posibilidad de que un partido elija representantes si no obtiene un mínimo global de votos. No olvidemos que en nuestro antiguo sistema proporcional esto no se reflejaba en la composición del Congreso; que en 1965 la Democracia Cristiana, con el 42,3 por ciento de los votos, eligió 82 de 150 Diputados, y que las disputas entre miembros de las mismas listas tenían quizá más dureza que la que actualmente se produce.
Asimismo, el país que pretendió establecer la proporcionalidad absoluta: Italia, ante la ingobernabilidad en que esto se tradujo, modificó la ley electoral, estableciendo parcialmente un sistema mayoritario.
Lo natural es, pues, que los países busquen sistemas electorales que permitan un buen manejo político.
Curiosamente, como en otros aspectos de los cuales podemos estar orgullosos, Chile ha sido capaz de crear un sistema electoral que se compara ventajosamente con la inmensa mayoría de los que rigen en el mundo y el cual ha contribuido enormemente a la estabilidad política.
Desde otro ángulo, la tendencia exagerada a que el pueblo resuelva a nivel nacional, por la vía del plebiscito, cualquier materia importante, y aun el deseo de concentrar todas las elecciones, aunque pueden tener algunas ventajas, implican tal vez mayores inconvenientes y riesgos.
Recordemos cuánta crítica mereció la circunstancia de que el gobierno nazi recurriera a plebiscitos que siempre ganó, y -sorprendentemente- no sólo dentro de Alemania.
Por ello, la experiencia mundial y la prudencia han llevado a reservar los plebiscitos para materias muy trascendentes, o para las de carácter local que conciernen a un número no muy elevado de personas. Y por algo el grueso de las democracias son representativas.
Por otra parte, el reducir exageradamente el número de elecciones y procurar concentrarlas todas envuelve el riesgo de que, por aspectos meramente circunstanciales, se otorguen poderes sin contrapeso que pueden resultar peligrosos.
Al respecto, vemos los problemas que hoy se vislumbran en Venezuela, derivados de la amplia mayoría de que un líder carismático dispuso en un momento dado, pero que ya no le acompaña. Sin embargo, esto no le impide actuar prácticamente sin límite en la dirección de su país.
No es mi intención -ni es posible- agotar en este debate un tema tan complejo. Adelanto estas ideas para hacer ver lo cuidadosos que debemos ser cuando pretendemos modificar en forma extrema ese conjunto armonioso y equilibrado de disposiciones de nuestra Constitución, que debidamente cumplido ha hecho posible un gran crecimiento del país en los últimos 20 años.
Por último, quiero referirme a aspectos más bien procesales o de tramitación.
No obstante que a la luz de las normas de nuestra Carta Fundamental puede resultar dudoso el procedimiento a seguir en materia de reformas constitucionales, en la práctica, aunque no haya disposición expresa que lo diga, las hemos tramitado como el grueso de las leyes en general, tomando en cuenta, eso sí, las normas establecidas en el Capítulo XIV, sobre quórum y ratificación por el Congreso Pleno.
En lo que concierne a la presente iniciativa sobre modificación de la Ley Suprema, nos encontramos con que en el informe de la Comisión respectiva se analizan o mencionan no sólo los dos proyectos de reformas constitucionales presentados por sendos grupos de Senadores, sino que también numerosas indicaciones formuladas en el transcurso de su tramitación.
Por la circunstancia inusual, y a mi criterio no reglamentaria, de que la Comisión se abstuvo de pronunciarse acerca de dos enmiendas procesales específicas, la Sala le solicitó una ampliación del primer informe.
Pues bien, dicho órgano técnico, en vez de ampliar ese documento, optó por dejar sin efecto determinados acuerdos a que había llegado en aspectos que estimó relacionados con la materia que no había contado con su pronunciamiento. Al efecto, en una declaración unánime señala coincidir en la supresión de los Senadores institucionales y vitalicios, pero que, por estar ello vinculado con aspectos sobre los cuales no se había pronunciado, decidió castrar las resoluciones del primer informe.
