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- rdf:value = " La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señora Presidenta , tal como lo planteó la diputada señora María Eugenia Mella en su informe, el proyecto tiene una enorme importancia para nuestro país, especialmente para las miles de familias que, a pesar de todos los esfuerzos que los gobiernos de la Concertación han realizado en estos trece años para sanear gratuitamente sus títulos de dominio, aún permanecen como poseedoras de propiedades de manera irregular.
Lo primero que quiero destacar, para su pleno conocimiento por parte de la ciudadanía, es que, durante los trece años de gobierno de la Concertación, cerca de 220 mil familias de todo Chile han obtenido el título de su propiedad en forma gratuita a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Eso significa que aproximadamente un millón de chilenos cuenta hoy con el título que los hace acreedores de su propiedad, hecho que, por consiguiente, les da la posibilidad de acceder a una serie de beneficios que el Estado entrega, gracias -reitero- a los esfuerzos que se han hecho en los respectivos ministerios.
No está de más destacar la importancia de una iniciativa de este tipo para regiones como la nuestra, la Décima, que tiene una alta tasa de ruralidad, donde encontramos la mayor cantidad de propiedades en situación irregular. Por eso, el proyecto juega un gran rol en esta materia, porque introduce modificaciones a las normas sobre la materia.
Desde ese punto de vista, hay que destacar, en primer lugar -tal como lo señaló la diputada informante , señora Mella -, que el Ministerio de Bienes Nacionales actúa para
el saneamiento de los títulos de dominio a través de dos etapas:
La primera es la de mensura, en la que profesionales del servicio, a través de visitas a terreno, realizan las mediciones respectivas y revisan los planos de la propiedad que se pretende sanear.
La segunda es la jurídica. En ella el equipo de profesionales verifica diversos aspectos, como, por ejemplo, si hay oposición al saneamiento, para luego dar curso a la entrega del título respectivo. Actualmente todo esto se hace con cargo al fisco.
Si bien hay empresas particulares que asesoran a quienes solicitan saneamientos, los interesados deben pagarles altos montos por sus servicios, los que generalmente superan el medio millón de pesos, cantidad imposible de absorber para la gente que menos tiene.
La legislación vigente, como regla general, no contempla la posibilidad de que el solicitante del saneamiento asuma el costo del trámite o procedimiento, ni siquiera de que haga un aporte por los mismos. De esta forma, el Ministerio de Bienes Nacionales, que no cuenta con recursos suficientes para atender la alta cantidad de solicitudes de saneamiento presentadas, se encuentra imposibilitado para focalizar recursos en aquellos casos que, de acuerdo con las políticas de Gobierno, son prioritarios. Esto es, el saneamiento de las propiedades de las familias más pobres, que se ven en la imposibilidad manifiesta y clara de mejorar su calidad de vida, porque, al no contar con los títulos de dominio respectivos, no pueden acceder al subsidio rural, al subsidio para el mejoramiento de la vivienda o a tantos otros beneficios que entregan el Indap y otros organismos del Estado.
En consecuencia, el proyecto tiene por objeto que los solicitantes puedan, de acuerdo con su condición socioeconómica debidamente calificada, pagarle al Ministerio de Bienes Nacionales por la realización del trámite. Pagarán sólo aquellas personas que estén en situación de hacerlo; en tanto, aquellas que, de acuerdo con los puntajes establecidos en los instrumentos especialmente diseñados para estos efectos, estén bajo la línea de pobreza, podrán realizar el trámite en forma gratuita.
Junto a Nelson Bustos , seremi de la Décima Región, estamos trabajando en un proyecto en el sector de Llico Bajo, comuna de Fresia, donde sesenta familias quieren sanear sus propiedades y obtener los títulos de dominio respectivos. De acuerdo con su patrimonio y condición de vida, a lo menos veinte de ellas podrían pagar un porcentaje de los costos de este trámite. De manera que si la norma que se propone estuviera vigente, el pago que ellas hicieran estaría subsidiando el trámite de las otras cuarenta familias, que no tienen ninguna posibilidad de pagar ni siquiera un peso al ministerio.
El proyecto tiene gran relevancia, porque, una vez que se convierta en ley, se podría doblar la cantidad de saneamientos que se realizan anualmente en el país. Actualmente, en la Décima Región se cursan del orden de dos mil, cifra exigua frente a la gran cantidad de solicitudes pendientes en sus cuarenta y dos comunas. Si la norma estuviera en vigencia, el próximo año se podrían sanear cuatro mil o cinco mil propiedades. Es decir -insisto-, se podría doblar la cantidad actual.
Felicito al ministro de Bienes Nacionales y a la subsecretaria de esa cartera por haber implementado un plan piloto que permitió la creación de un registro único de propiedad irregular, instrumento que viene a satisfacer una necesidad imperiosa para el país. Dicha iniciativa se encuentra en funcionamiento en dos regiones y entrega la posibilidad a quienes no tienen su propiedad saneada o poseen un título de propiedad no inscrito, sin importar su situación socioeconómica, de registrarlas en el ministerio. Una vez que el proyecto se convierta en ley, el Estado podrá examinar cada caso particular y asignar porcentajes de subsidio.
Asimismo, el registro único de propiedad irregular permitirá al ministerio entregar una respuesta oportuna en cuanto a si es factible o no sanear una determinada propiedad. Además, esto evitará el accionar de algunos inescrupulosos que engañan a la gente y le cobran dinero so pretexto de realizar trámites de saneamiento de propiedades ante el Ministerio de Bienes Nacionales.
Otro de los objetivos del proyecto es modificar el artículo 74 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, en el sentido de disponer que las rentas de arrendamiento de los inmuebles fiscales sean calculadas y recaudadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, en uso de sus facultades de administración, de modo que ingresen directamente, con reajustes e intereses, al presupuesto de esa cartera.
En la actualidad, la administración central recauda 1.200 millones de pesos anuales por ese concepto -una cifra similar se encuentra en mora-, pero esos dineros no son derivados al ministerio. La iniciativa en debate permitirá que estos recursos se redestinen, de manera que vayan en directo beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de la gente y, así, muchas más familias tengan acceso al saneamiento de su propiedad.
He dicho
"
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