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- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA INVESTIGADORA DEL DESTINO DE LOS DINEROS DECLARADOS IRRECUPERABLES PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA EL FISCO.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, constituida en investigadora del destino que tuvieron los dineros declarados irrecuperables para el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, y para el fisco.
El diputado informante es el señor Ignacio Urrutia.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Agricultura, sesión 29ª, en 9 de diciembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 13.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la la palabra al diputado Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA .-
Señora Presidenta , voy a resumir el informe en tres puntos. Primero, daré a conocer las razones que se tuvieron para formar la Comisión; segundo, los principales problemas que llevaron a que se produjera esta pérdida fiscal y, tercero, las conclusiones de la Comisión.
A través del proyecto de acuerdo Nº 208 se mandató a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para que se constituyera como investigadora a fin de que informara a la Corporación sobre el destino que tuvieron los 7 mil 800 millones de pesos en capital que, junto a los 2 mil millones de pesos en intereses, se transformaron en dineros irrecuperables para el Indap y para el fisco.
Se fundamentó tal encargo, principalmente, en el hecho de que la Cámara de Diputados aprobó, en general, un proyecto de ley que faculta al ministro de Agricultura para autorizar al director nacional del Indap a liberar, remitir o renunciar a las cauciones constituidas por personas naturales que garantizan créditos otorgados por ese instituto a organizaciones integradas por beneficiarios del mismo y que, a la fecha de publicación de la ley, se encuentren morosas, siempre que los proyectos financiados con estos créditos hayan tenido un resultado económico adverso, no atribuible a dolo o culpa de los referidos garantes.
Esta situación y otras más fueron analizadas por una comisión investigadora hace algún tiempo, precisamente, para indagar y realizar una amplia y exhaustiva investigación de los créditos concedidos a numerosas organizaciones de pequeños campesinos, muchos de los cuales se otorgaron de manera irregular y significaron una enorme pérdida para el Indap, toda vez que en la mayoría de los casos fue imposible su recuperación.
No obstante que este proyecto de ley venía a dar una solución justa a aquellos pequeños agricultores que de buena fe se constituyeron en aval de dudosas operaciones comerciales, es indesmentible que un porcentaje relevante de empresas agrícolas que obtuvieron créditos por parte del Indap, entre 1995 y 2000, por un valor de 7 mil 800 millones de pesos, han fracasado, por lo que no cabe duda de que, a pesar de los resguardos que el proyecto contenía en orden a no beneficiar a deudores que pudieran haberse visto involucrados en actos dolosos o culposos, hay un perjuicio evidente al fisco, por lo que se hizo necesario realizar una investigación acuciosa en este sentido.
Los principales problemas los podemos sintetizar en los siguientes puntos:
1) Problemas de gestión.
Uno de los problemas más recurrentes que afectó la ejecución de los proyectos fue la deficiente capacidad de gestión de los administradores a cargo de las empresas, expresada en gestión organizacional, administrativa, comercial, técnica, financiera y de recursos humanos. Estos problemas perjudicaron a un total de 138 empresas e implicaron a 195 proyectos, por un monto de 6 mil 75 millones 740 mil pesos, equivalentes al 54,5 por ciento del total.
Es necesario señalar que, en la totalidad de los casos, los recursos del crédito fueron utilizados en los fines para los cuales fueron solicitados.
2) Problemas técnicos.
En la ejecución de los proyectos también se presentaron problemas de carácter técnico que afectaron el resultado productivo y financiero de las empresas en las regiones Quinta, Sexta y Séptima. Estos problemas perjudicaron a un total de 26 empresas e implicaron a 46 proyectos, por un monto de 991 millones 748 mil pesos, equivalentes al 8,9 por ciento del total.
En esta categoría se destacan los créditos otorgados a siete empresas productoras de tomate bajo invernadero de la región del Maule, cuyas plantas sufrieron una intoxicación con cobre mientras se encontraban en la etapa de almácigo en dependencias de la empresa proveedora, por lo que su ocurrencia escapa a la responsabilidad de los productores.
3) Problemas comerciales.
En el desarrollo de los proyectos también se presentaron problemas de carácter comercial que afectaron el resultado financiero de las empresas en las regiones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava , Novena, Décima y Metropolitana. Estos problemas perjudicaron a un total de 67 empresas e implicaron a 89 proyectos, por un monto de 2 mil 316 millones 587 mil pesos, equivalentes al 20,8 por ciento del total. En esta categoría se deben destacar los créditos que fueron afectados, esencialmente, por problemas de bajos precios, como es el caso de la leche bovina, viñas y hortalizas, o por el no pago por parte de algunos clientes, lo cual redujo los ingresos y la rentabilidad de las empresas.
4) Problemas climáticos.
En algunas regiones, como la Tercera, Cuarta, Quinta, Séptima, Novena, Décima y Metropolitana, algunos créditos fueron afectados por factores climáticos, como heladas y sequía, alcanzándose la proporción de monto más alta en la Región Metropolitana, con un 45,7 por ciento, seguida por la Quinta, con el 25 por ciento. Los rubros más perjudicados fueron las hortalizas, el forestal y los frutales menores.
Se debe señalar que, en gran parte, estos problemas eran evitables; pero en el momento del otorgamiento del crédito, no existía en el país un seguro que cubriera este tipo de riesgo, instrumento que sólo está disponible desde septiembre de 2000.
Conclusiones aprobadas por la Comisión.
Como consecuencia de las opiniones vertidas en el seno de la Comisión, del examen de la documentación recopilada, considerando, en especial, los antecedentes contenidos en el informe emitido con fecha 6 de marzo de 2002, relativo a la investigación que la Comisión efectuó respecto de los créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, a partir de 1994 en adelante, tanto a sus beneficiarios como a las organizaciones de éstos y, en atención a que la Cámara de Diputados mandató a esta Comisión para constituirse como investigadora e informar sobre el destino que tuvieron diversos créditos concedidos por el Indap y que se transformaron en recursos irrecuperables para el fisco, la Comisión llegó a las siguientes conclusiones:
1. La aplicación de la ley que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Indap, ley Nº 19.901, puede significar una pérdida patrimonial para esa institución de alrededor de 11 mil millones de pesos, en la medida en que los créditos concedidos no puedan ser cobrados a las empresas deudoras y los garantes o avales se beneficien de la mencionada ley.