Estrictamente, estaríamos en una situación peor que la anterior, porque la Comisión no cumplió con el mandato de la Sala y, además, estimó conveniente dejar sin efecto acuerdos ya adoptados.
No escapa a mi percepción que eso obedece al ánimo de buscar consensos políticos amplios, que se hacen precisamente más necesarios por tratarse de materias que requieren de quórum especial. Sin embargo, me queda la duda de si esto no se traduce en un doble vicio: el ya señalado de que la Comisión no cumplió su mandato y redujo el informe, por cuanto dentro de eventualmente un mismo proyecto habrá materias que podrán ser objeto de un primer informe (como corresponde en la discusión general), y luego de un segundo; y otras que sólo serán resueltas en este último, creándose un tratamiento de hecho discriminatorio.
Por otra parte la Comisión, en la que podemos llamar la parte resolutiva de su informe complementario, expresa:
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor URENDA.-
¿Me permite terminar la idea, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Muy bien.
El señor URENDA.-
"D. Dejar constancia, asimismo, que las indicaciones que los señores Senadores deseen presentar deberán formularse al texto aprobado en general por la Comisión, que es el que se consigna en este informe complementario, el cual contiene las ideas matrices del proyecto.". Y agrega: "Del mismo modo, podrán presentarse indicaciones en relación a las otras materias que han sido objeto de estudio en esta Comisión y que quedaron pendientes para el segundo informe,".
Me parece adecuado que, dentro del claro espíritu de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, se limite el campo de las indicaciones. Pero desde el punto de vista reglamentario no coincido con el criterio de que sea la Comisión la que haga posible el procedimiento de que se puedan formular indicaciones con relación a materias sobre las cuales omitió pronunciarse y que, naturalmente, no se hallan contempladas en el texto sometido a la discusión general de esta Corporación.
No es mi ánimo crear obstáculos al debate de materias tan trascendentes como aquellas a que el Senado está -y estará- abocado. Pero es preciso que esta Alta Cámara tenga conciencia de que se está siguiendo un procedimiento no consultado expresamente ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ni en nuestro Reglamento, y sobre el cual no existe precedente.
No estoy seguro de que este procedimiento no pueda ser considerado viciado por el Tribunal Constitucional. En todo caso, en lo que a mí concierne, mi posición sobre el proyecto y mi voto se referirán sólo al texto que figura en el informe complementario, sin perjuicio de que, aunque en la práctica probablemente ello no tenga trascendencia, no coincida con todas las materias aprobadas, por lo cual presentaré dentro del plazo que se fije, y en todo caso antes del término de mi mandato, las indicaciones que estime pertinentes.
A este respecto, concordando con el criterio de muchos Honorables colegas, estimo que el plazo para formular indicaciones debe vencer después del 11 de marzo a fin de que los Senadores hoy electos tengan la posibilidad de formular indicaciones, sin que ello obste -como he dicho- a que aquellos que dejaremos el Senado podamos presentarlas mientras mantengamos la calidad de integrantes de esta Corporación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, solamente deseo hacer algunas reflexiones acerca de los aspectos más complicados, a mi juicio, que faltan por resolver en la segunda etapa del debate.
En primer lugar, valoro el trabajo de la Comisión de Constitución. Como se señaló, pienso que se ha realizado un esfuerzo serio por concordar una reforma global de la Carta Fundamental. Hay materias en las cuales el resultado de dicha labor es claramente positivo, por ejemplo, todo lo desarrollado respecto del Tribunal Constitucional y los estados de excepción. En fin, estimo que existe un conjunto de acuerdos que efectivamente perfeccionan de manera importante la Constitución, en el sentido en que nosotros -y yo en particular- deseamos que se efectúen las reformas, vale decir, fortaleciendo el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas y que exista una Constitución plenamente democrática.
