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El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, en marzo del año pasado, el Senado encargó a la Comisión de Salud realizar un diagnóstico de la situación actual de la discapacidad en nuestro país y, al mismo tiempo, formular proposiciones concretas que tuvieran que ver con la superación de los problemas que de ella derivan respecto de todas las personas que sufren alguna discapacidad.
Transcurrido un año, la Comisión que presido tiene el honor de dar cuenta a la Sala del trabajo realizado.
Los señores Senadores tienen en su poder un completo informe elaborado por la Secretaría de la Comisión de Salud que da cuenta de todas las personas e instituciones que fueron recibidas por ésta durante largas sesiones de trabajo. En él se consignan todas las opiniones entregadas, a partir de las cuales hemos formulado un diagnóstico con las respectivas proposiciones que daremos a conocer en esta oportunidad.
Nuestro interés apunta a que todas estas opiniones, recomendaciones y propuestas, si lo tiene a bien el Senado, sean puestas en conocimiento de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia; Secretaría General de Gobierno; de Salud; de Educación; del Trabajo y Previsión Social; de Planificación y Cooperación; de Vivienda y Urbanismo, y de Transportes y Telecomunicaciones, como también en conocimiento del Fondo Nacional de la Discapacidad; de FONASA; de la Asociación Chilena de Municipalidades y, en lo posible, de todos los municipios e instituciones que deseen recibirlo. Por otra parte, si se aprueba este informe, a partir de esta tarde quedará a disposición de la comunidad en Internet.
Para establecer un parámetro técnico, debemos saber que la discapacidad se define como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica que afecte a una persona determinada.
Discapacidad es toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia física, síquica o sensorial, congénita o adquirida, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La ley cuantifica la limitación y exige que el obstáculo afecte, a lo menos, a un tercio de la capacidad respectiva de una persona.
Minusvalía, por último, es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso, habida consideración de la edad, del sexo y de factores sociales y culturales.
Las principales discapacidades son auditiva, vocal, visual, mental, física y siquiátrica.
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que en los países en vías de desarrollo, entre el 7,5 y el 10 por ciento de la población presenta algún grado de discapacidad. En el caso de Chile, esa cifra representaría un universo del orden de 1 millón 400 mil personas.
En su momento, el Instituto Nacional de Estadísticas informó a la Comisión que según los datos recogidos en el censo de 1992, en Chile había 283 mil 888 personas con discapacidad, lo que si bien es una cifra producto del censo, no corresponde fielmente a la realidad, pues, cuando se hacen las consultas del caso, muchas familias no revelan el problema que viven al interior de sus hogares con algún discapacitado. Por lo demás, esta situación es corroborada hoy por todas las autoridades.
Por otra parte, la encuesta CASEN de 1996 detectó 616 mil 434 casos de discapacidad, los que representan 4,3 por ciento de la población de Chile, cifra que, para tener un referencia, se distribuye más o menos de la siguiente manera: 27,3 por ciento, discapacidad auditiva; 26,9 por ciento, visual; 21,2 por ciento, física; 13,1 por ciento, mental; 5,9 por ciento siquiátrica, y 5,6 por ciento, vocal.
En el informe de la Comisión figuran cuadros por Regiones, por tipo de discapacidad, por sexo y por edad, los que complementan los datos que estamos entregando.
El Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) señaló a la Comisión que hasta 1990 el Estado enfrentó el tema con un criterio asistencial, entregando protección a los afectados por la vía de la seguridad social y de las escuelas especiales segregadas. A partir de esa fecha -agregó FONADIS-, asume un rol más activo e integrador, con participación de los Ministerios del área social y de las organizaciones sociales privadas. Así fue como se dictó la ley Nº 19.284, sobre integración social de personas con discapacidad, la cual dio vida al propio FONADIS .
La Directora de dicha entidad, señora Andrea Zondek , de destacada participación en esta área, hizo presente a la Comisión que hace falta un catastro completo y actualizado de la discapacidad, que suministre una base real y objetiva para evaluarla y que permita enfocar mejor la asignación de los recursos públicos. Éste es un antecedente de suma trascendencia que nos fue proporcionado por la señora Zondek.
Esa misma autoridad advirtió que la intervención de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez -más conocidas como COMPIN- se estaban transformando, por su actual mecanismo de funcionamiento, en una traba al sistema, por su lentitud y por la carencia de criterios uniformes, lo que fue corroborado por múltiples testimonios prestados y recibidos ante la Comisión.
