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- rdf:value = " El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , todos entendemos la importancia de esta materia, porque afecta a un número muy considerable de nuestros conciudadanos. Como aquí se ha dicho, según la encuesta CASEN de 1996, ese número alcanza a 616 mil personas, equivalente a 4,3 por ciento de la población. Pero, si nos atenemos a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en realidad se trataría de 1 millón 400 mil individuos. Estos resultados dependen mucho del modo en que se realice la correspondiente encuesta: cómo se pregunta, y qué es lo que se entiende por discapacidad.
En la Comisión todos estuvimos muy de acuerdo en cuanto a las medidas tendientes a resolver el problema, o a contribuir a la formulación de una política que lo enfrente de modo adecuado, conforme a la filosofía que data desde la Declaración sobre Derechos de la Discapacidad, de las Naciones Unidas, de 1975. Tal declaración fue recogida en la ley que creó el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS).
El problema es siempre el mismo, y en torno de él hemos estado dándonos vueltas: de dónde obtener los recursos para implementar las correspondientes políticas. Porque poco sacamos con definir políticas abstractas, de buenas intenciones, si después faltan los dineros para su realización.
Nosotros, al redactar el informe, nos preocupamos de ese aspecto. Rogaría a los señores Senadores que reparen en lo que se dice en la página 56 del documento en cuestión, donde hay algo que es muy importante al respecto. Existe, además, un trabajo que no fue incorporado al informe, pero que tengo en mis manos, que preparó la Oficina de Informaciones del Senado a nuestra petición, en el cual se señala de dónde se podría obtener al menos una parte de los recursos necesarios para llevar adelante las políticas pertinentes.
Estamos todos conscientes de que la Constitución impide establecer impuestos para determinados gastos. No sé si será un buen principio, porque, por otra parte, muchas veces lo hemos hecho, aunque en forma disfrazada.
Pero la situación es la siguiente: si tomamos en cuenta los juegos de azar existentes en el país, veremos que hoy día el correspondiente a las apuestas hípicas, sumado el Teletrak, abarca el 47,4 por ciento de ese mercado. O sea, es mucho más que la Lotería, mucho más que la Polla Chilena de Beneficencia, y otros.
Los premios de las loterías están afectos al 15 por ciento de Impuesto de Primera Categoría; en cambio, los de la hípica lo están a un gravamen único de beneficio fiscal, cuya tasa es de 3 por ciento sobre las apuestas mutuas realizadas en cada hipódromo, incluyendo el sistema de Teletrak. Cabe precisar que hasta 1981 el sistema de apuestas mutuas de los hipódromos debía contribuir, además de la mencionada tasa de 3 por ciento, con el 3,88 por ciento destinado a financiar la previsión social, lo que fue derogado con posterioridad.
Por último, existe un impuesto por el ingreso a las salas y recintos de máquinas de juego de los casinos de Arica, Coquimbo, Viña del Mar y Puerto Varas, el que asciende a 0,07 unidades tributarias mensuales; aunque por su alta especificidad es de muy bajo rendimiento.
Sucede que hoy día ha aumentado enormemente el mercado de la hípica por la tecnificación del Teletrak. De hecho, todos los días hay carreras de caballos, en las cuales se puede apostar. Eso está gravado con un impuesto de 3 por ciento. En cambio, los premios de las loterías lo están con 15 por ciento. Ello no parece razonable desde ningún punto de vista. Entonces, ¿qué se podría hacer?
Hasta 1981, el sistema de apuestas mutuas de los hipódromos contribuía al financiamiento de la previsión social con una tasa de 3,88 por ciento. Bajo el supuesto del rendimiento más bajo de los últimos años, de 17 mil 500 millones en 1999, restablecer un gravamen de esa misma naturaleza arrojaría una recaudación estimada adicional de 4 mil millones de pesos. Si Sus Señorías tienen presente cuánto es el fondo del FONADIS, establecido en un cuadro sobre cuánto gasta cada institución, el Ministerio de Planificación, a través del FONADIS, desembolsa 2 mil 181 millones.
Por lo tanto, reponer el impuesto que gravaba la hípica hasta 1981, significaría doblar el fondo de FONADIS. Si además, siendo razonables, impusiéramos la misma carga fijada a las loterías -es decir el impuesto único de 15 por ciento, igualando el de los juegos de azar-, obtendríamos una recaudación de 11 mil millones. Evidentemente, eso nos dejaría en condiciones de implementar muchos de los mecanismos hoy día planteados en el informe de la Comisión.