2. Los antecedentes investigados confirman que, en numerosos casos, el Indap, al otorgar créditos a empresas campesinas, sobreestimó los proyectos y subestimó su riesgo asociado, así como también la capacidad de los deudores para administrar negocios de mayor envergadura que la habitual. De igual modo, en su afán por estimular la asociatividad campesina, no evaluó debidamente los riesgos y la viabilidad de los negocios emprendidos.
3. La Comisión estima que un significativo número de empresas que obtuvieron créditos del Indap no pudieron hacer frente a su endeudamiento, por cuanto se vieron afectadas por causas no atribuibles necesariamente a las instituciones. Factores de orden técnico que redujeron la productividad de los proyectos, deficiente gestión y administración y otros vinculados a elementos externos, como problemas climáticos y comerciales, explican en parte la imposibilidad de dar cumplimiento a los compromisos contraídos.
4. No obstante lo anterior, la Comisión ha alcanzado la convicción de que, durante el período analizado, en algunos casos, el Indap otorgó créditos sin sujeción a sus normas reglamentarias e incurrió en falta de control y de seguimiento de los créditos otorgados, entre otras causas.
El informe aprobado unánimemente por esta misma Comisión el 6 de marzo de 2002, luego de una exhaustiva investigación que cubrió el período 1994-2000, da debida y detallada cuenta de estas y otras irregularidades.
5. La Comisión hace presente que precisar el monto de los recursos públicos que puedan resultar irrecuperables dependerá del éxito o fracaso de las acciones que el propio Indap lleva adelante para cobrar esos créditos. Sólo hasta que esas acciones estén concluidas y se produzcan los efectos de la ley Nº 19.901, será posible determinar con exactitud la pérdida y las empresas campesinas que la originaron.
6. Finalmente, la Comisión valora que, a partir de la investigación concluida en el año 2002, el Indap inició un proceso de modernización institucional que, entre otros objetivos, apunta a evitar que los errores e irregularidades que la investigación permitió establecer vuelvan a ocurrir.
Sometidas a votación las conclusiones, fueron aprobadas por unanimidad.
En consecuencia, nuestra Comisión recomienda remitir este informe a su Excelencia el Presidente de la República y al ministro de Agricultura para su conocimiento y fines pertinentes.
Acordado en sesiones de fechas 3 de junio, 12 y 26 de agosto, 14 de octubre, 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2003, con la asistencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Jaime Quintana , presidente ; Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, José Ramón Barros, José Antonio Galilea , Javier Hernández , Felipe Letelier , Fernando Meza , Sergio Ojeda , José Pérez , Carlos Recondo , Leopoldo Sánchez e Ignacio Urrutia .
Es todo cuanto puedo informar.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra al diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señora Presidenta , es la segunda vez que esta Cámara discute este tema. La primera vez fue el 2 de septiembre de 2003, a propósito de la discusión de un proyecto que actualmente es ley de la República. Ahora, nuevamente estamos analizando el tema a propósito de la investigación que realizó la Comisión de Agricultura sobre los fondos declarados irrecuperables para el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, y para el fisco.
Votaré favorablemente el informe, en razón de que concluye que las causas de la no recuperación de los créditos otorgados por el Indap no acreditan una responsabilidad mayor de ese organismo.
El Indap entregó créditos por 7 mil 800 millones de pesos a empresas campesinas, capital que ha devengado intereses por 2 mil millones de pesos, sumas que son irrecuperables para el Indap y para el fisco.
El Gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto -hoy es ley de la República- que faculta al ministro de Agricultura para autorizar al director nacional del Indap a remitir o renunciar a las cauciones constituidas por personas naturales que garantizan créditos otorgados por ese instituto a las organizaciones integradas por beneficiarios del mismo y que, a la fecha de publicación de esa ley -2 de septiembre de 2003- se encuentren morosas. Esa liberación opera siempre que los proyectos beneficiados con los créditos tengan resultados económicos adversos, que no sean atribuibles a dolo o culpa de los referidos garantes. En ese sentido, no opera en los casos de personas que estén siendo procesadas o que tengan la calidad de imputadas.
Ese proyecto se aprobó en el entendido de que los dineros otorgados a través de créditos son irrecuperables y de que los garantes estaban siendo perjudicados porque no podían acceder a otros créditos.
Por otro lado, no ha habido nada turbio en el no pago del crédito. Si bien es cierto que se levantaron las cauciones, no hubo condonación de pagos ni se dio por cancelada la deuda. Sin duda, al no recuperarse ese dinero y al renunciar el Estado a las garantías, se causa un daño al erario. Sin embargo, en estos hechos no ha habido nada delictivo, ninguna maniobra fraudulenta ni ningún aprovechamiento o enriquecimiento ilícito. Tampoco se han detectado casos en que los créditos hayan sido utilizados para fines distintos de aquellos para los cuales fueron solicitados; nadie se ha echado nada al bolsillo ni se ha robado nada.
Tal como se sostiene en las conclusiones, muchas empresas que obtuvieron créditos del Indap, sencillamente no pudieron hacer frente al endeudamiento, pues se vieron afectadas no por causas atribuibles a ellas, sino por motivos absolutamente ajenos a su voluntad, tales como factores de orden técnico, que redujeron la productividad de los proyectos, o gestión y administración deficientes. En otros casos, se vieron afectadas por elementos externos como problemas climáticos o comerciales.
La magra situación económica y financiera por la que ha pasado y está pasando la agricultura chilena -en particular, la pequeña y la mediana- ha contribuido a crear problemas de incumplimiento y morosidad. Esto hace que el campesinado -también ocurre con los empresarios agrícolas- no pueda cumplir sus compromisos. De manera que la seguidilla de empresas quebradas en un período de fluctuaciones y de incertidumbre económica hace muy difícil asegurar la recuperación del ciento por ciento de los créditos.
Pese a todo lo que he señalado, el Indap es responsable de no cautelar los recursos del Estado, porque otorgó créditos sin hacer un estudio previo y un análisis de los antecedentes del deudor. Por eso, hemos llegado a la conclusión que, considerando los problemas económicos, la incertidumbre, las falencias y los malos negocios, en muchos casos, el Indap sobreestimó los proyectos que financió y subestimó los riesgos asociados. Tampoco percibió ni midió la capacidad de los deudores para administrar negocios de mayor envergadura. En su afán de estimular la asociatividad campesina, tampoco evaluó debidamente los riesgos y la viabilidad de los negocios emprendidos.
El trabajo del Indap está dirigido fundamentalmente a los pequeños campesinos. Los beneficiarios de sus créditos son los pequeños productores agrícolas, las organizaciones legalmente constituidas, es decir, con personalidad jurídica. Pero los problemas de los pequeños y medianos campesinos son históricos; nunca los hemos podido solucionar.