Ocurre, señor Presidente , que los COMPIN, de acuerdo con la ley, están encargados de certificar también la incapacidad laboral, por lo que, a juicio de muchos, sería aconsejable separar este tipo de acreditaciones de lo que es propiamente la discapacidad, certificaciones que, en todo caso, debieran hacerse por equipos multidisciplinarios, y así entonces reconocer validez a la opinión médica, y no sólo a las autoridades que conforman el COMPIN.
No obstante que la ley Nº 19.284 permite que la certificación de la discapacidad se haga por otras instituciones públicas o privadas debidamente acreditadas ante el Ministerio de Salud, en la práctica ello no ha ocurrido, y para el mundo de la discapacidad la certificación del COMPIN es un problema extraordinariamente grave, complicado, que dificulta todavía más la condiciones de quienes sufren discapacidad. Como lo veremos más adelante, estamos en presencia de uno de los mayores problemas que afectan al mundo de la discapacidad.
Con la autorización del Senado, la Comisión de Salud se trasladó hasta la ciudad de Concepción, ciudad perteneciente a una Región que se caracteriza por la fortaleza de su organización asociativa y por el interés que sus autoridades han demostrado en el tema. En esa ocasión se recogieron numerosos testimonios de diferentes organizaciones y corporaciones, muchas de cuyas sugerencias se han incluido en los capítulos pertinentes del presente informe.
Deseo informar, además, que la Comisión acordó oficiar a los 341 municipios del país, consultándolos por los siguientes asuntos: organizaciones sociales vinculadas a las discapacidades existentes en la comuna; acciones desarrolladas por la municipalidad en el ámbito de la discapacidad y recursos asignados a ella; infraestructura física destinada en la comuna a las organizaciones de discapacidad, y modalidades con que se aborda la integración de los discapacitados en el ámbito educacional, si es que ellos están incorporados a la educación regular o asisten a establecimientos especiales.
Los resultados que arroja la tabulación de las 114 respuestas recibidas -es decir, un tercio de las municipalidades respondió el oficio que se les dirigió desde el Senado- están contenidos en el documento "Aproximación diagnóstica en torno a las acciones realizadas frente a la discapacidad a nivel nacional", de octubre de 2000, que se adiciona al final de este informe y cuya lectura, por razones obvias, omitiré; sin embargo, recomiendo a todos los señores Senadores imponerse en él de las acciones que al respecto se están realizando en sus circunscripciones, y también de los municipios que no entregaron respuesta alguna.
Sí podemos decir que las propuestas y las conclusiones se resumen brevemente de la manera siguiente. Para elaborar una política nacional es fundamental disponer de un diagnóstico sobre la magnitud del problema y que se levante el catastro de las instituciones que trabajan en relación con la discapacidad, pormenorizando el tipo de acciones que realizan, la discapacidad que atienden, sus relaciones con el Estado, los recursos de que disponen y las redes de colaboración que se tejen entre ellas.
Hay un gran desconocimiento de la acción que diversas instituciones llevan a cabo, y ello está incidiendo en que, muchas veces, los propios municipios no saben con qué medios o elementos pueden contar.
No existe a nivel comunal -la otra constatación- un diagnóstico de la discapacidad. Los municipios destinan a este problema recursos financieros exiguos que, en promedio, no sobrepasan de un millón y medio de pesos al año. Sería necesario que cada uno de ellos estableciera en su presupuesto anual un fondo para la discapacidad, destinado al financiamiento de programas municipales permanentes para ser ejecutados con las organizaciones comunitarias. En gran parte de las comunas existen organizaciones sociales relacionadas con la discapacidad, y la mayoría de ellas goza de personalidad jurídica. Con todo, en la generalidad de las comunas pequeñas no las hay, lo que podría revelar una escasa relevancia del problema en esos ámbitos, o falta de voluntad de las autoridades locales o de sensibilidad de la población frente al problema o, simplemente, desinformación respecto de las posibilidades existentes para enfrentarlo.
En muy pocos municipios hay un presupuesto anual para el tema de la discapacidad. Sin embargo, más importante que el apoyo económico es el rol que aquéllos -los municipios- pueden desempeñar en el respaldo y sustento de la formación y administración de las organizaciones sociales vinculadas con la discapacidad.
Las principales contribuciones de las municipalidades son la entrega de ayudas técnicas, la colaboración para obtener beneficios financiados por FONADIS, tanto bajo la forma de asesoría como de coaportes, y la coordinación de la participación de la comunidad ante los problemas de la discapacidad. Los Consejos Comunales de la Discapacidad proporcionan un escenario privilegiado para dicha coordinación, pero, como ya dijimos, no existen en todas las comunas.
