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La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
A continuación, corresponde “discutir y analizar los alcances de la modificación aprobada por el Consejo Regional al plano regulador Metropolitano de Santiago, que obedece a una política especial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales para crear lo que se ha denominado zonas de desarrollo urbano condicionado y la influencia que dicha expansión pudiere generar en las demás regiones del país”.
El tiempo previo de 15 minutos corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señora Presidenta , haré uso de la palabra no sólo como miembro de la bancada del Partido por la Democracia, sino, además, como presidente de la Comisión de Agricultura , la cual estaba mandatada para solicitar esta sesión especial con el objeto de discutir la expansión de Santiago y otros aspectos de la planificación urbana.
Valoro la presencia de los ministros que nos acompañan, en particular la del señor Jaime Ravinet, puesto que al tratarse de un asunto que provoca un impacto muy grande en el ámbito territorial, es sumamente necesario que este debate no sólo se lleve a cabo por la vía administrativa, sino que también se desarrolle en otras instancias, en este caso, en el Congreso Nacional.
Tal vez sería conveniente que en el futuro, a través de algún proyecto de ley, se legislara sobre muchos de los aspectos que el Ministerio de Vivienda impulsa mediante los proyectos de zonas de desarrollo urbano condicionado, Zoduc. No dudo de la buena intención que existe; sin embargo, como es normal, tenemos algunas diferencias.
Uno de los grandes argumentos que han sostenido representantes del Ministerio de Vivienda para impulsar la creación de las zonas de desarrollo urbano condicionado, dice relación, fundamentalmente, con las proyecciones de crecimiento de la población de la Región Metropolitana, como lo demuestra el censo de 2002. Se calcula que, de aquí al 2025, esa región podría tener, aproximadamente, 1 millón 900 mil habitantes adicionales.
Esa proyección puede ser discutible. Sin embargo, si consideramos algunos aspectos positivos del plan, por ejemplo, que el cuarenta por ciento de la superficie de cada proyecto se destinará a viviendas sociales, quiere decir que, según la densificación aceptada por el Ministerio de Vivienda, en una hectárea se construirían cuarenta viviendas. Ahora, si consideramos, en promedio, cuatro habitantes por vivienda, totalizamos ciento sesenta habitantes por hectárea, y en una proyección a diez mil hectáreas, tenemos l millón 600 mil habitantes. O sea, se trata de una cifra muy cercana a aquella en la cual el Ministerio de Vivienda estima que podría crecer la Región Metropolitana.
Ese ejercicio es discutible porque sólo está referido a viviendas sociales y no considera el crecimiento y la construcción en altura, uno de los temas que también ha planteado el Ministerio. Asimismo, no se considera algo que nadie discute -incluso, en la Comisión de Agricultura, hace una semana, se hizo presente, en presencia de la subsecretaria de Vivienda y del jefe de la División de Desarrollo Urbano -, en el sentido de que hay disponible cerca de diez mil hectáreas para proyectos inmobiliarios.
¿Qué es lo preocupante? Que de aquí al 2025, de acuerdo con esta lógica de crecimiento vegetativo, debemos generar incentivos para que la gente se quede en las regiones o se radique en ellas. Las inversiones que podrían originar las zonas de desarrollo urbano condicionado en once comunas -que es lo que establece la iniciativa que finalmente fue enviada al Consejo Regional Metropolitano- significarán, inevitablemente, que la oferta inmobiliaria sea ocupada para la construcción de viviendas sociales o de otro estándar. Por lo tanto, a poco andar, la proyección de crecimiento de la población a lo mejor no será de dos millones de personas, sino que, incluso, puede alcanzar una cifra mayor, con todos los costos que ello puede significar para la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana y de otras zonas. Además, pueden quedar muchas hectáreas desafectadas, descartadas para la agricultura, sin que en ellas se desarrollen proyectos inmobiliarios.
La experiencia del Plan de Desarrollo Chacabuco, que el Ministerio ha tenido como antecedente, como lo señalaron los representantes del ministro respectivo en la Comisión de Agricultura, resulta muy discutible. De hecho, hay algunos aspectos que no han sido precisamente exitosos en esa iniciativa.
Resulta curioso que a los privados se les exija construir viviendas sociales en circunstancias de que no se ha resuelto el tema de las aguas lluvia en la Región Metropolitana. Cuando llueve en el campo, el agua se filtra. Cuando llueve en la ciudad, en cambio, el agua escurre, lo que provoca los anegamientos que todos los años los habitantes de la Región Metropolitana y de otros lugares deben sufrir.
La población de la Región Metropolitana aumentó cinco veces en medio siglo. Su extensión geográfica, en tanto, superó el aumento de la población, pues se incrementó seis veces en los últimos cincuenta años.
Dicho crecimiento ha venido acompañado de algunos problemas que han afectado a miles de personas que viven en estrechas viviendas sociales o en poblaciones en la periferia de la ciudad, con deficiencias en materia de infraestructura y de crecimiento, pues carecen de servicios básicos, como salud, educación, transporte, áreas verdes, sistemas de evacuación de aguas lluvia, etcétera.
Actualmente, la densidad establecida por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago es de ciento cincuenta habitantes por hectárea y, según mis cálculos aproximados, de ciento sesenta viviendas sociales. En la actualidad, esa cifra alcanza cerca de 105 habitantes por hectárea; es decir, todavía tenemos un margen, una densificación que no es de las más altas.
Por otro lado, el crecimiento de Santiago en forma de “mancha de aceite”, como algunos la han calificado, se ha traducido en congestión vehicular y en un deficiente sistema de transporte público, que obliga a muchos santiaguinos a destinar varias hora al día para desplazarse, lo cual afecta el tiempo destinado a la vida familiar, a la recreación y a otras actividades.
La falta de una planificación urbana coherente y las condiciones geográficas de la cuenca explican la persistente contaminación atmosférica que cada invierno afecta la salud de miles de niños, adultos y ancianos, lo que demanda recursos públicos y familiares para combatirla.
El abandono y deterioro del casco histórico de la ciudad ha dado lugar a una aguda segregación urbana, lo que se ha traducido en la formación de comunas ricas y pobres, hecho que estimula conductas violentas, sensación de inseguridad de las personas, estrés y otras enfermedades mentales. Lo anterior, unido a los escasos lugares de recreación y esparcimiento, se traduce en un deterioro generalizado de la calidad de vida. Explica, asimismo, que algunas encuestas indiquen que un alto porcentaje de los santiaguinos quiera irse de la ciudad o de la Región Metropolitana.
La creación de nuevas zonas urbanas posterga la solución de los problemas históricos que enfrenta la Región Metropolitana y reduce sus posibilidades de mejorar su posición estratégica respecto de otras ciudades de América Latina. En la ciudad de Santiago, incluso en los lugares más centrales, existen miles de hectáreas con sitios eriazos, playas de estacionamiento o espacios subutilizados. Hay algunos que los han denominado terrenos “en engorda”, ubicados dentro del perímetro urbano de la Región Metropolitana. Sus propietarios especulan con esos terrenos subutilizados. En efecto, gracias a grandes inversiones urbanas en pavimentación efectuadas por el Ministerio de Vivienda, a la construcción de nuevas líneas del Metro y de redes de agua potable, así como de energía, alcantarillado, infraestructura en salud, educación y otras áreas -obras que han sido financiadas por todos los chilenos-, se ha elevado significativamente el valor de esos terrenos, que pagan un impuesto que no tiene relación con el valor que la inversión pública les ha asignado.
El Estado y los contribuyentes tienen derecho a exigir que quienes pretenden especular a costa de inversiones que han financiado todos los chilenos, paguen mayores impuestos, y, con ello, compensen el beneficio de que disfrutan gracias al esfuerzo ajeno.
A lo anterior deben agregarse otras miles de hectáreas, pertenecientes a barrios envejecidos o a sectores de la ciudad en franco deterioro y sin valor arquitectónico, que cuentan con una importante dotación de servicios e infraestructura urbana. Un ejemplo de ello fue la renovación de Santiago poniente.
En consecuencia, la simple lógica económica nos indica que antes de pensar en crear nuevos centros urbanos, tenemos la obligación de recuperar, de reciclar y de renovar vastos sectores de la ciudad, muchos de los cuales están próximos al centro de la capital.
Los terrenos eventualmente urbanizables a través de los proyectos Zoduc fueron adquiridos a un precio acorde con la clasificación de suelos de uso silvoagropecuario. En consecuencia, el Estado y sus propietarios deben promover en ellos proyectos agrícolas, ganaderos y forestales.
No corresponde que mediante una simple decisión administrativa se permita a pocas personas, en forma instantánea, multiplicar en varias veces su inversión, ni menos que el Estado, como decía, con recursos de todos los chilenos, realice grandes inversiones en obras públicas para facilitar y mejorar el negocio de pocos, pues con ello se postergan importantes inversiones que año a año deben diferirse en las regiones.
En el ámbito estrictamente silvoagropecuario -materia que nos correspondió analizar en la Comisión de Agricultura-, pensamos que, en materia de ordenamiento territorial, por existir muchos elementos involucrados relativos al suelo, éste debía ser objeto de una regulación amplia, en la que ni Vivienda, ni Agricultura, ni Obras Públicas , ni Bienes Nacionales, entre otros, ejerzan hegemonía en cuanto a su regulación y planificación.
Aquí hay un tema sensible: la seguridad alimentaria.
Estas comunas -las once- cuyos terrenos se pretende desafectar en gran parte, abastecen a la Vega Central y, en materia de hortalizas, a gran parte del país. Son terrenos de alta productividad agrícola, y sus suelos, de la más alta calidad.
Algunos ejemplos: provincia de Chacabuco, zona norte; comunas de Colina, Lampa y Tiltil, hortaliceras por excelencia. Además, encontramos allí producción de olivos, de tunas y algunas viñas.
Provincia de Maipo: comunas de San Bernardo y Calera de Tango. En ellas encontramos frutales mayores y algunas viñas.
Provincia de Cordillera: comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto. Allí encontramos frutales mayores. Entendemos por tales las manzanas, los duraznos, los nectarines y los nogales, todos productos con gran potencial por su volumen exportador.
También en la Región Metropolitana se están presentando las primeras experiencias con caprinos, alpacas y llamas, especialmente en las comunas que he mencionado.
Hago presente, también, que toda la producción de cultivo bajo plástico está en esos sectores.
En cuanto a la producción híbrida, cabe destacar que también en esas comunas se dan berries y frutillas.
Lo más preocupante -y que podría significar un despilfarro de muchos recursos- radica en que cualquiera de las regiones que viven de la agricultura quisiera tener las obras de infraestructura de riego de esas comunas de la Región Metropolitana.
Creo que hay dos formas de llevar a cabo la iniciativa propuesta por el Ministerio de Vivienda.
En primer lugar -y en lo que ha insistido el ministro señor Ravinet -, a través de la modificación del plano regulador, apegándose a la ley. Sin embargo, la resolución ha sido objeto de rechazo por parte de la Contraloría General. Entiendo que se espera un nuevo pronunciamiento.
Quiero citar un párrafo del oficio del Contralor General de la República enviado al intendente de Santiago , ante la insistencia de que el órgano contralor tomara razón de este proyecto. Dice textualmente: “Asimismo, corresponde anotar que la resolución del rubro fue devuelta por esta entidad de control por estimar que ella no se ajustaba a derecho, atendido a que en lo sustancial infringía el sistema de definición legal de áreas urbanas y rurales establecido en los artículos 52 y siguientes de la ley general de Urbanismo y Construcciones, preceptiva que no permite la creación de núcleos urbanos en zonas rurales como ocurría en la especie”.
La otra alternativa -la más adecuada-, sería postergar este debate -no el de hoy, sino el que intenta imponer medidas administrativas- y modificar, primero, la ley de Urbanismo y Construcciones para establecer las áreas preferentemente agrícolas, las que no podrían por ninguna circunstancia ser utilizadas para otras finalidades.
Además, hay que considerar las opiniones de diversos colegios profesionales. En el Colegio de Arquitectos está menos dividida la posición frente a este tema, pero, claramente, los colegios de geógrafos, de agrónomos, de médicos, de ecólogos y de paisajistas no han sido escuchados por los organismos pertinentes. Tampoco se ha considerado la opinión de muchos alcaldes, que ven en esta iniciativa del Ministerio de Vivienda una amenaza al desarrollo local.
Hay algunas iniciativas alentadoras del Gobierno en torno de una reforma regional verdadera. Precisamente hoy, la Comisión de Gobierno Interior debe pronunciarse sobre la creación de cuatro comunas en regiones, que necesitarán de grandes inversiones, porque cuando se crece en forma horizontal hay que hacer grandes inversiones de macroinfraestructura, lo que no está garantizado en estos proyectos de la zona de desarrollo urbano condicionado. Éste no es el mejor homenaje a los diez años de la ley de gobiernos regionales, y, en consecuencia, es imprescindible un debate mucho más profundo.
Debido al desordenado crecimiento de Santiago en las últimas décadas, se ha debido postergar muchas obras de infraestructura en regiones.