Sin embargo, debemos reconocer que, sucedidos los hechos que involucraron pérdidas para el Estado, el Indap adoptó precauciones y estableció sistemas para no volver a cometer los mismos errores. Así lo decimos en la conclusión número 6: “La Comisión valora que a partir de la investigación concluida el año 2002 -antes hubo otra-, el Indap inició un proceso de modernización institucional que, entre otros objetivos, apunta a evitar que los errores e irregularidades que la investigación permitió establecer vuelvan a ocurrir”. Esto ha hecho posible lograr, además, mejorías significativas en su gestión crediticia -así ha sido reconocido por todos los sectores-, tanto en los créditos administrados directamente como en la generación de instrumentos de intermediación financiera.
Por lo tanto, como no hubo mayores responsabilidades, la Comisión acordó enviar este informe al Presidente de la República y al ministro de Agricultura , para su conocimiento y fines pertinentes, pero a ningún organismo fiscalizador o sancionatorio.
A través del tiempo, el Indap ha cumplido una gran labor de promoción del desarrollo económico, social y tecnológico entre los pequeños productores agrícolas y campesinos. Todos estamos de acuerdo en que ha otorgado asistencia técnica y capacitación a este sector campesino. Además, ha formulado y ejecutado programas de desarrollo y ha contribuido a mejorar los canales de comercialización, de acceso a los insumos y a la industrialización. Toda esta obra gigantesca realizada por ese organismo no puede ser desconocida, aunque existan los problemas expuestos en esta sesión que, a veces, son propios de los periodos de recesión económica.
Lo positivo es que el Indap sirve y ha servido mucho. Lo negativo es que se quiera hurgar en lo más profundo y encontrar aguas negras, que no son el verdadero color del Indap, pues tiene un color transparente y limpio.
Quiero manifestar mi reconocimiento a don Ricardo Halabí , director nacional del Indap , y a todos los funcionarios que laboran en ese organismo por el trabajo que han realizado en aras del desarrollo, protección y fomento de la pequeña y mediana agricultura, que es su objetivo fundamental. Las dificultades que hoy enfrenta no pueden opacar su tremendo aporte al desarrollo de campesinos y medianos productores.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra al diputado señor Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , sin duda, es bastante preocupante lo que se desprende de la lectura del informe, particularmente, porque se establece que hay una pérdida patrimonial cercana a los 11 mil millones de pesos, que es prácticamente irrecuperable. Se señala que se sobreestimó la calidad de los proyectos a financiar y que no hubo una adecuada evaluación del riesgo asociado, razón por la cual los créditos fueron entregados a un conjunto de empresas que fracasaron por diversas circunstancias. Pero lo que me extraña es que en el informe no se señale de quién son las empresas que fracasaron y quiénes son los deudores.
A mi juicio, si las comisiones investigadoras llegan a conclusiones sabidas por todos, no están cumpliendo con el mandato de la Sala de investigar a fondo los hechos, con lo cual desprestigian aún más al Congreso.
La verdad es que las dudas relacionadas con el Instituto de Desarrollo Agripecuario, Indap, siguen flotando en el aire; aún persiste la percepción de que se financió a empresas que nada hicieron. No comparto las conclusiones del informe porque fueron hechas con guante blanco, porque, en definitiva, nada aportan a lo que ya sabíamos.
Por eso, lo que debemos plantearnos como Cámara es para qué nos embarcamos en este tipo de investigaciones, si vamos a concluir en lo que ya se sabe, sin llegar al fondo del tema: primero, aclarar quiénes son los deudores y por qué deben y, segundo, establecer, a partir de ello, las responsabilidades. Ésta es una Cámara política.
En el informe se afirma que no hay política agraria y que el proyecto de apoyo a la pequeña y mediana empresa agrícola fracasó porque no fueron exitosas, por decirlo de una manera elegante. ¡Fracasaron rotundamente!, pero no se establecen responsabilidades políticas y tampoco se señala por qué ocurrió. Pero eso no es responsabilidad de Ricardo Halabí ; lo sabemos muy bien. Entonces, lo que se debe señalar son las responsabilidades políticas. Me parece que las conclusiones son sólo un buen acuerdo, evidentemente, para no decir nada, lo que provoca grave daño a la credibilidad de las comisiones investigadoras.
Por lo tanto, quiero pedir a los colegas que trabajaron en el informe que nos digan cuál es su relevancia, porque de su lectura -reitero- se desprende que hay 11 mil millones de pesos que no son recuperables. Hace referencia a una serie de elementos de orden técnico y climatológico que sólo corresponden a la gestión de las empresas, pero que la situación deberá ser decidida por la justicia; que no es necesario prejuzgar, ya que, si ha habido malversación o uso indebido de recursos públicos, ello deberá ser determinado por los tribunales; que lo que cuenta es que se actuó de buena fe, que no hay que pensar que hubo mala fe. Pero la verdad es que no acostumbro a pensar que se actuó de mala fe. Lo único que estoy señalando es que, atendida nuestra labor fiscalizadora, el informe no es apropiado ni adecuado, porque nada aporta.
El monto de los recursos públicos no está determinado porque, sin duda, será necesario hacer muchas gestiones para cobrarlo. Está bien, el Indap está haciendo el esfuerzo.
Respecto del tema de los créditos otorgados para adquisición de maquinaria agrícola, el informe señala que dada la situación de endeudamiento de las empresas, el hecho de que el 66 por ciento de ellas no está operando -de un total de 38 organizaciones incluso dos de ellas se disolvieron- las perspectivas de desarrollo de las restantes, en este giro, no son buenas, salvo dos de ellas, que se encuentran con sus créditos vigentes.
Por último, el valor comercial de las maquinarias en garantía es de 375 millones de pesos, monto que equivale al 31,4 por ciento de la deuda total. Por lo tanto, si se deben mil millones, pero el respaldo de la maquinaria agrícola sólo alcanza la suma de 375 millones, ¿de dónde saldrán los otros setecientos millones para adquirir maquinaria agrícola? ¿Cuáles son las empresas y quiénes son sus propietarios? No quiero los nombres de fantasía, sino los de sus dueños. No aparecen en el informe.
Los parlamentarios no podemos participar en todas las comisiones por nuestras diversas responsabilidades, pero, por lo menos, debió incluirse el nombre de las empresas para saber si efectivamente son reales, si hicieron el esfuerzo o simplemente recibieron el dinero y lo gastaron en otra cosa.