El financiamiento de FONADIS a proyectos para ejecutar acciones de rehabilitación e inserción tiene un componente perverso, cual es la limitación en el tiempo. En efecto, los proyectos tienen una duración determinada, en tanto que la atención a los discapacitados debe ser permanente, y ésa es una realidad a la cual se enfrentan quienes postulan a los recursos del Fondo Nacional o a otras subvenciones que se otorgan por parte del Estado.
La mayoría de las personas que se desempeñan con discapacitados carece de la preparación especializada requerida, aspecto que debiera ser asumido y financiado por el Ministerio de Educación, a través de los municipios. Se hace necesaria una campaña de concientización de la población, centrada en la dignificación de las personas con discapacidad, en la discriminación positiva en el campo laboral y en la adecuación arquitectónica y urbana permanente que requiere el mundo de la discapacidad. No es posible omitir el hecho de que al requerimiento de antecedentes por parte de la Comisión, sólo contestó un tercio de los municipios del país, lo que podría significar que los Consejos Comunales de la Discapacidad a los cuales nos referíamos no han logrado posicionarse adecuadamente al interior de los municipios, o que éstos no han tomado aún cabal comprensión del rol que les compete en la integración de las personas con discapacidad.
Señor Presidente , los señores Senadores podrán encontrar en el informe, desde la página 12 hasta la 30, todas las normas legales y reglamentarias que en Chile regulan el tema de la discapacidad, cuya lectura, naturalmente, omitiremos, y que hemos incluido para facilitar a la Sala la debida comprensión de las proposiciones que se formulan en el informe de la Comisión. Del mismo modo, entre las páginas 30 y 34, se incluye un detalle de las entidades que se ocupan de la discapacidad en nuestro país, pues es útil tener conocimiento de la orgánica que se da en nuestro sociedad para abordar esta materia.
Y, para una mejor información del tema, también hemos incorporado una referencia a los principales instrumentos internacionales relativos a la discapacidad, y entre ellos queremos destacar a lo menos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Impedidos, de 1975, en la que se señala que "el impedido debe gozar de los derechos enunciados en ella, sin excepción ni discriminación alguna". Y agrega que "Tales derechos son, en primer lugar, el respeto a su dignidad humana. El impedido tiene los mismos derechos fundamentales civiles y políticos que sus conciudadanos, lo que incluye el disfrutar de una vida decorosa y lo más normal y plena posible; tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación, a la educación, a la formación profesional, a la seguridad económica y social, a una ocupación útil, productiva y remunerativa, a formar parte de organizaciones sindicales, a vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto, a participar en actividades sociales, creativas y recreativas, a disponer de asistencia letrada si lo precisare y a un procedimiento justo atendida su condición. Si es preciso internarlo," -agrega la Declaración- "sus condiciones de vida deben ser lo más semejantes posible a las de la vida normal de las demás personas. Debe ser protegido contra toda explotación, discriminación y trato abusivo o degradante. Tiene derecho, él y su familia, a ser informado plenamente del contenido de esta Declaración.".
Es conveniente precisar también que Chile ratificó en marzo de 1999 el Convenio Nº 159 de la OIT, sobre readaptación profesional y empleo de personas inválidas, de 1983, cuya finalidad es que las personas discapacitadas o inválidas obtengan y conserven un trabajo adecuado y puedan progresar por sí mismas.
Igualmente, resulta del caso advertir que nuestro país no ha ratificado aún la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada por la OEA en julio de 1999. Ésta debiera ser una de las tareas prioritarias que se advierten por delante. Confiamos en que el Ejecutivo sabrá darle la urgencia necesaria.
En otro orden de ideas, Sus Señorías podrán ver en el informe las distintas mociones presentadas en ambas Cámaras con relación a la discapacidad, las que -debemos reconocerlo- han sufrido una tramitación muy lenta. Sea ésta, entonces, una oportunidad propicia para llamar la atención sobre este tópico y lograr que se acelere el despacho de algunas de esas iniciativas (el detalle se encuentra en las páginas 43 a 46).
En cuanto a los recursos destinados por el Estado a la discapacidad, quiero señalar que el principal desafío para identificar los montos asignados por el sector público a programas focalizados para personas discapacitadas lo constituye el hecho de que la mayoría de los servicios fiscales no dispone de un desglose presupuestario más detallado por programas o por centros de costo. Considerando esta limitante, el presente informe indica a nivel cuantitativo la información disponible y a nivel cualitativo cuando no existen los antecedentes contables que permitan discriminar entre los recursos aportados a los usuarios/beneficiarios generales y los destinados a los discapacitados.
