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La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señora Presidenta , en agosto de 1990, hace trece años, con el diputado Sergio Aguiló presentamos una moción para prevenir y sancionar la violencia doméstica, que se convirtió en ley en agosto de 1994.
Desde ese momento, se ha producido un cambio muy importante en la elaboración de las políticas públicas y en las leyes. Temas como el que hoy discutimos se consideraban culturalmente parte de la vida privada, íntima o familiar de las personas, pero, con la citada ley, pasaron a formar parte de la agenda pública y política de Chile. Hay que destacar la participación activa del movimiento de mujeres a fin de hacer público el sufrimiento de miles de ellas que padecen este flagelo e instalar el tema en la agenda de la transición a la democracia de nuestro país.
Sin duda, la aplicación de dicha norma por los tribunales de justicia ha mostrado deficiencias. Por eso, con la diputada María Antonieta Saa presentamos una moción para modificar aspectos importantes de esa ley.
Me preocupa que se dilate la tramitación del proyecto, aunque la presidenta de la Cámara de Diputados haya señalado la necesidad de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia resuelva con prontitud las diferencias que se han constadado en su articulado.
Esta es una situación humana que ha costado instalar en la legislación y en la competencia de los tribunales. Esta moción tiene su origen en una evaluación hecha por el Sernam, en relación con la aplicación de la ley en los tribunales. Incluso, el año 2000, junto con la entonces diputada Fanny Pollarolo y con la colega María Antonieta Saa , nos reunimos con el entonces presidente de la Corte Suprema , señor Hernán Álvarez , y le entregamos un documento a fin de hacerle presente nuestra preocupación por la forma en que se aplica la ley en los tribunales.
Ésta no es una cuestión de eficiencia o no eficiencia, o de desconocimiento de las leyes, o de recursos -que, entendemos, se resolverá el 2005, con la instalación de los tribunales de familia-; se trata de un tema cultural, de fondo, que quiero destacar.
No fue fácil el despacho de la iniciativa cuya modernización se propone. La Cámara la aprobó por unanimidad. El gran dilema se produjo en el Senado, donde se consideró que ésta no era materia de ley, sino de políticas de capacitación, de formación, de asesoría familiar; finalmente, ganamos la batalla y la iniciativa se aprobó por mayoría.
¿Por qué me preocupa la dilación en su despacho? En sesiones anteriores, cuando se debatió el proyecto en general y se formularon indicaciones para que volviera a la Comisión, el acuerdo unánime fue que miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se integraran a la Comisión de Familia, donde está radicada la iniciativa, para que, en conjunto, se resolvieran las dudas o se incorporaran las modificaciones y los perfeccionamientos.
Me preocupa que, una vez más, le demos poca importancia a la seriedad que conlleva la violencia intrafamiliar. Sin duda, es una batalla cultural que cuesta instalar. Además, los jueces han interpretado la ley a su manera. En ocasiones, los actuarios han hecho lo que han querido con las disposiciones, y la tramitación a la que se somete a las mujeres golpeadas es lamentable. Hay muchos estudios en relación con aspectos tales como la aplicación de las medidas precautorias, cuánto se demora la notificación, la dilación inmensa que, además, pone en peligro la vida de la persona que ha denunciado.
Por lo tanto, en esto no hay porfía, sino una urgente necesidad de seguir protegiendo a las víctimas de violencia intrafamiliar. Hemos avanzado mucho en prevención -eso es importante-; pero hoy, ahora, en este preciso minuto hay víctimas de violencia intrafamiliar.
Cuando se constituyó la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, le manifestamos nuestra extrañeza al ministro del Interior de la época, por el hecho de no haberse incluido en el centro de este nuevo cuerpo institucional la violencia intrafamiliar; porque hoy, en materia de riesgo de muerte, de golpes, es más peligrosa la casa que la calle.
Por lo tanto, en esta materia me preocupan, en primer lugar, las barreras culturales que existen en los tribunales. Debemos generar un cambio de mentalidad al respecto. Es importante que las escuelas de derecho incorporen estas materias en su malla curricular. El tema requiere un cambio fuerte de mentalidad en los estudiantes de derecho, por cuanto de ellos, posteriormente, saldrán los jueces y las juezas del país.
En segundo lugar, me preocupa que el Estado no aborde de manera central este drama. La seguridad ciudadana no se refiere solamente a los asaltos en la calle, porque la mayoría de las agresiones y perversiones sexuales se dan en la cercanía del hogar o en él.
Por otro lado, las cifras van y vienen. En relación con el año pasado, en el primer trimestre del 2003 las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron en 3 mil, y las detenciones, en alrededor de 200.
Por lo expuesto, propongo, sobre todo a los colegas de la Comisión de Constitución, que no “bagatelicemos”, que no demoremos más el debate -sé que ellos tienen razón en algunos preciosismos y que tienen temor de que en el Senado se considere que lo relativo a los ex cónyuges no es pertinente, etcétera- y fijemos como plazo perentorio para que el proyecto vuelva a la Sala el 28 de octubre. La lentitud en nuestra respuesta, sobre todo en cuanto al mandato a los tribunales para que hagan las cosas de otra manera, redunda en un daño a las personas que día a día están sufriendo la violencia.
La ley puede ser buena, mala o bien tener imperfecciones; pero debe generarse un cambio cultural y una actitud en los tribunales para atender y recoger lo que los legisladores y las legisladoras queremos incorporar en el espíritu de la ley que estamos modificando.
He dicho.
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