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- rdf:value = " El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , me voy a referir al tema del terrorismo, dado que no tuve oportunidad de participar en la sesión especial destinada a tratarlo.
Hace hoy casi un mes que en todo el mundo empezamos a vivir una nueva etapa histórica: el terrorismo, después de años y aun décadas de advertencias comparativamente más locales en su alcance y envergadura, finalmente asestó un golpe cuyas repercusiones alcanzan a todo el mundo y a todos los seres humanos, sin distinción de continentes, credos, ideologías, ni siquiera grados de desarrollo. Estamos frente a un fenómeno nuevo en la historia, cual es el terrorismo global.
La secuela de consecuencias que venimos observando en estas semanas, y la anticipación de las que seguirán por un futuro hoy indefinible, indican que ellas serán inevitablemente sentidas, directa o indirectamente, desde las sociedades de más refinado desarrollo hasta las más retrasadas.
Ni nuestro país ni ningún otro pueden eludir esas consecuencias. No serán, tal vez, iguales para todos, pero sería iluso refugiarse en un intento inútil de aislacionismo neutralista. La realidad mundial no lo permite. Más aún, la naturaleza del peligro terrorista no lo permite, porque también nuestro país puede ser su blanco en cualquier momento.
El hecho detonador del cambio mundial ya se produjo en Nueva York y Washington. En el nuevo cuadro, hoy, lo prioritario es orientar la política nacional en busca de minimizar los costos. Pero nadie puede ignorar que habrá que asumirlos, y probablemente no serán menores.
El alineamiento de Senador ya ha sido señalado por el Presidente de la República y por la inmensa mayoría de los dirigentes y partidos políticos. Nuestro país se ha definido contra el terrorismo, ha condenado los atentados en Estados Unidos y expresado su solidaridad y ánimo de colaboración en la lucha antiterrorista.
No está claro, en cambio, qué se hará para traducir esas posiciones generales en políticas concretas. Las declaraciones y los gestos simbólicos no bastarán para evitar que el terrorismo nos alcance. Es cierto que nuestro país no tiene hoy motivos para estimarse un objetivo prioritario de acciones terroristas; pero si Senador se descuida en prevenirlas con eficacia, no puede excluirse que se vea transformado, virtualmente de la noche a la mañana, en centro de operaciones de organizaciones que busquen atentar contra terceros. Evidentemente, eso sólo se puede impedir mediante una política clara y definida.
Sin ir más lejos, en el último tiempo hemos escuchado, al menos una versión, en el sentido de que las ramificaciones de los grupos que actuaron en Estados Unidos intentarían atentar también contra intereses norteamericanos en Sudamérica, mediante acciones planificadas en países ubicados en este continente. Esa versión no ha sido comprobada, pero después de lo que hemos observado en estos días, no cabe descartarla como imposible, ni siquiera improbable.
Debemos sacar la lección obvia de la poca credibilidad que el mundo desarrollado asignó, hasta el 11 de septiembre pasado, a los indicios de que el terrorismo preparaba algo de gran monta contra la superpotencia estadounidense. Ahora sabemos que no eran escasos, pero nadie los tomó suficientemente en serio, hasta que la tranquilidad confiada fue reemplazada por la incredulidad ante el horror de dimensiones antes impensables.
Por lo demás, Senador no carece de experiencia en este campo. La tuvo intermitentemente, desde los años finales de la d��cada de 1960 hasta los iniciales de la década de 1990. El terrorismo alcanzó a nuestro Senado, por primera vez en la historia de la República, cuando asesinó a uno de nuestros colegas, el Senador Jaime Guzmán , en 1991. El terrorismo tuvo la organización y fuerza suficientes para rescatar en helicóptero a algunos de los responsables de ese asesinato desde la cárcel de alta seguridad de nuestra capital, el 30 de diciembre de 1996. También ha tenido y tiene vinculaciones amistosas que permiten a todos los responsables de ese asesinato mantenerse enteramente impunes hasta el día de hoy. Nuestro país no está, pues, ajeno a este problema.