Para fines analíticos, se presenta la información por Ministerio o institución privada (el desglose aparece en la página 48).
Sobre el punto, señalo a modo de síntesis que la inversión total, de 115 mil millones de pesos, equivale a 2 por ciento de los gastos en Funciones Sociales del Gobierno Central durante 1999; es decir, Salud+Vivienda+Previsión+Educación+Programas de Empleo, considerando que el ítem Previsión es el más alto de todos estos montos (alcanza a sobre 67 mil millones de pesos). En comparación a los Gastos Operativos anuales de la Fundación Teletón (5 mil 500 millones de pesos), los recursos del Gobierno Central equivalen a veintiuna veces ese monto (lo indicamos como cifra referencial).
A partir de la página 49, los señores Senadores pueden ver cómo los distintos Ministerios se ocupan de la discapacidad y cuánto destinan en los programas, con la salvedad hecha al comienzo respecto de los problemas de identificación de las partidas.
Parece interesante consignar algunas cifras de la información ministerial que recoge el presente informe.
En materia de exenciones arancelarias para la importación de vehículos -lo tomamos a modo de ejemplo-, el decreto supremo Nº 940, del Ministerio de Hacienda, de 1994, modificó el decreto que reglamenta la importación de vehículos para personas lisiadas. A la fecha no se han recibido los informes con el detalle de las exenciones arancelarias otorgadas durante 1999. El promedio de exenciones arancelarias concedidas para vehículos importados para personas con discapacidad entre 1995, 1996 y 1997 ascendió a 75 vehículos por año. Con los límites existentes, se puede proyectar un aprovechamiento anual de la exención arancelaria cercano a 40 mil dólares, lo que equivale a 20,4 millones de pesos.
Claramente, lo anterior revela que, teniendo en cuenta la cantidad de discapacitados existentes en nuestro país y los medios automotrices actualmente disponibles, esa exención podría funcionar con mayor fluidez, aliviando muchísimo más el problema de dichas personas. Igualmente, sería factible estudiar, por ejemplo, la posibilidad de que, tratándose de un discapacitado que no pudiera postular a un vehículo, de algún modo la franquicia se hiciera extensiva a quien lo asiste o lo acompaña habitualmente.
Sobre este mismo punto, el artículo 40 de la Ley para la Plena Integración de Personas con Discapacidad (Nº 19.284) establece un sistema de reintegro de gravámenes por importación de ayudas técnicas tales como prótesis auditivas, visuales y físicas; equipos y medicamentos para rehabilitación; equipos y material pedagógico para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad, entre otros. La franquicia se comenzó a utilizar en 1995 y su demanda ha sido irregular a lo largo del tiempo. El promedio entre 1995 y 1997 ascendió a 2,6 millones de pesos por año. Y se podría estimar que en 1999 su uso creció debido a una mayor utilización, llegando a tres millones de pesos. Ello indica que este tipo de franquicias no está siendo debidamente utilizado, pese a que podría ir en ayuda de vastos sectores que requieren esa clase de ayuda.
En la página 52 del informe se encuentran las cifras del Ministerio del Trabajo. En líneas generales, puede expresarse que en 1999 se otorgaron 187 mil 407 pensiones asistenciales de invalidez, de las cuales 91 por ciento corresponde a declaraciones de invalidez, y 17 mil 3, a personas con discapacidad mental. El gasto estimado por este concepto llega -como señalé- a alrededor de 67 mil millones de pesos, que es la cifra más relevante de todo el ítem estatal.
Es importante destacar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo incluye la variable "integrante del grupo familiar con discapacidad" en su índice de nivel socioeconómico para la asignación de viviendas básicas. Este beneficio otorga un puntaje adicional de 10 puntos para postular. El Programa presenta una muy baja cobertura, que no tiene relación con la representatividad de personas discapacitadas, debido probablemente al desconocimiento del mecanismo pertinente por parte de los usuarios.
En tal sentido, es muy relevante que se realicen todos los esfuerzos requeridos para difundir ese tipo de beneficios.
En 1999, el Programa otorgó 261 subsidios básicos o progresivos a grupos familiares que incluían uno o más miembros acreditados con algún tipo de discapacidad. Claramente, estamos frente a una insuficiencia del sistema para dar a conocer las bondades y beneficios que ofrece a los efectos de aliviar la discapacidad.