No se trata de hacer un enjuiciamiento ni de denostar al gobierno al que pertenezco. Lo único que señalo es que la gente no nos cree en esta materia. En particular, los campesinos de mi distrito han pagado sus créditos. Si alguno se arranca con el dinero, como en el caso de la comuna de Florida, el Indap lo liquida, le cobra los créditos y lo urge.
A pequeños campesinos de economías de subsistencia esa institución los demanda y los persigue, incluso porque alguien que era o no del Indap -da lo mismo- cobró el dinero y no lo devolvió. Sin embargo, cuando he ido a pedir la condonación de esos créditos, se me ha contestado que ellos deben pagar el 70 por ciento de la deuda, en circunstancias de que sus ingresos no superan los 120 ó 130 mil pesos mensuales. Nadie se atreve a decir quiénes son los dueños de empresas que han obtenido créditos por 11 mil millones de pesos y no se sabe si los van a pagar. La Cámara de Diputados no debe permitir este doble estándar.
En ese sentido, el ministro Campos está en la línea adecuada. Lo he conversado con él y con el señor Halabí. Queremos más claridad, porque el informe no da transparencia.
Sin duda, discrepo de lo planteado por el diputado Ojeda , por cuanto señala que no hay aguas negras y que este informe es transparente. No prejuzgo, sino que pido claridad sobre dónde están y quiénes deben, del partido político que sean. No es un problema de militancia de los deudores. En definitiva, los tribunales de justicia determinarán si los créditos son recuperables o no. Pero, a lo menos, uno quisiera que se estableciera una cierta responsabilidad política, pero en las conclusiones ni siquiera se indican los responsables de la planificación y evaluación de los programas, del otorgamiento de los créditos y de la definición de las políticas. No hay responsabilidad.
En definitiva, el único mérito del informe es determinar claramente que cierta gente recibió dinero y no puede pagar los créditos y que la política de administración de recursos para los pequeños y medianos campesinos ha sido un fracaso.
En el informe se mencionan los problemas de gestión -si los campesinos hubieran tenido una posibilidad de gestionar, los resultados no habrían sido tan desastrosos-, técnicos, que afectan el carácter productivo y financiero; climáticos, comerciales, en relación con las diversas modalidades respecto de las fluctuaciones en el mercado. Enseguida, figuran los problemas de producción y comercialización de queso de cabra, de producción de leche bovina, de producción en invernaderos, de créditos fiscales y de maquinaria agrícola.
Hay maquinaria agrícola por un valor de 375 millones de pesos para garantizar mil millones de pesos. Lo importante es saber dónde está el resto del dinero que no cubre ese 31,4 por ciento, porque está claro que era para adquirir maquinarias. El sistema de crédito fiscal es muy claro en otros ámbitos, particularmente en la adquisición de bienes de uso de capital.
Por lo tanto, no me satisface el informe. Sólo constata una realidad que ya conocíamos, aunque me parece positiva la propuesta de que los tribunales determinen el monto de los recursos públicos que es recuperable.
En definitiva, hay una investigación del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que inició un proceso de modernización, pero es tremendamente insuficiente para develar los alcances de las irregularidades reconocidas en el informe.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra al diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , quiero aclarar que la nómina de las empresas involucradas se encuentra en poder de la Comisión. Lamentablemente, por un error de omisión, no las incluimos en el informe. Pero eso no significa que no hayamos estudiado los antecedentes.
Con anterioridad la Cámara de Diputados realizó una exhaustiva investigación el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, durante los años 1994 y 2000, y las empresas que figuraron en el informe de entonces son las mismas que hoy aparecen liberadas de cauciones. No hay cambios. Por eso, se consideró innecesaria su inclusión.
En general se trata de gente que no ha cometido ilícitos, pues quienes lo hicieron se encuentran procesados por los tribunales de justicia. Desde la Región Metropolitana hacia el sur se han iniciado alrededor de nueve juicios, tanto por el Indap como por el Consejo de Defensa del Estado. La gente que incurrió en ilícitos no queda liberada. En consecuencia, sólo se benefician aquellos que no cometieron delitos y que fracasaron en sus empresas por problemas de gestión, climáticos, comerciales, etcétera. Muchos, por ignorancia, firmaron como avales.
En el informe se recalca que la información está acreditada por la investigación que la Cámara aprobó en marzo de 2002, en la cual figura el detalle de todas las empresas y los respectivos nombres de sus dueños. Tal vez, nuestro error fue no volverlas a nombrar.
La Cámara de Diputados nos pidió investigar lo sucedido con 7 mil 800 millones de pesos, a los que hubo que agregar 2 mil millones más, es decir, 9 mil 800 millones de pesos entre capital e intereses. Nuestra conclusión es que las pérdidas superarán esa cifra, pues alcanzarán, aproximadamente, a 11 mil millones de pesos.
Ahora bien, si la Sala rechaza el informe porque no se nombran las empresas involucradas, está en su derecho. Pero, reitero, cometimos el error de no mencionarlas por estar consignadas en una investigación anterior.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra al diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , muchos quisieran que los antecedentes que reúne una comisión investigadora fueran enviados a los tribunales de justicia para que aplicaran penas del infierno a los imputados.
Sin duda, comparto los juicios del diputado señor Urrutia , en el sentido de que el trabajo de la Comisión va mucho más allá del informe. No contiene todos los antecedentes porque lo habrían hecho mucho más voluminoso, sin perjuicio de que los relativos a las empresas del caso figuran en otro anterior.
Para contextualizar el debate, primero, esto ocurre entre 1995 y 2000. No es algo nuevo. Segundo, se propone autorizar la liberalización de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar los créditos, pero este punto restringe a personas naturales que sirvieron de aval incluso en casos que ni siquiera tuvieron que ver con los negocios, muchos de los cuales fracasaron. Tercero, el fisco podría llegar a perder 11 mil millones de pesos, pero todavía no termina el proceso de cobranza que lleva a cabo el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap.
Algunos preferirían que esa institución no existiese, en circunstancias que para los campesinos más modestos representa la única oportunidad de fomento y de apoyo a la pequeña agricultura, que no es precisamente la que hace los mejores negocios.
