DIAGNÓSTICO SOBRE DISCAPACIDAD EN CHILE. INFORME DE COMISIÓN DE SALUD
DIAGNÓSTICO SOBRE DISCAPACIDAD EN CHILE. INFORME DE COMISIÓN DE SALUD El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión de Salud que formula un diagnóstico sobre la discapacidad en Chile y propone medidas concretas encaminadas a paliar las deficiencias y omisiones detectadas. Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario ).- El informe de la Comisión de Salud señala que el Senado acordó, en sesión de 14 de marzo del año pasado, encomendarle efectuar un diagnóstico de la situación actual de la discapacidad en nuestro país y formular las proposiciones que de él surgieran. En tal informe se consignan los diversos antecedentes y recomendaciones que la Comisión analizó y las conclusiones a que llegó, acompañadas de una serie de sugerencias relativas a las medidas concretas que se deben adoptar para superar las deficiencias detectadas en el ámbito de la discapacidad en Chile. El informe fue suscrito por los Honorables señores Bombal, Ríos, Ruiz-Esquide, Viera Gallo y Zurita. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- En discusión. Tiene la palabra el Senador señor Bombal, Presidente de la Comisión de Salud. El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en marzo del año pasado, el Senado encargó a la Comisión de Salud realizar un diagnóstico de la situación actual de la discapacidad en nuestro país y, al mismo tiempo, formular proposiciones concretas que tuvieran que ver con la superación de los problemas que de ella derivan respecto de todas las personas que sufren alguna discapacidad. Transcurrido un año, la Comisión que presido tiene el honor de dar cuenta a la Sala del trabajo realizado. Los señores Senadores tienen en su poder un completo informe elaborado por la Secretaría de la Comisión de Salud que da cuenta de todas las personas e instituciones que fueron recibidas por ésta durante largas sesiones de trabajo. En él se consignan todas las opiniones entregadas, a partir de las cuales hemos formulado un diagnóstico con las respectivas proposiciones que daremos a conocer en esta oportunidad. Nuestro interés apunta a que todas estas opiniones, recomendaciones y propuestas, si lo tiene a bien el Senado, sean puestas en conocimiento de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia; Secretaría General de Gobierno; de Salud; de Educación; del Trabajo y Previsión Social; de Planificación y Cooperación; de Vivienda y Urbanismo, y de Transportes y Telecomunicaciones, como también en conocimiento del Fondo Nacional de la Discapacidad; de FONASA; de la Asociación Chilena de Municipalidades y, en lo posible, de todos los municipios e instituciones que deseen recibirlo. Por otra parte, si se aprueba este informe, a partir de esta tarde quedará a disposición de la comunidad en Internet. Para establecer un parámetro técnico, debemos saber que la discapacidad se define como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica que afecte a una persona determinada. Discapacidad es toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia física, síquica o sensorial, congénita o adquirida, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La ley cuantifica la limitación y exige que el obstáculo afecte, a lo menos, a un tercio de la capacidad respectiva de una persona. Minusvalía, por último, es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso, habida consideración de la edad, del sexo y de factores sociales y culturales. Las principales discapacidades son auditiva, vocal, visual, mental, física y siquiátrica. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que en los países en vías de desarrollo, entre el 7,5 y el 10 por ciento de la población presenta algún grado de discapacidad. En el caso de Chile, esa cifra representaría un universo del orden de 1 millón 400 mil personas. En su momento, el Instituto Nacional de Estadísticas informó a la Comisión que según los datos recogidos en el censo de 1992, en Chile había 283 mil 888 personas con discapacidad, lo que si bien es una cifra producto del censo, no corresponde fielmente a la realidad, pues, cuando se hacen las consultas del caso, muchas familias no revelan el problema que viven al interior de sus hogares con algún discapacitado. Por lo demás, esta situación es corroborada hoy por todas las autoridades. Por otra parte, la encuesta CASEN de 1996 detectó 616 mil 434 casos de discapacidad, los que representan 4,3 por ciento de la población de Chile, cifra que, para tener un referencia, se distribuye más o menos de la siguiente manera: 27,3 por ciento, discapacidad auditiva; 26,9 por ciento, visual; 21,2 por ciento, física; 13,1 por ciento, mental; 5,9 por ciento siquiátrica, y 5,6 por ciento, vocal. En el informe de la Comisión figuran cuadros por Regiones, por tipo de discapacidad, por sexo y por edad, los que complementan los datos que estamos entregando. El Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) señaló a la Comisión que hasta 1990 el Estado enfrentó el tema con un criterio asistencial, entregando protección a los afectados por la vía de la seguridad social y de las escuelas especiales segregadas. A partir de esa fecha -agregó FONADIS-, asume un rol más activo e integrador, con participación de los Ministerios del área social y de las organizaciones sociales privadas. Así fue como se dictó la ley Nº 19.284, sobre integración social de personas con discapacidad, la cual dio vida al propio FONADIS . La Directora de dicha entidad, señora Andrea Zondek , de destacada participación en esta área, hizo presente a la Comisión que hace falta un catastro completo y actualizado de la discapacidad, que suministre una base real y objetiva para evaluarla y que permita enfocar mejor la asignación de los recursos públicos. Éste es un antecedente de suma trascendencia que nos fue proporcionado por la señora Zondek. Esa misma autoridad advirtió que la intervención de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez -más conocidas como COMPIN- se estaban transformando, por su actual mecanismo de funcionamiento, en una traba al sistema, por su lentitud y por la carencia de criterios uniformes, lo que fue corroborado por múltiples testimonios prestados y recibidos ante la Comisión. Ocurre, señor Presidente , que los COMPIN, de acuerdo con la ley, están encargados de certificar también la incapacidad laboral, por lo que, a juicio de muchos, sería aconsejable separar este tipo de acreditaciones de lo que es propiamente la discapacidad, certificaciones que, en todo caso, debieran hacerse por equipos multidisciplinarios, y así entonces reconocer validez a la opinión médica, y no sólo a las autoridades que conforman el COMPIN. No obstante que la ley Nº 19.284 permite que la certificación de la discapacidad se haga por otras instituciones públicas o privadas debidamente acreditadas ante el Ministerio de Salud, en la práctica ello no ha ocurrido, y para el mundo de la discapacidad la certificación del COMPIN es un problema extraordinariamente grave, complicado, que dificulta todavía más la condiciones de quienes sufren discapacidad. Como lo veremos más adelante, estamos en presencia de uno de los mayores problemas que afectan al mundo de la discapacidad. Con la autorización del Senado, la Comisión de Salud se trasladó hasta la ciudad de Concepción, ciudad perteneciente a una Región que se caracteriza por la fortaleza de su organización asociativa y por el interés que sus autoridades han demostrado en el tema. En esa ocasión se recogieron numerosos testimonios de diferentes organizaciones y corporaciones, muchas de cuyas sugerencias se han incluido en los capítulos pertinentes del presente informe. Deseo informar, además, que la Comisión acordó oficiar a los 341 municipios del país, consultándolos por los siguientes asuntos: organizaciones sociales vinculadas a las discapacidades existentes en la comuna; acciones desarrolladas por la municipalidad en el ámbito de la discapacidad y recursos asignados a ella; infraestructura física destinada en la comuna a las organizaciones de discapacidad, y modalidades con que se aborda la integración de los discapacitados en el ámbito educacional, si es que ellos están incorporados a la educación regular o asisten a establecimientos especiales. Los resultados que arroja la tabulación de las 114 respuestas recibidas -es decir, un tercio de las municipalidades respondió el oficio que se les dirigió desde el Senado- están contenidos en el documento "Aproximación diagnóstica en torno a las acciones realizadas frente a la discapacidad a nivel nacional", de octubre de 2000, que se adiciona al final de este informe y cuya lectura, por razones obvias, omitiré; sin embargo, recomiendo a todos los señores Senadores imponerse en él de las acciones que al respecto se están realizando en sus circunscripciones, y también de los municipios que no entregaron respuesta alguna. Sí podemos decir que las propuestas y las conclusiones se resumen brevemente de la manera siguiente. Para elaborar una política nacional es fundamental disponer de un diagnóstico sobre la magnitud del problema y que se levante el catastro de las instituciones que trabajan en relación con la discapacidad, pormenorizando el tipo de acciones que realizan, la discapacidad que atienden, sus relaciones con el Estado, los recursos de que disponen y las redes de colaboración que se tejen entre ellas. Hay un gran desconocimiento de la acción que diversas instituciones llevan a cabo, y ello está incidiendo en que, muchas veces, los propios municipios no saben con qué medios o elementos pueden contar. No existe a nivel comunal -la otra constatación- un diagnóstico de la discapacidad. Los municipios destinan a este problema recursos financieros exiguos que, en promedio, no sobrepasan de un millón y medio de pesos al año. Sería necesario que cada uno de ellos estableciera en su presupuesto anual un fondo para la discapacidad, destinado al financiamiento de programas municipales permanentes para ser ejecutados con las organizaciones comunitarias. En gran parte de las comunas existen organizaciones sociales relacionadas con la discapacidad, y la mayoría de ellas goza de personalidad jurídica. Con todo, en la generalidad de las comunas pequeñas no las hay, lo que podría revelar una escasa relevancia del problema en esos ámbitos, o falta de voluntad de las autoridades locales o de sensibilidad de la población frente al problema o, simplemente, desinformación respecto de las posibilidades existentes para enfrentarlo. En muy pocos municipios hay un presupuesto anual para el tema de la discapacidad. Sin embargo, más importante que el apoyo económico es el rol que aquéllos -los municipios- pueden desempeñar en el respaldo y sustento de la formación y administración de las organizaciones sociales vinculadas con la discapacidad. Las principales contribuciones de las municipalidades son la entrega de ayudas técnicas, la colaboración para obtener beneficios financiados por FONADIS, tanto bajo la forma de asesoría como de coaportes, y la coordinación de la participación de la comunidad ante los problemas de la discapacidad. Los Consejos Comunales de la Discapacidad proporcionan un escenario privilegiado para dicha coordinación, pero, como ya dijimos, no existen en todas las comunas. El financiamiento de FONADIS a proyectos para ejecutar acciones de rehabilitación e inserción tiene un componente perverso, cual es la limitación en el tiempo. En efecto, los proyectos tienen una duración determinada, en tanto que la atención a los discapacitados debe ser permanente, y ésa es una realidad a la cual se enfrentan quienes postulan a los recursos del Fondo Nacional o a otras subvenciones que se otorgan por parte del Estado. La mayoría de las personas que se desempeñan con discapacitados carece de la preparación especializada requerida, aspecto que debiera ser asumido y financiado por el Ministerio de Educación, a través de los municipios. Se hace necesaria una campaña de concientización de la población, centrada en la dignificación de las personas con discapacidad, en la discriminación positiva en el campo laboral y en la adecuación arquitectónica y urbana permanente que requiere el mundo de la discapacidad. No es posible omitir el hecho de que al requerimiento de antecedentes por parte de la Comisión, sólo contestó un tercio de los municipios del país, lo que podría significar que los Consejos Comunales de la Discapacidad a los cuales nos referíamos no han logrado posicionarse adecuadamente al interior de los municipios, o que éstos no han tomado aún cabal comprensión del rol que les compete en la integración de las personas con discapacidad. Señor Presidente , los señores Senadores podrán encontrar en el informe, desde la página 12 hasta la 30, todas las normas legales y reglamentarias que en Chile regulan el tema de la discapacidad, cuya lectura, naturalmente, omitiremos, y que hemos incluido para facilitar a la Sala la debida comprensión de las proposiciones que se formulan en el informe de la Comisión. Del mismo modo, entre las páginas 30 y 34, se incluye un detalle de las entidades que se ocupan de la discapacidad en nuestro país, pues es útil tener conocimiento de la orgánica que se da en nuestro sociedad para abordar esta materia. Y, para una mejor información del tema, también hemos incorporado una referencia a los principales instrumentos internacionales relativos a la discapacidad, y entre ellos queremos destacar a lo menos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Impedidos, de 1975, en la que se señala que "el impedido debe gozar de los derechos enunciados en ella, sin excepción ni discriminación alguna". Y agrega que "Tales derechos son, en primer lugar, el respeto a su dignidad humana. El impedido tiene los mismos derechos fundamentales civiles y políticos que sus conciudadanos, lo que incluye el disfrutar de una vida decorosa y lo más normal y plena posible; tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación, a la educación, a la formación profesional, a la seguridad económica y social, a una ocupación útil, productiva y remunerativa, a formar parte de organizaciones sindicales, a vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto, a participar en actividades sociales, creativas y recreativas, a disponer de asistencia letrada si lo precisare y a un procedimiento justo atendida su condición. Si es preciso internarlo," -agrega la Declaración- "sus condiciones de vida deben ser lo más semejantes posible a las de la vida normal de las demás personas. Debe ser protegido contra toda explotación, discriminación y trato abusivo o degradante. Tiene derecho, él y su familia, a ser informado plenamente del contenido de esta Declaración.". Es conveniente precisar también que Chile ratificó en marzo de 1999 el Convenio Nº 159 de la OIT, sobre readaptación profesional y empleo de personas inválidas, de 1983, cuya finalidad es que las personas discapacitadas o inválidas obtengan y conserven un trabajo adecuado y puedan progresar por sí mismas. Igualmente, resulta del caso advertir que nuestro país no ha ratificado aún la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada por la OEA en julio de 1999. Ésta debiera ser una de las tareas prioritarias que se advierten