El terrorismo debe ser combatido simultánea y sistemáticamente en todos los frentes. Porque, tal como se ha planteado, es, efectivamente, una guerra en la que está en juego la vida de miles de personas, instituciones, formas de vida democrática y, eventualmente, incluso de naciones enteras. El debilitamiento del mundo frente al terrorismo, cuyas consecuencias ahora sufrimos, deriva de que, ya por muy largo tiempo, uno o varios de esos frentes fueron descuidados u olvidados.
Urge retomar la acción desde ahora mismo, para recuperar en cuanto sea posible el tiempo perdido.
A mi juicio, son prioritarios los siguientes frentes:
1) El frente ideológico
2) El frente político y diplomático
3) El frente jurídico-constitucional, legal y judicial
4) El frente militar
5) El frente educacional
1) El frente ideológico
Es indispensable una ratificación expresa e inequívoca de todos los partidos, movimientos y grupos activos en nuestra vida pública, en cuanto a que se condena el terrorismo, en todas sus manifestaciones, cualesquiera sean su manifestación, origen y motivos que se invoquen para emplearlo. Quien de verdad esté contra él, de verdad lo rechace en todas sus formas, de verdad no lo acepte en modo alguno, ni siquiera cuando en apariencia favorece los intereses de un sector y golpea al adversario, debe ser consecuente y condenarlo sin ambigüedades, sin reservas, sin condicionamientos ni distingos de ninguna especie.
Ese repudio formal, categórico, por todos los partidos democráticos, ciertamente no detendrá el terrorismo de otros. Sin embargo, sí definirá líneas claras, divisorias, y dificultará la labor de quienes pretenden engañar con una cara democrática, pero que mantienen inocultables vínculos con organizaciones que legitiman y emplean la violencia en la busca de sus objetivos políticos. Porque esa violencia, incluso en su más primitiva expresión de desorden callejero, ya ha traspasado el límite de la pacífica discusión democrática, para entrar en el plano de la fuerza, plano cuyo desenvolvimiento natural y lógico es el terrorismo.
Frente a él, en consecuencia, no cabe distinguir; tampoco condenarlo en el adversario, pero tolerarlo en otros, cuando no apoyarlo, así sea con el silencio. El terrorismo es, por principio, inaceptable y repudiable siempre, y debe ser castigado sea quien fuere el que lo cometa, cualquiera sea la motivación ideológica, política, religiosa, étnica u otra que invoquen sus perpetradores.
La disyuntiva es inevitable y clara: si no se condena el terrorismo, es que se lo acepta. En esto no caben términos medios ni ambigüedades. Por supuesto, siempre habrá quienes practiquen un doble juego, condenando verbalmente lo que en realidad ejercen en el clandestinaje. Pero incluso las actitudes frente a una definición expresa contribuyen a mostrar dónde está cada cual a este respecto.
Para pronunciarse sobre el particular, conviene tener presente que la definición de terrorismo no requiere más años de estudio y discusión, como desgraciadamente ha ocurrido en algunos ambientes internacionales. El tipo delictivo ya está precisado por análisis en todo el mundo e, incluso, en la normativa internacional, y se resume como el "Uso de violencia o amenaza de violencia por individuos a nivel subestatal, con el propósito de sembrar el pánico en una sociedad, para debilitar e incluso derrocar a las autoridades titulares y causar un cambio político.".
2) El frente político y diplomático
De la definición anterior deben fluir conductas políticas y diplomáticas consecuentes.
a) Se debe promover, impulsar y tomar parte activa en una campaña mundial permanente contra el terrorismo, a la luz de la definición ideológica señalada.
b) Debe fomentarse, igualmente, una campaña nacional permanente contra el terrorismo.
c) Esas campañas son indispensables para que las autoridades puedan contar con el necesario apoyo de la opinión pública interna y externa para las medidas que inevitablemente deberán tomar contra el terrorismo.