Por último, con respecto a la información ministerial que proporciona el informe, quiero señalar que durante 1999 el Fondo Nacional de la Discapacidad destinó 2 mil 181,8 millones de pesos para financiar sus distintas líneas programáticas que favorecen a personas discapacitadas e instituciones que trabajan con éstas en prevención, diagnóstico, rehabilitación e integración social. Las Transferencias al Sector Privado y Público alcanzaron al 89 por ciento del presupuesto ejecutado, orientándose fundamentalmente a los 82 proyectos aprobados y a las 3 mil 41 ayudas técnicas entregadas. Pero claramente, al decir de la señora Directora, es un presupuesto a todas luces insuficiente para las urgentes necesidades que hay en el país y para la acción que ese Fondo debiera realizar.
Llamamos la atención sobre este punto, señor Presidente , pues desearíamos que en la Ley de Presupuestos de la Nación se contemplara un aumento sustantivo de recursos orientados a tal finalidad.
Por otra parte, la Comisión consideró algunas ideas sobre fuentes de financiamiento de las acciones para prevención, atención y rehabilitación de personas con discapacidad.
Según un informe técnico preparado por la Oficina de Informaciones del Senado a petición de la Comisión de Salud, los ingresos brutos por ventas de las apuestas hípicas alcanzan a 110 mil millones de pesos anuales y muestran una tendencia creciente: a octubre del año recién pasado representaban 54,4 por ciento del conjunto del mercado de juegos de azar y apuestas.
En ese orden de cosas, se tuvo presente que el número 6º del artículo 20 del D.L. Nº 824, de 1974, Ley de Impuesto a la Renta, grava con impuesto de Primera Categoría y una tasa de 15 por ciento los premios de lotería. En cambio, las apuestas hípicas están afectas a un impuesto fiscal único, con una tasa de 3 por ciento, por disposición de la letra a) del artículo 1º del D.L. Nº 2.437, de 1978.
Cabe hacer notar que, hasta que entró en vigor el nuevo sistema previsional, los hipódromos estaban gravados, además, con una cotización de 3,88 por ciento, que fue derogada por el artículo 32 del D.L. Nº 3.501, de 1980.
Según el informe técnico ya mencionado, elevar la imposición fiscal en un porcentaje similar a la referida cotización para previsión social proveería recursos frescos del orden de 4 mil millones de pesos, que podrían contribuir a solventar las necesidades del mundo de la discapacidad. Y si se gravaran las apuestas hípicas con una tasa igual a la de las loterías, de 15 por ciento, la mayor recaudación podría ascender a 11 mil millones de pesos.
Dicho análisis se hizo como contribución para explorar si por los referidos caminos u otros se puede encontrar el financiamiento para abordar este problema.
En seguida señalaré los planteamientos formulados en la Comisión por las personas y entidades recibidas en audiencia.
El cambio cultural
-El mecanismo auténticamente eficaz para promover la plena integración educacional, laboral y social de las personas con discapacidad es el cambio cultural, el tránsito desde la visión en boga a aquella que se postula hoy como objetivo.
-El enfoque actual es asistencial, paternalista, centrado en los aspectos biomédicos. Se requiere modificar la actitud de la sociedad ante el fenómeno de la discapacidad. Esto es más importante que cualquier cambio normativo que se proponga. La discapacidad y la respuesta de la sociedad se enmarcan en la esfera de los derechos de las minorías. El cambio debe traducirse en educar para la tolerancia, el respeto por las diferencias, la integración y la no discriminación, reconociendo en el discapacitado su condición primaria de persona y de ciudadano y asegurándole la oportunidad de ejercer en plenitud sus derechos y deberes.
-Por otra parte, se debe reconocer que la discapacidad es una realidad social que impacta a la familia y a la comunidad, lo que genera la necesidad de definir políticas públicas a niveles nacional y comunal.
-Es necesario divulgar los derechos, acciones y medios existentes para la plena integración de los discapacitados y los recursos judiciales y administrativos disponibles, particularmente el recurso especial de protección ante los juzgados de policía local del artículo 48 de la ley Nº 19.284, y difundir casos que sensibilicen a la opinión pública, sin violar el respeto a la privacidad de los afectados.
-Se debe hacer un catastro de entidades que financian acciones integradoras y difundir sus respectivos manuales de procedimiento.
Integración educacional
-El principio rector en esta materia debe ser más integración y menos segregación. Habrá que decidir rangos de edad y límites de permanencia para cada curso.
-Se postula desincentivar las escuelas diferenciales para alumnos con trastornos del habla y reforzar el apoyo para que se integren a la educación común.
-Aumentar los cupos para personas con discapacidad en la educación común, en todos los niveles.
-Cuando la integración no sea posible, reconocer la educación especial para discapacitados como una categoría específica, distinta de la educación general básica.