por delante. Confiamos en que el Ejecutivo sabrá darle la urgencia necesaria. En otro orden de ideas, Sus Señorías podrán ver en el informe las distintas mociones presentadas en ambas Cámaras con relación a la discapacidad, las que -debemos reconocerlo- han sufrido una tramitación muy lenta. Sea ésta, entonces, una oportunidad propicia para llamar la atención sobre este tópico y lograr que se acelere el despacho de algunas de esas iniciativas (el detalle se encuentra en las páginas 43 a 46). En cuanto a los recursos destinados por el Estado a la discapacidad, quiero señalar que el principal desafío para identificar los montos asignados por el sector público a programas focalizados para personas discapacitadas lo constituye el hecho de que la mayoría de los servicios fiscales no dispone de un desglose presupuestario más detallado por programas o por centros de costo. Considerando esta limitante, el presente informe indica a nivel cuantitativo la información disponible y a nivel cualitativo cuando no existen los antecedentes contables que permitan discriminar entre los recursos aportados a los usuarios/beneficiarios generales y los destinados a los discapacitados. Para fines analíticos, se presenta la información por Ministerio o institución privada (el desglose aparece en la página 48). Sobre el punto, señalo a modo de síntesis que la inversión total, de 115 mil millones de pesos, equivale a 2 por ciento de los gastos en Funciones Sociales del Gobierno Central durante 1999; es decir, Salud+Vivienda+Previsión+Educación+Programas de Empleo, considerando que el ítem Previsión es el más alto de todos estos montos (alcanza a sobre 67 mil millones de pesos). En comparación a los Gastos Operativos anuales de la Fundación Teletón (5 mil 500 millones de pesos), los recursos del Gobierno Central equivalen a veintiuna veces ese monto (lo indicamos como cifra referencial). A partir de la página 49, los señores Senadores pueden ver cómo los distintos Ministerios se ocupan de la discapacidad y cuánto destinan en los programas, con la salvedad hecha al comienzo respecto de los problemas de identificación de las partidas. Parece interesante consignar algunas cifras de la información ministerial que recoge el presente informe. En materia de exenciones arancelarias para la importación de vehículos -lo tomamos a modo de ejemplo-, el decreto supremo Nº 940, del Ministerio de Hacienda, de 1994, modificó el decreto que reglamenta la importación de vehículos para personas lisiadas. A la fecha no se han recibido los informes con el detalle de las exenciones arancelarias otorgadas durante 1999. El promedio de exenciones arancelarias concedidas para vehículos importados para personas con discapacidad entre 1995, 1996 y 1997 ascendió a 75 vehículos por año. Con los límites existentes, se puede proyectar un aprovechamiento anual de la exención arancelaria cercano a 40 mil dólares, lo que equivale a 20,4 millones de pesos. Claramente, lo anterior revela que, teniendo en cuenta la cantidad de discapacitados existentes en nuestro país y los medios automotrices actualmente disponibles, esa exención podría funcionar con mayor fluidez, aliviando muchísimo más el problema de dichas personas. Igualmente, sería factible estudiar, por ejemplo, la posibilidad de que, tratándose de un discapacitado que no pudiera postular a un vehículo, de algún modo la franquicia se hiciera extensiva a quien lo asiste o lo acompaña habitualmente. Sobre este mismo punto, el artículo 40 de la Ley para la Plena Integración de Personas con Discapacidad (Nº 19.284) establece un sistema de reintegro de gravámenes por importación de ayudas técnicas tales como prótesis auditivas, visuales y físicas; equipos y medicamentos para rehabilitación; equipos y material pedagógico para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad, entre otros. La franquicia se comenzó a utilizar en 1995 y su demanda ha sido irregular a lo largo del tiempo. El promedio entre 1995 y 1997 ascendió a 2,6 millones de pesos por año. Y se podría estimar que en 1999 su uso creció debido a una mayor utilización, llegando a tres millones de pesos. Ello indica que este tipo de franquicias no está siendo debidamente utilizado, pese a que podría ir en ayuda de vastos sectores que requieren esa clase de ayuda. En la página 52 del informe se encuentran las cifras del Ministerio del Trabajo. En líneas generales, puede expresarse que en 1999 se otorgaron 187 mil 407 pensiones asistenciales de invalidez, de las cuales 91 por ciento corresponde a declaraciones de invalidez, y 17 mil 3, a personas con discapacidad mental. El gasto estimado por este concepto llega -como señalé- a alrededor de 67 mil millones de pesos, que es la cifra más relevante de todo el ítem estatal. Es importante destacar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo incluye la variable "integrante del grupo familiar con discapacidad" en su índice de nivel socioeconómico para la asignación de viviendas básicas. Este beneficio otorga un puntaje adicional de 10 puntos para postular. El Programa presenta una muy baja cobertura, que no tiene relación con la representatividad de personas discapacitadas, debido probablemente al desconocimiento del mecanismo pertinente por parte de los usuarios. En tal sentido, es muy relevante que se realicen todos los esfuerzos requeridos para difundir ese tipo de beneficios. En 1999, el Programa otorgó 261 subsidios básicos o progresivos a grupos familiares que incluían uno o más miembros acreditados con algún tipo de discapacidad. Claramente, estamos frente a una insuficiencia del sistema para dar a conocer las bondades y beneficios que ofrece a los efectos de aliviar la discapacidad. Por último, con respecto a la información ministerial que proporciona el informe, quiero señalar que durante 1999 el Fondo Nacional de la Discapacidad destinó 2 mil 181,8 millones de pesos para financiar sus distintas líneas programáticas que favorecen a personas discapacitadas e instituciones que trabajan con éstas en prevención, diagnóstico, rehabilitación e integración social. Las Transferencias al Sector Privado y Público alcanzaron al 89 por ciento del presupuesto ejecutado, orientándose fundamentalmente a los 82 proyectos aprobados y a las 3 mil 41 ayudas técnicas entregadas. Pero claramente, al decir de la señora Directora, es un presupuesto a todas luces insuficiente para las urgentes necesidades que hay en el país y para la acción que ese Fondo debiera realizar. Llamamos la atención sobre este punto, señor Presidente , pues desearíamos que en la Ley de Presupuestos de la Nación se contemplara un aumento sustantivo de recursos orientados a tal finalidad. Por otra parte, la Comisión consideró algunas ideas sobre fuentes de financiamiento de las acciones para prevención, atención y rehabilitación de personas con discapacidad. Según un informe técnico preparado por la Oficina de Informaciones del Senado a petición de la Comisión de Salud, los ingresos brutos por ventas de las apuestas hípicas alcanzan a 110 mil millones de pesos anuales y muestran una tendencia creciente: a octubre del año recién pasado representaban 54,4 por ciento del conjunto del mercado de juegos de azar y apuestas. En ese orden de cosas, se tuvo presente que el número 6º del artículo 20 del D.L. Nº 824, de 1974, Ley de Impuesto a la Renta, grava con impuesto de Primera Categoría y una tasa de 15 por ciento los premios de lotería. En cambio, las apuestas hípicas están afectas a un impuesto fiscal único, con una tasa de 3 por ciento, por disposición de la letra a) del artículo 1º del D.L. Nº 2.437, de 1978. Cabe hacer notar que, hasta que entró en vigor el nuevo sistema previsional, los hipódromos estaban gravados, además, con una cotización de 3,88 por ciento, que fue derogada por el artículo 32 del D.L. Nº 3.501, de 1980. Según el informe técnico ya mencionado, elevar la imposición fiscal en un porcentaje similar a la referida cotización para previsión social proveería recursos frescos del orden de 4 mil millones de pesos, que podrían contribuir a solventar las necesidades del mundo de la discapacidad. Y si se gravaran las apuestas hípicas con una tasa igual a la de las loterías, de 15 por ciento, la mayor recaudación podría ascender a 11 mil millones de pesos. Dicho análisis se hizo como contribución para explorar si por los referidos caminos u otros se puede encontrar el financiamiento para abordar este problema. En seguida señalaré los planteamientos formulados en la Comisión por las personas y entidades recibidas en audiencia. El cambio cultural -El mecanismo auténticamente eficaz para promover la plena integración educacional, laboral y social de las personas con discapacidad es el cambio cultural, el tránsito desde la visión en boga a aquella que se postula hoy como objetivo. -El enfoque actual es asistencial, paternalista, centrado en los aspectos biomédicos. Se requiere modificar la actitud de la sociedad ante el fenómeno de la discapacidad. Esto es más importante que cualquier cambio normativo que se proponga. La discapacidad y la respuesta de la sociedad se enmarcan en la esfera de los derechos de las minorías. El cambio debe traducirse en educar para la tolerancia, el respeto por las diferencias, la integración y la no discriminación, reconociendo en el discapacitado su condición primaria de persona y de ciudadano y asegurándole la oportunidad de ejercer en plenitud sus derechos y deberes. -Por otra parte, se debe reconocer que la discapacidad es una realidad social que impacta a la familia y a la comunidad, lo que genera la necesidad de definir políticas públicas a niveles nacional y comunal. -Es necesario divulgar los derechos, acciones y medios existentes para la plena integración de los discapacitados y los recursos judiciales y administrativos disponibles, particularmente el recurso especial de protección ante los juzgados de policía local del artículo 48 de la ley Nº 19.284, y difundir casos que sensibilicen a la opinión pública, sin violar el respeto a la privacidad de los afectados. -Se debe hacer un catastro de entidades que financian acciones integradoras y difundir sus respectivos manuales de procedimiento. Integración educacional -El principio rector en esta materia debe ser más integración y menos segregación. Habrá que decidir rangos de edad y límites de permanencia para cada curso. -Se postula desincentivar las escuelas diferenciales para alumnos con trastornos del habla y reforzar el apoyo para que se integren a la educación común. -Aumentar los cupos para personas con discapacidad en la educación común, en todos los niveles. -Cuando la integración no sea posible, reconocer la educación especial para discapacitados como una categoría específica, distinta de la educación general básica. -Dotar a los establecimientos de accesos y mobiliario adecuados. -Las subvenciones, por otra parte, son insuficientes; no deben caducar por alcanzar el educando una edad determinada, sino cuando éste haya completado sus estudios; ha de asegurarse que con ellas se financien profesores de educación diferencial y material didáctico apropiado, lo que hoy día no ocurre. -Es apremiante establecer subvenciones y becas para la educación superior de personas cuya discapacidad no incide en las funciones intelectuales. -Subvencionar a los educandos de la enseñanza parvularia, a los que permanecen hospitalizados por más de tres meses, a los que deben quedarse en sus hogares y al transporte escolar de personas con discapacidad (es otra de las necesidades que emergen con urgencia). -Formar equipos multiprofesionales de apoyo a la integración educacional a nivel local, conformados por asistente social, kinesiólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo y terapeuta ocupacional. Su actual ubicación a nivel provincial o regional no basta y no hay financiamiento para que exista uno en cada establecimiento. Si se opta por mantener los actuales equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación que deciden sobre el acceso y permanencia en la educación básica diferenciada, incorporar en ellos a los profesores y demás profesionales que trabajan directamente con los menores en dichos planteles. Señor Presidente , le ruego que me conceda diez minutos adicionales para terminar mi intervención, pues veo que me está urgiendo a que la finalice. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El problema radica en que hay varios Senadores inscritos para intervenir y debo darles la oportunidad de hacerlo. Puede concluir, Su Señoría. El señor BOMBAL.- Lo haré de inmediato, señor Presidente. Siempre en materia educacional, se plantea flexibilizar el cumplimiento de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para alumnos con discapacidad, porque de otro modo no pueden ser promovidos de un curso a otro, y eximir de los cursos de idiomas extranjeros a los niños fisurados. Integración laboral -Subvencionar la capacitación, contratación de mano de obra y adecuación del lugar de trabajo, u otorgar franquicias tributarias a dichas actividades. -Asegurar la continuidad entre capacitación e inserción laboral de las personas con discapacidad. -Formar equipos multiprofesionales de apoyo a la capacitación laboral a nivel local. -Canalizar la oferta de trabajo de acuerdo con las capacidades, nivel educacional del sujeto y necesidades del mercado de trabajo, y no únicamente hacia labores menores. -La inserción laboral del discapacitado requiere seguimiento y apoyo. -Establecer la discriminación positiva en empleos proporcionados por el Estado, asegurando un mínimo de cupos para personas con discapacidad. -Asociar incentivos tales como subsidio o franquicias tributarias progresivas al número de personas discapacitadas contratadas por un mismo empleador. -Establecer la jornada de trabajo flexible para los discapacitados, medida que podría extrapolarse a mujeres, estudiantes y personas de la tercera edad, y reconocerles la posibilidad de jubilar anticipadamente. -Crear un fondo para dar financiamiento a microempresas de personas discapacitadas. -Consagrar la licencia laboral para los padres o guardadores del discapacitado por enfermedad de éste. -Otorgar franquicias aduaneras y tributarias respecto a computadores personales destinados a personas con discapacidad. Hoy día los no videntes pueden expresarse de manera más eficaz mediante un computador, pero muchos de ellos no cuentan con medios para adquirirlo. -Subsidiar talleres protegidos para adultos discapacitados. Integración social -Fomentar mediante cofinanciamiento y asesoría la constitución y gestión de organizaciones sociales dedicadas a la integración de personas con discapacidad. -Participación de esas organizaciones sociales y de discapacitados en la elaboración de políticas, planes y programas relativos a la discapacidad y en la evaluación de su ejecución. -Convocar al sector privado para que apoye iniciativas de integración y concurra a financiarlas. -Crear casas de acogida para asegurar una residencia digna a personas con discapacidad que no puedan procurársela. -Incentivar a las municipalidades para que aceleren la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanas y reducir los plazos para llevar esto a la práctica. Ellas deben asumir también su deber de instalar semáforos