Entiendo que el esfuerzo que se está llevando a cabo no tiene que ver con determinada reforma a la Carta Fundamental, sino más bien con el afán político por cerrar de manera definitiva una controversia constitucional desarrollada en el país de una forma u otra durante los últimos 22 años. Ése es el asunto central relacionado con este momento de la discusión.
En estos doce años de vida democrática, se han realizado bastantes reformas constitucionales y algunas de ellas significativas. Por ejemplo, las tendientes a modificar el sistema judicial; los cambios en la composición y en la designación de la Corte Suprema; la creación del Ministerio Público; la reforma municipal que dio origen, por primera vez en el país, aunque en forma imperfecta, al proceso de descentralización político. Es decir, hemos efectuado algunas reformas constitucionales de importancia, no asuntos menores.
Pero comprendo que el ejercicio que intentamos realizar tiene un carácter distinto en cuanto a analizar si podemos superar la controversia sostenida durante estos últimos 22 años -insisto-, respecto de que una parte sustantiva del país considera que la Constitución de 1980 posee algunos elementos que contravienen y contradicen la doctrina democrática en uso en la historia de Chile y en el occidente, donde la democracia ha tenido su máximo desarrollo.
Por tanto, el tema es si podemos, no clausurar otras reformas constitucionales que seguramente vendrán, pero sí lograr un acuerdo sustantivo sobre la arquitectura básica de nuestro régimen constitucional. Porque ello, de alguna manera, cierra un ciclo histórico, y abre otro donde el perfeccionamiento de la democracia y, en consecuencia, de la Constitución es un asunto siempre abierto.
Además, hoy día el sistema democrático está sujeto a dificultades, peligros y problemas nuevos, no de los ochenta ni de los noventa. Se trata de la gobernabilidad, de la profundización de la descentralización, del saneamiento de la vida política y de la participación. Son materias centrales para asegurar la calidad del sistema político, y algunas de ellas pueden requerir reformas constitucionales.
Pero no estamos en esa discusión -la que, diría, se puede denominar de las enmiendas constitucionales de segunda generación, de perfeccionamiento del sistema democrático-, sino en un ejercicio clásicamente constituyente, en el sentido de que la arquitectura central del orden constitucional no sea materia de debate contingente. Ése es el punto. Y para ello debemos ponernos de acuerdo, no en una lista que sólo contenga reformas, sino en aquellos aspectos que nos han dividido durante 22 años. Ése es todo el asunto. Ése es el ejercicio constitucional y político que el país nos exige y, según entiendo, es el ánimo con que ha trabajado la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Al momento de hacer un primer balance habrá que constatar, desde mi punto de vista, algunos avances muy significativos. Ya se han señalado algunos de ellos: eliminación del rol tutelar de las Fuerzas Armadas y de Orden, atribución y composición del Consejo de Seguridad Nacional, generación y naturaleza del Tribunal Constitucional y muchos otros.
Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que subsisten diferencias en dos puntos que forman parte de nuestra controversia histórica y que mientras no las resolvamos no tendremos una arquitectura constitucional que contenga un elemento central de toda Constitución moderna: que ella concite el acuerdo, en sus aspectos fundamentales, de la inmensa mayoría de la ciudadanía, al margen de la calidad de sus contenidos.
Ése es un elemento central para cerrar esta controversia histórica, que estimo esencial para la estabilidad del país en el mediano y largo plazo, y para dedicar todo nuestro esfuerzo al perfeccionamiento de nuestras instituciones, y no a esta discusión interminable, sin resolver, sobre la naturaleza de las instituciones mismas, que es lo que estamos haciendo.
En tal sentido, pienso que subsisten todavía dos diferencias en las que habrá que seguir trabajando, si deseamos concluir bien, no a medias, este proceso de discusión. En primer lugar, las atribuciones del Presidente de la República en su relación con las Fuerzas Armadas y de Orden.
