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La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señora Presidenta , este proyecto, que crea un nuevo marco de tratamiento de la violencia intrafamiliar, constituye un gran avance en cuanto a la modernización y convivencia que queremos alcanzar como sociedad.
La iniciativa, originada en moción de las diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz , complementada con posterioridad con una indicación sustitutiva del Ejecutivo, ha tenido un tratamiento muy intenso en la Cámara. Además, responde al sentido anhelo de fortalecer el sistema democrático, que, como sabemos, sitúa a la persona en el centro de sus derechos, respetando su dignidad y felicidad, como aspectos principales de sus intereses.
El proyecto, orientado a enfrentar la violencia intrafamiliar, responde al hecho de que las víctimas de estos actos no se pronuncian en voz alta ni masivamente, porque se trata de una especie de cáncer silencioso, a pesar de que, en términos estadísticos, sea muy alta y de creciente ocurrencia. La iniciativa recoge esa realidad y le da una respuesta eficaz, satisfactoria y moderna.
Hace algunas semanas, la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer nos entregó cifras en el contexto de un debate similar. En esa ocasión nos informó que en 2002 hubo 70 mil denuncias de violencia intrafamiliar, tres veces más que las relacionadas con robo con fuerza, y señaló que quienes se deciden a hacer las denuncias respectivas, en promedio, han sido víctimas de esa situación por un período de cinco a siete años.
Es importante destacar que el artículo 3º establece la violencia no sólo a partir de hechos consumados, sino que reconoce las situaciones de riesgo, toda vez que ella es consecuencia de un proceso complejo, en el que hay componentes de frustración social, desequilibrios psicológicos, problemas económicos y, en algunos casos, predisposición a la violencia. Por eso, es necesario que la Sala apruebe el proyecto, reconociendo como válidas las situaciones de riesgo, y que se opere a partir de ellas y no cuando ya sea demasiado tarde.
La iniciativa busca la seguridad y la integridad de las víctimas, y establece con claridad las sanciones que, se espera, desalienten a los que hasta ahora han tenido libertad para actuar en contra de los suyos, quienes a menudo viven bajo el mismo techo, sin mayores consecuencias penales. Las sanciones no constituyen un fin en sí mismas, sino una manera de desalentar la violencia de quienes la ejecutan sin mediar formas de prevención o autolimitación. A partir de ahora, ese aspecto quedará formalmente resuelto en favor de la mujer y de los hijos, principales víctimas de la violencia intrafamiliar.
Es preciso entender la violencia de este tipo como un hecho grave y carácter transversal, pues atraviesa a toda la sociedad. Al respecto, se tiende a estigmatizar -no comparto lo que señalaba el colega René Manuel García - a los sectores más pobres. Incluso, se mencionó la Región de La Araucanía como una de las que tiene mayores niveles de violencia intrafamiliar, y la diputada Alejandra Sepúlveda dio a conocer un cuadro estadístico según el cual la incidencia de estos delitos en la Región Metropolitana es muy similar a la que existe en cualquiera otra. Lo concreto es que se trata de un fenómeno que sucede en todos los niveles de la sociedad chilena y no solamente en los grupos con mayores carencias sociales. Aquí se habla de violencia psíquica, y no sólo física. Se trata de un avance que nos deja en un nivel de vanguardia, pues, además de lo señalado, el artículo 11 reconoce el tema como de interés público.
Valoro el esfuerzo realizado para elaborar un proyecto sólido y socialmente muy consistente, a fin de enfrentar un verdadero drama de la sociedad, que, por sabido, se calla, y por callado, se olvida.
A partir de esta nueva mirada que da el proyecto, habrá que asumir que la violencia intrafamiliar es un indicador del estado de salud mental de la sociedad chilena. En consecuencia, no se puede dejar de entregar, al menos por parte de esta Corporación, un diagnóstico realista que enfrente con determinación las soluciones que el caso amerita.
Comparto lo señalado por el diputado y profesor Juan Bustos -puedo decirle profesor con propiedad, porque fui su alumno-, en el sentido de destacar los méritos del artículo 8º, que consagra el delito, pero, al mismo tiempo, hacer presente la necesidad de precisar el alcance de la vulnerabilidad sexual de las víctimas.
Por lo tanto, interpretando a la bancada del Partido por la Democracia, considero conveniente remitir el proyecto, por un plazo breve, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque situaciones como ésta no pueden seguir prolongándose por mucho tiempo, y, por ello, es urgente y necesario aprobar el proyecto con las precisiones señaladas.
He dicho.
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