audibles, con tiempos adecuados para las personas con discapacidad, señalética en braille, elevadores o rampas para uso de pasarelas peatonales. -Imponer a los medios de comunicación social televisivos no sólo la recomendación, sino también la obligación de incluir en sus noticiarios un recuadro con lenguaje de señas y la verbalización de informaciones que aparecen escritas en pantalla, como la hora, la temperatura, los servicios ofrecidos, los nombres de quienes son entrevistados y otros subtítulos. -El transporte público es inadecuado para las personas con discapacidad: los accesos no están adaptados con pasamanos, rampas o elevadores, y los cobradores automáticos son un estorbo adicional para un discapacitado; es preciso proporcionar en ellos indicaciones e instrucciones escritas, en lenguaje de señas (en braille o sonoras). Se puede invertir la circulación interna en los buses, de modo que el descenso pueda hacerse por la puerta delantera a la vista del conductor. ¡Cuántos discapacitados perecen o sufren todavía peores mutilaciones al no advertir el conductor cuando bajan por la puerta trasera! -Asegurar la atención prioritaria a las personas con discapacidad en entidades estatales y privadas que atienden público. Además, se deben habilitar en todos los servicios públicos accesos, lugares y funcionarios para la atención de personas con discapacidad, así como indicaciones e instrucciones en lenguaje de señas, en braille y sonoras. La readecuación de los locales de servicios públicos es demasiado lenta, por lo que se debe imponer a sus responsables plazos precisos y, si es menester, sanciones por incumplimiento. La ley establece una cantidad de indicaciones en esta materia que no se respetan. -Elevar el puntaje que otorga la discapacidad para obtener subsidio habitacional y no exigirles ahorro previo o pago de una cuota inicial o de enganche en los créditos hipotecarios con fines habitacionales. Prevención Sobre el particular, se debe: -Aumentar el número de profesionales en especialidades vinculadas a la discapacidad, la mayoría de las cuales son deficitarias. -Poner fin al monopolio universitario en la formación y certificación de especialidades médicas. -La formación de profesionales del área de la salud y de profesores que trabajan con personas con discapacidad debe incorporar técnicas de relaciones interpersonales con éstas basadas en el respeto; ofrecer incentivos en materia de capacitación y perfeccionamiento de estos profesionales. -Fomentar la investigación científica en el área de la discapacidad y de las enfermedades que generan discapacidad, incluyéndola en el artículo 13 de la ley Nº 19.284. -Combate a la drogadicción y al alcoholismo, que son la antesala de discapacidades adquiridas. Incluso se dice hoy día que las personas que han caído en el mundo de la droga deben ser tratadas dentro del mundo de la discapacidad. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Ya expiró su tiempo, señor Senador. El señor BOMBAL.- Estoy concluyendo, señor Presidente. -Prohibir el uso de pesticidas que generan discapacidades y fiscalizar el acatamiento de tal prohibición. Evaluación y Certificación de la Discapacidad En materia de evaluación y certificación de la discapacidad, una tarea muy importante es traspasar o extender las funciones de evaluar y certificar la discapacidad a otros organismos públicos y privados, además de las COMPIN; entre otros, a FONASA. Alternativa: modificar los artículos 6º y 7º de la ley Nº 19.284 para que se pueda realizar la evaluación y certificación mediante certificado médico; simplificar los procedimientos que son lentos y engorrosos; diferenciar entre discapacidades congénitas y adquiridas; suprimir la exigencia de reevaluar las discapacidades irreversibles e irrecuperables. Señor Presidente, el último punto es demasiado central, por lo que solicito se me dispensen algunos minutos más. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Hay varios inscritos y es preciso darles tiempo para intervenir. El señor BOMBAL.- De acuerdo, señor Presidente . Pero se trata del trabajo de un año de la Comisión. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Entonces, le pido agilizar su intervención. El señor BOMBAL.- Restan pocas páginas del informe, señor Presidente . A lo mejor podría omitirlas, pero estoy cierto de que los señores Senadores, debido a sus múltiples obligaciones, no tendrán tiempo de leerlas. Por lo menos, he realizado los extractos respectivos. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Puede continuar, señor Senador , pero le solicito ir concretando las ideas. El señor BOMBAL.- La Comisión, señor Presidente , pidió que, específicamente en estos puntos, se efectuara la relación completa del testimonio presentado por la gente ante la Comisión. De manera que no sólo estoy dando lectura al informe, sino también exponiendo ante la Sala lo que en la Comisión se planteó. Nada más. Como decía, en materia de evaluación y certificación, la discapacidad debe ser evaluada después del tratamiento y el suministro de ayudas técnicas. La evaluación previa mide el déficit anatómico. -Sustituir el parámetro porcentual de las limitaciones o disfunciones que permiten calificar la discapacidad por otro conceptual, tal como "sensible", "importante" o "determinante". -Incorporar en el diagnóstico de la discapacidad mental a los que trabajan con la persona evaluada. -Estudiar el impacto de la calificación de la discapacidad en el afectado, su familia y la sociedad. Atención de Salud Respecto de atención de salud, las propuestas son las siguientes: -Incluir en el sistema de la ley sobre discapacidad a enfermedades discapacitantes como autismo, fibrosis quística, esclerosis múltiple, hemofilia, espina bífida y enfermedades metabólicas, que hoy día no se consideran parte de la discapacidad. -Discernir e implementar medidas de apoyo a la madre del discapacitado recién nacido. No existen normas sobre la materia. -Extender los programas de salud escolar por sobre la edad de 15 años cuando se trate de personas con discapacidad. -Eliminar el copago de prestaciones directamente asociadas a la discapacidad del cotizante o beneficiario. -Modificar los planes de salud de las Instituciones de Salud Previsional y del FONASA para exceptuar las limitaciones en el número de prestaciones psicológicas y psiquiátricas de personas con discapacidad, y para financiar prestaciones, ayudas técnicas, medicamentos y alimentos especiales requeridos por ellas. -Fiscalizar eficazmente que las Instituciones de Salud Previsional no discriminen a las personas con discapacidad por la vía de ofrecerle planes más gravosos o entrabando su ingreso o permanencia en el sistema. -Fomentar la fabricación de ayudas técnicas en Chile y ejercer un control de calidad sobre ellas, cualquiera que sea su procedencia; no privilegiar el factor costo por sobre la calidad a la hora de otorgar financiamiento. -Considerar ayudas técnicas los "beepers", computadores, teléfonos y fax adaptados a las personas con discapacidad, así como las prótesis peneanas para parapléjicos. Financiar la actualización de ayudas técnicas, tales como anteojos y audífonos, cuya eficacia en el tiempo varía. -Prohibición de encarcelar enfermos mentales y de aplicar "electroshock". Modernizar la ley de salud mental. -El control de natalidad o esterilización de personas con discapacidad impedidas de adquirir hábitos. Es un tema que está siendo debatido y respecto del cual sólo hacemos mención. Rehabilitación Finalmente, señor Presidente, en cuanto a rehabilitación: -Creemos que el Estado debe asumir la parte que le toca, que se encuentra entregada casi exclusivamente al sector privado. -Se debe paliar la escasez de centros de rehabilitación para adultos. -Hay que dar a conocer el deporte competitivo y de alto rendimiento de las personas con discapacidad, para que puedan acceder a los beneficios de la ley del deporte. -Es preciso fiscalizar a las entidades que otorgan prestaciones de rehabilitación. -Se debe eliminar la exigencia de presentar tres cotizaciones para adquirir ayudas técnicas, así como los coaportes exigidos por FONADIS cuando se trate de personas de escasos recursos. Dejo para la consideración de los señores y señoras Senadores el marco jurídico general (páginas 64 y 65 del informe), su relación con la estructura del Estado (página 65), y su relación con la acción del Estado (página 66). Conclusión La Comisión de Salud ha consignado sistematizadamente todas las recomendaciones y propuestas recibidas de las personas, organizaciones y servicios escuchados en estos meses, y cumple con entregarlas al Senado para que, si lo tiene a bien, las ponga en conocimiento de las entidades señaladas al comienzo de mi exposición. Al concluir el presente informe, pido nuevamente excusas por haberme extendido, pero la naturaleza del tema a nuestro juicio así lo ameritaba, y agradezco en nombre de la Comisión la atención prestada por esta Sala. Agradezco del mismo modo a los Senadores señores Enrique Silva Cimma y Enrique Zurita Camps su valerosa participación como miembros titulares de la Comisión. Su experiencia y activa colaboración resultaron determinantes a la hora de concluir nuestra labor. Ellos, entretanto, dejaron de pertenecer a la Comisión de Salud y pasaron a incorporarse a otras Comisiones de este Senado. Agradecemos a todas las personas e instituciones que nos prestaron valiosos testimonios, los cuales hemos procurado estampar en este informe; y a la Secretaría de la Comisión, por su encomiable trabajo, que hoy día ha quedado a vuestra disposición, Honorables colegas, esperando contar con su aprobación, para que el aporte del Senado de la República llegue a todos aquellos que enfrentan responsabilidades en el tema de la discapacidad, pero sobre todo a quienes con buena voluntad reciban las propuestas, a fin de que los afectados encuentren así un alivio a su condición y puedan sentirse plenamente incorporados con mayor dignidad a la vida de nuestra sociedad. Reitero mis disculpas por lo extenso de mi exposición. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide. A Su Señoría le corresponde el tiempo normal de una intervención en la discusión general. El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , intentaré ser breve, en la medida en que el informe del señor Presidente de la Comisión ha sido extraordinariamente exhaustivo y claro en relación con un asunto que de repente parece muy lejano pero que el día menos pensado termina por ser algo que a todos nos toca y nos puede complicar la vida. Juzgo valeroso que hayamos realizado un diagnóstico demostrativo de la insuficiencia de las cifras actuales, y, por ende, de la forma en que se enfoca la situación, y, por ende, de la incapacidad de dar mayores recursos y enfrentar la cuestión de una manera más global. No se puede concluir que existe una cierta relación entre lo que encontramos como porcentaje de discapacitados y lo que hoy registran las cifras medianamente oficiales u oficiosas de que disponemos. A mi juicio, ha sido extraordinariamente útil -y ello se debe valorar y señalar- que el Senado aborde un aspecto humano como el que nos ocupa, el cual tiene que ver con 10 por ciento de los chilenos y nada con las discusiones materiales en que muchas veces nos enfrascamos. Me sumo, también, al reconocimiento por el modo como trabajó el personal de la Comisión. En ese cuadro, no efectuaremos más diagnóstico que lo ya expresado, y tampoco es posible discutir en detalle cada uno de los veintitantos planteamientos contenidos en el informe. Sólo deseo enfatizar algunos de ellos. En los números 1 y 2 se exhibe un enfoque distinto de lo actual, como ha dicho el señor Presidente de la Comisión. Es decir, la discapacidad no se debe entender sólo como una enfermedad, ni sólo como una consecuencia necesaria para ejercer la solidaridad o la pura caridad: debe enmarcarse en lo que hoy se entiende como la igualdad de los derechos humanos, cualquiera que sea la condición de las personas. Y, como lo hemos aseverado muchas veces en lo relativo a las políticas sobre la infancia, se debe considerar a quienes sufren discapacidad como sujetos de derecho y no sólo como objeto de ciertas y determinadas conductas. En lo atinente al Nº 2, cabe enfatizar cuando se hace referencia a la participación. O sea, la Comisión estima -y ha sido el resumen de lo que también ha consignado su Presidente - que no sólo se trata de puntualizar, como sociedad o como autoridad, lo que se debe hacer con la gente, sino que son los propios afectados en un momento determinado por una minusvalencia los que deben exponer: "Queremos caminar por el largo camino que tiene por delante la discapacidad en Chile y éstas son las ideas centrales en que debemos trabajar.". Aun en democracia, señor Presidente , mantenemos cierta tendencia a caer en una suerte de "democratismo ilustrado", como si a las autoridades nos asistiera realmente, desde el punto de vista técnico o político, el conocimiento como para definir lo que se debe hacer. Ése es un enfoque totalmente obsoleto. Y hoy el mundo se mueve al respecto de otra manera. En ese sentido, pienso que la Comisión informante se sitúa en la correcta política que se debe seguir. En los números 4 y 5 se observa un tema central cuando se mencionan los cambios que se deben introducir en la educación. Y sólo deseo destacar lo siguiente. El contenido del informe no sólo dice relación al grupo de chilenos de que se trata: debe ser, también, la base fundamental de la manera en que se debe enfocar la educación. Y a ello apuntan las modificaciones efectuadas en los últimos años, en lo que todavía queda mucho por caminar, desgraciadamente. Aprovecho la oportunidad para recordar, una vez más, que cuando se ha discutido respecto de la educación parvularia, ámbito básico para una enorme cantidad de personas con dificultades de aprendizaje, se ha subrayado que no se va por el camino correcto si no se otorgan los recursos necesarios y no se percibe que ello es lo esencial. El desarrollo del niño en los dos primeros años es la base del que experimentará en el futuro. Podrá ser objeto de esfuerzos espectaculares a los 7, 8 ó 10 años, pero se perderá el tiempo si no han sido desplegados antes de los dos años. También aprovecho para hacer constar, en relación con el Nº 6, que cuando se debatió sobre la evasión tributaria le manifestamos al señor Ministro de Hacienda el interés en que parte de los recursos se destinaran a la educación y el financiamiento universitarios. Dicho número se refiere a becas para la educación superior de los discapacitados. Ese Secretario de Estado señaló a varios de los Senadores presentes que el objetivo aludido contará con al menos 20 por ciento de lo que se generará en el marco de los cinco años contemplados en relación con el proyecto respectivo. Pensamos que asimismo debe incorporarse en ello lo comprendido en los números 7, 8 y 9. Para ahorrar tiempo, señor Presidente , sólo precisaré que en las proposiciones incluidas en los números 10, 11 y 12 hay algo que vale la pena mencionar. Ellas tienden a la concreción de franquicias aduaneras, de fondos para microempresas y de jornadas flexibles. Me parece que esto último se explica por sí solo, porque son condiciones que se deben