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- rdf:value = " El señor MORENO.-
Señor Presidente , expongo esta tarde ante el Senado chileno un tema que tiene gran importancia para el presente y futuro del país, cual es el criterio y la forma en que debe enfrentarse nuestra política forestal.
La posición que daré a conocer es el fruto del trabajo de un numeroso grupo de profesionales y técnicos que, convocados por la Comisión Político-Técnica-Forestal de la Democracia Cristiana, ha contribuido a elaborar el conjunto de proposiciones que sometemos públicamente a la consideración de nuestro país.
Los democratacristianos afirmamos que el desarrollo de las personas y de la sociedad debe ser integral, de tal forma que la modificación de las condiciones que afectan a la persona humana deben permitirle pasar de las condiciones menos humanas a condiciones más humanas, en el sentido de lograr un fin trascendente. Desde tal perspectiva, el desarrollo sustentable nos ofrece una oportunidad para poner en práctica las enseñanzas de nuestra doctrina.
En ese contexto, la naturaleza y el medio ambiente están incluidos en nuestra visión, ya que forman parte sustantiva de las condiciones que fijan las posibilidades de desarrollo de las personas, determinando fuertemente la calidad de vida de los ciudadanos.
Considerando también los resultados y recomendaciones de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, entendemos que el desarrollo forestal debe estar dirigido a satisfacer un conjunto de aspectos relacionados con bosques y zonas arboladas, entre los que se encuentran la producción de madera; de alimentos tales como hongos, frutos y carne silvestre; y de servicios ambientales como generación de agua, protección y recuperación de suelos, mantención de la biodiversidad existente en bosques, zonas arboladas y áreas silvestres, y de humedales en las cuencas que los contienen.
En nuestro país, el bosque y sus productos han experimentado una expansión muy fuerte en los últimos años, positiva en algunos casos, y compleja, en otros. Queremos enfrentar este proceso orientados por el paradigma que representa el desarrollo sustentable, promoviendo lo positivo y encarando los problemas que se han presentado.
En esa línea, señalamos que la propuesta de política forestal que sustentamos debe ser:
1º Nacional, es decir, debe cubrir todo el territorio y considerar las necesidades, aspiraciones e intereses de la sociedad en su conjunto;
2º Moderna, dando cuenta de los principales avances producidos en el último tiempo y que la globalización ofrece como oportunidad para superar las restricciones y problemas que nos afectan;
3º Profundamente participativa, para dar cuenta de las demandas que efectúan al sector forestal los distintos sectores de la sociedad, a nivel tanto nacional como regional y comunal;
4º Orientada a los diversos segmentos de la cadena de valor de la producción forestal, y
5º Capaz de dar respuesta a las aspiraciones y necesidades de las poblaciones tanto rurales como urbanas.
Una de las características fundamentales del sector forestal es la perspectiva de largo plazo que guía su accionar, la que se sustenta en que los resultados de las acciones realizadas se materializan, generalmente, en períodos de tiempo más o menos amplios. Por esta razón, es importante tener una visión histórica de las decisiones tomadas en dicha área, buscando los hilos conductores que orienten las medidas que resulta indispensable llevar a cabo hacia el futuro, elementos que hoy nos permiten reconocer lo que ha ocurrido en el sector y constatar que el avance logrado en él se ha detenido.
Es necesario señalar que, hasta 1960, la sociedad chilena no otorgaba un rol específico al sector forestal, que a esa fecha contaba con algunas plantaciones forestales, áreas silvestres protegidas, determinadas industrias de pulpa y papel, explotaciones de bosque nativo con fines madereros o domésticos, y se habían realizado acciones de recuperación de suelos y control de dunas. Toda esta labor estaba regida por una institucionalidad pública tenue y dispersa.
En la década de los 60 se iniciaron diversas actividades que dieron al sector forestal cada vez mayor importancia, sobre todo en el ámbito de la acción del Estado a través de la creación de la Corporación de Reforestación, institución que con posterioridad dio origen a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en la que se agruparon la mayor parte de las funciones públicas existentes a esa fecha relacionadas con el área forestal.