-Dotar a los establecimientos de accesos y mobiliario adecuados.
-Las subvenciones, por otra parte, son insuficientes; no deben caducar por alcanzar el educando una edad determinada, sino cuando éste haya completado sus estudios; ha de asegurarse que con ellas se financien profesores de educación diferencial y material didáctico apropiado, lo que hoy día no ocurre.
-Es apremiante establecer subvenciones y becas para la educación superior de personas cuya discapacidad no incide en las funciones intelectuales.
-Subvencionar a los educandos de la enseñanza parvularia, a los que permanecen hospitalizados por más de tres meses, a los que deben quedarse en sus hogares y al transporte escolar de personas con discapacidad (es otra de las necesidades que emergen con urgencia).
-Formar equipos multiprofesionales de apoyo a la integración educacional a nivel local, conformados por asistente social, kinesiólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo y terapeuta ocupacional. Su actual ubicación a nivel provincial o regional no basta y no hay financiamiento para que exista uno en cada establecimiento. Si se opta por mantener los actuales equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación que deciden sobre el acceso y permanencia en la educación básica diferenciada, incorporar en ellos a los profesores y demás profesionales que trabajan directamente con los menores en dichos planteles.
Señor Presidente , le ruego que me conceda diez minutos adicionales para terminar mi intervención, pues veo que me está urgiendo a que la finalice.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El problema radica en que hay varios Senadores inscritos para intervenir y debo darles la oportunidad de hacerlo.
Puede concluir, Su Señoría.
El señor BOMBAL.-
Lo haré de inmediato, señor Presidente.
Siempre en materia educacional, se plantea flexibilizar el cumplimiento de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para alumnos con discapacidad, porque de otro modo no pueden ser promovidos de un curso a otro, y eximir de los cursos de idiomas extranjeros a los niños fisurados.
Integración laboral
-Subvencionar la capacitación, contratación de mano de obra y adecuación del lugar de trabajo, u otorgar franquicias tributarias a dichas actividades.
-Asegurar la continuidad entre capacitación e inserción laboral de las personas con discapacidad.
-Formar equipos multiprofesionales de apoyo a la capacitación laboral a nivel local.
-Canalizar la oferta de trabajo de acuerdo con las capacidades, nivel educacional del sujeto y necesidades del mercado de trabajo, y no únicamente hacia labores menores.
-La inserción laboral del discapacitado requiere seguimiento y apoyo.
-Establecer la discriminación positiva en empleos proporcionados por el Estado, asegurando un mínimo de cupos para personas con discapacidad.
-Asociar incentivos tales como subsidio o franquicias tributarias progresivas al número de personas discapacitadas contratadas por un mismo empleador.
-Establecer la jornada de trabajo flexible para los discapacitados, medida que podría extrapolarse a mujeres, estudiantes y personas de la tercera edad, y reconocerles la posibilidad de jubilar anticipadamente.
-Crear un fondo para dar financiamiento a microempresas de personas discapacitadas.
-Consagrar la licencia laboral para los padres o guardadores del discapacitado por enfermedad de éste.
-Otorgar franquicias aduaneras y tributarias respecto a computadores personales destinados a personas con discapacidad. Hoy día los no videntes pueden expresarse de manera más eficaz mediante un computador, pero muchos de ellos no cuentan con medios para adquirirlo.
-Subsidiar talleres protegidos para adultos discapacitados.
Integración social
-Fomentar mediante cofinanciamiento y asesoría la constitución y gestión de organizaciones sociales dedicadas a la integración de personas con discapacidad.
-Participación de esas organizaciones sociales y de discapacitados en la elaboración de políticas, planes y programas relativos a la discapacidad y en la evaluación de su ejecución.
-Convocar al sector privado para que apoye iniciativas de integración y concurra a financiarlas.
-Crear casas de acogida para asegurar una residencia digna a personas con discapacidad que no puedan procurársela.
-Incentivar a las municipalidades para que aceleren la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanas y reducir los plazos para llevar esto a la práctica. Ellas deben asumir también su deber de instalar semáforos audibles, con tiempos adecuados para las personas con discapacidad, señalética en braille, elevadores o rampas para uso de pasarelas peatonales.
-Imponer a los medios de comunicación social televisivos no sólo la recomendación, sino también la obligación de incluir en sus noticiarios un recuadro con lenguaje de señas y la verbalización de informaciones que aparecen escritas en pantalla, como la hora, la temperatura, los servicios ofrecidos, los nombres de quienes son entrevistados y otros subtítulos.
