REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIASesión 5ª, en miércoles 8 de octubre de 2003(Ordinaria, de 10.40 a 14.53 horas) Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel y de los señores Silva Ortiz, don Exequiel, y Jarpa Wevar, don Carlos Abel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- HOMENAJE VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 6 II. Apertura de la sesión 9 III. Actas 9 IV. Cuenta 9 - Integración de Comisión Investigadora de contaminación por plomo en Arica 9 V. Homenaje. - Homenaje en memoria del ex diputado y ex senador don Fernando Ochagavía Valdés 9 VI. Orden del Día. - Otorgamiento de pensiones a través de modalidad de rentas vitalicias. Modificación de decreto ley Nº 3.500, de 1980. Segundo trámite constitucional. (Continuación) 16 - Normativa sobre violencia intrafamiliar. Modificación de la ley Nº 19.325. Primer trámite constitucional 31 VII. Proyectos de acuerdo. - Recursos para conservación de monumentos erigidos en memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos 41 - Apoyo a requerimiento de inconstitucionalidad de DFL Nº 21-2003, de Hacienda 42 - Creación de Comisión Especial investigadora de situación de los trabajadores portuarios 45 - Solución a la toma de Peñalolén 47 VIII. Incidentes. - Incremento del Presupuesto del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Oficio 50 - Antecedentes sobre construcción de aduana de Puesco, en comuna de Curarrehue. Oficios 51 - Estudio de implementación de mecanismo financiero para mejorar pensiones. Oficios 52 - Reunión de parlamentarios chilenos y bolivianos. Oficio 52 - Homenaje a Lebu con motivo de su 141° aniversario. Oficio 53 - Importación y exportación de armas durante el año 2000. Oficios 54 - Homenajes y saludos con motivo del aniversario de Curicó. Oficios 55 Pág. - Antecedentes sobre adjudicación de contrato de otorgamiento de residuos de refinería de cobre de Ventanas. Oficios 55 - Información sobre participación de gerente de Codelco en sociedades relacionadas con la empresa. Oficios 56 - Antecedentes sobre pago de peajes por bomberos de Osorno. Oficio 57 - Conflicto por fusión de Cruz Roja de hombres y mujeres en Osorno. Oficios 57 - Autorización de uso de gimnasio a atletas de Osorno. Oficios 58 - Situación de alumnos de Instituto Profesional de Osorno. Oficio 58 - Información sobre medidas de seguridad adoptadas por bancos e instituciones financieras respecto de las tarjetas de crédito y débito. Oficio 59 - Información sobre fiscalización a tranque de Cabildo. Oficio 60 - Alcances sobre rechazo a instalación de planta de tratamiento de aguas servidas en Región del Maule. Oficio 60 - Homenaje a Curicó con motivo del 260° aniversario de su fundación. Oficios 61 - Aplicación de sanciones a funcionarios públicos de la Undécima Región involucrados en actos de corrupción. Oficios 62 - Consecuencias de eventual tratado de libre comercio con Singapur y Nueva Zelanda. Oficios 63 - Información sobre megaproyecto vial en la Región de La Araucanía. Oficio 64 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Informe de la Comisión de Salud sobre el proyecto que permite la venta de lentes para la presbicia sin receta médica. (boletines N°s.2903-11 y 3310-11) 65 X. Otros Documentos de la Cuenta. 1. Oficios: Contraloría General de la República - Señor Delmastro, construcción de by pass en nudo vial de comuna de Lanco. - Señor Araya, inversión regional efectuada por la Dirección de Obras Portuarias en el sector turístico “La Portada”, Segunda Región. Ministerio del Interior - Señor Navarro, mecanismos establecidos para escuchar las opiniones de los grupos Indígenas. - Señor Kuschel, información sobre distribución equitativa de beneficios sociales entre las comunas de la Décima Región. - Señor Kuschel, factibilidad de aplicar el plan cuadrante en la ciudad de Puerto Montt. - Señora Rosa González, viajes de promoción efectuados por la Intendencia de la Primera Región. - Señor Felipe Letelier, destino dineros recibidos por procesos venta accionaria Essbio S.A. - Señor Vilches, robo de conductores eléctricos del tendido de alta tensión ocurrido en la Tercera Región - Señor Meza, mejoramiento y terminación de camino Paillaco y Renahue, comuna de Pucón. - Señor Escalona, beneficios fiscales a familiares de brigadistas forestales muertos en incendio en Portugal. - Señora Laura Soto, existencia de tecnología para interceptar comunicaciones. Ministerio de Relaciones Exteriores - Señor Navarro, tratados ratificados por la ONU y por Chile en relación con los temas indígenas, minorías y patrimonios. Ministerio de Hacienda - Señor Jaramillo, proyecto de ley sobre bandas de precio Ministerio de Obras Públicas - Señora Vidal, personas compensadas ante expropiaciones para el acceso sur a Santiago. - Señor Navarro, control de asbesto en balatas que usan los vehículos motorizados. Ministerio de Salud - Señor Monckeberg, servicio de urgencia en comuna de San Fabián. - Señor Navarro, costos de fluoración de agua potable y mediciones de fiscalización. Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Señor Jaramillo, construcción de alcantarillado en las localidades de Lago Ranco. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - Señor Felipe Letelier, deficiencias y abusos en cobros de tarifas de servicios por la empresa telefónica CTC. - Señor Espinoza, plazo para resolución final en teléfonos rurales. Intendencia de la Segunda Región - Señor Araya, proyecto de mejoramiento del acantilado del sector La Portada, Segunda Región. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (107)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Allende Bussi, Isabel PS RM 29Araya Guerrero, Pedro PDC II 4Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Bayo Veloso, Francisco RN IX 48Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Bustos Ramírez, Juan PS V 12Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, Marí Angélica IND-UDI RM 24Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Escalona Medina, Camilo PS VIII 46Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18González Román, Rosa UDI I 1González Torres, Rodrigo PPD V 14Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Hernández, Javier UDI X 55Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14Ibáñez Soto, Carmen RN V 13Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Leay Morán, Cristián UDI RM 19Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42Longueira Montes, Pablo UDI RM 17Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Salas de la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Sepúlveda Ortiz, Exequiel PDC X 53Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53Soto González, Laura PPD V 13Tapia Martínez, Boris PDC VII 36Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32Varela Herrera, Mario UDI RM 20Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Vilches Guzmán, Carlos RN III 5Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Concurrió, también, el senador señor Carlos Bombal. -Asistieron, además, los ministros del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari; de la Secretaría General de la Presidencia, señor Francisco Huenchumilla, y la Directora del Sernam, señora Cecilia Pérez.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El acta de la sesión 40ª de la legislatura 349ª se declara aprobada. El acta de la sesión 1ª de la legislatura 350ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CONTAMINACIÓN POR PLOMO EN ARICA. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Informo a la Sala que la Comisión investigadora de la contaminación por plomo que afecta a miles de personas en Arica, será integrada por la diputada señora Rosa González y los diputados señores Mario Varela, Manuel Rojas, Felipe Salaberry, Patricio Cornejo, Carlos Olivares, Pablo Lorenzini, Enrique Accorsi, Antonio Leal, Alejandro Navarro, Iván Paredes, Francisco Bayo y Carlos Vilches. V. HOMENAJEHOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO Y EX SENADOR DON FERNANDO OCHAGAVÍA VALDÉS. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde rendir homenaje al ex diputado y ex senador Fernando Ochagavía Valdés. En la tribuna de honor se encuentra la señora Alicia Ruiz-Tagle viuda de Ochagavía, junto a sus hijos, familiares y amigos. Además, están presentes los ex diputados señores José Monares, Alejandro Toro, Agustín Acuña, Luciano Vásquez y Gustavo Alessandri, y la alcaldesa de la ilustre municipalidad de Talagante, señora Lucy Salinas. En nombre de nuestra Corporación, les damos la bienvenida. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Uriarte, quien rendirá el homenaje en nombre de la Unión Demócrata Independiente. El señor URIARTE (de pie).