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El señor SILVA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 320, del diputado señor Pérez, don Víctor; de la diputada señora Pérez, doña Lily, de los diputados señores Recondo, Ulloa, Galilea, don Pablo; Monckeberg, Álvarez, Masferrer, Norambuena y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica.
“Considerando:
Que, durante muchos años, la Alianza por Chile pidió al gobierno de la Concertación que los gastos reservados fueran públicos, al menos por la vía de rendir cuenta detallada de su utilización al Contralor General de la República .
Que este mínimo de transparencia nunca se ha logrado. La opinión pública y quienes han evaluado en el Congreso Nacional estas materias han llegado a la convicción de que el Gobierno ha proporcionado información insuficiente y poco confiable del uso de estos recursos.
Que esta convicción fue la que llevó al Congreso Nacional a aprobar la ley N° 19.863, que en su artículo 4° obliga al Presidente de la República a dar ... cuenta anual, en forma genérica y secreta, a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar a éste sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañarse una declaración jurada que acredite que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6°’.
La norma citada, lamentablemente y por disposiciones transitorias de la misma ley, sólo tendrá vigencia a partir del 1 de enero del año 2004, razón por la cual se hace urgente examinar la forma en que estos gastos han sido utilizados en este año.
Que es importante tener presente que los recursos involucrados en los gastos reservados son de todos los chilenos y se destinan a fines diferentes de los sociales -primera prioridad del gasto público-. Por esta razón, requieren de una especial vigilancia del Congreso Nacional.
Que, durante el año pasado, el país conoció cómo se financiaban los sobresueldos de ministros y de otros altos funcionarios públicos a través de fondos destinados a ‘gastos reservados’, particularmente provenientes de la Presidencia de la República y de los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría General de la Presidencia .
Que, gracias a la confesión de un ex ministro de Estado, se conoció la forma en que se empleaban los gastos reservados.
Que, en Chile, se generó consenso de la importancia de dar transparencia a los gastos del Gobierno.
Que, una vez que el Gobierno aclaró que gran parte de los gastos reservados se usaban para pagar sobresueldos, la Alianza por Chile contribuyó a transparentar el sistema de remuneraciones de altos funcionarios por la vía de aprobar un proyecto de ley que creó una asignación de dirección superior y de funciones críticas.
Que, sin embargo, los gastos reservados siguen existiendo, en menor medida por cierto, pero aún no existe un nivel mínimo de transparencia acerca de sus usos.
Que este manto de dudas que el Gobierno se niega a despejar esta vez se extiende y vincula al origen del financiamiento de ciertos medios de comunicación en que el Estado tiene participación e influencia, pero se desconocen los niveles y magnitudes que éstas alcanzan.
Que, dados los escasos niveles de circulación que exhiben, existen dudas acerca de que el sustento financiero de los medios de comunicación dedicados al ataque permanente a los partidos y principales líderes de la Oposición sea propio y obtenido exclusivamente como fruto de la venta de publicidad a instituciones o personas y de ejemplares al público, tal como lo hace la generalidad de los otros medios.
Que, hasta hoy, nadie sabe en qué se gastan los fondos reservados de los distintos ministerios, salvo, naturalmente, quienes se benefician de ellos.
Que, si no se aclara el uso de los gastos reservados, la discusión anual de la ley de Presupuestos no cumple con condiciones mínimas de transparencia y seriedad.
Que una de las funciones primordiales de la Cámara de Diputados y, específicamente, de sus miembros elegidos democráticamente, consiste en fiscalizar los actos del Gobierno, velando por el uso correcto de los recursos que pertenecen a todos los chilenos.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Constituir una Comisión Especial que estudie y analice el manejo y destino de los recursos destinados a gastos reservados, y el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.
2. Además, debe lograr que las autoridades le proporcionen los antecedentes que permitan aclarar el financiamiento que estarían recibiendo medios de comunicación social con fondos fiscales de diversa naturaleza.
3. Por último, y en relación con el punto anterior, aclarar cómo funciona el diario ‘La Nación’, quiénes son sus verdaderos propietarios, si genera ganancias o pérdidas a las arcas fiscales, cómo y quién elige a sus administradores, quién toma las decisiones respecto de la línea editorial y con qué criterios, etcétera.
En particular, esclarecer el uso de la imprenta de la empresa periodística ‘La Nación’, sus acreedores y deudores, así como los mecanismos de establecimiento de tarifas y procedimientos de cobro.
La Comisión deberá desarrollar su labor en el plazo máximo de treinta días desde su constitución y considerar, al menos, entre sus invitados, a los Ministros de Estado que, de acuerdo con el artículo 3° de la ley N° 19.863, tienen gastos reservados, y a los representantes nombrados por S.E. el Presidente de la República y el Gobierno en la empresa periodística ‘La Nación´.”
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , durante los últimos años los diputados de la Alianza por Chile hemos requerido, en forma constante, mayor información sobre el uso que el Gobierno ha dado a los gastos reservados. De hecho, en la discusión de pasados proyectos de ley de Presupuestos hemos presentado indicaciones para que el país conozca el uso de los recursos fiscales puestos a disposición de ciertas autoridades de gobierno con carácter de reservados. Sin embargo, la Concertación, permanentemente, se negó a ello.
Para que el Gobierno reaccionara, fue necesario que un ex ministro de Estado confesara que se usaban recursos reservados destinados a algunos ministerios en gastos absolutamente improcedentes o ilegales. Dicho ex ministro reconoció que el sobresueldo de los ministros se pagaba utilizando gastos reservados, situación absolutamente irregular e inédita.