Si llevamos a cabo este proyecto, en el futuro habrá que pensar en otras obras de mitigación, tal como hoy se piensa financiar los colectores de aguas lluvia.
Es probable que en algún momento presentemos algún proyecto de acuerdo para resolver el tema que nos interesa.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el señor Jaime Ravinet, ministro de Vivienda y Urbanismo.
El señor RAVINET ( ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente , agradezco a la Corporación y en especial a los diputados que así lo solicitaron, realizar esta sesión especial para discutir sobre la modificación del plan regulador metropolitano de Santiago .
Ésta es una importante discusión y ojalá que muchos mitos y prejuicios sean desvirtuados durante la misma.
Es lamentable que un tema tan serio haya sido caricaturizado, y que se haya atribuido a la propuesta del Ejecutivo -no del Ministerio de Vivienda, sino del gobierno del Presidente Lagos, a través de este ministerio y de la Intendencia de la Región Metropolitana- objetivos que no tiene.
En primer lugar, es necesario entender que se trata de modificar un plan intercomunal, no la ley general de Urbanismo y Construcciones, materia que será planteada a fin de mes a la Cámara de Diputados, como forma de modernizar el concepto de planificación territorial urbana.
En las próximas semanas enviaremos un proyecto que modifica conceptualmente los instrumentos de planificación territorial, establece una forma de desarrollo urbano condicionado flotante o fija -según la definan los planes reguladores- e incorpora las más modernas tecnologías e instrumentos de planificación urbanos al permitir la extensión urbana sólo cuando se cumplan condicionamientos que disminuyen los impactos ambientales, viales y urbanos. Cada uno de estos proyectos tendrá compensaciones según su tamaño o superficie. No es correcto confundir la modificación de un plan regulador, que es materia esencial, de acuerdo
con la ley de gobiernos regionales y la normativa del respectivo consejo regional, con la discusión de un proyecto de ley que será oportunamente sometido a consideración del Congreso Nacional.
El segundo mito es que esta modificación favorecería una expansión indebida de Santiago. Aquí se suman, con mucha razón, muchos parlamentarios de regiones que ven con inquietud cómo Santiago ha ido creciendo, en especial en su significación económica. Poco se repara en que Santiago, durante las últimas décadas, ha crecido en 1.200 hectáreas al año, con límite urbano y sin él.
Pero existe otra forma de crecimiento que aun es peor y que no ha sido considerada por quienes tanto se preocupan del campo chileno: las llamadas parcelas de agrado, que ocupan 15 mil hectáreas de la superficie de la Región Metropolitana, es decir, un cuarto de su superficie actual. En efecto, la tierra agrícola se subdivide sin ningún tipo de urbanización, alcantarillado, caminos ni nada. Eso no ha sido materia de análisis por quienes tanto se preocupan por defender el campo.
Santiago ha venido creciendo, pero lo ha hecho en menor proporción que el resto del país. El último censo muestra que la población del país creció en 13,2 por ciento; la provincia de Santiago lo hizo en 8,3 por ciento, mientras que comunidades rurales como Talagante, Melipilla y otras aumentaron en 15,2 por ciento. Por lo tanto, el núcleo central de Santiago ha crecido menos que el porcentaje de la población.
Otra falacia que suele usarse es que Santiago es una ciudad poco densa. Los indicadores del mundo muestran que a mayor superficie y disponibilidad de espacio, se tiene mejor calidad de vida. He preparado un cuadro -oportunamente pediré que se anexe al boletín de esta sesión- que demuestra que ciudades con muy buena calidad de vida, como Londres, Sidney y Berlín, tienen una densidad bruta de entre 40 y 43 personas por hectárea, y que en Roma, Madrid y París dicha densidad alcanza entre 71 y 77 personas por hectárea. Santiago, según el último censo, tiene 101 personas por hectárea. Sólo nos superan Ciudad de México, que no es ningún modelo a imitar, con 155 personas por hectárea, y Calcula, con 220 personas por hectárea; Teherán, con 337 personas por hectárea; El Cairo, con 375 personas por hectárea. Me imagino que nadie estará propiciando que nos acerquemos a ese tipo de modelos de ciudades, sino, por el contrario, a otras, con mejor calidad de vida.
Es cierto que Santiago ha crecido; pero lo ha hecho en forma segregada, lo que ha dado origen a algunas comunas y barrios del primer mundo, y a otros, claramente, del tercer mundo. Santiago ha crecido no sólo en forma segregada, sino sin equipamiento y sin la infraestructura necesaria. No hay preocupación ni por la educación, ni por la salud, ni por el deporte, ni por la cultura. Y lo más serio es que el desarrollo de Santiago ha sido financiado en el terreno por las inmobiliarias, pero la infraestructura se ha hecho con recursos generales de la nación, porque el Estado ha financiado el escaso equipamiento de algunas comunas populares.
Asumo la responsabilidad de nuestro Ministerio respecto de eso, ya que, preocupado por la necesidad de resolver el déficit habitacional, que era una de las tres prioridades más importantes de los chilenos en 1990, ha debido construir sin los equipamientos adecuados, con lo cual se han consolidado comunas periféricas. En gran medida hemos logrado superar el déficit habitacional, pero no hemos alcanzado el régimen de equipamiento que mejore la calidad de vida.
Por eso, el Gobierno, contrariamente a lo que se afirma, está limitando el crecimiento de Santiago; pero lo está haciendo a través de políticas públicas y de mercado. En el fondo, lo que se está haciendo es que los santiaguinos paguemos los costos de vivir en Santiago; que Santiago sea más caro que el resto del país, como los es Nueva York respecto de Estados Unidos, París, de Francia, o Londres, de Inglaterra.
El Metro está duplicando su cobertura, de 40 a 80 kilómetros; los santiaguinos pagaremos la inversión del Metro en la tarifa. Se cuenta con una cobertura del 75 por ciento para el tratamiento de las aguas servidas; los santiaguinos pagaremos por el tratamiento de esas aguas. El proyecto que regula el sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvia, que esta semana discutirá la Cámara, establece que cada ciudad pagará por el tratamiento de sus aguas lluvias. El proyecto Transantiago, que es una revolución del transporte en nuestra ciudad, pues obliga a cambiar los buses y establece corredores exclusivos, será financiado por las tarifas que pagarán los santiaguinos. También existe un vasto plan para tarificar carreteras, llámense Costanera Norte, Carretera Central, “Jorge Alessandri” o “Eduardo Frei”. Quien las use deberá pagar.
Lo que estamos haciendo con todo lo anterior es sincerar los costos de Santiago y limitar su desarrollo y crecimiento a través de políticas públicas y de claras señales de mercado que encarezcan su operación.
El proyecto en debate viene a sincerar los costos y a poner fin a subsidios ocultos que tiene el desarrollo inmobiliario de Santiago. Además, ordena y permite el acceso al crecimiento, para que esas 168 mil familias de Santiago que están inscritas en el Serviu y que esperan tener acceso a la vivienda social, puedan cumplir sus sueños en forma rápida.
Los conceptos de zona de desarrollo urbano condicionado, Zoduc, y área urbana de desarrollo prioritaria, Audp, ya están incorporados en el plan regulador de Santiago. En 1997, el Core y el gobierno de entonces aprobaron el plan Chacabuco. Hoy existen más de diez proyectos en ejecución, tanto en vialidad como en carreteras y en pasos sobre nivel, que superan los 75 millones de dólares, y todo con financiamiento privado.
A diferencia de la modificación del plan Chacabuco, esta propuesta no prefija la ubicación de esta Zoduc, sino, al revés, permite que las posibilidades de expandirlo compitan en forma transparente y ecuánime, en la medida en que se cumplan las condiciones prefijadas.
Otro mito es decir que una ciudad crece hacia afuera o hacia adentro. La verdad es que todas las ciudades crecen hacia afuera y también hacia adentro. Nadie podría argumentar que el ministro que habla no se la ha jugado por el crecimiento de Santiago hacia adentro. El subsidio de renovación urbana fue creado desde nuestra alcaldía en 1990, con el beneplácito del ministro de la época , a fin de generar las condiciones para repoblar y reconstruir los centros históricos.
El proyecto de subsidio de rehabilitación patrimonial, que busca salvar las casas antiguas, lo generamos desde que estoy en el Ministerio. Está en pleno desarrollo el proyecto de reconversión del Portal Bicentenario, que abarca 250 hectáreas en pleno Santiago, el cual se convertirá en un nuevo barrio de clase media. Está en pleno proceso de licitación la recuperación del anillo central, el antiguo “camino cintura”, de Vicuña Mackenna, que permite incorporar o regenerar alrededor de 230 hectáreas, con terrenos de Ferrocarriles del Estado correspondiente a las maestranzas San Eugenio y Yungay.
Pensamos que es necesario impulsar políticas públicas que densifiquen y generen un mejor uso de los terrenos de Santiago; pero no podemos poner una suerte de cinturón de hierro al crecimiento de una ciudad, porque ocurre lo que ha venido sucediéndole a Santiago, que crece en forma desordenada, segregada y sin los equipamientos adecuados.
El artículo 34 de la ley general de Urbanismo y Construcciones señala que la planificación urbana intercomunal es aquella que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, integran una unidad urbana. El plan intercomunal está integrado por normas y acciones. Lo que estamos modificando no son las normas, sino las acciones que hacen y generan procedimientos transparentes.
La modificación aprobada por el Core no expande Santiago, sino que fija un procedimiento objetivo para evaluar los proyectos que se le presenten y que requieren determinados informes. Algún señor diputado podrá negarlo; pero pido que lean la resolución del respectivo acuerdo, porque uno de los problemas es que ella no se ha leído. Podrán decir que no, pero al menos lean el texto del proyecto de la modificación, porque, para su sorpresa, se darán cuenta de varias cuestiones, entre otros:
Primero, que se requiere el acuerdo previo del seremi de Agricultura. Esto es, el representante del ministro de Agricultura tiene que dar su visto bueno. Además, se establece que no se podrá afectar el suelo de alta prioridad agrícola y se obliga a compensar los suelos afectados de calidad 1, 2 y 3 en una proporción de 1 a 1,5; es decir, por cada hectárea que pudiera ser afectada, el desarrollador tiene que recuperar 1,5 hectáreas con calidad agrícola o de utilidad silvoagropecuaria. ¡Qué distinto habría sido la situación si esta norma hubiese estado vigente durante los últimos diez años! En este período, Santiago ha crecido 12 mil hectáreas a costa de tierras agropecuarias. Si esta norma hubiese estado vigente, hoy tendríamos 18 mil hectáreas de nuevas tierras agrícolas.
Segundo, además del informe favorable del seremi de Agricultura, el aspecto más importante de esta propuesta también es algo inédito, que muchas veces los gobiernos se niegan a reconocer: el municipio afectado no sólo es consultado, sino que tiene que estar de acuerdo. El alcalde y el concejo municipal, con asesoría urbana, tienen que dar su aprobación. Hasta el momento, cada vez que se modifica un plan regulador intercomunal se consulta al municipio, pero esa opinión no es vinculante. Hoy, en virtud de esta disposición, que corresponde a una autorregulación motivada por el afán descentralizador, esa decisión pasa a ser vinculante. Si el municipio de Pirque, el de San Bernardo o el de Calera de Tango, por ejemplo, no está de acuerdo en la generación de una Zoduc, basta que así lo plantee, y esa decisión es vinculante. ¡Qué manera de proteger verdaderamente los intereses de la comuna!
Tercero, se solicita un informe del seremi de Vivienda, que requiere un estudio de impacto ambiental -no la declaración-, con las compensaciones que exige el plan de descontaminación de la Región Metropolitana, con consulta a todos los servicios y con participación de la comunidad.
También requiere un estudio de impacto urbano. Según su tamaño, será obligatorio el equipamiento en salud, que va desde consultorios a hospitales; en educación, en seguridad, en deportes, en bomberos y en espacios para la cultura. Se afirma que esta situación significará más viajes. Al respecto, pido que los señores diputados lean la encuesta de “origen y destino” del año pasado, en relación con los viajes de los santiaguinos, ya que eso les permitirá darse cuenta de que el 60 por ciento de los viajes se realizan por razones de estudio, salud u otras diligencias y sólo el 40 por ciento se debe a trabajo. Esto significa que, en la medida en que estas nuevas zonas tengan equipamiento en educación, en salud, en deporte y en cultura, estaremos reduciendo el impacto de los viajes.
Asimismo, se exige que estos proyectos tengan estudios de capacidad vial, de transporte, de evacuación de aguas lluvia -tema al que aquí se refirieron-, así como de medición de los riesgos de la naturaleza.
Además, se exige que estas áreas urbanas sean integradas. El 40 por ciento de las viviendas que se construyan deben ser objeto de subsidio, y el 30 por ciento de ellas, esto es, el 12 por ciento en términos netos, tienen que ser sociales, es decir, bajo 450 unidades de fomento. ¡Esto es crecer en forma integrada y sin segregación! Igualmente, se obliga a estas Zduc a destinar el 5 por ciento de su área a actividades productivas que generen fuerza de trabajo.