La única otra alternativa para que la opinión pública mundial comprenda por qué se debe actuar con total firmeza contra ese peligro es esperar que el terrorismo, finalmente, golpee a un país con la brutalidad con que lo hizo contra Estados Unidos. Evidentemente, lo humanitario y lo sensato sería agotar todos los esfuerzos para prevenir semejante golpe y evitar sus víctimas.
Una línea constante y sin ambigüedad alguna que debe seguir la política exterior chilena es el alineamiento y la promoción de vínculos reales y muy activos de colaboración con todos los países que combaten el terrorismo, así como el consecuencial aislamiento de aquéllos que lo promuevan o lo acepten. Deben darse pruebas de solidaridad efectiva con las naciones que lo combaten. Entre otras, por ejemplo, el intercambio pleno y expedito de información de inteligencia antiterrorista.
La consecuencia conceptual exige poner término inmediato y total a los distingos políticos y diplomáticos entre algunos violentistas y terroristas, y otros igualmente violentistas y terroristas, según la proximidad o distancia que se pueda tener con sus objetivos políticos.
Hoy, las actuaciones políticas y diplomáticas de Chile y de otras naciones del mundo, desgraciadamente, incurren en esa distinción. Por ejemplo, desde 1959, Cuba tiene un régimen que ha promovido sistemáticamente la violencia política, el extremismo y el terrorismo; que mantiene escuelas de guerrillas, cuyos especialistas y graduados han sido exportados a otros países -incluido Chile- y a otros continentes; y que tiene vínculos amistosos con otros regímenes igualmente totalitarios. Con esa misma Cuba, sin embargo, mantenemos relaciones comerciales, consulares, diplomáticas y de amistad cultivada por múltiples vías, cerrando voluntariamente los ojos a su prontuario terrorista y al hecho de que brinde refugio a terroristas responsables del asesinato de un Senador chileno. El régimen castrista participa como un igual en las instancias diplomáticas y de alta política internacional y es acogido amistosamente por quienes se proclaman antiterroristas. Inconsecuencia evidente, cuyos costos, tarde o temprano, no podrán evitarse.
Por cierto, más allá del ámbito continental, iguales consideraciones valen para otros países -por ejemplo, Libia -, cuyos regímenes han sido judicialmente declarados responsables de instigación o protección de graves actos terroristas -como el derribamiento de una aeronave comercial sobre Escocia mediante una bomba-, pero continúan desempeñándose con toda normalidad en el plano internacional político y económico.
Lógicamente, tampoco Chile puede permanecer indiferente ante estos movimientos político-diplomáticos de naciones que se acercan a otras que admiten el terrorismo. Por ejemplo, nuestro país no puede ser indiferente cuando el Gobierno de Venezuela despliega una política de ostensible entendimiento con los regímenes de Castro, en Cuba; de Kaddafi, en Libia, y de Hussein, en Irak, todos los cuales admiten, practican o toleran el terrorismo. Tarde o temprano, esa inconsecuencia está llamada a tener altos costos para Chile. Sin ir más lejos, hoy no sabemos, por ejemplo, qué grado de establecimiento y desarrollo pueden tener los grupos terroristas fundamentalistas en Latinoamérica. Chile debería estar en la primera línea de los países del continente en su interés por esclarecer este punto.
A la inversa, hay naciones que han combatido el terrorismo, como España; pero, luego, quienes así lo hacen desde cargos de autoridad, cumpliendo con su obligación de resguardo de la comunidad, se ven criticados, perseguidos -es el caso de los Ministros socialistas- o, incluso, condenados por la opinión pública o por instancias judiciales nacionales o internacionales. La solidaridad que hoy se proclama al respecto, en realidad, se ha practicado largamente con quienes han cometido los actos terroristas y no con aquellos que los han combatido.