- Señora Presidenta, la actividad parlamentaria, además de exigirnos una gran responsabilidad ante los ciudadanos, nos entrega también grandes oportunidades para soñar en un Chile más justo, más desarrollado y menos pobre y para trabajar para que esos sueños se conviertan en realidad. Pero también nuestra actividad nos da oportunidades para orientar nuestro trabajo a la luz de principios, de la experiencia histórica y del legado de quienes, en este mismo hemiciclo, nos han antecedido y que ya no se encuentran entre nosotros. En mi condición de diputado por el distrito Nº 31, que agrupa a las provincias de Melipilla y Talagante, y en representación de la bancada de diputados de la UDI, tengo el honor de rendir homenaje a uno de los hombres que marcan el rumbo de quienes pretenden dedicarse al servicio público, sobre la base de principios sólidos y eficaces en la ayuda de los demás. Me refiero a don Fernando Ochagavía Valdés, que, entre otras virtudes, fue un gran diputado. Pero, más que eso, don Fernando fue un talagantino de excepción: un hombre de altura, sencillo y austero; un hombre que siempre entendió que el poder y la política eran para servir a su patria y a su gente; un hombre que amó y honró, por sobre todas las cosas, a Dios, a su familia, a su tierra y a su patria. Es a este hombre, que se destacó en el servicio público, primero como regidor por Talagante y después como diputado y senador por Chiloé, Aisén y Magallanes, a quien hoy rendimos homenaje, y quiero invitarlos a reflexionar sobre su legado para recoger los valores y las virtudes que, como hombre de bien, entregó a Chile. Don Fernando fue de aquellas personas que marcan indeleblemente la época en la que viven a través de sus obras, personalidad, calidad humana y lucha constante por defender sus principios. Fue un verdadero hombre con vocación de servicio público y, por lo mismo, defendió sus ideas con fuerza y mucha convicción. Don Fernando siempre mantuvo su vínculo con el campo chileno, dedicándose con pasión a la agricultura. Incluso, estando en el Congreso nunca dejó que esa actividad se viera mermada por el trabajo legislativo. A partir de esa vocación por lo más nuestro, intentó transmitir la importancia de la tierra y de los innumerables valores que entrega la vida en contacto con ella. Don Fernando fue uno de los mejores defensores y representantes que ha tenido el campo y la vida campesina. De hecho, si ayer martes hubiera estado presente en esta Sala, cuando discutimos el tratado de libre comercio con Estados Unidos, probablemente se habría sumado, con su agudeza y rigor característicos, a las muchas advertencias en relación con los efectos que puede causar en nuestra agricultura un tratado como éste. En una época tan llena de desencuentros y vacíos de liderazgo constructivo, la figura de don Fernando Ochagavía se transforma en testigo de las verdaderas virtudes de un servidor público. Nació en Santiago en 1928 y se casó a los 23 años con doña Alicia Ruiz-Tagle, constituyéndose en el tronco de una familia de siete hijos, treinta y tres nietos y, hasta ahora, cinco bisnietos. Varios de ellos, presentes en las tribunas, hoy dan testimonio de su legado, dedicando sus esfuerzos al servicio público de nuestro país. Sus primeros estudios los cursó en el colegio San Ignacio y, una vez egresado de dicho establecimiento, estudió agronomía en la Universidad Católica. Desde los catorce años militó en el Partido Conservador. Como buen ignaciano y sobrino directo del padre Alberto Hurtado, tuvo la suerte y el privilegio de tenerlo como profesor de religión, después como director espiritual e, incluso, como el sacerdote que bendijo su matrimonio. Demostró su vocación de servicio público y entrega a los demás desde temprana edad, virtud, sin duda, heredada de sus antepasados, como don Silvestre Ochagavía, lo que marcó una carrera política que comenzó tempranamente, en 1951, como regidor por Talagante por dos períodos consecutivos. Ésta prosiguió en el sur del país, siendo la zona de Chiloé la que representó, primero, como diputado, y luego, como senador. Su familia sabe muy bien lo difícil que es expresar, en pocos minutos, la inmensa obra que nos dejó don Fernando, razón por la cual pasaré por alto la pretensión de resumirla en esta oportunidad. Vivimos épocas difíciles, en las que cada vez se hace más necesario resaltar y rescatar los valores de la caballerosidad, del respeto por el prójimo y de la humildad; de la transparencia y consecuencia para que estos valores se constituyan en verdadera batería antiaérea contra las fuerzas del materialismo. Es justamente en el recuerdo de hombres como don Fernando Ochagavía que encontramos experiencias de vida que nos demuestran que la consecuencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, es un arma fiel y eficaz contra tantos males sociales que se profundizan con el tiempo. Es cierto que no es necesario que se levanten monumentos y se escriban libros para que las persona pasen a formar parte de la historia de un país. Esto lo digo porque hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que han dejado huella para siempre en forma anónima. Sin embargo, hay circunstancias en las que hay que hacer públicas las virtudes humanas, especialmente en momentos en que el país necesita referentes, modelos de servicio público y testimonios de consecuencia y perseverancia. Por eso, y considerando su condición de ser hijo y vecino de Talagante, ciudad que pudo ver en él los valores cívicos y sociales de un verdadero hombre con vocación de servicio público y de amplia e incuestionable trayectoria, le pedí a la alcaldesa de esa comuna, señora Lucy Salinas López, que, por su intermedio, solicitara al honorable concejo municipal el acuerdo necesario para inscribir una de las calles de Talagante con el nombre de Fernando Ochagavía Valdés. Esta solicitud, que me honro informar a esta Corporación, fue aprobada por la unanimidad del concejo municipal, según indica el acuerdo Nº 252, de 1 de octubre del presente año, asignando con el nombre de Fernando Ochagavía Valdés a la actual calle Nueva, ubicada en el sector poniente de la comuna, entre las calles San Francisco y Llanquihue. Honorable Cámara, el lugar que ocupamos en este hemiciclo habla en parte de nuestra historia, de nuestros sueños, de nuestras luchas y también de los principios que representamos y debemos defender. Aprovechemos la oportunidad que el Congreso Nacional nos da para imitar los buenos ejemplos, especialmente el de aquellos hombres que nos han precedido en este difícil mundo de la política. En nombre de nuestra bancada, de nuestros diputados por Chiloé y Magallanes, señores Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez, respectivamente, y en el mío propio, saludo desde esta testera muy especialmente a doña Alicia Ruiz-Tagle y a quienes hoy la acompañan. Agradezco en forma muy especial también a la alcaldesa de Talagante y a todos los miembros del concejo municipal que hicieron posible que el nombre de quien hoy homenajeamos se inmortalice en la ciudad que lo vio crecer y entregarse hasta dejar de existir. A todos ellos, y a los que fueron parlamentarios, les aseguro que el nombre de Fernando Ochagavía Valdés será siempre recordado en el Congreso Nacional, porque inspirará a todo aquel que luche con valentía y patriotismo por sus sueños e ideales. He dicho. -Aplausos. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio, por la bancada de la Democracia Cristiana. El señor ASCENCIO (de pie).- Señora Presidenta, estimados colegas, señora Alicia Ruiz-Tagle viuda de Ochagavía e hijos, estimados ex parlamentarios: En representación de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana y, muy especialmente, en mi calidad de diputado por Chiloé y Palena, rindo homenaje al ex diputado y ex senador de la República don Fernando Ochagavía Valdés, quien falleciera el pasado 10 de septiembre, a los 75 años de edad. A los familiares de don Fernando presentes en las tribunas de la Cámara de Diputados, envío nuestros saludos, nuestro sincero pesar por su fallecimiento y nuestro reconocimiento por la destacada trayectoria de servicio público, incluida su capacidad de representar en este poder del Estado su posición política con fundamento, seriedad, responsabilidad y consecuencia. Fernando Ochagavía nació en Santiago. Sus estudios secundarios los realizó en los colegios San Jorge y San Ignacio. Posteriormente, estudió ingeniería agrónoma en la Universidad Católica, obteniendo su título profesional en 1951. Contrajo matrimonio con doña Alicia Ruiz-Tagle Decombe, con quien tuvo seis hijos: Fernando, Alicia, Francisco, Patricia, Bernardita y Jaime. Comenzó su carrera política como regidor por Talagante, cargo que desempeñó entre los años 1953 y 1960. En 1961, representando al Partido Conservador, y junto a otros recordados políticos como Raúl Morales Adriazola -radical- e Ignacio Prado Benítez -liberal-, fue elegido diputado -en reemplazo de Héctor Correa Letelier, quien, en esa oportunidad, fue candidato a senador- por la 25ª Agrupación Departamental de Ancud, Castro, Quinchao y Palena, zonas a las cuales me corresponde representar en este hemiciclo. Durante ese período formó parte de las Comisiones de Agricultura y Colonización, de Economía y Comercio, de Trabajo y Legislación Social, de Hacienda y de Constitución, Legislación y Justicia. Además, fue miembro de las Comisiones especiales del salitre, de la Línea Aérea Nacional y del cobre, y participó en varias Comisiones investigadoras. Luego, en 1965, acompañado por Felix Garay, de la Democracia Cristiana, y por Raúl Morales Adriazola, del Partido Radical, fue reelecto diputado por la misma zona de Chiloé y Palena, e integró esta vez las Comisiones de Agricultura, de Economía, de Obras Públicas y de Defensa Nacional, en las cuales aportó su visión de país, su experiencia y conocimientos, siempre desde su particular punto de vista. En 1969 postuló al cargo de senador por la agrupación