REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 344�, ORDINARIA Sesi�n 30�, en mi�rcoles 12 de septiembre de 2001 Ordinaria (De 16:19 a 18:27) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES SERGIO SEP�LVEDA GUMUCIO Y JOS� LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTES ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I.ASISTENCIA......................................................................................................... II.APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III.CUENTA............................................................................................................... IV.ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que otorga gratuidad en atenciones de salud que requieran funcionarios de atenci�n primaria afiliados al sistema p�blico de salud (2756-11) (se aprueba en general y particular) Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que crea juzgados de polic�a local en diversas comunas (1789-06) (se aprueba en general y particular) Proyecto de ley, en segundo tr�mite, que establece reintegro parcial de peajes en v�as concesionadas por veh�culos pesados y facilita fiscalizaci�n sobre combustibles (2592-15) (se aprueba en general y particular) V.INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)......................................... Expresiones de dolor ante acci�n terrorista contra Estados Unidos (Intervenci�n del se�or N��ez) Homenaje en memoria del profesor de entomolog�a don Ra�l Cort�s Pe�a. Oficios (Intervenci�n del se�or Moreno) Repudio a terrorismo internacional y condena a atentado contra Estados Unidos (Observaci�n del se�or Viera-Gallo) Doble est�ndar frente a actos terroristas (Observaciones del se�or Mart�nez) Arrendamiento de territorio nacional a Bolivia (Observaciones del se�or Mart�nez) Subsidio de cesant�a durante crisis recesivas (Observaciones del se�or Lavandero) Condolencias a Estados Unidos por atentado terrorista (Observaciones del se�or Horvath) Morosidad de Ministerio de Obras P�blicas en obligaciones con contratistas. Oficio (Observaciones del se�or Horvath) Implementaci�n de acuerdo de mesa de trabajo p�blico-privada en Regi�n de Ais�n. Oficios (Observaciones del se�or Horvath) VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cariola Barroilhet, Marco --Cordero Rusque, Fernando --Chadwick Pi�era, Andr�s --D�ez Urz�a, Sergio --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Foxley Rioseco, Alejandro --Gazmuri Mujica, Jaime --Hamilton Depassier, Juan --Horvath Kiss, Antonio --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Moreno Rojas, Rafael --Mu�oz Barra, Roberto --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --Parra Mu�oz, Augusto --Prat Alemparte, Francisco --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Stange Oelckers, Rodolfo --Urenda Zegers, Beltr�n --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministro de Salud, y los se�ores Subsecretario de Desarrollo Regional y Fiscal de la Subsecretar�a de Desarrollo Regional. Actu� de Secretario el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio, Secretario Subrogante, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Alliende Leiva, Prosecretario Subrogante. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:19, en presencia de 18 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or ALLIENDE (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios De Su Excelencia el Vicepresidente de la Rep�blica, con el que, de conformidad a lo establecido en el art�culo 2� de la ley N� 18.838, formula al Senado una proposici�n para llenar siete vacantes en el Consejo Nacional de Televisi�n, proponiendo dos personas por el per�odo que termina el 2004 y, las cinco restantes, por el que concluye el 2008. (Bolet�n N� S 588-05). --Queda para tabla. Cuatro de la C�mara de Diputados: Con el primero comunica que ha dado su aprobaci�n al informe de la Comisi�n Mixta reca�do en el proyecto que modifica la Ley Org�nica Constitucional de Ense�anza, en materia de educaci�n parvularia (Bolet�n N� 1738-04). --Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Vicepresidente de la Rep�blica. Con el segundo informa que ha aprobado, en los mismos t�rminos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que flexibiliza las inversiones de los fondos mutuos y compa��as de seguro, crea Administradora General de Fondos, facilita la internacionalizaci�n de la banca, y perfecciona leyes de sociedades an�nimas y de fondos de inversi�n (Bolet�n N� 2722-05). --Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Vicepresidente de la Rep�blica. Con los dos �ltimos hace presente que ha dado su aprobaci�n a las enmiendas que introdujo el Senado a los siguientes proyectos de ley: 1) El que introduce adecuaciones de �ndole tributaria al mercado de capitales y flexibiliza el mecanismo de ahorro voluntario (Bolet�n N� 2720-05), y 2) El que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal (Bolet�n N� 2766-07) --Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus respectivos antecedentes. Declaraci�n de inadmisibilidad Moci�n de los Senadores se�ores Moreno y Sabag, con la que inician un proyecto de ley que reconoce como deporte ecuestre criollo nacional a las carreras a la chilena, otorgando a las municipalidades diversas facultades relacionadas con su funcionamiento. --Se declara inadmisible, por referirse a materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, de conformidad a lo establecido en el N� 2� del inciso cuarto del art�culo 62 de la Carta Fundamental. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. En relaci�n con la proposici�n del Presidente de la Rep�blica para llenar las siete vacantes del Consejo Nacional de Televisi�n, de acuerdo con las atribuciones de la Mesa y en conformidad a lo dispuesto en la ley pertinente, informo que al efecto se convocar� a sesi�n especial para el martes 2 de octubre, a las 16:30. El se�or MORENO.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, pido oficiar a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica solicit�ndole su patrocinio y la inclusi�n en la convocatoria de la pr�xima legislatura extraordinaria al proyecto presentado por el Honorable se�or Sabag y el Senador que habla, el cual fue declarado inadmisible por la Mesa. Resulta obvio que esta materia rescata uno de los valores culturales muy difundidos en las comunas m�s modestas del sector rural chileno. Por lo tanto, espero que en una pr�xima oportunidad Su Se�or�a declare admisible la iniciativa. --Se accede a lo solicitado. IV. ORDEN DEL D�A BENEFICIO PARA FUNCIONARIOS DE ATENCI�N PRIMARIA AFILIADOS A SISTEMA P�BLICO DE SALUD El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, originado en mensaje, que otorga gratuidad en las atenciones de salud que requieran funcionarios de la atenci�n primaria afiliados al sistema p�blico de salud, con informes de las Comisiones de Salud y de Hacienda, y con urgencia calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 23�, en 14 de agosto de 2001. Informes de Comisi�n: Salud, sesi�n 28�, en 11 de septiembre de 2001. Hacienda, sesi�n 28�, en 11 de septiembre de 2001. El se�or SEP�LVEDA (Secretario subrogante).- El objetivo del proyecto es otorgar gratuidad a las atenciones de salud en la modalidad institucional que requieren los funcionarios de la atenci�n primaria regidos por la ley N� 19.378, afiliados al Sistema P�blico de Salud. La Comisi�n de Salud aprob� la iniciativa en general y particular, a la vez, en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables se�ores Bombal, R�os y Viera-Gallo, y, en consecuencia, propone a la Sala que adopte la misma resoluci�n. Por su parte, la Comisi�n de Hacienda tambi�n le dio su aprobaci�n al proyecto, en los mismos t�rminos en que lo hizo la de Salud, registr�ndose una primera votaci�n de dos votos a favor, de los Senadores se�ores Bitar y Sabag, y tres abstenciones, de los Senadores se�ora Matthei y se�ores Boeninger y Prat. Repetida la votaci�n, de conformidad a lo dispuesto en el art�culo 178 del Reglamento del Senado, se pronunciaron a favor de la iniciativa los Senadores se�ores Bitar, Boeninger y Sabag; se abstuvieron los Senadores se�ora Matthei y se�or Prat, resultando, en consecuencia, aprobado el proyecto por tres votos a favor y dos abstenciones. Cabe hacer presente que, de conformidad con el art�culo 127 del Reglamento de la Corporaci�n, por tratarse de un proyecto que consta de un art�culo �nico, las Comisiones informantes proponen al se�or Presidente su discusi�n en general y particular a la vez. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Si le parece a la Sala, podr�a darse por aprobado. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz-Esquide. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, por lo que he colegido de las conversaciones de los se�ores Senadores, creo que hay disposici�n favorable para proceder en la forma sugerida por Su Se�or�a, esto es, aprobarlo de inmediato. La iniciativa otorga al personal del sistema de atenci�n primaria los mismos derechos que los adscritos al sistema estatal, y favorece a alrededor de 50 mil personas. Su costo aproximado es de 300 millones de pesos, fue aprobado por la Comisi�n de Hacienda y el Gobierno tambi�n ha manifestado su voluntad en ese sentido. De modo que si Su Se�or�a solicita aprobarlo de inmediato, estar�amos muy felices. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, estamos completamente de acuerdo con su proposici�n, pero en la Comisi�n de Hacienda, en la que me correspondi� participar, hubo solamente una duda. Por eso, por considerar que el monto era muy bajo, 290 y tantos millones de pesos, la Honorable se�ora Matthei y el Senador se�or Novoa no votaron favorablemente el proyecto, y, para los efectos de prestarle su aprobaci�n, quedaron de confirmar en la Sala la efectividad de esa suma. En todo caso, se trata de un servicio que se est� otorgando a los funcionarios de la Salud municipal y por lo tanto no significa un mayor desembolso al erario. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra la se�ora Ministra. La se�ora BACHELET (Ministra de Salud).- Se�or Presidente, deseo explicar que el prop�sito del Ejecutivo era arreglar una disparidad producida entre los trabajadores de la atenci�n primaria municipal y los del Sistema Nacional de Salud, incluida la atenci�n primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y con relaci�n al monto que el Honorable se�or Sabag solicitaba aclarar, efectivamente esa cantidad corresponde a la estimaci�n del costo de los tratamientos de funcionarios de la atenci�n primaria, sus cargas y jubilados. La iniciativa, en consecuencia, est� financiada y no implica recursos extras. Como representante del Ejecutivo, debo hacer presente que para nosotros es sumamente importante aprobar esta iniciativa, porque efectivamente creemos que contribuye a una situaci�n igualitaria entre los trabajadores que realizan las mismas funciones en los servicios de Salud, y particularmente porque las labores que ejercen cotidianamente constituyen un enorme compromiso con el bienestar de todos los chilenos. Asimismo, consideramos que la preocupaci�n por la salud de quienes dan salud a otros, es un elemento de gran relevancia. Es cuanto deseaba se�alar. -Se aprueba el proyecto en general y en particular. CREACI�N DE JUZGADOS DE POLIC�A LOCAL EN DIVERSAS COMUNAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la C�mara de Diputados que crea juzgados de polic�a local en las comunas que indica, con informes de las Comisiones de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, y verbal de la de Hacienda, con urgencia calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (1789-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 25�, en 22 de agosto de 2001. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 29�, en 12 de septiembre de 2001. Hacienda (verbal), sesi�n 30�, en 12 de septiembre de 2001. El se�or SEP�LVEDA (Secretario subrogante).- Cabe hacer presente que la Comisi�n de Hacienda emiti� un certificado sobre el an�lisis que efectu� respecto de esta iniciativa, y que la de Constituci�n fue autorizada por la Sala para discutir el proyecto en general y particular en el primer informe. Sus principales objetivos son: 1.- Crear juzgados de polic�a local en diversas comunas del pa�s y modificar las plantas de personal de las municipalidades correspondientes, con el fin de incorporar en la planta de directivos el cargo de juez de polic�a local, con su correspondiente ubicaci�n en la escala de sueldos municipales. 2.-Aumentar, de dos a tres, el m�nimo de audiencias al p�blico que deber�n tener los jueces de polic�a local, las que deber�n celebrarse en d�as distintos y tener una duraci�n de, al menos, tres horas. La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento aprob� en general esta iniciativa por la unanimidad de sus miembros, Honorables se�ores Chadwick, D�ez, Fern�ndez, Silva Cimma y Viera-Gallo. En cuanto a la discusi�n en particular, el informe consigna las modificaciones introducidas al proyecto despachado por la Honorable C�mara de Diputados, las que fueron aprobadas, respecto del art�culo 101, por tres votos a favor, de los Senadores se�ores Chadwick, D�ez y Fern�ndez, uno en contra, del Honorable se�or Silva Cimma, y una abstenci�n, del Senador se�or Viera-Gallo. La modificaci�n efectuada al art�culo 102 fue acordada por la unanimidad de los integrantes de la Comisi�n, Honorables se�ores Chadwick, D�ez, Fern�ndez, Silva Cimma y Viera-Gallo. La Comisi�n de Hacienda, por su parte, conociendo de los preceptos de su competencia, aprob� sin enmiendas los art�culos 1� a 91, 93 a 99 y 104, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables se�ores Bitar, Boeninger y Foxley, e introdujo una modificaci�n al art�culo 92, reemplazando su inciso segundo, la que tambi�n fue acordada un�nimemente por todos sus miembros presentes. Finalmente, cabe advertir que los art�culos 1 a 101, 103 y 105 deben ser aprobados con qu�rum de ley org�nica constitucional. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general el proyecto. Tiene la palabra el se�or Presidente de la Comisi�n de Constituci�n. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, esta iniciativa es muy simple y tiende a crear juzgados de polic�a local en las comunas que indica. Fue informado por la Corte Suprema, la que manifest� que el crear nuevos juzgados de polic�a local no hac�a necesaria su consulta, pero s� en lo referente a la modificaci�n de los art�culos 100 y siguientes, porque los anteriores, lisa y llanamente, s�lo precisan los l�mites de los nuevos jueces de polic�a local. Las dos modificaciones que la Comisi�n de Constituci�n introdujo tienen, a mi juicio, suma importancia. Una de ellas fue aprobada por tres votos contra uno y una abstenci�n. El predicamento de la Comisi�n es el de que, al hacer las ternas, las Cortes de Apelaciones deben considerar a todos los abogados habilitados para ello, es decir, cualquiera que cumpla los requisitos exigidos para ser juez de letras podr� postular para ser incluidos en ellas, y rechaz� la proposici�n de la C�mara de Diputados que obligaba dar preferencia a los ex funcionarios municipales, abogados municipales, etc�tera. La Comisi�n, por tres votos contra uno, estim� que la preferencia no era constitucional, en raz�n de la igualdad ante la ley, y que lo l�gico era que la Corte de Apelaciones tuviera libertad para elegir entre los abogados que, cumpliendo con los requisitos para ser juez, se presentaran a los concursos. As� se aprob�. La segunda indicaci�n aprobada por la Comisi�n pretende regularizar el funcionamiento no ya de los juzgados, porque �stos ya cuentan con una normativa al respecto en el Estatuto Administrativo, sino que fundamentalmente lo relacionado con las horas de audiencia del juez. Y se estim� necesario que las audiencias al p�blico no podr�n ser inferiores a tres por semana, en d�as distintos y con una duraci�n de al menos tres horas cada una. De modo que, en aquellos juzgados de polic�a local de comunas medianas o peque�as, se sepa que tres d�as a la semana va a estar el juez, durante tres horas, dando audiencia personalmente al p�blico, cosa que hoy d�a, desgraciadamente, no sucede, y aunque los juzgados est�n abiertos, los jueces no se encuentran en per�odos determinados para que el p�blico pueda tener acceso a ellos. Es cuanto trata este proyecto de ley, aprobado por la unanimidad de la Comisi�n, con la excepci�n del art�culo 101, referente a los requisitos de los abogados para figurar en terna y que la Comisi�n estim� que s�lo pod�a exigir lo necesario para ser juez. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, para su informe verbal, el Honorable se�or Foxley. El se�or FOXLEY.- Se�or Presidente, como ya se ha explicado el alcance del proyecto, lo �nico que puedo agregar es que, desde el punto de vista financiero, se establece el compromiso de que los municipios absorber�n el costo tanto de la creaci�n del cargo de juez de polic�a local en su planta, como el de reasignar personal interno que sirva de apoyo al trabajo que hace el juez sin necesidad de contratar nuevos funcionarios. Por estas razones, el proyecto no implica un costo adicional con relaci�n a los �tem presupuestarios habituales, financi�ndose con recursos de que disponen los municipios. La Comisi�n de Hacienda aprob� por unanimidad la iniciativa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Fern�ndez. El se�or FERN�NDEZ.- Se�or Presidente, aprobaremos el proyecto por cuanto estimamos muy importante el aumento del n�mero de jueces de polic�a local, atendidas las permanentes y crecientes facultades que se est�n dando a estos tribunales, especialmente en el conocimiento de materias relativas a conflictos de car�cter vecinal. Este tipo de problemas afecta de modo significativo sobre todo a los sectores m�s modestos de la poblaci�n, motivo por el cual requieren de atenci�n preferente por parte de tales juzgados. La actual estructura y n�mero de los juzgados de polic�a local hac�an virtualmente imposible que �stos cumplieran a cabalidad con su funci�n, en especial en las grandes ciudades. Por eso en muchas de estas comunas se crea un segundo o un tercer juzgado, con el objeto de permitir que los jueces tengan la posibilidad de prestar la mayor atenci�n posible a conflictos entre vecinos, que tanto afligen a la poblaci�n. En este mismo sentido, el proyecto establece que los jueces de polic�a local deben cumplir a lo menos tres audiencias semanales de tres horas cada una, con el objeto de destinar mayor tiempo a esa gesti�n. La realidad de estos juzgados en las grandes ciudades no es tan grave, porque las audiencias se efect�an todos los d�as, raz�n por la cual la medida planteada se aplica especialmente a las peque�as localidades, donde muchas veces la gente no sabe qu� d�a de la semana asistir� el juez. Ahora se disponen como m�nimo tres audiencias, en jornadas distintas, las cuales deben tener duraci�n de tres horas. La iniciativa favorece una mejor administraci�n de justicia, de acuerdo con las facultades de los juzgados de polic�a local, que son hoy muy importantes y dicen relaci�n a los problemas que afectan significativamente, a mi juicio, a todos los sectores. Por eso, se�or Presidente, votaremos a favor del proyecto y pedimos al Senado que proceda de igual forma. )--------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Debo pedir la autorizaci�n de la Sala para que ingresen el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Francisco Vidal, y el Fiscal de la misma Subsecretar�a, don Eduardo P�rez. --Se autoriza. )-----------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Parra. El se�or PARRA.- Se�or Presidente, concurrir� con mi voto a la aprobaci�n en general y en particular del proyecto; sin embargo, siento el deber de hacer presentes tres consideraciones que estimo de importancia. La primera es de orden constitucional. Por demasiado tiempo no se ha aclarado con la debida precisi�n la exacta naturaleza de los juzgados de polic�a local: si constituyen tribunales de justicia o si son servicios del respectivo municipio. El punto es importante, porque, si se opta por el segundo camino (considerarlos �rganos de la municipalidad), no se necesitar�a una iniciativa legal para crear juzgados de polic�a local. Conforme al art�culo 110 de la Constituci�n, corresponder�a a cada municipio resolver si es conveniente la creaci�n de estos juzgados y en qu� n�mero. Por otra parte, de ese modo se respetar�a cabalmente la autonom�a financiera que a las municipalidades garantiza el art�culo 111 de la Carta Fundamental. Por el contrario, si se consideran como tribunales, deber�a procederse seg�n lo disponen los art�culos 73 y 74 e incorporar su reconocimiento a la Ley Org�nica Constitucional del Poder Judicial, que es el C�digo Org�nico de Tribunales, al cual se refiere el segundo de los preceptos. La materia es extraordinariamente importante, se�or Presidente. No har� reserva de constitucionalidad, pues hay precedentes de haberse sometido al control del Tribunal Constitucional leyes que crearon juzgados de polic�a local. Pero pienso que la situaci�n no puede seguir sin una soluci�n clara y expl�cita. La opini�n de la Excelent�sima Corte Suprema, a la que se hace referencia en el informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, deja clara constancia de que este problema existe. Ese Alto Tribunal se niega a informar el proyecto en algunos aspectos, porque estima que los juzgados de polic�a local no son parte del Poder Judicial. Si no lo son, habr�a que concluir que constituyen simplemente �rganos o servicios municipales. Cabe destacar que el proyecto establece que algunos de los juzgados que se crean por disposici�n de la ley tendr�an competencia en comunas distintas de aqu�llas que le sirven de asiento, lo que quiere decir que el legislador est� imponiendo a determinados municipios la carga de prestar servicios, a trav�s de un �rgano propio, en territorio de otras municipalidades aleda�as. Este punto debe ser resuelto, ya que est� en directa relaci�n con el financiamiento de los juzgados de polic�a local, materia que, con raz�n, ha preocupado a muchos se�ores Senadores en debates anteriores. Evidentemente, si predomina --como, desde mi punto de vista, debiera ocurrir-- la consideraci�n de que estos juzgados son tribunales, es hora de incorporarlos a la organizaci�n judicial chilena y es el momento de que el Estado asuma la responsabilidad de su financiamiento. As�, ellos y los municipios dejar�an de depender del ingreso que se origina por la aplicaci�n de multas establecidas en distintas leyes. La segunda consideraci�n que quiero manifestar, se�or Presidente, es que aqu� se est�n creando 99 nuevos juzgados de polic�a local, con lo cual s�lo 70 comunas del pa�s, seg�n el informe de la Comisi�n, no tendr�n en adelante uno propio. Del mismo informe resulta que la caracter�stica com�n de esas comunas es un n�mero de habitantes menor de diez mil. Esto significa que el 95 por ciento o m�s de la poblaci�n chilena est� cubierta con la presencia de estos juzgados. �Qu� importancia tienen estos datos? Que, a trav�s de la sucesiva creaci�n de juzgados de polic�a local, en realidad se ha dado a este tipo de tribunales el car�cter de primer pelda�o en nuestra organizaci�n jurisdiccional. Esta creaci�n no es, en consecuencia, un hecho menor; no es una simple forma de responder a la demanda de algunos municipios. Constituye parte del esfuerzo que viene haciendo la sociedad chilena para modernizar su organizaci�n judicial. Es, en ese sentido, un paso mayor. Pero, porque tiene esa dimensi�n, se�or Presidente, hago una tercera y �ltima consideraci�n. Este esfuerzo tiene sentido en la medida en que, de una buena vez, ordenemos las competencias de nuestros tribunales de primera instancia. El se�or D�EZ.- �Me permite una interrupci�n, Honorable colega? El se�or PARRA.- Como no, se�or Senador. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Senador se�or D�ez. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, lo que plantea el se�or Senador es absolutamente cierto. El Ministerio de Justicia, frente a estas consideraciones y a otras, hizo presente que el proyecto tiene como objeto casi exclusivo aumentar la actual cobertura de la justicia de polic�a local; y que se est� considerando revisar el problema a fondo y hacer un estudio profundo de la Ley N� 15.231, en la que el Ministerio se encuentra trabajando, y que implicar� solucionar en forma definitiva el problema de la accesibilidad a los juzgados de polic�a local; redefinir su organizaci�n, categor�as y competencias, e, incluso, revisar los procedimientos aplicables. Mientras tanto la iniciativa, con car�cter de urgente, tiene por finalidad ampliar la cobertura de los juzgados de polic�a local en las comunas que se�alamos. Por esa raz�n, aprobaremos el proyecto. Muchas gracias. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Contin�a con el uso de la palabra el Honorable se�or Parra. El se�or PARRA.- As� lo he visto en el informe, con mucha complacencia. Pero, a mi juicio, es importante recabar del Ministerio de Justicia una acci�n m�s resuelta y de corto plazo, pues en Chile hay m�s de cuarenta leyes que otorgan competencia a los juzgados de polic�a local. La puesta en marcha de la reforma procesal penal dej� en evidencia que uno de los mayores problemas que se enfrentan es precisamente haber recargado con materias que debieran ser conocidas por los juzgados de polic�a local a los tribunales de garant�a y, naturalmente, al Ministerio P�blico como ocurre, por ejemplo, en materia de alcoholes. Sobre el particular, debo hacer presente que en este momento el Senado se encuentra estudiando otras iniciativas relacionadas directamente con la materia. Me refiero tanto la ley adecuatoria, como a las reformas a la Ley de Alcoholes y de la Ley de Tr�nsito, que se encuentra en la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones. Lo anterior hace indispensable, urgente e impostergable tener una visi�n y un tratamiento de conjunto en la materia. En caso contrario, este esfuerzo, que se justifica, producir�a efectos mucho menores que los que efectivamente puede conseguir, contribuyendo a modernizar la justicia en Chile, a facilitar el acceso a ella y a que los tribunales, actuando dentro de un buen ordenamiento, respondan eficazmente a las demandas ciudadanas. En todo caso, votar� favorablemente el proyecto. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, voy a insistir en los conceptos vertidos por el Senador se�or Parra, que en parte hice presentes en la Comisi�n de Constituci�n, y cuando discutimos la reforma procesal penal. A mi juicio, resulta indispensable que el propio �rgano legislativo o el Gobierno se aboquen a la redefinici�n del T�tulo contenido en el C�digo Penal, relativo a las faltas, porque evidentemente muchas no tienen car�cter penal y s�lo contribuyen a recargar, entrabar y dificultar el funcionamiento de la nueva justicia penal. Es l�gico que ellas queden dentro del �mbito de la justicia local. El se�or D�EZ.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador, con la venia de la Mesa? El se�or VIERA-GALLO.- Por supuesto. La misma que no me concedi� ayer Su Se�or�a. El se�or D�EZ.