buscar para que se materialice lo que los beneficiarios pueden rendir. Pero, además, deseo formular un llamado a la señora Ministra de Salud , aquí presente, con relación a las políticas a las que permanentemente se ha debido recurrir. En efecto, numerosas enfermedades que hoy enfrentan los discapacitados no se pueden tratar oportunamente por dificultades de financiamiento y muchos de sus costos provienen de impuestos de internación. En la actualidad, una enorme cantidad de medicamentos pudiera prevenir ciertas consecuencias. Y, considerado el punto no sólo en cuanto a la solidaridad y al derecho humano involucrados en la perspectiva en que planteo el tema, sino también en el sentido de la más pura práctica económica, al Estado le resulta más conveniente dejar de percibir esos recursos tributarios y no enfrentar después el imperativo de gastar ante el agravamiento de las mismas personas cuya situación hubiera podido ser precavida a través de un mejor financiamiento. Ésa es una de las cuestiones de la reforma de la salud y de los conflictos originados que es preciso resolver, lo que dice relación precisamente a las enfermedades catastróficas, muchas de las cuales se encuentran ligadas a los puntos discutidos. Igualmente consigno otro aspecto que me parece absolutamente pertinente, relativo a los números 16 y 17. En ellos se hace referencia, respectivamente, a "Aumentar el número de profesionales en especialidades médicas vinculadas a la discapacidad" y a "Fomentar la investigación científica en el área de la discapacidad", etcétera. Ello resulta esencial. Hoy, uno de los grandes obstáculos en la atención de salud y, por lo tanto, en la que se debe otorgar a personas que, además, son minusválidas en su capacidad de vivir en la sociedad, es el costo brutal de los tratamientos. Cualesquiera de ellos, en el caso de uno de esos pacientes, en especial de un niño, es del orden de 500 mil, 600 mil u 800 mil pesos mensuales. Y eso es algo que no se puede solventar si no aumentamos la capacidad de tratamiento de la pirámide de la salud con respecto a ellos. Lo anterior se relaciona con la forma como debemos planificar la prevención y la atención de salud en el país, lo cual debe hacerse de una manera diferente de la que existe hoy día. Porque -querámoslo o no- cualquiera que sea la opinión que se tenga para resolver el asunto, actualmente se centra más bien en la curación, y no en la prevención; en la especialización, y no en el modo de analizar lo concerniente a la salud familiar; en la aglutinación de profesionales de la salud en grandes ciudades, dejando a la ruralidad absolutamente al margen de su capacidad. Es pertinente que nos aboquemos al problema, lo cual creo que es muy valorado por la señora Ministra. Señor Presidente, en el poco tiempo que me queda, sólo deseo referirme a lo ya manifestado en lo que dice relación a modernizar la ley de salud mental. Hace muchos años que en Chile, a raíz del accionar de la sociedad, de la manera como se establecen los valores, del modo en que a la gente se le presenta una utopía y luego la misma sociedad no es capaz de darle forma para que pueda hacerse realidad o alcanzarla, hemos venido sosteniendo que existe un acrecentamiento de los problemas vinculados a la salud mental. Los señores Senadores conocen los distintos planteamientos realizados en tal sentido por diversas instituciones. En verdad, existe determinado porcentaje de personas con conflicto de salud mental, grave o menos grave, y que de algún modo las transforma en discapacitadas. Su forma de enfrentar la vida es insuficiente e inapropiada, y deriva de que la sociedad chilena se ha convertido, como ocurre en todo el mundo occidental, en algo inadecuado para vivir, siendo su mayor síntoma precisamente lo que los psiquiatras llaman "anedonia", o falta de alegría para vivir en una sociedad que, en gran medida, se libera de compromisos de esa naturaleza. Para enfrentar lo anterior se requiere de más recursos, de un enfoque distinto de lo que significa la prevención de la salud mental, como también se necesita levantar la mirada para luchar contra algo que nada tiene que ver con los problemas más cercanos al aspecto material de la salud. Esperamos que ello sea posible. No lo digo con el ánimo de entrar en una discusión de otra naturaleza. Si pretendemos ser consecuentes con lo que estamos haciendo hoy, es necesario apoyar toda idea tendiente a generar recursos frescos, los que seguramente provendrán de un proyecto que se encuentra en trámite en el Senado. Asimismo, espero que se puedan obtener fondos, entre otros mecanismos, a través de la iniciativa sobre evasión tributaria y mediante la inversión en salud que el Estado y el país en su conjunto necesariamente deberán realizar, por cuanto no es posible enfrentar el perfil epidemiológico -donde se incluye este tipo de problemas- si no aumentamos al doble, a lo menos, el porcentaje del producto interno bruto destinado a dicha área. Por otra parte, con respecto a los números 25 y 26 del informe, hay un aspecto donde hemos puesto mucha fuerza. Me refiero a las medidas que debe adoptar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sobre el particular, debo señalar con franqueza que no se trata de algo que haya surgido hoy o ayer, sino que data desde hace muchos años. Y, a mi juicio, debe ser enfrentado tanto por las autoridades de Gobierno como por el sector privado. Mi observación apunta a lo siguiente. En Chile no se construyen casas para que sirvan de hogares, sino casas que inducen a que los padres, sus hijos y los miembros de la familia vivan fuera de ellas, sin que exista posibilidad alguna de transformarlas en un "nido" saludable para quien las habita. En una casa pequeña no hay espacio para los niños, ni para atender a una persona discapacitada como corresponde. Entiendo los problemas que existen, como también a los señores arquitectos y las políticas aplicadas por esa Secretaría de Estado. Pero, para ser franco, si el problema no se soluciona no habrá familia. Y en la medida en que no ayudemos a construirla, no existirá gente sana para enfrentar la vida. Ahí radica el problema de los discapacitados y de los accidentes familiares o domésticos, que generan un porcentaje no menor de lisiados. Por eso, estimo que es necesario mirar de otra manera la construcción de las ciudades en Chile, porque de lo contrario -como lo dijo hace muchos años un gran arquitecto, y lo sostuvo también un connotado sociólogo-, llegaremos a tener ciudades hechas para las paredes de los edificios, donde las personas no podrán realmente desarrollarse en mejor forma. Si pretendemos evitar la existencia de más discapacitados y si deseamos desarrollo material y crecimiento para que la gente progrese conforme al viejo concepto maritainiano, me parece que este problema debe ser abordado con mucha fuerza. Por último, señor Presidente -y con esto termino, pues no deseo cansar a Sus Señorías-, considero que debemos hacer un esfuerzo, sobre la base de lo manifestado en esta Sala y en la Comisión, para que el Senado adopte el acuerdo final de solicitar al Gobierno que ponga urgencia a los proyectos pendientes -he tenido el honor de presentar varios de ellos junto a otros señores Senadores y Diputados-, con el objeto de construir de a poco la fórmula que planteamos y acercarnos así a tratar un problema que no se resuelve con veinticinco medidas, sino fundamentalmente con un gran debate, el cual debe llevarse a cabo sin conmiseración, pues, sobre todo, debemos considerar que los discapacitados son chilenos como nosotros, a quienes Dios, por el momento -insisto, por el momento-, ha tenido la gentileza de permitirnos vivir sin minusvalía. Muchas gracias. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos. El señor RÍOS.- Señor Presidente , tanto el Senador señor Bombal como el Honorable señor Ruiz-Esquide han proporcionado amplia información sobre un problema que fue analizado con mucho entusiasmo y con bastante profundidad en la Comisión de Salud. Ya se han comentado los aspectos más esenciales sobre la materia. Sólo deseo destacar cuatro o cinco puntos de interés. En primer lugar, con respecto al informe que los señores Senadores y la señora Ministra tienen en sus escritorios, a lo mejor lo establecido en el número 1 implica avanzar en todo cuanto resulta necesario para el mundo de los discapacitados en Chile, cuya situación hemos venido conociendo específicamente a partir de la creación del FONADIS. Dice el numeral: "Recomendar la incorporación de la idea de cambio cultural en las políticas, planes, programas y acciones de los organismos del sector público y entidades del sector privado, incluidos los medios de comunicación social.". En el fondo, ese texto lo dice todo, señor Presidente . Porque ciertamente, en materia de discapacitados, al margen de las ignorancias que tenía la sociedad chilena -tanto en lo referente a la cantidad de personas que se encuentran en esa situación, a las características de ellas, a los problemas sociales que deben enfrentar, como a su vida académica, educacional, cultural, de ciudadanos, laboral, etcétera-, nos encontramos con un país realmente admirable, en el que existe un ánimo fantástico para salir adelante con los problemas, y donde se pide una sola gran cosa: comprensión de la sociedad por una forma de vida no escogida por ellos, pero que deben enfrentarla conforme a sus propias características físicas, psíquicas, intelectuales o de cualquier orden. El segundo punto que, a mi juicio, es importante resaltar se refiere a las universidades chilenas, las cuales presentan algunos grados de discriminación positiva al establecer de pronto puntajes especiales para el ingreso de estudiantes con capacidad deportiva. Esto lo hacen para ir conformando una actividad deportiva importante al interior de sus aulas. En ese sentido, es evidente lo señalado en el número 9, que consagra la discriminación positiva en empleos proporcionados por el Estado, y también por el sector privado. En efecto, no se deben establecer diferencias, pues en materia de discapacidad la responsabilidad es un problema de todos los chilenos; por lo que resulta necesario asegurar un mínimo de cupos para las personas que se encuentran en esa condición, como asimismo la existencia de elementos y caminos para ello. Siguiendo un poco el mismo ejemplo que acabo de mencionar respecto de los deportistas, efectivamente se hace todo lo contrario: se termina premiando las capacidades físicas, en una discriminación positiva; sin embargo, no se da fuerza a las discapacidades, que es el otro lado de la medalla y que desde el punto de vista social obliga a tener mayores consideraciones. Algo muy importante en el sistema laboral -lo he vivido personalmente en mis actividades empresariales- es la necesidad de poner fin a la incompatibilidad entre subvenciones asistenciales y remuneraciones, que impide la inserción en el trabajo; o bien, darle carácter transitorio, para cuyo efecto debería modificarse el decreto ley Nº 869. ¡Esto es básico! El resolver ese aspecto significa dar vuelta la página a un problema laboral que afecta a miles y miles de personas discapacitadas. Es preciso reconocer que la contratación de muchos trabajadores con discapacidad se efectúa en el más absoluto silencio. Ambas partes la mantienen en secreto a fin de que el interesado no pierda la subvención asistencial que percibe. ¡Eso es real! Quiero ser muy franco y confesar que yo también lo he hecho, en complot -por así decirlo- con el propio discapacitado. Porque si uno diera cuenta de ese hecho se suspendería la subvención, y volver a obtenerla implica para él o ella un problema tremendamente complicado, largo, caro, tedioso y difícil, y muchas veces no la consiguen de nuevo. Por tal motivo, sería útil zanjar el punto. Y digo "útil" porque al Estado no le significará desembolso; en cambio, la persona discapacitada sí dispondrá de más recursos para financiar su sistema de vida, que por lo general es más caro que el del resto de la población. Tiempo atrás conversábamos sobre la encarcelación de los enfermos mentales. La Comisión examinó el tema y en sus conclusiones sugiere prohibir la reclusión de ellos. Sin embargo, el asunto requiere un análisis más profundo. No resulta tan fácil cumplir esa recomendación cuando en el exterior de los recintos penitenciarios no existen edificios con infraestructura adecuada, ni los técnicos ni las capacidades necesarias para atender el problema. Además, no corresponde extender la labor de las cárceles a un asunto inherente al campo de la salud. Hay algunas cosas que ya se encuentran resueltas. El Senador señor Ruiz-Esquide se refirió al tema de la vivienda. En la actualidad, existe una disposición que obliga al SERVIU a construir casas para gente con discapacidad. Pero hay ignorancia al respecto, tanto entre los funcionarios de dicho Servicio que deben aplicar la norma, como de los eventuales beneficiarios del mundo social. En virtud de esa disposición, la persona afectada por algún grado de discapacidad motriz u otra debe dar a conocer su condición antes de iniciarse las obras de la nueva población, para que la respectiva vivienda se construya teniendo presentes las características de esa limitación, y no haya de adecuarse posteriormente. Lo expuesto retrotrae a la recomendación Nº 1: a la idea de un cambio cultural, pero no sólo en las políticas y los planes, sino también en la actitud del país, que en definitiva es lo más relevante. A propósito de lo anterior, en una reunión efectuada en la provincia de Arauco, que contó con la presencia del Director del FONADIS anterior al actual, hubo un intenso debate entre la representante del SERVIU y el Senador que habla. Ella sostenía que la norma a que me referí hace algunos momentos no existía. Fue necesario enviarle copia, y entonces comprendió que debía asumir la responsabilidad de hacerla cumplir en forma apropiada, en beneficio de los discapacitados de la zona. Con relación a los consejos comunales de la discapacidad, una de las más grandes sorpresas que tuvimos en la Comisión de Salud fue enterarnos de que en alrededor de 300 comunas ellos no se encuentran conformados. ¡En 300 comunas -de un total nacional de 341-, cada una con su alcalde y concejales, no se han constituido los consejos! Aquí se han entregado varias cifras acerca del número de discapacitados. Hay una en la que todos concordamos, tanto desde la perspectiva nacional como internacional: el 4 por ciento de toda población o asentamiento humano existente en cualquier lugar de Chile -en las montañas, en el desierto, en la costa- es discapacitado o padece algún grado de limitación. Por eso, el hecho de que no se hayan formado los consejos de discapacidad a lo largo del territorio es, simplemente, una actitud negativa de la autoridad comunal, la que ha dado vuelta la espalda a un grupo significativo de la población al no dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, según el cual éstas son corporaciones de derecho público cuya finalidad es hacer partícipes del desarrollo económico, social y cultural a los habitantes de la comuna. Por lo tanto, el hecho de que se estén marginando las posibilidades de actuar en la materia me hace suponer que ésa fue una de las razones por las cuales en 1997, 