Ante las consecuencias que ya conocemos y ante las que pueden sobrevenir, lo indispensable es, ahora, que la solidaridad se reoriente resueltamente, con hechos y no meras palabras, hacia quienes procuran impedir que haya nuevas víctimas y no hacia los que buscan producirlas.
De otro modo, quienes terminan internacionalmente aislados no son los terroristas, sino, paradójicamente, aquellos que tienen el valor de combatirlos. Un modelo de falta flagrante de solidaridad frente al combate contra ese terrorismo es Suiza, que recientemente negó la extradición a Chile, alegando la inexistencia en nuestro país de Estado de Derecho, de uno de los condenados -al que amparó- por el asesinato del Senador Guzmán. Es deseable que, a esta fecha, Suiza haya reconsiderado su posición y que, por su parte, el Gobierno chileno esté resuelto a hacer esfuerzos más enérgicos frente a situaciones semejantes.
Por cierto, Chile no debe permitirse la ingenuidad de creer que el terrorismo se origina y despliega sólo en otros países, pero no en nuestro territorio. Hace ya una década que muchas voces advirtieron de las conexiones de financiamiento y de apoyos político, diplomático, de entrenamiento y logístico entre ciertos grupos violentistas que explotan el problema mapuche y otros movimientos terroristas internacionales.
3) El frente jurídico
Lo anterior no significa postular un combate sin normas, ajeno a los derechos humanos y al Derecho en general. Eso sería una regresión a la barbarie propia de extremistas y terroristas de todos los matices. Los principios de democracia, Estado de Derecho y sociedad de libertades son irrenunciables.
Pero tampoco cabe hoy día suponer que la mentalidad terrorista puede ser enfrentada con éxito sin que los países tengan atribuciones jurídicamente amplias y eficaces para actuar contra un enemigo que en su actuación no reconoce límites, consideraciones ni compasión alguna.
Es indispensable una actitud de realismo maduro, capaz de asumir efectivamente lo inevitable de la proporcionalidad de la respuesta. Puede lamentarse que el mundo no sea todo lo ideal que deseamos; pero mientras no lo sea, si queremos sobrevivir, habrá que emplear, dentro del Derecho, los medios aptos para permitir nuestra supervivencia.
Estados Unidos tuvo que admitirlo así en la hora del golpe más trágico que haya recibido en su historia, después de haberse autolimitado imprudentemente en esta materia durante las últimas décadas. Y la reacción que ahora anticipan el Presidente Bush , el Procurador General de la Nación y otras autoridades es un retorno a las normativas que se fueron dejando de lado en los últimos años.
-En el nivel constitucional
La reforma constitucional de 1991 redujo la severidad de las normas del artículo 9º -declara que "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos."-, en cuanto hizo posible a su respecto la amnistía y el indulto general, excluyendo sólo el indulto particular. Asimismo, permitió la libertad provisional del procesado por delitos terroristas, lo que la norma original prohibía. A la luz de cuanto hemos presenciado en las últimas tres semanas, sería útil repensar esas normas.
Igualmente, sería conveniente precisar el texto que la reforma constitucional de agosto de 1989 dio al inciso sexto del Nº 15º del artículo 19 de la Carta Fundamental. Su tenor vigente declara "inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas" "procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política.". Esta redacción es amplia, por cierto. Pero, en el nuevo escenario mundial, valdría la pena explicitar para prevenir que, so pretexto de libertad de opinión, enseñanza o culto, o invocando pretextos étnicos, religiosos, culturales o de cualquier otra índole, se pretenda por cualquier vía justificar la apelación a la violencia o propugnar ésta como método aceptable de acción. Si se está contra el terrorismo, es preciso también ir a la raíz e inicio del itinerario violentista que culmina, como se ha visto, en los atentados.
-En el nivel de los instrumentos internacionales
En este campo, aprobamos hoy día el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, aprobado por las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por dicha Organización el 9 de diciembre de 1999. Lamentamos, sí, que los proyectos de acuerdo pertinentes se hayan presentado precisamente después de haber ocurrido la tragedia que conocemos. A mi entender, no debió esperarse un plazo tan largo para someterlos a la consideración del Congreso Nacional.