La llamada inamovilidad de los Comandantes en Jefe y del General Director de Carabineros es una cuestión relevante desde el punto de vista de una sana doctrina constitucional democrática. No conozco país del mundo donde el Primer Mandatario no pueda remover al jefe de la Policía . Lo anterior no tiene que ver con el carácter profesional, jerarquizado y las altas misiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, sino con la concepción de que dichas instituciones son un instrumento fundamental del Estado para el cumplimiento de sus políticas. Y, por tanto, deben estar sujetas, no a su autonomía en la consecución de sus fines últimos, sino a la voluntad política del Estado. Y en Chile el Jefe del Estado y del Gobierno es el Presidente de la República .
Por consiguiente, debe asegurarse ese principio fundamental y esencial para el orden democrático, para el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, y no para su politización.
Como aquí no ha existido un proceso constituyente democrático, estamos repitiendo la misma discusión realizada hace más de 25 años en el Consejo de Estado del Régimen militar, donde hubo dos doctrinas. Por una parte, la de Jaime Guzmán , respecto de la autonomía de las Fuerzas Armadas y de Orden. Él manifestaba -está escrito- que había que tender a unas Fuerzas Armadas tan autónomas como el Poder Judicial .
Y la tradicional tesis constitucional e histórica chilena, defendida en dicho Consejo por todos los ex Comandantes en Jefe que participaron en el debate, comenzando por el General Izurieta -no el actual, sino uno de sus antecesores, que fue jefe supremo del Ejército durante el período del ex Presidente Jorge Alessandri -, como también por los ex Comandantes en Jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea. Ese debate lo hemos seguido en detalle todos estos años, y se consigna en las actas del Consejo de Estado.
Es el mismo debate: es la tesis de la autonomía disfrazada de distintas formas. Porque la Constitución, al final, fue una transacción entre las dos concepciones. En un ejercicio de carácter constituyente hay que sentar una doctrina; y hubo una, defendida en el Consejo de Estado, que fue la doctrina de la autonomía, de la cual surgió un conjunto de instituciones. ¡Si Jaime Guzmán pensaba bien, y en orden! Por lo tanto, de una concepción general se derivaban también diversas instituciones.
Ésta no es una discusión banal. No se trata de situarnos en el medio para lograr un buen acuerdo. Tenemos que concordar un principio. Y yo sostengo el viejo y tradicional principio del país y de la democracia, que en Chile funcionó durante 180 años.
Además, el debate se hizo estando muy cercanos los acontecimientos que terminaron con el quiebre democrático de 1973. En el fondo, lo que se quería evitar con todas estas cortapisas a la autoridad presidencial que eran evidentes en este campo -no estoy inventando ningún argumento; todo está dicho y escrito-, era que no ocurriera lo que sucedió entre 1970 y 1973, cuando -se decía- un Presidente , equivocado, había "cautivado" al Comandante de la principal rama de nuestra Defensa Nacional.
Estoy repitiendo los mismos planteamientos de Izurieta y de otro gran constitucionalista, probadamente de Derecha y partidario del Régimen Militar, Julio Philippi , que defendió idéntico principio. ¿Y qué dijo él? La inamovilidad es la que los politiza, y el mecanismo que estableció la Constitución para la remoción de los Comandantes en Jefe los divide.
Es el mismo argumento que hoy traigo a colación aquí, el cual no sólo por antiguo es bueno, sino que es bueno en sí mismo.
Para mí, resolver bien este asunto es esencial si queremos lograr un acuerdo en la arquitectura gruesa de nuestro marco constitucional. De lo contrario, no vamos a cerrar el ciclo y tendremos que continuar con reformas parciales. Después se verá cómo vota cada uno. Pero quiero insistir en que, desde mi perspectiva, aquí se trata de llegar a un punto donde cerremos un viejo pleito sobre la arquitectura fundamental de nuestro orden constitucional. Creo que, después de 12 años de transición, deberíamos poder hacerlo.