de Chiloé, Aisén y Magallanes, en representación del Partido Nacional, resultando electo por el período comprendido entre 1969 y 1973. Conversando con autoridades y dirigentes chilotes acerca de la labor de nuestros parlamentarios en esas épocas, y reconociendo el extraordinario cambio que se nota hoy en las relaciones de la gente con las autoridades, que en esos tiempos habría sido imposible de sostener, recuerdan de don Fernando, entre otras cosas, su empuje para conseguir la bonificación a los fertilizantes tan necesarios para el trabajo agrícola, que hoy sigue siendo una de las principales actividades productivas de nuestra zona, o las gestiones realizadas, junto a otros, para llevar y poner en funcionamiento el primer transbordador que hizo el cruce en el canal de Chacao, el recordado “Alonso de Ercilla” que reemplazó a los botes y lanchas que lo atravesaban en ese entonces. Recuerdan, también, su activa participación en la incorporación a Chiloé de la empresa estatal Seam Corfo, que tenía la maquinaria suficiente para abrir los caminos que hoy cruzan Chiloé y que, obviamente, en ese tiempo no existían. Aún recuerdan, asimismo, sus esfuerzos para que la gente de Chiloé se beneficiara de mejor manera con la llamada ley del puerto libre, peleando recursos y mayores cupos para la importación de mercaderías sin impuestos. La lucha por la electrificación de la isla no estuvo ajena a las preocupaciones políticas, sociales o de bien público de don Fernando Ochagavía y, seguramente, con mayor propiedad sus amigos, su familia y los otros señores diputados, recordarán otra cantidad de obras, de propuestas o de proyectos pensados para servir a sus representados. Sólo menciono aquellos que resaltan fácilmente de una conversación fraterna realizada entre quienes lo conocieron en Chiloé. Hoy, junto a mi amigo y colega, diputado Claudio Alvarado, representamos a Chiloé y a Palena, y defendemos los mismos intereses de su gente, sencillos agricultores, pescadores, artesanos y artesanas de esa zona tan alejada del centro de nuestro país, por lo que son entendibles las preocupaciones de don Fernando en esa época y la forma cómo las defendió en este hemiciclo. Con don Fernando, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, hay cosas que, como chilenos, nos han unido. Una de ellas es nuestro compromiso por la zona de Chiloé y de Palena. Con su ejemplo, y con el de muchos otros parlamentarios de nuestra región, la tarea por lograr el progreso de dichas provincias continuará con mas bríos y fuerzas. Gracias, don Fernando, por su aporte a la política, por sus opiniones y trabajo parlamentario. La bancada de la Democracia Cristiana le expresa su más sincero reconocimiento por su contribución al debate democrático y pluralista de nuestro país. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En nombre de la bancada del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ (de pie).- Señora Presidenta, estimados colegas, apreciada Alicia, hijos, familiares y amigos de nuestro ex colega Fernando Ochagavía Valdés. En nombre de los diputados del Partido Renovación Nacional, rindo homenaje esta mañana a nuestro ex colega Fernando Ochagavía Valdés. No me voy a referir a su ejemplar matrimonio con Alicia Ruiz-Tagle, ni a sus maravillosos hijos: Fernando, Alicia, Francisco, Patricia, Bernardita y Jaime. Tampoco haré una relación de su labor parlamentaria. Quiero referirme a Fernando como persona, como ser humano, como amigo. Quiero emplear esta tribuna para compartir con ustedes, mis colegas, la admiración y el conocimiento de un hombre íntegro, trabajador, católico, extraordinario, servidor público por excelencia. Fernando inició su vida política en el Partido Conservador. Por esa colectividad, en 1953, fue elegido regidor por Talagante, como señalaba Gonzalo Uriarte. Más tarde, diputado y, en 1973, senador. Quizás su triunfo como candidato a diputado por Chiloé, en 1961, pueda no ser tan sorprende como el que obtuvo en 1965. Digo esto, porque en septiembre de 1964, don Eduardo Frei Montalva había sido elegido Presidente de la República, por mayoría absoluta y con el apoyo decidido de los partidos Liberal, Conservador y Radical. La derrota, en marzo de 1964, de Rodolfo Ramírez Valenzuela, en Curicó, en una elección complementaria, había hecho que los partidos que lo apoyaban volcaran, en septiembre, su votación hacia Frei, dejando a Julio Durán como un candidato simbólico. En marzo del año siguiente, la Democracia Cristiana obtenía 87 diputados y 11 senadores; el Partido Liberal, 6 diputados, y el Partido Conservador, sólo 3: Venancio Coñuepán, Gustavo Monckeberg, en Santiago, y Fernando Ochagavía Valdés. Ello significó la disolución de los partidos Liberal y Conservador, y el nacimiento del Partido Nacional. ¿Cómo logró Fernando Ochagavía sobrevivir a esa debacle que sufrió la Derecha? Sin duda alguna, gracias al Espíritu Santo. Pero, también, gracias a su constante trabajo y a su permanente preocupación por los más necesitados, no sólo en vísperas de las elecciones. Fernando era un gran trabajador y un gran organizador. Fue él quien organizó la campaña para la última elección extraordinaria que se realizó en el país, en julio de 1972. Había muerto el diputado, por La Serena, don Cipriano Pontigo. El gobierno de la época llevó a Amanda Altamirano y, la Oposición, a Orlando Poblete, un radical de profesión abogado. Naturalmente que ganó en esa zona Amanda Altamirano. Pero de no mediar el trabajo, la organización, el esfuerzo de Fernando Ochagavía, la diferencia entre ambos candidatos habría sido abrumadora, cosa que no ocurrió. En 1973, me ofreció acompañarlo como candidato a diputado por Chiloé, pero decliné por tener un compromiso con Colchagua. Según mis apuntes, Fernando proponía, el 9 de noviembre de 1988, la división del país en 40 distritos electorales, eligiendo 3 diputados cada uno. Dicha propuesta no prosperó. El sábado 9 de abril de 1983, invitó a su casa, en Santiago, al entonces ministro del Interior, señor Enrique Montero, y a los ex diputados del Partido Nacional que estuvieron en funciones hasta septiembre del 73. Fuimos unos diez. Fernando Ochagavía quería que quienes teníamos vocación política trabajáramos en lo social. Así era él. La política era una herramienta, un instrumento para servir a los demás. El Club Domingo Fernández Concha, ubicado en calle Compañía, que primero fuera sede del Partido Conservador y, posteriormente, del Partido Nacional, siguió siendo el lugar de reuniones sociales durante muchos años -recuerdo que nos reuníamos los jueves- gracias al entusiasmo, al empuje y a la preocupación de Fernando Ochagavía. Fernando era un caballero, tenía modales de tal. Era respetuoso con los demás. Y respetaba con especial delicadeza a quien no pensaba como él. Nunca le oí descalificar a nadie. Fernando era un hombre sencillo; jamás el poder lo obnubiló, nunca lo cegó. Sabía escuchar a los demás; era atento. Su interlocutor tenía siempre la sensación de ser realmente importante para él y que lo estaba escuchando. Fernando era un hombre bueno. Procuraba ayudar a los demás en la solución de sus problemas. Su condición de parlamentario la empleó siempre como una herramienta para legislar en favor de los más necesitados y para ayudarlos, con el poder que ella otorga, a resolver sus problemas. Pero Fernando era también -hay que decirlo hoy y aquí- un católico ejemplar. Tuvo una familia unida, y para él Dios estaba presente en todas sus actividades: familiares, profesionales o políticas. Caballerosidad, sencillez y bondad, tres de las muchas virtudes que adornaban a Fernando Ochagavía. Una prolongada enfermedad lo mantuvo en situación crítica durante largo tiempo, hasta que terminó con su vida. Fue entonces cuando se acercó más aún a Dios. Jamás perdió la calma, la tranquilidad, la paciencia ni la fe. Comparto lo que señaló el senador Sergio Romero en su funeral. Dijo: “Creo que Fernando tuvo la fortuna de ver a su familia y a su querido Chile transitando por las avenidas de la libertad por las que tanto luchó”. Apreciado Fernando, con tu partida se ha ido una fracción muy importante de la historia política de nuestro país, pero con ella también se fortalece tu ejemplo. Nos enseñaste que no hay actividad política lejos de Dios ni de la gente. Gracias por tu ejemplo, y que Dios te dé la paz que tanto mereces. He dicho. -Aplausos. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En representación de las bancadas de los partidos por la Democracia, Socialista y Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma. El señor TUMA (de pie).