Como se sabe, hasta ahora los recursos del Ministerio de Agricultura se reparten en 50 por ciento para la gran agricultura y 50 por ciento para las pequeña y mediana agricultura, pero, de acuerdo con el último proceso presupuestario, esa situación se revertirá y el Indap dispondrá de más porcentualmente, en relación con la gran agricultura, la empresarial, la que necesita menos instrumentos de fomento; la que va a hacer las cosas de todas maneras y la que seguirá exportando, de lo cual nos alegramos. En concreto, el instituto contará con mayores recursos para programas de recuperación de suelos.
Por lo tanto, la investigación que se realizó es importante. Sin embargo, debe situarse en el lugar que corresponde: acotada a créditos otorgados por 7 mil 800 millones de pesos, que, sumados los intereses, podrían llegar a 11 mil millones. Pero, reitero, el Indap está efectuando el proceso de cobranza.
Para aquellos que quisieran que no existiera esa institución y que no apoyara a los pequeños productores, un solo dato: en 2000, de cada 100 pesos que colocaba, recuperaba 63. Hoy, de cada 100 pesos, se recupera 96. Por tanto, está funcionando mejor en el otorgamiento de sus créditos y cobranzas, lo que nos garantiza que la pérdida de 11 mil millones de pesos podría ser muy inferior.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Señor diputado, han pasado seis minutos y medio de los diez que tiene su bancada.
El señor QUINTANA.-
Termino diciendo que se hizo un análisis detallado de la situación de cada una de las empresas y que no hay reparo alguno de la Contraloría hacia el Indap ni antecedente que amerite llevar a alguien a los tribunales de justicia, como algunos quisieran. Por consiguiente, espero que se recupera una gran cantidad de recursos para privilegiar aquellos proyectos más rentables de la pequeña agricultura.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra al diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , del análisis del informe sólo cabe sentir cierta satisfacción por la gente que será beneficiada con la liberación de cauciones para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap. Pero, con la misma honestidad hay que considerar por qué se produce esto y por qué la gente se ve en la imposibilidad de poder servir su deuda.
Por ejemplo, en la Novena Región, hace cuatro o cinco años, los pequeños agricultores cosechaban las papas “en media” porque el saco costaba entre 800 y 1.000 pesos. Se produjo un tremendo “debacle”, porque mucha de esa gente, que había adquirido maquinaria con créditos del Indap, no pudo servir su deuda. Son los vaivenes de la agricultura.
Por eso, más allá de las conclusiones que debemos sacar hoy, ésta era una buena oportunidad para que la Comisión hubiera recomendado que el Banco del Estado abriera nuevamente oficinas agrícolas, anhelo largamente esperado por todos los agricultores independientemente del rubro en que trabajan. Por una razón muy simple. Aquí hubo que hacer una ley especial para salvar a un sinnúmero de personajes. Además, cuando existe una oficina agrícola del Banco del Estado se puede negociar con él. Por ejemplo, si un campesino no puede pagar 4, 5 ó 10 millones de pesos, por lo menos el banco le da facilidades para abonar 1, 2 ó 3 millones, sin perder su pool de maquinarias. En este momento, hay 26 cobranzas del Indap en la Novena Región en que están involucradas las maquinarias. El mayor porcentaje de los once mil millones que está relacionado con la adquisición de maquinaria agrícola. Cuando se les quita la maquinaria a los agricultores se les impide seguir trabajando, porque estos elementos son indispensables para el trabajo agrícola. La papa, el trigo y la avena tienen procesos de cultivo distintos, y los agricultores -en su mayoría, comunidades mapuches- ya se han acostumbrado a trabajar con técnicas modernas y a obtener mejores cosechas, que es lo que todos queremos.
Entre paréntesis, se suele hablar de la “agricultura campesina”, y la verdad es que, con todo respeto, no conozco la agricultura
urbana. La agricultura siempre ha sido campesina. Mi familia se ha dedicado a la agricultura casi por ciento cincuenta años y nunca ha tenido un campo en medio de la ciudad. Señalo esto porque hay que descartar algunas expresiones que confunden a la gente.
Se dice que ahora el Indap recupera 96 pesos de cada 100 pesos. No dudamos de que sea así, porque ha usado el sistema de “descreme”, es decir, a la gente que puede representar un riesgo no le presta plata, por ningún motivo. En consecuencia, debiera recuperar el ciento por ciento.
Por otra parte, cuando aprobamos en el Congreso cien mil millones de pesos para el Indap, queremos que esa plata llegue a la gente más necesitada. El Gobierno habla de la agricultura de sustentación, pero, en la mayoría de los casos, la gente involucrada en ella no tiene acceso a esos créditos, porque sus porcentajes de recuperación son muy bajas.
Para qué vamos a hablar del pueblo mapuche que, prácticamente, no tiene acceso al crédito -lo digo con conocimiento de causa-, porque la ley indígena estableció que sus tierras son inembargables. Por lo tanto, son discriminados. Pero, lo que es peor, se ha aplicado mucho lo que se llama la “ley de la pringa”. Esto es, si en una familia compuesta por varios agricultores campesinos dueños de una pequeña parcela, uno de ellos no paga, el Indap no le da crédito al resto.
Entonces, por los once mil millones de pesos que se deben al Indap, se ha hecho mucho daño a los pequeños agricultores, porque no les dan las condiciones necesarias para que puedan trabajar su tierra.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Diputado García , le aviso que ha ocupado más de la mitad del tiempo de su bancada y se encuentra inscrito el diputado José Antonio Galilea .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Perdón, Presidente , no sabía eso.
En resumen, estoy de acuerdo con el informe de la Comisión. Vamos a aprobar este proyecto, pero ojalá el Indap se reestructure. Es el anhelo de todos los parlamentarios de los sectores agrícolas, sin distinción de su color político, para que la plata llegue efectivamente a los pequeños campesinos.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra a la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero entregar mi total respaldo a nuestras comisiones investigadoras. Pueden tener muchos déficit o problemas, pero son un instrumento muy importante con que cuenta la Cámara de Diputados para entrar de lleno y en profundidad en problemas que inquietan a la opinión pública y a quienes formamos parte de ella.
Si bien podemos estar de acuerdo o no con las conclusiones o evaluar que éstas muestran alguna carencia en su densidad y otros aspectos, en este caso quisiera señalar que hay un tema que me preocupa, cual es que la información que contiene este informe puede ser de poco valor para las enmiendas o correcciones que debe llevar a cabo la institución, sobre todo porque tenemos que resguardar nuestro rol fiscalizador en relación con el diseño, la implementación y la focalización de las políticas públicas, en este caso, de las políticas de fomento productivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap.