Sólo -esto es muy importante- una vez que se tiene el informe favorable de Agricultura, el acuerdo del municipio, el análisis de impacto ambiental y los estudios viales y urbanos, el tema va al Core. Éste, finalmente, sanciona, es decir, aprueba o rechaza, la incorporación de esta área urbana.
¡Qué ganas de haber contado con este instrumento durante los últimos 30 años, porque el destino de Santiago no habría sido el de ciudad segregada y con mal equipamiento que hoy tenemos! Por lo tanto, insisto, es el Core el que aprueba o rechaza la iniciativa. Es importante saber que sólo en ese momento se perfecciona la modificación del plan regulador. Todo el resto que he mencionado son procedimientos y sistemas que buscan generar transparencia en las decisiones públicas.
Otro mito es que en este proyecto no ha habido discusión y que se ha hecho en secreto.
Heredé la iniciativa cuando asumí la cartera, en diciembre de 2000. Durante un año y medio la analicé con el resto de los servicios involucrados, particularmente con el ministro de Agricultura , hasta que obtuve su aprobación. Al respecto, discutimos en foros, en seminarios de todo tipo. El presidente de la Comisión de Agricultura daba cuenta de que el tema se ha debatido, porque hay opiniones favorables y en contra, como él muy bien lo decía.
El proyecto fue aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente el 25 de noviembre de 2002 por 16 votos a favor, ¡incluido el del seremi de Agricultura! Dos consejeros regionales se abstuvieron y uno votó en contra. Fue aprobado en el Core, en sesión pública, el 29 de enero de 2003, por 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. ¡Clara mayoría!
La Contraloría hizo observaciones con respecto al rol del Core, en el sentido de sostener que éste debía aprobar o rechazar. En la resolución original aparecía que el consejo regional debía ratificar una vez cumplidas todas las condiciones. Nos allanamos a la observación y por eso se volvió a votar, no la idea completa, sino el reemplazo de la palabra “ratificar” por “aprobar”. Éste fue aprobado el 12 de noviembre pasado, por 16 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones.
Me he extendido en mis explicaciones para demostrar a las señoras diputadas y a los señores diputados que la propuesta no sólo no expande ilimitadamente a Santiago, sino que, por el contrario, genera condiciones para que su expansión eventual sea regulada, condicionada y amigable con la calidad de vida y el medio ambiente. Será una propuesta que en cada oportunidad, superados los informes favorables, deberá ser aprobada por el consejo regional de la Región Metropolitana.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , la semana pasada, cuando comenzamos analizar el tema en la Comisión de Agricultura, el diputado señor Sánchez mostró unos mapas. Me gustaría, si lo tiene a bien el señor Presidente , que el diputado Sánchez los pudiera exhibir, para tener una visión más clara de lo que significa el aumento de área urbana de Santiago.
Ahora, con respecto a lo último que señalaba el ministro , no negamos que el Core tenga la facultad para votar y resolver en el tema; pero eso no significa que, como diputados y como Cámara, no podamos analizar el asunto. Tenemos derecho a hacerlo, y es por eso que estamos aquí esta tarde.
Soy contrario a la expansión propuesta, por una razón muy sencilla. El área urbana de Santiago ocupa 65 mil hectáreas, de las cuales 10 mil están desocupadas. Que sus propietarios no las vendan, es otro cuento. A lo mejor, no les han ofrecido el precio que corresponde. A ellas se agregan 20 mil hectáreas sin uso de la provincia de Chacabuco, que también están anexadas al límite urbano de Santiago. Me cuesta entender que necesitemos 90 mil hectáreas más para aumentar el área urbana de Santiago. Ello significará que vamos a tener 120 mil hectáreas desocupadas.
¿Por qué no ocupamos esas 30 mil hectáreas si se construyen 1.200 hectáreas anuales? Es bastante terreno. El ministro dijo, al pasar, que se construyen 1.200 hectáreas, como si se tratara de poco terreno. Es una gran cantidad; cualquier agricultor quisiera tener un campo de esas dimensiones. Si se construyen 1.200 hectáreas anualmente y existen 30 mil que están desocupadas, tenemos terreno para construir durante veinte años en la zona urbana de Santiago, sin necesidad de anexar más terrenos de primera calidad, como se advierte en los mapas exhibidos por el diputado señor Sánchez .
Otra razón para no estar de acuerdo con la modificación del plano regulador metropolitano de Santiago es que nuestro país se está centralizando más.
Por su intermedio, señor Presidente , pido al diputado señor Sánchez que exhiba los mapas de Santiago en los cuales se muestra lo que he señalado.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Señor diputado, eso no está permitido en la Sala.
Continúa con el uso de la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA .-
El centralismo que se produce al agregar más hectáreas a Santiago es muy grande. Como señalé en la Comisión de Agricultura, de aquí a diez años se eliminarán las regiones Cuarta, Quinta y Sexta, y su territorio pasará a ser parte de la Región Metropolitana. Al final, todas las inversiones estarán centradas en Santiago. Cuando pidamos que se invierta en las regiones, ¿de dónde sacaremos un peso para ello? No contaremos con recursos, porque habrá que extender el Metro y construir carreteras, puentes y hospitales en la Región Metropolitana.
Lo que debemos hacer, de una vez por todas, es lo contrario: descentralizar.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , está terminando el tiempo que su bancada le asignó.
El señor URRUTIA .-
Termino mi intervención. Otros diputados se explayarán más sobre el particular.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente , tengo la impresión de que esta discusión tiene algunas premisas equivocadas, que parten de la base de no considerar que Santiago ha crecido, está creciendo y seguirá creciendo de manera inevitable.
La pregunta que cabe hacerse, entonces, es cómo ha crecido la Región Metropolitana. Cuando uno analiza la ley, establece claramente una diferencia: quienes construyen, lotean y subdividen al interior del límite urbano, pagan las obras; tienen un plan regulador y un ordenamiento. Ahora, a quienes lo hacen fuera de él, nadie los controla y hacen lo que quieren. Es una verdadera ley de la selva.
En segundo lugar, de acuerdo con lo establecido en el decreto ley N° 3.516, las personas pueden construir la casa del dueño y la del cuidador. En definitiva, se genera una presión hacia el Estado, para que pague todas las obras de urbanización, como el agua potable y el alcantarillado, y finalmente éste termina construyendo los retenes, las calles, las obras de urbanización macro, las vías estructurantes, etcétera. Es decir, cuando se construye fuera del límite urbano, las obras de urbanización las paga “Moya”.
En consecuencia, en esta discusión es importante tener en consideración lo que ha ocurrido en Santiago. Los verdaderos cuellos de botella que se forman en los caminos se producen por la gran cantidad de gente que se desplaza para ir a trabajar al centro. El ministro dijo que el 40 por ciento de las personas viaja por trabajo, y el Estado debe gastar recursos para hacerse cargo de esta situación.
¿Queremos seguir creciendo de manera inorgánica, desordenada, costosa para el Estado, o, de una vez por todas, asumimos este tema tan importante y costoso mediante la búsqueda de una regulación? ¿Cómo proteger los suelos agrícolas que hoy han sido invadidos con obras urbanas?
En resumen, los asuntos de fondo son cómo queremos crecer y cómo protegemos los suelos agrícolas. Respecto del primero, es muy importante saber si el Estado o el loteador pagarán las externalidades negativas que se generan.
Hoy el ministro dio cifras francamente desastrosas. Santiago ha crecido en 1.200 hectáreas al año, y quince mil hectáreas están cubiertas por parcelas de agrado. Esa es la realidad y no lo que a uno le gustaría que fuera la Región Metropolitana.
Cuando se habla de un promedio de 150 personas por hectárea, algunos dicen que prefieren crecer por densificación hacia adentro, porque ahí están las obras, como las calles, los pavimentos, la urbanización, el agua potable, el alcantarillado, las plazas, los retenes, etcétera. Pero con la medida propuesta nadie está diciendo que no crezcamos por densificación. El ministro ha dicho que hay subsidios de renovación urbana y grandes obras de infraestructura para crecer por densificación, como los anillos viales.
Ahora, ¿qué hacemos con aquellos que quieren crecer por extensión? Ello no lo podemos evitar, y ocurre no solamente en Chile, sino también en Roma, Londres , Madrid y en todas partes del mundo. Es muy importante, entonces, buscar una fórmula para saber quién construirá el equipamiento comunitario, las plazas, las áreas verdes, etcétera, porque las personas necesitan no tan sólo viviendas.
Es necesario unir las políticas públicas con las de mercado, de manera que el costo de desarrollo de estas obras lo pague, de una vez por todas, quien construye. Eso es lo que incentiva el anuncio hecho por el Gobierno, ratificado por el Core de Santiago y por las distintas instancias que han participado en esta discusión.
Si hay que invertir más en infraestructura vial para unir a estos sectores, las personas que la utilizarán la tendrán que pagar a través de peajes y de tarifas, a fin de que no siga pagando “Moya”, como ocurre hoy. En ese sentido, esto va a sincerar los costos que hoy paga, casi exclusivamente, el Estado.
Debo destacar, también, el tema de la integración social. Hoy existen 188 mil familias que están a la espera de su vivienda. A través de la prensa me he informado de que los dueños de parcelas de agrado se oponen al emplazamiento de poblaciones de gente modesta, y le piden al SAG o al Ministerio de Vivienda que no accedan al cambio de uso de suelo, regulado en el artículo 55 de la ley general de Urbanismo y Construcciones. A partir de ahora, se exigirá un 12 por ciento de viviendas sociales en los proyectos que se desarrollen. Eso es integración social, para dejar de lado la política del gueto y de la segregación.
Se habla de proteger los suelos agrícolas. Está claro que no se ha hecho, porque las cifras son dramáticas. Ahora, por cada hectárea afectada se deberá recuperar 1,5 hectáreas. Otro gallo cantaría si esta política la hubiésemos implementado hace 10 ó 20 años. No debemos olvidar que el decreto ley N° 3.516, que regula la subdivisión de los predios rústicos, es de 1980.
Algunos dicen que la propuesta es muy autoritaria, que hay demasiado dirigismo de parte del Estado, que no se considera la opinión de la gente y de las comunas en las que tales medidas serán implementadas. Pero si el proyecto permite la participación de los gobiernos comunales. ¡Qué más descentralización que ésta! Las comunas tendrán que emitir una opinión favorable para que haya desarrollo urbano al interior de ellas.
Creo que no debemos temer a la creación de nuevos subcentros urbanos con autonomía. El ministro decía que el 40 por ciento de la gente viaja por trabajo. En auscencia, el 60 por ciento restante lo hace por necesidades de educación, salud u otras razones. Es necesario, entonces, que a estos centros urbanos se les exija la construcción de establecimientos de salud y de educación, y que cuenten con un 5 por ciento de áreas productivas.
En consecuencia, hago un llamado a analizar el tema sin ideologismos ni dogmatismos, para ver la realidad y estudiarla a fondo. Claramente, el problema existe, y este instrumento ayudará a encontrar su solución, pero con mayor transparencia, con mayor protección de los suelos agrícolas, con un crecimiento más ordenado y con integración social, de manera que las externalidades negativas las pague quien las genere.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , después de escuchar al ministro señor Ravinet , me he percatado de que todo lo que señala apunta en sentido contrario. Se dice algo determinado, pero se hace todo lo contrario, o sea, es como un sofisma. Esto lo hemos visto en forma permanente. Dijo que esto no lleva al crecimiento de la ciudad. En verdad, hay crecimiento, pero horizontal, no vertical, como es la tendencia mundial, especialmente en las ciudades que él nombró. Sin embargo, con esto se está incentivando lo contrario; es decir, la Región Metropolitana tiene el privilegio de crecer en forma horizontal, pero los que vivimos en regiones debemos hacerlo verticalmente, hacia arriba, porque no tenemos más espacio y tampoco hay más dinero. Esa es la primera contradicción.
Me gustaría ver todas esas maravillas en regiones, porque, al menos en la Quinta, cada vez que se ha necesitado una obra importante, grande, de envergadura, ha habido que esperar por lo menos 20 ó 30 años, como en los casos de El Barón, de la cuarta etapa de la avenida España o del troncal sur. Enhorabuena por tener esas obras; pero para concretarlas hemos debido esperar 30 ó 40 años. Santiago, en cambio, ya cuenta con varias líneas del Metro.
El ministro ha dicho -lo que me llama la atención- que cada vez que se decreten estos crecimientos se exigirá un estudio de impacto ambiental, porque así lo establece la ley. Pero quiero hacer notar al ministro que los entes colegiados, como la Corema y la Conama, no tienen autonomía. Cabe recordar lo ocurrido en el caso de la quema de pet coke, que fue rechazada por la Corema de la Quinta Región, y, finalmente, por orden del ministro , cesó en sus funciones el director de la Corema, por hacer lo contrario de lo que el ministro quería.