- Señora Presidenta, honorable Cámara, estimado senador Carlos Bombal, que nos acompaña; familiares del ex diputado y ex senador Fernando Ochagavía: En representación de las bancadas del Partido por la Democracia, del Partido Socialista y del Partido Radical Social Demócrata, que me han honrado para intervenir en esta ocasión, rindo un solemne homenaje en memoria del ex diputado y ex senador Fernando Ochagavía Valdés, recientemente fallecido. Muy probablemente, desde el punto de vista político, quizás hayan sido más las diferencias que las semejanzas entre el pensamiento que sostiene el sector que represento y los postulados políticos que nutrieron la vida del servidor público al que hoy homenajeamos. Sin embargo, ello no puede ser obstáculo para reconocerlo como un hombre que entregó buena parte de su vida al servicio de los intereses superiores del Estado y del pueblo de Chile. Fernando Ochagavía mostró desde muy joven dotes naturales de líder. Se comprometió con los asuntos públicos, primero, en Talagante, la tierra que un día lo recibió para ejercer la profesión de ingeniero agrónomo en calidad de administrador del fundo Trebulco, predio en el que pudo demostrar sus cualidades y habilidades profesionales, adquiridas en la ya prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Chile, en la que obtuvo su grado académico y título profesional en 1951, cuando apenas tenía 23 años. Ochagavía, hombre de convicciones republicanas y nacionalistas, conocedor del campo y de su gente, ingresó al Partido Conservador, y en representación de éste y por siete años, fue regidor de la Municipalidad de Talagante. En 1960, su partido le tenía reservadas responsabilidades mayores. Así, fue designado para representar a Chiloé en esta Corporación, cargo que ejerció entre los años 1961 y 1965. Desde ese año y hasta 1969 fue elegido nuevamente, mandato que se mantuvo hasta el final de su período. Luego, y en representación de la zona sur austral del país, obtuvo la senaduría de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, a las que representó hasta el momento de la disolución del Congreso Nacional con posterioridad al golpe de Estado de 1973. Hombre de la tierra, en los archivos de la Cámara y del Senado quedan los testimonios de sus acciones en favor de la agricultura y de los hombres del campo. Sabemos de su oposición a los excesos de la reforma agraria y de su especial dedicación a los procesos de modernización del agro, tanto en la zona central como en la austral del país. Fue, además, un parlamentario muy activo. Participó en múltiples comisiones investigadoras, como las referidas a la industria azucarera, al desempeño de Lan Chile, a las investigaciones sobre el quehacer de la entonces Caja Nacional de Empleados Públicos; en delegaciones internacionales representando a esta Corporación y a Chile en Washington, en la Tercera Conferencia Interparlamentaria Americana realizada en 1964. Al partir, don Fernando tenía 75 años de edad, con una numerosa descendencia. Fue de esos hombres que al final de su vida pudo mirar atrás y valorar los talentos divinos. Tuvo una vida intensa. Fue un hombre estimado y respetado por los suyos, por sus amigos y correligionarios de partido. Hoy, su viuda, sus hijos y nietos, que orgullosos han heredado su nombre, nos acompañan en esta Sala. En nombre del Partido por la Democracia y de las bancadas del Partido Socialista y del Partido Radical Social Demócrata, les entrego nuestra solidaridad por esta pérdida no sólo de un entrañable padre, abuelo y esposo, sino también de un hombre valioso para esta Corporación y las instituciones republicanas que tuvieron el privilegio de contarlo como uno de los suyos, y que brilló en su momento con luz propia en este hemiciclo y también en el Senado. He dicho. -Aplausos. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- De esta forma, nuestra Corporación ha rendido un merecido homenaje a quien fuera ex senador y ex diputado de la República, don Fernando Ochagavía Valdés. Se suspende la sesión por cinco minutos. -Se suspendió la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: VI. ORDEN DEL DÍAOTORGAMIENTO DE PENSIONES A TRAVÉS DE MODALIDAD DE RENTAS VITALICIAS. Modificación de decreto ley Nº 3.500, de 1980. Segundo trámite constitucional. (Continuación). El señor SILVA (Vicepresidente).- Se reanuda la sesión. En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión en general del proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, con el objeto de establecer normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias. Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por tratar materias de seguridad social, y, a mi juicio, enfrenta el tema de manera adecuada. Como lo indica el mensaje, se ha detectado un conjunto de problemas asociados que nos plantean un gran desafío de adecuación normativa. ¿Cuáles son los problemas detectados? El alto nivel de las comisiones que cobran los intermediarios en la constitución de la renta vitalicia, sea ésta anticipada o vitalicia propiamente tal; el mercado negro desarrollado por el comercio de información relativo a los afiliados en edad próxima a pensionarse; el difícil acceso del afiliado a la totalidad de la oferta de rentas vitalicias, y el pago en dinero en efectivo o en especies por parte de los intermediarios al afiliado con el fin de que opten por una compañía determinada, lo que constituye una exacción de los fondos destinados a pagar la pensión de un afiliado. En definitiva, estamos ante una situación que tiene dos vertientes: por una parte, un cobro de comisiones que disminuye el monto del fondo disponible para responder a la renta vitalicia, y, por otro lado, una enorme falta de información para que el afiliado, por sí mismo, después de haber hecho el esfuerzo de ahorro para la previsión durante toda su vida, pueda optar por la modalidad que más le convenga, sea retiro programado o renta vitalicia. El proyecto de ley también amplía las posibilidades con otras modalidades; pero no me voy a referir a ello, aun cuando es apropiado que éstas existan para que el afiliado tenga más opciones. Pero debemos resolver el problema de información, porque no es bueno ni positivo que el afiliado, después de haber ahorrado toda su vida y de haber pagado para que le administraran sus fondos, además tenga que pagar para que le digan qué hacer con esos fondos, si le conviene optar por una modalidad o por la otra. No sólo falla la información, sino también la competencia, pues a las administradoras de fondos de pensiones les interesa esto, ya que se harán cargo de la modalidad del retiro programado, por lo que debieran estar en condiciones de entregar información idónea para demostrarles a sus afiliados que les conviene esa modalidad. En un proceso de competitividad real, debiera ser tarea de las compañías de seguro entregar dicha información para que el afiliado pudiera establecer si le conviene, en determinado caso, una renta vitalicia de tales y cuales características. Incluso, las compañías de seguros debieran competir entre ellas, pero no cargándole un precio al afiliado. De tal manera que el proyecto al establecer que se podrá aplicar una comisión de hasta un 2,5 por ciento del fondo, está diciendo lo siguiente: “Mire, aquí se aplicará una comisión que no puede deteriorar el fondo acumulado más allá del 2,5 por ciento”. Ése es el punto específico. Esta comisión debiera ser menor; ojalá existiera una información adecuada, por la que no debiera pagarse, ya que esto debe hacerse por la falta de una información oportuna, cabal e, incluso, de educación previsional para que la gente sepa por sí misma lo que más le conviene. Pero hay un problema adicional en esta materia, que las autoridades de Gobierno nos podrían ayudar a resolver. Para ello, hago, por intermedio de la Mesa, una pregunta al señor ministro del Trabajo, que tiene íntima relación con el tema -se refiere a la comisión con cargo al fondo de pensiones para financiar la información que se entrega para optar por una pensión de renta vitalicia-: ¿En qué disposición del decreto ley Nº 3.500 se autoriza para cobrar esa comisión con cargo al fondo de pensiones? He hecho un esfuerzo, que puede haber sido insuficiente, y no encontré una disposición que permitiera, de manera expresa, como debiera figurar una disposición de esta naturaleza, extraer parte del fondo para financiar esa comisión de intermediación. No la encontré. Es más, lo que hallé en el decreto ley Nº 3.500 son normas muy expresas que consignan que el único destino que tendrá el fondo de pensiones es financiar las pensiones. Y cuando ha querido establecer un determinado gravamen con cargo al fondo, como es el caso de la comisión fija, lo dice expresamente. Ésa es la razón de la ardua discusión que se ha producido cuando se ha querido establecer un objetivo distinto del de financiar una pensión, con cargo a los fondos establecidos en el decreto ley Nº 3.500. Por ello, a mi juicio, lo que estamos haciendo mediante este proyecto de ley es solucionar una situación que, de hecho, ha estado ocurriendo: que, con cargo al fondo de pensiones, se ha estado financiando una comisión de intermediación. Sí es así, debemos tenerlo claro. Ahora, por la vía legal, queremos establecer la posibilidad de que, con cargo al fondo de pensiones, se financie una comisión de intermediación. Esto es bastante sustantivo, porque de aquí fluye un elemento real, cual es que estamos fijando una comisión que se cobrará con cargo a ese fondo, pero hasta un monto determinado. Porque, debemos ser claros: al final, este cargo disminuye el fondo de pensiones y, por lo tanto, habrá menos dinero para financiar la pensión de la persona. Este punto es muy vital. Estoy de acuerdo con el Ejecutivo en que hay que ordenar esta situación, porque por esta comisión de intermediación se llegó a cobrar hasta el 10 por ciento del fondo. ¡Imagínense lo que significa restar el 10 por ciento a un fondo de pensiones! Por ello ha surgido una preocupación legítima en torno del tema relacionado con las remuneraciones y el pago de subsidios, que afecta a sectores de