- Se�or Presidente, deseo informar a la Sala que la Comisi�n de Constituci�n, en sesi�n extraordinaria celebrada ayer, termin� el estudio del proyecto sobre leyes adecuatorias, que modifica alrededor de sesenta y siete cuerpos legales, entre los cuales, desde luego, se encuentra la Ley de Alcoholes. Sabemos, adem�s, que en la C�mara de Diputados se halla en tramitaci�n otra normativa similar; sin embargo, no fue posible esperar su despacho, porque el 16 de octubre comenzar� a aplicarse la reforma procesal penal en nuevas zonas, y es bueno evitar la acumulaci�n de problemas. Por tal raz�n, la Comisi�n de Constituci�n, despach� ayer en sesi�n extraordinaria este proyecto, para que durante la semana de receso la Secretar�a de la misma disponga de tiempo suficiente para evacuar el informe, cuya elaboraci�n no es f�cil, porque -tal como he se�alado- introduce modificaciones a alrededor de sesenta y siete leyes. Muchas gracias. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, celebro mucho lo expresado por el Presidente de la Comisi�n de Constituci�n. Ahora, dentro de eso no se encuentra la reforma relativa al C�digo Penal, que es una tarea que hay que emprender, por cuanto no debiera seguir como est�. Se argumenta por el Ministerio de Justicia que est� preparando una reforma a todo el C�digo Penal. Pero eso lo vengo oyendo desde que estaba en la Escuela de Derecho, cuando se hablaba del establecimiento de un C�digo Penal modelo, Latinoamericano..., en fin. De eso hace ya algunos a�os. Hay dos puntos m�s a los que deseo referirme. Uno corresponde a lo que muy bien ha dicho Senador se�or D�ez al referirse al problema de que los jueces de polic�a local, en las comunidades peque�as, deben trabajar efectivamente. El alcalde de Chill�n Viejo concurri� a la Comisi�n y expuso con mucha claridad y elocuencia esa situaci�n. Los jueces de polic�a local en comunidades peque�as ganan entre m�s de un mill�n de pesos y 600 mil pesos. �se es el nivel. En algunos casos su sueldo es similar al que percibe el alcalde, y mucho m�s elevado que el de cualquier funcionario municipal. Desgraciadamente, en algunas comunidades concurren al juzgado una vez por semana a realizar una audiencia r�pida, y despu�s se van. Esto se convierte en lo que suele llamarse un "pituto", como �l lo expres� con toda claridad en la Comisi�n. Creo que �sta, despu�s de un debate, rechaz� una indicaci�n que present�. Pero, en fin, se lleg� a un acuerdo en el sentido de que -como dijo el Senador se�or D�ez- habr� tres audiencias a la semana, y en d�as distintos. Cada una tendr� una duraci�n de tres horas, como m�nimo. A mi juicio, eso, por lo menos, garantiza que dichas personas acudir�n al juzgado tres veces por semana y que no habr� una mera formalidad de justicia local en las comunas, sino una justicia real que beneficiar� a todas las comunidades. El segundo punto, se�or Presidente, se refiere a una comunicaci�n que recib� de un distinguido abogado de la ciudad de San Felipe, quien me manifest� que, de acuerdo a su experiencia, lo ideal ser�a facultar a cada comuna del pa�s para disponer de un juzgado de polic�a local, sin hacer distinci�n alguna, de tal manera que hubiera flexibilidad para que eso pudiera concretarse. Desgraciadamente, tal planteamiento no fue recogido en esta ocasi�n. Sin embargo, creo que el abogado a quien me refiero tiene raz�n en su planteamiento, el que ojal� recogiera el Gobierno a futuro. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez. El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, esta iniciativa presenta, a mi juicio, un aspecto muy curioso, ya que no veo consignada, al menos, la opini�n de la Asociaci�n Chilena de Municipalidades. Aqu�, en virtud de una ley, se est� obligando a las entidades edilicias �avanzando en lo que creo propio de ellas- a aumentar de sus plantas de personal, y a financiarlo. Si bien desde el punto de vista de la autonom�a municipal, se trata de algo absolutamente necesario, echo de menos la opini�n de las municipalidades. El se�or D�EZ.- �Me permite una interrupci�n Su Se�or�a? El se�or MART�NEZ.- S�, se�or Senador. El se�or D�EZ.- Deseo aclarar que durante el debate del proyecto en la Comisi�n estuvieron presentes los representantes de la Asociaci�n Chilena de Municipalidades, el Secretario General de la Asociaci�n y el alcalde de Colina, don Mario Olavarr�a. Adem�s, participaron representantes del Instituto de Jueces y Secretarios de Polic�a Local, el Jefe de la Divisi�n Municipalidades del Ministerio del Interior, el Jefe de la Divisi�n Jur�dica del Ministerio de Justicia y el alcalde de Chill�n Viejo, quien en verdad realiz� una muy buena intervenci�n. En consecuencia, como puede apreciarse, se escuch� la opini�n de las municipalidades. El se�or MART�NEZ.- Se�or Senador, formul� la consulta porque en el segundo tr�mite constitucional no se plante� el tema. De todas maneras, me parece que, mediante una ley, se est� imponiendo a las municipalidades asumir el costo de ese personal. Y, naturalmente, muchas de ellas no lo tienen consultado en su presupuesto. Me llama la atenci�n que, siendo aut�nomas las municipalidades, se las ordene asumir ese costo. Es absolutamente necesario que el objetivo pueda concretarse, pero surge el problema de que se las estar�a obligando a incurrir en gastos. �se es mi planteamiento, y la duda que me asalta. Deseaba hacerlo presente porque se trata de un asunto que, en alguna medida, afecta y altera la autonom�a municipal. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Subsecretario. El se�or VIDAL (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).- Se�or Presidente, s�lo deseo dar respuesta a la inquietud manifestada por el Senador se�or Mart�nez. Sin duda, los municipios son aut�nomos. Y precisamente por tener esa calidad, la postura y planteamiento del Gobierno, en cuanto a los setenta y cinco nuevos primeros juzgados y los veinticuatro segundos, terceros, cuartos y quintos, es establecer como primera condici�n que ello se realice a solicitud formal del municipio, de su alcalde y concejo municipal. En consecuencia, la lista de setenta y cinco municipalidades que podr�n contar con un juzgado por primera vez, est� conformada por las que lo solicitaron. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, en primer t�rmino, deseo manifestar mi satisfacci�n por este proyecto de ley, que crea gran n�mero de juzgados de polic�a local a trav�s del territorio. En la Octava Regi�n, que represento, se dota de este tipo de juzgados a las siguientes comunas: Coelemu (mi circunscripci�n), que adem�s atender� a las comunas de Trehuaco y Ranquil; Quirihue, que atender� tambi�n a la comuna de Cobquecura; �iqu�n, Tucapel, Santa B�rbara, Los �lamos, Chill�n Viejo, San Pedro de la Paz y Chiguayante. El objeto de la iniciativa es facilitar el acceso a la justicia a las personas que tienen problemas ya sea con sus vecinos o de otro tipo. Por ejemplo, los habitantes de Cobquecura deb�an acudir al juzgado de polic�a local de Coelemu; los de Trehuaco y Ranquil, al de San Nicol�s. Es decir, ten�an que recorrer kil�metros y kil�metros para poder ser atendidos. Ojal� todas las municipalidades del pa�s contaran con uno de estos juzgados porque, aparte su utilidad, le dan mayor categor�a al lugar en que se encuentran. De otro lado, me alegro de que se haya aprobado una disposici�n para establecer que las audiencias de los jueces de polic�a local al p�blico no ser�n inferiores a tres por semana, porque hasta ahora algunos otorgaban una sola y concurr�an al juzgado tarde, mal y nunca, vulnerando el principio de la justicia de polic�a local. Es de esperar, s�, que tales audiencias se concedan efectivamente, ya que, como es sabido, los infractores deben limitarse a pagar las multas y jam�s son atendidos por los magistrados. Otro aspecto que merece destacarse es que para postular al cargo de juez de polic�a local se requerir� t�tulo de abogado. El se�or ZURITA.- �Me concede una interrupci�n, Honorable colega? El se�or SABAG.- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Puede usar de la interrupci�n el Honorable se�or Zurita. El se�or ZURITA.- Se�or Presidente, quiero atenuar un poco el temor al mayor gasto que la iniciativa irrogar� a la correspondiente municipalidad. Actualmente, la infracci�n cometida en una comuna donde no existe juzgado de polic�a local es sancionada por el de otra. �A qu� municipio va el producto de la multa? No a aquel donde se incurri� en la infracci�n, sino al del juzgado en que se sancion�. En consecuencia, si bien el hecho de existir juzgado de polic�a local demanda egresos, tambi�n proporciona ingresos. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera la palabra el Honorable se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, en el caso planteado, a la municipalidad donde se halla ubicado el tribunal que juzga le corresponde el 20 por ciento del dinero recaudado. El 80 por ciento restante lo percibe el municipio en cuyo territorio se cometi� la infracci�n. Podr�n concursar para el cargo de juez de polic�a local no s�lo los funcionarios de las municipalidades respectivas que posean el t�tulo de abogado, sino cualquier persona que cumpla los requisitos. Los jueces de la Corte de Apelaciones pertinente elaborar�n una terna y el municipio lo designar�. Esto significa que el nombramiento requerir� el acuerdo del Concejo Municipal. Desde ya anuncio que votar� favorablemente la iniciativa. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, adhiero a los argumentos expuestos sobre la materia y hago m�o lo expresado por el Senador se�or Viera-Gallo, que ha sido sustentado tambi�n por el Honorable se�or Sabag. Aqu� hay un problema de concepto y de la filosof�a con que cada cual observa el desarrollo del poder local. Por lo tanto, pese a estar de acuerdo en que se creen los juzgados de polic�a local que se proponen, pienso que nuevamente se introduce un factor de discriminaci�n no muy grata respecto de aquellas comunas m�s peque�as y d�biles, las cuales quedan fuera de la cobertura. Una municipalidad no deja de ser importante por el hecho de que en el �mbito de su jurisdicci�n viva poca gente. De las 33 comunas existentes en la Sexta Regi�n -que represento en el Senado- varias de ellas carecen de juzgados de polic�a local y no tienen una categor�a distinta de aquellas en las cuales ahora se crean. Desde ese punto de vista, apruebo el establecimiento de esta clase de juzgados en Navidad, Paredones, Palmilla, Pichidegua, Pichilemu, y un segundo juzgado en Rancagua y Codegua, pero, en mi opini�n, el dejar que Litueche sea atendido por el juzgado de Navidad no constituye un criterio inteligente. Navidad es una comuna que tiene su propia personalidad, pero se encuentra fuera del per�metro de circulaci�n. Litueche, por su parte, es la comuna que hoy conecta pr�cticamente todo el movimiento desde la Regi�n Metropolitana hacia Cardenal Caro, Pichilemu y otras localidades. Con gran esfuerzo logramos la pavimentaci�n del camino entre la Central Rapel y Litueche. Adem�s, en ella se instalaron dos sem�foros -esto le consta al tambi�n Senador por la zona se�or Chadwick-, lo que implica que es un eje vial. Por lo tanto, reitero que el hecho de derivar al juzgado de polic�a local de Navidad �comuna ubicada en una zona sin conexi�n con otros lugares- todos los asuntos propios esta jurisdicci�n ocurridos en Litueche no me parece un criterio geogr�ficamente inteligente, por decir lo menos. Aunque se ha hablado ya bastante sobre los juzgados de polic�a local -y seguramente tambi�n lo har� el Senador se�or Vald�s, persona muy versada en �sta y otras materias y que tambi�n ejerci� el cargo de juez de polic�a local, al igual que el se�or Presidente del Senado, a quien parece que se le olvid�-, hay algo que deseo aclarar, a fin de despejar una imagen errada que se tiene sobre ellos. Gran parte de la poblaci�n cree que los juzgados de polic�a local son oficinas de cobranzas de partes por infracciones, m�s a�n con motivo del problema de los fotorradares, que realmente violentan la confianza de la gente y se han convertido en un mecanismo de recolecci�n de fondos. Los ciudadanos comunes a los que se les cursa un parte por infracci�n de normas de tr�nsito y deben acudir al juzgado rara vez -salvo que tengan un amigo all�, o alg�n "pituto", como se dijo aqu�- no tienen la posibilidad siquiera de divisar al juez de polic�a local. Por lo tanto, el tr�mite se limita a un "pague para evitarse malos ratos". �sa es la verdad. As� ocurren las cosas en el pa�s y hay que decirlas como son, no en un lenguaje que, aunque resulta elegante -se alude a "funciones o atribuciones"-, el ciudadano corriente no entiende. S� que los juzgados de polic�a local cumplen tambi�n otras tareas. Por ejemplo, Carabineros los utiliza mucho con relaci�n a denuncias y diligencias de distinta �ndole. Esto debe ser despejado. Por eso, no obstante ser insuficiente, me parece adecuado el aumento del n�mero de audiencias que deben otorgar los jueces, para hacerlos m�s asequibles a la poblaci�n y �sta perciba la presencia de quien debe dirimir su situaci�n. Porque ahora, cuando uno acude a un juzgado de polic�a local, especialmente por alguna infracci�n, sabe que est� condenado antes de haber cruzado la puerta. Votar� a favor. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Efectivamente, me desempe�� como juez de polic�a local. Fue una �poca de extraordinaria relevancia en mi vida. Adem�s, los jueces de paz fueron muy importantes. El se�or VALD�S.- Es donde mejor le fue a Su Se�or�a. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Me fue muy bien. Y todav�a me recuerdan. Tiene la palabra el Honorable se�or Vald�s. El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, hablar� tambi�n como ex juez de polic�a local -funci�n que me enorgullezco de haber ejercido- y ex juez de paz, nombrado por la Fuerza A�rea, con el grado de cabo, en unos procesos especiales. �sas fueron mis experiencias judiciales. Los juzgados de polic�a local tienen mucha m�s importancia que la que se les da. Indudablemente, acercan la justicia al pueblo. Y me alegro de que en el proyecto se contemple la obligaci�n de concurrencia de los jueces. Ello otorga mayor jerarqu�a a su funci�n, que reviste gran trascendencia. Cuando asum� el cargo por primera vez era muy joven (creo que mi alumno, ahora Senador, se�or Viera-Gallo a�n no hab�a nacido) y me asombr� de la naturaleza de los delitos que conocen estos jueces. El magistrado a quien me correspondi� sustituir ten�a por costumbre castigar a las parejas que se juntaban al atardecer -como sucede en muchas partes del mundo- en la parte alta de Las Condes, comuna a cuya municipalidad yo atend�a. Entonces, llegaba un carabinero, les preguntaba si eran marido y mujer (lo cual les produc�a bochorno) y los dejaba citados al juzgado de polic�a local por atentar contra la moral y las buenas costumbres. Como se puede apreciar, el juez a quien suced� era bastante conservador. Durante el desempe�o del cargo me di cuenta de que los jueces de polic�a local tienen facultades muy amplias -mi antecesor las empleaba en forma absolutamente exagerada y absurda-, entre ellas la de solicitar la colaboraci�n de los carabineros del sector. Eso reviste enorme importancia, porque el ejercicio de cierta disciplina genera una sensaci�n de seguridad en las comunas. Me alegro mucho de que se creen estos juzgados y, como se�al� el Senador se�or Moreno, debemos hacer m�s sobre la materia. Pero me interesa principalmente que ellos est�n sujetos a ciertas obligaciones de funcionamiento, porque en muchas partes los jueces van de vez en cuando y estos juzgados s�lo se dedican a cobrar los partes. Por ello, votar� a favor del proyecto. El se�or CHADWICK.- Se�or Presidente, sin duda alguna el proyecto que nos ocupa representa un paso importante, muy positivo y largamente anhelado por muchas comunas, especialmente por las m�s peque�as y rurales, que desde hace bastante tiempo estaban a la espera de que se concretara la posibilidad de contar con estos juzgados, cuyo gran m�rito -como lo han admitido todos los se�ores Senadores- es permitir un acceso pronto, cercano y �gil de las personas a la justicia, en un �mbito que les resulta m�s relevante. Comparto lo planteado por el Senador se�or Moreno. Todos quisi�ramos que la iniciativa hubiese tenido una mayor cobertura o un orden m�s adecuado. El se�or D�EZ.- �O poner un sem�foro m�s! EL se�or CHADWICK.- Y no cabe duda de que hubiese sido muy importante y positivo dar la misma oportunidad a la comuna de Litueche, para contar con otro juzgado de polic�a local en la Sexta Regi�n. Sin embargo, debemos ver el asunto desde otra perspectiva. Lo que se ha logrado es bueno y era largamente anhelado por comunas como Pichilemu, Paredones, Navidad, Codegua, las que por varios a�os estaban solicit�ndolo. Ojal� pueda instalarse muy pronto un juzgado de polic�a local en Litueche. Tambi�n, resulta pertinente estudiar lo planteado por el Senador se�or Viera-Gallo -que analizamos en la Comisi�n y que propuso el se�or Mario Olavarr�a, alcalde de Colina y Secretario General de la Asociaci�n Chilena de Municipalidades-, en el sentido de incorporar esta atribuci�n en la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades, para los efectos de que sean los propios municipios quienes la apliquen, conforme a sus presupuestos y la composici�n de sus plantas, pudiendo crear juzgados de polic�a local o aumentar su n�mero cuando la comunidad los requiera, a fin de dar un mejor servicio. Ello evitar�a, a trav�s de la presentaci�n de proyectos espec�ficos, tener que legislar de tiempo en tiempo para impulsar la creaci�n de m�s juzgados. Y quiz�s ser�a mejor que dicha atribuci�n se incorporara en la mencionada Ley Org�nica. Por otro lado, aprovechando la presencia del se�or Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en la Sala, deseo plantear una cuesti�n muy precisa. Es muy cierto que los municipios pidieron la creaci�n de los juzgados de polic�a local y, por consiguiente, es de toda l�gica que ellos mismos, de acuerdo con sus presupuestos, apliquen recursos con ese objeto; pero tambi�n es efectivo que algunos de ellos formularon esta solicitud con bastante anticipaci�n y que en especial los rurales se ven enfrentados a m�ltiples necesidades y urgencias por insuficiencia de fondos, por lo que permanentemente est�n requiri�ndolos. He sostenido conversaciones con los alcaldes de Paredones, Navidad, Pichidegua, Pichilemu y Codegua, y me han se�alado que est�n muy contentos por la creaci�n de los juzgados de polic�a local en sus comunas, pero que carecen de los recursos necesarios para implementarlos a la brevedad. Por eso, dado que la comunidad ya se encuentra en antecedentes de esta situaci�n y que el prop�sito de los municipios es instalar estos juzgados lo antes posible, me gustar�a consultar al se�or Subsecretario si existe alg�n camino o f�rmula -como ha ocurrido en otras oportunidades y circunstancias, y la Subsecretar�a del ramo ha tenido buena voluntad para hacerlo- a fin de otorgar, adelantar o reordenar algunos recursos especiales dentro de los presupuestos municipales que permitan su pronta instalaci�n, y despu�s devolver, restituir o reacomodar dichos fondos cuando el funcionamiento del juzgado de polic�a local les reporte nuevos ingresos a las municipalidades. Si as� fuera, dar�amos mayor eficacia a la iniciativa y responder�amos a la necesidad, planteada por los alcaldes, para que la comunidad pueda contar con juzgados de polic�a local cuanto antes y no esperar a que la ley sea promulgada, retardando su implementaci�n por insuficiencia de los presupuestos municipales. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Romero. El se�or ROMERO.- Se�or Presidente, quiero iniciar mi intervenci�n se�alando mi acuerdo con la posibilidad de que cada comuna pueda determinar si quiere o no un juzgado de polic�a local. No hay la menor duda de que hoy d�a debemos facilitar el acceso de las personas a la justicia, sobre todo a aquellas de menores recursos, y no cabe en la mente de nadie que alguna municipalidad no desee tener un juzgado de polic�a local. En verdad, �ste ha dejado de ser simplemente un juzgado del tr�nsito, transform�ndose en una instancia fundamental en las controversias planteadas en comunas muy alejadas, donde las personas no tienen posibilidades de acceder a otro medio de justicia que no sea el de polic�a local. Eso deseaba se�alar claramente en primer lugar. En seguida, para la Quinta Regi�n y particularmente para la circunscripci�n que represento, la creaci�n de este tipo de juzgados en Nogales, Petorca, Putaendo, Santa Mar�a, Hijuelas y San Esteban es un avance muy importante. Sin embargo, deseo confirmar las expresiones del Senador se�or Viera-Gallo respecto de la sugerencia que le hicieron sus parientes en esta materia y expresar que tiene raz�n el juez de polic�a local, se�or Carlos Quesney, porque probablemente recibe la influencia de su se�ora, que es muy inteligente, con muy buena preparaci�n, aconcag�ina, y particularmente andina, y sabe de los problemas existentes en Calle Larga y en Rinconada. Esta situaci�n me impresiona, porque la competencia de los juzgados de esta naturaleza, hoy d�a en que existe una ruta que une Santiago con Los Andes, es fundamental. En la actualidad, la cantidad de situaciones planteadas en ese camino hace indispensable que tanto Calle Larga como Rinconada tengan un juzgado de polic�a local. Igual situaci�n se presenta en el caso de Panquehue y Catemu. Ambas comunas formar�n parte de la ruta bioce�nica, y resulta que los indicadores de accidentabilidad m�s altos de la Provincia de San Felipe los tienen Panquehue y Catemu. En esta ruta bioce�nica verdadera -pues las otras son simples simulaciones-, que atraviesa el paso Los Libertadores y conecta los oc�anos Pac�fico y Atl�ntico, es fundamental contar con esa posibilidad. He hablado con los alcaldes sobre esta materia, no simplemente para la instalaci�n de sem�foros que tanto preocupa a los Senadores por la Sexta Regi�n. Me interesa de verdad que la gente tenga acceso a la justicia, y en este aspecto creo primordial solicitar al se�or Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo que, con la bondad que lo caracteriza cuando se trata de resolver los problemas comunales -porque todav�a hay una centralizaci�n inaceptable en cuanto a los recursos-, vea la manera de ayudar a financiar la creaci�n de estos juzgados, porque ciertamente estas municipalidades son modestas y no poseen los recursos necesarios para instalarlos una vez que se dicte la ley en estudio. Solicito formalmente que el se�or Ministro del Interior abra una instancia para procurar, por una parte, que otras comunas -como las que he se�alado- tengan juzgados de polic�a local y se destinen los recursos suficientes para ello, ya sea a trav�s de pr�stamos o de alg�n sistema de "acomodos", como elegantemente dijo el Senador se�or Chadwick. Deseo manifestar que estoy a favor de eliminar la preferencia establecida en un principio para formar las ternas, ya que esto dar� igualdad de posibilidades para que las cortes de apelaciones respectivas determinen la persona m�s id�nea para el cargo de juez de polic�a local. Igualmente, me parece importante facultar a las municipalidades para designar los cargos de las plantas t�cnica y administrativa, porque ellas conocen mejor que nadie cu�l es la realidad de cada una de las comunas. Por lo anterior, votar� favorablemente, y agradezco la acogida que pueda tener en la Subsecretar�a de Desarrollo Regional este pedido, casi de clemencia, que le estamos haciendo. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El �ltimo Senador inscrito para intervenir es el Honorable se�or Prat. El se�or PRAT.- Se�or Presidente, si no escuch� la explicaci�n sobre el tema, doy mis disculpas, pero deseo pedir que se me aclare por qu� es tan r�gido el n�mero de audiencias al p�blico y la incompatibilidad de ejercer el cargo de juez de polic�a local en m�s de una comuna. Entiendo que el objetivo del proyecto es facilitar el acceso a la justicia, y que en ese sentido la idea es que en las comunas peque�as tambi�n exista un juzgado de polic�a local. Ojal� �dec�a alguien- todas pudieran tener uno. Pero eso, en muchos casos, requiere que las municipalidades de menor tama�o compartan los servicios de un mismo juez. As� como ocurre en muchos otros servicios municipales, en el de la justicia tambi�n deber�a aplicarse la misma consideraci�n. Con tal objeto, habr�a que dar flexibilidad tanto para que una misma persona pudiera desempe�ar el cargo de juez en dos comunas, cuanto para que los horarios de funcionamiento fueran compatibles con esa posibilidad. Sin embargo, por un lado se mantiene la restricci�n de que una persona no puede desempe�ar el cargo en m�s de una comuna, y por el otro se establecen requisitos de funcionamiento �cierto n�mero de d�as a la semana- que hacen imposible ejercer dicha labor en dos municipios. Por eso, se�or Presidente, me gustar�a una aclaraci�n sobre el punto. Entiendo que en esto hay un problema de costo, pero el hecho de facilitar que dos comunas compartan un servicio de esta naturaleza persigue, justamente, disminuir el gasto en que debe incurrir cada una de ellas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Subsecretario. El se�or VIDAL (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).- Se�or Presidente, antes de responder al Senador se�or Prat, me gustar�a atender la "s�plica" formulada por el Honorable se�or Romero, vinculada al financiamiento. En esto hay que ser muy claro. La primera condici�n que asegura financiamiento es que el municipio, al levantar la solicitud y nominar el cargo de juez, no sobrepase lo estatuido por otra disposici�n legal que le proh�be pagar en remuneraciones m�s del 35 por ciento de sus ingresos. En consecuencia, hay que considerar no s�lo la solicitud, sino tambi�n el respaldo financiero de la misma. De los municipios donde se crean 75 nuevos juzgados, hay dos que se hallan en el margen, levemente por sobre dicho porcentaje. En segundo lugar, desde el punto de vista de la instalaci�n f�sica, debo recordar a los se�ores Senadores que si en una comuna sin juzgado de polic�a local se comete una infracci�n sancionada con multa, �sta debe ser pagada en el municipio que s� cuenta con uno de esos juzgados, el cual se queda, en promedio, con el 20 por ciento del dinero que se recauda por ese concepto. Es una especie de peaje. De manera que cuando una municipalidad recupere su plena soberan�a, que incluye la recaudaci�n, va a percibir ese 20 por ciento, lo cual tambi�n colabora, si no en lo sustancial, al menos en algo, para la instalaci�n del juzgado. En tercer lugar, y reconociendo el problema de financiamiento a que se refiri� el Honorable se�or Chadwick, quiero se�alar que el Gobierno est� comprometido a enviar, en los primeros meses del pr�ximo a�o, una nueva ley de financiamiento municipal que esperamos que lo solucione en t�rminos considerables desde ese punto de vista. En cuanto a las consultas planteadas por el Senador se�or Prat, hoy en d�a todos los municipios cuentan con al menos un juez de polic�a local. La diferencia radica en que para aquel que no lo tiene, ese juez es el de la comuna vecina, que act�a como tal. El criterio es impedir la doble funci�n en los siguientes t�rminos �y con esto aprovecho de responder tambi�n a otros se�ores Senadores-. Nuestra idea original era cubrir al conjunto de comunas que carecen de juzgado de polic�a local. Sin embargo, al final se opt� por el criterio de dotar de uno de estos tribunales a aquellas que cuenten con m�s de 10 mil habitantes, o entre 5 mil y 10 mil, siempre y cuando exista a su respecto un factor de aislamiento territorial. Porque nuestra expectativa, se�or Senador, es que el Parlamento tambi�n apruebe la normativa a que se refiere el art�culo 110 de la Constituci�n �que ya est�-, que permite a los municipios crear, aut�nomamente, entre otras funciones y cargos, el de juez de polic�a local. Nuestra aspiraci�n es que todo el territorio nacional est� cubierto �la verdad es que queda muy poco sin cubrir- y que ese instrumento, tal como expres� el Senador se�or Mart�nez, sea usado con plena autonom�a por las municipalidades una vez que se legisle sobre el citado art�culo 110, que �repito- autoriza a los municipios, en funci�n de su autonom�a y voluntad, a crear todos los cargos que su presupuesto permita. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, junto con resaltar los aspectos positivos de esta iniciativa, quiero aprovechar la presencia del se�or Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para plantearle la posibilidad de que en algunos casos concretos, dado el aislamiento y las dificultades que enfrentan algunos de los diversos poblados que configuran una comuna, un juzgado de polic�a local funcione alternativamente en lugares distintos. En el caso de la Municipalidad de Cisnes, por ejemplo, donde el juzgado de polic�a local obviamente tendr� su sede en Puerto Cisnes, ser�a altamente conveniente que al menos una vez a la semana el juez se constituyera en la localidad de Las Juntas, que posee un centro de gravedad totalmente diferente, con lo cual se evitar�a un enorme gasto tanto para el municipio como para las personas que deben concurrir al juzgado a realizar alguna gesti�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Me parece que eso es resorte de cada municipalidad; no se requiere ley para tales efectos. El se�or SABAG.- �Me permite hacer una aclaraci�n, se�or Presidente? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, en las comunas peque�as, el alcalde tambi�n tiene la calidad de juez de polic�a local para conocer de causas menores. Solamente las causas mayores pasan a un juzgado de polic�a local donde el juez es abogado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la discusi�n del proyecto. En votaci�n. --(Durante la votaci�n). El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, considero muy atendibles las observaciones planteadas por los Honorables se�ores Parra y Viera-Gallo en el sentido de que no se ha fijado en forma detenida la competencia y la organizaci�n de los juzgados de polic�a local, ni tampoco la accesibilidad a ellos. Es de gran importancia destacar la promesa hecha por el Ministerio de Justicia en cuanto a que una modificaci�n de la ley N� 15.231 ayudar� a resolver el problema, extraordinariamente grave en las comunas m�s pobres, pues sus habitantes -digamos las cosas como son- no tienen acceso a la justicia, ni siquiera a una justicia primaria. La culpa de tal situaci�n muchas veces la han tenido los propios Gobiernos, que, con la mejor de las intenciones, han eximido del pago de contribuciones de bienes ra�ces a empresas forestales, al pueblo mapuche y a algunos due�os de peque�as propiedades. Entiendo que se ha actuado de manera bien intencionada y lo que se ha hecho es correcto; pero lo grave es que estas exenciones dejan a los municipios sin los recursos suficientes. De tal manera que si un Gobierno concede una exenci�n, debe devolver fondos equivalentes a las municipalidades para que �stas puedan resolver los problemas de los m�s pobres. Aprovechando la presencia del se�or Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, quiero mencionar este hecho con el objeto de que se corrija esa situaci�n, porque no es posible que en las comunas donde viven los m�s pobres sus municipios carezcan de recursos para resolver los problemas de sus habitantes. De todas maneras, el proyecto es muy significativo para las Regiones Octava, Novena y D�cima, que son muy extensas y poseen una red de caminos muy grande, la que en 50 por ciento es de tierra. Las rutas se cortan al llegar el oto�o y no se abren hasta la primavera. Por cierto, esto no s�lo provoca una serie de dificultades a la gente en materia de vivienda, de salud y de producci�n, sino tambi�n en el acceso a la justicia. Por eso es importante que la iniciativa proponga la creaci�n de 13 juzgados al menos en la Regi�n de la Araucan�a, porque permitir� a la gente que reside en lugares apartados tener acceso a la justicia. De all� la relevancia de la creaci�n de los juzgados de Padre Las Casas, Vilc�n, Lonquimay, Teodoro Schmidt, Lumaco, Pur�n, Puc�n, Cunco, Gorbea, Galvarino, Tolt�n, Saavedra y un tercer juzgado en Temuco. Asimismo, considero trascendente la factibilidad de que existan estos juzgados y de que, con la jurisdicci�n y competencia necesarias, est�n en condiciones de recibir las denuncias que hoy d�a les est�n fijadas. Por cierto, ser� mucho mejor cuando el Ministerio de Justicia cree aquellos juzgados que no existen por falta de recursos y se puedan fijar tambi�n las competencias y revisar los procedimientos de acuerdo con la ley N� 18.287. Por esa raz�n, votar� a favor del proyecto. He querido aprovechar la presencia del se�or Subsecretario para darle a conocer el criterio que tengo sobre esta materia. En especial, trat�ndose de una Regi�n tan pobre, pues ello permitir� tener mayor acceso a la justicia. Para que esas comunas m�s pobres dispusieran de los recursos necesarios, el Gobierno podr�a devolver a los municipios correspondientes los recursos que con la otra mano muy generosamente otorga por exenciones en el pago de contribuciones. Voto a favor. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Aburto. El se�or ABURTO.- Se�or Presidente, la iniciativa en debate se limita a crear alrededor de setenta juzgados de polic�a local con el �nico objeto de aumentar la cobertura en esta clase de jurisdicci�n. Me interesa referirme en especial a la forma de nombrar a los jueces. La iniciativa aprobada por la C�mara de Diputados contemplaba la formaci�n de las ternas por las Cortes de Apelaciones, dando preferencia a los jueces o ex jueces de polic�a local. Ello, en mi opini�n, limita la posibilidad de que otros funcionarios, abogados o personas puedan postular a un cargo de tal naturaleza. La enmienda introducida por la Comisi�n de Constituci�n al proyecto aprobado por la C�mara de Diputados abre esa posibilidad principalmente a los dem�s funcionarios, a los abogados municipales, y en especial a los secretarios de los juzgados de polic�a local, quienes muchas veces deben reemplazar a los jueces. De manera que ellos desempe�an la misma funci�n que ejercen los jueces de polic�a local. Por las consideraciones expuestas, voto a favor del proyecto. El se�or SEP�LVEDA (Secretario subrogante).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor) y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado tambi�n en particular y despachado en este tr�mite. Votaron por la afirmativa los se�ores Aburto, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Cordero, Chadwick, D�ez, Fern�ndez, Foxley, Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Mart�nez, Moreno, Mu�oz Barra, Novoa, N��ez, Ominami, Parra, Prat, Romero, Ruiz (don Jos�), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Urenda, Vald�s, Vega, Viera-Gallo, Zald�var (don Adolfo), Zald�var (don Andr�s) y Zurita. REINTEGRO PARCIAL DE PEAJES PARA VEH�CULOS DE TRANSPORTE EN V�AS CONCESIONADAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional y con urgencia calificada de "simple", que establece el reintegro parcial de los peajes pagados en v�as concesionadas por veh�culos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalizaci�n sobre combustibles, con informes de las Comisiones de Obras P�blicas y de Hacienda. --Los antecedentes sobre el proyecto (2592-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 7�, en 31 de octubre de 2000. Informes de Comisi�n: Obras P�blicas, sesi�n 28�, en 11 de septiembre de 2001. Hacienda, sesi�n 28�, en 11 de septiembre de 2001. El se�or SEP�LVEDA (Secretario subrogante).- El proyecto se encuentra informado por las Comisiones de Obras P�blicas y de Hacienda. La primera de ellas, autorizada por la Sala para discutirlo en general y particular en el primer informe. Sus objetivos principales son: 1.- Establecer para las empresas de transporte de pasajeros, propietarias o arrendatarias con opci�n de compra de buses, que presten servicios de transporte p�blico rural, interurbano o internacional, el derecho a recuperar, en la forma que se se�ala, un porcentaje de las sumas pagadas por dichos veh�culos, por concepto de peajes en las correspondientes plazas interurbanas. 2.- Permitir que las empresas de transporte de carga, que sean propietarias o arrendatarias con opci�n de compra de camiones de un peso bruto vehicular igual o superior a 3 mil 860 kilogramos, recuperen, en la forma se�alada, un porcentaje de las sumas pagadas por dichos veh�culos por concepto del impuesto espec�fico al petr�leo diesel. 3.- Facultar al Ministerio de Hacienda, previo cumplimiento de los requisitos que la ley indica, para establecer normas que permitan diferenciar qu�micamente el petr�leo diesel utilizado en la industria, del que emplean los veh�culos motorizados que transitan por v�as p�blicas. El informe de la Comisi�n de Obras P�blicas consigna la aprobaci�n en general del proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores se�ores Cordero, Frei (don Eduardo), Pizarro y Urenda. Asimismo, contempla las modificaciones introducidas a la iniciativa por la C�mara de Diputados, todas ellas aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n, Honorables se�ores Cordero, Frei (don Eduardo), Pizarro y Urenda. Por su parte, el informe de la Comisi�n de Hacienda da cuenta de que el proyecto fue aprobado en general por cuatro votos a favor, de los Senadores se�ores Bitar, Boeninger, Prat y Sabag, y la abstenci�n de la Honorable se�ora Matthei. En cuanto a la discusi�n particular, el informe contiene las modificaciones introducidas a la iniciativa despachada por la Comisi�n de Obras P�blicas, las que fueron aprobadas de la siguiente manera: el art�culo 2� nuevo y el art�culo 3�, que pasa a ser 4�, cuatro votos a favor de los Honorables se�ores Bitar, Boeninger, Prat y Sabag, y la abstenci�n de la Senadora se�ora Matthei. El art�culo 2�, que pasa a ser 3�, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisi�n de Hacienda Honorable se�ora Matthei y Senadores se�ores Bitar, Boeninger, Prat y Sabag. Cabe destacar que el art�culo 1� fue aprobado sin enmienda, con los votos favorables de los Senadores se�ores Bitar, Boeninger, Prat y Sabag, y la abstenci�n de la Honorable se�ora Matthei. La Secretar�a ha elaborado un bolet�n comparado de cuatro columnas donde se consignan el texto aprobado por la C�mara de Diputados, el texto aprobado por la Comisi�n de Obras P�blicas, las modificaciones introducidas por la Comisi�n de Hacienda, y el texto final. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. --Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto y queda despachado en este tr�mite. V. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or SEP�LVEDA (Secretario subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )--------------------( --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: De los se�ores CANESSA, MART�NEZ y VEGA: Al se�or Ministro de Defensa Nacional y a la se�ora Directora del Trabajo, sobre MODIFICACI�N DE ART�CULO 217 DEL C�DIGO DEL TRABAJO. Del se�or HORVATH: A los se�ores Ministros del Interior, de Obras P�blicas, de Econom�a, y Secretario General de la Presidencia, respecto de COMPROMISOS ASUMIDOS EN MESA DE DI�LOGO P�BLICO-PRIVADA CONSTITUIDA EN UND�CIMA REGI�N. Del se�or VALD�S: Al se�or Ministro del Interior, acerca de SITUACI�N LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE SE�OR DOUGLAS TOMPKINS Y DE FUNDACIONES PUMAL�N Y EDUCEC. )-------------------( El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Socialista. Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. EXPRESIONES DE DOLOR ANTE ACCI�N TERRORISTA CONTRA ESTADOS UNIDOS El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, ayer 11 de septiembre de 2001 se grab� en la memoria hist�rica de la humanidad uno de los sucesos m�s dram�ticos que nunca antes alguno de nosotros haya vivido. El mundo civilizado sufri� uno de los atentados m�s brutales de los que se tenga recuerdo. Seguramente esta generaci�n quedar� marcada por dichos incidentes, por el que todos los se�ores Senadores presentes en la Sala �me imagino- se encuentran a�n conmocionados. Los hechos que hemos podido presenciar deben ser asumidos como uno de los peores momentos que ha debido enfrentar el mundo en las �ltimas d�cadas. Su magnitud hac�a dif�cil prever estas circunstancias tan atroces. Lo cierto es que ello desgraciadamente ocurri�, y se suma a algunos episodios que en su momento cambiaron tambi�n de alguna manera el curso de la historia. Me refiero a sucesos como los acaecidos en 1914, a�o en que comenz� la Primera Guerra Mundial, con el atentado de Sarajevo, que cost� la vida al heredero del trono austro-h�ngaro, Francisco Fernando, y que para algunos historiadores signific� el punto de partida del siglo XX y de una nueva era para la humanidad. En esa misma perspectiva se inscribe �record�moslo tambi�n- la invasi�n de los ej�rcitos del Tercer Reich a Polonia en septiembre de 1939, lo cual desencaden� �como todos saben- un segundo conflicto b�lico de alcance mundial. Dos a�os despu�s, los japoneses protagonizar�an uno de los cap�tulos negros de la historia contempor�nea, al atacar a la indefensa flota norteamericana en el Pac�fico, concentrada en Pearl Harbor. Este hecho deriv� en la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y en un espiral de violencia que �como todos conocen- culminar�a desgraciadamente con las atroces bombas at�micas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. El ataque terrorista que vivi� Estados Unidos el d�a de ayer, a mi juicio, ha trastrocado visiblemente, al igual que los sucesos antes descritos, al mundo. Y aunque, en mi opini�n, este acto no desencadenar� �como algunos sostienen de manera liviana- una suerte de tercera guerra mundial, ha provocado necesariamente una inflexi�n en la historia, un cambio significativo en la cotidianeidad de nuestro tiempo. Insisto en que este episodio no debe ser un detonante de un conflicto b�lico, pero s� ha de llevarnos a asumir un compromiso con la lucha frontal y mancomunada del mundo �en la que nos unamos todos quienes somos amantes de la democracia y la libertad- contra el terrorismo, cualesquiera sean sus signos. Nos corresponde, en consecuencia, desempe�ar un rol hist�rico: debemos considerar como premisa que el terrorismo �al igual que el narcotr�fico- se ha llegado a convertir en uno de los principales enemigos de nuestros pueblos. �sos son los enemigos de hoy, que hunden a muchas naciones y generaciones enteras de seres humanos. En cuanto a quienes cometen este tipo de actos, que considero solapados y cobardes, cuyo objetivo es ir contra gente inocente -seres humanos comunes y corrientes-, y sembrar el terror y el miedo, creo bueno para esta generaci�n y sobre todo para el Senado hacer una reflexi�n. A diferencia de una guerra declarada, donde se enfrentan ej�rcitos, los que normalmente representan a naciones, la acci�n terrorista no habla en nombre de ning�n pa�s, ni siquiera de un conjunto de ellos, y es, fundamentalmente, una acci�n, por lo general, dirigida contra civiles inocentes. El acto terrorista depende de un grupo de personas que comparten una sesgada y �por decir lo menos- enfermiza visi�n de la realidad. Por lo tanto, resulta dif�cil definir las fronteras exactas del terrorismo. Pero, m�s que eso, el acto terrorista es, sobre la base de los acontecimientos que hemos conocido en los �ltimos tiempos, consecuencia directa del fanatismo, la intolerancia y una concepci�n totalitaria del hombre. Hablamos de individuos que dicen poseer la verdad sobre las cosas y, lo que es peor, sus posiciones extremas normalmente los llevan a querer acabar con todos quienes se opongan a sus postulados, en lo posible, extermin�ndolos. Es cierto que en Chile vivimos en el pasado una etapa en que el terrorismo de Estado se manifest� con brutalidad. Sin embargo, conf�o en que la acci�n terrorista ejercida durante el Gobierno militar sea el �ltimo ejemplo de terrorismo de Estado que debamos sufrir en nuestro pa�s y, ojal�, en Am�rica Latina. Sin embargo, desgraciadamente, en esa experiencia no debemos olvidar que en nuestro pa�s se adiestraron fascistas ultraderechistas italianos y cubanos anticastristas, que pasaron por nuestro pa�s y que posteriormente cometieron actos de terrorismo fuera de �l. Por lo tanto, todos los chilenos debemos asumir que ese hecho ocurri� en Chile. No obstante, esta clase de terrorismo �es decir, el terrorismo de Estado o el que se ejerce entre un Estado y otro, incluso el que se produce actualmente en pa�ses isl�micos de car�cter fundamentalista- es dif�cil implementarlo en el mundo actual. Felizmente, la humanidad ha tomado conciencia de que no es posible aceptarlo. Lo que ha ocurrido recientemente en la ex Yugoslavia habla bien del curso que est� tomando la historia de este siglo al respecto. Es decir, nadie puede sustraerse a la acci�n de la justicia, aun cuando algunos pretendan marginarse de la misma m�s all� de sus fronteras. Quienes pretendan realizar estas pr�cticas s�lo pueden hacerlo dentro de las fronteras de muy pocas naciones. Si quieren llevarlas a cabo fuera de ellas, no tienen otra alternativa que usar la ideolog�a fan�tica de sus individuos, organizarlos y contactar a sus miembros en otros pa�ses, a fin de que �stos cometan actos terroristas m�s all� de las fronteras de naciones que puedan inspirarlos. Los pa�ses que est�n alimentando a los terroristas son contados con los dedos de las manos, pero peligrosamente constituyen una cifra no despreciable de personas. Son miembros de organizaciones que han surgido en los �ltimos a�os, muchos de ellos movidos por un integrismo que los hace cometer actos tan brutales como los infligidos ayer contra miles de estadounidenses. Revisando nuestra historia contempor�nea, encontramos algunas similitudes entre los sucedido ayer en Estados Unidos con los kamikazes japoneses de la Segunda Guerra Mundial; mas hay que reconocer una diferencia fundamental: esos pilotos fan�ticos mor�an por su emperador, por su patria, y combatiendo a un enemigo en el contexto de una guerra declarada. Por estas razones, lamentablemente, todo indica que el ataque sufrido por Estados Unidos en el d�a de ayer es el inicio de una nueva forma de hacer la guerra. Los atentados a los edificios de Nueva York y al Pent�gono en Washington, apuntan al surgimiento de una nueva orientaci�n en este campo. Seguramente, con esta experiencia, Estados Unidos va a iniciar una nueva pol�tica en el marco de las relaciones internacionales, respecto de lo cual debemos estar particularmente atentos. Dada la globalizaci�n que impera en el mundo, este sistema requiere que todos los pa�ses tomemos partido acerca de los actos terroristas y al terrorismo en su conjunto. En mi opini�n, nuestro pa�s debe adscribirse claramente a una postura contraria al terrorismo, combatirlo cualesquiera sean las ideolog�as o intereses que lo muevan. Chile y todos sus partidos pol�ticos, en especial, nuestra propia colectividad, el Partido Socialista, que vivi� el terrorismo de Estado en �pocas pasadas, deben rechazar ese acto tan cruel como el que vivimos en el d�a de ayer. Ning�n objetivo, ning�n punto de vista de car�cter religioso, pol�tico o de otra naturaleza justifican acto de terrorismo alguno. En consecuencia, en esta generaci�n, debemos ser capaces de exterminarlo. Para iniciar esta batalla y combatir esa conducta tan cruel, debemos plantear con fuerza algunas condiciones claves como son, en mi opini�n, que toda lucha mancomunada, organizada a nivel mundial para combatir el terrorismo, debe adoptar, a lo menos, los siguientes resguardos: respetar los Derechos Humanos, inscritos en la Declaraci�n Universal de los mismos; en ning�n caso poner en peligro la paz mundial, y ratificar, en el m�s breve plazo, el Tratado del Tribunal Penal Internacional, especialmente por parte de los Estados Unidos que, como todos sabemos, no lo ha hecho. Estas tres herramientas de car�cter internacional son fundamentales: primero, a fin de combatir el terrorismo con fuerza y no amilanarse por la capacidad que puedan tener quienes lo practican. Segundo, debe tenerse presente que es b�sico, en cualquier circunstancia, resguardar el ejercicio pleno de los derechos humanos y, al mismo tiempo, hacer que prevalezca por todos los medios la idea de que la paz mundial hay que garantizarla. Y tercero, hacer cuanto sea necesario para que el Tribunal Penal Internacional �as� como Milosevic ya lo est� viviendo- sea ratificado por todos los pa�ses del mundo, particularmente, por los Estados Unidos de Norteam�rica. Por �ltimo, quiero dejar en claro una idea: desde ayer, en mi opini�n, nada ser� igual en el �mbito internacional. El mundo algo cambi�. Desde ahora, el giro que ha dado la historia escribir� un futuro que depende de todos nosotros. Hoy no cabe el silencio, ni mirar los hechos como si no nos incumbieran. Es el momento de expresar nuestro dolor. Y, por eso, en nombre de nuestra bancada, quiero manifestarlo de la manera m�s honda posible a todos los norteamericanos que sufrieron durante el d�a de ayer, 11 de septiembre, esta experiencia tan brutal. Asimismo, en mi opini�n, el Senado debe enviar las condolencias correspondientes a todas las autoridades de ese pa�s, a sus representantes en Chile, a los norteamericanos residentes y, en lo posible, a todo el pueblo de los Estados Unidos. El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, sugiero que la intervenci�n del Senador se�or N��ez sea enviada al representante diplom�tico de los Estados Unidos en Santiago, a trav�s de nuestra Canciller�a. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El Comit� Institucional 2 no usar� su tiempo. En el turno del Comit� Dem�crata Cristiano, tiene la palabra el Honorable se�or Lavandero. El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, concedo una interrupci�n al Senador se�or Moreno. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a. HOMENAJE EN MEMORIA DEL PROFESOR DE ENTOMOLOG�A DON RA�L CORT�S PE�A. OFICIOS El se�or MORENO.- Se�or Presidente, intervengo esta tarde para rendir homenaje a un cient�fico chileno, fallecido hace algunas semanas, quien fuera profesor en cinco universidades de nuestro pa�s en la especialidad de entomolog�a. Me refiero a don Ra�l Cort�s Pe�a. Este hombre, que probablemente hizo una vida muy en silencio dentro de los laboratorios, entreg� una de las grandes contribuciones a lo que hoy en d�a Chile exhibe como un pa�s libre de muchas de las plagas que azotan, precisamente, a nuestro principal rubro de exportaci�n no tradicional, como la fruticultura. �l tuvo la posibilidad de ense�ar y formar a otras personas como profesor de Entomolog�a Agr�cola en la Facultad de Agronom�a de la Universidad Cat�lica de Chile, entre 1938 y 1960; fui su alumno, al igual que el Senador se�or Gazmuri, aqu� presente. Fue profesor de Entomolog�a Agr�cola en la Facultad de Agronom�a de la Universidad de Chile, entre 1946 y 1954. Fue Vice-Decano de la Facultad de Agronom�a de la Universidad de Concepci�n, en 1954. Fue profesor de Zoolog�a y Entomolog�a de la Universidad Cat�lica de Valpara�so y Decano de la Facultad de Agronom�a de la misma, entre 1960 y 1966. Y fue Director Fundador del Departamento de Agricultura �hoy, Facultad de Agronom�a- de la Universidad del Norte, en Arica, entre 1969 y 1972, y posteriormente, entre 1975 y 1982. Este cient�fico public� m�s de 80 trabajos, difundidos en Chile, Estados Unidos, Francia, Italia, M�xico, B�lgica, Per�, Brasil y Argentina, sobre entomolog�a y biolog�a, y taxonom�a y h�bitos paras�ticos de taqu�nidos de Chile. Fue distinguido por la Sociedad Agron�mica de Chile; por el Colegio de Ingenieros Agr�nomos como el mejor investigador en 1965; por la Sociedad Chilena de Entomolog�a, donde fue su Presidente y declarado Socio Honorario; por la Sociedad Entomol�gica del Per�; por la Universidad del Norte, que lo declar� Profesor Honoris Causa; por la Universidad de La Plata, Argentina, como Acad�mico Asociado Honorario; por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y por la Universidad de Florida, en los Estados Unidos de Norteam�rica. Este hombre hizo una contribuci�n como funcionario p�blico, porque trabaj� como Director del Departamento de Investigaciones Agr�cola del Ministerio de Agricultura, entre 1954 y 1960. Fue Director Suplente del Departamento de Sanidad Vegetal de la misma Secretar�a de Estado, en 1957. Tambi�n tuvo la posibilidad de concurrir como becado a la Universidad de Harvard y las de distintos pa�ses como los Estados Unidos, Canad�, M�xico, Centroam�rica, Colombia y Per�. Como he dicho, era un hombre eminente que vivi� en el silencio del laboratorio; pero su contribuci�n a la sanidad vegetal en Chile y en particular a la entomolog�a, es invaluable. Por eso, se�or Presidente, en este momento, en esta Alta Corporaci�n, rindo homenaje a un cient�fico de esta envergadura, quien fue maestro de maestros; que ense�� a muchos que hoy son profesores em�ritos en distintas universidades del pa�s; que fue un cristiano muy profundo, pero, sobre todo, un hombre que supo distinguir la ciencia de la calidad humana y del servicio a los dem�s. Junto con rendir este tributo, solicito que se oficie, en mi nombre, adjuntando el texto de mi intervenci�n, al se�or Ministro de Agricultura; al se�or Subsecretario de la misma Cartera; al se�or Director del Servicio Agr�cola y Ganadero; al se�or Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias; a la Directora del Fondo de Innovaci�n Agropecuaria; a los Rectores de las Universidades de Chile, Cat�lica, Cat�lica de Valpara�so, de Tarapac� y de Concepci�n; a los se�ores Decanos de las facultades correspondientes; a los se�ores Presidente y Consejeros del Colegio de Ingenieros Agr�nomos; a la Sociedad de Entomolog�a de Chile, y a los Centros de Alumnos de las Escuelas de Agronom�a de todo el pa�s. He dicho. --En conformidad al Reglamento, se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, petici�n a la que adhiere el Comit� Dem�crata Cristiano. El se�or LAVANDERO.- Me ha pedido una interrupci�n el Senador se�or Mart�nez. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Antes de dar la palabra al se�or Senador, debo hacer una rectificaci�n. Al Comit� Socialista le restaban 3 minutos, y el Honorable se�or Viera-Gallo me hab�a solicitado intervenir dentro de tal tiempo. Por lo tanto, tiene la palabra, Su Se�or�a. REPUDIO A TERRORISMO INTERNACIONAL Y CONDENA A ATENTADO CONTRA ESTADOS UNIDOS El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, me referir� brevemente al mismo tema sobre el cual habl� hace un rato el Senador se�or N��ez. Los atentados terroristas cometidos en Estados Unidos han sido un�nimemente rechazados. Y es justo que as� sea. �C�mo se podr�a justificar un crimen de esa magnitud? Lo importante es que esa condena no sea de los labios hacia fuera. Frente a este tipo de atrocidades, no cabe ninguna ambig�edad. El mundo no ser� m�s como era antes de este fat�dico 11 de septiembre. Nada bueno puede provenir del mont�n de escombros de las dos torres de Nueva York y de las ruinas del Pent�gono. Digo estas palabras mientras contin�a el rescate de un gran n�mero de v�ctimas que permanecen con vida bajo un c�mulo de escombros de los que fueron edificios emblem�ticos de los Estados Unidos. La escalada de la violencia ha alcanzado tales l�mites que pareciera que, de ahora en adelante, en este siglo que comienza, no habr� nada digno de respeto. Hay quienes, sin embargo, para mi estupor, esgrimen consideraciones que aten�an el crimen, desliz�ndose de las hip�tesis explicativas a la justificaci�n no confesada: el imperialismo americano, la prepotencia y ceguera de la pol�tica del Gobierno de Reagan, las injusticias de la globalizaci�n, el choque de las civilizaciones de Hungtington, la rabia acumulada de los pueblos oprimidos. Estas personas tienen diversos colores pol�ticos. �Qui�n no tiene alguna raz�n o motivo para criticar a Washington? Contrasta esa actitud con la imagen de Yasser Arafat donando sangre para las v�ctimas del desastre. Queremos creer que su posici�n no obedece a ning�n c�lculo pol�tico, sino que a algo m�s profundo: la afirmaci�n de ciertos valores universales que en ninguna circunstancia pueden ser restringidos o simplemente desechados. Y lo hace quien dirige al pueblo palestino y tiene m�s de alg�n motivo para criticar la pol�tica estadounidense en el Medio Oriente. Las autoridades norteamericanas han calificado estos hechos como actos de guerra y han dicho que llevar�n a sus responsables a la justicia, en lo que tienen plena raz�n. Adem�s, el Presidente Bush ha sostenido que no se restringir�n las libertades en su pa�s, pues se estar�a incurriendo en lo que los terroristas buscaban; es decir, alterar el sistema de vida democr�tico. Sin embargo, sorprende el modo como se ha informado sobre estos sucesos, tanto por parte de los medios escritos como por la televisi�n. No hemos visto im�genes de personas muertas, ni siquiera de heridos. Pareciera que hubiera habido en el pa�s del norte una suerte de limitada libertad de prensa, t�citamente aceptada por todos. El problema surge, y es mayor, cuando simult�neamente el Presidente de los Estados Unidos habla de preparar una represalia ejemplificadora, no s�lo contra los autores sino tambi�n contra los pa�ses que les dan amparo. Por cierto que frente a una agresi�n de esta naturaleza -y de eso se trata- la r�plica se justifica, conforme al derecho internacional, pero ese Gobierno, al hacerlo, no debe olvidar las leyes de la guerra y los principios del derecho humanitario. Recientemente, Juan Pablo II ha dicho con claridad que la justicia no se consigue con la venganza. La sangre no lava la afrenta, aunque el primer impulso sea el recurrir a las armas, cuyo uso debiera estar siempre al servicio del derecho. Es la hora de la firmeza en la defensa irrestricta de los principios que fundan la convivencia humana. Por eso, sin ambig�edades, hay que repudiar el terrorismo internacional y condenar los hechos acaecidos en Washington y en Nueva York y, al mismo tiempo, advertir del peligro de formas de reacci�n que pudieran no ajustarse al derecho internacional. Como expresa el dicho popular "no se apaga el fuego con bencina". El orden internacional del siglo que reci�n comienza debe fundarse en principios respetados por todos y, en primer lugar, por las naciones m�s poderosas. ��sa es la forma justa de combatir el terrorismo! DOBLE EST�NDAR FRENTE A ACTOS TERRORISTAS El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, en forma muy breve deseo exponer en esta oportunidad dos temas. Es evidente que el acto de terrorismo feroz y salvaje que hemos presenciado ayer conmueve al mundo y tambi�n a nosotros. Cuando uno se pregunta d�nde est� la g�nesis de estos actos, el origen del uso de la violencia asesina y enmascarada, que no da el rostro, debe revisar las ra�ces hist�ricas de la convivencia humana en el siglo pasado y hasta nuestros d�as. Y, al hacerlo, descubre que fundamentalmente el problema est� en que los actos terroristas se repudian seg�n sea la conveniencia o inconveniencia pol�tica de hacerlo. Esta conclusi�n es trist�sima, porque no se entiende que la semilla del terrorismo, que siempre es un acto menor, no es condenado ni repudiado, y a trav�s de ese acto menor que no es objeto de rechazo se da p�bulo a que siga creciendo y principie a aumentar el efecto de esa acci�n. Yo no quer�a hablar de este tema. He escuchado con mucha atenci�n algunos dichos del Honorable se�or N��ez, quien se refiri� al terrorismo de estado que se hac�a durante el Gobierno militar. Insisto: yo no quer�a hablar de este tema, porque tengo una visi�n m�s amplia de nuestra realidad y de nuestra historia. Comprendo los puntos de vista diferentes y el apasionamiento en determinados momentos, pero, escuch�ndolos, he tenido que retroceder al origen, a la semilla de estas situaciones que han ocurrido en Chile y en todas partes del mundo. Y, estando absolutamente de acuerdo y convencido de que nada justifica el terrorismo, me pregunto por qu� no he visto, no he le�do ni he escuchado ning�n rechazo, de ninguna autoridad, de ning�n partido pol�tico, por los actos vand�licos llevados a cabo en las noches del 9 y del 11 de septiembre, donde hubo tres ciudadanos chilenos muertos, ataque a las personas, destrucci�n de la propiedad y enfrentamiento a la fuerza p�blica. Y nadie ha levantado la voz para rechazar tales acciones. Hemos perdido la profundidad de nuestra vida ciudadana, impresionados por el horrible y, por supuesto, repudiable acto que hemos presenciado ayer. Pero, �y en casa no hemos sido capaces de expresar nuestro rechazo ante aqu�llos? �Si ah� tambi�n hay terrorismo, vandalismo! �Es terrorismo lo que hemos visto en Concepci�n cuando quienes se dicen estudiantes, con los rostros cubiertos con capuchones, atacan a la fuerza p�blica durante todo el d�a, con gran griter�o? Es terrorismo urbano, dig�moslo claramente. Y lo mismo sucede con la gente que muri� en Santiago, y como lo fueron las barricadas. C�mo es posible ver las avenidas de la zona sur de Santiago plagadas de fogatas en la noche, y las bombas molotov. Eso tambi�n es terrorismo, y debiera ser repudiado. Pero si no repudiamos el origen en las cosas peque�as, vamos a llegar, tarde o temprano, al enorme acto de terrorismo que hemos visto ayer. Como ya dije, no quer�a tocar este tema. Se ha acusado al Gobierno militar de terrorismo de estado, y nunca lo ha habido, no existe, es una ficci�n. Las personas pueden haberse desbandado, en determinado momento, y aunque a veces no ha gustado, la Justicia est� actuando. Pero hoy d�a no hemos sabido de ninguna condena por los actos a que me he referido, nadie ha levantado su voz de protesta ante los 72 carabineros y el personal de las Fuerzas Armadas muertos, sin que sepamos qui�nes los asesinaron. Todo eso es terrorismo. Quiero ser consecuente. Respeto las opiniones de todos los se�ores Senadores, tambi�n la del Honorable se�or N��ez. Sin embargo, olvida y no repudia lo sucedido en Chile las noches del 9 y 11 de septiembre, que son tambi�n actos terroristas, cuando encapuchados han asustado, aterrorizado e inmovilizado a la poblaci�n, impedido la circulaci�n, afectado las libertades fundamentales, y ning�n partido pol�tico ha dicho nada al respecto. �Grave error! Quiero expresar mi profunda preocupaci�n por esto y mi gran dolor ante ese doble est�ndar que nos lleva al origen de la violencia terrorista, que es el permitir el peque�o acto so pretexto de conveniencias pol�ticas, y sorprendernos frente al enorme y terrible atentado de que hemos sido testigos. ARRENDAMIENTO DE TERRITORIO NACIONAL A BOLIVIA El se�or MART�NEZ.- En seguida, en mi calidad de Senador de la Rep�blica, quiero hacer presente mi profundo malestar frente a la noticia publicada por el diario "La Tercera" el domingo pasado relacionada con el posible arrendamiento de territorio nacional a Bolivia. Creo que ello, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pensando en la paz y la conveniencia de que �stas siempre sean fluidas, constituir�a una gran equivocaci�n. Hoy d�a obtendr�amos un enorme aplauso de Bolivia, si es que as� fuera, pero ma�ana enfrentar�amos una canasta de problemas que nos llevar�an a situaciones muchas de ellas, previsiblemente, por desgracia, de cierta violencia. Considero que arrendar parte de nuestro suelo atenta, primero, contra la unidad del territorio, porque se lo est� arrendando a un estado soberano, y eso no se puede hacer. La continuidad del territorio, el concepto de unidad territorial se rompe. Y, desde otro punto de vista, la Constituci�n, por supuesto, no lo permite. Creo que este tipo de soluciones se encuentra absolutamente fuera de nuestras posibilidades. Pol�ticamente se podr� hacer, pero el pa�s nunca lo va a aceptar. La naci�n quedar�a herida, profundamente herida. Se utilizar�n los medios de comunicaci�n para apagar la preocupaci�n, para que no lo sepa la ciudadan�a o para que no se fije en ello; pero la naci�n va a quedar herida. La continuidad territorial de Chile no puede sufrir esa clase de divisi�n, ese tipo de heridas. Adem�s, con ello se plantea un problema m�s grave todav�a: si as� ocurriera en la realidad, al final, Bolivia insistir�a en que si ahora tiene el arrendamiento de ese territorio, podr�a reclamar la entrega definitiva de �l, con lo cual se romper�a la continuidad territorial del pa�s. Pienso que la naci�n chilena y quienes servimos en las Fuerzas Armadas y de Orden en nuestra vida no lo aceptar�amos por ning�n motivo. He dicho. El resto del tiempo lo cedo al Senador se�or Lavandero. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable se�or Lavandero. SUBSIDIO DE CESANT�A DURANTE CRISIS RECESIVAS El se�or LAVANDERO.- Se�or Presidente, aprobamos recientemente el mejor proyecto que pudimos consensuar para defender los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. La iniciativa es importante, pero est� destinada a proteger a la gente que tiene trabajo. Sin embargo, existe un considerable sector de trabajadores cesantes y nos parece que debiera haber una pol�tica de mejoramiento institucional destinada a protegerlos, especialmente cuando cada cierto tiempo el sistema econ�mico que nos rige, no s�lo en el orden internacional, sino tambi�n en el �mbito interno, se ve afectado por crisis c�clicas que se traducen fundamentalmente en pobreza y, sobre todo, en cesant�a. Por eso, Chile debe prepararse para enfrentar tres o cuatro a�os m�s de elevado desempleo. Pareciera oportuno que el Gobierno considere proteger a la poblaci�n de este fen�meno de la misma forma en que lo hacen los pa�ses m�s civilizados: otorgando un subsidio de cesant�a digno. La desocupaci�n afecta en estos momentos a 563 mil chilenos, equivalente a 9,7 por ciento de la fuerza de trabajo. Si se considera que cerca de 150 mil personas se encuentran ocupadas en planes de empleo de emergencia que, felizmente, el Gobierno se ha decidido implementar, la econom�a por s� sola est� dejando a 713 mil personas sin trabajo, esto es 12,3 por ciento de la fuerza laboral actual. De esa manera, se completan tres a�os consecutivos en que la desocupaci�n supera las 400 mil personas, esto es, alrededor de 7 por ciento de la fuerza de trabajo. Tal como se presentan las cosas en la econom�a mundial y regional, parece probable que la econom�a chilena mantendr� su lenta recuperaci�n, tal como hasta ahora ha ocurrido, y por muchos meses m�s. Por otra parte, es tambi�n posible que la tasa de creaci�n de empleo se mantenga todav�a reducida durante un tiempo, aun cuando la econom�a crezca. Una reciente encuesta realizada a 200 gerentes de las principales empresas del pa�s revela que ellos esperan crecimientos de ventas de 5 � 6 por ciento para el 2001 y 2002, y piensan atender dicha recuperaci�n de la actividad pr�cticamente sin aumentar todav�a el n�mero de sus empleados. En otras palabras, y tal como mucho hemos venido insistiendo desde los inicios de la actual recesi�n, los chilenos debemos enfrentar un per�odo prolongado de altas tasas de desempleo. De hecho, no es improbable que el iniciado en nuestro pa�s en 1998 se extienda a lo largo de seis o siete a�os, tal como ocurri� durante la crisis de los a�os ochenta. Es cierto que la magnitud del aumento de la cesant�a en cada ciclo recesivo depende en parte importante de la habilidad de las autoridades econ�micas de turno para morigerar o acentuar el fen�meno. Hay pr�cticamente consenso entre los economistas en que algunas autoridades econ�micas chilenas han sido en alg�n grado responsables de la crudeza del actual ciclo recesivo en el pa�s. Con todo, la experiencia muestra que la ocurrencia c�clica de per�odos m�s o menos agudos y prolongados de desempleo son pr�cticamente consustanciales al desarrollo de la econom�a neoliberal. El flagelo de la cesant�a elevada ha azotado en forma peri�dica, con gran regularidad, aunque con diferente intensidad, a la econom�a mundial desde hace m�s de dos siglos. En m�s de una ocasi�n los economistas han dado el problema por superado, especialmente cuando se han sucedido varios a�os de crecimiento sostenido. Sin embargo, la cesant�a ha retornado porfiadamente, afectando incluso a las econom�as capitalistas y m�s maduras. As� ha ocurrido, por ejemplo, durante casi toda la �ltima d�cada nada menos que en Europa. Frente a la evidencia de lo anterior, todas las naciones civilizadas han establecido mecanismos m�s o menos efectivos de protecci�n contra el desempleo. Una adecuada defensa contra el fen�meno, junto con el acceso a la salud, a la educaci�n y a la previsi�n, adem�s de salarios dignos y un trato laboral decente, constituyen de hecho los pilares