No quiero ser irónico, pero cuando se plantea que se efectuarán todos los estudios y que se evitará el deterioro del medio ambiente, al final la autoridad política hace todo lo contrario. Es preferible tener resguardos de carácter legal, es decir, ninguna autorización de crecimiento inorgánico, como hoy se pretende, y dar autoridad a las municipalidades. Ahora estamos haciendo lo contrario: vamos a liberar 90 mil hectáreas, aunque se diga que no es así, y después daremos autorización para que los municipios puedan tomar alguna decisión al respecto.
El crecimiento de Santiago sigue adelante. Lo digo sin resentimientos, como un chileno que siempre ha vivido en la región de Valparaíso. Con mucha pena vemos que la gente se va a Santiago, porque allí hay más posibilidades de trabajo, más dinero y más obras, y las regiones siguen empobreciéndose. Entonces, lo que queremos es una política de Estado. No se trata de más incentivos ni de mayor crecimiento de Santiago, sino de desincentivos, o sea, que resulte más caro y difícil vivir allí, y más fácil y rentable hacerlo en regiones. El Estado debe incentivar que la gente se quede en su lugar de origen, de manera de no aumentar -como lo señaló el ministro - las más de 168 mil familias que necesitan viviendas sociales.
El diputado señor Patricio Walker preguntó sobre quién pagará ese crecimiento en infraestructura, en educación y en salud. Eso lo paga el Estado, con el dinero de todos los chilenos.
No se ha tocado un punto sumamente importante: la contaminación. Santiago es una de las ciudades más contaminadas del mundo, y este plan no contribuye en nada a detenerla, sino que la amplía hacia las otras regiones. Es decir, en vez de paralizar el mayor número de industrias y de tránsito vehicular, estamos haciendo crecer la contaminación, lo que significa aplicar planes de Gobierno, que le cuestan dinero al Estado y, por lo tanto, a todos los chilenos.
Entregaré un dato adicional: la construcción del Metro y de la Costanera Norte demandará millones de dólares, aunque digan que se hace mediante un crédito directo a la Región Metropolitana, es decir, que ella pagará.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decir al ministro que sería bueno revisar estas profundas diferencias. Del total de obras que se proyectan para el Bicentenario -no tengo la cantidad exacta, pero sí el porcentaje-, más de dos tercios van destinadas a la Región Metropolitana y sólo un tercio a las demás regiones. Si eso no es discriminación, ¿qué es? No voy a considerar los colectores de aguas lluvia que se deben construir en Santiago, puesto que se inunda todos los años.
Entonces, creo que éste es un camino equivocado, contrario a las políticas que debe seguir el Estado para ir acotando las ciudades, especialmente la Región Metropolitana, que está creciendo a costa de las demás regiones.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , hoy tenemos una ocasión muy especial para discutir una materia que, sin duda, para una mayoría constituye un elemento de relevancia, pero, para otros, debido a un dejo de desinformación, tiene ribetes complejos. Estoy entre quienes forman parte del primer grupo, sobre todo después de escuchar los argumentos dados por el ministro y por el diputado señor Patricio Walker . En sus intervenciones, tanto uno como otro hicieron mención a la realidad del plano regulador metropolitano de Santiago y a la estructuración de zonas de desarrollo urbano condicionado. Me quedo con lo planteado por el diputado señor Walker , en el sentido de que hoy existe una verdadera ley de la selva en esta materia, pues quienes viven fuera del límite urbano, luego de construir sus viviendas, ejercen una fuerte presión a fin de que el Estado concurra con su aporte en materia de urbanización, salud y educación. En esos casos, el que termina por pagar es el Estado.
Cuando hablamos del plano regulador de Santiago no nos estamos refiriendo a un plan que extienda el límite de la ciudad, como algunos han querido dar a entender, sino de uno que, desde nuestro punto de vista, genera ciertas condiciones de crecimiento. Es decir, se hará crecer la ciudad en la medida en que se necesite, para lo cual deberá darse cumplimiento a una serie de condiciones en materia de equipamiento, vialidad urbana, recuperación de suelos, etcétera.
Lo importante es que el responsable de ese crecimiento ahora será el sector privado. En la actualidad, la construcción de obras de infraestructura y de equipamiento son de responsabilidad de los municipios y, en general, del Estado. A partir de ahora, serán los privados quienes materializarán las obras en salud -donde hay una alta demanda-, en escuelas, en parques, etcétera. Con este plan, se libera de una serie de responsabilidades al Estado, se evita que sectores ubicados fuera del límite urbano se conviertan en verdaderos guetos, de los cuales sólo participan algunos sectores de la población, y se establece que deberá haber cierto porcentaje de viviendas sociales, es decir, de aquellas cuyo valor es inferior a 450 unidades de fomento, en esos lugares.
Por lo tanto, se crea un sistema real de manejo del crecimiento urbano, se fijan normas objetivas y transparentes para la ampliación progresiva del suelo urbano y se limita -lo que es muy importante- la tendencia a ampliar dicho límite sin planificación detallada, sin certeza del desarrollo e inversiones, y sin justificación de demanda. Además, se establece un conjunto de reglas claras que permiten incorporar, de manera sustentable y progresiva, nuevas áreas urbanas de calidad en Santiago, según la demanda de sus habitantes.
Por eso, independientemente de las posiciones disímiles que pueda haber, esta iniciativa es muy interesante y sería bueno conocerla en profundidad para tener una opinión que se condiga con la realidad.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , estoy contento de que se haya tomado la decisión de limitar y ordenar el crecimiento de la ciudad de Santiago. Ojalá el resto de las ciudades de Chile tuvieran la oportunidad de contar con un plan estratégico de ocupación territorial y con una norma sobre la manera en que van a crecer en el tiempo. Lo importante no es determinar si una ciudad crece o no, sino cómo lo hace. Esa es la gravedad de la situación que nos ha tocado vivir en el caso de Santiago, cuyo crecimiento ha sido inorgánico e inadecuado, lo que ha provocado los desastres que la gente conoce. Eso empezará a ocurrir en todas partes; así que ojalá se diseñen normas de este tipo para las regiones.
Me alegro de que se haya decidido no correr el límite urbano, que es la otra forma de expansión. A veces, en la prensa, quizás para producir entusiasmo se ha dicho, que éste se amplió; pero no ha sido así. Se decidió conservarlo, aun cuando la ciudad ha ido creciendo igual en 1.200 hectáreas anuales.
¿Y cómo crece la ciudad? Por el sur, sobre la base de villorrios dispersos, con grupos de viviendas de 100, 200 ó 300 personas, autorizados a como dé lugar, porque, por ser sectores rurales tienen esa necesidad. Pero con ello no se les soluciona el problema social. Los sectores rurales no tienen solución definitiva de vivienda. Con esto sólo se consigue una forma de ciudad dispersa, inorgánica. Cuando se junta toda la agrupación, termina siendo ciudad a como dé lugar.
Por el norte de Santiago ocurre lo mismo, pero el nivel social es distinto. Es una depredación del suelo por un desorden en la ocupación, en un caso, con viviendas para los pobres, y en el otro, con viviendas para la gente de más plata, para quienes tienen parcelas de agrado.
Existe una tercera forma de depredar la ciudad, que consiste en efectuar una petición de autorización. Para conseguirla, se abre un camino non sancto, por ventanilla extraña, por pasillo. Entonces, al final, el suelo se depreda de todas maneras, en una cantidad de 1.200 hectáreas anuales.
Celebro que el ministro haya desarrollado, no un invento solitario en su cabeza, sino una materia que durante muchos años se ha venido incubando en el conjunto de los urbanistas y que se inspira en las new towns inglesas, comunidades que han crecido en todas partes del mundo. Cuando una ciudad empieza a crecer con un “efecto piraña”, a mordiscos, a pedazos, con pequeñas agrupaciones habitacionales, uno hace especulación del suelo y, como inmobiliario, no se hace cargo ni del equipamiento, ni del comercio, ni de la escuela, ni de Bomberos, ni de la vialidad, salvo que el mercado se lo exija porque se está inundando, porque no se puede llegar al sector o porque no se puede vender, pero no porque tenga sentido de ciudad.
En cambio, si en vez de crecer a pedacitos se ofrece que el que quiera crecer lo haga en gran tamaño, ese sí se tiene que hacer responsable de un conjunto de decisiones y condiciones que se le fijan. Por eso se habla de 300 hectáreas, de manera que si ese inversionista logra esa cantidad, debe hacerse cargo del conjunto de obligaciones que se han señalado.
Así se hace diseño urbano. Porque si la ciudad se hace crecer juntando los pedacitos dispersos de acuerdo con lo que la vida produzca, termina sin diseño de ciudad; no es la ciudad que quieren las personas y la autoridad, sino la que resulta del desorden de la creación depredatoria del suelo.
Ahora se hace un desarrollo de la ciudad donde se adquiere un compromiso. Primero, con un territorio tan grande, necesariamente se tiene que hacer un diseño y un proyecto de ciudad; segundo, ese diseño se debe presentar en la Dirección de Obras Municipales; tercero, hay que someter la materia al conocimiento de los seremis de Vivienda y de Agricultura, y del gobierno regional.
Por último, felizmente se ha tomado una decisión respecto de cómo deben crecer las ciudades. Si en algún momento esto va en detrimento de un territorio agrícola, los distintos organismos por los cuales debe pasar la decisión -entre ellos Agricultura-, rechazarán el proyecto.
He dicho.
EL señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , ha sido muy interesante la discusión respecto de la expansión urbana y la regulación de los predios agrícolas.
Obviamente, es mejor que exista regulación a que no exista. Sin embargo, me llama la atención que si en la Región Metropolitana y en el resto del país hay tantas falencias y tantos problemas pendientes, no nos aboquemos a tratar de resolverlos dentro de las mismas ciudades. Por ejemplo, están los problemas de las comunidades que carecen de infraestructura educacional, de salud, de seguridad y de recreación.
¿Por qué tratar de expandir la ciudad y no ordenar lo que ya existe?
Durante muchos años -no voy a culpar de ello a la actual administración- se crearon poblaciones en barrios periféricos, sin la infraestructura adecuada. Obviamente, ahí había una carencia de organización de las políticas sociales, especialmente en lo que hoy corresponde al Mideplán. Pero, posteriormente, tampoco ha habido una reestructuración y programación de dichas políticas, a fin de que las viviendas sociales se construyan con todos los servicios necesarios.
Se ha insistido mucho en que el desarrollo urbano, especialmente de los sectores más acomodados, constituye una recarga para el Estado, por la infraestructura que demanda. Ello es bastante relativo, porque en la comuna de Peñalolén, por ejemplo, donde ha habido una enorme expansión urbana, se han construido colegios, plazas, parques, y se ha pavimentado, sin cargo a los recursos del fisco. Además, esas nuevas viviendas pagan contribuciones, con lo cual el Estado dispone de más recursos.
En general, en las ciudades hay barrios en los que se ubican los sectores más pobres y en los que no se han construido casas, sino mediaguas, que se encuentran totalmente deterioradas. Esos terrenos podrían ser aprovechados para producir un impacto social. En ellos habría que levantar, sobre todo, edificios de altura, porque ya cuentan con la infraestructura necesaria. No entiendo por qué la ciudad se sigue expandiendo con la construcción de más casas, porque, evidentemente, se necesita más terreno. Tampoco entiendo por qué el Ministerio de Vivienda no implementa una política para que, por ejemplo, cuando se queme un grupo de viviendas -lo que, desgraciadamente, es una situación recurrente-, se construya un edificio en esos terrenos para dar cabida tanto a las familias afectadas como a otras. Se debería aprovechar esos espacios como una forma de corregir lo que ya existe. No considero que crear nuevos villorrios, nuevos asentamientos humanos, solucione el problema.
Me llamó la atención que el ministro , sorprendido, haya dicho que Santiago es una de las comunas con mayor densidad poblacional. Él habló de 101 habitantes por hectárea; sin embargo, en la comuna de Peñalolén -que represento en esta Corporación y en la que hay un situación compleja por la posible erradicación de campamentos-, se ha propuesto la ocupación de unos terrenos, con lo cual la densidad poblacional subiría de 50 a 350 personas por hectárea; o sea, lejos, mucho más de la densidad que, con alarma, ha informado el ministro que existe en Santiago, y que ya es más alta que la de la mayoría de las ciudades del mundo.
También considero que hacer un ordenamiento de la expansión urbana afecta las atribuciones de las municipalidades. Cuando me desempeñé como alcaldesa, solíamos decir que había dos alcaldes: el ministro de Vivienda y el alcalde de la comuna. Ahora, sólo queda uno: el ministro de Vivienda , porque las municipalidades cada vez tienen menos atribuciones en materia de ordenamiento comunal. Es algo que debemos corregir. Ojalá este plan así lo considere.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , comparto lo señalado por el ministro y el diputado Walker . En lo grueso, se trata de cómo crecer, asumiendo los costos reales que ese crecimiento genera. Sin embargo, es preciso analizar por qué este crecimiento es connatural al funcionamiento urbano y reconocer los costos que significa vivir y producir en la ciudad.