clase media. Estamos en presencia de un hecho muy real. Se están afectando las pensiones de las personas que ya han terminado con toda su obligación de ahorro para financiar los recursos para su vejez. Por otro lado, y estando de acuerdo con establecer un porcentaje máximo de comisión, deseo plantear una inquietud en el marco de esta discusión, que debemos resolver con la ayuda del Ejecutivo, en particular con la del ministro de Trabajo, quien está presente en la Sala: ¿Estamos legislando sobre un aspecto que el decreto ley Nº 3.500 no lo considera expresamente? A partir de allí se debe generar todo el cuadro de discusión y de posicionamiento al respecto. Por último, quiero referirme al tema que dice relación con la información. Me parece que el proyecto es adecuado en cuanto al fortalecimiento de la información, porque permitirá al afiliado por sí mismo, sin necesidad de recurrir a intermediarios, estar en condiciones de elegir la modalidad para utilizar los recursos acumulados en el fondo de pensiones: si será retiro programado, renta vitalicia o alguna de las modalidades nuevas que la iniciativa establece. Hemos presentado una indicación al artículo 8º transitorio para hacer efectiva la transición, ya que si bien el proyecto aumenta las condiciones para pensionarse en forma anticipada, en el mencionado precepto se establece que los afiliados que, al 1º de enero de 2003, tengan 55 años o más de edad, en el caso de los hombres, y 50 años o más, en el caso de las mujeres, podrán optar a ese beneficio, de acuerdo con la condiciones que fija el decreto ley Nº 3.500, de 1980, previo a las enmiendas que se introducen por el proyecto. En síntesis, con el objeto de que la transición sea efectiva, en la indicación se dice que ella se aplicará a los afiliados que, al momento de la entrada en vigor de la ley, estén en las condiciones establecidas en el artículo 8º transitorio. Me parece de toda lógica una indicación de esta naturaleza si queremos que la transición sea efectiva, por cuanto en la sola tramitación del proyecto hemos ocupado ya prácticamente un año. Es cuanto puedo decir respecto del proyecto. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, ante todo, quiero hacer presente una omisión. Al revisar en estos días el informe de la Comisión de Hacienda respecto del proyecto en estudio, me preocupé de ubicar al diputado informante, señor Lorenzini, y pude advertir que, dentro de la lista de los que asistieron a la sesión en la cual se aprobó, se omite, a pesar de no estar ausente, el nombre del diputado José Miguel Ortiz. En cuanto a la iniciativa, quiero decir que, a su respecto, tengo sentimientos encontrados. Ello, porque su objeto es una de las formas más recurrentes en que, en la práctica, se expresa el nuevo sistema de pensiones creado por el famoso y no bien recordado decreto ley Nº 3.500, como es la celebración de un contrato de renta vitalicia con una compañía de seguros, lo que se financia con los recursos depositados en la cuenta de ahorro previsional de los afiliados al sistema, el cual ha servido enormemente para tener a Chile en un lugar expectante en materia de ahorros, pero, al mismo tiempo, para hacer tiritar a los afiliados en el momento en que deben tomar una decisión acerca de su futuro previsional. Tal como se expresa en el informe de la Comisión de Hacienda, el sistema actual adolece de una serie de fallas, incluso formativas y reguladas, que han creado un espacio para el abuso en contra de los derechos de los pensionados. Esto se traduce en la posibilidad de que los afiliados sean burlados en sus derechos en el momento en que deben decidir sobre su jubilación y la forma en que se proveerán de los recursos con los cuales han de sustentarse, es decir, justo cuando su capacidad de trabajo haya disminuido. Son cientos los casos -algunos escandalosos- dados a conocer en el último tiempo sobre agentes de seguros que han inducido a muchas personas a tomar decisiones erradas a la hora de elegir entre las distintas modalidades de pensión que ofrece el sistema. Mucha gente ha depositado su confianza en ellos pensando en que les ofrecerían la mejor modalidad para pensionarse, entre las cuales, como sabemos, se contempla la posibilidad de efectuar retiros programados por una determinada cantidad de años, y la de un sistema mixto de renta vitalicia y de retiro programado. El diputado señor Riveros dijo que falta más información. Eso es efectivo; pero ésta puede ser compleja para quienes provienen de un mundo en el cual la educación les llegó a medias. Por eso, como la decisión que deben adoptar las personas a punto de jubilar es complicada, es fundamental la asesoría que se les brinde. Lamentablemente, en muchos casos dicha asesoría es engañosa, pues pretende sólo optimizar las ganancias de determinadas compañías o corredores de seguros, lo que trae consigo resultados negativos, que arrastran a algunos pensionados a una forma de vida no deseada para sus últimos años. Ése es el sistema que debemos regular y corregir. Felizmente, entiendo que se han presentado varias indicaciones al proyecto, por lo no me cabe duda de que será mejorado. El que se haya enviado a tramitación legislativa esta iniciativa demuestra que para el país han resultado perjudiciales las prácticas engañosas que he señalado. El proyecto, que se hace cargo de los hechos a partir de la experiencia acumulada, establece la creación de un sistema que generará mejores condiciones, de manera que las personas puedan adoptar la mejor decisión a la hora de pensionarse. Por esa razón debemos respaldar la iniciativa. Sin embargo, no lo podemos hacer sin advertir previamente sobre las profundas objeciones que tenemos respecto del actual sistema y con la forma en que están operando las AFP, las cuales han demostrado, en la práctica, su incapacidad para generar pensiones dignas a grandes masas de pensionados, que les permitan mantenerse como es debido en una etapa de su vida en que su situación socioeconómica es distinta de la que tenían mientras estaban en plenas funciones productivas. Más aun, este sistema, el imponer la obligación estatal de asegurar las pensiones mínimas a quienes no logren pensionarse, está generando una fuerte presión sobre las arcas fiscales. Resulta injusto que mientras las utilidades de la industria crecen, la rentabilidad de los fondos varíen según las condiciones del mercado. Como diputado que dedica gran parte de su tiempo a escuchar a sus representados, a la gente sencilla que cree en nosotros, he podido comprobar cómo en los últimos años son cada vez más las personas que, al momento de pensionarse en las AFP con sus ahorros previsionales, comprueban que el monto que perciben no supera el cincuenta por ciento del ingreso que recibían en su vida laboral activa, y, por tanto, terminan recibiendo pensiones mínimas, las cuales son de cargo del Estado. He allí un punto de extrema gravedad, el cual, sin duda, nos debe motivar a efectuar una revisión completa del modelo de las AFP, cuyos resultados preocupan al Gobierno, a la Cámara de Diputados y a los organismos técnicos relacionados con la seguridad social. Con el sistema de administradoras de fondos de pensiones vigente estamos condenando a los chilenos a vivir sus últimos años en situación mínima en lo económico, lo que no puede dejar indiferente a nadie, menos a nosotros, sus representantes. También existen sistemas previsionales de excepción, como, por ejemplo, el de las Fuerzas Armadas, que es más favorable para sus afiliados, pero que tiene severos problemas de financiamiento, lo que ahora se trata de corregir. La seguridad social privada de nuestro país, de una vez por todas, debe ser revisada, y a fondo. Confiamos en que nuestro Gobierno tome pronto decisiones políticas y legislativas sobre la materia. No podemos continuar con este estado de cosas, porque genera incertidumbre respecto del futuro de millones de trabajadores. En espera de que nuestro Gobierno adopte las medidas de fondo sobre el particular, anuncio mi respaldo a esta iniciativa, pese a que la considero débil. Es muy difícil sostener algo en contra de las administradoras de fondos de pensiones. Muchas veces he tratado de hacer llegar a los periódicos artículos en los cuales hago críticas al sistema de pensiones, pero éstos quedan en el papelero, porque las administradoras de fondos de pensiones cuentan con un gran poder publicitario pagado. Entonces, todo lo que se diga en contra de ellas no es bienvenido y pasa a ser tabú. Como presidente de la Comisión de Hacienda, estimo que este proyecto es un primer paso a fin de efectuar una revisión profunda de este sensible tema, que afecta a una sociedad que pretende ser solidaria con quienes han entregado una vida de trabajo a fin de asegurar el porvenir de sus familias y de nuestro país. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, este importante proyecto de ley se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional desde 1993. Se trata de una iniciativa muy importante para el sector pasivo, que ha sido largamente esperada y sumamente controvertida. Fue objeto de una sentencia muy relevante, con precedentes de mucha envergadura, por parte del Tribunal Constitucional, el cual, en su fallo, se refirió a aspectos esenciales del derecho de propiedad. Además, en su sentencia rechazó algunos proyectos aprobados por el Congreso. El Tribunal Constitucional determinó que no sólo se produce privación del dominio cuando se despoja a su dueño totalmente de uno o de todos sus atributos o facultades esenciales, sino también cuando ello se hace parcialmente o mediante el empleo de regulaciones que le impidan al titular ejercer su derecho de dominio. En los considerandos de su resolución, el Tribunal sentenció, además, de que el ámbito en que pueden imponerse por ley limitaciones u obligaciones al dominio sólo es legítimo y procede cuando estén en juego los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Todo otro bien jurídico, cualquiera sea su importancia o trascendencia, como la disfunción de la propiedad, el interés puramente patrimonial del Estado, el interés social de ahorrantes e, incluso, de afiliados previsionales -que es el caso específico que se trata- u otros, son muy valiosos y podrán ser cautelados por preceptos legales que otorguen facultades fiscalizadoras de control o de sanción a organismos estatales. Eso es legítimo. Pero la Constitución sólo ha previsto la procedencia de limitaciones u obligaciones para las muy determinadas expresiones de la función social del dominio que ha señalado. Toda otra restricción es inconstitucional, porque afecta el derecho de propiedad. El fallo del Tribunal Constitucional, macizo, contundente, que constituye un precedente importante, establece que con la denominación de “marco de intereses generales de la nación”, el legislador podrá adoptar medidas, pero nunca asilarse, de manera jurídicamente inobjetable, en un pretendido interés general para gravar el dominio privado con obligaciones o limitaciones que el constituyente de 1980 quiso deliberadamente hacer procedentes sólo por vía muy excepcional. Ésas fueron las razones por las cuales el Tribunal Constitucional rechazó algunos preceptos de este proyecto, y el Ejecutivo presentó indicaciones sustitutivas muy contundentes sobre las normas respecto de las cuales deberemos pronunciarnos. Cuando se formularon las indicaciones en la Comisión de Hacienda -reitero que el proyecto data de 1993-, en este trámite, asistió el profesor de derecho constitucional, don Teodoro Ribera, quien nos ilustró acerca de los contenidos de la sentencia del Tribunal Constitucional a que me referí, e hizo hincapié en algo muy importante -al menos desde mi punto de vista- que ha estado en el debate y que me gustaría que quedara claro, cual es que, a pesar de que los fondos previsionales constituyen para el afiliado parte de su propiedad, se trataría de bienes destinados a un fin único y exclusivo; sin embargo, igual no puede afectarse la facultad de disposición del afiliado sobre ellos. El afiliado tiene facultad de disposición sobre sus fondos, de modo que cualquier sistema que le impida elegir la alternativa que más convenga a sus intereses, suplantando su voluntad y reemplazándola por lo dispuesto en normas legales, es inconstitucional. En esta materia rige la autonomía de la voluntad del propietario, que es dueño de sus fondos previsionales. Respecto del actual sistema de consultas y ofertas de montos de pensión considerados en el proyecto informado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Corporación, el profesor Ribera opinó que no superaría las inconstitucionalidades declaradas por el Tribunal Constitucional. Debo señalar que coincidí con lo expresado por nuestro ex colega, profesor Teodoro Ribera, y por eso planteé en la Comisión de Hacienda que las indicaciones sustitutivas presentadas por el Ejecutivo no habían solucionado todos los problemas de constitucionalidad indicados por el Tribunal Constitucional. En un primer momento, el Ejecutivo se mostró bastante molesto con esta interpretación -al menos eso fue lo que vimos en la prensa-, pero, afortunadamente, en una buena reacción, formuló importantes indicaciones sustitutivas a algunas de las normas del proyecto aprobadas en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto deberá volver a la Comisión de Trabajo o, a lo menos, a la de Hacienda. Las indicaciones del Ejecutivo entregan más elementos y mejores condiciones para que la autonomía de la voluntad se exprese. Se modifica el Nº 8, del artículo 1º, que introduce un nuevo artículo 61 bis, de la siguiente forma:a) Reemplázanse los párrafos tercero y cuarto de la letra b) de su inciso segundo, por el siguiente: “Las ofertas de rentas vitalicias deberán presentarse en unidades de fomento, con excepción de aquellas con componente variable, el cual podrá expresarse en otras unidades o monedas que para estos efectos autorice la Superintendencia de Valores y Seguros. La oferta que se efectúe en el sistema se emitirá explicitando la pensión y una comisión o retribución, de referencia, por la intermediación o venta, establecida según lo dispuesto en el inciso noveno del artículo 62. En caso que la comisión o retribución al intermediario o agente de venta resulte ser inferior a la de referencia antes señalada o bien no exista comisión o retribución, la pensión deberá ser incrementada en la forma establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso sexto de este artículo”.b) Reemplázase la primera oración del párrafo quinto de la letra b), de su inciso segundo, que ahora pasa a ser párrafo cuarto, por la siguiente: “Por su parte, bajo la modalidad de retiro programado y renta temporal se deberán informar al afiliado los montos de pensión y las comisiones”.c) Reemplázase en el primer párrafo de la letra c) de su inciso segundo, la expresión “programado y”, por la siguiente: “programado, y en unidades de fomento u otras unidades o monedas autorizadas para estos efectos por la Superintendencia de Valores y Seguros, según corresponda,”. También se formula indicación para modificar el número 10 de la siguiente forma: Se reemplaza el inciso primero de la letra e) por el siguiente: “Respecto de los fondos traspasados desde la cuenta de capitalización individual del afiliado, con exclusión de aquellos que eran susceptibles de ser retirados como excedente de libre disposición, las Compañías de Seguros de Vida sólo podrán pagar, directa o indirectamente, a los intermediarios o agentes de venta que intervengan en la comercialización de rentas vitalicias, una comisión o retribución que no podrá superar el 2,5% de dichos fondos. Sin embargo, este guarismo podrá ser modificado mediante decreto supremo conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, previo requerimiento contenido en resolución fundada de las Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Valores y Seguros. Dicha resolución considerará antecedentes técnicos relevantes solicitados, entre otras, a las entidades fiscalizadas. Cada vez que se efectúe una modificación a la referida comisión o retribución, el nuevo guarismo así determinado tendrá una vigencia mínima de dieciocho meses. Si expirado dicho plazo no se emitiese el decreto supremo que modifique la comisión, el guarismo anterior se mantendrá vigente en tanto ello no ocurra”. A mi juicio, las indicaciones corrigen adecuadamente el texto del proyecto y establecen con exactitud las responsabilidades de los directores de las aefepés o de los intermediadores cuando incurran en irregularidades. No queda abierta una especie de ley penal en blanco respecto de lo que haga o no cualquier intermediador. En esta materia, nos acercamos a las soluciones correctas, ya estamos en tierra derecha. Las indicaciones del Ejecutivo corrigen en forma adecuada las normas mínimas. Debe establecerse un mecanismo de comisión máxima, porque, de lo contrario, se puede licuar, en forma indebida, la pensión o el fondo previsional a que tiene derecho el ahorrante. Pero, por otra parte, se establece el principio de que el dueño de los fondos es el ahorrante; es decir, él es el propietario y quien tiene la libertad de disponer de esos fondos. De acuerdo con las normas que rigen la formación de la ley, a raíz de la presentación de esta indicación la iniciativa tendrá que volver a comisiones, pero con avances y no retrocesos. Las dudas de constitucionalidad respecto de determinadas normas se superan con las indicaciones, que, ojalá, se aprueben en las comisiones respectivas, a fin de avanzar en una pronta aprobación de esta iniciativa, que, desde hace bastante tiempo, esperan los sectores ahorrante previsional y pasivo. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, uno se entusiasma con la discusión -escuchaba a los diputados Cardemil, Jaramillo y Riveros- de un tema serio, y no se explica los diez años de tramitación en el Congreso, como lo señaló el colega Cardemil. Este es un problema que afecta a todo el país. Son más de 500 mil pensiones. Se trata del futuro de los jóvenes que nos acompañan en la tribuna. Por lo tanto, no es un tema menor. Sin embargo, a veces, las cifras nos confunden: a la fecha, sólo un 26 por ciento de quienes han jubilado lo ha hecho por vejez, es decir, uno de cada cuatro. Por viudez, que podría asimilarse de alguna manera a esa causal, un 15 por ciento. Es decir, entre una y otra modalidad se llega al 40 por ciento. Sin embargo, de acuerdo con la información recibida, el 39 por ciento de la gente está jubilando anticipadamente. En la actualidad existen dos sistemas para jubilar, y estamos agregando un tercero. Uno es el de rentas vitalicias. Las compañías de seguros programan la renta hasta el fallecimiento del ahorrante, lo que da seguridad y garantía. El otro es el de las AFP, es decir, rentas programadas hasta que se acabe el dinero. Después contaré qué sucede con este sistema. Antes de entrar a la parte negativa, veamos lo positivo del proyecto. Su texto es conciso, preciso y macizo, y corrige una serie de imperfecciones. Así, en cuanto a los niveles de las comisiones, apenas el Senado aprobó la iniciativa, éstas bajaron automáticamente: de un promedio tradicional de 6, a 3 por ciento. Eso demuestra que cuando se establece cierta regulación en las comisiones, viene el susto y ellas se reducen a la mitad. Es decir, una persona, con una vida laboral de 30 años y considerando el anterior promedio de 6 por ciento, perdía el equivalente a 4 años de cotizaciones en pagar estas comisiones. Otro tema, el conflicto de intereses. Lo que el intermediario debe buscar es lo mejor para quien va a jubilar. Sin embargo, a veces, el intermediario buscaba lo mejor para él y no para el que jubilaba. Se corrige esa distorsión. En cuanto a la información -todos recordaremos lo que sucedió en algunas casas comerciales cuando quedó en evidencia lo que significa tener un disco con información- en este ámbito, al no ser pública, se generaba un mundo subterráneo, que iba y venía con distintas precisiones. También se corrige. Ahora bien, de estas 500 mil personas, ¿cuántas son letradas? ¿Cuántas entienden de números? ¿Cuántas pueden hacer cálculos actuariales o matemáticos? Peor aún, ¿adónde están? ¿En Cumpeo? A lo mejor en la provincia de Valdivia; pero no en su capital, que es una ciudad grande, sino en alguna de las localidades alejadas; quizá hacia la cordillera. ¿Adónde accede esa gente? Simplemente, a lo único que se le ofrece. ¿Y quién se lo ofrece? De las 15 ó 16 compa-ñías, sólo una o dos. Estamos corrigiendo el punto, de modo que haya pleno acceso a la información, a fin de que todas las compañías puedan postular y proponer su oferta. Estamos entregando más información y ofreciendo una alternativa nueva, una mezcla entre retiro programado y renta vitalicia, esto es, otra posibilidad para los que entiendan un poco, y más fiscalización, porque la requerimos. Dadas estas rebajas de las comisiones y la mejor información, no me cabe duda de que habrá un aumento en los montos de pensiones mínimas, que hoy, en promedio, no ascienden a más de 130 mil pesos -unos 200 dólares-. Es una cifra harto menguada para un país que se dice que galopa. Por lo tanto, en esas condiciones, me parece adecuado. Sin embargo, hay algunos temas que quisiera relevar. Primero, el total del producto interno bruto que implica el sistema de pensiones es de 7,8 por ciento, y está aumentando. El Estado pone 4,7 por ciento para la parte civil; a Defensa se le asigna 1,4 por ciento. Total: 6,1 por ciento. Las administradoras de fondos de pensiones, con retiro programado, y las compañías de seguro, con las rentas vitalicias, representan un 1,7 por ciento. ¿Cuál es el tema? En nuestro país la esperanza matemática de vida es hoy de 76 años, pero todo el sistema está calculado para 65 años. ¿Quién va a ahorrar? ¿Los jóvenes que están en las tribunas, para pagarles a los que jubilarán en los próximos 20 años? ¿O tendrá que financiarlo el Estado? Éste es el tema de fondo, que no estamos solucionando con el proyecto en debate. Este sistema no es sostenible. Dado que se están efectuando cada vez más rentas programadas, ¿quién subsidiará las pensiones mínimas cuando se acabe la plata del fondo para tales rentas? Obviamente, el Estado. Estamos abriendo un forado tremendo. No estamos hablando de tratados comerciales, sino de la previsión. Seguiré afirmando, con altura de miras y con responsabilidad, que el tema previsional de las Fuerzas Armadas debe ser resuelto en este Gobierno. Las cifras actuales, que vienen subiendo desde los 500 millones de dólares, ya ascienden a 880 millones de dólares de aporte. Para el año 2020 estaremos sobre los 2 mil millones de dólares. ¿Quién pagará eso? Debemos tener, no la habilidad, sino la hombría de juntarnos con las Fuerzas Armadas. Los estudios están. ¿Hasta cuándo los escondemos? No se trata de llevar intranquilidad, y nadie quiere afectar los derechos adquiridos, pero éste es un tema que no resiste análisis. El ministro de Hacienda no dice cuáles son las proyecciones, porque ellas están claras. Miremos lo que estamos haciendo aquí. ¡Qué inconsistencia, señor ministro! Estamos aumentando los requisitos para las pensiones anticipadas, porque 40 por ciento de la población se jubila antes. Es decir, la esperanza de vida es de 76 años; podemos jubilar a los 60, en el caso de las mujeres, y a los 65, en el de los hombres, pero el promedio jubila a los 55 años de edad. O sea, trabajamos 20 ó 25 años y luego vivimos de una pensión durante 15 años. Será justo desde el punto de vista humano, pero financieramente no tiene validez. Y respecto de eso, ¿qué hace el señor ministro? Aumenta los requisitos -lo aplaudo-, para impedir la jubilación anticipada. ¿Por qué no se hace lo mismo con las Fuerzas Armadas? Ahí sí pueden jubilar a los 40 ó 42 años de edad. Obviamente, el sistema va bien encaminado. ¡Hay que postergar la jubilación! Eso significa que debemos tratar el tema en forma seria. Aquí no estamos hablando de populismo, sino de un asunto real que debe ser analizado, claro está, sin afectar a quienes ya entraron y tienen un determinado sistema, el cual, claramente, a futuro el país no resistirá. Hoy, el aporte del Estado asciende a 875 millones de dólares. En el 2006 -estamos hablando de finales de este Gobierno y principios del siguiente-, el monto será de 1.200 millones de dólares, y el año 2030, de 2.700 millones de dólares. Subimos el IVA, reforzamos la salud. Aquí tengo los porcentajes: 4 puntos para el IVA, 4 puntos para la reforma de la salud, 4 puntos para el Chile Solidario, pero falta el cuarto. El señor ministro tiene un tema pendiente: la reforma previsional de las Fuerzas Armadas, que debe resolverse hoy o mañana. Eso quedará en la historia. Si no lo hace este Gobierno, será el próximo y, por ende, otro ministro. Por lo tanto, espero que el ministro de Hacienda del próximo gobierno de la Concertación se atreva a pensar en el país, ya que tanto los tratados como este asunto son temas de país. El segundo aspecto al que quiero referirme dice relación con la incorporación de los bancos en las posibilidades de jubilación. ¡Otra vez la concentración económica! ¡Otra vez el poder económico de la banca! Donde la banca ha estado presente, ha copado en cuatro o cinco años el mercado. ¡Vean los seguros generales, los seguros de vida, los seguros de desgravamen! ¿Saben lo que pasará? Ya lo estoy incorporando en mi léxico, pues tengo cuenta corriente, línea de sobregiro, línea de crédito, crédito hipotecario; pago en el banco los seguros del auto, de la casa, por robo, por incendio, de desgravamen; tengo tarjetas de crédito. ¿Saben que incorpora ahora el banco? ¡Mi pensión! Mi pensión se va al banco y así se queda la entidad bancaria con el paquete completo, y me hará una oferta por todo. Pero con una diferencia. Es muy fácil vender seguritos o este tipo de seguros de desgravamen, pues está todo calculado, no se necesita un experto; además, son anuales, y si el próximo año me enojo lo caduco. Sin embargo, el seguro de vida, o sea, mi jubilación, es una materia técnica, que necesita de alguien que sepa, que sea un experto, pues no hay posibilidad de arrepentirse. Si alguien contrató una pensión, se acabó el cuento por los próximos 20 años. ¡Qué gran diferencia! He presentado una indicación para eliminar lo propuesto por el Ejecutivo. Sé que tiene buenas conexiones con la banca y que ésta lo presiona; pero, con la concentración económica que existe en este país, tres bancos tienen prácticamente el 60 por ciento del mercado. Ahora quieren, además, la jubilación de los chilenos. ¡Por favor, si este es un gobierno de la Concertación! ¡Un gobierno humanista y social! Pero también le tenemos miedo. No sólo tenemos problemas con las Fuerzas Armadas, sino también con la banca. ¡Qué tremendo susto! Quizás, muchos ejecutivos de gobierno viajan por el mundo a conferencias; así se llaman hoy. He presentado una indicación, que sea, al menos, un saludo a la bandera, aunque sea simbólico, pues me parece que la banca no debe entrar en la previsión de los chilenos. ¡Es nefasto! Ellos no dan más competencia. No tienen la calidad ni la gente entrenada para vender o asesorar en este tipo de actividades. Además, hay conflictos de intereses, porque harán ventas atadas. Por ejemplo, contratan la pensión a 20 años -se trata de montos grandes-, y, a cambio de ello, hacen un descuentito por acá y entreguen una línea de crédito por allá. Tienen toda la información. Bueno, qué más vamos a decir. No hay un acercamiento al mercado de esta manera; todo lo contrario. En la discusión del proyecto hablábamos de transparencia. Eso queremos. La transparencia para el afiliado, pero también respecto de quienes realizarán el negocio previsional. Ya lo decía el diputado Riveros sobre el tema de las AFP. Agreguemos los bancos, y el daño será irreparable. Otro tema respecto del cual también comparto lo que decía el diputado señor Riveros, se refiere a considerar que se trata de un fondo -así lo señala el DL 3.500- y que se podrá cobrar