REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIASesión 13ª, en jueves 30 de octubre de 2003(Ordinaria, de 10.42 a 13.16 horas)		Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel y		del señor Jarpa Wevar, don Carlos Abel.		Presidencia accidental señor señor Ortiz Novoa,		don José Miguel.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		6	II.	Apertura de la sesión		9	III.	Actas		9	IV.	Cuenta		9	V.	Orden del Día.	-	Venta de lentes ópticos sin receta médica. Primer trámite constitucional		9	VI.	Proyectos de acuerdo.	-	Proposición para dejar sin efecto compra del Hotel Carrera. (Votación)		32	-	Implementación de sistema único de inspección en las plantas faenadoras		32	VII.	Incidentes.	-	Informe sobre venta de terreno en comuna de Macul. Oficio		33	-	Investigación sobre otorgamiento de título profesional sin los requisitos legales. Oficio		34	-	Reiteración de medidas para evitar paro del servicio de salud de Aisén. Oficio		34	-	Solución a problemas viales en la comuna de La Unión. Oficio		35	-	Reclasificación de hospital de Tomé y aumento de horas de urgencia y de especialistas. Oficio		36	-	Antecedentes sobre las áreas costeras de la zona indígena Lafquenche. Oficios		36	-	Información sobre plan de recuperación ambiental de Talcahuano. Oficios		37	-	Construcción de hospital de Florida, en Octava Región. Oficios		38	VIII.	Documentos de la cuenta.	1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, calificándola esta vez de “simple”, para el despacho del proyecto sobre racionalización de subsidios de incapacidad laboral y licencias médicas. (boletín N° 3398-11)		39	2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que el Ejecutivo consiente en el archivo del proyecto, originado en moción, que sustituye el N° 1 del artículo 3° de la ley N° 4.808, para permitir la inscripción de los recién nacidos en el domicilio de la madre -fue objeto de observaciones del Presidente de la República. (boletín N° 585-07)		39					Pág.	3.	Moción de los diputados señores García, Delmastro, Bertolino, Espinoza, Bayo, Letelier, don Juan Pablo; Pérez, don Ramón; Ojeda, Jaramillo, y Escalona, que suspende la inscripción de buses urbanos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. (boletín N° 3400-15)		40	4.	Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su parecer en torno al proyecto sobre emblemas nacionales. (boletín N°3359-04)		41	IX.	Otros Documentos de la Cuenta.	1.	Comunicación:	-	Del señor Jefe de Bancada Diputados PS-PRSD, por la cual informa que el diputado señor Letelier, don Juan Pablo, reemplazará en forma permanente al diputado señor Encina, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.	2.	Oficios:	-	De la Comisión de Salud por el cual solicita que se instruya a las autoridades de la Cámara en el sentido de que no se admita el ingreso a tramitación de mociones que se refieran a asuntos que no sean materia de ley, y se inicie, además, el estudio de una modificación reglamentaria que permita la aplicación automática de lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 17, al transcurrir el plazo allí establecido, toda vez que si la Sala no autoriza el archivo solicitado en su momento, se produce un remanente de iniciativas que distorsiona el trabajo real de las Comisiones.		Contraloría General de la República	-	Señor Bertolino, beneficiarios del subsidio por contratación de mano de obra administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 	-	Señor Mulet, antecedentes y sumarios que se han instruido en Municipalidad de Tierra Amarilla. 	-	Señor Recondo, investigación sobre condición profesional de la Directora Regional del Sence de la Décima Región. 		Ministerio del Interior	-	Señor Ojeda, creación de comuna de Rahue, en Osorno. 	-	Señor Navarro, resultado de investigaciones relacionadas con los amedrentamientos sufridos por el Director de Investigaciones. 	-	Señor Rossi, reabrir sumario sobre desaparición de avión. 		Ministerio de Defensa	-	Señor Rossi, revisión de pensión de montepío. 		Ministerio de Obras Públicas	-	Cuadro resumen de oficios respuesta agosto de 2003.	-	Señor Navarro, trazado de la línea férrea en sectores de la Octava Región. 	-	Señor Hernández, construcción y mantención de caminos rurales en la provincia de Osorno. 	-	Señor Araya, proyecto de mejoramiento del acantilado del sector La Portada, Segunda Región. 	-	Señor Alvarado, proyecto de conservación de camino Poyo-Ayacara-Bullí, Décima Región. 	-	Señor Hales, expropiaciones en construcción de tramo 1 de la concesión Américo Vespucio Express. 	-	Señor Kuschel, abertura de ruta a Punta Capitana, comuna de Fresia, Décima Región.	-	Señor José Antonio Galilea, normativa sobre trabajos de encauzamientos y ensanches de ríos. 	-	Señor Navarro, política de Essbio en Octava Región, respecto a cooperativas de agua potable rural. 	-	Señor Delmastro, asignaciones para ejecución de obras de aguas lluvias.	-	Señor Jaramillo, inclusión de comunas de la Décima Región en programa bicentenario. 	-	Señor Alvarado, fiscalización a la empresa Essal- Quellón.	-	Señor Ascencio, fiscalización a la empresa Essal- Quellón. 	-	Señor Lorenzini, cronograma de inversión para la obra Ruta Paso Pehuenche, en la comuna de San Clemente. 	-	Señor Monckeberg, obras en canal Quillón, Octava Región. 		Ministerio de Bienes Nacionales	-	Señor Norambuena, situación jurídica del terreno ubicado en comuna de Cañete, Octava Región. 	-	Señor Navarro, terreno ubicado en las calles Infante y Alcázar de la comuna de Penco. 	-	Señor Norambuena, situación que afecta a vendedoras de la comuna de Arauco. 		Ministerio de Salud	-	Señor René Manuel García, recursos destinados al Hospital de Villarrica y hospitales tipo IV del país. 		Ministerio Secretaría General de la Presidencia	-	Señor Navarro, información sobre basurales y tratamiento de la basura. 		Asociación Chilena de Municipalidades	-	Señor Navarro, fiscalización de extintores.		Intendencia de la Sexta Región	-	Señor Navarro, violencia en los eventos deportivos. 		Municipalidad de Ovalle	-	Señor Villouta, viajes efectuados por asistencia a seminarios en el país y en el extranjero. 		Municipalidad de Trehuano	-	Señor Navarro, fiscalización de extintores. 
    
    
    
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (86)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Accorsi Opazo, Enrique	PPD	RM	24Aguiló Melo, Sergio	PS	VII	37Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	UDI	XII	60Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Araya Guerrero, Pedro	PDC	II	4Ascencio Mansilla, Gabriel	PDC	X	58Barros Montero, Ramón	UDI	VI	35Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Bayo Veloso, Francisco	RN	IX	48Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Burgos Varela, Jorge	PDC	RM	21Caraball Martínez, Eliana	PDC	RM	27Cardemil Herrera, Alberto	RN	RM	22Cornejo Vidaurrazaga, Patricio	PDC	V	11Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cristi Marfil, María Angélica	IND-UDI	RM	24Cubillos Sigall, Marcela	UDI	RM	21Delmastro Naso, Roberto	IND-RN	IX	53Díaz Del Río, Eduardo	UDI	IX	51Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	VIII	44Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Escalona Medina, Camilo	PS	VIII	46Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Forni Lobos, Marcelo	UDI	V	11Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García García, René Manuel	RN	IX	52González Román, Rosa	UDI	I	1González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Ibáñez Santa María, Gonzalo	UDI	V	14Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	17Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	VI	34Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Mella Gajardo, María Eugenia	PDC	V	10Molina Sanhueza, Darío	UDI	IV	9Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	VIII	42Muñoz Aburto, Pedro	PS	XII	60Muñoz D’Albora, Adriana	PPD	IV	9Navarro Brain, Alejandro	PS	VIII	45Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Paredes Fierro, Iván	IND-PS	I	1Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Opazo, Ramón	IND-UDI	I	2Pérez Varela, Víctor	UDI	VIII	47Prieto Lorca, Pablo	IND-UDI	VII	37Quintana Leal, Jaime	PPD	IX	49Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Robles Pantoja, Alberto	PRSD	III	6Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Saffirio Suárez, Eduardo	PDC	IX	50Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Salas de la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Sánchez Grunert, Leopoldo	PPD	XI	59Sepúlveda Orbenes, Alejandra	PDC	VI	34Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Soto González, Laura	PPD	V	13Tapia Martínez, Boris	PDC	VII	36Tarud Daccarett, Jorge	PPD	VII	39Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Uriarte Herrera, Gonzalo	UDI	RM	31Urrutia Bonilla, Ignacio	UDI	VII	40Valenzuela Van Treek, Esteban	PPD	VI	32Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Venegas Rubio, Samuel	PRSD	V	15Vilches Guzmán, Carlos	RN	III	5Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	UDI	X	54Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8
    -II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTAS	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El acta de la sesión 8ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 9ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.IV. CUENTA	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.-o-	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Pido la palabra.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señora Presidenta, en virtud del artículo 53, Nº 11º, del Reglamento de nuestra Corporación, deseo manifestar mi preocupación porque hasta este momento se ha constituido la Comisión investigadora sobre los puertos de Chile, no obstante que el proyecto de acuerdo que sancionó dicha materia, el Nº 292, se aprobó el 8 del presente mes, es decir, hace más de 20 días.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Pido que los distintos Comités entreguen los nombres de los diputados que integrarán dicha Comisión investigadora.-o-V. ORDEN DEL DÍAVENTA DE LENTES ÓPTICOS SIN RECETA MÉDICA. Primer trámite constitucional.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que permite la venta de lentes para la presbicia sin receta médica.	Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Patricio Melero.	Antecedentes:	-Moción, boletín Nº 2903-11, sesión 8ª, en 4 de abril de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 13.	-Moción, boletín Nº 3310-11, sesión 27ª, en 7 de agosto de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 8.	-Informe de la Comisión de Salud, boletines Nºs. 3310-11 y 2903-11, refundidos), sesión 5ª, en 8 de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Ofrezco la palabra.	El señor FORNI.- Pido la palabra.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Forni.	El señor FORNI.- Señora Presidenta, informo sobre el proyecto de ley que tiene por objeto permitir la venta de lentes para la presbicia sin receta médica.	La presbicia afecta generalmente a las personas mayores de cuarenta años de edad, y se manifiesta en dificultades para leer y ver con claridad objetos cercanos o muy pequeños. No se considera que sea una enfermedad ocular, sino una consecuencia del proceso natural de envejecimiento. Por ello, junto con los diputados señores Barros, Bauer, Correa, Dittborn, Kast, Melero, Prieto, Recondo, Urrutia, Accorsi, Aguiló, Cornejo, Mora y Robles, presentamos un proyecto de ley a fin de autorizar la venta de lentes para la presbicia sin receta médica.	La presbicia constituye un problema principalmente para las personas de escasos recursos, toda vez que, de acuerdo con la legislación vigente, los lentes correctores sólo se pueden adquirir con receta médica y en las ópticas, lo cual resulta sumamente oneroso para ellas. Esto las obliga, a menudo, a recurrir a la venta clandestina ofrecida en la vía pública y en ferias libres por personas que no están habilitadas legalmente para hacerlo.	La experiencia internacional indica que muchos países, entre ellos Estados Unidos de América, Inglaterra y Alemania, permiten la venta sin receta médica de lentes para corregir la presbicia.	La aprobación de esta iniciativa significaría un importante efecto económico para los usuarios, porque, con la venta sin receta y en cualquier establecimiento, se podría reducir el costo de los lentes, ya que se ahorraría la consulta médica y el mayor valor que significa su compra en la óptica.	Durante la discusión de la iniciativa en la Comisión, se estableció la necesidad de modificar los siguientes cuerpos legales:	El Código Sanitario, ya que su artículo 128 señala que “sólo en establecimientos de óptica podrán fabricarse lentes con fuerza dióptrica de acuerdo con las prescripciones que se ordenen en la receta médica correspondiente.	“Los establecimientos de óptica podrán abrir locales destinados a la recepción y al despacho de recetas médicas en que se prescriban estos lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente.”.	El decreto supremo Nº 4, de 1985, del Ministerio de Salud, que fijó el reglamento de establecimientos de óptica. Al definir qué se entiende por establecimiento de óptica, en su artículo 1º, señala que se trata de todo local donde se expendan anteojos o lentes con fuerza dióptrica, despacho que deberá efectuarse exclusivamente con receta médica.	El artículo 60, Nº 3), de la Constitución Política señala que las materias que son objeto de codificación deben ser reguladas por ley. Por tanto, por tratarse de una modificación del artículo 128 del Código Sanitario, cabe concluir que ésta debe efectuarse por ley.	Durante el estudio y la discusión del proyecto en la Comisión, se escuchó a representantes del Ministerio de Salud, de la Sociedad Chilena de Oftalmología, del Colegio Nacional de Ópticos, de la Sociedad Científica de Tecnología Médica Oftalmológica de Chile y del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile.	El doctor Rodrigo Salinas, en representación del Ministerio de Salud, señaló que el objetivo primario de la iniciativa es buscar un bien sanitario, en el sentido de aliviar la carga de enfermedades o de discapacidad de algunas personas al facilitar el acceso a una exoprótesis, como es el caso de los lentes para la presbicia, pero destacó, eso sí, el riesgo sanitario que implicaría su aprobación.	A su juicio, debería ponderarse la evidencia científica sobre el aumento real del riesgo que existe de enmascarar patologías o de dilatar una consulta oftalmológica por la compra de lentes para la presbicia y, a partir de ello, decidir si se está dispuesto a aprobar una reglamentación que asuma ese riesgo como admisible, en el entendido de que la automedicación siempre implica un riesgo y que existe una cantidad de medicamentos que se expende sin receta médica.	