Entre 1974 y 1990, por las características del modelo económico impuesto por el régimen de la época, los instrumentos que la COREF utilizaba para efectuar plantaciones fueron traspasados al sector privado, quedando contenidos en el decreto ley 701, cuerpo normativo dirigido a la creación de plantaciones industriales por grandes empresas, las que, en definitiva, emplearon las especies pino radiata y eucalipto para su desarrollo. A partir de 1990, los Gobiernos de la Concertación han ido incorporando paulatinamente criterios sociales y ambientales en los instrumentos de política forestal, pero es necesario reconocer que no ha habido mayores avances en este ámbito dado que se han frenado muchos de los proyectos presentados.
En la actualidad, el sector forestal chileno debe lograr una adecuada ecuación política en la relación Estado-sector privado-sociedad civil, en el marco de un desarrollo sustentable. La democratización del país ha significado que sectores antes debilitados han tomado fuerza y son capaces de poner sus demandas en el seno de la sociedad, las que necesariamente deben ser consideradas por el Gobierno a la hora de fijar su agenda. Nos referimos, de manera específica, a organizaciones campesinas, grupos étnicos, grupos ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, universidades, gobiernos regionales, municipios, organizaciones de pequeños y medianos empresarios forestales. En consecuencia, cada vez es más importante incorporar elementos de participación en la definición de las políticas forestales.
Hoy, el desafío es dar buena cuenta de las demandas que hace al sector forestal chileno el conjunto de la sociedad, cuestión que implica profundizar cada vez más la utilización de criterios de equidad en la formulación y aplicación de la política forestal de nuestro país.
Al igual que los visionarios de mediados del siglo pasado, entre ellos don Eduardo Frei Montalva , quienes intuyeron la posibilidad de crear una gran base de recursos forestales -iniciativa que dio origen a las más de 2 millones de hectáreas de plantaciones exóticas que en la actualidad constituyen la base de una dinámica industria-, hoy debemos ser capaces de proyectarnos nuevamente hacia el futuro, en un horizonte de 20 a 30 años, y enfrentar los siguientes desafíos.
I. Es necesario manejar el bosque nativo. El cobre no se renueva, se extingue; el bosque, bien manejado, estará por siempre allí. Si manejamos, en promedio, 200 mil hectáreas al año, en el período indicado tendremos más de 4 millones de hectáreas de bosque nativo adicionales, en plena producción de bienes y servicios ambientales.
II. Resulta esencial impulsar definitivamente el concepto "Chile, País Forestal", incorporando a toda la pequeña propiedad, sin restricciones de residencia o económicas, como un componente importante de la lucha contra la desertificación que afecta al territorio nacional. De esta forma lograremos efectivamente la reforestación del país.
III. La industria del turismo relacionada con áreas silvestres protegidas constituye en otros países una actividad millonaria. Debemos generar las condiciones adecuadas a los objetivos de manejo de aquéllas, en conjunto con el sector privado y las comunidades locales, para permitir que la sociedad toda tenga la oportunidad de disfrutar de los beneficios que entrega el contacto con la naturaleza y las bellezas escénicas. Para ello, es necesario legalizar y reforzar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que hoy no tiene validez jurídica.
IV. Es fundamental incorporar definitivamente el árbol como un elemento cultural dentro de las ciudades, para que sus habitantes, a través del disfrute de los múltiples beneficios que aquéllos aportan, obtengan una mejor calidad de vida. Resulta indispensable incrementar en calidad y cantidad la presencia del árbol, zonas arboladas y bosques en las ciudades, tal como se hace en muchas capitales del mundo.
V. También se requiere generar las condiciones necesarias para que las industrias y las empresas que otorgarán valor agregado a la materia prima forestal puedan desarrollarse. En esta línea, deben tomarse medidas conducentes a conocer, acompañar y apoyar, en toda la cadena de valor forestal, a la pequeña y mediana empresa del sector.
Estos propósitos no serán alcanzados si no incorporamos desde ya a los representantes de la sociedad y a las organizaciones que en ella se encuentran en el debate de las políticas que se requieren. Debemos ampliar los actores en la discusión en los distintos niveles en que el Estado administra el país, como señalé anteriormente.
Para enfrentar estas tareas -reitero-, es preciso involucrar al sector forestal en su conjunto, generando las coordinaciones intra e interinstitucionales indispensables. En esta perspectiva, resulta conveniente introducir aún más los aspectos específicos de cinco temáticas que a continuación detallo.