Lo anterior es tanto o más necesario cuanto que, ante el aumento de la amenaza del uso de armas químicas, biológicas u otras no convencionales, incluidas las informáticas, se requerirá la máxima colaboración posible de la comunidad internacional para su prevención y combate.
Por cierto, no se trata sólo de aprobar dichos instrumentos, sino también de hacerlos cumplir rigurosamente, tanto por los adversarios como por los afines políticos. Es inconsecuente ratificar en las Naciones Unidas un convenio contra las bombas si la autoridad permite que ciertos grupos fabriquen, distribuyan y detonen en la vía pública bombas de fabricación personal sin ser impedidos ni obstaculizados en su acción y -peor aún- siendo expresamente tolerados y cohonestados por la propia autoridad que pudiera inhibir, eventualmente, la acción de la fuerza pública.
El país asistió a esa situación precisamente en torno a las fechas del atentado que hoy conmociona al mundo. Al respecto, no es válida la excusa según la cual lo que se vio fueron simples disturbios callejeros, cuya magnitud no puede compararse con lo que ocurrió en Nueva York y Washington. Porque es exactamente en ese ambiente de violencia impune que se cultivan, entrenan y perfeccionan las organizaciones que se especializan en la violencia como método de imposición de su voluntad sobre la sociedad. Y la maduración lógica de aquéllas lleva a la organización terrorista. La experiencia internacional sobre el particular es inequívoca.
-En el nivel de la legislación interna
Las importantes modernizaciones procesales a que está abocado nuestro país deberán considerar además la redoblada gravedad que la Constitución y los tratados internacionales asignan a los delitos terroristas. Los ajustes a la reforma procesal penal que están previstos precisamente en la presente etapa de su aplicación gradual deberán atender a este distingo ineludible y contemplar procedimientos especiales, abreviados y simplificados en congruencia. Desde esta perspectiva, la improcedencia general de la libertad provisional en cuanto a procesados por delitos terroristas cobra plena justificación.
Cuesta admitirlo así. Empero, la refinada coordinación de los atentados terroristas en Estados Unidos indica que el tiempo de acción de que disponen los miembros de la organización terrorista y los contactos que existen entre ellos son determinantes para su éxito. En consecuencia, se justifica en tal sentido un procedimiento judicial de la mayor severidad y celeridad.
Por supuesto, habrá que distinguir siempre entre el combate contra el terrorismo y los excesos en que algunos puedan incurrir. Un ordenamiento jurídico antiterrorista adecuado no significa carta blanca para que los funcionarios correspondientes actúen de cualquier modo. Obviamente, el delito no se puede combatir con el delito. La civilización supone autolimitación. Pero no cabe olvidar que se trata de una guerra, donde deben tomarse medidas muy duras y en que no pocas veces se cometen errores. Olvidarlo conduce a la inconsecuencia de terminar condenando en las palabras al terrorismo, pero en los hechos, a quienes lo combaten.
Por eso mismo, la respuesta de apoyo o no apoyo a Estados Unidos y sus aliados cuando se realicen las acciones antiterroristas que se están preparando será muy importante para debilitar o fortalecer la causa del terrorismo en el mundo. La posición chilena a este respecto ha sido, afortunadamente, muy clara.
4) El frente militar
Creo indispensable que el país recobre conciencia de que las Fuerzas Armadas y de Orden son irreemplazables en la lucha antiterrorista. Por definición constitucional, ellas son "esenciales para la seguridad nacional" y "Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares" sin previa autorización otorgada en conformidad a la ley respectiva.
El terrorismo es un desafío capital al orden público y a la seguridad interior del país. Siendo así, combatirlo cae naturalmente dentro de la competencia específica de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en los términos previstos por el artículo 90, inciso tercero, de la Carta. Allí se radicaría con exclusividad la competencia en cuanto a los órganos constitucionalmente llamados a actuar y respecto de los instrumentos a los que, conforme al Texto Fundamental, el Estado puede y debe apelar para enfrentar este problema.