Para el doctor Salinas, el uso de las analogías en medicina implica riesgos, por lo que debe estar apoyada con evidencia científica. 	Sobre la falta de diagnóstico de la presbicia, señaló categóricamente que más que la ausencia de éste, existe un problema de subtratamiento, ya que hoy gran parte de la población no tiene acceso a un especialista.	En relación con las posibles querellas por ejercicio ilegal de la profesión por la venta de lentes sin receta, ellas no se han materializado, porque no ha sido considerado un riesgo para la salud pública.	Sobre los efectos de la autorización de los lentes para la presbicia sin receta médica, señaló que ese trámite requerirá una reglamentación adicional sobre la fiscalización del producto, el que deberá ser homologable al de otros dispositivos médicos, en los que se exige un testeo de la calidad de lo que se vende a la población.	El doctor Rodrigo Soto confirmó la aprensión de los autores de la moción y de los miembros de la Comisión en cuanto a que la lista de espera más grande de la atención primaria es la relacionada con la especialidad oftalmológica, aun cuando existen grandes avances en varios municipios en cuanto a la resolución de dichas listas.	Se ha estimado que cerca del 20 por ciento de la población requiere atención oftalmológica una vez al año por vicios de refracción. Si se consideran los inscritos en atención primaria, esta cifra asciende a un millón setecientas mil personas. Al constatar estas cifras, se concluye que es imposible que se pueda tener la cantidad necesaria de oftalmólogos para entregar esa atención a nivel primario.	Estudios realizados en cada una de las comunas indican que una persona demora, al menos, un promedio de doscientos cuarenta y un días para acceder a una atención oftalmológica por vicios de refracción. Se entregan recursos para que las municipalidades compren servicios en el sector privado y adquieran lentes. Si bien ese programa ha tenido un buen resultado, su cobertura sigue siendo escasa, pues -repito- la mayoría de las personas inscritas en las listas de espera padecen vicios de refracción.	Representantes de la Sociedad Chilena de Oftalmología señalaron que se requieren diecinueve mil consultas oftalmológicas al año por cada millón de habitantes, considerando solamente a los beneficiarios del sistema público de salud mayores de cincuenta años, sobre la base de que cada persona efectúa una consulta cada tres años.	En cuanto a la presbicia, señalaron que ella comienza alrededor de los cuarenta y cinco años y que sólo puede ser corregida con el uso de lentes. Estimaciones efectuadas señalan que la presbicia afecta entre el 90 y el ciento por ciento de la población mayor de cincuenta años	Manifestaron que, a futuro, los efectos del proyecto pueden resultar nefastos, en especial por el aumento de las patologías que requerirán procedimientos más complejos y onerosos por falta de prevención.	En otro orden de ideas, señalaron que el liberar la venta de lentes para presbicia, se dejará de diagnosticar, o se hará tardíamente, el 20 por ciento de las prevalencias de patologías sobre 40 años. Del 2 al 4 por ciento de la población sufre de glaucoma; entre el 5 y el 46 por ciento padece de cataratas; el 1,5 por ciento sufre de degeneración macular relacionada con la edad, y del 10 al 20 por ciento tiene rinopatía diabética, cifras que han podido ser constatadas en los distintos operativos ejecutados por la Sociedad Chilena de Oftalmología.	Según esa organización, la iniciativa legal no beneficiaría a las personas de menores recursos, porque quedarían indefensas y con altas posibilidades de quedar ciegos, ya que, de acuerdo con el último censo, el 78 por ciento de la población sobre cuarenta y cinco años concentra la mayor cantidad de personas con ceguera.	Los representantes del Colegio Nacional de Ópticos se manifestaron favorables a la iniciativa legal. Hicieron hincapié en la necesidad de perfeccionar el programa de salud visual integral, de modo de incorporar la detección, prevención, promoción y educación de la población respecto de los problemas visuales.	De acuerdo con las cifras que maneja la Sociedad Chilena de Oftalmología, el 16 por ciento de la población usa lentes, de lo que se puede concluir que existe una gran demanda insatisfecha. Si se hace una proyección al año 2010, esta cifra alcanzaría aproximadamente a ocho millones de chilenos.	A vía ejemplar, se citó el caso del hospital Roberto del Río, de Santiago, donde existen cinco mil niños en lista de espera, con las obvias consecuencias que ello implica, y, especialmente, con efectos en su escolaridad por problemas de visión. 	En consideración a las largas listas de espera, los oftalmólogos deberían dedicarse a resolver las patologías más complejas, y dejar la realización de los exámenes de detección de los vicios de refracción a los técnicos, como los optometristas o tecnólogos médicos. 	La Sociedad Científica de Tecnología Médica Oftalmológica recalcó que en el país existen desigualdades de acceso a algunas especialidades médicas, por lo que precisó que es muy difícil garantizar equidad cuando se requiere de la atención de especialidades médicas para el monitoreo y diagnóstico, como ocurre con algunas patologías del área oftalmológica, cuyos principales afectados son la población en edad escolar y el adulto mayor. 	Si bien es cierto que este tipo de patologías no presenta riesgo de muerte, no es menos cierto que son altamente determinantes de la calidad de vida de las personas afectadas, y de un costo social muy alto para el país. 	El colegio de la orden ha efectuado algunas evaluaciones respecto de los efectos que implica no contar con la atención oportuna de oftalmología en el sistema escolar, comprobándose que muchos problemas de aprendizaje detectados en los escolares en su primer ciclo de educación en el colegio, están relacionados con problemas de visión, los que debieran ser detectados precozmente, en la etapa preescolar, con lo cual se evitarían innumerables problemas de deserción escolar, entre otros, especialmente porque muchos de esos estudiantes no tienen un buen rendimiento académico. 	La Sociedad Científica de Tecnología Médica Oftalmológica y el colegio de la orden compartieron los objetivos de las mociones que sirvieron de base para la presentación de este proyecto, en cuanto a otorgar acceso fluido de la población a elementos que mejoren o devuelvan su calidad de vida.	Como especialista en oftalmología, el señor Razmilic, representante de la Sociedad Científica de Tecnología Médica Oftalmológica, ratificó que el lente de presbicia no produce trastornos oculares y, por lo tanto, el facilitar su acceso constituye una buena iniciativa.	El proyecto beneficiaría a dos millones y medio de personas, que correspondería a los eventuales présbitas. Si esta cifra se proyecta al 2006, existirán siete millones y medio de personas con vicios refractivos y casi tres millones con problemas de presbicia.	Los informes de la Sociedad Chilena de Oftalmología indican que el 26 por ciento de sus afiliados se desempeñan en el sector público y que el 74 por ciento desarrolla funciones en el sector privado, por lo que se puede concluir que la atención de estos profesionales es mínima en el primero, con los consiguientes problemas de acceso a la atención oftalmológica.	En Chile existe un oftalmólogo por cada sesenta y siete mil pacientes en el área pública y uno cada cinco mil en el sector privado. Por eso, los representantes de la Sociedad Científica de Tecnología Médica solicitó evaluar la posibilidad de facultar a los tecnólogos médicos de la especialidad de oftalmología para hacerse cargo de la promoción, prevención y pesquisa de la totalidad de los vicios de refracción, tomando en consideración su formación curricular.	El señor Gonzalo Jaque, abogado del Colegio de Tecnólogos Médicos, señaló que el Código Sanitario establece, con precisión, que la receta de lentes es un diagnóstico, es decir, es función privativa de los médicos, por lo que los tecnólogos están legalmente impedidos para extender recetas con potencia dióptrica.	Aclaró que el impedimento para realizar los exámenes correspondientes y determinar qué tipo de lentes necesita una persona que padece vicios de refracción es de orden legal y no técnico, por cuanto los tecnólogos con mención en oftalmología están capacitados para realizarlos.	La señora Vermehren, ex presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos, dijo que en casi todos los países de Europa los que recetan lentes para problemas de refracción son los optometristas y no los oftalmólogos. Acotó que la Sociedad de Oftalmología no ha reaccionado de manera expedita frente al problema y no ha permitido que se aumenten los cupos para la formación de especialistas ni menos que participen en ella otros profesionales.	Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por unanimidad, con el voto favorable de la diputada señora María Angélica Cristi y de los diputados señores Sergio Aguiló, Patricio Cornejo, Patricio Melero, Carlos Olivares, Alberto Robles, Eugenio Bauer, Juan Masferrer, Felipe Letelier, Enrique Accorsi, Pablo Prieto y de quien habla. 	Durante la discusión en particular, se presentó una indicación sustitutiva para agregar un artículo 128 bis al Código Sanitario, que fue aprobada en los siguientes términos:	“Artículo 128 bis.- Autorízase la venta de lentes con fuerza dióptrica, destinados a corregir problemas de presbicia en personas mayores de cuarenta años, sin receta médica, en todo tipo de establecimientos.	“Un reglamento determinará en forma clara y precisa una advertencia sobre los riesgos que, para la salud ocular, puede ocasionar la no concurrencia a una evaluación oftalmológica, en forma periódica”.Constancias reglamentarias.	La Comisión deja establecido que el proyecto no contiene materias de ley orgánica constitucional o de quórum calificado, que tampoco contiene normas que deban ser estudiadas por la Comisión de Hacienda y que fue aprobado en general por unanimidad.	Se designó diputado informante al señor Patricio Melero, quien no pudo concurrir a la sesión, razón por la cual lo ha reemplazado quien habla.	Es todo cuanto puedo informar.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.	El señor RECONDO.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero destacar que la iniciativa que hoy debatimos, presentada el 4 de abril de 2002, se originó en una moción del diputado Pablo Prieto, quien invitó a otros diputados a suscribirla. Lo destaco, porque el colega la presentó a los pocos días de haberse integrado a la Cámara. Asimismo, debo señalar que el 7 de agosto de 2003 -más de un año después- un grupo de parlamentarios, encabezado por el diputado Accorsi, presentó una moción prácticamente igual. Me parece que en estos casos deberíamos respetar la iniciativa y creatividad de los autores originales y no sumarse, como una forma de no quedarse atrás, presentando otra similar un año después.	Considero que la Comisión de Salud refundió en forma adecuada ambas mociones, pero lo más importante es que hoy tenemos un proyecto de ley que esperamos sea aprobado para que se convierta en ley lo antes posible.	Dicho eso, debo expresar que la razón que nos movió a presentar esta moción junto con el diputado Prieto, fue, fundamentalmente, abordar un problema real que afecta a los sectores más pobres y desposeídos de nuestra población, en particular, a los rurales. Quienes representamos a las zonas agrícolas, tenemos clara conciencia, porque lo constatamos día a día, que este es un problema permanente que afecta a las personas que viven en los sectores más apartados.	Como lo señaló el diputado informante, el proyecto apunta a resolver el problema de la presbicia, que, como bien se ha dicho, no es una enfermedad, sino una consecuencia del proceso natural de envejecimiento. Es decir, después de los 40 ó 45 años, todas las personas, cual más cual menos, empiezan a padecerla, lo que les impide enfocar correctamente la imagen y les crea dificultades para leer y ver objetos cercanos o muy pequeños.	Por lo tanto, como estamos ante una situación real que no constituye una enfermedad, a la que se suma la escasa posibilidad de muchas personas que presentan cierto grado de presbicia de acceder al sistema público de salud para conseguir atención con un oftalmólogo, consideramos que, de alguna manera, debíamos hacernos cargo de ella.	Actualmente, esto se produce, en primer lugar, por falta de especialistas: no contamos con un número suficiente de oftalmólogos que puedan responder a la demanda en este tipo de patologías. Mucho menor aún es el número de especialistas que prestan atención en el sistema público de salud. Imaginemos por un minuto qué sucede con un poblador de cualquier comuna del sector rural que presenta síntomas de presbicia. Sabemos que primero debe concurrir al consultorio más cercano, lo que le significa tiempo y dinero. Una vez en el consultorio, debe conseguir la derivación a un especialista, la que se otorga, en promedio, según datos entregados en la Comisión por representantes del Ministerio de Salud, para los próximos 241 días. Y puedo asegurar que en los sectores rurales de la Décima Región a los que represento, y en comunas y poblados de la Sexta y Séptima regiones que todos conocemos, ese tiempo de espera supera los 365 días; es decir, ese poblador debe esperar más de un año. Todos sabemos lo que eso puede significar.	La consecuencia de la presbicia es, entonces, que las personas no puedan leer y dejen de hacer una serie de actividades cotidianas, lo que limita su calidad de vida.	De la discusión habida en la Comisión y de los informes de los especialistas y del Ministerio de Salud, concluimos que la presbicia no es una enfermedad y que queda en evidencia que, en este caso, es muy importante determinar la relación riesgo-beneficio de la medida propuesta, la cual es muy baja.	¿Qué significa la relación riesgo-beneficio? Voy a dar el mismo ejemplo del médico representante del Ministerio de Salud. Hoy día, cuando las personas sufren una cefalea, es decir, un dolor de cabeza, acuden a analgésicos tradicionales, como la aspirina. A nadie se le ocurriría ir al médico para conseguir una receta para adquirirla en una farmacia. ¿Por qué? Porque el riesgo de automedicarse una aspirina o de estar ocultando una patología más grave es muy bajo. Las personas asumen ese riesgo porque es mínimo y, por lo mismo, no se exige receta médica para vender una aspirina.	