Lo anterior llevó al Gobierno a modificar sustancialmente las normas legales relacionadas con la materia y a enviar un proyecto al Congreso Nacional. La ley Nº 19.863, sobre Remuneraciones de Autoridades de Gobierno y Cargos Críticos de la Administración Pública y de las normas sobre Gastos Reservados, establece que quienes reciben dineros para gastos reservados deben dar cuenta anual, en forma genérica y secreta, a la Contraloría General de la República, directamente a través del contralor general, a fin de que acredite el debido cumplimiento del artículo 6º de dicho cuerpo legal, que determina los fines de los gastos reservados.
Lamentablemente, una norma transitoria dispuso que la referida disposición debe comenzar a regir a partir del año 2004. Por lo tanto, los gastos reservados que el Congreso Nacional aprobó para los distintos ministerios durante el año 2003, no están sujetos a control alguno ni fiscalización.
Dentro de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados está la de fiscalizar los actos del Gobierno. Por lo tanto, como estamos frente a un acto que requiere el conocimiento de los diputados de todos los sectores políticos, debemos determinar cómo el Gobierno está aplicando las normas que aprobamos en enero pasado, si está dando cumplimiento al artículo 6º de la ley Nº 19.863 y si los recursos están siendo destinados para los fines que la ley determina, no como ocurría antes.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados no puede abstenerse de cumplir con su obligación de fiscalizar y conocer los recursos que, de manera reservada y secreta, manejan los ministerios y otros organismos del Gobierno. De lo contrario, la aprobación anual de los gastos reservados pasaría a ser sólo un acto sin trascendencia y que esconde el manejo oscuro de los recursos. Ello necesariamente se vincula a los hechos políticos ocurridos en el último tiempo.
En democracia, la única manera de conocer el manejo presupuestario es a través del ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Así podríamos determinar cómo el Gobierno, a través de distintos medios y recursos, influye en los medios de comunicación, que han sido obsecuentes en enlodar y atacar a los parlamentarios y dirigentes de la Alianza por Chile.
Nos parece indispensable, por ello, que la Cámara de Diputados indague respecto del uso de los recursos fiscales involucrados y destinados a los medios de comunicación y al vínculo existente con el diario La Nación.
En democracia no hay otro mecanismo para saber cómo el Gobierno gasta los recursos con esos fines, sino ejerciendo las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
Ha habido mucho debate respecto de que aquí no puede haber parlamentarios investigadores ni parlamentarios que “disparen” a través de los medios de comunicación.
El órgano al cual le corresponde intervenir es la Cámara de Diputados; y los diputados de la Alianza por Chile buscamos, mediante el mecanismo democrático que establecen la Constitución Política y la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, investigar los gastos y recursos, que son públicos.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , aquí se ha hablado de transparencia, pero parece que algunos diputados rápidamente se olvidan -o algunos sectores de esta Corporación- del esfuerzo desplegado por la Cámara para sacar adelante las leyes de modernización, especialmente la Nº 19.863, que permitió regular, por primera vez en setenta años, los gastos reservados. En efecto, limitó los organismos que pueden contar con ese tipo de recursos y de los cuales debe rendirse cuenta anual, genérica y secreta, a la Contraloría General de la República.
Los gastos reservados sólo pueden aumentarse hasta un límite del 30 por ciento durante la ejecución del año presupuestario, a fin de destinarlos a tareas de orden público y de seguridad interna o externa.
La reducción se concentra en el sector civil, donde llega a un 48 por ciento. En el sector Defensa la reducción es un tanto inferior, puesto que siguen aplicándose las normas del artículo 98 de la ley Nº 18.948 y el artículo 89 de la ley Nº 18.961, ambas de febrero de 1990, que establecen un piso mínimo para las Fuerzas Armadas y Carabineros.
En definitiva, los gastos reservados del sector civil, por primera vez, a partir de la ley que todos hemos aprobado -y que según parece algunos ya olvidaron-, desde 1989 son significativamente inferiores a los de Defensa.
Parece que el tema central no es la transparencia, sino otro: la paranoia con que algunos personeros políticos han enfrentado los difíciles momentos que viven sus colectividades; y lo han hecho montando una compleja y absurda teoría de complot, que intenta levantar un manto de duda y de sospecha sobre otras personas, partidos políticos y medios de comunicación independientes. ¡Eso es intolerable!
El delicado momento político que vive Chile exige gran mesura de nuestra parte. Tanto nuestro país como el mundo han cambiado en la última década, y una parte fundamental de ese cambio se debió a la premura con que actuaron los medios de comunicación social. Nunca antes, ni en estos últimos catorce años, ha habido tanta investigación periodística; nunca antes hubo mayor transparencia informativa. Asumimos, sí, que muchas veces se han vulnerado principios esenciales como la buena fe y la inocencia de las personas.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Terminó su tiempo, señor diputado .
El señor QUINTANA.-
Concluyo, señor Presidente , diciendo que se pretende conocer cómo funciona el diario “La Nación”. Para ello, basta con recurrir a la Comisión Mixta de Presupuestos, que, por mandato legal, debe efectuar un análisis de la ejecución presupuestaria del Estado.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de los proyectos de acuerdo.
Corresponde votar el proyecto de acuerdo Nº 320.
En votación.
El señor RECONDO.-
Pido la palabra.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , cuando concluyó el tiempo asignado a los proyectos de acuerdo, todavía no entrábamos a la votación, por lo que corresponde que el proyecto quede pendiente para la próxima sesión.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Señores diputados, el Reglamento establece cinco minutos para hablar a favor y cinco minutos para hablar en contra.
Sólo restan tres minutos para hablar en contra.
Por lo tanto, solicito el asentimiento unánime de la Sala para someter el proyecto a votación.
No hay acuerdo.
Queda pendiente la votación del proyecto para la próxima sesión.
"
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