La competencia a la que la inserción internacional del país nos obliga, exige como condición alcanzar una alta eficiencia urbana, la que estamos lejos de alcanzar. Nuestras concentraciones urbanas deben tener productividades globales, no sólo para sustentar el mejoramiento de la calidad de vida por la que todos claman, sino, sobre todo, para generar excedentes transables al nivel de lo que logran los países de la Comunidad Europea, los Estados Unidos de América, Corea , etcétera, con los que intentamos complementarnos comercialmente.
El esfuerzo necesario queda de manifiesto si consideramos que hemos establecido tratados de libre comercio con países con una incidencia urbana en la generación del producto interno bruto de, al menos, un 86 por ciento, análoga a la nuestra, en circunstancias de que en los próximos años nuestro producto per cápita difícilmente podrá llegar a los 5 mil dólares, con una muy deficiente distribución social. (Cabe señalar que los países a los que nos referimos ostentan productos per cápita próximos o superiores a los 50 mil dólares, es decir, diez veces mayor que el nuestro). Si nada hacemos para levantar nuestra productividad urbana, no podremos aumentar la calidad de vida de las ciudades, y el comercio con esos países no se dará en términos competitivos, sino de subordinación a los más fuertes y poderosos.
Hoy, nuestra realidad urbana refleja que dos tercios de la inversión física sobre el territorio se localiza en el sistema urbano; el 84 por ciento del empleo y el 86 por ciento del producto interno bruto también son generados por el sistema urbano, y el 85 por ciento de las inversiones urbanas son de decisión privada. El funcionamiento económico de escala, los encadenamientos productivos y la distribución y el consumo de las múltiples actividades urbanas que se verifican en las ciudades, permiten a éstas generar cada vez mayores beneficios a su población en la medida en que ésta y dichas actividades crecen. Este hecho explica el actual crecimiento de las ciudades. Unas cuantas familias en el campo son capaces de generar entre ellas beneficios muy moderados en relación con los que obtendrían al habitar en una ciudad pequeña, la que en la medida en que crece, será capaz de generar beneficios aun mayores a sus habitantes.
Lograr ese óptimo urbano y mantenerlo es el objetivo del urbanismo moderno. Ello se alcanza mediante regulaciones económicas que obliguen a cada sujeto urbano a internalizar la totalidad de los costos correspondientes a los beneficios -bienes y servicios- que obtiene, sea como productor, demandante o consumidor de éstos. A nadie, en su sano juicio, se le ocurriría no optar por ese óptimo, agrandar o achicar el tamaño de la población y de sus actividades urbanas o alterar la configuración de una ciudad, como el paroxismo iluminista del Despotismo Ilustrado llevado adelante por Napoleón III y Catalina la Grande . Si mediante estas regulaciones cada ciudad del sistema urbano del país alcanzara y mantuviera su óptimo, se lograría una situación de equilibrio territorial, donde el tamaño de cada ciudad sería insostenible, correspondiente a su hinterland local, regional o nacional. Si no se tiene una visión actual sobre el desarrollo urbano, compartida mediante consensos, que el país aún no ha alcanzado, sobre su propia realidad urbana, se seguirán enfrentando las respectivas paranoias en torno del crecimiento de Santiago versus el crecimiento del resto de las ciudades del país. Este tipo de enfrentamientos no conduce a ninguna parte. Sí es conducente tomar conciencia de que la ciudad debe crecer para mantenerse viva, no sólo por el crecimiento demográfico, sino por ser un ente económico que necesita una dinámica de crecimiento, de modo que lo que la ciudad produzca sea competitivo en relación con lo que producen otras ciudades y países. Cuando las ciudades decaen en sus ritmos de crecimiento se entra en un terreno artificial, en subsidios y políticas que no son conducentes al objetivo natural del conglomerado urbano.
Quiero referirme muy brevemente a la planificación urbana y a la forma de encarar la situación actual.
La forma de crear y sostener un orden en un sistema económico de mercado no es mediante la planificación, sino usando las regulaciones de su funcionamiento, socialmente consensuadas para garantizar la competencia que éste supone, de manera que genere efectivamente beneficios a toda la población, los cuales hoy no llegan ni siquiera al 20 por ciento de las personas afectadas por la pobreza. Por eso, las ideas de justicia y equidad social ameritan esas regulaciones.
La equidad no debe ser entendida como la simple igualdad para competir en el mercado, idea que los neoliberales nos han estado vendiendo con demasiado éxito, sino como la obligación del Estado de concurrir con las prestaciones requeridas para superar la marginalidad social que conlleva la situación de pobreza.
Las regulaciones urbanas ya enumeradas y las modificaciones del plano regulador metropolitano de Santiago y de la ordenanza general de Urbanismo y Construcciones, obedecen a estos conceptos que he intentado señalar. Obviamente, éstas no son debatibles si no existe un mínimo consenso respecto de sus objetivos.
Si consideramos que, de acuerdo al Censo de 2002, durante los últimos diez años Santiago tuvo un crecimiento bruto de 800 mil 322 habitantes, lo que da un promedio anual de 80 mil 33 habitantes, según la densidad propuesta por el plano regulador metropolitano de Santiago, que es de 150 habitantes por hectárea, requeriríamos de 533 hectáreas por año para ubicar a esos 80 mil 33 habitantes, que corresponden al crecimiento vegetativo bruto, más las migraciones.
¿Cuál debería ser la oferta bruta anual de suelos, de acuerdo a una hipótesis competitiva? Densificar áreas urbanizadas consolidadas, es decir, de renovación urbana. Supongamos que pudiéramos ubicar a un cuarto de esa mayor población, 20 mil habitantes, en esas áreas urbanizadas, que tienen 300 habitantes por hectárea como norma, eso demandaría 66,6 hectáreas al año. Si utilizáramos áreas urbanizadas ociosas, eriazas -mencionadas por algunos parlamentarios- para ubicar a otros 20 mil habitantes, considerando un promedio de 200 habitantes por hectárea, requeriríamos 100 de esas hectáreas ociosas al año. Por último, si construyéramos para otros 20 mil habitantes en áreas urbanizables o de expansión urbana que hoy existen al interior del límite urbano, con un promedio de 150 habitantes por hectárea, que es lo que determina el plan regulador, necesitaríamos otras 133 hectáreas al año. Aun así, con cargo a esas áreas de desarrollo urbano condicionado, para ubicar a los 20 mil restantes, con un promedio de 85 habitantes por hectárea, necesitaríamos 235 hectáreas al año, completando de esa forma las 533 que, teóricamente, requeriríamos urbanizar anualmente para satisfacer la demanda bruta.
¿Cuál es la disponibilidad potencial de suelo en la Región Metropolitana? En sitios eriazos hay, aproximadamente, 6 mil hectáreas. Si las dividiéramos por las 100 hectáreas al año que necesitaríamos para ubicar a ese porcentaje de habitantes, necesitaríamos 60 años para ocuparlas en su totalidad.
En expansión urbana tenemos, más o menos, 10 mil 519 hectáreas. A 133 hectáreas por año, nos demandaría más de 70 años terminar de ocuparlas con 20 mil habitantes. Por su parte, la Zoduc, que comprende aproximadamente 80 mil hectáreas, con 235 hectáreas por año, necesitaría un número superior a los 200 años para ser ocupada completamente. Esto indica que no hay que espantarse con la idea de ir incorporando suelo urbano. Es una nueva manera de ocupar la ciudad que permite, efectivamente, asumir todos los costos y, además, mantener la necesaria heterogeneidad social, porque una vez que ésta se quiebra se produce lo que hoy está sucediendo en la ciudad: cuando queremos integrar a quienes antes hemos desintegrado, es prácticamente imposible y generamos una guerra. Tratemos de construir una ciudad armónica. Lo que propone el Ministerio de Vivienda es exactamente la solución.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la honorable diputada Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , considerando que hemos sido convocados para discutir la modificación del plano regulador metropolitano de Santiago, quiero decir algunas cosas.
El diagnóstico escuchado en la Sala por todos los colegas es que el área urbana de Santiago ha crecido a una tasa promedio superior a las 1.200 hectáreas por año, sin considerar las correspondientes a parcelas de agrado y ocupaciones irregulares. Pero poco se ha dicho todavía en cuanto a que esta expansión ha sido caótica, poco transparente, oscura y absolutamente discrecional.
Por eso, aun cuando podemos tener muchas diferencias, sobre todo en algunas políticas en materia de vivienda social, tengo que estar de acuerdo con el ministro de Vivienda , por varias razones. Primero, el hecho de que tal expansión haya sido caótica, irregular, oscura, poco transparente y discrecional ha sido la causa, entre otras, de que nuestra ciudad haya crecido inversamente, es decir, sin generar la infraestructura necesaria. Segundo, esto ha tenido un impacto negativo en las redes de transporte público. Tercero, se han formado verdaderos guetos de personas de escasos recursos que se han instalado en terrenos periféricos, con lo cual se ha creado un efecto contrario a lo que queremos como política de Estado, que es la integración social. Cuarto, se ha producido un alza artificial en los precios del suelo. Es así como cada cierto tiempo vemos cómo algunos inescrupulosos crean falsas expectativas respecto de la especulación que se podría hacer con esos terrenos destinados a uso urbano. Por último, las personas han emigrado del centro de la capital a las comunas periféricas, lo que ha imposibilitado que lleguen nuevos inversionistas a esas comunas para solucionar definitivamente su problema de pobreza.
La ley general de Urbanismo y Construcciones permite realizar la planificación intercomunal y la modificación de los límites urbanos, por lo cual fija “normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente”. ¿Qué se nos plantea hoy? Más que una serie de cambios y modificaciones, aplicar criterios y fijar políticas claras, de manera que estas condiciones y acciones previas sirvan para aprobar cambios en los límites urbanos y crear nuevas áreas urbanas conforme a la ley.
Esta propuesta contiene una serie de aspectos, entre los cuales quisiera destacar los siguientes: se establecen reglas que permiten incorporar a la Región Metropolitana nuevas áreas urbanas de calidad; se termina con la discrecionalidad y la falta de transparencia en los cambios de uso de suelo, para lo cual se fijan condiciones para aprobar las nuevas zonas gestionadas por privados; se crea un sistema de manejo del crecimiento urbano y se fija una norma objetiva y transparente por la ampliación del suelo urbano. Finalmente -es uno de los puntos más importantes en el cual quiero poner énfasis-, se incorpora a los alcaldes y a los concejos a la aprobación previa de las nuevas áreas, que, posteriormente, deberán ser aprobadas por el Core. Hoy los municipios sólo pueden emitir sus opiniones, pero ellas no son vinculantes. De manera que para quienes creemos que los municipios deben tener una voz decisoria al respecto -somos una gran mayoría-, nos parece relevante que su opinión sea vinculante.
Otra materia a la cual quiero referirme, mencionada por la diputada Caraball y por el diputado Hales , dice relación con la integración de las viviendas con subsidio. El ministro ha dicho que entre un 30 y un 40 por ciento de estas viviendas se incorporarán en las modificaciones del plano regulador. También sería deseable, por cierto, que se fijara un porcentaje para las áreas verdes. Este es un punto en el cual debiéramos avanzar en algún minuto, de modo que quede establecido por la norma.
Lo que hemos visto esta tarde está relacionado con un tema muy de fondo: ¿Pueden crecer ciudades como las nuestras? Definitivamente, sí. Lo importante es que crezcan sin que sus habitantes resulten perjudicados; pero a estas alturas de la discusión ya se habla, por ejemplo, de contaminación. Ésta dependerá de si se construye con alta o baja densidad. Cuando existe alta densidad, por cierto, las vías de acceso y de salida están mucho más atochadas y, por ende, mucho más contaminadas. Por tanto, cuando hablamos de expansión, debemos saber a qué nos estamos refiriendo: si a una expansión horizontal o a una densidad vertical.
No es casualidad que quienes integramos la Comisión de Vivienda -con esto concluyo: se me quedaron varias cosas en el tintero, pero el señor Presidente me está indicando que debo terminar- estemos por aprobar estas modificaciones al plano regulador de la Región Metropolitana , siempre que existan formalidades, procedimientos claros y normas específicas que permitan que exista un rayado de cancha claro, tanto para los usuarios como para quienes invierten en las zonas de expansión urbana.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos y medio, el diputado Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , tengo una serie de documentos, y lamento que no se haya podido proyectar el plano regulador metropolitano para que los colegas se dieran cuenta de qué estamos hablando, porque muchas veces se escucha echando a volar la imaginación.
Hace algunos días, la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara, de diversas tendencias políticas, envió un oficio al intendente metropolitano, a fin de hacerle presente su oposición a la referida expansión urbana.
No quiero mezclar las cosas; pero no puedo dejar de vincular esta modificación al plano regulador metropolitano de Santiago , que tiene que ver con la urbanización condicionada, con las modificaciones a la ley general de Urbanismo y Construcción, que se relaciona, precisamente, con su artículo 55, que fija, en cierto modo, la política urbana rural y los límites urbanos. Por lo tanto, creo que son cosas distintas, pero que están íntimamente relacionadas.