Señor Presidente , soy de los que piensan que los problemas sociales de nuestro país no pueden enfrentarse en general con aumento de los impuestos. Al contrario, opino que hemos llegado a un punto en que topamos fondo, al menos durante el Gobierno del Presidente Lagos, muy probablemente; y que, en consecuencia, los compromisos sociales se tendrán que cumplir de manera diferente al alza de impuestos. Pero aquí estamos evidentemente ante un vacío, porque nadie puede sostener que, con la tecnificación de la hípica y el hecho de que se corran carreras todos los días, además del funcionamiento del Teletrak como está, sea justo que a la hípica la afecte un tributo cinco veces inferior al establecido para las loterías.
Entonces, de lo que se trata, creo yo, es de que el Senado tome conciencia, aprovechando la presencia en la Sala de dos señoras Ministras de Estado. Y pido hacer llegar al señor Ministro de Hacienda un oficio, en mi nombre, para darle a conocer el informe financiero elaborado por la Oficina de Informaciones del Senado para la Comisión. Así el Ministro y el Gobierno podrían estudiar la posibilidad de hacer justicia en lo atinente a los juegos de azar. Si así ocurriera, podríamos contar con una disponibilidad de recursos que podemos calcular en 4 mil millones en un caso, y en 11 mil millones en el otro.
Si pasáramos revista a las principales conclusiones del informe en lo referente a la acción del Estado, nos daríamos cuenta de que algunas de ellas se podrían implementar. Muchas de las cosas aquí señaladas respecto de las construcciones fiscales; de la educación; del perfeccionamiento del personal docente; de la posibilidad de que el Estado reserve una cuota dentro de su dotación de trabajadores que capaciten a personas con discapacidad; de levantar un catastro único, auténtico y actualizado de la población con discapacidad, requiere dinero y recursos. Entonces, o se obtienen nuevos fondos, o éstos se sacan de otras partes que se supone que están bien asignados. Si queremos ser consecuentes con el propósito de dar a la discapacidad la prioridad que aquí se ha señalado (figura en el informe), la única manera que me parece razonable para lograrlo es con el incremento de los recursos, sin apelar a un alza global de impuestos, o a una reforma tributaria, o a procedimientos que pueden perturbar la economía, o a dar una mala señal a la inversión y al ahorro, todo lo cual no es del caso discutir en el día de hoy en el país. Creo que a eso nadie se podría oponer, salvo tal vez los aficionados a la hípica, o quienes tienen algún interés particular en esa actividad específica, que hoy día tiene una tasa de impuestos cinco veces inferior a la de los juegos de loterías.
Quiero señalar además que debiéramos avanzar con el proyecto de ley relativo a los casinos. Esa iniciativa, si entiendo bien, está durmiendo en la Cámara de Diputados. También la actividad de los casinos permanece hoy día sujeta a una tributación mucho menor de la que le corresponde. A menudo esas empresas muestran balances que no dejan utilidades, y solamente las afecta el impuesto de 0,07 UTM por el ingreso a las salas y recintos de máquinas de juego. No sería razonable que en Chile hubiera un desarrollo mucho más moderno y tecnificado de los casinos, como ocurre con los de Viña del Mar, Puerto Varas, Coquimbo, Arica o el de Pucón, sin una tributación adecuada a esa nueva y moderna situación.
Para concluir, señor Presidente -porque no quiero reiterar las ideas-, solicito el envío de un oficio, en mi nombre, al titular de la Cartera de Hacienda -a las señoras Ministras aquí presentes se lo puedo entregar personalmente-, para hacerle ver que, por esa vía, el Gobierno podría conseguir fondos adicionales para destinarlos a una política más eficaz en favor de la discapacidad, en concordancia con el cambio cultural que el informe propicia, que la ley de FONADIS ha sancionado y que las políticas oficiales tanto del Gobierno del ex Presidente Frei como del Presidente Lagos han pretendido impulsar.
Por tanto, debe existir una cierta coherencia en el planteamiento, porque sin más recursos todas estas proposiciones serían sólo letra muerta.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El señor Bombal le solicita una interrupción, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO .-
Con mucho gusto.
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