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El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , intentaré ser breve, en la medida en que el informe del señor Presidente de la Comisión ha sido extraordinariamente exhaustivo y claro en relación con un asunto que de repente parece muy lejano pero que el día menos pensado termina por ser algo que a todos nos toca y nos puede complicar la vida.
Juzgo valeroso que hayamos realizado un diagnóstico demostrativo de la insuficiencia de las cifras actuales, y, por ende, de la forma en que se enfoca la situación, y, por ende, de la incapacidad de dar mayores recursos y enfrentar la cuestión de una manera más global. No se puede concluir que existe una cierta relación entre lo que encontramos como porcentaje de discapacitados y lo que hoy registran las cifras medianamente oficiales u oficiosas de que disponemos.
A mi juicio, ha sido extraordinariamente útil -y ello se debe valorar y señalar- que el Senado aborde un aspecto humano como el que nos ocupa, el cual tiene que ver con 10 por ciento de los chilenos y nada con las discusiones materiales en que muchas veces nos enfrascamos.
Me sumo, también, al reconocimiento por el modo como trabajó el personal de la Comisión.
En ese cuadro, no efectuaremos más diagnóstico que lo ya expresado, y tampoco es posible discutir en detalle cada uno de los veintitantos planteamientos contenidos en el informe. Sólo deseo enfatizar algunos de ellos.
En los números 1 y 2 se exhibe un enfoque distinto de lo actual, como ha dicho el señor Presidente de la Comisión. Es decir, la discapacidad no se debe entender sólo como una enfermedad, ni sólo como una consecuencia necesaria para ejercer la solidaridad o la pura caridad: debe enmarcarse en lo que hoy se entiende como la igualdad de los derechos humanos, cualquiera que sea la condición de las personas. Y, como lo hemos aseverado muchas veces en lo relativo a las políticas sobre la infancia, se debe considerar a quienes sufren discapacidad como sujetos de derecho y no sólo como objeto de ciertas y determinadas conductas.
En lo atinente al Nº 2, cabe enfatizar cuando se hace referencia a la participación. O sea, la Comisión estima -y ha sido el resumen de lo que también ha consignado su Presidente - que no sólo se trata de puntualizar, como sociedad o como autoridad, lo que se debe hacer con la gente, sino que son los propios afectados en un momento determinado por una minusvalencia los que deben exponer: "Queremos caminar por el largo camino que tiene por delante la discapacidad en Chile y éstas son las ideas centrales en que debemos trabajar.".
Aun en democracia, señor Presidente , mantenemos cierta tendencia a caer en una suerte de "democratismo ilustrado", como si a las autoridades nos asistiera realmente, desde el punto de vista técnico o político, el conocimiento como para definir lo que se debe hacer. Ése es un enfoque totalmente obsoleto. Y hoy el mundo se mueve al respecto de otra manera. En ese sentido, pienso que la Comisión informante se sitúa en la correcta política que se debe seguir.
En los números 4 y 5 se observa un tema central cuando se mencionan los cambios que se deben introducir en la educación. Y sólo deseo destacar lo siguiente. El contenido del informe no sólo dice relación al grupo de chilenos de que se trata: debe ser, también, la base fundamental de la manera en que se debe enfocar la educación. Y a ello apuntan las modificaciones efectuadas en los últimos años, en lo que todavía queda mucho por caminar, desgraciadamente.
Aprovecho la oportunidad para recordar, una vez más, que cuando se ha discutido respecto de la educación parvularia, ámbito básico para una enorme cantidad de personas con dificultades de aprendizaje, se ha subrayado que no se va por el camino correcto si no se otorgan los recursos necesarios y no se percibe que ello es lo esencial. El desarrollo del niño en los dos primeros años es la base del que experimentará en el futuro. Podrá ser objeto de esfuerzos espectaculares a los 7, 8 ó 10 años, pero se perderá el tiempo si no han sido desplegados antes de los dos años.