1998 y 1999 los recursos del FONADIS no se ocuparon en su totalidad. Cada uno de esos años el FONADIS devolvió una cifra cercana a 240 millones de pesos. Dichos fondos no se utilizaron. Tal vez no se elaboraron programas o hubo falta de capacidad administrativa. No sé. Lo cierto es que no se ocupó el ciento por ciento de los recursos destinados a los discapacitados de Chile. Entiendo que el Director del FONADIS de la época no contó con los aliados que se requieren para poder actuar, entre los cuales figuran en primer término los concejos comunales, o sea, básicamente las municipalidades. Nosotros consultamos en los 341 municipios si se había conformado el Consejo Comunal de la Discapacidad. Nos contestó sólo el 32 por ciento de ellos. De ese porcentaje, 20 por ciento (menos de un tercio) respondió de manera afirmativa. Imagino que el resto no demostró interés, por falta de conocimiento sobre el particular. Eso es inmensamente delicado, porque si las municipalidades no actúan se producirá un retroceso en este aspecto y se perderá el esfuerzo realizado para crear y alentar diversas acciones mediante la dictación de una ley porque ésta no se cumple cabalmente. De otro lado, señor Presidente , me impresiona la gran cantidad de oficinas, recintos públicos y otros que no lo son pero que también atienden gente, como las notarías y conservadores de bienes raíces (no sé exactamente qué son desde el punto de vista jurídico, pero en algunas partes existe sólo uno de cada uno), ubicados en los pisos superiores de un edificio, a donde se llega por una escalera difícil de subir incluso por la gente mayor. Se ha sugerido, por ejemplo a los conservadores de bienes raíces, instalarse en un primer piso, dado que quienes acuden a esas oficinas son principalmente personas de edad, pero han hecho caso omiso. Es decir, no les interesa. No hay una cultura, actitud ni disposición para resolver este tipo de problemas. Por eso, señor Presidente , de aprobarse el informe de la Comisión de Salud, que en términos globales explicitó su Presidente , Senador señor Bombal , en atención a la trascendencia de los temas abordados en él no debe transformarse en un acuerdo más del Senado. Éste debe expresar su voluntad de hacer un seguimiento de cada uno de los puntos, a fin de ir conociendo paulatinamente, semana tras semana, o mes a mes, la respuesta a las inquietudes planteadas. Para ese efecto, propongo que la Comisión de Salud -si así lo estima la Sala- se encargue de lo siguiente: conocer los avances en esos acuerdos; combinar con el Ejecutivo las acciones que correspondan; resolver los problemas legislativos indicados, y avanzar en aquellas formas de acción y ejecución que es necesario aplicar en todos los lugares de nuestra tierra. En definitiva, la acción que estamos iniciando hoy deberá cambiar fundamentalmente la actitud de los chilenos, que es el principal problema para enfrentar de modo adecuado el mundo de los discapacitados de Chile. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO .- Señor Presidente , todos entendemos la importancia de esta materia, porque afecta a un número muy considerable de nuestros conciudadanos. Como aquí se ha dicho, según la encuesta CASEN de 1996, ese número alcanza a 616 mil personas, equivalente a 4,3 por ciento de la población. Pero, si nos atenemos a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en realidad se trataría de 1 millón 400 mil individuos. Estos resultados dependen mucho del modo en que se realice la correspondiente encuesta: cómo se pregunta, y qué es lo que se entiende por discapacidad. En la Comisión todos estuvimos muy de acuerdo en cuanto a las medidas tendientes a resolver el problema, o a contribuir a la formulación de una política que lo enfrente de modo adecuado, conforme a la filosofía que data desde la Declaración sobre Derechos de la Discapacidad, de las Naciones Unidas, de 1975. Tal declaración fue recogida en la ley que creó el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS). El problema es siempre el mismo, y en torno de él hemos estado dándonos vueltas: de dónde obtener los recursos para implementar las correspondientes políticas. Porque poco sacamos con definir políticas abstractas, de buenas intenciones, si después faltan los dineros para su realización. Nosotros, al redactar el informe, nos preocupamos de ese aspecto. Rogaría a los señores Senadores que reparen en lo que se dice en la página 56 del documento en cuestión, donde hay algo que es muy importante al respecto. Existe, además, un trabajo que no fue incorporado al informe, pero que tengo en mis manos, que preparó la Oficina de Informaciones del Senado a nuestra petición, en el cual se señala de dónde se podría obtener al menos una parte de los recursos necesarios para llevar adelante las políticas pertinentes. Estamos todos conscientes de que la Constitución impide establecer impuestos para determinados gastos. No sé si será un buen principio, porque, por otra parte, muchas veces lo hemos hecho, aunque en forma disfrazada. Pero la situación es la siguiente: si tomamos en cuenta los juegos de azar existentes en el país, veremos que hoy día el correspondiente a las apuestas hípicas, sumado el Teletrak, abarca el 47,4 por ciento de ese mercado. O sea, es mucho más que la Lotería, mucho más que la Polla Chilena de Beneficencia, y otros. Los premios de las loterías están afectos al 15 por ciento de Impuesto de Primera Categoría; en cambio, los de la hípica lo están a un gravamen único de beneficio fiscal, cuya tasa es de 3 por ciento sobre las apuestas mutuas realizadas en cada hipódromo, incluyendo el sistema de Teletrak. Cabe precisar que hasta 1981 el sistema de apuestas mutuas de los hipódromos debía contribuir, además de la mencionada tasa de 3 por ciento, con el 3,88 por ciento destinado a financiar la previsión social, lo que fue derogado con posterioridad. Por último, existe un impuesto por el ingreso a las salas y recintos de máquinas de juego de los casinos de Arica, Coquimbo, Viña del Mar y Puerto Varas, el que asciende a 0,07 unidades tributarias mensuales; aunque por su alta especificidad es de muy bajo rendimiento. Sucede que hoy día ha aumentado enormemente el mercado de la hípica por la tecnificación del Teletrak. De hecho, todos los días hay carreras de caballos, en las cuales se puede apostar. Eso está gravado con un impuesto de 3 por ciento. En cambio, los premios de las loterías lo están con 15 por ciento. Ello no parece razonable desde ningún punto de vista. Entonces, ¿qué se podría hacer? Hasta 1981, el sistema de apuestas mutuas de los hipódromos contribuía al financiamiento de la previsión social con una tasa de 3,88 por ciento. Bajo el supuesto del rendimiento más bajo de los últimos años, de 17 mil 500 millones en 1999, restablecer un gravamen de esa misma naturaleza arrojaría una recaudación estimada adicional de 4 mil millones de pesos. Si Sus Señorías tienen presente cuánto es el fondo del FONADIS, establecido en un cuadro sobre cuánto gasta cada institución, el Ministerio de Planificación, a través del FONADIS, desembolsa 2 mil 181 millones. Por lo tanto, reponer el impuesto que gravaba la hípica hasta 1981, significaría doblar el fondo de FONADIS. Si además, siendo razonables, impusiéramos la misma carga fijada a las loterías -es decir el impuesto único de 15 por ciento, igualando el de los juegos de azar-, obtendríamos una recaudación de 11 mil millones. Evidentemente, eso nos dejaría en condiciones de implementar muchos de los mecanismos hoy día planteados en el informe de la Comisión. Señor Presidente , soy de los que piensan que los problemas sociales de nuestro país no pueden enfrentarse en general con aumento de los impuestos. Al contrario, opino que hemos llegado a un punto en que topamos fondo, al menos durante el Gobierno del Presidente Lagos, muy probablemente; y que, en consecuencia, los compromisos sociales se tendrán que cumplir de manera diferente al alza de impuestos. Pero aquí estamos evidentemente ante un vacío, porque nadie puede sostener que, con la tecnificación de la hípica y el hecho de que se corran carreras todos los días, además del funcionamiento del Teletrak como está, sea justo que a la hípica la afecte un tributo cinco veces inferior al establecido para las loterías. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es de que el Senado tome conciencia, aprovechando la presencia en la Sala de dos señoras Ministras de Estado. Y pido hacer llegar al señor Ministro de Hacienda un oficio, en mi nombre, para darle a conocer el informe financiero elaborado por la Oficina de Informaciones del Senado para la Comisión. Así el Ministro y el Gobierno podrían estudiar la posibilidad de hacer justicia en lo atinente a los juegos de azar. Si así ocurriera, podríamos contar con una disponibilidad de recursos que podemos calcular en 4 mil millones en un caso, y en 11 mil millones en el otro. Si pasáramos revista a las principales conclusiones del informe en lo referente a la acción del Estado, nos daríamos cuenta de que algunas de ellas se podrían implementar. Muchas de las cosas aquí señaladas respecto de las construcciones fiscales; de la educación; del perfeccionamiento del personal docente; de la posibilidad de que el Estado reserve una cuota dentro de su dotación de trabajadores que capaciten a personas con discapacidad; de levantar un catastro único, auténtico y actualizado de la población con discapacidad, requiere dinero y recursos. Entonces, o se obtienen nuevos fondos, o éstos se sacan de otras partes que se supone que están bien asignados. Si queremos ser consecuentes con el propósito de dar a la discapacidad la prioridad que aquí se ha señalado (figura en el informe), la única manera que me parece razonable para lograrlo es con el incremento de los recursos, sin apelar a un alza global de impuestos, o a una reforma tributaria, o a procedimientos que pueden perturbar la economía, o a dar una mala señal a la inversión y al ahorro, todo lo cual no es del caso discutir en el día de hoy en el país. Creo que a eso nadie se podría oponer, salvo tal vez los aficionados a la hípica, o quienes tienen algún interés particular en esa actividad específica, que hoy día tiene una tasa de impuestos cinco veces inferior a la de los juegos de loterías. Quiero señalar además que debiéramos avanzar con el proyecto de ley relativo a los casinos. Esa iniciativa, si entiendo bien, está durmiendo en la Cámara de Diputados. También la actividad de los casinos permanece hoy día sujeta a una tributación mucho menor de la que le corresponde. A menudo esas empresas muestran balances que no dejan utilidades, y solamente las afecta el impuesto de 0,07 UTM por el ingreso a las salas y recintos de máquinas de juego. No sería razonable que en Chile hubiera un desarrollo mucho más moderno y tecnificado de los casinos, como ocurre con los de Viña del Mar, Puerto Varas, Coquimbo, Arica o el de Pucón, sin una tributación adecuada a esa nueva y moderna situación. Para concluir, señor Presidente -porque no quiero reiterar las ideas-, solicito el envío de un oficio, en mi nombre, al titular de la Cartera de Hacienda -a las señoras Ministras aquí presentes se lo puedo entregar personalmente-, para hacerle ver que, por esa vía, el Gobierno podría conseguir fondos adicionales para destinarlos a una política más eficaz en favor de la discapacidad, en concordancia con el cambio cultural que el informe propicia, que la ley de FONADIS ha sancionado y que las políticas oficiales tanto del Gobierno del ex Presidente Frei como del Presidente Lagos han pretendido impulsar. Por tanto, debe existir una cierta coherencia en el planteamiento, porque sin más recursos todas estas proposiciones serían sólo letra muerta. El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- El señor Bombal le solicita una interrupción, señor Senador. El señor VIERA-GALLO .- Con mucho gusto. El señor BOMBAL .- Simplemente deseo precisar que fue el Senador señor Viera-Gallo quien planteó a la Comisión la idea de que esta materia presentaba ciertos reparos constitucionales -de ahí que se hiciera el estudio- lo que no necesariamente significa que todos los señores Senadores estuvieron de acuerdo en su momento con la propuesta. Sí hubo concordancia en consignarla en el informe, porque parecía de alto interés el planteamiento a que hago referencia. Hago la precisión para los efectos del problema constitucional ahí planteado. El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Puede continuar el Honorable señor Viera-Gallo . El señor VIERA-GALLO .- Señor Presidente , me parece importante lo consignado en la página 56 del informe de la Comisión de Salud, porque, en mi opinión, precisa lo que acaba de manifestar el Presidente de la misma, en cuanto a que "La Comisión consideró algunas ideas sobre fuentes de financiamiento de las acciones para prevención, atención y rehabilitación de personas con discapacidad.". Se entiende que las consideró con una cierta simpatía, porque, de no ser así, no las habría incluido. Por cierto, ello no significa que se comprometa a cada uno de los Senadores. El señor BOMBAL .- La idea era simplemente destacar que Su Señoría fue uno de los impulsores; nada más. El señor VIERA-GALLO .- ¡Soy! A mi juicio, el problema de constitucionalidad puede obviarse con mucha facilidad, como hemos hecho en múltiples ocasiones, por ejemplo, al tratar una iniciativa que aumenta el impuesto a la bencina y, al mismo tiempo, otorga un beneficio. Nadie dice que una cosa está ligada a la otra. Pero todos saben que así es. Los recursos van a fondos generales y el Estado financia después los gastos correspondientes con ese aumento. No voy a discutir aquí sobre si ese principio de la Constitución del 80 es positivo o negativo. Lo único que afirmo es que me parece responsable que, si estamos propiciando un mayor gasto público -eso es lo que estamos haciendo en el informe- indiquemos por lo menos al señor Ministro de Hacienda una posibilidad de obtener recursos sin alterar los equilibrios macroeconómicos ni aumentar la carga global tributaria, sino, por el contrario, estableciendo una simplificación de los tributos aplicables a los juegos de azar, para que sean parejos. El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-. Señor Senador, existe la siguiente alternativa: simplemente, enviar el oficio solicitado por Su Señoría, seguramente con la adhesión de otros señores Senadores; o preguntar a la Sala si aprueba el informe, teniendo en cuenta que en él se consigna lo planteado por Su Señoría, lo que permitiría una aprobación más global, según el contexto del informe de la Comisión de Salud. Si le parece, señor Senador, podríamos esperar algunos minutos antes de enviar el oficio, a fin de obtener la aprobación global del informe. El señor VIERA-GALLO .- Señor Presidente , sólo quiero destacar que un resumen del informe de la Oficina de Informaciones del Senado figura en la página 56; pero a los señores Senadores se les puede distribuir sin ningún problema, para que tengan toda la documentación a la vista, con gráficos y una precisión mayor. El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ-BARRA.