La otra diferencia la tenemos respecto del régimen electoral. Pero el asunto no se limita solamente a eso. Quiero hacer un contrapunto con el Senador señor Chadwick.
En cuanto a la composición del Congreso, hay dos elementos. Uno de ellos se refiere a los Senadores institucionales. Omito los reconocimientos personales hacia ellos -yo los reconozco-; pero no es eso lo que estamos discutiendo aquí. Aquí estamos discutiendo la Constitución y sus instituciones y no sobre personas.
Finalmente, se ha producido acuerdo sobre su eliminación. Yo espero que no sea un acuerdo de oportunidad y de cálculos menores en cuanto a las eventuales futuras mayorías en el Senado, sino un acuerdo sincero. Al menos lo quiero creer así.
Sé que en el mundo la discusión sobre sistemas electorales es muy rica y que no hay sistema perfecto. Eso lo entiendo muy bien. Hay muchos sistemas, pero resulta que el establecido en nuestra Constitución tiene una característica que no posee ninguno de los otros sistemas electorales existentes en el resto del mundo: está hecho para dificultar la creación de mayorías en el Parlamento. Todos los demás, desde el proporcional más perfecto hasta el uninominal -que presenta una inmensa cantidad de problemas-, pasando por el proporcional corregido, están concebidos para favorecer la formación de mayorías parlamentarias y, de ese modo, fortalecer la gobernabilidad. El chileno está hecho para propiciar un empate. Aquí, un tercio vale lo mismo que dos tercios. Y se dice que eso es bueno. Bueno podrá ser, pero democrático no es, porque en democracia las diferencias se resuelven por el principio de la mayoría. Cuando no existen diferencias, no hay para qué usar el principio de la mayoría. La democracia sirve para resolver, mediante dicho principio, los desacuerdos existentes en la sociedad.
No sé por qué -entiendo que hubo un largo debate entre los constituyentes, y el Senador señor Fernández nos puede ilustrar en ese sentido- se optó por el sistema binominal.
El señor FERNÁNDEZ.-
¡Porque es el mejor!
El señor GAZMURI.-
Pero la deficiencia que presenta -y por eso tenemos un problema de principio con él y no con cualquier otro- es la de que no favorece la formación de mayorías, lo cual, en mi opinión, es un grave problema de los sistemas políticos. Éstos deben fortalecer la creación de mayorías para asegurar gobernabilidad.
Ahora, si la situación electoral da empate, el sistema electoral tendrá que reproducir ese empate. Pero, cuando la situación electoral y política no da empate, los sistemas políticos que tiendan a la igualación no son útiles para el progreso.
Para mí y para la Concertación -no lo quisiera sólo para ésta- en Chile hay varias fuerzas que pueden postularse como un tercio y obtener la mitad del Parlamento; y eso, para mí, no es bueno desde el punto de vista democrático y de la sociedad chilena.
Por eso -y con esto termino, señor Presidente -, el tema de la composición del Congreso está estrictamente vinculado, a mi juicio, a un acuerdo sobre el sistema electoral. Sé que partimos de posiciones muy distintas, pero, si nos quedamos con las afirmaciones del Senador señor Chadwick en cuanto a que su sector no está dispuesto a transar nada sobre este punto, no vamos a poder culminar con éxito el proceso de lograr un gran acuerdo constitucional -creo que es el espíritu de todos- que dirima históricamente la pugna que hemos tenido durante los últimos 22 años sobre la arquitectura gruesa de nuestra democracia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En conformidad a lo resuelto por los Comités y aprobado por la Sala, se suspende la discusión del proyecto de reforma constitucional, a fin de rendir homenaje en memoria del ex Diputado señor Octavio Jara , recientemente fallecido.
Una vez concluido el homenaje, se iniciará la votación de la iniciativa.
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