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El señor MUÑOZ-BARRA.-
Estimados colegas, la Organización Mundial de la Salud estima que en los países en desarrollo entre el 7,5 y el 10 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. En Chile ello significaría que tenemos entre 1 millón 125 mil y 1 millón 500 mil personas con minusvalías, que las afectan en aspectos físicos, mentales y sensoriales, si bien es necesario reconocer que el país no dispone de estadísticas censales confiables sobre esta materia. La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), a partir de 1996, incorporó una variable destinada a determinar la población que presenta algún tipo de discapacidad. Según tal encuesta, aplicada a una muestra representativa de los hogares del país, en aquel año en Chile existían 616 mil 434 personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, el 4,3 por ciento de la población total. Sin embargo, es necesario considerar que por su limitación los discapacitados involucran directamente a sus familiares, incidencia que según documento del Colegio Médico, se calcula, al menos, en el 25 por ciento de la población. Este porcentaje permite tener una apreciación de la magnitud social del fenómeno de la minusvalía.
Creo importante reconocer que en nuestro país carecemos de un buen diagnóstico nacional de la discapacidad, limitante que obstaculiza una respuesta más eficaz para el sector poblacional afectado. Los recursos destinados por el Estado para atender a los discapacitados son además escasos. Por ejemplo, los municipios destinan un promedio a los discapacitados de un millón y medio de pesos. Pero existe un número muy importante de municipios rurales que no dispone de recursos, como se ha señalado en esta misma sesión, para atender a los discapacitados de sus jurisdicciones. Tales recursos se concentran, como en otros aspectos, en las municipalidades pertenecientes a comunas de gran magnitud.
Desde otra perspectiva, el personal a cargo de programas para discapacitados carece en su mayoría de la especialización necesaria, como también se ha señalado en algunas de las intervenciones precedentes.
Según la encuesta CASEN, que tiene la limitación de no ser un censo, de los 616 mil 434 casos de discapacidad, el 27,3 por ciento tiene discapacidad auditiva; el 26,9 por ciento, discapacidad visual; el 21,2 por ciento, discapacidad física; el 13,1 por ciento, discapacidad mental, y el 5,9 por ciento, discapacidad psiquiátrica.
La información disponible demuestra que los discapacitados más pobres son los más afectados en materia de educación, salud, trabajo e ingresos. Asimismo, la discapacidad aumenta en número en relación con la mayor edad de las personas. Es decir, obedece al proceso de envejecimiento.
Las causas médicas de incapacidad, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, se encuentran en perturbaciones congénitas, en enfermedades transmisibles, en enfermedades somáticas no transmisibles, en trastornos psíquicos funcionales, alcoholismo crónico y uso indebido de drogas, traumas y lesiones producidas por accidentes y por nutrición deficiente.
Sin embargo, es necesario considerar que las causas que obedecen a accidentes, desnutrición y ciertas enfermedades van más allá del ámbito de la medicina y requieren de investigaciones de diagnóstico de carácter interdisciplinario, porque existen factores económicos y socioculturales que enriquecen la percepción de este fenómeno, permitiendo la formulación de mejores políticas nacionales y de mejores planes, proyectos y programas. Por ejemplo, la violencia y los conflictos son fuentes generadoras de incapacidad.
Las Naciones Unidas han dividido en cuatro categorías no excluyentes las causas de las incapacidades. Ellas son:
-Causas genéticas o hereditarias;
-Factores biológicos (enfermedades);
-Accidentes, y
-Causas socioculturales.
Existe evidencia estadística según la cual en los países con mayor desarrollo o industrializados se incrementan las enfermedades mentales crónicas, lo que obedecería, según las Naciones Unidas "al estado de tensión y otros problemas psicosociales que entraña el paso de una sociedad tradicional a una moderna". Según datos de la OIT, más de la tercera parte de quienes acuden a centros de rehabilitación profesional de esa entidad tienen alguna incapacidad mental. En Chile estamos viviendo el mismo fenómeno, según las estadísticas de organismos internacionales y nacionales. Recordemos -como situación preocupante- que Santiago es la ciudad que tiene el mayor porcentaje de enfermos mentales en el mundo. Repito: Santiago es la ciudad que tiene el mayor porcentaje de enfermos mentales en el mundo. Eso debemos tenerlo muy presente.