Refiriéndome específicamente a la Cuarta Región, que represento, creo que para enmendar las políticas de fomento diseñadas por el Indap para los pequeños y medianos agricultores, sirve de muy poco decir que el endeudamiento de los ganaderos y de los productores de leche y queso de cabra es consecuencia de la competencia entre el sector artesanal y el industrial. Reitero, ese punto, contenido en la página 14 del informe, sirve muy poco para corregir políticas de fomento del Indap en la zona.
Hoy, entre los productores de queso de las regiones Cuarta, Quinta y Metropolitana existe un endeudamiento altísimo que alcanza a alrededor de 600 millones de pesos. En la Cuarta Región, la explicación de este endeudamiento no es la competencia entre los sectores artesanal y el industrial. El origen del problema radica en un mal enfoque o diseño de la política del Indap hacia esos sectores. Si eso no se reconoce y consigna en el informe, sencillamente no podremos enmendar los instrumentos de fomento que se están destinando a los ganaderos y productores de queso de cabra.
En aproximadamente ocho años, se invirtieron dos mil millones de pesos en la construcción de 32 plantas queseras, en el proceso de industrialización de este producto. De ellas, actualmente sólo funcionan dos. O sea, hay dos mil millones de pesos provenientes de fondos públicos que hay que recuperar cobrándoseles a los agricultores y ganaderos.
Cuando el diseño de una política es errónea en su origen, no sé quién puede responder del endeudamiento de los afectados. Hoy, el endeudamiento de ganaderos pobres de las comunas de Canela, Illapel y Combarbalá no se debe a la competencia entre artesanales e industriales, sino a que las plantas queseras -cada una de ellas cuesta 70 millones de pesos- no sirven en una zona donde no llueve con frecuencia.
Entonces, hay un error de origen que, de no consignarse en el informe, indefectiblemente nos llevará a situaciones como ésta, en que se trata de recuperar fondos públicos cobrándoselos a los propios campesinos y ganaderos, en circunstancias de que ellos han sido víctimas del diseño erróneo de una política de fomento. Valoro el trabajo de los colegas de la Comisión investigadora, pero en la medida en que dicho error no sea reconocido en un informe, no se vislumbra un cambio en la situación descrita, por lo menos en la región que represento, donde la actividad quesera es tan importante desde el punto de vista productivo y económico, ni mucho menos va a ser comprendida por los deudores, en términos de hacerse responsables de un problema que tiene su origen -insisto- en el mal diseño de una política y de los instrumentos de fomento aplicados a ese sector.
Señor Presidente, con su venia, cedo el minuto que resta de mi intervención al diputado Leopoldo Sánchez.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Señora diputada , le queda un minuto y diez segundos que daré al diputado Sánchez , pero cuando le corresponda intervenir.
Ofrezco la palabra el diputado Masferrer .
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , en primer lugar, me llama la atención que en el informe de una comisión investigadora de créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap no esté presente ningún representante del Ejecutivo y, especialmente, del Indap. Todos queremos que ese instituto exista y se fortalezca, porque reconocemos la labor que, por ley, le corresponde realizar en beneficio de los agricultores pequeños y modestos de nuestras regiones, distritos y comunas agrícolas.
En segundo lugar, no es la primera comisión investigadora que analiza los problemas del Indap, que son recurrentes. Se tenía entendido que el subsecretario iba a presentar un proyecto para la modernización de este organismo y ésta podría haber sido la gran oportunidad para que nos lo diera a conocer.
Me parece bien que todos los años asignemos más recursos a ese Instituto, pero, una vez más, nos dicen que hay recursos prácticamente irrecuperables, por un monto de 12 mil millones de pesos. No sé por qué la Comisión no indica el nombre de las empresas que los recibieron. Comparto la inquietud del diputado Navarro en el sentido de conocerlas. La gente debe saber cuáles son, quiénes fueron los beneficiarios, quiénes fueron los directores regionales que entregaron los recursos y de acuerdo a qué procedimientos.
También me llama la atención -hay que decirlo- que aparezcan votando el informe parlamentarios que en el pasado fueron directores regionales del Indap. Eso no me parece correcto.
En mi región, la Sexta, del Libertador Bernardo O`Higgins, seguimos con problemas en la empresa Desarrollo Campesino, Decam: hay más de mil cien millones de pesos que todavía no se aclaran. El jefe de área de la comuna de Las Cabras, ex presidente de la Democracia Cristiana , partido político importante, fue destituido del cargo porque cometió un fraude mayúsculo. El caso está en los tribunales y todavía no se aclara absolutamente nada. Nadie devuelve los dineros y no se sabe si los ocuparon en campañas políticas, para favorecer a determinados candidatos.
Aquí el Ejecutivo no está presente. Algunos dicen que no ha pasado nada, que hay que mandar este informe al Presidente y, otra vez, no hay culpables. Ahora, cuando uno hace estas consultas, dicen que Masferrer está en contra del Indap. No estoy en contra de ese instituto; por el contrario, quiero que se consolide, pero hagamos las cosas con transparencia.
Señor Presidente, quiero que este informe no se vote hoy. Pido la presencia del Ejecutivo para que sigamos discutiendo el tema. La gente quiere saber qué se está haciendo con los recursos de todos los chilenos.
Hoy, esta institución tan importante maneja 100 mil millones de pesos. Me parece bien, pero me parece muy mal que no tengamos un debate claro, franco. Digamos las cosas como son; aquí hay responsabilidades. Por algo a los campesinos les fue mal. Pido que nos den un informe técnico. A lo mejor, los grupos o asociaciones que se formaron no tenían ningún sentido -lo estoy viendo así-, y sólo lo hicieron para que esos grupos de familias o de localidades fueran numerosos, porque representaban muchos votos. Después, quizás, les dijeron que no se preocuparan, porque sus deudas se las iban a condonar. Al parecer, así se hicieron las campañas, señor Presidente , porque esto ocurrió en los años 1998, 1999 y 2000, cuando estábamos entrando en las elecciones parlamentarias. Entonces no hay que ser tan ingenuos.
Quisiera que el debate continuara el próximo martes para tener la oportunidad de decir todo lo que sabemos y dar una solución real, de una vez por todas, para que cada día el Indap sea más técnico. Así evitaríamos que se siguiera operando en forma política, hasta el extremo de decir que el Indap pertenece a un determinado partido de la Concertación. Esto me molesta y me duele, porque queremos hacer bien las cosas. Hoy perfectamente podríamos haber escuchado a un representante del Ejecutivo para saber cómo está trabajando actualmente este Instituto.