Aquí tengo una carta del ministro de Agricultura , de fecha 12 de noviembre, en la cual, a través del ministro Secretario General de la Presidencia , le plantea su extrañeza al ministro de Vivienda , porque la forma en que debería abordarse el tema del suelo en Chile no se ajusta a lo consensuado. Dice que se recibe una nueva versión, lo que, inexplicablemente y en forma inconsulta, se aparta en la materia de interés por esa secretaría de Estado -me refiero al Ministerio de Agricultura, por supuesto-, de la versión consensuada. Los aspectos de la nueva versión que difieren de la anterior y le merecen reparos a ese ministerio son los siguientes, etcétera. Hay una serie de aspectos que merecen reparos, pero quiero detenerme en uno: la visión que sobre planificación territorial tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es absolutamente urbanísti
ca -perdonen el juego de palabras- y no de planificación del territorio.
El ministro de Agricultura le plantea al ministro de Vivienda que, para abordarlo en forma equilibrada, el tema debe ser analizado en forma multisectoral, y no simplemente con criterios de Agricultura o de Vivienda. Posteriormente, se analiza una serie de cuestiones. Pero vuelvo al tema relacionado con el polémico intento de expandir Santiago y con la forma en que se ha llevado a cabo: sin respetar la ley N° 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente. El Ministerio de Vivienda ingresa a la Conama una simple declaración de impacto ambiental...
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señor diputado ? Le queda medio minuto.
El señor SÁNCHEZ.-
... y no, como debería ser, un estudio de impacto ambiental. Cuando hablamos de las 88 mil hectáreas que involucran este proyecto, no podemos ser tan descuidados.
Tenía cosas muy importantes que decir, pero no podré hacerlo por falta de tiempo.
En 450 años, Santiago ha crecido 65 mil hectáreas, y de una plumada se le quieren agregar 88 mil hectáreas más. Se puede decir que habrá un equipamiento especial, que los privados asumirán los costos; pero cuando tenemos una mancha como la que aparece en este mapa y un pequeño villorrio...
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Diputado Sánchez , ha sobrepasado con creces su tiempo.
El señor SÁNCHEZ.-
Perdóneme, señor Presidente , pero quisiera que tuviera la misma tolerancia que con todos los que han intervenido. A mí ni siquiera se me ha permitido exhibir un mapa aquí.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
A todos les he señalado el tiempo que les corresponde, señor diputado.
El señor SÁNCHEZ.-
Termino en un minuto, señor Presidente.
Inevitablemente, se producirá una conurbación entre un villorrio y una ciudad grande como Santiago, porque se creará la necesidad de invertir en infraestructura, en carreteras y en un montón de otras cosas que no hará el privado. Recordemos lo que pasó en Chacabuco con Colina, Lampa y Tiltil, y no comulguemos con ruedas de carreta.
Felicito al ministro Ravinet por la remodelación urbana y otras medidas que ha tomado. Las considero estupendas, muy buenas; pero, en esa misma lógica, no entiendo esta propuesta, que va en la dirección contraria.
Termino parafraseando al jefe indio Seatlle en la carta que mandó a Franklin Pierce, Presidente de Estados Unidos, en el siglo XIX: como soy salvaje, no puedo entender lo que trata de hacer.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , acostumbro señalar al inicio de cada intervención de cuánto tiempo dispone quien interviene, y, con a lo menos medio minuto de anticipación, le digo cuándo debe terminar. El tiempo lo asignan las distintas bancadas y no la Mesa.
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , este debate ha resultado revelador e importante, porque la transversalidad en el apoyo que ha recibido la propuesta del ministro es amplia y clara. No sé si se debe a los méritos personales del señor Ravinet , quien, sin duda, desarrolló una gran tarea en la muni
cipalidad de Santiago y ahora en el Ministerio de Vivienda, o porque existe un convencimiento cabal al respecto.
La diputada Caraball dice que el crecimiento de Santiago es connatural; los diputados Walker y Hales y la diputada Lily Pérez piensan que Santiago puede crecer. Sí, puede crecer; pero ¿estamos en condiciones de afirmar tan livianamente, en mi opinión, que Santiago puede seguir creciendo y expandiéndose horizontalmente?
Dos comisiones investigadoras del plan de contaminación de Santiago -que me correspondió dirigir en mi calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente - que contaron con la participación de representantes de las universidades Católica y de Chile y de otros sectores, concluyeron que Santiago está saturado y que se debería congelar definitivamente su crecimiento, no sólo por el grado de contaminación existente, sino, además, porque vamos a tener una megaciudad que día a día se hará más invivible.
A estas alturas, no se pueden detener los errores en que se ha incurrido en esta materia en Ciudad de México, pero sí se pueden evitar en Santiago, para lo cual antes cabe preguntarse si se generará una política de suelo, de crecimiento urbano, que no existe.
En un oficio que tengo en mis manos, el ministro de Agricultura se expresa en forma muy dura y fuerte, no sobre la reforma y el Core, sino sobre el proyecto que modifica la ley de Urbanismo y Construcción. Su posición difiere en 180 grados de la del ministro de Vivienda . El ministro Campos no sólo rechaza determinantemente la propuesta del ministro de Vivienda , quien asigna grandes poderes a esa cartera, por sobre los del Ministerio de Agricultura, sino que determina que, en la práctica, el Ministerio de Vivienda estará regulando el uso de todo el territorio nacional y sin contrapeso alguno. Además, señala claramente que le han cambiado las reglas del juego, porque el proyecto, que no conozco, permite, en definitiva, el crecimiento irracional de la ciudad hacia terrenos agrícolas, con una amplia capacidad de decisión del Ministerio de Vivienda.
En esta sesión de interpelación -es así-, en verdad, no estamos discutiendo un proyecto de ley, porque no tenemos capacidad para cambiar el estado de las cosas. Estamos tratando de hacer un debate, a posteriori, como siempre, para decirle al Presidente de la República que la Cámara de Diputados opina en tal o cual sentido.
Ha habido poca seriedad en esto, porque el Partido Socialista no ha discutido este tema. Las opiniones que se han vertido aquí, como la mía, han sido más bien a título personal. El PPD sólo lo discutió en su comisión política, y entiendo que ésa es la opinión oficial del partido. No sé si la opinión del diputado Walker y de la diputada Caraball obedecen a decisiones de la Democracia Cristiana.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Le queda medio minuto, diputado Navarro .
El señor NAVARRO.-
En verdad, no veo la necesidad urgente de llevar adelante un programa como éste sin que antes se modifique la ley general de Urbanismo y Construcción para generar una política de uso de suelo urbano de extensión de Santiago.
Los diputados de regiones no deben tener un doble discurso. Deben salvaguardar el crecimiento de las regiones e impedir la expansión de Santiago. Realmente, lo lamento por aquellos que estén por su crecimiento.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , han sido muy ilustrativos los antecedentes aportados por el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales y por otros colegas respecto de las medidas adoptadas frente al tema. Sin embargo, debemos destacar qué sucede en nuestro país.
Mucho se habla de la regionalización y del combate al centralismo. No obstante, las medidas que se adoptan apuntan en sentido absolutamente contrario.
Los antecedentes han sido muy bien explicados. Podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero debemos preguntarnos qué está pasando en nuestro país.
El 40 por ciento del total de habitantes del país vive en la Región Metropolitana, que representa una superficie equivalente al 2 por ciento del espacio físico de aquel. Ése es el problema, que trae consigo una serie de otras dificultades.
Cuesta vivir en Santiago. No es una ciudad amigable. Tiene problemas de contaminación, de congestión y de delincuencia. Son muchos los problemas, y las señales que se dan no van en la dirección correcta.
Días atrás recibí una comunicación de la corporación para la regionalización del Biobío, conformada por personas que desde hace años están preocupadas de la regionalización y la descentralización. En la nota, Claudio Lapostol cita algunos ejemplos concretos que ilustran cómo en el país no se impulsan la descentralización ni la regionalización. Entre ellos está la expansión irracional de Santiago, que ha sido fuertemente impulsada por el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales a pesar de la oposición de los especialistas en la materia.
Según los antecedentes, dos tercios de los recursos del Programa Bicentenario se gastan en Santiago. ¿Tiene eso algún sentido? ¿No sería mucho más razonable focalizarlos en educación, salud, seguridad ciudadana, capacitación y en apoyar el desarrollo de las regiones extremas e Isla de Pascua?
El Portal del Bicentenario pretende crear una ciudad en los terrenos que hoy ocupa el aeropuerto de Cerrillos, lo que obligaría a construir otro aeropuerto alternativo -se señala que sería en Buin-. Sin embargo, ello no resiste análisis alguno frente a las reales necesidades del país.
Además, la nota agrega que se han gastado más de 2 mil millones de dólares en la construcción de líneas del Metro, con la agravante de que si se cobrara el costo real por pasaje, éste debería ascender a una cifra de aproximadamente entre 1,5 y 2 dólares. La opinión de la mayor parte de los expertos y la experiencia de ciudades como Curitiba y Bogotá demuestran que existen otras alternativas.
Asimismo, señala que el Gobierno ha sostenido que la inversión en infraestructura vial de Santiago, por más de 2 mil millones de dólares, deberá ser financiada por los usuarios, a través del pago de peajes, lo que parece no ser realista.
Por ejemplo, la inversión en la Costanera Norte es de aproximadamente 480 millones de dólares, de los cuales el Estado bonificará 120 millones de dólares, es decir, el 25 por ciento de la inversión.
¿Qué quiero decir con esto? Que se está dando un paso importante para revertir la situación de anarquía que se ha producido en Santiago, debido a su expansión a niveles increíbles. De hecho, hace algunos años escuché que la ciudad de Nueva York cabía nueve veces en la superficie de Santiago, debido a la expansión irracional de nuestra capital.
Las correcciones efectuadas no arreglan el problema de fondo: un país con una cabeza gigantesca, la Región Metropolitana, en perjuicio de las regiones.
Las grandes inversiones que se efectúan para dar movilidad al gran monstruo que es Santiago, en definitiva, las terminan pagando las regiones. Por más que se diga que corresponden a la actividad privada, se sigue creando centralismo, porque todo el mundo se quiere venir a la gran ciudad. ¡Si está todo centralizado!
Una situación irracional: en el cierre de los informativos de la televisión se presentan los dígitos de las patentes de los vehículos que no podrán circular al día siguiente. Son sólo para la Región Metropolitana, pero los muestran a todo Chile.
Indudablemente, se está dando un paso ordenador. Está bien, y felicito al señor ministro por las medidas en ese sentido. Sin embargo, no hay señales claras de que en las regiones se vayan a hacer inversiones del Estado. Como bien han dicho algunos diputados, las grandes inversiones viales están en Santiago, y el Metro ha consumido cifras inmensas.
Por lo tanto, reconozco que se está ordenando la expansión de Santiago, pero la señal que se da a las regiones no es adecuada. Mucho se habla de descentralización y regionalismo, pero las medidas que se toman van en sentido contrario.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz por cuatro minutos.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , en esta oportunidad, hemos sido convocados para tratar la expansión urbana de Santiago.
Soy uno de los cuatro diputados de Renovación Nacional que representa a la Región Metropolitana, y me preocupa la expansión urbana de Santiago. Si dependiera de mí, la paralizaría, pero debemos opinar sobre los hechos y no contra los hechos.
Es un hecho que Santiago crece y seguirá creciendo; es un hecho que, hasta ahora, los alcaldes no pueden oponerse a que los suelos agrícolas de sus comunas se conviertan en terrenos de construcción de viviendas; es un hecho que ahora, para ampliar Santiago , se requerirá el acuerdo no sólo del alcalde, sino también de la mayoría del concejo comunal.
En Pirque, el laborioso y ejemplar empresario Jorge Fontaine Aldunate vendió, hace algunos años, a un importante grupo económico malasio, algunas hectáreas en el sector de El Principal para desarrollar un gran proyecto urbano. El proyecto se paralizó y la inversión quedó en statu quo; permanece así por años. ¿Qué confianza podrán tener inversionistas extranjeros en estas condiciones?
En La Pintana hay trescientas hectáreas agrícolas de propiedad del Inia y trescientas hectáreas de propiedad de la Universidad de Chile. Tiempo atrás, un ex ministro llegó a promover el desarrollo de un proyecto inmobiliario. El municipio se opuso, pero estuvo a punto de llevarse a cabo, aun a espaldas de la voluntad municipal, porque los municipios no tenían facultad para oponerse.
Santiago crecerá de todas maneras, nos guste o no. Todos los días le digo a mi hijo José Tomás , de cinco años, que no crezca más, porque después no voy a poder seguir regalonéandolo; pero eso no impide que siga creciendo.
Frente al crecimiento de Santiago, tenemos dos alternativas: o asumimos con decisión y coraje la dirección de ese crecimiento, participando activamente en él y orientándolo en la dirección que deseamos, o bien nos transformamos en meros espectadores de ese crecimiento y dejamos que la ciudad crezca en forma incoherente y desordenada. Entre ambas alternativas, prefiero estar en la cancha y jugar el partido, no quedarme en la galería observando, como un mero espectador, el crecimiento de Santiago.