1. Participación
En el resto del mundo y en nuestro país existe un cambio de enfoque respecto de los recursos forestales, el cual ha transitado desde una visión centrada en la producción de madera hacia una perspectiva orientada a la valorización de la producción simultánea de un conjunto de bienes y servicios asociados que generan los ecosistemas forestales. Este nuevo enfoque proviene de una mayor participación de la ciudadanía en la definición de los objetivos de las políticas forestales.
En ese sentido, señor Presidente, valoramos los esfuerzos realizados por el señor Ministro de Agricultura en concordar puntos de vista con distintos sectores nacionales en lo que respecta al avance de la Ley del Bosque Nativo, pendiente para su despacho en el Congreso Nacional.
2. Gestión de recursos forestales
La gestión de los recursos forestales debe tener un carácter nacional. La política forestal debe cubrir todo el territorio que comprende dicha área: 13,9 millones de hectáreas de bosque nativo; 14 millones adicionales de hectáreas del SNASPE; 2,1 millones de hectáreas que se encuentran en plantaciones artificiales; 17 millones de hectáreas sin cobertura y, dentro de estas últimas, 6 millones de hectáreas susceptibles de ser forestadas con el instrumental adecuado, y, además, las áreas verdes y bosques urbanos existentes en las ciudades. Asimismo, es necesario mencionar que de los 13,9 millones de hectáreas de bosque nativo existentes en el país, sólo 3,9 millones se hallan dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE).
3. Desarrollo productivo con criterio social
Luego de décadas de gobiernos orientados a las grandes empresas, donde el Estado ha sido reforzado para atender a ese segmento de la actividad económica, debilitando a los organismos que están o estaban dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, se hace urgente retomar el sentido social de la actividad económica, sobre todo, en el ámbito de la pequeña y de la mediana empresa forestal, que da valor agregado a la producción de materia prima forestal y a los servicios ambientales.
4. Diseño de instrumentos legales, institucionales y financieros
Uno de los instrumentos que requiere el sector forestal para asegurar su contribución al país es la creación de una Subsecretaría Forestal, instancia del más alto nivel político dentro del Ministerio de Agricultura, para formular, coordinar la implementación, dar seguimiento y evaluar la política forestal. Esta propuesta se ve fortalecida en el contexto de un Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales, reforma que requiere también que el Instituto Forestal y el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) queden bajo la dependencia de esa Subsecretaría Forestal.
5. Necesidad de investigación y educación adecuadas
Finalmente, dentro esos criterios generales, cabe señalar la necesidad de contar con un sistema investigación y educación adecuados. Las investigaciones que requiere el sector se hallan determinadas en la actualidad por el corto plazo y demás características de los fondos concursables disponibles para el financiamiento de esta actividad. La política forestal debe orientar ésta, fortaleciendo y creando nuevos instrumentos para que provea del conocimiento necesario de largo plazo que necesitan las áreas prioritarias del desarrollo forestal.
En virtud de los criterios antes enunciados, formulamos un conjunto de propuestas concretas de política forestal para nuestro país.
PROPUESTAS CONCRETAS DE POLÍTICA FORESTAL
Defensa del patrimonio forestal
La Democracia Cristiana prioriza la defensa del patrimonio forestal de Chile, el que en conjunto cubre 45 millones de hectáreas, sin considerar las áreas urbanas cubiertas por árboles. Estos recursos no están siendo incorporados al desarrollo sustentable del país y corren el peligro de ser eliminados o sustituidos, en especial el bosque nativo. Declaramos que estamos por la defensa del patrimonio forestal y promoveremos las medidas que a continuación se señalan para asegurar su recuperación y uso sustentable.
Para lograr este objetivo debe avanzarse en el fomento del conjunto de actividades que se desarrollan en torno al bosque nativo, las plantaciones forestales y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Los recursos forestales, por la riqueza que contienen, pueden llegar a representar para los habitantes rurales una importante fuente de ingresos, a través de la comercialización de diversos bienes y servicios. El desarrollo de un componente forestal en las actividades campesinas aporta en el mediano plazo mejoras sustantivas de sus economías, al mismo tiempo que protege los cultivos, el suelo y las aguas.