Recientemente en la Sexta Región, de nuevo el contralor regional, después de una investigación, ordenó una serie de sumarios por irregularidades. Así, destituyó al director regional del Instituto , quien ya había designado a los jefes de área con el fin de iniciar la campaña política para las próximas elecciones municipales. Entonces, no usemos para eso al Indap. ¡Terminemos de una vez por todas! Y una vez más hago patente mi reclamo: hay que dejar de robar, hay que dejar de tomar platas que son de todos los chilenos, las cuales, por lo demás, están destinadas exclusivamente para los agricultores más modestos y más pequeños, quienes hoy no tienen derecho a créditos
porque, lamentable y lógicamente, no hay recursos. Eso les dicen. “No hay plata; además, tampoco pueden acceder a crédito alguno porque después no tienen cómo pagarlo”. Sin embargo, sí se pueden formar estas empresas de papel. Debemos conocer el nombre de fantasía de estas empresas y el de las personas que están involucradas, con el fin de determinar cómo se entregaron estos recursos y por qué. Técnicamente, nadie lo ha dicho. “Les fue mal” dicen. Pero ¿por qué les fue mal?, ¿fueron mal asesorados? O hubo algo concebido para formar estos grupos con el único propósito de entregarles recursos, y luego decirles: “No te preocupes, porque después les vamos a condonar la deuda con la presentación de un proyecto en el Congreso, o vamos a pedir una comisión investigadora”, en la cual, como todos sabemos, no pasa absolutamente nada.
Yo no me presto para eso y exijo que sigamos debatiendo este problema por considerarlo muy importante, ya que se trata de plata de todos los chilenos. Se entregaron al Indap 100 mil millones de pesos anualmente -más de 1.200 millones de dólares- durante estos últimos 12 años, recursos que deberían haberse invertido en beneficio directo del pequeño propietario. Cuando recorro mi distrito -donde hay muchos pequeños propietarios y parceleros-, compruebo que no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos la tierra, también un buen clima y el agua. Se supone que en tiempos modernos debemos tecnificar el riego; sin embargo, seguimos regando a potrero tendido, al igual que en tiempos de la colonia. ¿Dónde está el Indap? ¿Qué hace el Indap?
Lamentablemente, con estos recursos se ha favorecido al jefe de área del Indap en Las Cabras, ex presidente de la Democracia Cristiana, quien se robó gran parte de los recursos que le correspondían a una comuna modesta y sencilla, como es la querida comuna que he mencionado.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , trataré de ser lo más breve posible.
No quiero ser odioso, pero al escuchar al diputado Masferrer , no puedo dejar de opinar que si hay gente que robó y esquilmó al fisco, debiera estar en manos de la justicia. Al respecto, no puedo dejar de recordar el episodio de los “pinocheques”. Punto; no quiero hablar más de eso.
Volviendo al tema en debate, quiero hablar en forma positiva. La Comisión de Agricultura hizo un trabajo serio, trató de ser objetiva. Gente de Derecha, con mucha nobleza, que valora lo que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario y el aporte muy importante que hace al mundo rural, trató de ser lo más objetiva posible, emitiéndose, como resultado, este informe serio.
Hoy, quienes dirigen el Indap, en particular Ricardo Halabí , efectúan importantes esfuerzos por superar las irregularidades que hubo, las que no trataron de ocultar.
Agradezco el escaso tiempo que me concedieron, y quiero terminar refiriéndome a la sexta versión de la Expo Rural, que se llevó a cabo este fin de semana, en Santiago.
Me alegro de que miles de pequeños agricultores y campesinos, que permiten que el quehacer de nuestro pueblo se refleje en el campo, hayan montado una exposición y acometido una aventura de exportación muy atractiva y con singular éxito. ¡Ésas son las cosas que debemos rescatar y valorar!
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , creo que algunos señores diputados no leyeron este informe de la Comisión de Agricultura ni el que, ella misma, evacuó en marzo de 2002, cuando hizo una profunda y pormenorizada fiscalización de lo que estaba ocurriendo en el Indap.
Digo esto porque me resultan inaceptables los argumentos del diputado señor Navarro al descalificar la seriedad de la Comisión y el contenido del informe.
Para la Comisión de Agricultura no tenía ningún sentido, con motivo de esta nueva investigación, hacer una réplica de su informe de marzo de 2002. Ambas investigaciones suponían un mismo lapso durante el cual se investigaron las acciones del Indap.
Por lo demás, parece que algunos diputados tampoco leyeron el mandato que esta Sala entregó a la Comisión de Agricultura. Me voy a permitir recordárselo. La Sala mandató a la Comisión de Agricultura para investigar el destino de los 11 mil millones de pesos que podían volverse irrecuperables para el Indap, como fruto de la aplicación de la ley N° 19.901.
Explicaré, a quienes no lo recuerdan, que la ley N° 19.901 faculta al director nacional del Indap para liberar a los avales y alzar las cauciones de socios de empresas campesinas que habían sido mal manejadas o sobreendeudadas por el mismo Indap, y que ellos habían avalado esos créditos sin tener responsabilidad alguna en su administración. Por tal razón, el Gobierno y esta Cámara estimaron necesario facultar al director nacional del Indap para liberar de tal responsabilidad a esos pequeños campesinos.
La Cámara asumió que a partir del momento en que los pequeños campesinos que avalaron estos créditos se acogieron el beneficio de la ley N° 19.901, algunos de los once mil millones de pesos se volverían irrecuperables para el Indap, y por esa razón la Sala mandató a la Comisión de Agricultura para averiguar el destino de tales recursos.
Para saber qué pasó con esos dineros, basta fijarse en las conclusiones del número 1 al 6 de este informe, particularmente en el 5, que señala: “La Comisión hace presente que precisar el monto de los recursos públicos que puedan resultar irrecuperables dependerá del éxito o fracaso de las acciones que el propio Indap lleva adelante para cobrar esos créditos. Sólo hasta que esas acciones estén concluidas y se produzcan los efectos de la ley N1 19.901, será posible determinar con exactitud la pérdida y las empresas campesinas que la originaron”.
En esta oportunidad no estamos discutiendo -porque no fue ése el mandato que recibió la Comisión de Agricultura- si el Indap lo está haciendo bien o mal; si los programas que lleva adelante son correctos o incorrectos o si los recursos públicos que el Estado entrega al Indap para su administración se están utilizando de manera eficiente o no.
