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- rdf:value = " El señor HORVATH.-
Señor Presidente , los planteamientos que voy a hacer reflejan hasta cierto punto las características de las vacaciones de los Parlamentarios, particularmente en un año electoral.
En primer lugar, quiero referirme a la movilización social que se observa en la Región de Aisén a consecuencia de la realidad que vive el sector pesquero artesanal. Se trata de un movimiento con profundas raíces, por la falta de transparencia en la administración pesquera de las cuotas de captura que corresponden a ese sector.
En tal sentido, el movimiento merece ser conocido por las comunidades regional y nacional, y también por las autoridades competentes, pues no obedece a un conflicto entre gremios o sindicatos o entre sindicatos y federación, sino que más bien es reflejo de la posición de los pescadores artesanales con respecto a la manera como se administran los recursos.
De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuicultura, existe una gran cantidad de funciones y atribuciones que se otorgan en estas materias a servicios públicos, los cuales, por ello, deben participar derechamente en la solución.
La situación se origina porque la Subsecretaría del ramo, a través de la modalidad de pesca de investigación, entrega una serie de facultades a organismos consultores que, a su vez, asisten a la Federación de Pescadores Artesanales. Se hallan involucrados fondos del Gobierno y aportes de empresas, e incluso de los propios pescadores artesanales.
El proyecto que permite la calendarización, la división por sectores, la asignación de cuotas de captura y la actualización de los registros de dichos pescadores, no ha sido bien llevado.
Solicitamos a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca una serie de antecedentes, a fin de que todo el sistema quede absolutamente claro para cada uno de los movimientos, organizaciones y gremios de los pescadores artesanales de la Undécima Región.
En particular, interesa conocer, de parte del Ministerio del Trabajo, la manera como se han generado las autoridades de la Federación de Pescadores Artesanales, en atención a que las Inspecciones del Trabajo actúan como ministros de fe.
Entiendo claramente que los Parlamentarios estamos inhibidos constitucionalmente de participar en conflictos gremiales o en conflictos entre entidades de ese carácter y las autoridades. Por ende, sólo deseo informarme, para saber en qué medida se está aplicando rigurosamente la Ley General de Pesca, en especial lo que corresponde al Ministerio del Trabajo y a las Inspecciones respectivas.
La ley Nº 19.713, publicada el 25 de enero de este año, establece, por un lado, el límite máximo de captura por armador, y por otro, una serie de medidas en beneficio del sector pesquero artesanal. Para este sector, sin embargo, no ha quedado clara la regularización del registro de pescadores artesanales, y en particular, la normativa que permitiría a quienes se hallaban en lista de espera hasta determinada fecha acceder a los recursos que se encontraban en plena explotación o con alguna fórmula de cierre transitorio. Específicamente, los recursos que más actividad económica generan al sector en la Undécima Región son la merluza austral y el congrio, respecto de los cuales aquellos se encuentran impedidos.
Los antecedentes proporcionados por la autoridad al momento de tratar el proyecto que dio origen a la referida ley dejaron en claro ante la Comisión de Pesca y la Sala del Senado que quienes cumplieran con los requisitos podrían ingresar, al amparo de la normativa, al menos a una de las especies señaladas. Si eso no ocurriera, sería bastante grave, porque significaría que no dispusimos de los antecedentes completos. De hecho, según un folleto del Servicio Nacional de Pesca relativo a la regularización del registro de pescadores artesanales, la ley no es aplicable a los recursos merluza del sur, congrio dorado y albacora, y el acceso a ellos sólo se podrá regularizar con posterioridad, a través de los mecanismos actualmente vigentes en la Ley de Pesca y otros que la autoridad pesquera establezca.
Por tal motivo, pido oficiar a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca con el objeto de que den a conocer cuáles serían los otros mecanismos, para poder establecerlos en el más breve plazo y antes de la fecha de vencimiento que fija la propia ley, que es el 25 de mayo de este año.
Asimismo, quedó el compromiso de la autoridad de generar un consejo zonal en la Región de Aisén, sobre lo cual ya estamos de acuerdo con mi colega y vecino el Senador señor Stange . Dada la multiplicidad de aspectos que presentan la pesquería industrial, la artesanal, la pesca deportiva, la acuicultura y el turismo, además de las áreas de reserva marina y parques marinos que se deben establecer, se justifica plenamente crear un consejo zonal con asiento en Puerto Aisén.
Por lo tanto, solicito que el proyecto de ley pertinente, cuya iniciativa corresponde al Ejecutivo y que no significa mayor gasto, sea enviado al Congreso con la mayor brevedad.
Finalmente, me gustaría saber si existe algún tipo de fondos a los cuales los distintos sindicatos y gremios pueden acceder para desarrollar su actividad en forma transparente. Tal vez el Fondo de Fomento para el Pescador Artesanal u otros recursos para capacitación que operan al amparo de los Ministerios de Economía y del Trabajo podrían ser suficientes para que esos sectores puedan manejarse sin estar supeditados a recibir aportes de otras entidades, lo que después hace muy difícil mantener su libertad de acción.
Solicito oficiar a los Ministerios de Economía y del Trabajo, y a la Subsecretaría de Pesca, para que nos remitan los antecedentes del caso.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
"
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