Esa misma lógica es la que aplicamos en el proyecto, al establecer que no es necesario obtener una receta médica para adquirir lentes que solucionen el problema de la presbicia, porque la posibilidad de que exista una patología más grave es muy remota, y el daño que puede provocar en la visión futura de las personas el uso de lentes inadecuados es muy leve y fácil de corregir. En consecuencia, la relación riesgo-beneficio refuerza la posibilidad de permitir la venta de lentes para la presbicia sin receta médica.	Quiero hacerme cargo de un hecho real que constituye un problema de salud. Me refiere al escaso número de oftalmólogos existentes en el país, lo que constituye un verdadero círculo vicioso que afecta, fundamentalmente, a los más pobres, a quienes tienen menos recursos. El bajo número de especialistas, la reducida cantidad de becas que se otorgan para seguir la especialidad y las pocas horas que estos profesionales dedican a la atención en el sistema público, hacen que la mayor oferta se encuentre en la atención privada; pero como el costo de este servicio es muy elevado, las personas de menores ingresos no tienen posibilidad alguna de resolver su problema oftalmológico en forma particular.	Por todas estas razones, consideramos que la iniciativa en discusión es de la mayor importancia, pues permite resolver un problema que afecta a las personas de más escasos recursos.	Muchos diputados de la bancada de la UDI hemos desarrollado operativos en terreno con pobladores de los sectores rurales, en los cuales la gente ha tenido la posibilidad de acceder a lentes que resuelven su problema de presbicia, prácticamente sin costo. Es muy impactante vivir esos momentos, cuando, al ponerse los lentes, las personas prácticamente recuperan la visión y pueden leer nuevamente, las señoras recuperan la posibilidad de enhebrar una aguja, todo lo cual produce un cambio en su calidad de vida.	Reitero que el proyecto recoge una necesidad real de nuestra sociedad. Por lo demás, es una práctica que desde hace muchísimos años se realiza en Europa y en Estados Unidos de América, donde se pueden adquirir lentes para la presbicia en cualquier lugar, incluso en aeropuertos, supermercados y librerías. Estamos dando un importante paso para resolver un problema real de la gente, pues el uso de lentes adecuados mejora ostensiblemente su calidad de vida.	Por eso, esperamos que la Sala apruebe este proyecto, originado en una moción parlamentaria.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.	El señor OJEDA.- Señora Presidenta, estamos en presencia de un proyecto que, de aprobarse, podría traer consecuencias no deseadas.	La presbicia es un problema que quizás no todos conocen; es una condición visual que nos afecta a todos, a medida que transcurren nuestras vidas.	Por tratarse de un proyecto que afecta la salud y acarrea consecuencias sociales, técnicas y legales, no puedo dejar de intervenir esta mañana para analizar sus principales aspectos.	La iniciativa agrega un artículo 128 bis al Código Sanitario. El artículo 128 dispone: “Sólo en los establecimientos de óptica podrán fabricarse lentes con fuerza dióptrica, de acuerdo con las prescripciones que se ordenen en la receta médica correspondiente”.	Además, dispone que dichos establecimientos podrán abrir locales destinados a la recepción y al despacho de recetas médicas en que se prescriban estos lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente.	El objetivo del proyecto -sus autores presentaron las mociones con muy buenas intenciones- es eximir la exigencia de la receta médica para la venta de lentes con fuerza dióptrica. Su artículo único señala: “Autorízase la venta de lentes con fuerza dióptrica, destinados a corregir problemas de presbicia en personas mayores de cuarenta años, sin receta médica, en todo tipo de establecimientos”.	Los argumentos que se entregan para avalar esa disposición son el elevado precio de los lentes, la experiencia internacional, la ausencia de efectos secundarios y la disminución de costos. Sin embargo, es absolutamente contraria a lo que establece la ley vigente, porque preceptúa una exclusión que tendrá consecuencias desde distintos puntos de vista.	El inciso segundo del artículo único señala: “Un reglamento determinará en forma clara y precisa una advertencia sobre los riesgos que, para la salud ocular, puede ocasionar la no concurrencia a una evaluación oftalmológica, en forma periódica”.	Algo similar ocurrió a propósito de las restricciones al consumo del tabaco, en cuya discusión en la Comisión de Salud fuimos categóricos en señalar que para cautelar la salud de las personas que fuman, tanto en las cajetillas de cigarrillos como en la publicidad de las industrias tabacaleras, se debe agregar la advertencia de que el tabaco puede producir cáncer. Si bien todos sabemos que el tabaco es dañino para la salud, se debe señalar claramente que puede producir cáncer, para que la gente evite su consumo.	El proyecto autoriza la venta de lentes con fuerza dióptrica sin receta médica, pero, al mismo tiempo, advierte sobre los riesgos que, para la salud ocular, puede ocasionar la no concurrencia a una evaluación oftalmológica periódica. Por tanto -como en el caso del tabaco-, uno se pregunta cuál es el objeto de establecer dicha autorización.	El proyecto contiene fundamentos económicos atendibles. No obstante, puede producir efectos no deseados por sus autores, quienes lo elaboraron con el objeto de favorecer a las personas de escasos recursos que prescinden de asistir al oftalmólogo por falta de dinero o debido a las largas listas de espera en los consultorios comunales. Sus efectos pueden ser más gravosos para las personas no sólo en términos económicos como en salud.	La presbicia, una condición física de alta frecuencia en la población, que comienza a afectar a las personas a partir de los cuarenta o cuarenta y cinco años, como consecuencia del proceso natural de envejecimiento, consiste en la dificultad para ver correctamente objetos cercanos. Afecta especialmente la capacidad de lectura, de escritura y cualquiera otra actividad similar. Por lo tanto, se trata de una condición previsible y natural.	Es discutible si se trata o no de una enfermedad. Si no es una enfermedad, es una condición natural propia del envejecimiento que suele asociarse a otras patologías, con consecuencias colaterales. La presbicia lleva implícitas otras afecciones que, de no ser detectadas a tiempo, pueden provocar un daño mayor.	La iniciativa va dirigida a personas de escasos recursos, porque las de mayores ingresos no tienen problemas para ir al oftalmólogo y comprar lentes con receta. Entonces, ¿podemos aceptar que un gran porcentaje de chilenos sean excluidos de la obligación legal de concurrir a un especialista antes de adquirir lentes? El hecho de que se puedan vender lentes sin receta médica, ¿no es acaso una excepción legal que perjudica y pone en riesgo la salud visual? ¿No se colocará en grave riesgo de salud a quien recurra a la automedicación o prescinda de la receta médica para adquirir lentes? 	Las personas podrán autorrecetarse lentes para corregir momentáneamente su problema de presbicia, pero jamás consultarán a un especialista porque no estarán obligadas. Si no se las obliga, no lo harán. Debe haber un precepto imperativo, pues, de lo contrario, jamás consultarán a un facultativo y, en consecuencia, no se conocerán sus problemas subyacentes, con lo cual serán serios candidatos para engrosar las filas de ciegos, y sabemos de la importancia de la visión en el rendimiento laboral.	Si no se concurre a un especialista, el Estado deberá cargar con un fuerte incremento de gastos en la salud ocular de los chilenos, pues deberá tratar sus problemas en la fase terminal, y financiar operaciones y tratamientos más largos, complejos y costosos.	La autorización para la venta de lentes sin receta médica en establecimientos de cualquier tipo provocará gravísimos daños en la salud de la población y hará desaparecer las atenciones preventivas que toda persona de cierta edad debe recibir, sin perjuicio de que se extiendan las patologías de la visión por la adquisición indiscriminada de lentes, como está ocurriendo.	En resumen, más que autorizar la venta de lentes sin receta médica, deberían aplicarse verdaderos programas de salud ocular destinados a prevenir y corregir las patologías y vicios de refracción que se presentan en los chilenos, de manera de lograr una mejor calidad de vida de miles de compatriotas.	Mi preocupación apunta a señalar algunas situaciones o circunstancias que, aunque en apariencia sean positivas, pueden implicar riesgos para la salud de la gente común, de las familias chilenas.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Como todos saben, éste es el mes de la discapacidad, iniciativa en la que la Cámara de Diputados ha tenido una activa participación.	En este momento, la Comisión especial de discapacidad está en sesión, y me corresponde presidir el acto de clausura de todas sus actividades.	Tiene la palabra el diputado Francisco Bayo.	El señor BAYO.- Señora Presidenta, lamento que mi posición sea absoluta y totalmente contraria al proyecto, porque tengo la convicción de que los parlamentarios que presentaron las mociones tuvieron la mejor intención del mundo. Sin embargo, como médico y miembro de la Comisión de Salud, con mucha experiencia en la materia, no puedo sino oponerme a él, por razones técnicas, éticas y jurídicas.	Desde el punto de vista técnico, permitir que una persona mayor de 40 años adquiera lentes ópticos en cualquier establecimiento comercial significa, lisa y llanamente, hacer realidad la automedicación, que ha sido cuestionada de modo sistemático por todos los profesionales de la salud y los colegios respectivos, criterio que comparto.	Los riesgos que conlleva la automedicación permitirían, en este caso y a guisa de ejemplo, en primer lugar, el uso de una fuerza dióptrica superior a la estrictamente necesaria para corregir problemas de visión. Una persona, sobre todo de escasos recursos, puede padecer, sin saberlo, de una catarata inicial. Si va a un supermercado u otro establecimiento cualquiera, puede comprar una lupa y ver mucho mejor. Entonces, se quedará tranquila y seguirá usando la lupa, mientras su catarata continuará aumentando de tamaño, con el consiguiente perjuicio que le producirá ignorar durante largo tiempo que padece una patología muy severa desde el punto de vista oftalmológico.	Voy a dar cifras: el 10 ó 20 por ciento de las personas mayores de 40 años que se beneficiarían, según el proyecto, padece de retinopatía diabética; entre el dos y el cuatro por ciento, de glaucoma; cerca del 40 por ciento, de catarata, y el 1,5 por ciento presenta degeneración macular relacionada con la edad. Si las personas desconocen sus enfermedades y acuden a un supermercado o a otro establecimiento cualquiera, incluso al boliche de la esquina, a fin de solucionar su problema, esas patologías graves podrían pasar inadvertidas y se podría producir un efecto contrario al deseado, en el mediano y largo plazo, mucho más grave de lo que se quiere corregir con el proyecto que analizamos.	Repito, si las personas se automedican, se corregirá momentáneamente su problema de visión, pero jamás consultarán para saber qué problema subyacente puede haber y, por lo tanto, son serias candidatas a engrosar las filas de ciegos. Por ello, una medida como la que se propone es un error de grueso calibre que puede acarrear nefastas consecuencias para la salud ocular de la población, ya que, según los datos que tenemos, la prevalencia de ceguera no es despreciable. 	Además, las detecciones de los problemas de refracción son consecuencia de un acto exclusivamente médico, común y corriente. Por lo tanto, la contravención de ese acto significa un atentado a la ética y a todo principio de prevención presente en todos los quehaceres de la vida, incluyendo, por ejemplo, nuestras relaciones internacionales, o materias que tienen que ver con seguridad. Reitero, se vulneraría un principio de precaución indispensable si queremos mejor salud para los chilenos.	Desde el punto de vista jurídico, voy a recordar lo dicho por un representante del Colegio Médico, quien, en la parte pertinente, aseveró: Si además se concluyere que, técnicamente, es objetable para la salud de la población la prescripción de lentes con fuerza dióptrica por una tienda de venta de lentes, sin pasar por la consulta médica, cualquier iniciativa en tal sentido constituye una amenaza a las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, en sus números 1º, en relación con la integridad física de las personas, y 9º, inciso cuarto, toda vez que, de no mediar una modificación de todos los cuerpos normativos citados, entre ellos, el Código Sanitario, el Estado no estaría garantizando la ejecución de las acciones de la salud en la forma y condiciones que determina la ley”. 	Pudiere también, en lo que concierne al médico especialista, verse vulnerado el número 16 de la norma citada, sobre libertad de trabajo y su protección, así como su numeral 21, referido al derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, criterio estrictamente jurídico que recuerdo, sostengo y mantengo.	Por otro lado, ¿cuál es la situación actual en Chile? Según el Ministerio de Salud, la lista de espera sería de ochenta mil personas. Encuestas recientes de la Sociedad de Oftalmología, realizadas en los veintiocho servicios de salud, revelan que esta espera no supera las cuarenta mil personas. Los mismos estudios aseguran que el 75 por ciento de los oftalmólogos, es decir, tres de cada cuatro, están dispuestos a solucionar este problema trabajando en el sector público e, incluso, en el sector privado, en condiciones estrictamente favorables para aquellas personas con menos recursos. En este mismo contexto, se pueden llenar cargos que estén vacantes en la actualidad.	Hoy, en octubre de 2003, existen dos cargos vacantes de médicos oftalmólogos en Concepción y uno en el hospital del Salvador, y hay médicos dispuestos a llenarlos. Asimismo, en los próximos días se iniciará un plan nacional ocular que, con un mínimo aporte, ya sea del Ministerio, de los servicios de salud o de las municipalidades, puede terminar con las listas de espera. 	También es necesario destacar que en algunos lugares de Chile, como Punta Arenas, por ejemplo, hay diez oftalmólogos. Pero ¿cuál es el problema? No es la falta de oftalmólogos ni de recetas, sino la lista de espera de pacientes, generalmente de escasos recursos, que tienen la receta, pero que llevan meses esperando obtener sus lentes, cuyo costo -todos lo sabemos- es bajísimo. Aquí hay un problema que es de responsabilidad del Estado, fácil de solucionar y que no necesita de una disposición como la que se propone. Insisto en que debe haber un esfuerzo compartido por parte del Ministerio de Salud, de los servicios de salud e, incluso, de las municipalidades, porque el plan nacional ocular que se pone en marcha, como plan piloto, la próxima semana, inédito en América Latina, permitirá satisfacer las demandas pendientes, sin los riesgos de la automedicación, idea contenida en el proyecto respecto de la cual lamento discrepar.	