Si algún señor diputado quiere traer a la Sala la discusión acerca de cómo lo está haciendo el Indap, coopero de inmediato con mi firma para juntar las cuarenta requeridas y realizar una sesión especial con el objeto de analizar todo lo que hace el mencionado instituto; pero la Sala, insisto, mandató a la Comisión para efectuar una fiscalización concreta. Estimo que eso no puede dar pábulo para hacer una gran discusión y estigmatizarlo.
Debo recordar que en la investigación llevada a cabo en marzo de 2002 -la tengo aquí- están mencionadas todas las empresas que el diputado Navarro quería ver: Decam, Buscando Desarrollo, Procampo , Pulelfu , Campocoop, etcétera. Ésa fue la investigación profunda que hizo en su momento la Comisión de Agricultura.
El informe que analizamos hoy tiene menos hojas que el anterior porque el cometido de la Comisión fue mucho más simple: averiguar el destino de los once mil millones de pesos que perdería el Indap como consecuencia de la aplicación de la ley N° 19.901.
De modo que -insisto- si alguien presente quiere hacer un análisis completo acerca de cómo está trabajando el Indap en el mundo campesino -encuentro razonable y, además, legítimo que muchos parlamentarios tengan esa duda-, convoquemos a una sesión especial e invitemos a don Ricardo Halabí , director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario ; al ministro de Agricultura , quien viene poco al Congreso, y a otros funcionarios del Indap, y sometámoslos a un interrogatorio para saber qué está haciendo el instituto y, finalmente, entregarles nuestras opiniones respecto de cómo corregir su trabajo y cumplir los cometidos que la ley le entrega.
Por último, si un mérito tiene el informe que ahora obra en poder de los señores diputados -el mismo del informe de marzo de 2002-, es que fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Agricultura, y resulta inédito en este Congreso que una comisión investigadora emita un informe cuyas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad. Eso, en lugar de generar una crítica en algunos señores diputados, debería concitar el reconocimiento a un trabajo serio y bien hecho.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Barros.
El señor BARROS.-
Señora Presidenta , una vez más, el Indap es motivo de una comisión investigadora y, nuevamente, también, de una pérdida de miles de millones de pesos.
En primer lugar, los pequeños agricultores no tienen la responsabilidad final respecto de esta pérdida. En el informe se consigna, claramente, que el Instituto sobreestimó los proyectos por financiar y su riesgo asociado, así como también la capacidad de los deudores para administrar negocios.
En la Comisión se llegó a la convicción de que el Indap otorgó créditos sin sujetarse a las normas reglamentarias que lo rigen, y que incurrió en faltas de control y de seguimiento. Por lo tanto, como este cuento no es nuevo, debe movernos a reflexión. Asimismo, al ser la pequeña agricultura la más expuesta a los nuevos escenarios que se aproximan a raíz de la firma de los tratados de libre comercio, Indap tendrá que ser objeto de una modificación radical, y no deberá seguir siendo feudo de partido político alguno. Tampoco se debe continuar utilizando políticamente a los pequeños agricultores, sino que éstos deben ser asesorados y evaluados con criterios eminentemente técnicos. Eso planteó la Comisión desde inicios del año pasado, cuando algunos recién comenzábamos nuestra labor legislativa.
En mayo o junio de 2002, el ministro de Agricultura manifestó , ante el requerimiento de algunos diputados, que se encontraba muy adelantado el estudio de un proyecto de ley para introducir modificaciones profundas al Indap. Han transcurrido casi dos años y aún no pasa nada. Por eso, nos vemos una vez más en la necesidad de efectuar una investigación, a fin de acreditar la falta de transparencia, la utilización política y la ausencia de criterios técnicos con que actuó el Indap. En la medida en que algunos continúen utilizando políticamente a ese organismo, terminarán por sepultar definitivamente la pequeña agricultura en Chile, a la cual tanto dicen defender.
Por eso, emplazo al ministro de Agricultura a que haga realidad la transformación del Indap, a fin de que, de una vez por todas, deje de ser una entidad política, cuestión reconocida por todos, y para que sus créditos se otorguen con criterios técnicos, amparados por un directorio que tenga ese carácter, en lugar de que sus integrantes respondan a la directiva de algún partido político.
Ésa es la única manera de apoyar a la pequeña agricultura, de manera que pueda enfrentar los desafíos que traerán consigo los tratados de libre comercio, porque dicho sector es el más frágil para competir en los exigentes mercados internacionales.
Por lo tanto, debemos terminar con el asistencialismo y abocarnos al fomento productivo, única manera de que el pequeño agricultor salga adelante, el cual debe ser llevado adelante con criterios eminentemente técnicos.
En consecuencia, se debe poner fin al manoseo político que se sigue produciendo, ante el cual muchos hacen la vista gorda.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro por un minuto.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señora Presidenta , desgraciadamente no hay tiempo para hacer un análisis más profundo sobre este semiinforme, el cual, sin duda, constituye un mero resumen de la información que otorgó el Indap.
A mi juicio, el informe es absolutamente incompleto, porque no responde nuestras dudas respecto de las empresas involucradas, de quiénes fueron las personas responsables del otorgamiento de los créditos del Indap y de cuáles fueron las empresas asesoras de ese organismo que no cumplieron con la fiscalización y con la asesoría correspondiente.
En consecuencia, solicito que la Mesa recabe el asentimiento unánime de la Sala para que el informe vuelva a la Comisión de Agricultura, a fin de que sea nuevamente analizado, porque creo que no se ha cumplido con el mandato otorgado por la Sala de determinar el destino de 11 mil millones de pesos que no podrán ser recuperados.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, constituida en investigadora del destino de los dineros declarados irrecuperables para Indap y para el fisco.
El diputado señor Alejandro García-Huidobro ha solicitado que el informe vuelva a Comisión.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
No hay acuerdo.
El señor MASFERRER .-
Señora Presidenta , en mi intervención solicité continuar el debate del informe en la próxima sesión, ya que hay temas pendientes que deben discutirse. Además, pedí la asistencia de representantes del Ejecutivo para requerirles información sobre el destino de algunos recursos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tampoco hay unanimidad al respecto.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 6 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Longton, Luksic, Martínez, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (doña Lily), Prieto, Quintana, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena) y Von Mühlenbrock.
-Votaron por la negativa los siguientes señores:
García-Huidobro, Masferrer, Navarro y Villouta.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló,Egaña, Espinoza, Forni, Letelier (don Juan Pablo) y Norambuena.
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