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- rdf:value = " El señor PRAT.-
Señor Presidente , considero muy positivo que el Senado haya efectuado la evaluación de un texto legal que cumple diez años de funcionamiento. Me estoy refiriendo a la ley Nº 19.284, que procuraba la plena integración social de las personas con discapacidad. Creo que fue uno de los primeros cuerpos normativos que aprobó el nuevo Congreso Nacional acorde con la Constitución Política de 1980.
Tuve el placer de participar en la Comisión de Salud de aquella época -la presidía el doctor Nicolás Díaz -, que realizó un estudio muy acabado sobre la materia, con la intervención de distintos actores.
Representó al Gobierno la señora Liliana Mahn , quien desplegó ingentes esfuerzos para producir una ley eficaz en la finalidad que se perseguía.
Colaboraron también muchísimas organizaciones, y tuvieron destacada participación entidades empresariales animadas del propósito de integrar socialmente a los discapacitados. En esa oportunidad, la referida Comisión pudo apreciar los logros de tales entidades, que mostraban en la práctica el mejoramiento de las condiciones laborales, el espíritu con que trabaja el grupo cuando en su seno existen personas con discapacidad que, a través de su esfuerzo de integración, movilizan al conjunto hacia objetivos superiores.
Analizar después de diez años cómo ha funcionado la ley y de qué manera ha evolucionado nuestra sociedad para producir la ansiada integración plena en el ámbito social de las personas con discapacidad, es un ejercicio que enaltece al Senado, y particularmente a la Comisión de Salud, que preside el Honorable señor Bombal .
Las conclusiones alcanzadas luego de este largo trabajo, en mi opinión, son del mayor interés. Deseo destacar algunas y, de cierta manera, procurar sintetizarlas en aspectos que observo a diario en las comunas de la Novena Región de La Araucanía, que represento en el Senado.
En el ámbito laboral, a mi juicio, debe darse mayor énfasis a la creación de canales especiales de capacitación.
Soy escéptico respecto de las medidas que buscan la discriminación positiva en los cupos laborales. En general, no son buenas las experiencias existentes sobre la materia. La discriminación por ley siempre termina siendo negativa.
La señora Ministra de MIDEPLAN, presente en la Sala, puede dar testimonio de que, en los temas étnicos, las discriminaciones positivas que hemos introducido han terminado siendo negativas para aquellos a quienes deseábamos beneficiar.
En cambio, la creación de canales especiales que favorezcan la capacitación de las personas con discapacidad es una vía realmente efectiva y necesaria para nivelar y fortalecer las habilidades laborales, que se desarrollan con mucho mayor fuerza en los discapacitados. Ello está médicamente comprobado. Y en la medida en que haya una capacitación que canalice estas potencialidades fortalecidas en el ámbito laboral de las personas que sufren discapacidad se avanzará eficazmente hacia su plena integración.
Asimismo, como señala el informe, avanzar hacia la jornada flexible es extremadamente valioso. Sin duda, ayudará a las madres que deben amamantar a sus hijos y, también, a las personas de la tercera edad. Pero, sobre todo, favorecerá a los discapacitados, quienes se ven afectadas por las jornadas rígidas que hoy existen en virtud de la inflexibilidad de nuestras normas laborales.
En el ámbito educacional, constituye una necesidad vital ayudar a las entidades educativas, a los municipios, a las escuelas particulares, para integrar plenamente a sus aulas a los niños con discapacidad. Y me parece muy bien que el informe lo identifique y lo enfatice.
Observamos que en numerosas escuelas, especialmente de nuestras regiones agrícolas, muchas veces no se integra a los niños discapacitados por falta de vehículos para transportarlos. ¿Cuántos menores quedan en sus hogares sin acceder a la educación por no tener cómo movilizarse a los establecimientos educacionales? Por tanto, es vital, esencial, dotar de vehículos especiales a las escuelas que no cuentan con ellos para trasladar a los niños con discapacidad.
Coincidimos plenamente con la necesidad de procurar eliminar las escuelas especiales, pues finalmente provocan una segregación negativa. Es preciso integrar a todos los niños; pero ello exige que las escuelas tengan profesores especializados en reforzamiento de la educación especial. Normalmente, eso no existe en los municipios, o bien, existe en cantidad insuficiente para atender a todas las escuelas. De modo que, si queremos realmente generar la integración, debemos proveer de esos profesionales a todas las escuelas.