También aprovecho para hacer constar, en relación con el Nº 6, que cuando se debatió sobre la evasión tributaria le manifestamos al señor Ministro de Hacienda el interés en que parte de los recursos se destinaran a la educación y el financiamiento universitarios. Dicho número se refiere a becas para la educación superior de los discapacitados. Ese Secretario de Estado señaló a varios de los Senadores presentes que el objetivo aludido contará con al menos 20 por ciento de lo que se generará en el marco de los cinco años contemplados en relación con el proyecto respectivo. Pensamos que asimismo debe incorporarse en ello lo comprendido en los números 7, 8 y 9.
Para ahorrar tiempo, señor Presidente , sólo precisaré que en las proposiciones incluidas en los números 10, 11 y 12 hay algo que vale la pena mencionar. Ellas tienden a la concreción de franquicias aduaneras, de fondos para microempresas y de jornadas flexibles. Me parece que esto último se explica por sí solo, porque son condiciones que se deben buscar para que se materialice lo que los beneficiarios pueden rendir.
Pero, además, deseo formular un llamado a la señora Ministra de Salud , aquí presente, con relación a las políticas a las que permanentemente se ha debido recurrir. En efecto, numerosas enfermedades que hoy enfrentan los discapacitados no se pueden tratar oportunamente por dificultades de financiamiento y muchos de sus costos provienen de impuestos de internación. En la actualidad, una enorme cantidad de medicamentos pudiera prevenir ciertas consecuencias. Y, considerado el punto no sólo en cuanto a la solidaridad y al derecho humano involucrados en la perspectiva en que planteo el tema, sino también en el sentido de la más pura práctica económica, al Estado le resulta más conveniente dejar de percibir esos recursos tributarios y no enfrentar después el imperativo de gastar ante el agravamiento de las mismas personas cuya situación hubiera podido ser precavida a través de un mejor financiamiento. Ésa es una de las cuestiones de la reforma de la salud y de los conflictos originados que es preciso resolver, lo que dice relación precisamente a las enfermedades catastróficas, muchas de las cuales se encuentran ligadas a los puntos discutidos.
Igualmente consigno otro aspecto que me parece absolutamente pertinente, relativo a los números 16 y 17. En ellos se hace referencia, respectivamente, a "Aumentar el número de profesionales en especialidades médicas vinculadas a la discapacidad" y a "Fomentar la investigación científica en el área de la discapacidad", etcétera. Ello resulta esencial. Hoy, uno de los grandes obstáculos en la atención de salud y, por lo tanto, en la que se debe otorgar a personas que, además, son minusválidas en su capacidad de vivir en la sociedad, es el costo brutal de los tratamientos. Cualesquiera de ellos, en el caso de uno de esos pacientes, en especial de un niño, es del orden de 500 mil, 600 mil u 800 mil pesos mensuales. Y eso es algo que no se puede solventar si no aumentamos la capacidad de tratamiento de la pirámide de la salud con respecto a ellos.
Lo anterior se relaciona con la forma como debemos planificar la prevención y la atención de salud en el país, lo cual debe hacerse de una manera diferente de la que existe hoy día. Porque -querámoslo o no- cualquiera que sea la opinión que se tenga para resolver el asunto, actualmente se centra m��s bien en la curación, y no en la prevención; en la especialización, y no en el modo de analizar lo concerniente a la salud familiar; en la aglutinación de profesionales de la salud en grandes ciudades, dejando a la ruralidad absolutamente al margen de su capacidad.
Es pertinente que nos aboquemos al problema, lo cual creo que es muy valorado por la señora Ministra.
Señor Presidente, en el poco tiempo que me queda, sólo deseo referirme a lo ya manifestado en lo que dice relación a modernizar la ley de salud mental.
Hace muchos años que en Chile, a raíz del accionar de la sociedad, de la manera como se establecen los valores, del modo en que a la gente se le presenta una utopía y luego la misma sociedad no es capaz de darle forma para que pueda hacerse realidad o alcanzarla, hemos venido sosteniendo que existe un acrecentamiento de los problemas vinculados a la salud mental.