- Estimados colegas, la Organización Mundial de la Salud estima que en los países en desarrollo entre el 7,5 y el 10 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. En Chile ello significaría que tenemos entre 1 millón 125 mil y 1 millón 500 mil personas con minusvalías, que las afectan en aspectos físicos, mentales y sensoriales, si bien es necesario reconocer que el país no dispone de estadísticas censales confiables sobre esta materia. La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), a partir de 1996, incorporó una variable destinada a determinar la población que presenta algún tipo de discapacidad. Según tal encuesta, aplicada a una muestra representativa de los hogares del país, en aquel año en Chile existían 616 mil 434 personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, el 4,3 por ciento de la población total. Sin embargo, es necesario considerar que por su limitación los discapacitados involucran directamente a sus familiares, incidencia que según documento del Colegio Médico, se calcula, al menos, en el 25 por ciento de la población. Este porcentaje permite tener una apreciación de la magnitud social del fenómeno de la minusvalía. Creo importante reconocer que en nuestro país carecemos de un buen diagnóstico nacional de la discapacidad, limitante que obstaculiza una respuesta más eficaz para el sector poblacional afectado. Los recursos destinados por el Estado para atender a los discapacitados son además escasos. Por ejemplo, los municipios destinan un promedio a los discapacitados de un millón y medio de pesos. Pero existe un número muy importante de municipios rurales que no dispone de recursos, como se ha señalado en esta misma sesión, para atender a los discapacitados de sus jurisdicciones. Tales recursos se concentran, como en otros aspectos, en las municipalidades pertenecientes a comunas de gran magnitud. Desde otra perspectiva, el personal a cargo de programas para discapacitados carece en su mayoría de la especialización necesaria, como también se ha señalado en algunas de las intervenciones precedentes. Según la encuesta CASEN, que tiene la limitación de no ser un censo, de los 616 mil 434 casos de discapacidad, el 27,3 por ciento tiene discapacidad auditiva; el 26,9 por ciento, discapacidad visual; el 21,2 por ciento, discapacidad física; el 13,1 por ciento, discapacidad mental, y el 5,9 por ciento, discapacidad psiquiátrica. La información disponible demuestra que los discapacitados más pobres son los más afectados en materia de educación, salud, trabajo e ingresos. Asimismo, la discapacidad aumenta en número en relación con la mayor edad de las personas. Es decir, obedece al proceso de envejecimiento. Las causas médicas de incapacidad, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, se encuentran en perturbaciones congénitas, en enfermedades transmisibles, en enfermedades somáticas no transmisibles, en trastornos psíquicos funcionales, alcoholismo crónico y uso indebido de drogas, traumas y lesiones producidas por accidentes y por nutrición deficiente. Sin embargo, es necesario considerar que las causas que obedecen a accidentes, desnutrición y ciertas enfermedades van más allá del ámbito de la medicina y requieren de investigaciones de diagnóstico de carácter interdisciplinario, porque existen factores económicos y socioculturales que enriquecen la percepción de este fenómeno, permitiendo la formulación de mejores políticas nacionales y de mejores planes, proyectos y programas. Por ejemplo, la violencia y los conflictos son fuentes generadoras de incapacidad. Las Naciones Unidas han dividido en cuatro categorías no excluyentes las causas de las incapacidades. Ellas son: -Causas genéticas o hereditarias; -Factores biológicos (enfermedades); -Accidentes, y -Causas socioculturales. Existe evidencia estadística según la cual en los países con mayor desarrollo o industrializados se incrementan las enfermedades mentales crónicas, lo que obedecería, según las Naciones Unidas "al estado de tensión y otros problemas psicosociales que entraña el paso de una sociedad tradicional a una moderna". Según datos de la OIT, más de la tercera parte de quienes acuden a centros de rehabilitación profesional de esa entidad tienen alguna incapacidad mental. En Chile estamos viviendo el mismo fenómeno, según las estadísticas de organismos internacionales y nacionales. Recordemos -como situación preocupante- que Santiago es la ciudad que tiene el mayor porcentaje de enfermos mentales en el mundo. Repito: Santiago es la ciudad que tiene el mayor porcentaje de enfermos mentales en el mundo. Eso debemos tenerlo muy presente. Una breve reflexión cabe al respecto. La modernidad que estamos construyendo gradualmente atenta contra el ser humano, constituyéndose en causa del incremento de las enfermedades mentales, además de ser uno de los factores del deterioro del medio ambiente. En Chile, hasta el año 1990 la discapacidad fue tratada como un tema asistencial. Después de esa fecha, el enfoque que ha prevalecido ha estado orientado a la integración social de los discapacitados. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes. Al abordar este tema, es necesario diferenciar entre: a) "Deficiencia", que es toda pérdida o anormalidad de la estructura y de la apariencia corporal y de la función psicológica, fisiológica o anatómica. b) "Discapacidad", que se refiere a las consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista del comportamiento y la actividad funcional de las personas, las cuales presentan perturbaciones a nivel individual. c) "Minusvalía", que dice relación con las desventajas que afectan a la persona como consecuencia de deficiencias e incapacidades. Refleja, por consiguiente, la interacción con el entorno de la persona y su adaptación a él. Limita o impide el desempeño de roles normales en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales. Tales conceptos son orientadores para la formulación de leyes, políticas, planes, proyectos y programas que sirvan de verdad a la solución de los problemas que afectan a los minusválidos, los cuales estamos hoy tratando en el Senado. Es interesante la definición que han dado las Naciones Unidas sobre la minusvalidez. El Organismo Internacional señala que ésta "constituye una función de la relación entre las personas impedidas y su ambiente. Ocurre cuando esas personas enfrentan barreras culturales, físicas o sociales que les impiden el acceso a los diversos sistemas de la sociedad que están a disposición de los demás ciudadanos. La minusvalidez es, por lo tanto, la pérdida o la limitación de las oportunidades de participar en la vida de la comunidad en un pie de igualdad con los demás.". A partir de tal marco conceptual, se puede dar origen a acciones de prevención de la minusvalidez, como también de rehabilitación y de equiparación de oportunidades. Estas acciones significan llevar la rehabilitación más allá de las personas afectadas. Significa aceptar que es necesario hacer ajustes en la sociedad misma, en sus normas jurídicas, en sus instituciones y en su cultura para terminar con toda discriminación contra este sector de nuestra sociedad. Cuando hablamos de equiparar oportunidades para los minusválidos, nos estamos refiriendo concretamente a las oportunidades de educación y trabajo, de servicios sociales, de salud, de vivienda, de deportes y de recreación. Diversos organismos del Estado, iglesias y entidades privadas se han hecho cargo de acciones de diagnóstico, rehabilitación y equiparación de oportunidades para los discapacitados, además de realizar actividades de información y sensibilización sobre esta materia ante la opinión pública, tarea encomiable pero aún insuficiente. Respecto al informe que nos ha entregado la Comisión de Salud del Senado, mi opinión es que se trata de un documento completo y valioso cuyas conclusiones apoyo. En este texto se señala la coincidencia que existe en nuestro país respecto a que es fundamental un cambio cultural para enfrentar eficazmente la situación de los discapacitados. Tal vez este enunciado tenga la particularidad de ser fácil de expresar pero difícil de implementar. Un cambio cultural está vinculado a la modificación de las formas de pensar y de hacer. Está vinculado, por lo tanto, a valores. Y esta materia nos lleva a hacer una apreciación crítica respecto a como los chilenos estamos impulsando la gradual transformación de nuestra sociedad. Considero que no lo estamos haciendo bien. La falta de preocupación por el ser humano, el individualismo, el exitismo y la competitividad entendida, no como superación personal para el engrandecimiento colectivo, sino que expresada en la fórmula de cómo aniquilo al competidor o potencial competidor para ganar, es fuente de enfermedades e incapacidades en las personas y en la sociedad. La alternativa, expresada en términos esenciales, la encuentro en el predominio cultural de una ética de la solidaridad. Pienso que en ese sentido debemos orientar nuestros esfuerzos. Es cuanto quiero decir, señor Presidente. El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Solicito la autorización del Senado para abrir la votación sobre el informe de la Comisión de Salud, independientemente de los discursos que falta por pronunciar. Si le parece a la Sala, se procederá en esos términos. Acordado. Se procederá a tocar los timbres. El señor BOMBAL.- Señor Presidente , en el informe de la Comisión de Salud se pide dirigir oficio a diversas autoridades; en especial, en el acápite final, referente a las Conclusiones. Una segunda solicitud, aparte de lo que Su Señoría ya propuso como seguimiento del proyecto, dice relación con la posibilidad de que por acuerdo de la Sala se coloque en Internet del Senado el mencionado informe. De modo que solicitaríamos que los oficios fuesen enviados con la venia de la Sala. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Hay tres señores Senadores inscritos. Debo expresar, en todo caso, que la Mesa entiende que la aprobación del informe significa a su vez entregar a la Comisión de Salud la responsabilidad de llevar el seguimiento de lo acordado por la Sala, con el objeto de que dé cuenta en el transcurso de los próximos meses del cumplimiento de ellos. Si le parece al Senado, así se acordará. Acordado. El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Ha estado usted lúcido, señor Presidente ! Yo comparto su criterio. El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Antes de dar la palabra al Honorable señor Silva, quiero otorgársela por tres minutos al Honorable señor Urenda para que formule una precisión. Tiene la palabra el Honorable señor Urenda. El señor URENDA.- Señor Presidente , desde luego debo expresar mi adhesión al excelente trabajo realizado por la Comisión de Salud con respecto a un problema que debiera interesarnos a todos los chilenos y que, por lo demás, lo apreciamos en toda su magnitud, sin necesidad de mirar muy lejos, porque siempre hay casos cercanos que se encuentran en esa situación. Por ello, no deseo que mis palabras se tomen en absoluto como una objeción a los fines que persigue el informe, ni mucho menos al brillante trabajo efectuado por dicho órgano técnico. Pero sí quiero hacer un alcance a ciertos aspectos tributarios, en razón de haber estado ligado por muchos años a la hípica en mi calidad de director ad honorem del Valparaíso Sporting Club durante 22 años. Debo señalar sobre el particular que la forma de financiamiento que se propone -que aparentemente es buena-, en la práctica, conduciría simplemente al cierre de los hipódromos y tal vez a la cesantía de 20 ó 30 mil personas más. Digo esto, porque yo no creo que se pueda comparar el simple juego de azar de la Lotería con la hípica. El juego de azar no tiene otro gasto que su organización de venta y los cuantiosos y exagerados gastos en propaganda. En cambio, la hípica mantiene un espectáculo tremendamente atrayente y del cual viven directa o indirectamente cerca de 30 mil chilenos. Cabe agregar además que los hipódromos centrales que conozco, que son instituciones que poseen grandes capitales inmobiliarios, no obtienen ningún beneficio de ellos. Se trata de una actividad que se mantiene porque existe una vieja afición en el pueblo y en nuestro país, que da lugar, entre otras actividades conexas, a los cuidadores de caballos. Pero fuera del personal administrativo y de juego, el hipódromo requiere contar con preparadores, jinetes, ayudantes y un numeroso personal. A lo dicho debo agregar que, a pesar de las cifras que aquí se han dado, en lo que concierne al hipódromo que yo conozco directamente -el Valparaíso Sporting Club-, su balance está a la vista: cerca de 900 millones de pesos en pérdida, no obstante tener un patrimonio que si se loteara en terrenos para la venta valdría miles de millones de pesos. Entonces, creo que la posibilidad de adoptar medidas tributarias por esta vía con instituciones que viven apenas en equilibrio y que dan trabajo a tantas personas, simplemente podría significar la desaparición de ellas, como sucedió en el pasado. En cuanto al impuesto que se aplicó en su tiempo, éste era destinado a la previsión del propio personal, conforme a modalidades anticuadas que hoy no se emplean. Por ello, coincidiendo plenamente con que el país debe hacer los sacrificios necesarios para procurar solucionar los problemas de los discapacitados, tengo la impresión de que la fuente de financiamiento, en primer lugar, no parece comparable a la de un simple juego de azar, porque la hípica, por ejemplo, da espectáculo y, en segundo término, porque los resultados que se pueden recoger de los balances de sociedades que cuentan con grandes patrimonios, demuestran que impuestos de esa naturaleza podrían significar en el corto plazo la desaparición de dicha actividad con la consiguiente cesantía adicional. Con la reserva antes señalada, daré mi voto favorable al informe en análisis. Aplaudo a los señores Senadores que lo elaboraron y les agradezco ese tremendo esfuerzo. Estoy dispuesto, cuando esté en mis manos, a idear o a contribuir al financiamiento respectivo, pero me da la impresión de que el camino que se nos presenta -que, aparentemente, aparece muy adecuado-, a lo único a que puede conducir, según lo saben quienes lo conocen en el terreno, es a que tengamos todos los hipódromos convertidos en loteos, lo cual haría que cese una actividad que da trabajo a muchas personas y que constituye una atracción muy importante en el país. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, en verdad, creo que el Senado tal vez ni siquiera puede palpar en toda su amplitud la enorme proyección del informe que hoy nos ha sido entregado. Tengo la convicción de que son cientos de miles los chilenos que, en mayor o menor medida, van a agradecer lo que nuestra Corporación ha sido capaz de producir. Recuerdo que el informe sometido a nuestra consideración se originó con motivo de un proyecto, tal vez relativamente pequeño, que presentamos los entonces miembros de la Comisión de Salud del Senado para solucionar un problema específico acerca de la discapacidad mental. Ahora bien, precisamente en la Cuenta de hoy he podido observar que dicha iniciativa llegó de la Cámara de Diputados al Senado aprobada con algunas modificaciones, lo que va a significar un nuevo pronunciamiento de nuestra Corporación. A raíz de ese proyecto -como digo-, el Senado tomó la determinación, bastante afortunada, de pedir a la Comisión de Salud, por unanimidad, que se abocara a estudiar en plenitud una materia de tanta relevancia como la que decía relación con la discapacidad en sentido genérico. Ése es el contenido del informe que la Comisión, por intermedio de su digno Presidente, nos ha entregado en el día de hoy. Permítame, señor Presidente , entregarle mis más calurosas felicitaciones. Como yo conozco el problema de la discapacidad por haber trabajado en torno a él durante muchos años, puedo afirmar categóricamente que estamos en presencia del estudio más completo que se haya evacuado en Chile sobre una materia respecto de la cual era necesario un informe de la magnitud del que se elaboró. Y este informe era imprescindible, porque, de las mismas consideraciones que el señor Presidente de la Comisión nos ha dado a conocer, se deduce cuántos grados de anarquía, de un conjunto de buenas intenciones acumuladas con finalidades distintas y a veces contradictorias, se han ido formando en torno al problema de la discapacidad en Chile. El informe es una pieza que considera la discapacidad en los distintos estamentos en los cuales es posible concebirla, según la ciencia lo ha determinado actualmente. Deseo señalar a mis distinguidos colegas que, durante el año que demoró la preparación del informe de la Comisión de Salud, tiempo en el cual ésta trabajó muy intensamente, nos correspondió, tal vez en unas tres o cuatro oportunidades, asistir a reuniones de discapacitados y de representantes de ellos, que se reunían, ante todo, expresando su anhelo de justicia en cuanto a que los órganos del Estado emitiesen juicios integrales en su beneficio. Ellos no pedían protección ni dádivas ni caridad, sino justicia, en orden a que se reconociera justificadamente el sentido de integridad con que reclamaban que se abordase el problema de sus distintas discapacidades. Señores Senadores, este informe es el primero que entrega conclusiones diáfanas, definidas sobre esta materia. Sería, tal vez, simplemente cansador analizarlo en todas sus instancias y sus vastas proyecciones cuando el señor Presidente de la Comisión lo ha hecho de manera tan clara y definida. Deseo dejar constancia de lo valioso de esta iniciativa. Tengo la convicción absoluta de que, en los términos en que la materia acaba de aprobarse, el Ejecutivo valora lo que este estudio, materializado por el Senado de la República, le entrega, y, en tal virtud, deberá naturalmente abocarse a estudiar una legislación integral sobre la materia. Sin embargo, el señor Presidente de la Comisión de Salud del Senado ha señalado, con fundamento, que muchas de estas iniciativas -es verdad- pueden surgir de la actividad legislativa en sí, sin que sea menester recurrir al Ejecutivo . Efectivamente, eso es cierto en todos los casos en que no sea necesario plantear problemas de índole financiera. El seguimiento que se ha aprobado -entiendo que así lo ha resuelto el señor Presidente -, en el sentido de que la Comisión de Salud continúe preocupada de esta materia, nos permitirá obtener dentro de poco un proyecto de ley que aborde integralmente el problema de la discapacidad, partiendo de algunas bases fundamentales que, afortunadamente en términos muy claros, están contenidas en el informe o en las conclusiones finales de éste. Ello, naturalmente, a partir del supuesto de la integración. Hoy ya nadie discute, desde el punto de vista científico o social, que la discapacidad debe abordarse sobre la base de la integración y no desde otras perspectivas, las que, de alguna manera, conducirían a crear criterios discrepantes en un ámbito donde ello no es conveniente. Por otra parte, hay algo que fluye por entero del informe que se nos ha entregado por intermedio de las palabras del señor Presidente de la Comisión de Salud . Me refiero a algo que, a mi modesto juicio, vale inclusive más que la necesidad de preocuparse de las cuestiones financieras. Para que en esta materia logre hacerse luz en definitiva, en un ámbito donde Chile, sin duda, se va a colocar como estandarte en América Latina -en un campo en que es fundamental que lo sea, dada la proyección enorme que tiene desde el punto de vista social-, evidentemente se requiere la formación de una conciencia colectiva sobre la materia, en el sentido de que el problema de la discapacidad no admite postergaciones de ninguna especie, como tampoco el que pueda tratarse sobre la base de iniciativas parcializadas, ya que es preciso, por tratarse de un problema de Estado, que se produzca aquí una verdadera constelación de las áreas privada y pública. Con razón, la doctrina ha establecido hoy lo que se denomina "las sociedades, las corporaciones o los actos de gestión pública o semipública", vale decir, las entidades que, naciendo en el campo de lo privado, están llamadas a cumplir una acción complementaria de la que podría hipotéticamente corresponder al Estado. Éste prefiere -reconociendo un principio de Estado subsidiario, auténticamente concebido- que ese campo quede en manos de particulares, pero bajo su tutela y supervigilancia. ¿En qué sentido? En en el sentido de que aquello se vaya cumpliendo en función del fin eminentemente público para el cual este tipo de entidades han sido concebidas. Afortunadamente, puedo decir que hay numerosas instituciones relacionadas con la discapacidad, considerada de manera global, que abordan esta cuestión desde ese punto de vista finalista, esencialmente de interés colectivo, donde está de por medio el interés común para que muchos contingentes de chilenos puedan entregar su sacrificio y esfuerzo en función de una actividad de tanta relevancia para el país. En suma -con esto concluyo-, estamos en presencia de una iniciativa meritoria, que hace bien y que corresponde a lo que debe ser la acción permanente del Senado de la República. Pienso que la Cámara Alta ha obrado de una manera que la hace acreedora a la gratitud de muchos chilenos al evacuar un informe de esta índole. Sin duda, parto del supuesto de que este documento ya ha sido aprobado, como Su Señoría lo hizo constar hace un instante. Por lo tanto, sólo me resta reiterar mis felicitaciones a los miembros de la Comisión, que trabajaron con tanta intensidad y cariño. El señor BOMBAL .- Usted incluido, señor Senador. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat. El señor PRAT.- Señor Presidente , considero muy positivo que el Senado haya efectuado la evaluación de un texto legal que cumple diez años de funcionamiento. Me estoy refiriendo a la ley Nº 19.284, que procuraba la plena integración social de las personas con discapacidad. Creo que fue uno de los primeros cuerpos normativos que aprobó el nuevo Congreso Nacional acorde con la Constitución Política de 1980. Tuve el placer de participar en la Comisión de Salud de aquella época -la presidía el doctor Nicolás Díaz -, que realizó un estudio muy acabado sobre la materia, con la intervención de distintos actores. Representó al Gobierno la señora Liliana Mahn , quien desplegó ingentes esfuerzos para producir una ley eficaz en la finalidad que se perseguía. Colaboraron también muchísimas organizaciones, y tuvieron destacada participación entidades empresariales animadas del propósito de integrar socialmente a los discapacitados. En esa oportunidad, la referida Comisión pudo apreciar los logros de tales entidades, que mostraban en la práctica el mejoramiento de las condiciones laborales, el espíritu con que trabaja el grupo cuando en su seno existen personas con discapacidad que, a través de su esfuerzo de integración, movilizan al conjunto hacia objetivos superiores. Analizar después de diez años cómo ha funcionado la ley y de qué manera ha evolucionado nuestra sociedad para producir la ansiada integración plena en el ámbito social de las personas con discapacidad, es un ejercicio que enaltece al Senado, y particularmente a la Comisión de Salud, que preside el Honorable señor Bombal . Las conclusiones alcanzadas luego de este largo trabajo, en mi opinión, son del mayor interés. Deseo destacar algunas y, de cierta manera, procurar sintetizarlas en aspectos que observo a diario en las comunas de la Novena Región de La Araucanía, que represento en el Senado. En el ámbito laboral, a mi juicio, debe darse mayor énfasis a la creación de canales especiales de capacitación. Soy escéptico respecto de las medidas que buscan la discriminación positiva en los cupos laborales. En general, no son buenas las experiencias existentes sobre la materia. La discriminación por ley siempre termina siendo negativa. La señora Ministra de MIDEPLAN, presente en la Sala, puede dar testimonio de que, en los temas étnicos, las discriminaciones positivas que hemos introducido han terminado siendo negativas para aquellos a quienes deseábamos beneficiar. En cambio, la creación de canales especiales que favorezcan la capacitación de las personas con discapacidad es una vía realmente efectiva y necesaria para nivelar y fortalecer las habilidades laborales, que se desarrollan con mucho mayor fuerza en los discapacitados. Ello está médicamente comprobado. Y en la medida en que haya una capacitación que canalice estas potencialidades fortalecidas en el ámbito laboral de las personas que sufren discapacidad se avanzará eficazmente hacia su plena integración. Asimismo, como señala el informe, avanzar hacia la jornada flexible es extremadamente valioso. Sin duda, ayudará a las madres que deben amamantar a sus hijos y, también, a las personas de la tercera edad. Pero, sobre todo, favorecerá a los discapacitados, quienes se ven afectadas por las jornadas rígidas que hoy existen en virtud de la inflexibilidad de nuestras normas laborales. En el ámbito educacional, constituye una necesidad vital ayudar a las entidades educativas, a los municipios, a las escuelas particulares, para integrar plenamente a sus aulas a los niños con discapacidad. Y me parece muy bien que el informe lo identifique y lo enfatice. Observamos que en numerosas escuelas, especialmente de nuestras regiones agrícolas, muchas veces no se integra a los niños discapacitados por falta de vehículos para transportarlos. ¿Cuántos menores quedan en sus hogares sin acceder a la educación por no tener cómo movilizarse a los establecimientos educacionales? Por tanto, es vital, esencial, dotar de vehículos especiales a las escuelas que no cuentan con ellos para trasladar a los niños con discapacidad. Coincidimos plenamente con la necesidad de procurar eliminar las escuelas especiales, pues finalmente provocan una segregación negativa. Es preciso integrar a todos los niños; pero ello exige que las escuelas tengan profesores especializados en reforzamiento de la educación especial. Normalmente, eso no existe en los municipios, o bien, existe en cantidad insuficiente para atender a todas las escuelas. De modo que, si queremos realmente generar la integración, debemos proveer de esos profesionales a todas las escuelas. En el ámbito de la facilitación de la vida cotidiana, el informe hace presente la conveniencia de crear casas de acogida. Observamos muchas veces en las poblaciones de mayor marginalidad situaciones dramáticas de personas que llevan una subvida, pues sufren una discapacidad que afecta la convivencia, no sólo del hogar donde están inmersas, sino también de todo el barrio. En ciertas ocasiones, la vida en el hogar resulta materialmente imposible; en esas circunstancias, la casa de acogida es una solución efectiva. Pero en muchos casos es factible la vida en el seno del hogar; sin embargo, ello requiere un grado de atención que el dueño de casa no puede procurar, pues está sumido en atender al resto de los integrantes del hogar o en su trabajo procurando el sustento para el grupo familiar. En ese caso sería conveniente, por ejemplo, establecer subsidios familiares especiales. Hoy día los hay -es cierto-, pero los cupos son escasos e insuficientes en monto. Sin duda, el atender tal tipo de situaciones, en que habitualmente es necesario comprar elementos de uso diario caros, tiene un costo que no es ponderado de manera debida en el monto de los subsidios familiares especiales. Por ello, hay que avanzar fuertemente tanto en aumentar dicho monto como en extender el beneficio a familias donde existen personas con discapacidad. Es dable también analizar la posibilidad de otorgar subsidios a los voluntariados. Hay aquí una fuente de voluntariado riquísima, dedicada a la atención domiciliaria de personas que en una comunidad sufren enfermedades de esta índole. Es menester fomentar esas acciones. Y hay allí una tarea inmensa y valiosísima en manos de los municipios. Éstos pueden incentivar voluntariados orientados a dicho fin. Y ojalá se les proveyera de recursos para establecer subsidios que permitieran el funcionamiento de las entidades respectivas. En lo referente a la atención de salud, el informe hace muy bien en promover la incorporación de enfermedades que significan discapacidad y que no fueron consideradas -quizá por incapacidad en su momento para ser lo suficientemente extensivo en el análisis- en la ley Nº 19.284. Es el caso del autismo, la fibrosis quística, la esclerosis múltiple, la hemofilia, la espina bífida y los trastornos metabólicos. También se avanza al considerar ayudas técnicas para los discapacitados elementos como los beepers, computadores, teléfonos y fax. Si la ley Nº 19.284 toma en cuenta para esos efectos a los automóviles, ¿por qué no considerar también a los computadores, por ejemplo, elementos de trabajo que permiten integrarse plenamente al mundo laboral o, a veces, a las actividades más esenciales de la vida diaria? Coincido con el señor Presidente de la Comisión de Salud en su cuestionamiento -y quiero enfatizarlo como un rechazo- a que se proponga el "Control de natalidad o esterilización de personas con discapacidad incapaces de adquirir hábitos". En realidad, habría que preguntar a quién se va a entregar la tan delicada responsabilidad de calificar esos elementos. Creo que ni la ley ni organismo público alguno pueden avanzar en arrogarse decisiones de tal gravedad. No existe ninguna comisión médica que pueda calificar quién tiene o no tiene discapacidad en ese caso, o capacidad o incapacidad para formar hábitos, que sería la condición para proceder de tal manera. Se ha hablado aquí del financiamiento. En mi concepto, éste debe ser derechamente con cargo a los Fondos Generales de la Nación. El curso que ha seguido el financiamiento con cargo a leyes o a mecanismos especiales muestra la inconveniencia de insistir en este procedimiento. En el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hay un fuerte cuestionamiento sobre el funcionamiento de la llamada "ley del cobre". Aquí vemos la curva de recaudación de los mecanismos existentes para estos fines específicos, y observamos que es desfavorable. En definitiva, los mecanismos especiales rígidos, artificiales al final, para financiar determinadas necesidades sociales terminan yendo en contra de ellas mismas. Por lo tanto, postulo que lo más sano y sabio es, como dije, un financiamiento con cargo a Fondos Generales de la Nación. Así veremos año tras año de qué manera los recursos que se aportan son suficientes o insuficientes, de qué manera hay en el área necesidades emergentes, de qué manera en algunas ocasiones existen proyectos interesantísimos que a menudo duermen en la oscuridad o en una nebulosa porque hay un financiamiento automático que motiva que el Congreso Nacional -como ha sucedido en este caso- deje pasar a veces diez años para revisar temáticas tan importantes como la que ahora nos ocupa. Felizmente, la Comisión de Salud asumió esta tarea tras un decenio y hemos llegado a estas conclusiones, que, a mi entender, permitirán avanzar con mayor eficacia en la solución del problema en comento. Concedo una interrupción al Honorable señor Bombal , con la venia de la Mesa. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BOMBAL .- Señor Presidente, sólo quiero precisar que, en lo atinente al control de natalidad o esterilización de discapacitados incapaces de adquirir hábitos -materia que fue abordada en la Comisión; que se consigna en el informe, y que, por ende, debí tocar en la relación que efectué a la Sala como Presidente de aquélla-, hago expresa reserva en cuanto soy absolutamente contrario al control de la natalidad y a la esterilización de dichas personas. Muchas gracias. El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Entendemos que el Honorable señor Prat no va a retomar el uso de la palabra, porque su tiempo terminó. El señor PRAT.- Señor Presidente , sólo deseo agregar que ojalá dentro de los oficios que se enviarán se consideren puntos muy específicos relativos a los municipios, porque en el ámbito de su gestión hay en la materia que nos ocupa un sinnúmero de tareas que podrían abordar, como la de promover voluntariados, iniciativas y facilitación, sobre todo respecto de las escuelas, como señalé en mi intervención. He dicho. El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- ¿Cómo vota, Su Señoría? El señor PRAT.- Con las observaciones hechas, voto en forma afirmativa. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra. La señora KRAUSS ( Ministra de Planificación y Cooperación).- Señor Presidente , en nombre del Ejecutivo, quiero agradecer a la Comisión de Salud del Senado, y especialmente a su Presidente , por la elaboración de este informe, que de alguna manera recoge también el sentir del Gobierno del Presidente Lagos. Tan así es que hace un par de meses, por expresa indicación del Primer Mandatario, se convocó a una Comisión Mixta, presidida por MIDEPLAN, a la que se invitó a Senadores y Diputados, más FONADIS, a fin de enfrentar el tema de la discapacidad en forma abierta y con una nueva mirada. Porque efectivamente, al cabo de diez años de vigencia, la ley en vigor requiere necesariamente una evaluación y la adecuación de sus normas. Muchas veces nuestro país tiende a mirar a sus pares o hacia abajo. Sin embargo, olvidamos observar qué está ocurriendo en naciones desarrolladas, donde la persona que sufre algún tipo de discapacidad tiene un rol que cumplir y es actor pleno en la comunidad. Y a eso apostamos como país, como sociedad desarrollada. Por consiguiente, el tema de la discapacidad requiere una nueva mirada. En tal sentido, acogemos gratamente este informe, que esperábamos para continuar nuestro trabajo, y reiteramos la invitación a participar en la iniciativa del ya citado organismo que preside MIDEPLAN. Por otra parte, debo excusar la ausencia de la Ministra de Salud , señora Bachelet , quien debió abandonar esta sesión para concurrir a la Cámara de Diputados, en cumplimiento de una citación que se le cursó con antelación, lo cual le impide hacerse cargo de lo planteado aquí por los diversos señores Senadores. Empero, hago presente el interés del Ministerio de Salud en la materia, manifestado en un trabajo conjunto que estamos realizando desde esa Secretaría de Estado, FONADIS y MIDEPLAN. Asimismo, debo recordar que la Cámara Baja, con ocasión del trabajo conjunto efectuado en la ya referida Comisión Mixta, a la cual se invitó a Senadores y Diputados, constató la cantidad mociones, originadas en ambas ramas del Congreso, de idéntico texto y objetivo, lo que hacía necesario refundirlas para así conformar una mirada conjunta. La Comisión se estableció el 20 de marzo con ese propósito y permitirá avanzar rápidamente en los proyectos actualmente en trámite legislativo. Sin embargo, quisiera señalar -tal como lo expresó el Senador señor Viera-Gallo - nuestro propósito de que no queden en el papel los planteamientos formulados por la Comisión de Salud. Enfrentar el tema de la discapacidad requiere no sólo de voluntad política, sino de mayores recursos. Y, en ese sentido, más allá de nuestras ideologías y de las miradas particulares acerca del país, debemos ser capaces de dejar de lado esas diferencias. Lo merecen quienes sufren algún tipo de discapacidad. Tampoco se trata de abordar esta materia movidos por el hecho de que algunos tengamos un familiar, un amigo o un conocido con discapacidad. Se trata de situaciones que no se buscaron, pero a las que se debe hacer frente por ser una necesidad de país. Por consiguiente, no debemos entramparnos en cuestiones cuya solución nos engrandecerá como nación y como sociedad. Me parece que esta oportunidad es única. Nosotros la enfrentaremos con seriedad y, con esa misma mirada, nos haremos cargo de cada una de las conclusiones que se nos haga llegar, para así trabajar en conjunto en la Comisión que se ha formado. Por último, debo señalar que difiero del criterio del Senador señor Prat en cuanto al tema étnico. Probablemente, por mi testimonio personal y la experiencia adquirida en este año y un mes trabajando en torno a nuestros pueblos originarios, cada día me convenzo más de que la discriminación positiva -nazca de una iniciativa legal o de una voluntad política o de una mirada social- es necesaria en este país. Así se lo ratifico a Su Señoría, por mi propia vivencia en el tema. Sobre la base de ambas visiones se hará posible que nuestros pueblos aborígenes tengan una oportunidad real. Son válidos los puntos de vista de unos y de otros, pues nadie es dueño de la verdad absoluta. Reitero que mi propia experiencia me hace invitar al Senador señor Prat a construir en conjunto este país y las alternativas reales de los pueblos originarios. Agradezco la posibilidad de dirigirme a los señores Senadores, y los convoco a enfrentar el tema de la discapacidad con amplia mirada. El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Terminada la discusión. En votación el informe. --(Durante la votación). El señor ZURITA.- Señor Presidente , he escuchado tanto a Sus Señorías que tengo derecho a que me presten un poco de atención. Haré referencia a dos situaciones. La primera se refiere a la afirmación apocalíptica del Senador señor Muñoz Barra , lo que me hizo sentir temor. Señaló que Santiago -donde yo vivo- es la ciudad que tiene más locos en el mundo. ¡No sé de dónde sacó tal estadística! Pero, al respecto, siempre recuerdo que hay dos mentiras: las mentiras propiamente tales y las estadísticas. En cuanto a la segunda cuestión que quiero tocar, lamento mucho disentir del Honorable señor Viera-Gallo , quien pretende sacar de la hípica los recursos para financiar la atención de los discapacitados. Estoy más de acuerdo con el Honorable señor Prat , que señaló que los fondos hay obtenerlos del bolsillo de todos los chilenos. La hípica no es lo que el Senador señor Viera-Gallo cree, como tampoco lo es la Lotería de Concepción, creada para la Universidad de Concepción, juego que hoy día no le sirve de nada, y es el Estado -como mencionó el Senador señor Prat - el que debe mantener esta universidad. ¿Qué pasa con las apuestas de la hípica? Por ser vicioso de este juego puedo decir que se trata de un juego de azar especial basado en las las llamadas "apuestas mutuas". O sea, hay apostadores y un administrador. Este último dice: "De cada 100 pesos que se juegue me quedo con 30 y los otros 70 se reparten entre quienes ganaron sus apuestas". Y esto se va repitiendo en las 18 carreras del día. Al final, ¿qué recauda el hipódromo? El 30 por ciento de las apuestas brutas. Y eso es lo que hace creer al Senador señor Viera-Gallo la ilusión de que con estos 400 millones que se juegan por reunión, que sumados hacen miles de millones, se va a financiar la atención de todos los discapacitados. ¡Van a estar más cojos que antes! Sencillamente, del 30 por ciento, al que se grava con el 3 por ciento fiscal, quedan 27 por ciento para regar la pista, pagar a los empleados y afrontar las pérdidas. Porque, aun cuando el Honorable señor Viera-Gallo no lo crea, sé muy bien -como señaló el Honorable señor Urenda , que ha sido director del Sporting- que los hipódromos están todos quebrados y los ha salvado en parte la ampliación del juego a través del teletrak, pero este sistema también tiene un límite. En todo caso, felicito a la Comisión -en la cual tuve un paso fugaz- por este hermoso trabajo. Voto a favor. El señor BOMBAL.- Señor Presidente , sólo quiero consignar que hoy día al Congreso Nacional ha llegado a solicitar ayuda para seguir viviendo un conjunto de personas discapacitadas con enfermedades terminales. Ha sido una dramática coincidencia. Asimismo, cabe señalar el caso de la niña que ayer, junto a su padre, buscó refugio en la Embajada de Dinamarca. La pequeña se encuentra aquejada de fibrosis quística, enfermedad a la cual su familia no puede hacer frente y que, justamente, el informe evacuado por la Comisión de Salud pretende que sea incorporada entre las discapacidades. Señalo estos dos hechos como testimonios muy elocuentes de lo que es una dramática realidad. Valoro de manera muy especial las expresiones de la señora Ministra al acoger con tanta generosidad el informe que presentamos, en la línea de lo que, precisamente, se busca hoy día: mirar la discapacidad como en los países desarrollados, incorporando plenamente a la sociedad a quienes hoy día, en Chile, desgraciadamente, viven en condición subhumana. Ojalá que el llamado que hace el Senado, esta expresión solidaria que pretendemos manifestar con el informe, llegue a los hogares más modestos, donde se esconde a quienes padecen discapacidad, se les guarda en la parte trasera de la casa y se teme mostrarlos. Hay una crueldad enorme en la forma en que se mira a un discapacitado. No escapa al conocimiento de los señores Senadores la actitud de los que -entre comillas- se dicen sanos respecto del discapacitado. Lo primero que señalan es: "¡Miren, ahí va el enfermito! ¿Qué tiene el enfermito?" Y cruelmente se les emplaza, cruelmente se les castiga, cruelmente se les posterga. Por eso, creo que la expresión de la señora Ministra con que se cierra esta sesión -"Tenemos que mirar con dignidad a aquel que sufre una discapacidad"- es el mejor broche de oro de lo que siempre pretendimos hacer cuando quisimos dar esta mirada a la discapacidad. No lo hicimos para enrostrar a nadie lo que haya hecho mal o a medias o lo que haya dejado de hacer, sino para decir que 10 años es tiempo suficiente para revisar comportamientos y conductas. Estamos muy claros que estas situaciones no se resuelven con leyes, sino con actitudes humanas. Al menos hoy día, en el Senado, al efectuar este trabajo, hemos querido decir a toda la sociedad: "Atrevámonos a mirar de modo distinto a los discapacitados", y no esperemos que sólo un Mario Kreutzberger , a quien rendimos nuestro homenaje, sea el que nos lo recuerde una vez al año. Apruebo el informe, señor Presidente. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , quiero felicitar a los integrantes de la Comisión de Salud por la reflexión a que nos ha invitado con el trabajo expuesto hoy día por su Presidente , sus integrantes y quienes han participado de este debate. La verdad es que he seguido muy atentamente la discusión, tanto en la Sala como también desde mi oficina, y he quedado muy sorprendido, particularmente considerando que, de acuerdo con los antecedentes entregados, la Séptima Región es la que presenta el más alto índice de discapacitados en su población, lo cual me hará mirar con especial interés las medidas que puedan promoverse a partir de este estudio. Por lo mismo, hago mías las 28 recomendaciones y propuestas que formula la Comisión para implementar una política, una actitud, una forma distinta de aproximarnos a esta situación en el futuro, y en la medida de nuestras limitadas disponibilidades financieras poder afrontar los mayores gastos que se requieren para superar estas dificultades. Con mucha admiración por el trabajo realizado por nuestros Honorables colegas de la Comisión de Salud, doy mi más entusiasta aprobación al informe. El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , considero importantísimo el estudio expuesto en el Senado sobre una realidad social que, no hay duda, debe impulsar a toda la sociedad a participar en su solución. Por tal razón, creo que éste es un problema que merece un enfoque nacional, y todas las ideas que se puedan aportar a fin de perfeccionar la legislación y, sobre todo, para la creación de fondos que hagan más operativa la rehabilitación de estas personas -la que es posible- constituyen pasos positivos. Al respecto, y a pesar de que se menciona en algunas partes del informe, es necesario preocuparse especialmente de las condiciones socioeconómicas que inciden en el nacimiento de niños con discapacidad cerebral o que sean oxígeno dependientes. Creo que una de las soluciones para este problema pasa por prevenir los efectos de la discapacidad producto de la mala alimentación o de falta de oxígeno en el cerebro, situación que puede controlarse en los primeros dos años después del nacimiento y que, indudablemente, una vez corregida, hará que la carga que soportaría la sociedad sería bastante menor que la actual. Por otra parte, podría aparecer la tentación de algunos de proponer la esterilización especialmente para los discapacitados que presentan síndrome de Down y otras enfermedades similares. Al respecto, hago reserva absoluta respecto de esa postura, por considerarla no ética. De hecho, hay planteamientos -por ser católico, tengo el deber de decirlo- muy precisos sobre el particular de Su Santidad el Papa rechazando ese tipo de solución para el problema del nacimiento de hijos de personas con síndrome de Down y males similares, porque desde la visión cristiana ello es absolutamente contrario a la ética. Y lo hago presente por considerarlo un deber y para aclarar la posición del Senador que habla. Por todos estos antecedentes y con la reserva que expresamente he planteado, doy mi voto favorable a este extraordinario informe, en la esperanza de que sirva para solucionar el problema o para avanzar en su solución. El señor HOFFMANN ( Secretario ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Terminada la votación. El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Resultado de la votación: 32 votos afirmativos. Votaron a favor los señores Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Díez, Fernández, Foxley, Frei (señora Carmen), Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Urenda, Vega, Viera-Gallo y Zurita. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Queda aprobado el informe. Se considerarán tanto las recomendaciones y propuestas consignadas en él como la responsabilidad que asume la Comisión de Salud en su seguimiento.