Por ello, me parece razonable que el Gobierno impulse ahora la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia, para coordinar mejor la defensa del país contra esta nueva forma de guerra, "sin fronteras físicas", sin territorio definido, sino redes políticas y económicas globales.
Considero igualmente positivo que la autoridad haya consultado el parecer de las Instituciones Armadas en esta materia. Y concuerdo, en general, con las recomendaciones que ellas formularon a favor de un sistema de inteligencia que no dependa del Gobierno de turno y funcione como organismo técnico del Estado, apolítico y con suficiente autonomía; un organismo consultivo del Presidente de la República , con participación de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, cuyo Director goce de inamovilidad similar a la de un jefe de servicio del más alto nivel, con capacidad técnica multidisciplinaria, capaz de recopilar información útil para cumplir los objetivos del país en los ámbitos de seguridad interior y exterior, económico, industrial y militar.
Dado ese esquema, me parece que la lucha antiterrorista encontraría un instrumento valioso en un organismo semejante. Y espero que pronto el Congreso pueda abocarse al estudio de ese proyecto.
5) El frente educacional
Todos los dirigentes y analistas mundiales han coincidido en que la guerra que se ha iniciado contra el terrorismo será de larga e indefinible duración; requerirá constancia, y no podrá descuidar ningún frente. Por lo tanto, hay que prepararse, eventualmente, para largos años de confrontaciones en este campo. Después de todo, también ha sido de décadas la maduración de la organización terrorista hasta que pudo asestar un golpe semejante a Estados Unidos. No es casual en absoluto que aparezca vinculada al movimiento de los talibanes, esto es, de los "estudiantes" de ciertas escuelas islámicas extremistas.
El mismo principio debe ser usado para promover valores positivos, contrarios a la violencia y, desde luego, al terrorismo. Presumo que ningún sector se opondría a que, del mismo modo como el Ministerio de Educación inculca los valores democráticos y cívicos por medio de sus programas escolares obligatorios, hiciera otro tanto con una expresa e incondicional repulsa moral y cívica al terrorismo, lo que hoy día no ocurre. No diviso en eso ninguna objeción ni ética ni jurídica. En lo constitucional, el terrorismo es por esencia contrario al pluralismo que la Carta Fundamental consagra y, asimismo, a la libertad de enseñanza y demás derechos fundamentales que se garantizan. Estimo legítimo, entonces, formar a las generaciones jóvenes, desde la más temprana edad, en una ética que repudie absolutamente el terrorismo y aleje el riesgo de idealizar como modelos juveniles a figuras que no vacilaron en emplearlo.
Por lo demás, el frente educacional no se circunscribe sólo a lo escolar. Cabe recordar que en la consulta que el Gobierno formuló al Senado en abril de 1991, hace más de 10 años, entre otros muchos puntos, pidió parecer respecto de la conveniencia de una gran campaña publicitaria nacional en contra del terrorismo, que denunciara su verdadera naturaleza. Apoyé entonces esa iniciativa, sujeta a la obvia condición de que tal campaña no se instrumentalizara con sesgo político y denunciara, por tanto, toda forma terrorista, de cualquier origen, sin mayor blandura para con un sector que para con otro. Pienso que una campaña de esas características sería tanto más necesaria ahora, dando prioridad especial, desde esta perspectiva de educación colectiva, a lo que el terrorismo no es.
Eso significaría denunciar diversos mitos que se han ido acumulando en torno a él. Cabe seguir en esto a dos analistas de gran prestigio internacional: el profesor de la Universidad de Cambridge Walter Laqueur y el historiador, también británico, Paul Johnson . Su visión recoge la larga experiencia de su país en este campo.