Por lo tanto, apoyo al Gobierno en esta materia, para que Santiago no se transforme en un monstruo deforme e incontrolable.
No me preocupa quiénes son los dueños de los terrenos que se beneficiarán con la expansión urbana de Santiago, sino participar en la orientación del desarrollo de los proyectos inmobiliarios.
Aquí está muy claro que aprobar la propuesta del Gobierno significa entregar al municipio y al alcalde la facultad de aprobar o de rechazar la expansión urbana de Santiago. Votar a favor significa permitir que el alcalde y la municipalidad participen en las decisiones que se tomen sobre la materia.
Si queremos ayudar a las regiones, de una vez por todas las empresas que laboran en ellas deben tributar en las mismas y no en Santiago, porque la producción procede de las regiones, pero los impuestos se pagan en Santiago. En esa forma se ayuda a las regiones, y no votando en contra un proyecto como éste.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , este proyecto me produce sentimientos encontrados. Felicito al Ministerio por ordenar la casa y el crecimiento de la Región Metropolitana; pero, asimismo, llamo la atención al Gobierno, porque el mismo interés para ordenar a la Región Metropolitana, no lo pone en dar equidad al crecimiento de las regiones.
Para un inversionista no es indiferente invertir en Santiago respecto de hacerlo en cualquier otra región. El Gobierno y el Ministerio de Hacienda están en deuda con las regiones, en cuanto a presentar un proyecto de ordenamiento de inversiones. Desde ese punto de vista, a todos los parlamentarios nos parece adecuado que el Ministerio ordene la casa, Santiago , para que crezca en forma planificada; pero ello también significa un costo país que pagan las regiones. Por eso -reitero- llamo la atención al Gobierno, porque no pone el mismo empeño en las regiones. En la medida en que se sigan atrayendo inversiones productivas, se construyan más líneas del Metro en Santiago, etcétera, las regiones se mantendrán sin posibilidades de desarrollo y de competencia.
Hago un llamado al Gobierno en orden a otorgar equidad en el desarrollo, en el crecimiento y en la presentación de iniciativas que permitan también el surgimiento de las regiones.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por seis minutos, el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , no puedo dejar de mencionar -porque en ocasiones no se entiende así- que la Región Metropolitana es una más de Chile. A veces, cuando se habla de regiones, pareciera que se alude a lugares distintos de una región como la nuestra, que congrega al 40 por ciento de los habitantes del país, es pilar importante del desarrollo y su capital presenta las externalidades positivas y negativas propias de una ciudad que crece a razón de ciento cincuenta mil personas por año.
Me tocó vivir directamente la experiencia de la anexión de la provincia de Chacabuco al plano intercomunal de Santiago y de desarrollar las zonas condicionadas en ese lugar. De esa experiencia, sin duda, surgieron aspectos positivos y negativos, algunos de los cuales mencionaron la diputada Lily Pérez y otros parlamentarios. A mi juicio, ahí surgió la evidencia empírica acerca de la necesidad de generar un mejor ordenamiento. En ese sentido, el instrumento que hoy se plantea apunta en la dirección correcta. De esa experiencia surgen algunos planteamientos que es preciso mencionar.
Hay algunas propuestas en favor de detener el crecimiento de la Región Metropolitana. Creo que la solución no va por prohibir el crecimiento, sino por encauzarlo y solucionar los problemas que se derivan de él. No podemos tapar el sol con la mano: la ciudad crece; los nacimientos aumentan. Además, las necesidades de transporte y de oportunidades de trabajo y la contaminación no las podemos controlar o congelar en el tiempo. Insisto en que este instrumento apunta en la dirección adecuada, porque tiene la virtud de hacerse cargo de esos problemas y de buscar la forma adecuada para encauzarlos, de común acuerdo con los municipios.
Recuerdo que uno de los puntos que más se discutió en el Consejo Regional era cómo dar facultades para que los alcaldes aprobaran las zonas de desarrollo urbano condicionado. En adelante, los alcaldes y concejales tendrán un rol muy importante, por cuanto deberán aprobar o rechazar muchos aspectos relacionados con dichas zonas. Fíjense en el concepto de “zona de desarrollo urbano condicionado”. Es muy importante, porque no significa, por ejemplo, que se liberen 90 mil hectáreas para que cualquiera haga lo que desea. Quienes en algún momento deseen generar una utilidad fácil, o “hacerse una pasada” como se dice en el ambiente económico, no podrán hacerlo tan cómodamente, por cuanto deberán cumplir con determinadas condiciones. Al respecto, justamente varias de esas condiciones nos preocupan, como que la zona debe ser autosustentable, generar las mitigaciones necesarias, etcétera. He podido ver en Chacabuco los aportes que ha debido hacer el sector privado en materia de infraestructura, de carreteras, etcétera. Se trata de inversiones importantes, de varios millones de dólares, para generar accesos y salidas en una zona muy concentrada y con dificultades. El cumplimiento de esas condiciones, entre las cuales figura el aspecto social en relación con la entrega de alternativas habitacionales a quienes no las tienen, permitirá que el desarrollo inarmónico, poco transparente y no bien planificado que se ha hecho en el pasado en Santiago, se haga en el futuro en buena forma.
Entonces, ¿a qué nos oponemos? ¿A un instrumento de regulación que debe cumplir con una serie de condiciones y decimos: “Congelemos”? Esa no es la realidad. La presión de la demanda es la que generará la oferta; pero es importante que dicha oferta se realice de manera adecuada.
Se habla de centralización y de descentralización; de señales inadecuadas. ¡Por favor! ¡Si la Región Metropolitana, con su propio crecimiento demográfico natural, ya tiene hartos problemas! No seamos ingenuos: los incentivos en beneficio de las regiones no se dan a través de una política urbana, sino de beneficios tributarios, de generación de empleos, de fortalecimiento de la educación -y de desarrollo rural, para el 15 por ciento de los chilenos que vive en esos sectores-. No porque su ciudad se expanda va a dejar de venirse gente a la Región Metropolitana; no puede decirse que ello sea una política de descentralización. Déjennos en nuestra región, que también podrá solucionar sus problemas y hacer las inversiones que el país necesita. Critican los mil millones de dólares para el Metro. ¿Qué quieren? ¿Que nuestra gente siga demorando cuatro o cinco horas en trasladarse de un lugar a otro? Entonces, esta visión centralizada de algunos, en cuanto a que aquí no se hace lo mismo que en regiones, a mi modo de ver obedece a un aaspecto más amplio que el hecho de que esta decisión condicionada va a permitir la expansión de la ciudad. Soy ferviente partidario de ella, porque, además, a los sectores más desposeídos les conviene. Nos toca vivir diariamente el drama de miles de familias. Hasta hace poco, teníamos muchos campamentos en la Región Metropolitana. Sin embargo, gracias a los programas Chile Barrio o de erradicación de familias de campamentos, hemos podido entregar soluciones habitacionales, como lo ocurrido en Lampa, en Colina, en Maipú, en zonas que antes no tenían alternativas. A esa gente hay que darle y, obviamente, eso es parte de lo que esta medida permitirá. Dicen: “No, no hay que crecer más; es como una mancha de aceite. Crezcamos hacia adentro”. ¿Saben lo que pasa cuando se crece hacia adentro? Se encarece el valor del suelo y cada vez es más difícil para los sectores más pobres y medios acceder a una vivienda.
Dicen que esto traerá más contaminación. Mayor contaminación se produce cuando hay más tacos y los vehículos están detenidos en funcionamiento por más tiempo, no cuando éstos se desplazan hacia las ciudades.
Creo que este instrumento de planificación tiene la gracia de que impedirá, por ejemplo, la repetición de los errores que se cometieron en el plan Chacabuco. Asimismo, permitirá ordenar y condicionar ese desarrollo, y fortalecer las facultades de los alcaldes y concejales para disponer la aplicación de las mitigaciones y acciones que antaño no se exigían a los inversionistas.
En mi opinión, todos esos elementos son prioritarios y deben generar mejores condiciones de vida.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , acá nadie quiere presentar una visión maniquea.
Escuché con atención al ministro Ravinet y es cierto que hay que decirle varios sí, tanto por el plan de densificación de Santiago como por el subsidio de renovación urbana y la recuperación de viviendas en mal estado. Sin embargo -como bien decían los diputados de la Comisión de Agricultura-, genera desconfianza -no en las personas, menos en el ministro - el hecho de que en estos planes condicionados hablemos de noventa mil hectáreas.
La experiencia comparada, aunque hoy hemos escuchado todo tipo de interpretaciones, demuestra que los países desarrollados avanzan en otras direcciones, por ejemplo, hacia cinturones verdes, densificación o redes de ciudades satélites. Cuando el ministro dijo que la ciudad de Santiago había crecido poco, pero que el resto de la Región Metropolitana lo habría hecho por sobre el promedio nacional, le retruqué su argumentación y le dije que ello era bueno, porque significaba que en algo estaban funcionando los instrumentos de planificación. Si Buin, Paine , Melipilla , Til Til o Talagante crecen por sobre el promedio de Santiago , eso habla bien, porque es la lógica de constructo. En nuestra región padecimos un constructo del Ministerio de Vivienda. A mediados de los 90, a dicho Ministerio se le ocurrió que había que hacer aldeas para la vivienda rural. Construyó una en Codegua, al lado de la carretera, con todo el equipamiento necesario, en vez de aprovechar el crecimiento del pueblo, con iglesias, plazas, espacios públicos, escuelas, consultorios, y generar, de manera adecuada, el fortalecimiento de una red de ciudades, pueblos o villorrios, como alguien dijo casi despectivamente hace un momento.
Para la propia Región Metropolitana, como dice el diputado Melero , es distinto abordar un proyecto razonable, como recuperar el tren a Melipilla o a Til Til, y crecer moderadamente. Se dice que no conviene un crecimiento moderado, porque puede encarecer la vivienda social; pero aquí nuevamente estamos aplicando mal los instrumentos, porque está claro, no sólo en el Gran Santiago, sino en todo el país, que, por no asumir una política estatal, en el sentido de buscar prioridades y financiamientos para invertir más en calidad de suelos urbanizados, para la vivienda social, cerca de centros urbanos, hemos generado villorrios rurales o poblaciones desconectadas de las zonas consolidadas, que son las que han provocado daños ambientales severos.
Por tanto, para que esto no sea un diálogo de sordos, habría que pedir que el Gobierno evaluara la forma de moderar el procedimiento. Si se habla de mil hectáreas al año, por qué no generar una autoridad urbana categórica entre el alcalde, el Consejo Regional y el Ministerio de Vivienda, instancias que han tenido encuentros y desencuentros. Como no somos reformistas y Santiago es la única ciudad de América Latina que no tiene un alcalde mayor, un gobierno metropolitano electo -hasta el Partido Revolucionario Institucional, Pri, lo permitió en México-, porque no hemos querido, por qué no generamos una autoridad ambiental que asegure crecimientos moderados en esta red de ciudades en torno de Santiago, de manera de contar con una oferta razonable en urbe a escala humana. No queremos que Santiago sea como Los Ángeles: una red de segregación, de carreteras, etcétera. Aquí se dice que habría integración, por el 40 por ciento de viviendas subsidiadas; pero, como ya lo estamos viendo, siempre podemos terminar con una ciudad copada, por ejemplo, por todos los costados de la carretera hasta el túnel Zapata o hasta Buin. No es el tipo de ciudad que quiere el país ni tampoco la que desean los santiaguinos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Robles.
El señor ROBLES .-
Señora Presidenta , la modificación del plan regulador metropolitano de Santiago para crear zonas de desarrollo urbano condicionado, por parte del Ministerio de Vivienda, tiene como objetivo fundamental avanzar en la solución de un problema que hoy tiene esa ciudad. Su población aumenta en doscientas mil personas cada año, cien mil como consecuencia del aumento vegetativo de su población y otras cien mil que provienen de territorios rurales o de otras regiones. Evidentemente, Santiago está creciendo desarmónicamente. La actual ley permite modificar los límites urbanos y entrega al seremi de la Vivienda autorización para proponer los cambios de dichos límites al Consejo Regional Metropolitano. Por lo tanto, dicho Consejo, en cualquier momento, puede entregar su autorización para que Santiago crezca sin ningún tipo de control. Por lo tanto, cuando se ve el crecimiento desarmónico, de la ciudad capital del país, uno se pregunta si detrás de ello hay una política a fin de buscar solución a este problema.
Me de alegro de que el Ministerio de Vivienda comience, en forma efectiva, a plantear una propuesta con un objetivo de política urbana y pública en Santiago, que me gustaría que se expandiera al resto del país. Cuando se observan las políticas que se introducen con el objetivo de solucionar el problema, se destacan varios puntos.