Los señores Senadores conocen los distintos planteamientos realizados en tal sentido por diversas instituciones. En verdad, existe determinado porcentaje de personas con conflicto de salud mental, grave o menos grave, y que de algún modo las transforma en discapacitadas. Su forma de enfrentar la vida es insuficiente e inapropiada, y deriva de que la sociedad chilena se ha convertido, como ocurre en todo el mundo occidental, en algo inadecuado para vivir, siendo su mayor síntoma precisamente lo que los psiquiatras llaman "anedonia", o falta de alegría para vivir en una sociedad que, en gran medida, se libera de compromisos de esa naturaleza.
Para enfrentar lo anterior se requiere de más recursos, de un enfoque distinto de lo que significa la prevención de la salud mental, como también se necesita levantar la mirada para luchar contra algo que nada tiene que ver con los problemas más cercanos al aspecto material de la salud. Esperamos que ello sea posible. No lo digo con el ánimo de entrar en una discusión de otra naturaleza.
Si pretendemos ser consecuentes con lo que estamos haciendo hoy, es necesario apoyar toda idea tendiente a generar recursos frescos, los que seguramente provendrán de un proyecto que se encuentra en trámite en el Senado. Asimismo, espero que se puedan obtener fondos, entre otros mecanismos, a través de la iniciativa sobre evasión tributaria y mediante la inversión en salud que el Estado y el país en su conjunto necesariamente deberán realizar, por cuanto no es posible enfrentar el perfil epidemiológico -donde se incluye este tipo de problemas- si no aumentamos al doble, a lo menos, el porcentaje del producto interno bruto destinado a dicha área.
Por otra parte, con respecto a los números 25 y 26 del informe, hay un aspecto donde hemos puesto mucha fuerza. Me refiero a las medidas que debe adoptar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sobre el particular, debo señalar con franqueza que no se trata de algo que haya surgido hoy o ayer, sino que data desde hace muchos años. Y, a mi juicio, debe ser enfrentado tanto por las autoridades de Gobierno como por el sector privado.
Mi observación apunta a lo siguiente. En Chile no se construyen casas para que sirvan de hogares, sino casas que inducen a que los padres, sus hijos y los miembros de la familia vivan fuera de ellas, sin que exista posibilidad alguna de transformarlas en un "nido" saludable para quien las habita. En una casa pequeña no hay espacio para los niños, ni para atender a una persona discapacitada como corresponde.
Entiendo los problemas que existen, como también a los señores arquitectos y las políticas aplicadas por esa Secretaría de Estado. Pero, para ser franco, si el problema no se soluciona no habrá familia. Y en la medida en que no ayudemos a construirla, no existirá gente sana para enfrentar la vida.
Ahí radica el problema de los discapacitados y de los accidentes familiares o domésticos, que generan un porcentaje no menor de lisiados.
Por eso, estimo que es necesario mirar de otra manera la construcción de las ciudades en Chile, porque de lo contrario -como lo dijo hace muchos años un gran arquitecto, y lo sostuvo también un connotado sociólogo-, llegaremos a tener ciudades hechas para las paredes de los edificios, donde las personas no podrán realmente desarrollarse en mejor forma.
Si pretendemos evitar la existencia de más discapacitados y si deseamos desarrollo material y crecimiento para que la gente progrese conforme al viejo concepto maritainiano, me parece que este problema debe ser abordado con mucha fuerza.
Por último, señor Presidente -y con esto termino, pues no deseo cansar a Sus Señorías-, considero que debemos hacer un esfuerzo, sobre la base de lo manifestado en esta Sala y en la Comisión, para que el Senado adopte el acuerdo final de solicitar al Gobierno que ponga urgencia a los proyectos pendientes -he tenido el honor de presentar varios de ellos junto a otros señores Senadores y Diputados-, con el objeto de construir de a poco la fórmula que planteamos y acercarnos así a tratar un problema que no se resuelve con veinticinco medidas, sino fundamentalmente con un gran debate, el cual debe llevarse a cabo sin conmiseración, pues, sobre todo, debemos considerar que los discapacitados son chilenos como nosotros, a quienes Dios, por el momento -insisto, por el momento-, ha tenido la gentileza de permitirnos vivir sin minusvalía.
Muchas gracias.
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