Defensa integral del bosque nativo
Por ello, nos oponemos a la sustitución del bosque nativo. Con esta medida se hace posible incorporar al desarrollo sustentable 13,4 millones de hectáreas de bosques de esa naturaleza existentes en Chile. Para ello proponemos lo siguiente:
1) Incorporar al manejo forestal 5,13 millones de hectáreas en propiedad de privados para la producción de bienes y servicios ambientales de distinta forma, de las cuales 4,29 millones tienen alto potencial, y 840 mil hectáreas de bosques degradados para enriquecimiento con especies nativas, para lo cual demandamos que el Gobierno apruebe la entrega por 30 años de los financiamientos necesarios y suficientes, conducentes a fomentar la elaboración de planes de manejo y, al menos, las actividades silvícolas iniciales, incentivos que deben ser incluidos en la Ley de Fomento al Bosque Nativo actualmente en el Parlamento.
2) Preservar los bosques nativos en mejor estado de conservación, de altas copas y grandes troncos -llamados bosques "prístinos" o "catedrales"-, que por sus características son únicos en el mundo. Con el objeto de conservar esta riqueza para las futuras generaciones proponemos que el Estado adquiera 2,77 millones de hectáreas de bosque adulto denso, actualmente en propiedad privada, incorporándolo al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en una nueva categoría de manejo denominada "Bosques Públicos". Actualmente existen -como dije-, conforme al SNASPE, sólo 3,87 millones de hectáreas de este tipo de bosque nativo.
3) Estudiar las opciones de manejo sustentable de los bosques achaparrados en poder de privados, que constituyen gran parte de la masa susceptible de forestarse en la zona central y en el secano costero, y que alcanzan una superficie de 1,63 millones de hectáreas.
4) Impulsar definitivamente la forestación en el país. Para ello es necesario modificar la ley Nº 19.561, más conocida como la "continuidad del D.L. 701", la que, no obstante estar dirigida a pequeños y medianos propietarios, sigue con la lógica administrativa creada para grandes propietarios. Proponemos ampliar el universo de destinatarios a los que está dirigido, ampliando la definición de pequeño propietario; posibilitar que las organizaciones y operadores puedan mantenerse en el sistema, participando en licitaciones de propietarios captados y no de montos de subsidios, e incorporar cortinas cortavientos para ser utilizadas en la protección contra la erosión hídrica y contra la desecación de los cultivos agrícolas. Complementariamente, sugerimos el desarrollo de la componente forestal en comunas rurales a través de un Plan de Desarrollo Forestal Comunal -esto no existe hoy en nuestro país- como una componente importante que integre los Planes de Desarrollo Forestal Comunal (PLADECOS) como parte del ordenamiento territorial.
5) Las referidas propuestas deben ser acompañadas por un fuerte impulso a la pequeña y mediana empresas forestales, que dan mayor precio a la materia prima forestal en la perspectiva de la cadena de valor, permitiendo a los propietarios de bosques obtener precios razonables. Es indispensable que las instituciones del Estado se reenfoquen, incorporándose a los esfuerzos que se realizan en la actualidad para dar instrumentos específicos en el apoyo a la mediana y pequeña empresas forestales, en especial el INFOR, el CIREN, la CONAF y generar las coordinaciones necesarias e imprescindibles con la CORFO, CIREN , SERCOTEC, PROCHILE , universidades, sector privado y sociedad civil.
Incorporación de los ciudadanos en el logro de su propio desarrollo
La participación ciudadana -como señalé- es fundamental para lograr el desarrollo sustentable, razón por la cual se requiere implementar las instancias donde dicho proceso debe darse, para incorporar a los actores en la formación y evaluación de las políticas forestales. Por estas razones, estimamos de vital importancia la creación de instrumentos que permitan la participación de etnias y campesinos de nuestro país junto con los municipios en los cuales se integran. No obstante, es necesario resaltar que el desarrollo sólo se logrará si en este proceso se incorpora la sustentabilidad cultural, aspecto fundamental para el progreso del mundo indígena, y que debe orientar la utilización de los distintos instrumentos de política forestal y de los proyectos y actividades que se realicen.
6) Las propuestas forestales dirigidas al mundo indígena deben ser identificadas participativamente, alejándose de los modelos industriales y adoptando las que se adecuen realmente a las visiones de esas etnias, así como a su cultura y formas de vida, para lo cual proponemos dar sustentabilidad cultural a la gestión forestal que realizan los destinatarios de origen étnico, creando y fortaleciendo los denominados "Bosques Modelo" en los lugares donde ellos estén presentes, para promover diversos proyectos y actividades de pequeña escala y de gran impacto, priorizados participativamente por los propios representantes del mundo indígena.