Por último, anuncio que voy a votar en contra del proyecto, porque todo lo que expresé, en forma sucinta -para no repetir lo que ya se dijo- se refleja en el texto mismo del inciso primero de su artículo único, que dice: “Autorízase la venta de lentes con fuerza dióptrica, destinados a corregir problemas de presbicia en personas mayores de cuarenta años, sin receta médica, en todo tipo de establecimientos”.	Pero ¿qué establece su inciso segundo?: “Un reglamento determinará en forma clara y precisa una advertencia sobre los riesgos que, para la salud ocular, puede ocasionar la no concurrencia a una evaluación oftalmológica, en forma periódica”.	En el primer inciso se autoriza la venta sin receta médica, pero en el segundo se advierte: mucho cuidado, porque su salud ocular corre riesgos si no tiene una evaluación oftalmológica. Ello es total y absolutamente contradictorio.	Por esa razón y por los argumentos que esgrimí en la primera parte de mi intervención, me opongo con fuerza a este proyecto, sin perjuicio de respetar, sinceramente, la buena voluntad, el sacrificio y la preocupación que, por la salud de los chilenos, evidencian en su iniciativa los colegas firmantes de la materia en cuestión.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.	El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en los tiempos que corren, esta iniciativa es una de las pocas que ha concitado, al menos en la Comisión de Salud, un alto nivel de consenso, no obstante las legítimas y ya conocidas opiniones del diputado Francisco Bayo, que también en su momento vertió en la Comisión. 	Sin embargo, antes de hacer algunas reflexiones respecto de las objeciones que hay sobre el contenido del proyecto, no puedo evitar contestar las injustas palabras del diputado Recondo, jefe de Comité de la Unión Demócrata Independiente, quien se ha permitido decir, incluso en contra del informe presentado a la Sala por el diputado Forni, de su propia bancada, que la segunda iniciativa presentada fue un plagio de otra anterior, pensada y elaborada por miembros de la UDI.	Entiendo que no todos en la UDI tengan el privilegio de hablar con su líder, que está en los cielos, pero todos debieran tener, al menos, la capacidad de hablar entre ellos, porque tienen teléfonos -“arriba” no los hay-	(Aplausos).	Entre nosotros podemos utilizar teléfonos o emails. Así, por ejemplo, el diputado Recondo podría haberle preguntado al diputado Melero sobre esta iniciativa, que se viene trabajando en la Comisión desde 1997. El diputado Recondo fue parlamentario al inicio de la transición a la democracia; luego estuvo un tiempo fuera del Congreso -está en su derecho y, naturalmente, también es el derecho de sus electores-, por lo que no le correspondió participar en el período en el que más intensamente trabajamos acerca de la posibilidad de que nuestros compatriotas pudieran adquirir lentes para resolver su problema de presbicia en farmacias, librerías o supermercados, como ocurre actualmente en la mayoría de los países de Europa.	Esta iniciativa se presentó por primera vez en 1997 y, efectivamente, hubo un acuerdo inicial entre los parlamentarios de la Concertación y de la Oposición. En esa oportunidad -hay que decirlo-, calaron hondo los argumentos de los representantes del Colegio Médico de Chile y, particularmente, de la Sociedad de Oftalmología, quienes manifestaron a la Comisión los tremendos estragos que podría causar, sobre todo en la salud visual de los chilenos, una medida como la que hoy estudiamos. Al mismo tiempo, se comprometieron a hacer amplios operativos médicos en todo el país para que efectivamente los interesados pudieran conseguir lentes a través de las horas oftalmológicas disponibles en los hospitales y consultorios. Pasaron los años y dejamos pendiente, en 1997 ó 1998, la tramitación de la iniciativa, porque, no obstante la buena voluntad e intención que tuviéramos, consideramos muy grave afectar, de manera indirecta, la salud de la población a través de una medida como la que se proponía. Sobre todo, nos alentó la disposición del Colegio Médico y de la Sociedad de Oftalmología.	Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al diputado señor Bayo, quien ha expuesto con toda legitimidad los argumentos del Colegio Médico, que el tiempo fue despejando, de manera muy poderosa, dos tipos de razones: por un lado, cada vez tuvimos más información, sistemática y seria, acerca de que la presbicia es un anomalía, una enfermedad, una patología -no soy médico- para quienes la sufren, entre los cuales me incluyo. Aquí tengo unos anteojos que no los compré en ninguna óptica, sino en un lugar común y corriente.	El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- ¡Son rascas!	El señor AGUILÓ.- Son rascas, como dice el diputado Álvarez-Salamanca. Los compré a un precio módico, al que debieran acceder todos nuestros compatriotas.	Como decía, la presbicia es una enfermedad que no significa ningún riesgo para quien se automedica. Es como si alguien padeciera de migraña o de cefalea y comprara en la farmacia -está autorizado por la ley- cualquier remedio contra ella, o si tuviera un resfrío o gripe y comprara los fármacos respectivos. Incluso, en relación con otras patologías -y para ello existen las farmacias-, no todos los medicamentos se expenden en la farmacia sin receta médica.	Por otro lado, pudimos constatar que en la actualidad, en la mayoría de los países de Europa se venden muy bien lentes para la presbicia. A esa realidad podría haber dedicado toda su intervención -fue muy buena- el diputado señor Recondo, ya que él mismo nos recordaba que este tipo de lentes se vende en los aeropuertos, en los supermercados, en las librerías y en muchos otros lugares; porque, efectivamente, la presbicia, según los médicos y los entendidos, es una limitación a la vista que afecta, en promedio, a los 45 años, cuando una persona ya no puede distinguir, a una distancia razonable, las letras del diario o los documentos que normalmente lee y, entonces, requiere de un par de lentes que dé un aumento a la visión de sus ojos.	Señor Presidente, consultamos a representantes del Ministerio de Salud acerca de las listas de espera, y la principal razón que nos lleva ahora a aprobar unánimemente este proyecto de ley es la siguiente constatación: de las listas de espera por especialistas que existen en todos los hospitales del país, que están por sobre las 150 mil o 200 mil personas -y digo que hay un rango allí, pues no todos los hospitales han hecho las pesquisas de identificación de sus listas de espera-, sobre el 50 por ciento es estrictamente de oftalmología.	Hay más de 30 especialidades médicas, pero no las nombraremos todas, ya que nos podemos imaginar a qué tipo de especialidades nos podemos estar refiriendo. De esas 30 especialidades médicas, con sus respectivos especialistas, la oftalmología retiene más del 50 por ciento de las listas de espera. Pues bien, en opinión de representantes del Fonasa y del Ministerio de Salud, dos tercios de dichas listas pertenecen a personas que deben esperar uno o dos años, y algunas veces más tiempo, para que un médico se digne recetarles un par de lentes para la presbicia. Ello no tiene que ver con glaucoma, con catarata ni con otras patologías más severas o complejas que, naturalmente, deben requerir la intervención de especialistas para su tratamiento. De tal manera que lo que ocurre, por lo menos en el sector público de salud, donde se atiende el 68 por ciento de los chilenos, es la falta absoluta de especialistas oftalmólogos. Además, existe un comportamiento muy responsable en esta materia, toda vez que hay un proyecto de ley, presentado en ese sentido también en la Comisión -otro distinto-, con el patrocino de diputados de la UDI, de Renovación Nacional y de todos los partidos de la Concertación. Hemos trabajado estos temas en la Comisión de Salud, la mayoría de las veces de manera técnica, a sabiendas de que el Colegio Médico y la Sociedad Oftalmológica se comportan como cartel.	¿Ustedes saben cuántos oftalmólogos al año autoriza la Sociedad Oftalmológica? ¡Uno o dos! ¿Saben que el Ministerio de Salud debe destinar recursos para que se formen sobre 15 especialistas en oftalmología en España, Perú, México y Cuba, con recursos del Estado Chileno, pues en las universidades chilenas no se pueden formar oftalmólogos, porque lo tiene prohibido la Sociedad Oftalmológica? No lo tiene prohibido en un dictamen con resoluciones, porque eso, naturalmente, llevaría este tema a la Comisión Antimonopólica, la cual debería hacer algo al respecto; pero, ciertamente, los oftalmólogos forman a los oftalmólogos -pues es muy difícil que un traumatólogo forme a un oftalmólogo; sólo pueden formarlos los pares-, y son ellos los que han impedido que se formen esos especialistas y que haya suficiente atención. De tal manera que las soluciones que nos propone el diputado señor Bayo -con la mejor de las intenciones- son imposibles, irrealizables y completamente fuera de la realidad de nuestro país.	Mientras no resolvamos el tema de las sociedades científicas y, en particular, de aquellas que actúan como carteles y que no forman más especialistas con el objeto de constreñir la oferta y elevar artificialmente los precios de las consultas a límites increíbles, no podremos resolver el problema de las consultas no atendidas, tanto oftalmológicas como de otras especialidades.	La Comisión de Salud analizó sistemáticamente el tema durante más de seis años, y a ella concurrieron parlamentarios de todas las bancadas. Otros países pueden tener culturas muy distintas, pero la presbicia afecta con la misma lógica y con los mismos principios físicos a un español, a un inglés o a un chileno. Por lo tanto, si los españoles o los ingleses pueden comprar sus anteojos para la presbicia en un supermercado, no veo por qué los chilenos no puedan comprarlos de la misma manera a dos mil pesos, en vez de pagar treinta mil o cuarenta mil pesos, luego de concurrir a la consulta médica respectiva.	Por las razones expuestas, hemos patrocinado este proyecto y sugerimos a la Sala su aprobación.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, con todo agrado concedo una interrupción al diputado señor René Manuel García.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa por una sola razón, y la voy a dar, como se diría en el campo, con un ejemplo muy simple: pido a las personas que tienen presbicia y usan lentes, que se los saquen, los dejen sobre el velador y esperen dos años para que les den una hora para una consulta médica. Me gustaría saber cómo vivirán durante esos dos años, sin poder ver bien, sin poder leer, ni hacer cosas simples.	Considero de buena conducta y un acto de humanidad apoyar este proyecto. Una persona con presbicia y que no puede usar sus lentes es como si estuviera absolutamente ciega; no puede hacer cosas esenciales. Ésa es una de las razones que me llevan a votar a favor de esta iniciativa.	Segunda razón. Estuve en Estados Unidos de América. Si hay un país que protege la salud de sus habitantes es precisamente Estados Unidos de América. Allí, los lentes para la presbicia se pueden comprar en los supermercados. Sin embargo, los chilenos no tienen ninguna posibilidad de hacerlo porque “somos más papistas que el Papa” y nuestra oftalmología es una especialidad cerrada. Me parece increíble haber estado debatiendo este proyecto durante seis años y que no haya sido aprobado.	Para una persona con presbicia, el no poder comprar sus lentes es como si le sacaran los ojos. Por razones humanitarias y porque es fundamental para esas personas poder ver bien y tener un descanso, votaré favorablemente el proyecto.	Por su intermedio, señor Presidente, pido al diputado informante que me aclare por qué en Chile se ponen tantas trabas para la adquisición de esos lentes, en circunstancias de que -reitero- en Estados Unidos de América o en Europa se pueden comprar fácilmente. ¿No será que en Chile se están protegiendo intereses económicos?	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.	El señor AGUILÓ.- La razón es la misma por la que en Chile se viene discutiendo la ley de divorcio desde hace diez años: existen instituciones que tienen metida la cola en el Congreso Nacional.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- La verdad es que llevo veinticinco años de matrimonio; he sido muy feliz y votaré en contra del divorcio.	Reitero que por razones humanitarias, votaré favorablemente el proyecto.	Agradezco al diputado Jaramillo la interrupción que me concedió.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Recupera la palabra el diputado señor Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la regulación de esta materia se encuentra en una norma general del Código Sanitario, dentro de las atribuciones exclusivas que la ley reconoce y entrega a los médicos. Este proyecto es una iniciativa de expertos en medicina.	Me hace mucha fuerza el comentario del diputado señor Bayo. Me preocupa y me mueve a reflexión la aprobación del proyecto.	Recuerdo un reciente reclamo de la Sociedad de Oftalmólogos por la entrega masiva, sin ningún control, de lentes en mi región. Ello indudablemente nos oriente hacia lo que comentó un entendido en medicina, como es el doctor Bayo: no a la automedicación	La iniciativa está inspirada, a mi juicio, en principios muy elementales que hay que entender: que las personas mayores que sufren de una enfermedad propia de su edad y absolutamente natural, como es la presbicia, puedan adquirir lentes sin necesidad de contar con una receta médica. Ello se justificaría en el hecho de que la cobertura de atención oftalmológica en nuestro país es muy deficitaria. Por ello, ¿por qué no reconocer la fuerza que me hace también el comentario del diputado Sergio Aguiló?	En relación con el proyecto, cabe evaluar los riesgos que significaría la automedicación de un lente para la presbicia.	La Sociedad Oftalmológica dice, sobre esta materia, que los detractores de la libre compra de estos lentes señalan que ésta implica dilatar la atención con un profesional calificado, como un oftalmólogo, que pudiera detectar la presencia de patologías adicionales, como las retinopatías, las neuropatías o el glaucoma, que, de ser diagnosticadas precozmente, podrían evitar una ceguera posterior. Este riesgo aumentaría en las personas que sufren de diabetes, según comentaba el doctor Bayo.	