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El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , hemos tenido una extensa discusión en torno de la “ley corta”, y, en general, nos queda una sensación positiva. Sin embargo, es importante recalcar un par de aspectos que se pueden mejorar en la tramitación de esta iniciativa en el Senado, y esperamos que el Ejecutivo las acoja.
Como decía el diputado informante , el país ha tenido poca inversión en transmisión eléctrica por falta de reglas del juego claras respecto de los pagos asociados, lo que muchas veces hizo crecer la controversia ante los organismos públicos pertinentes, y, en algunos casos, la iniciativa incluso se judicializó.
Pero ya se empiezan a vislumbrar los resultados del proyecto, incluso antes de ser aprobado por el Congreso Nacional. El acuerdo político para sacar adelante esta iniciativa legal ha incentivado las inversiones tanto en centrales como en transmisión; la generación de reglas claras en forma definitiva y la fijación de peajes de manera explicita, son una buena noticia para el país.
En segundo lugar, el proyecto -con el aporte de todos los actores y con la buena voluntad del Gobierno- es extremadamente moderno y transparente, a fin de evitar la posible discrecionalidad del gobierno de turno; se fortalece lo público como concepto, con un proceso de debate de los informes de las inversiones en sus diversas fases de discusión, de los costos de los mismas, con los distintos actores comprometidos, ya sea con los clientes libres o regulados, o con la generadora; se constituye un comité de expertos que, en la práctica, es un tribunal permanente con altas exigencias, lo que asegura la participación de personas independientes no vinculadas al negocio eléctrico, pero con experiencia académica en esta área. Dicho comité plural deberá resolver los valores en las distintas instancias.
Este proyecto nos pone al día para que Chile no sufra la falta de inversión en transmisión, sobre todo en cuanto a diversificar estas redes, materia que ha impactado incluso a países con un producto interno bruto más alto que el nuestro. Hace pocas semanas tuvimos conocimiento de la crisis que sufrió el Estado de Nueva York; hace un año ocurrió algo similar en California y en Europa; además, están los problemas endémicos que se sufren en el sur de Canadá. Ello nos demuestra la importancia de contar con un mercado con reglas claras, con instancias públicas transparentes, con participación de los actores y con incentivos a la inversión, todos elementos que promueve el proyecto.
Por otra parte, nos hubiese gustado -como fue la proposición original del Ejecutivo- que el proyecto estableciera mayor equilibrio entre las señales de rentabilidad económica o de localización de las centrales cerca de los grandes centros de consumo, con una señal de desarrollo territorial equilibrado. Estos dos aspectos se debatieron profundamente en la Comisión. En un principio, se propuso el pago del 50 por ciento por parte de generadoras y de un 50 por ciento por parte de distribuidoras y de consumidores relevantes. Ello hubiese permitido morigerar la señal de localización, que tiende a presionar en exceso, con las centrales termoeléctricas, a zonas cercanas al gran centro de consumo, como es Santiago.
Conversé con el director de la Comisión Nacional de Energía sobre los problemas que está viviendo mi región. Después de la saturación de la zona de Quillota con la instalación de las centrales termoeléctricas allí ubicadas, la industria ha puesto sus ojos en la provincia de Cachapoal, que se ubica en un valle angosto donde se producen vinos de calidad. Al respecto, existen dos proyectos: Copihue y La Candelaria ; éste último, con una diferencia muy grande respecto de lo que se opina en la región, como espacio de planificación, ya que en ella no se aconseja la instalación de centrales termoeléctricas, al contrario de lo que opina la Conama, que está de acuerdo en que ello se efectúe.
¿Qué tiene que ver la ley eléctrica con esto? Es una señal de localización muy fuerte, donde el 70 por ciento del valor lo pagan las generadoras y no los consumidores. La generadora que está más cerca del lugar tiene ventajas comparativas, y se tiende a premiar menos que en el sistema anterior, que era de un ciento por ciento. Se premia su localización cerca de los grandes centros de consumo.
Algunos parlamentarios se oponen a la construcción de estas centrales en el valle de Cachapoal. Al respecto, era más lógica la exigencia del pago de un 50 por ciento para ambos, ya que habría servido para morigerar la fuerte presión que recibirán las zonas aledañas al Gran Santiago para la instalación de esta megaplanta de ciclo combinado, que, aun cuando no es la tecnología más contaminante, presenta dificultades -con el ozono especialmente-. En estos momentos se está viviendo una presión sobre esas zonas. Este es un tema pendiente.
Se generó una zona, entre Charrúa -cercana a Concepción- y el norte de Santiago, en la cual este pago corre en torno del 70 y del 30 por ciento, respectivamente, a pesar de que nosotros queríamos que se la declarara zona nacional, sin limitación; sin castigar la localización en zonas más apartadas, donde tienen que pagar cuando las generadoras tiran el ciento por ciento de flujos hacia los centros de consumo, como ocurre en la gran zona Metropolitana.
Hay una señal relativamente compleja que durante el estudio del proyecto no fue posible solucionar.
El segundo elemento donde el Ejecutivo hace un avance es en el tema de las interconexiones. Se abre la posibilidad de que un privado pueda concesionar, hacerse cargo de una línea que una sistemas eléctricos hoy separados, y explotarla por 20 años. Estoy pensando en el Sistema Interconectado Central y en el Sistema Interconectado del Norte Grande.
No estamos seguros de que sea una señal económica suficiente para atraer interesados; pero eso ya es materia de una ley que debe ser evaluada y que puede ser perfectible. Si al cabo de dos o tres años no existe interés en el sistema de concesiones de líneas de interconexión y la demanda de energía eléctrica sigue siendo mayor que la oferta del sector privado -es lo que ha estado ocurriendo en los últimos cinco años-, de no acogerse la indicación del diputado Encina -suscrita también por los diputados Leal y Vilches , entre otros- tendiente a facilitar formas de interconexión, la Cámara debería tener nuevamente la claridad necesaria para pedir que el Ejecutivo evaluara por qué no opera la ley. Si el sistema de concesiones no estuviera operando, podría ser que se debiera a que éstas no son rentables.
Pero volvamos al tema de los principios: desarrollo territorial, seguridad de los sistemas, diversificación de las normas versus rentabilidad económica, que siempre se trata de resguardar. No podemos velar sólo por la rentabilidad económica; como dice el dicho popular, a veces lo barato cuesta caro: por tener centrales cercanas a los grandes centros de consumo en desmedro de mayor diversificación territorial e interconexión de sistemas, puede que tengamos que lamentarnos en el mediano plazo. Ojalá que eso no ocurra. Los expertos de Gobierno aseguran que no sucederá y que este proyecto es suficiente, pues está dando buenas señales para que la industria invierta en centrales y en sistemas de transmisión.
Esperamos que esta discusión -hubo consenso mayoritario en la Comisión- dé origen a una ley fecunda. Si no fuera así, ojalá tuviéramos la altura de miras y la voluntad de perfeccionar este ordenamiento jurídico que estamos aprobando para asegurar las inversiones en transmisión de energía que el país requiere.
He dicho.
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