fundamentales del contrato social moderno. Dichos elementos son, por lo dem�s, parte de los derechos fundamentales de la persona, reconocidos como tales por la Declaraci�n Universal de los Derechos del Hombre. Por cierto, don Ren� Cort�zar, en un estudio bien acucioso realizado aproximadamente en 1985, plante� estos temas y, adem�s, propuso reformar la Constituci�n para incluir el derecho al trabajo y la obligaci�n del Estado a otorgarlo. Los tiempos cambian. Todas las naciones desarrolladas -entre ellas, las de Europa occidental, Estados Unidos y el resto perteneciente a la OCDE, as� como todas aquellas que han alcanzado recientemente grados importantes de desarrollo, por ejemplo, Corea y otros pa�ses del sudeste asi�tico- han llegado a la conclusi�n un�nime de que la forma m�s efectiva de otorgar protecci�n contra el desempleo consiste en proporcionar a quienes pierden su trabajo un subsidio de cesant�a. Dicho beneficio es generalmente proporcional al �ltimo salario percibido y se extiende en condiciones decrecientes m�s o menos durante todo el ciclo de desempleo elevado. Parece del todo evidente, una vez que las sociedades asumen que el fen�meno del elevado desempleo c�clico es casi inevitable �aunque una adecuada pol�tica monetaria y fiscal, expansivas en ambos casos, durante los per�odos recesivos pueda, como se ha dicho, morigerar el fen�meno-, la conclusi�n de que el subsidio de cesant�a es la forma m�s eficaz de proteger a los trabajadores. Ello es as�, en efecto, porque el dinero invertido en el subsidio llega directamente y en su integridad a los destinatarios, es decir a los cesantes, quienes adem�s lo gastan en su totalidad, sosteniendo el alica�do mercado interno de bienes de consumo. Por otra parte, al aumentar por esta v�a el gasto fiscal en per�odos de recesi�n, se reactivan relativamente las ramas de la econom�a que abastecen el consumo de los asalariados, los que generalmente son, adem�s, intensivos en mano de obra. Esto es parte de lo que esta ma�ana plante� en las observaciones que hice a la exposici�n del Presidente del Banco Central, ya que, como en per�odos de crisis disminuyen la demanda y el gasto en el sector privado, es necesario que los gobiernos adopten pol�ticas antic�clicas para equilibrar la disminuci�n del gasto privado con mayor gasto p�blico, sin que eso signifique aumentar el gasto global. En todo caso, nuestro pa�s carece en la pr�ctica -repito- de mecanismos relevantes de subsidios de cesant�a. El recientemente aprobado seguro de desempleo, conocido originalmente como PROTRAC, es un mecanismo que reemplaza la indemnizaci�n por a�os de servicio, con ciertas ventajas para los asalariados; pero no considera de hecho subsidios estatales de magnitud. El PROTRAC es un intento de otorgar cierta protecci�n contra el desempleo mediante la capitalizaci�n individual de un porcentaje de su salario por parte del trabajador y de la provisi�n de indemnizaciones por parte del empleador. El subsidio estatal contemplado para el PROTRAC es, como se ha mencionado, �nfimo -del orden de 10 millones de d�lares por a�o en total- y s�lo permite complementar los ahorros de los trabajadores que no alcancen a recibir el subsidio m�nimo, que es equivalente a la mitad del salario m�nimo del primer mes y decrece r�pidamente hasta agotarse en cinco meses. Desde otro punto de vista, el PROTRAC es un intento de otorgar cierta protecci�n contra el desempleo a partir de un impuesto al trabajo, lo que contrar�a las m�s recientes sugerencias de organismos de Naciones Unidas, los cuales se�alan que las formas de financiamiento de la protecci�n social m�s adecuada en tiempos de globalizaci�n son aquellas financiadas con impuestos generales, ya que afectan menos la competitividad de las empresas. Desde el punto de vista de los derechos adquiridos de los trabajadores, aparte lo que significa el ahorro obligatorio desglosado de su propio sueldo, la protecci�n extra que ellos obtendr�n ser� la seguridad del pago de indemnizaciones a las cuales hoy tienen, a�n cuando su pago en caso de despido reviste en la actualidad un grado de incertidumbre, que se elimina con el nuevo sistema. Pero, sin perjuicio de lo anterior, el PROTRAC no tiene efecto alguno como mecanismo de protecci�n en la coyuntura actual, pues entrar� a regir cuando la actual emergencia haya pasado y tardar� a�os en acumular un fondo que permita enfrentar una nueva coyuntura recesiva con una m�nima protecci�n. Existe en Chile, en cambio, un mecanismo de subsidio de cesant�a, al cual puede recurrir cualquier trabajador despedido. El s�lo hecho de acudir a �l, por otra parte, otorga al trabajador beneficios adicionales relacionados con salud, escolaridad y otros. Dicho subsidio est� administrado por el Instituto de Normalizaci�n Previsional (INP), organismo que contempla mecanismos t�cnicos relativamente expeditos para atender la demanda del mismo. El problema respecto a dicho subsidio es -por cierto- su monto, que es poco m�s de 17 mil pesos por mes (25 d�lares). De hecho, muchas de las casi diez mil personas que lo solicitan en la actualidad, lo hacen principalmente por los beneficios laterales mencionados, puesto que el monto del subsidio m�nimo escasamente supera los costos y molestias de tramitaci�n del mismo. Incrementar el actual subsidio de cesant�a a un nivel de protecci�n m�nimo -por ejemplo, subirlo a un 75 por ciento del salario m�nimo- significa un costo aproximado de 745 mil pesos por persona al a�o (1.096 d�lares). En otras palabras, aumentar el subsidio de cesant�a existente de 17 mil a 80 mil pesos mensuales para atender a 300 mil cesantes -que es la cantidad de personas en que ha incrementado la cesant�a desde mediados de 1998 a la fecha- representa un costo del orden de 223 mil millones de pesos al a�o (328 millones de d�lares). Esta cifra se encuentra en el orden de magnitud de lo que el Gobierno puede destinar a estos efectos sin generar desequilibrios de ning�n tipo en su manejo presupuestario. De hecho, el Gobierno destin� 100 mil millones de pesos del Presupuesto de 2001 a los planes de empleo de emergencia. Una medida m�s adecuada y efectiva a�n podr�a consistir, de manera alternativa a la que ya he propuesto, en atender la demanda de los trabajadores en el sentido de otorgar un subsidio de cesant�a equivalente al 75 por ciento del �ltimo salario percibido. En este caso, si se toma como punto de partida el salario medio -el cual ha sido estimado por el INE en 246 mil 980 pesos (363 d�lares)-, el costo que implica mantener un subsidio de cesant�a en el 75 por ciento de esa remuneraci�n promedio para 300 mil personas durante un a�o, sube a 605 mil millones de pesos (890 millones de d�lares). Esta cifra, por abultada que parezca, representa poco m�s del 1 por ciento del Producto Interno Bruto chileno. Como referencia, Corea del Sur dedic� anualmente m�s de 3 por ciento de su PIB (muy elevado) al otorgamiento de subsidios de cesant�a durante la reciente crisis asi�tica. Pareciera oportuno que el Gobierno considere seriamente los beneficios de una medida como la propuesta. La misma tendr�a un impacto social inmediato y masivo, aliviando en parte la situaci�n de todas las personas que han quedado cesantes en el curso de la presente crisis. Ello, durante un tiempo adecuado en funci�n de lo que dure la emergencia. Desde el punto de vista de la eficiencia y la focalizaci�n, ninguna forma de paliar los efectos de la cesant�a es mejor que �sa, pues el ciento por ciento de los recursos -repito- ir� directamente a los afectados, a diferencia de los que ocurre con otros programas, donde parte importante de los recursos se desv�an en el camino. Desde la perspectiva de la reactivaci�n de la econom�a y el consecuente alivio del desempleo, parece razonable elevar el gasto p�blico en uno por ciento del PIB. Parte importante del gasto mencionado redundar� en una mayor demanda y en el consecuente alivio para las PYMES, muchas de las cuales producen bienes consumidos por los trabajadores hoy cesantes. �sas son las razones que han inducido a las principales econom�as del mundo ha optar hace a�os por el subsidio de cesant�a directo, como la mejor forma de paliar el flagelo de la cesant�a. Y es tiempo de que Chile demuestre tambi�n en este aspecto cu�nto ha avanzado en el camino del desarrollo y la modernidad. Se�or Presidente, solicito que mis palabras sean transmitidas a los se�ores Ministro del Trabajo y de Hacienda, por cuanto deseo contar con los datos t�cnicos que a este respecto se me pueda aportar, como tambi�n conocer las observaciones que el propio Instituto de Normalizaci�n Previsional formule sobre la materia. Por tales razones, pido que, en mi nombre, se oficie a las referidas Secretar�as de Estado y al Director del Instituto de Normalizaci�n Previsional. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde su turno al Comit� UDI e Independientes. No intervendr�. En el tiempo del Comit� Renovaci�n Nacional, tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. CONDOLENCIAS A ESTADOS UNIDOS POR ATENTADO TERRORISTA El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en primer lugar, deseo sumarme a las condolencias enviadas al pueblo de los Estados Unidos a ra�z de lo acontecido en esa naci�n. En verdad, hemos podido apreciar conmovidos lo sucedido con las v�ctimas inocentes y el grado de sofisticaci�n a que se ha atrevido llegar el terrorismo, con el cual no se puede negociar. Creo que todas las naciones deben hacer un esfuerzo mancomunado para evitarlo. Al mismo tiempo, destaco la reflexi�n y la manera en que el Presidente de ese pa�s ha respondido frente a esos hechos, como tambi�n la certeza y alta responsabilidad de los medios de comunicaci�n, que no se han prestado para presentar im�genes terribles y escabrosas como, desgraciadamente, exhiben otros medios, incluso en nuestro pa�s. Como cuerpo colegiado, presentaremos mayores antecedentes en un informe que se prepare para tales efectos, y los acuerdos que se adopten en la Comisi�n de Relaciones Exteriores y en la Sala. MOROSIDAD DE MINISTERIO DE OBRAS P�BLICAS EN OBLIGACIONES CON CONTRATISTAS. OFICIO El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, en segundo lugar, deseo referirme a la dif�cil situaci�n que afecta a muchos contratistas del Ministerio de Obras P�blicas, por cuanto la Direcci�n de Vialidad ha gastado y comprometido fondos, en algunos casos, hasta el 2003. A nuestro juicio, por la v�a de desarrollar programas, a veces en conjunto con las Regiones, ha pasado por alto incluso la Ley de Presupuestos en lo referente a la proyecci�n del gasto. Hoy observamos con preocupaci�n que el propio Ministerio ha debido modificar su reglamento para incluir el pago de intereses bancarios, debido a las demoras en que ha incurrido en sus obligaciones con respecto a los contratistas. �sa situaci�n supera miles de millones de pesos y, al parecer, se arrastra desde hace bastantes meses. Se�or Presidente, por lo anterior, solicito que se oficie, en mi nombre, a dicha Secretar�a de Estado para que haga llegar una lista detallada, a nivel regional, de los distintos contratistas que se encuentran en la situaci�n descrita. Tengo la impresi�n de que no se atreven a llevar su caso a otra instancia -por ejemplo, a los tribunales- por cuanto su trabajo depende de las buenas relaciones que mantengan con dicha Secretar�a de Estado. Es necesario avanzar en este sentido y ver si caben responsabilidades de car�cter administrativo. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. IMPLEMENTACI�N DE ACUERDOS DE MESA DE TRABAJO P�BLICO-PRIVADA EN REGI�N DE AIS�N. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, entre enero y junio del presente a�o funcion� una mesa de trabajo p�blico-privada en la Regi�n de Ais�n, impulsada por el se�or Ministro del Interior, la que desarroll� un trabajo bastante acucioso en todos los sectores, destinado a efectuar un conjunto de planteamientos para reactivar la zona. El informe respectivo fue evacuado bajo la responsabilidad del Gobierno Regional. Sin embargo, echo de menos una mayor celeridad en la puesta en marcha de las medidas acordadas, dado que �stas efectivamente llevan a una activaci�n de distintas posibilidades de trabajo o desarrollo en la zona, y, miradas a�o a a�o, por v�a de tributos generar�n al Estado ingresos que en valor actualizado superar�n con creces el costo que puedan tener. Muchos de esos compromisos requieren de modificaciones legales -entre ellas la de la Ley Austral- para permitir la entrega, por ejemplo, de los beneficios de la inform�tica en �reas aisladas, o la extensi�n de la Zona Franca a Ais�n. Llama la atenci�n el hecho de que tales acuerdos -que en cierto grado se han adelantado en reuniones incluso en la Moneda- no se hayan materializado todav�a, sobre todo los que implican iniciativas de ley, ya que el per�odo que queda hasta fin de a�o es bastante exiguo y a�n falta por despachar el proyecto de Ley de Presupuestos. Prospectado el Congreso, se concluye que se halla en el mejor �nimo para analizarlas r�pidamente. Por lo expuesto, solicito que se oficie a los se�ores Ministros del Interior, de Hacienda, de Econom�a y Secretario General de Gobierno, y a la se�ora Intendenta Regional, pidiendo hacer llegar todos los antecedentes relativos a los compromisos asumidos, y, al mismo tiempo, que se env�en al Parlamento las normativas involucradas, a fin de poder despacharlas este a�o. Obviamente, �stas no deber�n utilizarse con fines electorales por ning�n sector. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, en conformidad al Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Por haberse cumplido el objeto de la presente sesi�n, se levanta. --Se levant� a las 18:27. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n