En el debate en la Comisión, las posiciones han sido encontradas. La sociedad médica que agrupa a los oftalmólogos ha advertido de posibles efectos nocivos de la disposición al retardar la consulta precoz a los especialistas, con lo cual es probable que mucha gente se quede sin la posibilidad de ser diagnosticada de dolencias mayores que aparecen luego de los cincuenta años, edad en que, en promedio, se produce la presbicia.	Por otro lado, las autoridades del Ministerio de Salud nos dicen que el asunto no es tan alarmante, pues esto se autoriza en otros países, y que errar entre un lente y otro puede ocasionar, a lo más, dolores de cabeza y mala visión, efectos que no son permanentes en el tiempo.	Como representante de una zona vinculada al mundo rural, veo frecuentemente cómo miles de adultos mayores se ven impedidos de realizar actividades tan esenciales como leer, ver televisión o simplemente manipular objetos de cerca, por carecer de anteojos.	Esta iniciativa legal me causa dudas, pues, según señaló la Sociedad de Oftalmología, no beneficiará a las personas de menores recursos, quienes quedarán indefensas y con altas posibilidades de quedar ciegas, ya que, de acuerdo con el último censo, el 78 por ciento de la población de sobre 45 años concentra la mayor cantidad de personas con ceguera.	Por estos antecedentes, sin lugar a dudas, preocupa la aprobación de este proyecto, que está bien inspirado, pues llevaría tranquilidad a tantos que esperan horas, días y meses -como señalaba el diputado señor García- para lograr una cita con el oftalmólogo.	La bancada del PPD ha acordado patrocinar y aprobar el presente proyecto.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto.	El señor PRIETO.- Señor Presidente, como uno de los autores de esta iniciativa, celebro y agradezco la favorable acogida que ella ha tenido en el Congreso Nacional, especialmente en la Comisión de Salud especialmente en la Comisión de Salud, en la que se aprobó por unanimidad.	La presbiopía, más conocida como presbicia, es uno de los problemas físicos que afecta con mayor frecuencia a las persona mayores de 40 años, por lo que no es considerada enfermedad, sino una consecuencia del proceso natural de envejecimiento. Por regla general, los síntomas se presentan a partir de los cuarenta y cinco años, cuando es necesario alejar los textos para tener una mejor visión, problema que se hace progresivo y alcanza su máximo nivel entre los cincuenta y cinco y 60 años. Para corregir el problema, basta el uso de lentes de aumento con fuerza dióptrica.	En nuestros distritos rurales, vemos cómo personas adultas, especialmente mujeres, necesitan utilizar lupas para enhebrar agujas y coser. Los efectos secundarios por utilizar lentes de aumento para subsanar este tipo de problemas sin receta médica de por medio son casi inexistentes. De hecho, el uso de lentes con aumento mayor o distinto al necesario, así como su incorrecta utilización, solo podría ocasionar dolores de cabeza o tensión visual, pero en ningún caso problemas más complejos o un empeoramiento de la presbicia.	Por lo tanto, autorizar la venta de este tipo de lentes para el tratamiento de la presbicia sin necesidad de presentar receta médica disminuirá considerablemente su costo, lo que significará un importante ahorro en salud para las personas, especialmente para aquellas de escasos recursos. Si se considera que una persona recibe una pensión asistencial que bordea los 37 mil pesos, es fácil comprender que jamás podrá llegar a la consulta oftalmológica, cuyo costo, al menos en provincia, es de entre 15 mil a 20 mil pesos. Si a eso se suma el costo de los lentes, que alcanza los 12 mil o 13 mil pesos, menores serán las posibilidades de acceder a una solución inmediata a su problema visual. Es decir, el proyecto da una solución real a las personas más necesitadas.	Durante la campaña electoral fui criticado por entregar este tipo de lentes a personas de escasos de recursos. Ello obedeció al deseconocimiento del tema y por la falsa creencia de que el mal ocular que se pretende sanar podría empeorar con una solución equivocada. Estos lentes, reitero sólo aumentan el tamaño de las imágenes, pero no corrigen el problema visual, que deriva de la edad y del normal proceso de envejecimiento.	De allí la importancia de la iniciativa legal en estudio, ya que son miles los chilenos que necesitan simplemente lentes con aumento que les permitan ver la vida con más optimismo.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Edmundo Villouta.	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, en la última campaña parlamentaria -uno lo dijo el diputado Prieto- fue una práctica generalizada entre los candidatos la distribución gratuita de esos lentes para congraciarse con el electorado. A raíz de eso, el ex diputado Arratia me comentó los peligros que implicaba el uso indiscriminado de lentes sin receta médica y sin una consulta médica especializada.	En mi opinión, el proyecto no precave este peligro para la visión de las personas, porque no es suficiente que señale: “Un reglamento determinará en forma clara y precisa una advertencia sobre los riesgos que, para la salud ocular, puede ocasionar la no concurrencia a una evaluación oftalmológica, en forma periódica.” 	Por otra parte, su inciso primero establece: “Autorízase la venta de lentes con fuerza dióptrica, destinados a corregir problemas de presbicia en personas mayores de cuarenta años, sin receta médica, en todo tipo de establecimientos.” O sea, queda abierta la posibilidad de que se entreguen estos lentes en cualquier negocio de barrio, sin querer desprestigiarlos. Entonces, ¿quién puede garantizar que una persona mayor de cuarenta años que los compre está procediendo bien? No hay seguridad de ello. Puede ser que algunas personas tengan la precaución de consultar cuando les duele la cabeza por el empleo de lentes. Los especialistas han señalado que es muy peligroso y dañino el uso de lentes inadecuados.	Creo que la salud pública merece cuidados y una mayor preocupación.	Volviendo a lo dicho anteriormente, debo decirles que traté de adquirir esos lentes, que en ese tiempo eran sumamente baratos, para entregarlos en la campaña electoral; pero, al final, desistí, porque no quise jugar con la vista y con la salud de los electores de mi distrito.	Por lo tanto, votaré en contra y espero que el proyecto sea rechazado, porque su aplicación será un peligro para la salud de las personas.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.	El señor ROBLES.- Señor Presidente, el tema que hoy nos convoca es altamente importante para la población, sobre todo para los adultos mayores.	Como se ha dicho, casi todos necesitaremos usar lentes por la presbicia alguna vez. Con el aumento de las expectativas de vida, una persona puede vivir hasta los 75 o más años; pero después de los 45 años, la afectará la presbicia y deberá usar lentes. Esa es una realidad que la vida nos depara por el hecho de vivir más años. Por lo tanto, es absolutamente necesario para los adultos mayores usar lentes que les permitan ver y mejorar su calidad de vida. Por muy pobre o adinerada que sea la persona, de todos modos los necesitará.	En ese sentido, el proyecto busca corregir un elemento distorsionador en nuestra sociedad. Cuando una persona tiene la capacidad económica suficiente acude a la consulta privada de un oftalmólogo, quien lo examina y le entrega una receta médica para que el paciente vaya a la óptica y compre los lentes que requiere. No le cuesta mayor tiempo ni esfuerzo. Pero, si se trata de una persona de escasos recursos económicos -como es muy frecuente en zonas rurales-, no puede ir a una consulta oftalmológica. Debe esperar a que lo deriven a un hospital desde la atención primaria, donde existen muy pocos oftalmólogos que le solucionen su problema. Es la realidad de los adultos mayores de escasos recursos.	El proyecto entrega una solución que si bien no es óptima, a nuestro juicio es la que el país requiere. Hay restricciones y elementos que se deben considerar. El Estado quiere entregar a sus adultos mayores que requieren de lentes un producto de calidad que realmente solucione su problema y no lo agrave. Por eso, la iniciativa no cambia ni modifica el artículo 128 del Código Sanitario que señala: “Sólo en establecimientos de óptica podrán fabricarse lentes con fuerza dióptrica de acuerdo con las prescripciones que se ordenen en la receta médica correspondiente.” Es decir, el Código Sanitario resguarda que la fabricación de los lentes se realice sólo por instituciones con capacidad tecnológica. Ese importante elemento también lo hemos resguardado en el proyecto y, por lo tanto, debemos ser capaces de mantener el control al respecto.	En ese sentido, si bien nos parece importante liberalizar la venta de lentes, formulamos un planteamiento respecto de la necesidad de que estos establecimientos sean regulados, con el objeto de que reúnan condiciones mínimas para entregar lentes ópticos.	En Europa se venden lentes en supermercados, aeropuertos y otros establecimientos, pero ello está regulado para que la calidad del producto sea beneficiosa para la gente. Por ejemplo, en algunos establecimientos europeos se cuenta con un muestrario de lentes y unas tablas especiales que permiten determinar cuál es el adecuado para solucionar el problema de la presbicia.	Me parece importante disponer que los establecimientos deben ser autorizados por la autoridad competente. En nuestro país, el organismo que autoriza a los establecimientos a vender alimentos y otros productos es el Servicio Nacional de Salud, SNS y la autoridad sanitaria. Aunque algunos señores diputados no concuerden conmigo, creo que los establecimientos que vendan lentes deben ser autorizados por el SNS, organismo que debe cautelar el cumplimiento de los requisitos sanitarios.	En segundo lugar, existen elementos tecnológicos que permiten obtener un diagnóstico adecuado, en forma rápida y efectiva. Por ejemplo, el autorrefractómetro entrega la receta del lente requerido para la presbicia del paciente en un minuto. Ese instrumento cuesta aproximadamente 10 millones de pesos, por lo que si se implementase una política adecuada, lo podríamos tener en los consultorios de atención primaria, para, a través de ella, solucionar el problema de las personas de menores recursos, otorgándoles una receta rápida y adecuada a su tratamiento para que puedan despacharla en un establecimiento autorizado para tal efecto.	Por las razones expuestas, considero importante incorporar algunas indicaciones al proyecto.	He dicho.	La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.	El señor DITTBORN.- Señora Presidenta, muchos colegas podrán pensar que éste es un tema pequeño. Sin embargo, estoy muy orgulloso de ser uno de los diputados que firmaron la moción, porque para muchos compatriotas, especialmente los más modestos, ésta es una materia de gran importancia. 	No voy a repetir los argumentos entregados por el diputado Recondo y otros respecto de la importancia de que lentes, cuyo costo es elevado, después de aprobado el proyecto, estén disponibles para aquellos que no pueden acceder a un especialista para someterse a un examen completo ante una posible patología ocular. 	Quiero hacerme cargo de un argumento dado por el diputado Bayo, que me parece importante. Él dijo que adquirir lentes en forma muy económica de alguna manera hará impedir que las personas no se preocupen de practicarse exámenes oftalmológicos tengan una revisión más más completos, mediante los cuales se pueden descubrir otras patologías, como cataratas, glaucoma y otras. 	Si en Chile hubiera suficientes oftalmólogos, especialmente en regiones y en las zonas agrícolas, y la gente pudiera acceder en forma expedita a sus consultas para obtener exámenes cuidadosos y recetas apropiadas, obviamente, el proyecto sería mucho más irrelevante. Todos quisiéramos que eso ocurriera. Lamentablemente, ésa no es nuestra realidad. Probablemente, pasarán años o décadas hasta que los chilenos más modestos puedan recibir atención oftalmológica adecuada.	Podemos discutir las responsabilidades. ¿Es responsabilidad de los servicios de salud estatales o, como decía el diputado Bayo, no de la carencia de oftalmólogos, sino que de la falta de lentes? No sé. Pero el hecho concreto es que cuando uno va a los sectores rurales y entrega los lentes a las personas, ellas lloran de emoción. Porque la gente más modesta, cuando va perdiendo la vista, cree que es algo cultural, que eso es como que aparezcan canas, que es casi irremediable. Y dejan de leer; las mujeres dejan de cocinar, de coser, y creen que son cosas que no podrán hacer nuevamente. Decirle a una persona que está perdiendo la vista, que no podrá volver a ver porque puede tener glaucoma o catarata y que ponerle anteojos de 500 pesos es peligroso porque no tiene posibilidad de hacerse un examen más profundo, es simplemente una tontería. 	Desafortunadamente, no estamos en un país ideal y, por lo tanto, hay que preferir el mal menor que, en este caso, es solucionar a la gente un problema concreto, como es el no poder leer, cocinar, coser, antes de esperar -ojalá- que las personas más humildes puedan hacerse exámenes más rigurosos a la vista, que les permitan descubrir otros tipos de posibles patologías. En ese sentido, tenemos un problema de fondo que no es materia de la iniciativa y que, a mi juicio, lo mencionaba muy bien el diputado Aguiló. En general, el de los cupos que se establecen para la formación en las distintas especialidades médicas es un tema que nos debe preocupar, porque, evidentemente, no es razonable que el Ministerio de Salud gaste recursos en especializar a médicos en oftalmología fuera del país.	El diputado señor Bayo dice que no es así, pero el diputado Sergio Aguiló acaba de informar que hay 15 médicos que se están especializando en oftalmología en el extranjero, en tanto que sólo dos por año lo hacen en el país. No sé si la información será correcta, pero es lo que se acaba de informar en esta Sala.	Considero que se trata de un muy buen proyecto, pero no soluciona todos los problemas. Chile es un país pobre y los servicios de salud estatales no cuentan con los recursos suficientes. Por lo tanto, solucionar éste me parece un paso positivo. Sin embargo, eso no debe desviar nuestra atención sobre el problema de fondo: la necesidad de contar con más oftalmólogos en el país.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Osvaldo Palma.	El señor PALMA.- Señora Presidenta, si bien esta iniciativa es importante para muchos, por cuanto pone al alcance de gente de escasos recursos lentes que les permitirán volver a leer, a trabajar, a cocer quizás, no estamos haciendo nada nuevo. Ya se hace en muchos países, sin que se produzcan los problemas que, según se dice, podrían derivar de tal medida.	