El terrorismo no es una respuesta a la injusticia económica, social o política, que expresaría la desesperada reacción de personas empujadas a la violencia por angustiosas tensiones y frustración. Así lo hizo ver Laqueur en 1977. Si así fuese, no habría estallado primero con salvaje brutalidad precisamente en las prósperas y liberales sociedades de la Europa occidental, altamente desarrollada e indiscutiblemente democrática.
El terrorismo no es meramente un síntoma más dentro de un conjunto de males que aquejan a la sociedad contemporánea -tales como la violencia juvenil, la mayor delincuencia común, la polución ambiental, la explosión demográfica u otras semejantes-, sino un problema específico. Así lo señaló Johnson en 1979. Como otros males, puede ser aislado y, también, remediado.
Desde esa noción, se despejan otros mitos:
a) El terrorismo no es una expresión equivocada de idealismo que busca beneficiar a la humanidad, sino la deliberada supresión de los instintos morales del hombre. Supone eliminar los reflejos morales en quien lo perpetra, porque ningún hombre ni mujer puede ser un terrorista efectivo si conserva los elementos morales propios de la persona humana. Por eso, la organización terrorista suprime sistemáticamente tales instintos en sus miembros. Y, por eso mismo, el terrorismo no es sólo la negación de la civilización, sino además la negación de la humanidad como tal. Desde esta perspectiva, el terrorismo, el campo de concentración nazi, el "gulag" y el terrorismo fundamentalista son expresiones de una misma mentalidad.
b) El terrorismo no es un arma política. En realidad, es la máxima manifestación del rechazo de la política como medio normal por el que la comunidad resuelve conflictos. Es un substituto monstruoso para todo el proceso político. Y, siendo la política el medio civilizado para evitar el enfrentamiento de la fuerza por la fuerza, el terrorismo es un ataque, no sólo a un gobierno, sino a toda la civilización. Es la anticivilización.
c) El terrorismo no es un mal necesario de nuestra sociedad, sino una opción deliberada por la exaltación de la violencia. Esa violencia se elige por un grupo como forma de actividad, como aberrante intento de justificar el asesinato y la destrucción. Con eso, la visión terrorista se iguala a todos los totalitarismos.
d) El terrorismo no es oposición a las fuerzas represivas de la sociedad. Su acción no conduce a una organización social más libre, sino a todo lo contrario. Los países que, como parte de su política de Estado, financian y mantienen la infraestructura internacional del terrorismo son, sin excepción, totalitarios. Ningún régimen democrático hace otro tanto.
e) El terrorismo no es exitoso en el seno de los Estados totalitarios. Puede destruir a un Estado que se ciña al derecho, puede destruir a una democracia, pero no a un régimen totalitario. El terrorismo no opera donde faltan las libertades. Por el contrario, lo hace precisamente donde ellas sí existen, y lo hace abusando de esas libertades. Así, las pone en el mayor peligro, porque la sociedad no puede sino reaccionar en defensa propia. Y, al hacerlo, por desgracia se ve forzada a establecer restricciones justamente al sistema de libertades. Todo esto evidencia la falsedad de afirmar que puede cumplir una función liberadora.
f) Por último, el terrorismo tampoco es un pretexto que invocan determinados regímenes para justificar su autoritarismo. Este mito hizo que muchas sociedades libres, por temor a que las tildaran de autoritarias, renunciaran a la propia defensa y que sus autoridades abdicaran la responsabilidad de aplicar la ley. El terrorismo tiene éxito cuando provoca mayor represión. Pero mayor aún es su éxito cuando anula la voluntad de autodefensa, lo cual se expresa en una cadena de concesiones inevitablemente sin fin. Al cabo, y pese a ellas, el terrorismo volverá a golpear cuando lo desee.
Ésa es la trágica lección aprendida por Estados Unidos y el resto del mundo hace tres semanas. Por eso, hay que luchar contra el terrorismo, por todo el tiempo que sea necesario y en todos los frentes.
He dicho.
"
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