-El transporte público es inadecuado para las personas con discapacidad: los accesos no están adaptados con pasamanos, rampas o elevadores, y los cobradores automáticos son un estorbo adicional para un discapacitado; es preciso proporcionar en ellos indicaciones e instrucciones escritas, en lenguaje de señas (en braille o sonoras). Se puede invertir la circulación interna en los buses, de modo que el descenso pueda hacerse por la puerta delantera a la vista del conductor. ¡Cuántos discapacitados perecen o sufren todavía peores mutilaciones al no advertir el conductor cuando bajan por la puerta trasera!
-Asegurar la atención prioritaria a las personas con discapacidad en entidades estatales y privadas que atienden público. Además, se deben habilitar en todos los servicios públicos accesos, lugares y funcionarios para la atención de personas con discapacidad, así como indicaciones e instrucciones en lenguaje de señas, en braille y sonoras. La readecuación de los locales de servicios públicos es demasiado lenta, por lo que se debe imponer a sus responsables plazos precisos y, si es menester, sanciones por incumplimiento. La ley establece una cantidad de indicaciones en esta materia que no se respetan.
-Elevar el puntaje que otorga la discapacidad para obtener subsidio habitacional y no exigirles ahorro previo o pago de una cuota inicial o de enganche en los créditos hipotecarios con fines habitacionales.
Prevención
Sobre el particular, se debe:
-Aumentar el número de profesionales en especialidades vinculadas a la discapacidad, la mayoría de las cuales son deficitarias.
-Poner fin al monopolio universitario en la formación y certificación de especialidades médicas.
-La formación de profesionales del área de la salud y de profesores que trabajan con personas con discapacidad debe incorporar técnicas de relaciones interpersonales con éstas basadas en el respeto; ofrecer incentivos en materia de capacitación y perfeccionamiento de estos profesionales.
-Fomentar la investigación científica en el área de la discapacidad y de las enfermedades que generan discapacidad, incluyéndola en el artículo 13 de la ley Nº 19.284.
-Combate a la drogadicción y al alcoholismo, que son la antesala de discapacidades adquiridas. Incluso se dice hoy día que las personas que han caído en el mundo de la droga deben ser tratadas dentro del mundo de la discapacidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ya expiró su tiempo, señor Senador.
El señor BOMBAL.-
Estoy concluyendo, señor Presidente.
-Prohibir el uso de pesticidas que generan discapacidades y fiscalizar el acatamiento de tal prohibición.
Evaluación y Certificación de la Discapacidad
En materia de evaluación y certificación de la discapacidad, una tarea muy importante es traspasar o extender las funciones de evaluar y certificar la discapacidad a otros organismos públicos y privados, además de las COMPIN; entre otros, a FONASA. Alternativa: modificar los artículos 6º y 7º de la ley Nº 19.284 para que se pueda realizar la evaluación y certificación mediante certificado médico; simplificar los procedimientos que son lentos y engorrosos; diferenciar entre discapacidades congénitas y adquiridas; suprimir la exigencia de reevaluar las discapacidades irreversibles e irrecuperables.
Señor Presidente, el último punto es demasiado central, por lo que solicito se me dispensen algunos minutos más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hay varios inscritos y es preciso darles tiempo para intervenir.
El señor BOMBAL.-
De acuerdo, señor Presidente . Pero se trata del trabajo de un año de la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Entonces, le pido agilizar su intervención.
El señor BOMBAL.-
Restan pocas páginas del informe, señor Presidente . A lo mejor podría omitirlas, pero estoy cierto de que los señores Senadores, debido a sus múltiples obligaciones, no tendrán tiempo de leerlas. Por lo menos, he realizado los extractos respectivos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar, señor Senador , pero le solicito ir concretando las ideas.
El señor BOMBAL.-
La Comisión, señor Presidente , pidió que, específicamente en estos puntos, se efectuara la relación completa del testimonio presentado por la gente ante la Comisión. De manera que no sólo estoy dando lectura al informe, sino también exponiendo ante la Sala lo que en la Comisión se planteó. Nada más.
Como decía, en materia de evaluación y certificación, la discapacidad debe ser evaluada después del tratamiento y el suministro de ayudas técnicas. La evaluación previa mide el déficit anatómico.
-Sustituir el parámetro porcentual de las limitaciones o disfunciones que permiten calificar la discapacidad por otro conceptual, tal como "sensible", "importante" o "determinante".
-Incorporar en el diagnóstico de la discapacidad mental a los que trabajan con la persona evaluada.
-Estudiar el impacto de la calificación de la discapacidad en el afectado, su familia y la sociedad.