La presbicia es una enfermedad que afecta al 90 por ciento o más de las personas sobre los 40 ó 50 años. El problema radica en que el obtener lentes a bajo costo podría ocultar alguna enfermedad importante, como las ocasionadas por la diabetes. Me refiero al glaucoma o las cataratas.	Por lo tanto, junto con poner al alcance de toda la población de escasos recursos lentes que les permitan ver en mejores condiciones, también se les debe otorgar la posibilidad de concurrir a una consulta oftalmológica, para lo cual es necesario programas adecuados y difundirlos. De esta manera, se podrían diagnosticar y tratar enfermedades, como las que he mencionado, que ocasionan daños que pueden ser irreversibles y quedan ocultas con la mejoría pasajera que brindan lentes a bajo costo.	No podemos negar la ventaja que supone para mucha gente la aprobación de la iniciativa en discusión, pero debemos exigir al Gobierno, a los servicios de salud, que pongan al alcance de todos una consulta oftalmológica, porque así se evitarán los problemas más graves e irreversibles.	La solución no es votar en contra del proyecto, sino crear conciencia y una cultura de prevención. En consecuencia, debemos votar a favor de la iniciativa y no negar esta satisfacción a miles de personas que no ven adecuadamente por la falta de lentes.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.	El señor ACCORSI.- Señora Presidenta, el tema en debate suscitó polémica y una importante discusión en el seno de la Comisión de Salud, a partir de la cual se perfilaron dos posiciones muy claras: una, que abogaba por un acceso sin restricción a los lentes que combaten la presbicia, y otra que defendía la posibilidad de que fueran prescritos por médicos generales, médicos oftalmólogos y tecnólogos con mención en oftalmología que cumplieran labores en los centros de atención primaria de salud.	También se subrayó la importancia de que los centros que despachen este tipo lentes cuenten con alguna acreditación de carácter sanitario, tal como ocurre con otros locales que expenden insumos médicos. De esa forma, se asegura que quienes los reciban cuenten con toda la información relativa a su uso. En el evento de que su despacho sea libre, se corre el riesgo de no cumplir con ese objetivo.	Por otra parte, es importante que a futuro se aumente la dotación de médicos oftalmólogos en el servicio público. En la década de los años 70 existía un departamento de oftalmología en el servicio de urgencia de la Posta Central de Santiago, lugar que, debido a su excelencia, sirvió como centro de formación de gran cantidad de especialistas provenientes de toda Latinoamérica. Lamentablemente, hoy no se cuenta con ese servicio de urgencia en ninguna de las grandes ciudades del país, incluida la Región Metropolitana, problema que ha encontrado solución con la implementación de una red de oftalmólogos de llamada.	Por tal razón, hago un llamado para que, tal como dimos una solución al tema en debate, seamos capaces de hacer lo propio con los servicios de urgencia oftalmológica.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.	El señor URRUTIA.- Señora Presidenta, como bien se ha señalado, se trata de proyecto muy importante, sobre todo para las personas de más escasos recursos.	Con todo, no me referiré puntualmente a la iniciativa, sino a algunas aseveraciones hechas por el diputado Aguiló. En efecto, tal como señaló su Señoría, este tema fue estudiado en 1997, pero eso no invalida el hecho de que parlamentarios de la Concertación no se hayan “colgado” a esta iniciativa, que fue presentada en abril del año pasado por diputados de la UDI, encabezados por Pablo Prieto. Y no sólo se colgaron de este proyecto, sino que lo clonaron para presentar uno propio. Al parecer, esto se ha ido transformando en una costumbre. Lo mismo ocurrió con el proyecto relativo a las ferias libres.	Se trata -repito- de una muy mala costumbre y espero que en el futuro no siga sucediendo. El mérito del proyecto en discusión es de Pablo Prieto, pues él fue quien presentó la moción que le dio origen. Quienes aparecemos suscribiéndola sólo le prestamos nuestro apoyo. Él es su verdadero autor y a él deben darle las gracias las miles de personas que se verán beneficiadas.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Francisco Bayo.	El señor BAYO.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero aprovechar la presencia de los parlamentarios que no estaban en la Sala en el momento en que intervinimos en la primera parte de la sesión para llamar la atención acerca de la importancia de este proyecto.	Valorizamos la intención de sus autores pero en un tema tan serio como la salud, primero, hay que tener una evaluación técnica y, después, adoptar una decisión política concordante. Y para que ello sea así, hay que contar con toda la información. 	Aquí se han hecho comparaciones con otros países, como Estados Unidos o Australia. No sé si algunos de los presentes, antes de casarse, consultó previamente al andrólogo y su novia al ginecólogo. Nadie en Chile hace eso, pero sí en Estados Unidos, donde también acuden al oftalmólogo, al igual que en Australia. 	Entonces, es perfectamente lógico que en esos países puedan expenderse lentes en la forma que lo hacen, de tal manera que seamos serios en nuestro debate. Los que han ido al andrólogo y su novia al ginecólogo, antes de casarse, podrían tener justificación en el argumento que hoy se esgrime. En situaciones tan disímiles como las que he mencionado, no hay posibilidad de comparar la cultura de la salud. 	Aparentemente, también hay poca información sobre los especialistas. Un honorable diputado se refería a su escasez. Eso no es verdad. En Chile existen entre seiscientos y setecientos oftalmólogos. No se forman dos oftalmólogos al año, como aquí se ha dicho, sino que veinte, quince en Santiago -tengo el antecedente oficial- tres en Concepción y dos en Valparaíso, y existe un promedio anual de diez que regularizan sus títulos en el país. Por lo tanto, no digamos, porque distorsiona la realidad de una discusión sería, que en Chile se forman sólo dos o tres oftalmólogos al año. Eso es falso. 	Lamentablemente, no se escuchó nuestra proposición. La realidad del país, y lo repito para quienes no lo escucharon y para quienes deben decidir cómo votarán, es que hoy hay cargos de oftalmólogos sin ser ocupados: dos en Concepción y uno en el hospital El Salvador. 	Además, existe un plan de salud ocular, que se iniciará la próxima semana, con un mínimo aporte del Ministerio y de los servicios de salud y con una predisposición favorable de los municipios para la atención primaria, que debería terminar con las listas de espera que aquí aparecen infladas en exceso, porque no corresponden a las cifras oficiales.	No es tontería oponerse a este proyecto, pero sí lo es que un diputado exhiba un par de lentes de poco valor para demostrar que podría estar al alcance de todos, aun cuando tengo la certeza absoluta de que ese honorable diputado fue primero a un oftalmólogo.	Lo que pedimos es que no exista contradicción entre lo que establece el inciso primero del artículo, que autoriza la venta de lentes sin receta médica, con lo que dispone el inciso segundo al señalar que un reglamento determinará en forma clara y precisa una advertencia “sobre los riesgos que, para la salud ocular, puede ocasionar la no concurrencia a una evaluación oftalmológica”. Pero, ¡por favor! Se supone que estamos en un medio en el cual la lógica elemental debe imperar. Lo que solicitamos es que la venta de lentes en establecimientos autorizados por los servicios de Salud se realice previa evaluación oftalmológica; aunque sea una sola.	Quiero señalar que hay una sola especialidad médica que está en condiciones de hacer la evaluación desde el punto de vista de la refractometría: la oftalmología. Ninguna otra.	Las disposiciones que permitan la actuación de los optometristas y de los tecnológos en oftalmología exigen decisión previa del oftalmólogo, como sucede en otros países -me lo acaba de recordar el diputado señor Tarud-, como es el caso de Australia, por ejemplo.	Termino reiterando lo que dije al comienzo de mi primera intervención: ojalá tomemos una decisión que vaya en beneficio de la salud de los chilenos y no en su perjuicio.´	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señora Presidenta, en mi condición de oftalmólogo doy a conocer a la Sala mi inhabilitación en este proyecto. Sin embargo, me parece importante señalar algunas situaciones que deben ser aclaradas.	En cuanto a uno de los motivos de los autores de la moción, que son las largas listas de espera para una atención oftalmológica, el doctor Rodrigo Salinas señaló en la Comisión los riesgos que podría significar la automedicación y adquisición de lentes para la presbicia en cualquier tipo de establecimiento.	Cuando se inicia la presbicia, entre los 40 y 45 años, es importante realizarse un examen oftalmológico, que permite detectar patologías adicionales, como el glaucoma o una retinopatía, que podrían terminar en una ceguera.	En ese sentido el doctor Salinas señala que en nuestro país no se han efectuado los estudios técnicos que compatibilicen el problema que se quiere solucionar con los riesgos a los cuales podemos exponer a nuestra población que, como bien sabemos, gracias a que existen mejores expectativas de vida, aumenta en forma importante entre los mayores de 40 años.	El Colegio Médico y la Sociedad Oftalmológica propusieron al Ministerio de Salud la formación de más oftalmólogos con la posibilidad de que posteriormente fueran contratados. Sin embargo, esa cartera no dispuso de financiamiento para ello.	Actualmente en los servicios médicos de salud de las diferentes regiones ejercen como oftalmólogos médicos formados en nuestro país pero cuya especialidad la han hecho en el extranjero.	Aquí lo más importante, y que en este momento figura en la reforma sanitaria, es cómo damos mayor resolución a los problemas de salud. En este caso, habría que entregar un porcentaje mayor del Presupuesto al nivel primario de salud a fin de que los resuelvan en forma más integral.	Por otro lado, quiero recordar que en el informe se dice que al liberar la venta de lentes para presbicia un 20 por ciento de pacientes terminarán con otras patologías, como son las retinopatías, glaucomas y cataratas, que requerirán procedimientos más complejos y costosos.	Hoy hemos visto que con los esfuerzos mancomunados del Ministerio de Salud y los municipios, a través de los planes especiales, se ha solucionado en parte la larga lista de espera para la atención de pacientes con presbicia; sin embargo, ha aumentado la lista de espera, por ejemplo, en cirugía ocular.	Junto con expresar que me he inhabilitado en la votación del proyecto, y en consideración a lo señalado por el doctor Salinas, representante del Ministerio de Salud, en el sentido de que no existen en el país los estudios técnicos que permitan avalar lo que los autores del proyecto desean solucionar, cual es disminuir las listas de espera en oftalmología, hago presente a mis colegas los riesgos a que podríamos exponer a nuestra población. A mi juicio, no contamos con los elementos técnicos para tomar una determinación al respecto, sobre todo por las consecuencias que podría acarrear la iniciativa.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.	El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta, mi intención no era intervenir por segunda vez, pero ello sólo es explicable por los últimos acontecimientos ocurridos, que se dan de vez en cuando.	El diputado señor Urrutia ha vuelto a insistir en una descalificación e infamia, que no vamos a aceptar, cual es que los parlamentarios de la Concertación habríamos copiado un proyecto de ley que ellos habrían presentado originalmente.	Aquí llegaron, incluso diputados de la UDI a pedir excusas y a dar explicaciones por dichos del señor diputado. Al insistir en el tema en la misma sesión da la impresión de que los diputados de la UDI, a pesar de tener una buena conexión con el más allá, entre ellos están con problemas de comunicación. Sería bueno que nos entendiéramos.	El diputado Urrutia lleva poco tiempo en el Congreso y tal vez no sepa que aquí no solemos descalificarnos entre nosotros, ni incurrimos en ignorancia, menos aún si es contumaz.	Espero que sea la última vez que alguien, de manera gratuita, descalifique a colegas que vienen trabajando -insistimos- por más de siete años en esta iniciativa, con distintos actores, porque el tema nos interesa mucho, seria y responsablemente.	Como el debate continuará el próximo martes, si hay unanimidad y a propósito de la intervención del diputado señor Bayo, sugiero consultar al ministro de Salud para que, en forma complementaria a los antecedentes que entregó en su momento en la Comisión, nos informe cuál es el tamaño de la lista de espera en oftalmología, cuál es la magnitud de la presbicia, materia objeto del proyecto; cuántos médicos con especialidad oftalmológica se están formando en la actualidad. Al respecto, el diputado señor Bayo dijo que son más de veinte al año. Esa información es distinta de la que se entregó oficialmente en la Comisión. Si todos los chilenos pudiéramos disponer de una hora oftalmológica no en un año ni en dos, como ocurre hoy, sino en dos semanas, nadie habría presentado un proyecto como el que estamos analizando. Tanto los diputados de la UDI como de la Concertación lo patrocinaron porque en la mayoría de las provincias no es posible conseguir una hora oftalmológica antes de dos años y, no hay más médicos oftalmólogos en el sector público para que atienden todas las patologías y necesidades de la población.	Esa información sería muy ilustrativa para continuar la discusión del proyecto el próximo martes.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- La Mesa está de acuerdo con la proposición del diputado señor Aguiló, puesto que constituirá un elemento más de información sobre el tema. Por lo tanto, recabo la unanimidad de la Sala para hacer esta consulta, que nos permitiría tener más elemento de información y, además, enriquecería el debate.	Tiene la palabra el diputado señor Bayo.	El señor BAYO.- Señora Presidenta, quisiera hacer una proposición para respaldar la petición del diputado señor Aguiló y complementar los antecedentes que ya obran en nuestro poder.	Sugiero que en esa información el ministerio especifique si hay cargos vacantes de oftalmólogos en el sector público y si existe algún plan para terminar con la lista de espera.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Me parece razonable lo que ha agregado el señor diputado.	