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La señora ALLENDE, doña Isabel (Presienta).-
Tiene la palabra la diputada señora Saa.
La señora SAA .-
Señora Presidenta , intervengo en mi calidad de autora de esta iniciativa, entre los que también se cuentan la ex diputada señora Fanny Pollarola , los ex diputados señores Luis Monge Sánchez y Gutenberg Martínez , la diputada señora Adriana Muñoz y los diputados señores Guillermo Ceroni , José Miguel Ortiz , Carlos Abel Jarpa , Carlos Montes Cisternas y Rosauro Martínez .
Cuando comenzamos a estudiar este tema a petición del Colegio de Asistentes Sociales, pensamos, en principio, que esta iniciativa era un asunto puramente gremial, que tenía que ver con las antiguas y legítimas reivindicaciones de una orden profesional. Pero a medida que comenzamos a conocer, de boca de los asistentes sociales, docentes universitarios y dirigentes gremiales, la historia del trabajo social en Chile y su importancia, entendimos que este proyecto no podía ser sólo la cristalización de una reivindicación gremial, pues para el propio gremio era algo mucho más complejo y profundo.
El proyecto se justifica a lo menos en tres órdenes: primero, reconoce el aporte histórico del servicio social al desarrollo social, político y económico del país; segundo, repara a una profesión, a un colectivo de profesionales y a una disciplina académica que fue objeto de persecución durante el gobierno militar, y, finalmente, defiende una disciplina científica amenazada de perecer como consecuencia de la vulgarización de la enseñanza.
No es posible entender el Chile de hoy sin la acción de los asistentes sociales, que, desde la década de los años 30, han sido el soporte de buena parte de las acciones de intervención social generadas a partir de Estado y, luego, desde el sector privado, avanzado el siglo XX. Sería imposible desplegar políticas públicas de promoción y protección social si no existieran los trabajadores sociales formados con una sólida base científica. Lo decimos en los fundamentos de nuestra moción: hay instituciones que deben su historia a los y a las asistentes sociales: la teoría del desarrollo local y comunitario, la mediación familiar, las intervenciones respecto de personas y grupos vulnerados en sus derechos, como los menores en riesgo social; la planificación urbana y la generación de hábitat, los sistemas públicos y privados de seguridad social, el apoyo a la labor jurisdiccional en los tribunales de menores y, a futuro, en los tribunales de familia, etcétera.
En cada repartición pública, a nivel local, regional o central, hay equipos de trabajadores sociales que sostienen la acción social y pública, como también importantes iniciativas a través del mundo de las organizaciones no gubernamentales.
Estas razones, por sí solas, bastarían para reconocer la importante función de los trabajadores sociales y entregarle la exclusividad universitaria a su enseñanza. Pero hay más. Este proyecto también tiene que ver con una deuda pendiente que Chile tiene con el trabajo social y con el colectivo de personas que conforman su cuerpo profesional. Esa deuda dice relación con la reparación a un gremio que sufrió una implacable persecución política. Son varios las trabajadoras y los trabajadores sociales que murieron en manos de los organismos de seguridad de la dictadura; pero hay casos en que la represión también alcanzó a la academia, a la enseñanza misma de esta disciplina. Aún en la mente de muchos de los presentes en estas tribunas está la imagen vívida del cierre de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile por parte de las autoridades militares. Era peligroso mantener esos centros de pensamiento y de difusión de ideas libertarias e igualitarias; eran peligrosos los asistentes sociales consecuentes, quienes fueron capaces de decirle al pueblo que podía tomar las riendas de su destino superando el asistencialismo paternalista y conservador del statu quo, que sólo contribuía a mantener las dependencias del clientelismo del gobierno de turno. Pero esa acción represiva en contra del trabajo social y de su colectivo de docentes y profesionales sigue produciendo sus efectos hasta hoy, en la medida en que se ha mantenido incólume la ley orgánica constitucional de Enseñanza que dictaron los militares, que terminó sacando de las aulas universitarias la enseñanza del trabajo social.
En ese sentido, este proyecto repara y vuelve, en parte, las cosas a su estado anterior, aunque jamás podrá borrar el dolor de quienes sufrieron por ser consecuentes, no sólo con sus ideas de sociedad, sino con su profesión.