7) La Áreas Silvestres Protegidas del Estado contienen un alto potencial para el desarrollo del turismo sustentable, el que debe ser impulsado claramente en nuestro país. Para lograr este propósito, proponemos incorporar las actividades de turismo en estas Áreas Silvestres Protegidas en estrategias de desarrollo local que permitan la participación de etnias, comunidades rurales y organizaciones locales, en conjunto con los municipios en la implementación de dichas opciones de desarrollo.
Incorporar el árbol como un elemento cultural dentro de la sociedad chilena
8) Para luchar contra la contaminación y mejorar la calidad de vida de la población urbana, proponemos introducir en las zonas urbanas, como elemento cultural, más allá de la presencia de árboles aislados, plazas o parques, la existencia de bosques que cumplan objetivos múltiples para la comunidad circundante, tales como recreación, educación ambiental, belleza escénica, disminución de la contaminación acústica y atmosférica, producción de agua potable en cantidad y calidad y la protección de áreas con riesgos potenciales de aludes de barro y de otros elementos en los sectores urbanos. Complementariamente proponemos la creación de un Programa Nacional de Educación Ambiental Forestal que coordine al conjunto del accionar de la CONAF, en estrecha colaboración con las autoridades del Ministerio de Educación.
Para avanzar en el desarrollo sustentable el país necesita que se fortalezca la institucionalidad forestal pública
La importancia económica de este sector, desde el punto de vista del empleo, indica que el valor de las exportaciones forestales, las inversiones en nuevas industrias, la relevancia de la superficie del país que abarca el sector forestal, requieren realmente enfrentar los desafíos a través de una nueva institucionalidad.
9) Proponemos, por lo tanto -como lo hemos dicho anteriormente-, la creación de la Subsecretaría Forestal y el reforzamiento de la CONAF como organismo central de la política forestal del país.
10) En el mismo sentido, el conjunto de propuestas que se presenta en este documento requiere del fortalecimiento de la Corporación Nacional Forestal, pero muy en particular que le entreguemos un mejoramiento de las remuneraciones de sus funcionarios, quienes durante largos años han esperado el cumplimiento de compromisos suscritos y que no se han llevado a la práctica. Las personas que trabajan en la CONAF son la parte más importante de la institucionalidad pública forestal.
11) A fin de enfrentar adecuadamente estos desafíos, es necesario también reorientar y fortalecer la conservación de ecosistemas naturales a través del SNASPE, para lo cual proponemos iniciar los estudios con el objeto de sistematizar la legislación que rige los sectores eléctrico, minero, cuerpos de agua y urbanismo que se superponen a la ley que teóricamente debía regir el SNASPE, con el propósito de evitar los impactos negativos que estas actividades están produciendo.
12) Para asegurar la mantención en el tiempo de los recursos forestales, se requiere protegerlos adecuadamente. Para ello, es indispensable considerar que el país pierde anualmente el equivalente a 50 millones de dólares por causa de los incendios forestales. No obstante, el financiamiento dirigido en esta actividad ha caído permanentemente, llegando a disminuir en cerca de 40 por ciento el que se disponía a fines de la década de los ochenta. Proponemos que se destine al Programa Nacional de Combate contra Incendios Forestales de CONAF los recursos financieros necesarios para evitar el daño producido por los incendios forestales, recuperando su capacidad de control, esfuerzo que es necesario complementar con el desarrollo de un adecuado sistema de detención integrada de tales incendios.
Concluyo, señor Presidente , solicitando que el texto completo de mi intervención se transcriba a Su Excelencia el Presidente de la República , a los señores Ministros del Interior , Secretario General de la Presidencia y de Agricultura , a las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados, a la Comisión del Senado que estudia la reestructuración del Estado, al señor Director Ejecutivo de la CONAF , a los colegios profesionales, a los sindicatos que operan en el sector forestal, a las organizaciones campesinas como el MUCECH, a las organizaciones empresariales organizadas bajo la CORMA, a las universidades y a los institutos de investigación.
He dicho.
--Se anuncia el envió de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor SABAG .-
Señor Presidente , adhiero a la exposición del Honorable señor Moreno en todos sus términos.
Me habría gustado intervenir, pero ahora hay otra materia que tratar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dejará constancia de su adhesión, señor Senador.
"
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