Tiene la palabra el diputado señor Melero.	El señor MELERO.- Señora Presidenta, sería también muy interesante invitar a la sesión del próximo martes al ministro de Salud. De esa manera podría responder de inmediato muchas de las inquietudes surgidas durante la discusión del proyecto. Sé que normalmente se invita a los ministros, pero dado el interés que este tema ha despertado, pido a la Mesa hacer un esfuerzo especial para invitarlo en una fecha próxima.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- No hemos dicho que la próxima discusión se hará el martes siguiente, sino sólo que continuará la discusión. Por cierto, se procurará que en esa ocasión esté presente el ministro de Salud.	Debo señalar que hay una larga lista de señores diputados inscritos para continuar el debate la próxima semana.	Ha terminado el Orden del Día.	Queda pendiente la discusión del proyecto.VI. PROYECTOS DE ACUERDOPROPOSICIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO COMPRA DEL HOTEL CARRERA. (Votación).	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Procede votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 302.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Rechazado por falta de quórum.IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ÚNICO DE INSPECCIÓN EN LAS PLANTAS FAENADORAS.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 304, de los diputados señores Bauer, Barros, Meza, Quintana, Hernández y García, don René.	“Considerando:1.	Que las plantas faenadoras de aves, cerdos y de carnes rojas, tienen a la fecha un sistema de fiscalización deficiente y discriminatorio en esencia, ya que exige, por una parte, un doble control para aquellas plantas cuyos productos tienen como destino tanto el mercado nacional como el internacional y, por la otra, sólo una fiscalización de parte del Servicio Agrícola y Ganadero para aquellas plantas faenadoras cuyos productos tienen únicamente como destino el mercado internacional.2.	Que lo anterior resulta insólito desde la perspectiva de que las normas y requisitos para los productos de exportación son mucho más exigentes que los que imparte la autoridad sanitaria para la producción nacional. En este contexto, en conformidad con los acuerdos comerciales suscritos por Chile, la labor de fiscalización debe corresponder a un único sistema de inspección sanitario, regido con niveles de exigencia propios y únicos para todo el proceso de la cadena alimenticia.3.	Que, toda vez que lo que se pretende garantizar es la calidad del producto final, deben concentrarse los esfuerzos fiscalizadores de tal forma de evitar la burocracia y de dotar de mayor autonomía y eficacia al organismo que más altos estándares exige, que en este caso es el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.4.	Que, desde la perspectiva ya descrita, es necesario que la autoridad central imparta las instrucciones del caso, encaminadas a entregar la totalidad de la labor de inspección en materia de plantas faenadoras de animales al SAG, con el propósito de que el país adecue sus procesos a las exigencias internacionales, aumente la eficacia de esta labor y certifique bajo un criterio único y elevado el nivel y la calidad del producto destinado tanto para el consumo interno como el que se exporta.	Por tanto, la Cámara de Diputados acuerda:1.	Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República a objeto de que se sirva impartir las instrucciones tendientes a implementar un sistema de inspección único en las plantas faenadoras de aves, cerdos y carnes rojas, a cargo del organismo que exige los mayores estándares de calidad en materia de inspección de la cadena alimenticia, cual es el Servicio Agrícola y Ganadero, con el fin de unificar los niveles de calidad exigidos tanto 	para la producción interna como para el producto que se exporta y, además, con el propósito de adecuar nuestros procedimientos a las exigencias que demandan los acuerdos comerciales suscritos por nuestro país”.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.	El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo me parece extremadamente importante. Sin embargo, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para dejarlo pendiente para la próxima sesión, debido a que la falta de quórum lo puede hacer fracasar.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento de la Sala para dejar pendiente el tratamiento de los proyectos de acuerdo.	¿Habría acuerdo?	Acordado.VII. INCIDENTESINFORME SOBRE VENTA DE TERRENO EN COMUNA DE MACUL. Oficio.	El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.	El señor SALABERRY.- Señor Presidente, quiero referirme a una situación ocurrida en los últimos días en Macul, una de las tres comunas del distrito que represento.	Mediante licitación pública se procedió a la venta de un terreno municipal en el sector de la ex rotonda Departamental, en la esquina de la avenida Américo Vespucio con Macul. Dicho terreno, de más de 60 mil metros cuadrados, anteriormente administrado por el municipio, fue entregado en concesión, en 1996, a la empresa Inversiones Montahue a fin de que construyera un lugar de esparcimiento y recreación para los vecinos de la comuna.	Desde 1996 a la fecha, ese terreno ha constituido un menoscabo para el espacio público, porque el polo de desarrollo deportivo nunca se implementó. Sin embargo, la Municipalidad de Macul no ha efectuado gestión alguna para caducar la concesión otorgada, debido al incumplimiento de los contratos respectivos.	Inversiones Montahue traspasó en julio de este año -no se sabe si en forma gratuita- a Inversiones Independencia la concesión del terreno por un período de cuarenta años. Extrañamente, a las pocas semanas de haberse traspasado la concesión, el 7 de septiembre de este año, la Municipalidad de Macul llamó a licitación pública para la venta de dichos terrenos, en la cual retiran las bases sólo dos empresas: Inversiones Independencia, la concesionaria, y Tiempo Libre, pero sólo la primera ofrece la suma de 600 millones de pesos, o sea, básicamente, el valor del avalúo fiscal. 	Estoy hablando de 60 mil metros cuadrados. Recordemos que por Américo Vespucio corre la Línea 4 del Metro. Hace algunos meses, con el Presidente de la República colocamos la primera piedra de la vía Américo Vespucio Express Sur.	En la licitación, el concejo nacional sólo tuvo a la vista los antecedentes y la oferta de una empresa, la concesionaria, pues el llamado a licitación se publicó en diarios de poca circulación y no hubo publicidad por esos terrenos para obtener mayor cantidad de recursos. El jueves de la semana pasada me constituí en el concejo municipal y el alcalde Puyol, que estaba con licencia médica porque había sido operado el día anterior, al enterarse de mi presencia, se presentó convaleciente y pidió que el concejo le retirara la licencia para intervenir y votar. Los concejales no tenían idea de cuánto costaba ese terreno. 	En definitiva, se ha vendido un bien municipal en 600 millones de pesos, con lo cual se han afectado los intereses municipales. Ese terreno vale hoy más de 2 mil millones de pesos.	Como los diputados no tenemos facultades para fiscalizar a los municipios, solicito que se oficie al contralor general de la República a fin de que nos informe, en primer lugar, sobre la legalidad del traspaso de un bien fiscal, a título gratuito, a una municipalidad.	En segundo término, que nos dé a conocer los antecedentes que tiene sobre este llamado a licitación.	En tercer lugar, que nos informe si la comisión evaluadora, al definir la propuesta a favor de la única empresa que se presentó, consideró que se afectaban los intereses municipales si se vendía el terreno en un tercio de su valor de mercado.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.	Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.INVESTIGACIÓN SOBRE OTORGAMIENTO DE TÍTULO PROFESIONAL SIN LOS REQUISITOS LEGALES. Oficio.	El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, he leído un informe de la Contraloría General de la República relacionado con un caso que involucra a una persona que obtuvo un certificado de la Universidad Arturo Prat. 	Antiguamente, esos cursos se denominaban “marmicoc”, pues sólo se asistía a clases los fines de semana.	He insistido ante los ministros de Educación respecto de esta situación, porque está claro que, al no exigirse ni siquiera práctica profesional, estas personas no pueden darnos tranquilidad sobre la efectividad del trabajo desarrollado en las aulas.	Reclamé, porque bastaba con un certificado de un alcalde, acreditando que había trabajado en algún establecimiento de su comuna, para hacer válidos la inscripción e ingreso a la señalada universidad.	Lamentablemente, este procedimiento ha sido copiado por otras universidades, entre otras, por la Universidad Austral de Valdivia.	El informe de la Contraloría -que haré llegar a la Mesa- señala que esta persona presentó certificados falsos y ni siquiera tenía imposiciones. Situaciones como ésta debe haber muchas, que no han salido a la luz pública.	Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Educación, adjuntando el informe de la Contraloría, para que la sección respectiva de ese ministerio investigue el caso y verifique o revise los títulos otorgados a personas que, como en este caso, no cumplieron con los requisitos legales para obtener título profesional.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.REITERACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR PARO DEL SERVICIO DE SALUD DE AISÉN. Oficio.	El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Leopoldo Sánchez.	El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, no es habitual que en dos sesiones sucesivas, en Incidentes, los diputados reiteremos un tema. Sin embargo, dada la gravedad de lo que denuncié ayer en la Sala, he decidido reiterar mi petición de oficio al ministro del Interior, con el propósito de que dicho ministerio se involucre en la grave situación que se está produciendo y que se consolidará a partir del lunes, cuando se concrete el llamado a paro de todos los estamentos del sector salud de la Décima Región.	Por sus características geográficas, Aisén es una zona absolutamente insular. Cuenta con un hospital base en Coyhaique, pero el hospital de mejor calidad más cercano a la zona se encuentra a una distancia de más de 500 kilómetros. Esto demuestra la condición de aislamiento y la vulnerabilidad de la Undécima Región en materias de salud, con sus noventa y tantos mil habitantes, en un territorio de 110 mil kilómetros cuadrados, con prácticamente 700 kilómetros de longitud.	Esta mañana dejé una carta en el gabinete del ministro del Interior, que señala lo siguiente: “Como parlamentario de la región de Aisén, estimo necesario hacer presente a usted la gravísima situación que a estas horas enfrenta la región que represento dentro de la Concertación de Partidos por la Democracia.	“En el mes de mayo el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, firmó un acuerdo con los funcionarios de la salud de la región de Aisén, que contempla la creación de una asignación de estímulo, cuyo sustento se encuentra en el ordinario Nº 16.484, Nº 3.425, de la Subsecretaría de Salud, del Ministerio de Hacienda.	“El desconocimiento que el Gobierno ha hecho de tales acuerdos, basado en la no disponibilidad de recursos, no resiste el menor análisis, dado que los montos involucrados son absolutamente marginales y muchas veces son menores a los gastos en que el Ministerio de Salud ha incurrido por motivos bastante menos plausibles, y ha expuesto al sector salud de la región al borde de una paralización de actividades de incalculables consecuencias, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino también como costo político para el Gobierno del cual formamos parte.	“Señor ministro, este acuerdo tomado fue comunicado no sólo a los funcionarios, sino también a los cuatro parlamentarios de la región; a los directivos del servicio, a las autoridades políticas de la región, y a la opinión pública, por lo que debe ser cumplido, ya que involucra la credibilidad del Gobierno todo, razón por la cual le solicito, le insisto, en carácter de urgente, su intervención como responsable político del Gobierno a fin de evitar un conflicto -le repito- de incalculables proporciones, y que su intervención se oriente a rectificar lo andado hasta ahora por el Gobierno en el sector salud de Aisén y se dé cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos.”.	He insistido en el tema, dada la paralización y el riesgo que involucra una paralización del sector salud en la Undécima Región.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.SOLUCIÓN A PROBLEMAS VIALES EN LA COMUNA DE LA UNIÓN. Oficio.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.	El señor JARAMIllO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que informe sobre la fecha en que se llamará a licitación para la reparación de la losa de la Ruta T-70, comuna de la Unión, provincia de Valdivia, Décima Región.	Además, si en el presupuesto de 2004 se considera el estudio del asfalto en el camino Panguipulli-Chauquén, provincia de Valdivia, Décima Región de Los Lagos.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.RECLASIFICACIÓN DE HOSPITAL DE TOMÉ Y AUMENTO DE HORAS DE URGENCIA Y DE ESPECIALISTAS. Oficio.	El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Salud a fin de que responda a los requerimientos que se le han hecho desde hace cuatro años para que el hospital de Tomé, Servicio de Salud de Talcahuano, pase de su actual clasificación tipo 4, a tipo 2. Por las características de su inversión, el tipo de población que atiende -supera la de Tomé, extendiéndose a Coelemu, al resto de las comunas aledañas- y dada su infraestructura y capacidad, se ha insistido, y ha sido compromiso de, a lo menos, dos ministros de Salud, de que sea clasificado tipo 2 a fin de contar con especialistas para las atenciones de urgencia. El Servicio de Salud de Talcahuano ha insistido en aumentar los cargos de veintiocho horas para especialistas que atiendan las urgencias. Por ello, es necesario que el ministro de Salud se comprometa a fijar una fecha definitiva para cambiar al tipo 2 la clasificación del hospital de Tomé, e insistir, particularmente, en la creación de los cargos de especialistas para la atención de las urgencias. 	El Hospital Regional de Concepción cuenta con una abultada deuda. Incluso, allí son derivados los enfermos de las regiones Séptima y Novena, particularmente aquellos que se accidentan, dada las extraordinarias condiciones con que cuenta dicho hospital, lo que le demanda una sobrecarga de urgencias. Ello ha obligado a orientar las políticas de salud a que hospitales como el de Tomé y otros puedan asumir más sectorialmente las atenciones. 	