Atención de Salud
Respecto de atención de salud, las propuestas son las siguientes:
-Incluir en el sistema de la ley sobre discapacidad a enfermedades discapacitantes como autismo, fibrosis quística, esclerosis múltiple, hemofilia, espina bífida y enfermedades metabólicas, que hoy día no se consideran parte de la discapacidad.
-Discernir e implementar medidas de apoyo a la madre del discapacitado recién nacido. No existen normas sobre la materia.
-Extender los programas de salud escolar por sobre la edad de 15 años cuando se trate de personas con discapacidad.
-Eliminar el copago de prestaciones directamente asociadas a la discapacidad del cotizante o beneficiario.
-Modificar los planes de salud de las Instituciones de Salud Previsional y del FONASA para exceptuar las limitaciones en el número de prestaciones psicológicas y psiquiátricas de personas con discapacidad, y para financiar prestaciones, ayudas técnicas, medicamentos y alimentos especiales requeridos por ellas.
-Fiscalizar eficazmente que las Instituciones de Salud Previsional no discriminen a las personas con discapacidad por la vía de ofrecerle planes más gravosos o entrabando su ingreso o permanencia en el sistema.
-Fomentar la fabricación de ayudas técnicas en Chile y ejercer un control de calidad sobre ellas, cualquiera que sea su procedencia; no privilegiar el factor costo por sobre la calidad a la hora de otorgar financiamiento.
-Considerar ayudas técnicas los "beepers", computadores, teléfonos y fax adaptados a las personas con discapacidad, así como las prótesis peneanas para parapléjicos. Financiar la actualización de ayudas técnicas, tales como anteojos y audífonos, cuya eficacia en el tiempo varía.
-Prohibición de encarcelar enfermos mentales y de aplicar "electroshock". Modernizar la ley de salud mental.
-El control de natalidad o esterilización de personas con discapacidad impedidas de adquirir hábitos. Es un tema que está siendo debatido y respecto del cual sólo hacemos mención.
Rehabilitación
Finalmente, señor Presidente, en cuanto a rehabilitación:
-Creemos que el Estado debe asumir la parte que le toca, que se encuentra entregada casi exclusivamente al sector privado.
-Se debe paliar la escasez de centros de rehabilitación para adultos.
-Hay que dar a conocer el deporte competitivo y de alto rendimiento de las personas con discapacidad, para que puedan acceder a los beneficios de la ley del deporte.
-Es preciso fiscalizar a las entidades que otorgan prestaciones de rehabilitación.
-Se debe eliminar la exigencia de presentar tres cotizaciones para adquirir ayudas técnicas, así como los coaportes exigidos por FONADIS cuando se trate de personas de escasos recursos.
Dejo para la consideración de los señores y señoras Senadores el marco jurídico general (páginas 64 y 65 del informe), su relación con la estructura del Estado (página 65), y su relación con la acción del Estado (página 66).
Conclusión
La Comisión de Salud ha consignado sistematizadamente todas las recomendaciones y propuestas recibidas de las personas, organizaciones y servicios escuchados en estos meses, y cumple con entregarlas al Senado para que, si lo tiene a bien, las ponga en conocimiento de las entidades señaladas al comienzo de mi exposición.
Al concluir el presente informe, pido nuevamente excusas por haberme extendido, pero la naturaleza del tema a nuestro juicio así lo ameritaba, y agradezco en nombre de la Comisión la atención prestada por esta Sala.
Agradezco del mismo modo a los Senadores señores Enrique Silva Cimma y Enrique Zurita Camps su valerosa participación como miembros titulares de la Comisión. Su experiencia y activa colaboración resultaron determinantes a la hora de concluir nuestra labor. Ellos, entretanto, dejaron de pertenecer a la Comisión de Salud y pasaron a incorporarse a otras Comisiones de este Senado.
Agradecemos a todas las personas e instituciones que nos prestaron valiosos testimonios, los cuales hemos procurado estampar en este informe; y a la Secretaría de la Comisión, por su encomiable trabajo, que hoy día ha quedado a vuestra disposición, Honorables colegas, esperando contar con su aprobación, para que el aporte del Senado de la República llegue a todos aquellos que enfrentan responsabilidades en el tema de la discapacidad, pero sobre todo a quienes con buena voluntad reciban las propuestas, a fin de que los afectados encuentren así un alivio a su condición y puedan sentirse plenamente incorporados con mayor dignidad a la vida de nuestra sociedad.
Reitero mis disculpas por lo extenso de mi exposición.
He dicho.
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/654235
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/654235/seccion/akn654235-po1-ds17