Primero, planificación condicionada; es decir, vamos a planificar la ciudad, pero condicionaremos este crecimiento a factores técnicos que impidan que crezca desarmónicamente, para que se cree ciudad en forma global: con vialidad, con evaluación ambiental, con centros de apoyo al ciudadano en cuanto a colegios, infraestructura sanitaria, etcétera. Se trata de implementar una política que incluya transparencia normativa, para que la gente sepa lo que va a ocurrir en el futuro, en Santiago, en cuanto a crecimiento urbano, y para que las condiciones se conozcan de antemano.
Además, se debe incluir al sector privado en la responsabilidad de ejecutar las acciones financieras para desarrollar ciudad y que no siga siendo el Estado el que financie los proyectos urbanos de los privados. Si se entregan recursos para financiar vialidad y equipamiento a nuevos desarrollos urbanos, estamos haciendo inversión del Estado, del resto del país, que debiera beneficiar a todos los chilenos, para potenciar un área de desarrollo en Santiago.
Cuando se observa que los objetivos de la política urbana del Ministerio de Vivienda van en el camino correcto, se tiende a decir, evidentemente, que se debe apoyar este tipo de planteamientos.
Por otro lado, en este sentido, ¿qué se exige ahora a las empresas que quieran financiarse? Primero, se les exige que hagan estudios de evaluación de impacto ambiental. Hoy sólo basta una declaración. Se les va a pedir que efectúen estudios de evaluación de impacto y que hagan planes maestros urbanos en los cuales se incorpore todo lo que significa desarrollo urbano: establecimientos escolares, vías alternativas de evacuación de la gente, lugares para entregar atención de salud pública, comercio, etcétera. En resumen, lo que se les pide es que desarrollen compromisos de mitigación en áreas específicas para la agricultura; es decir, se les pide y exige que cumplan una serie de requisitos antes de presentar el proyecto.
¿Qué no ocurre? Cuando estudié este proyecto pensaba que Santiago se expandía. Pero en verdad no es así. Lo único que se señala es que, para poder aumentar el límite urbano actual de Santiago, se requieren ciertas premisas y condiciones que ha incorporado el Ministerio. No aumentarán las hectáreas para Santiago, porque no se modifica el límite urbano, y no se busca beneficiar a ningún propietario de suelo particular, porque las condiciones del emprendimiento privado están fijadas de antemano.
Por lo tanto, se percibe que este proyecto va en el camino adecuado. Me gustaría que esto no solamente quedara en resoluciones que pudieran ser modificadas por el Core de Santiago, sino que, ojalá, implicara un cambio en la ley general de Urbanismo y Construcciones, que efectivamente incorporara esta política a todo el país.
El 42 por ciento de la población chilena vive en el 2 por ciento del territorio nacional. Los gastos de inversión que se deben hacer con ese porcentaje de chilenos son altísimos. La construcción de la línea del Metro que va desde Plaza Italia a Puente Alto implica mil millones de dólares, con los cuales podrían crearse grandes obras en el resto del país, para mejorar la calidad de vida de los demás ciudadanos de Chile.
Para aumentar el desarrollo de las regiones debemos crear incentivos para fomentar la inversión fuera de Santiago y de la Región Metropolitana y para disminuir su concentración poblacional, los que podrían ser pecuniarios, que generaran mejor calidad de vida para la gente que se vaya a las regiones. Estos incentivos deben apuntar en la dirección correcta, en el sentido de que las regiones puedan desarrollar sus inversiones, pero sin limitar el desarrollo urbano de otras ciudades.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para empalmar esta sesión con la que sigue a las 18.30, pues, por un lado, el ministro tiene atención preferente y ocupará su tiempo para hablar y, por el otro, al diputado señor Barros le quedan cuatro minutos.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta , pido la palabra.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , son dos sesiones con temas diferentes.
Ahora, lo que se puede hacer para solucionar esta situación es solicitar la unanimidad de la Sala para que la próxima sesión comience media hora más tarde de lo previsto. Yo, personalmente, no voy a dar la unanimidad para empalmar las dos sesiones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
¿Habría acuerdo de la Sala para que la próxima sesión comience a las 18.45 horas?
Acordado.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor RAVINET ( ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señora Presidenta , no tengo ningún problema en que el diputado Barros haga uso de la palabra antes que yo.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Barros.
El señor BARROS.-
Señora Presidenta , valoro el hecho de que se pretenda ordenar la expansión de Santiago, pues creo que ello es importante. Pero eso no es todo. Los diputados que representamos a regiones con número vemos con angustia cómo la Región Metropolitana nuevamente se va a expandir y que, realmente, el centralismo nos está ahogando.
Los comités de vivienda de regiones saben que las autoridades se demoran años en autorizarles un plan de uso del suelo, lo que les impide cumplir con su anhelo de seguir trabajando en la construcción de sus casas. En cambio, ahora, con una facilidad increíble, se otorgan miles de hectáreas a una nueva expansión, lo que nos deja totalmente perplejos. Por lo tanto, aquí hay un problema de fondo.
Este centralismo, al cual vemos como un embudo en detrimento de las regiones, no puede seguir así, y creo que, de una vez por todas, debe existir la voluntad política de implementar sistemas de incentivos tributarios para que las empresas se instalen en aquellas y, así, evitar esta demanda, que aunque legítima, está vinculada a este centralismo y a la tendencia de las empresas por instalarse solamente en Santiago.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor RAVINET ( ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señora Presidenta , esta tarde hemos tenido la ocasión de presenciar un debate extraordinariamente interesante, ilustrado y con buenos argumentos. Quiero recalcar cómo un hecho de esta naturaleza ha sido capaz de romper el alineamiento Gobierno y Oposición y centrar la discusión más bien en su mérito.
En primer lugar, quiero destacar el hecho de que en esta Cámara haya habido un debate en la forma como se ha suscitado. Sin embargo, pareciera que algunos argumentos aducidos en la resolución que ha aprobado el gobierno regional de la Región Metropolitana son, para los señores diputados, simples palabras y no los valorizan. No puedo más que lamentar que aquí se pretenda plantear el centralismo versus el crecimiento de Santiago.
Hemos dicho que, gracias a políticas públicas, el vivir en Santiago se está encareciendo, esto es, haciendo más competitiva la radicación en regiones. Quizás no sea suficiente, pero la señal es importante: que el Metro cargue su expansión a sus tarifas; que las carreteras sean solventadas por peajes; que el tratamiento de las aguas servidas sea pagado por los santiaguinos y no con financiamiento de la ley de Presupuestos, y que el tratamiento de las aguas lluvia sea pagado por los usuarios; todo apunta a poner fin a una política de centralismo.
Por último, lo que debería importar más a los señores diputados es que el suelo se valorizará gracias al condicionamiento del desarrollo urbano. Cuando haya que invertir en vialidad; cuando haya que evaluar los impactos urbanos; cuando haya que construir colegios, hospitales o espacios para la cultura y el deporte, el precio del suelo de
Santiago se trasladará al de la vivienda. Eso hace que sea más caro. Esta política no busca centralizar, sino ordenar el crecimiento de Santiago. Hemos dicho hasta el cansancio que no se busca la expansión de Santiago. Lo que se ha creado es un procedimiento transparente para que el Core, en cada oportunidad en que le sea requerido, se pronuncie a favor o en contra de dicha expansión.
Por eso, no puede sino molestarme que en el proyecto de acuerdo se diga que esto se está haciendo sólo por la vía administrativa. Perdónenme, señores diputados: se está haciendo por la vía legal. Fue una iniciativa que se sometió a evaluación de impacto ambiental, que fue votada favorablemente por el seremi de Agricultura -por instrucciones de su ministro - y que fue analizada dos veces por el Core. Por su parte, la Contraloría General cursó, conforme a derecho, esta modificación al plan regulador metropolitano, haciendo el alcance de que en cada ocasión el proyecto debe ser aprobado por el Core. La resolución de la Contraloría dice: “La Contraloría ha dado curso regular al documento señalado en el rubro, que aprueba una modificación al plan regulador metropolitano, en el sentido de incorporar a su ordenanza un nuevo artículo, denominado Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado, pero ha estimado pertinente dejar establecido que la aprobación de dichos proyectos por parte del consejo regional, en carácter de ulteriores modificaciones al plan regulador, incluirán la pertinente ampliación del límite urbano a que se hace referencia en la letra b) del instrumento en examen. Bajo ninguna circunstancia se limitará la facultad del Core”.
La modificación al plan regulador metropolitano fue cursada por la Contraloría General; por lo tanto, está en condiciones de ser publicada en el Diario Oficial. Sin embargo, hay un tema muy de fondo. Aquí se ha discutido sobre centralismo versus crecimiento de Santiago, y se ha planteado la necesidad de que el Congreso Nacional discuta el concepto de desarrollo urbano condicionado. Eso lo haremos durante la discusión del proyecto de ley que se enviará en este mes y que busca establecer para todo el país el concepto de desarrollo urbano condicionado.
Me llama la atención que muchos señores diputados que han manifestado su oposición a la modificación al plano regulador metropolitano de Santiago , Prms, no se acuerden de que a fines de enero, en esta Sala, votaron favorablemente el artículo 55, originado en una moción parlamentaria, cuyo objeto era extender y construir viviendas en las zonas rurales. La diferencia es que el artículo 55 no establece condiciones, y esta modalidad que estamos impulsando sí las establece. Dicho artículo fue votado por 79 señores diputados, muchos de los cuales, ahora, han hablado en contra. Les pido consecuencia.
Quiero aclarar que esta modificación del plano regulador -como lo han reconocido muchos señores diputados- no amplía el límite de Santiago. Lo que hace es fijar un procedimiento objetivo y transparente para su evaluación. En ese sentido, requiere de evaluación de impacto ambiental y del acuerdo del municipio. Nunca antes el Gobierno se había autolimitado para entregar a los municipios una función dirimente en esta materia. Eso es descentralización.
Quiero terminar haciendo un llamado a los señores diputados. El proyecto de ley será enviado a fines de este mes. Los documentos que el ministro de Agricultura ha enviado son privados y dicen relación no con la modificación del Prms, cuyo representante ante el Corema lo aprobó, sino con una discusión muy de fondo y legítima que todavía está sin definición al interior del Gobierno. Por lo tanto, no es ético sacar a relucir documentos internos en una prediscusión como si fueran argumentos definitivos, pues el Gobierno no ha tomado una resolución al respecto.
Como señalaron algunos diputados, la regulación del Prms ordena, regula, limita y encarece el crecimiento de Santiago, lo cual es muy importante para aquellos que se la juegan por la descentralización, posición que compartimos.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
A continuación, el señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 355, de los señores Sánchez, Quintana, Delmastro, Palma, Longton, Jeame Barrueto, Galilea, don José Antonio, y Pérez, don Ramón, y de las señoras Muñoz, doña Adriana, y Soto, doña Laura.
“La Cámara de Diputados acuerda:
a) Rechazar el intento de emplear la sola vía administrativa como procedimiento para lograr una modificación del plano regulador metropolitano, que afectará 88 mil hectáreas, mayoritariamente de alto valor agrícola, la que mediante el expediente de la connurbación permitirá ampliar la superficie de la ciudad de Santiago, con las externalidades negativas que ello supone, entre ellas:
1) Aumento de la contaminación atmosférica.
2) Aumento de la congestión vehicular y consiguiente saturación de vías.
3) Obligación de efectuar nuevas inversiones viales de cargo del Estado.
4) Aumento de los gastos públicos en equipamiento y servicios, incluyendo redes sanitarias, de energía, servicios médicos y educacionales.
5) Empeoramiento de la calidad de vida de los actuales habitantes de la capital y drástica alteración de las formas de sociabilidad en las zonas rurales afectadas, y
6) Agravamiento de las condiciones de inseguridad ciudadana, fruto del aumento de la población.
b) Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que:
1) Suspenda las acciones y gestiones realizadas hasta el momento con la finalidad de obtener la modificación del plano regulador metropolitano.
2) Convoque a una discusión amplia, democrática e intersectorial sobre los dispositivos institucionales y jurídicos más idóneos para generar cambios de gran envergadura en la configuración de las ciudades, y sobre el uso y administración del recurso suelo, garantizando el potenciamiento de los procesos de descentralización política, administrativa y económico-productiva del país”.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Secretario va a dar a conocer los pareos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Se encuentran pareadas las diputadas señoras Rosa González e Isabel Allende.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 7 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Barros,Bauer, Becker, Bustos, Delmastro, Díaz, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, González (don Rodrigo), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo),
Jeame Barrueto, Kast, Letelier (don Felipe), Martínez, Masferrer, Montes, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Palma, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Sánchez, Soto (doña Laura), Tarud, Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Varela y Von Mühlenbrock.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca, Araya, Bayo, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Escalona, Espinoza, Hales, Kuschel, Leay, Luksic, Melero, Meza, Molina, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Riveros,
Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Tapia, Vargas, Venegas, Villouta y Walker.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Egaña, García-Huidobro, Leal, Norambuena, Paya, Tohá (doña Carolina) y Vidal (doña Ximena).
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/654337
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/654337/seccion/akn654337-ds1