Este proyecto se justifica en la necesidad de salvaguardar, para el futuro, el trabajo social como una disciplina integrante de las ciencias sociales, que, fruto de los excesos que permite el libre mercado extremo aplicado a la educación superior, se ve amenazada por una vulgarización creciente de sus contenidos científicos.
Con el tiempo, el trabajo social no universitario se ha ido convirtiendo en un conocimiento puramente instrumental y técnico de aplicación directa. De él se han purgado los elementos científicos y metodológicos que le dan vigor y que lo potencian en su capacidad de entender la realidad social y buscar la forma más idónea para intervenir en ella, a fin de hacer frente a los nuevos fenómenos sociales que un mundo cambiante, como el que vivimos, nos muestra día a día.
El trabajo social puramente utilitario, sin método, muchas veces carente de solidez científica, terminará dañando definitivamente las posibilidades de desarrollo futuro de esta disciplina. Por ello es fundamental mantenerla reservada, al menos en parte, en el ámbito universitario, sometida a un régimen de licenciatura previa, en un ambiente de crecimiento y de discusión interdisciplinaria, que es lo que caracteriza esencialmente a la docencia universitaria, a diferencia de la enseñanza puramente profesional.
El proyecto, en los términos aprobados por la Comisión de Educación, tiene un defecto -lo reconocemos-, cual es que no alcanza a satisfacer íntegramente las expectativas de un importante grupo de alumnos y de profesionales que se han formado en los institutos profesionales. Hoy, el título profesional de asistente social puede ser otorgado indistintamente por institutos profesionales y por universidades. Nosotros proponíamos que sólo lo pudieran otorgar las universidades, lo que, obviamente, genera un problema para los institutos que ya han instalado una cierta capacidad de oferta de servicios educacionales.
Ahora, queremos proponer, generosamente, mediante una indicación sustitutiva, pero sin renunciar al espíritu de este proyecto, que existan dos títulos profesionales diferenciados: de asistente social, que no requiera de licenciatura y pueda ser entregado por un instituto profesional o por una universidad, y de trabajador social, otorgado previa obtención de la licenciatura en trabajo social y, por ende, que sea exclusivamente universitario, en tanto la ley orgánica constitucional de Enseñanza entrega a las casas universitarias la potestad exclusiva de entregar grados académicos, como el de licenciado.
De esta forma, lograremos generar una norma justa, prudente, equitativa, que también respetará a quienes han visto en los institutos profesionales oportunidades que, muchas veces, por deficiencias estructurales, las universidades no han sido capaces de ofrecer.
En definitiva, será el mercado del trabajo el que determinará qué profesionales demandan los servicios públicos o las organizaciones del sector privado. Por ejemplo, el que necesite ejecutores materiales de programas sociales, probablemente requerirá asistentes sociales profesionales; en tanto, la institución que requiera un profesional con un plus científico y metodológico, demandará trabajadores sociales formados en universidades en los términos previstos por esta indicación que sometemos a consideración de la Sala.
No puedo terminar mi intervención sin antes rendir un merecido reconocimiento y homenaje a dos personas. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro asesor legislativo, Cristián Beltrán , por su enorme aporte a esta iniciativa.
(Aplausos).
En segundo lugar, quiero rendir un homenaje a una persona que también ha sido esencial en este proceso legislativo relacionado con la revalorización del trabajo social en Chile. Me refiero a doña Lucía Sepúlveda , presidenta del Colegio de Asistentes Sociales de Chile.
(Aplausos).
Ella es parte de la historia viva de su orden y de la enseñanza del trabajo social en Chile. Es reconocida y querida por sus pares, por sus colegas, por los docentes universitarios en Chile y, sobre todo, por sus estudiantes.
(Aplausos).
Lucía fue la última directora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile.
(Aplausos).
Una mujer valiente, que alzó su voz y entregó su empeño en los años de la persecución y represión, merece ser nombrada y reconocida en esta Sala. Sin su dedicación y voluntad de avanzar en este proyecto -acompañada, por cierto, de su directiva-, pese a las frustraciones que originó la dilación de los trámites parlamentarios, hoy no estaríamos discutiéndolo.
A Lucía, y a sus colegas que la acompañan en el directorio del Colegio, queremos dar nuestro reconocimiento y estimación. Además, deseamos expresar nuestro compromiso de apoyo permanente al desarrollo del trabajo social en Chile, pilar esencial de una sociedad que quiere avanzar en justicia social y en igualdad de oportunidades para todos sus hijos e hijas.
He dicho.
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