Una breve reflexión cabe al respecto. La modernidad que estamos construyendo gradualmente atenta contra el ser humano, constituyéndose en causa del incremento de las enfermedades mentales, además de ser uno de los factores del deterioro del medio ambiente.
En Chile, hasta el año 1990 la discapacidad fue tratada como un tema asistencial. Después de esa fecha, el enfoque que ha prevalecido ha estado orientado a la integración social de los discapacitados. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes.
Al abordar este tema, es necesario diferenciar entre:
a) "Deficiencia", que es toda pérdida o anormalidad de la estructura y de la apariencia corporal y de la función psicológica, fisiológica o anatómica.
b) "Discapacidad", que se refiere a las consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista del comportamiento y la actividad funcional de las personas, las cuales presentan perturbaciones a nivel individual.
c) "Minusvalía", que dice relación con las desventajas que afectan a la persona como consecuencia de deficiencias e incapacidades. Refleja, por consiguiente, la interacción con el entorno de la persona y su adaptación a él. Limita o impide el desempeño de roles normales en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales.
Tales conceptos son orientadores para la formulación de leyes, políticas, planes, proyectos y programas que sirvan de verdad a la solución de los problemas que afectan a los minusválidos, los cuales estamos hoy tratando en el Senado.
Es interesante la definición que han dado las Naciones Unidas sobre la minusvalidez. El Organismo Internacional señala que ésta "constituye una función de la relación entre las personas impedidas y su ambiente. Ocurre cuando esas personas enfrentan barreras culturales, físicas o sociales que les impiden el acceso a los diversos sistemas de la sociedad que están a disposición de los demás ciudadanos. La minusvalidez es, por lo tanto, la pérdida o la limitación de las oportunidades de participar en la vida de la comunidad en un pie de igualdad con los demás.".
A partir de tal marco conceptual, se puede dar origen a acciones de prevención de la minusvalidez, como también de rehabilitación y de equiparación de oportunidades. Estas acciones significan llevar la rehabilitación más allá de las personas afectadas. Significa aceptar que es necesario hacer ajustes en la sociedad misma, en sus normas jurídicas, en sus instituciones y en su cultura para terminar con toda discriminación contra este sector de nuestra sociedad.
Cuando hablamos de equiparar oportunidades para los minusválidos, nos estamos refiriendo concretamente a las oportunidades de educación y trabajo, de servicios sociales, de salud, de vivienda, de deportes y de recreación.
Diversos organismos del Estado, iglesias y entidades privadas se han hecho cargo de acciones de diagnóstico, rehabilitación y equiparación de oportunidades para los discapacitados, además de realizar actividades de información y sensibilización sobre esta materia ante la opinión pública, tarea encomiable pero aún insuficiente.
Respecto al informe que nos ha entregado la Comisión de Salud del Senado, mi opinión es que se trata de un documento completo y valioso cuyas conclusiones apoyo. En este texto se señala la coincidencia que existe en nuestro país respecto a que es fundamental un cambio cultural para enfrentar eficazmente la situación de los discapacitados. Tal vez este enunciado tenga la particularidad de ser fácil de expresar pero difícil de implementar. Un cambio cultural está vinculado a la modificación de las formas de pensar y de hacer. Está vinculado, por lo tanto, a valores. Y esta materia nos lleva a hacer una apreciación crítica respecto a como los chilenos estamos impulsando la gradual transformación de nuestra sociedad. Considero que no lo estamos haciendo bien. La falta de preocupación por el ser humano, el individualismo, el exitismo y la competitividad entendida, no como superación personal para el engrandecimiento colectivo, sino que expresada en la fórmula de cómo aniquilo al competidor o potencial competidor para ganar, es fuente de enfermedades e incapacidades en las personas y en la sociedad. La alternativa, expresada en términos esenciales, la encuentro en el predominio cultural de una ética de la solidaridad. Pienso que en ese sentido debemos orientar nuestros esfuerzos.
Es cuanto quiero decir, señor Presidente.
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