Existe una propuesta del Servicio de Salud de Talcahuano, cuyo estudio financiero permite determinar que habrá un gran alivio para los hospitales Higuera de Talcahuano y Regional de Concepción tanto respecto de las urgencias como de los especialistas. En definitiva, significa el mismo dinero y la misma presión. Sin duda, las largas listas de espera que existen en hospitales públicos ameritan que se resuelva esta situación.	Espero tener una respuesta formal del ministro respecto del cambio en la clasificación del tipo y de la designación de los médicos especialistas necesarios para atender las urgencias.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.ANTECEDENTES SOBRE LAS ÁREAS COSTERAS EN LA ZONA INDÍGENA LAFQUENCHE. Oficios.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en segundo lugar, pido que se oficie al subsecretario de Pesca y al director del Servicio Nacional de Pesca a fin de que nos informen detalladamente sobre la situación de las áreas de manejo existentes en la zona indígena Lafquenche, como son Puerto Saavedra y Tirúa, donde las comunidades han solicitado áreas costeras de manejo. Se está a la espera de su aprobación y, en definitiva, sigue transcurriendo el tiempo sin que ello ocurra.	Cuando se discutió la ley de Pesca, junto con el diputado Escalona, presentamos una indicación a fin de atender la particularidad de las comunidades indígenas, toda vez que, milenariamente, aun cuando han sido parte de la tierra y del mar, era dificultosa la posibilidad de que ellos se adaptaran a las condiciones que exigía la ley. En las comunidades no hay experiencias respecto de estas acciones corporativas, por lo que ha costado que ellas accedan; sin embargo, aun cuando finalmente han accedido, han tenido que sufrir el rigor de la sobrecarga, pues se han hecho miles de peticiones de áreas de manejo. En particular, quiero que se me detalle el tiempo de tramitación, las hectáreas solicitadas y en qué estado se encuentran dichas peticiones.	Del mismo modo, solicito que se oficie al director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, y a su par de la Octava Región, a fin de que entreguen todos los antecedentes respecto de la autorización que habría otorgado esa repartición para que los buques que recalan en los puertos de Lirquén, San Vicente y Coronel puedan verter las aguas de sentinas sesenta millas antes del lugar permitido. Existe una grave carencia de plantas de tratamiento de aguas de sentinas, pero éstas no pueden ser suplidas por la descarga de estos líquidos en alta mar. Allí debe operar el incentivo para que tanto el sector público como privado inviertan en esta materia. Asmar lo ha hecho y en la comuna de Coronel posee una planta para tratar las aguas provenientes de sentinas y riles, pero lo hace para los barcos que están en los astilleros, es decir, los que están en reparaciones, con lo cual cumple con la normativa legal. Ello no ocurre con la flota pesquera industrial y de carga que atraca en nuestros puertos, la que bota sus aguas contaminadas poco antes de recalar. Eso está estrictamente prohibido y sancionado por la legislación internacional. Por eso, quiero saber cuál es la disposición reglamentaria que ha permitido que esto suceda. Estoy de acuerdo en que se debe respetar la legislación de aguas internacionales, pero su límite es nuestro territorio marítimo. Considero un agravio permitir que esto opere de manera legal a través de un decreto. 	Por tanto, pido que se me dé cuenta de los informes técnicos, de la legislación vigente y, en particular, de todas las resoluciones dictadas en el último tiempo respecto del tema.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE TALCAHUANO. Oficios.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que el director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, de la Octava Región me informe, de manera detallada, sobre las condiciones y evaluaciones efectuadas sobre el plan de recuperación ambiental de Talcahuano, denominado Prat; de las medidas que se han adoptado para mitigar la contaminación atmosférica, en particular, quienes plantearon la necesidad de declararla zona saturada. Sabemos que Talcahuano tiene latencias en algunas de sus emisiones, por lo que es necesario que se nos informe si la contaminación atmosférica ha descendido, y si es así, se detalle en qué niveles, los tipos de contaminantes, las posibilidades ciertas de que la región pueda ser declarada zona saturada, con los impactos negativos que esto va a traer al comercio. Pero, como en primer lugar está la vida de las personas, y nos interesa defender la salud de quienes han adquirido sus casas y están expuestos a la contaminación atmosférica de las industrias, quiero saber si la Conama y el Servicio de Salud de Talcahuano cuentan con los elementos que puedan determinar si la ciudad puede ser declarada zona saturada. Si existen, que los expliciten, entreguen los informes y evalúen el por qué esto no se ha hecho; si se determina llevarla a cabo, que nos expliquen detalladamente las condiciones del proceso y de los períodos en que esto va a concretarse. Creo que eso va a traer mucha tranquilidad no sólo a las personas que están expuestas a la contaminación, sino también a las empresas que se han preocupado de ello.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE FLORIDA, EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.	El señor NAVARRO.- En tercer lugar, solicito que se oficie al director del Servicio de Salud de Concepción a fin de que entregue un informe sobre la construcción del hospital de Florida, otro compromiso del Ministerio de Salud y del gobierno regional adoptado en el marco de los convenios de programación. La idea es contar con un hospital nuevo, por cuanto el que existe en la actualidad es de madera. El actual data de la década de los años 60 y subsiste gracias al esfuerzo de su director y de todo el cuerpo médico, de especialistas y auxiliares; sin embargo, no reúne las condiciones para brindar la atención de calidad que Florida y sus alrededores merecen. Existe un proyecto elaborado por el Ministerio de Salud y un compromiso público de construir un nuevo hospital.	Por eso, quiero que se nos informe sobre los montos destinados, cuándo entrará en vigencia la licitación, si se han adquirido los terrenos; en fin, toda la información que nos asegure que la construcción de dicho hospital en la comuna de Florida, Octava Región, se concretará a la brevedad.	He dicho. 	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Quintana, Jaramillo, Olivares y Rodrigo González.	Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 13.16 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre racionalización de subsidios de incapacidad laboral y licencias médicas. (Boletín Nº 3398-11).	Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	En relación al oficio Nº 4594 de 16 de de octubre de 2003, en que esa honorable Corporación ha solicitado el consentimiento del Ejecutivo para archivar el proyecto de ley originado en moción, que sustituye el Nº 1, del artículo 3º, de la ley Nº 4.808, para permitir la inscripción de los recién nacidos en el domicilio de la madre. (Boletín Nº 585-07), considerando que dicha iniciativa ha sido objeto de observaciones del Presidente de la República, vengo en manifestar a vuestra Excelencia que el Ejecutivo consiente en el archivo de la mencionada iniciativa de ley.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3.	Moción de los diputados señores García, Delmastro, Bertolino, Espinoza, Bayo, Juan Pablo Letelier, Ramón Pérez, Ojeda, Jaramillo y Escalona.	Suspende la inscripción de buses urbanos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. (boletín Nº 3400-15)	“Considerando:l.	Que el transporte público ha pasado a transformarse en uno de los problemas urbanos más álgidos de los últimos años. El explosivo crecimiento del parque automotriz ha producido congestión vial y contaminación acústica en las más importantes ciudades del país.2..	Que es urgente adoptar medidas con la finalidad de frenar el nivel de crecimiento que está teniendo el parque automotriz de buses urbanos. Por una parte se requiere controlar el incremento del servicio, o planificarlo de acuerdo a las necesidades de la población y el crecimiento de las ciudades, por otra se requiere que el incremento de los buses se realice en concordancia con el desarrollo de otras demandas de la población, particularmente la que exige un medio ambiente sano y ciudades descongestionadas, siendo esto último particularmente relevante para la salud mental de la ciudadanía.3.	Que para la prestación de servicios de transporte público remunerado de pasajeros es requisito indispensable inscribir en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros todas las modalidades de dichos servicios, como asimismo los vehículos destinados a prestarlos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3° de la ley N° 18.696; 10 de la ley N° 19.040, y en el artículo 6 letra a y b del decreto supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros.	Tal exigencia se aplica, obviamente, al servicio de buses del transporte urbano de pasajeros.4.	Con el objeto de buscar una solución al problema enunciado en los dos primeros considerando, se propone suspender por el plazo de 6 años la inscripción de buses de transporte urbano en el Registro antes mencionado.5.	El proyecto de ley trata de asimilar los efectos de la ley Nº 19.593 que suspendió la inscripción de taxis, en cuanto a vincular la inscripción de los buses en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros a un problema de fondo, cual es la contaminación y la congestión; y a disponer la suspensión de un derecho particular en beneficio de un interés general.6.	La proposición del plazo de 6 años, se fundamenta en que ley Nº 19.593 que suspendió la inscripción de taxis por dos años debió ser modificada por la ley Nº 19.700, la cual prorrogó por cinco años la vigencia de la ley Nº 19.593, a contar de la fecha de expiración, por estimarse que el plazo de dos años iniciales era insuficiente.	En virtud de lo expuesto, los Diputados abajo firmantes venimos en proponer el siguiente:PROYECTO DE LEY	“Artículo único: Suspéndase, por el plazo de seis años, contados desde la publicación de esta ley, la inscripción de buses del transporte urbano mayor, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros establecido en el artículo 3° de la ley N° 18.696, artículo 10 de la ley N° 19.040 y el artículo 6 letras a y b del Decreto N° 212 de 1992 del Ministerio de Transportes en las siguientes ciudades del país: Iquique, Antofagasta, Calama, Ovalle, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt”.4.	Oficio de la Corte Suprema.	“Oficio Nº 2249	Ant.: AD-19.806	Santiago, 23 de octubre de 2003.	Por oficio Nº 4548 recibido con fecha 11 de septiembre pasado, el Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados don Carlos Abel Jarpa Webar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema, para su informe correspondiente, copia del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre emblemas nacionales. Boletín Nº 3359-04.	Impuesto el Tribunal Pleno de este Proyecto, en sesión de veinte de octubre de dos mil tres, presidido por el titular que suscribe y con asistencia de los ministros señores Álvarez García, Libedisnky, Ortiz, Benquis, Tapia, Gálvez, Chaigneau, Rodríguez, Cury, Pérez, Álvarez Hernández, Marín, Yurac, Espejo, Medina, Juica y Segura, señorita Morales y señor Oyarzún, acordó informar lo que sigue:	De acuerdo al texto propuesto, los emblemas, por servir de identificación a los pueblos, tienen una vocación unitaria y deben, en consecuencia, estar por encima de las diversas opciones y proyectos políticos e ideológicos por correctos y ajustados que éstos sean. Recogen la herencia del pasado, las vivencias del presente y los proyectos del futuro.	La circunstancia de que las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia estén diseminadas en multitud de textos dictados en diferentes épocas tales como la ley Nº 2.597, de 11 de enero de 1912; la ley Nº 12.927, de 6 de agosto de 1958, sobre seguridad del Estado, el decreto supremo Nº 1.534, del Ministerio del Interior de 18 de octubre de 1967; la ley Nº 18.603 de partidos políticos; el decreto con fuerza de ley Nº 22, del Ministerio de Hacienda de 1959; el decreto supremo Nº 6.476 del Ministerio de Educación de 1980; y el decreto supremo Nº 260 del Ministerio del Interior de 1990, entre otras, hacen difícil el conocimiento de todas ellas, y es necesario, por tanto, su recopilación.	Interesa a este informe el capítulo séptimo:“CAPÍTULO SÉPTIMOSanciones	Artículo 23.- La fiscalización del cumplimiento de las normas establecidas en esta ley estará a cargo de Carabineros de Chile, quienes denunciarán las infracciones al Juzgado de Policía Local respectivo. El tribunal aplicará multas que irán desde media hasta cuatro Unidades Tributarias Mensuales. Con el producto de dichas multas las municipalidades constituirán un fondo destinado a la realización de actos patrióticos y a la adquisición de banderas nacionales y astas que serán distribuidas entre las Juntas de Vecinos y Escuelas Municipales de la respectiva comuna”.	Si se observan en el proyecto las normas relativas al uso y reproducción del escudo de armas y aunque no corresponde a esta Corte opinar sobre ellas, es necesario reparar en la ausencia de disposiciones que prohíben la existencia de otros símbolos equivalentes, por mucho que ellos conserven los tres colores patrios.	En lo tocante en la materia de este informe, esto es, a lo que significa entregar competencia a los Juzgados de Policía Local, esta Corte está de acuerdo con el proyecto.	Debe, sin embargo, tenerse presente que no obstante ser la primera vez que una ley entrega esta competencia a los Juzgados de Policía Local, éstos han estado aplicando sanciones hasta el momento por mandato de algunos decretos y ordenanzas municipales que así lo han establecido.	Deberán, además, considerarse los fondos necesarios para financiar los gastos que irrogue este aumento de competencia.	Se deja constancia que los ministros señores Libedisnky, Benquis, Cury, Juica y Oyarzún, no comparten la observación contenida en este informe, relativa a la ausencia de normas que prohíben el uso de signos o símbolos con los colores patrios.	Es cuanto tengo el honor de informar a US.	(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT, Presidente; MARCELA PAZ URRUTIA CORNEJO, Secretaria Subrogante.A LA SEÑORA PRESIDENTADOÑA ISABEL ALLENDE BUSSICÁMARA DE DIPUTADOSPRESENTE”.