En el ámbito de la facilitación de la vida cotidiana, el informe hace presente la conveniencia de crear casas de acogida. Observamos muchas veces en las poblaciones de mayor marginalidad situaciones dramáticas de personas que llevan una subvida, pues sufren una discapacidad que afecta la convivencia, no sólo del hogar donde están inmersas, sino también de todo el barrio.
En ciertas ocasiones, la vida en el hogar resulta materialmente imposible; en esas circunstancias, la casa de acogida es una solución efectiva. Pero en muchos casos es factible la vida en el seno del hogar; sin embargo, ello requiere un grado de atención que el dueño de casa no puede procurar, pues está sumido en atender al resto de los integrantes del hogar o en su trabajo procurando el sustento para el grupo familiar. En ese caso sería conveniente, por ejemplo, establecer subsidios familiares especiales. Hoy día los hay -es cierto-, pero los cupos son escasos e insuficientes en monto. Sin duda, el atender tal tipo de situaciones, en que habitualmente es necesario comprar elementos de uso diario caros, tiene un costo que no es ponderado de manera debida en el monto de los subsidios familiares especiales. Por ello, hay que avanzar fuertemente tanto en aumentar dicho monto como en extender el beneficio a familias donde existen personas con discapacidad.
Es dable también analizar la posibilidad de otorgar subsidios a los voluntariados. Hay aquí una fuente de voluntariado riquísima, dedicada a la atención domiciliaria de personas que en una comunidad sufren enfermedades de esta índole. Es menester fomentar esas acciones. Y hay allí una tarea inmensa y valiosísima en manos de los municipios. Éstos pueden incentivar voluntariados orientados a dicho fin. Y ojalá se les proveyera de recursos para establecer subsidios que permitieran el funcionamiento de las entidades respectivas.
En lo referente a la atención de salud, el informe hace muy bien en promover la incorporación de enfermedades que significan discapacidad y que no fueron consideradas -quizá por incapacidad en su momento para ser lo suficientemente extensivo en el análisis- en la ley Nº 19.284. Es el caso del autismo, la fibrosis quística, la esclerosis múltiple, la hemofilia, la espina bífida y los trastornos metabólicos.
También se avanza al considerar ayudas técnicas para los discapacitados elementos como los beepers, computadores, teléfonos y fax. Si la ley Nº 19.284 toma en cuenta para esos efectos a los automóviles, ¿por qué no considerar también a los computadores, por ejemplo, elementos de trabajo que permiten integrarse plenamente al mundo laboral o, a veces, a las actividades más esenciales de la vida diaria?
Coincido con el señor Presidente de la Comisión de Salud en su cuestionamiento -y quiero enfatizarlo como un rechazo- a que se proponga el "Control de natalidad o esterilización de personas con discapacidad incapaces de adquirir hábitos".
En realidad, habría que preguntar a quién se va a entregar la tan delicada responsabilidad de calificar esos elementos. Creo que ni la ley ni organismo público alguno pueden avanzar en arrogarse decisiones de tal gravedad. No existe ninguna comisión médica que pueda calificar quién tiene o no tiene discapacidad en ese caso, o capacidad o incapacidad para formar hábitos, que sería la condición para proceder de tal manera.
Se ha hablado aquí del financiamiento. En mi concepto, éste debe ser derechamente con cargo a los Fondos Generales de la Nación. El curso que ha seguido el financiamiento con cargo a leyes o a mecanismos especiales muestra la inconveniencia de insistir en este procedimiento.
En el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hay un fuerte cuestionamiento sobre el funcionamiento de la llamada "ley del cobre".
Aquí vemos la curva de recaudación de los mecanismos existentes para estos fines específicos, y observamos que es desfavorable.
En definitiva, los mecanismos especiales rígidos, artificiales al final, para financiar determinadas necesidades sociales terminan yendo en contra de ellas mismas.
Por lo tanto, postulo que lo más sano y sabio es, como dije, un financiamiento con cargo a Fondos Generales de la Nación. Así veremos año tras año de qué manera los recursos que se aportan son suficientes o insuficientes, de qué manera hay en el área necesidades emergentes, de qué manera en algunas ocasiones existen proyectos interesantísimos que a menudo duermen en la oscuridad o en una nebulosa porque hay un financiamiento automático que motiva que el Congreso Nacional -como ha sucedido en este caso- deje pasar a veces diez años para revisar temáticas tan importantes como la que ahora nos ocupa. Felizmente, la Comisión de Salud asumió esta tarea tras un decenio y hemos llegado a estas conclusiones, que, a mi entender, permitirán avanzar con mayor eficacia en la solución del problema en comento.
Concedo una interrupción al Honorable señor Bombal , con la venia de la Mesa.
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