una comisión de intermediación. Pero si las platas salen y ya no son fondos, sino que se van a las compañías de seguros, tengo mis dudas de si realmente se puede cobrar comisión. Sin duda, el tope de 2,5 por ciento, limitarlo a 18 meses y que los expertos lo estudien, constituyen un avance, pero me parece que no debiera haber comisiones. También hay una indicación presentada por el diputado señor Riveros, a la cual me sumo, que dice relación con la disposición que señala que desde el 2003 rige la transitoriedad para todos estos cambios que estamos haciendo a la renta anticipada. Obviamente, tendrá que aplicarse cuando la ley empiece a regir. Hay otros temas que quizás no están considerados en la iniciativa, pero quiero que el señor ministro, por lo menos, nos dé una opinión. Tenemos la jubilación, y no alcanza. Introdujimos los ahorros voluntarios y distintos tipos de fondos. ¿Cuál es la gracia del ahorro voluntario? Supongo que muchos parlamentarios lo estarán tomando. De lo contrario, se lo recomiendo. Así es la ley. Se trata de una ventaja tributaria, porque da un descuento tributario sobre un porcentaje de lo que se desvía a ese fondo. Pero los que ganan menos de 500 mil pesos, ¿cuánto pagan de impuestos? O sea, esto es para personas de clase media hacia arriba. A quienes ganan más de 800 mil o de un millón de pesos, vamos a aportarles dinero para asegurarles una pensión razonable. Me parece muy bien; es un incentivo del Gobierno. Pero ¿qué pasa con los que ganan menos? Siempre pierden. Deseo señalar al ministro que respecto del 401 K, tenemos la experiencia americana y la europea. Se trata de crear por ley este fondo, que permite a las empresas, con incentivos tributarios, contribuir con una parte, y al trabajador, con otra. Se va haciendo en conjunto; ambos discuten dónde invertir y cómo hacerlo. Pero le damos una ayuda a los que ganan menos de 500 mil pesos. A la empresa también le conviene, porque tendrá incentivos tributarios. Creo que el 401 K, cómo se le llama allende los Andes, debe ser implementado a la brevedad. Pensé que estaría incluido en esta iniciativa o en la de mercado de capitales dos, pero no lo está. Se dice que quizás será una iniciativa separada. Ojalá que sea cierto, a fin de corregir distorsiones, pues el señor ministro sabe lo que está pasando. Las tasas de interés están bajando. Las AFP no tienen el 8, 9, 10 ó 12 por ciento que rindieron en los últimos veinte años. El Banco Central fija una tasa de 2,75, aunque dicen que quiere subirla. El ministro nos decía ayer que la inflación está bajando y que hay que reactivar el país; pero el Banco Central quiere subir las tasas. Es el mundo al revés. Pero eso indica que las tasas de interés están bajando. No volveremos a tener rentabilidades del 8 ó 9 por ciento para los 25, 30 ó 35 años de acumulación de fondos. Por lo tanto, el fondo que una persona se llevará al final será menor, no sólo por las tasas de interés, sino por el aumento, cada año, de las expectativas de vida. Por lo tanto, en diez años más, cuando la persona tenga ochenta años, figurará trabajando los mismos años y aportando lo mismo. Es decir, al repartirse en más años, el fondo será menor. Si a lo anterior se agrega que pronto se tramitará la ley de flexibilidad laboral, queda todo amarrado, incluso la estabilidad laboral. El señor ministro es el impulsor de una iniciativa de ley que me parece moderna, en términos genéricos. Pero como vamos a propiciar el trabajo temporal por hora, tal cual sucede en Europa y en Estados Unidos, ¿cómo acumularán fondos esos trabajadores para su jubilación? Al final, se recurre al fisco. Está bien. Me gusta que el Estado sea solidario, que tenga un tamaño razonable para ir en ayuda de las personas; de lo contrario, no tendría sentido. Pero ¿de dónde vamos a sacar la plata? En 2006 se acaba el aumento del IVA. Los tratados internacionales -lo vimos ayer- hasta el 2020 seguirán creándonos hoyos, desde el punto de vista del fisco, no desde el punto de vista del país. Entonces, ¿quién va a pagar todo eso? Me parece que esta iniciativa es una buena reforma, un buen avance, pero nos quedamos a medio camino. Quizás debemos ser un poco más acuciosos. Todavía se pueden corregir algunas situaciones, pero la discusión queda ahí. Creo que es un tema demasiado relevante para el país, como para agotarlo. Sin duda, diez años son suficientes para avanzar con algo. Dejo planteadas estas inquietudes. Se han presentado indicaciones, que analizaremos en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda. He dicho. El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, me referiré a dos puntos de este proyecto, que fue ampliamente discutido en las Comisiones de Trabajo -a la que me correspondió asistir- y de Hacienda. Si bien el informe de la Comisión de Hacienda modifica algunos criterios debatidos en la Comisión de Trabajo, hay dos hechos que, en particular a los diputados de la UDI, nos preocupan. Uno, dice relación con el sistema de consultas y la obligatoriedad que este sistema tendría a la hora de pensionarse por parte de un beneficiario del sistema de fondos previsionales. El hecho de participar o no en este sistema lo amarraría a tener que optar por una u otra decisión al interior del sistema de consultas. Nos preocupa ese grado de obligatoriedad. El segundo hecho dice relación con la fijación de precios en el tema de las comisiones, poniendo un freno a lo que se ha llamado “licuado” de los fondos individuales de pensiones. No comparto lo planteado por el diputado señor Lorenzini respecto de lo dicho por la autoridad al presentar este proyecto, en cuanto a que las comisiones bajaron automáticamente al fijarse un precio. Creo que la competencia hizo que fueran bajando esas comisiones, y el Ejecutivo, al poner un porcentaje de ellas como tope máximo, reflejó lo que sucedía en un mercado competitivo. No éramos partidarios -así lo refleja la votación en la Comisión de Trabajo- de la fijación de un porcentaje de 2,5 por ciento de los fondos, con un tope máximo de 40 UF. A nuestro juicio, eso es regresivo. En esa misma línea, el Ejecutivo retiró la indicación. Por lo expuesto, manifiesto nuestra posición favorable al proyecto, pero solicitamos votación separada del artículo que dice relación con el sistema de consultas y del que se refiere a la fijación de tarifas de 2,5 por ciento con un tope máximo de 40 UF. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Quintana. El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, este proyecto ya completó su trámite en el Senado, donde ingresó en 1994, y fue estudiado por las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social. Los informes que de ahí emanaron debieron ser complementados, por acuerdo de Comités adoptado con fecha 7 de noviembre de 2000. Posteriormente, un grupo de parlamentarios recurrió al Tribunal Constitucional, al esgrimir argumentos de elegibilidad para los cotizantes que, al revisar la historia del proyecto, en cierto momento pueden confundirse, incluso, con los intereses de las propias empresas aseguradoras. El 4 de septiembre de 2001, el Tribunal Constitucional remitió copia de la sentencia dictada en el requerimiento formulado en contra de algunas disposiciones del proyecto original. ¿Qué tenemos hoy en el proyecto? La primera modalidad tiene la virtud de permitir que el afiliado opte por un monto mensual de pensión que él estime adecuado para cubrir sus necesidades; pero la gran dificultad radica en que no es posible determinar con certeza la cantidad de años que el afiliado vivirá, lo que puede derivar en el problema de que, una vez agotados los recursos, no se pueda contar con una pensión. La segunda de esas modalidades, la de rentas vitalicias, presenta la ventaja de proveer al afiliado pensionado de fondos constantes y periódicos por todo el resto de su vida. La gran crítica a este sistema radica en que el afiliado pierde la propiedad sobre sus cotizaciones previsionales, y debe asumir individualmente el riesgo de una corta sobrevida, evento ante el cual la compañía genera una ganancia neta con los fondos traspasados. Sin embargo, los motivos que llevan al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley a fin de reformular los mecanismos de concesión de pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia, dicen relación con ciertos defectos estructurales que se han detectado en el funcionamiento de este sistema. La idea matriz del proyecto consiste en equilibrar el mercado de las rentas vitalicias, entregando al afiliado las herramientas necesarias para afrontar exitosamente, y a un costo razonable, la decisión que en esta materia debe tomar. El mejoramiento de la calidad en la transmisión de la información, la claridad en la definición de los participantes en el sistema de consulta, así como la claridad en las ofertas, la selección de modalidad de pensión y otros temas, como el remate y las ofertas al margen del sistema, son aspectos que valoramos en este proyecto. Al respaldar el proyecto, lo hacemos con la convicción de que moderniza un sistema que puede y debe ser eficaz y absolutamente transparente. Por eso, debemos aprobar las modificaciones, pero, además, estar atentos a cualquier enmienda futura. Una de las fortalezas del sistema radica en su flexibilidad, que deriva de su identificación con la capacidad de cada persona para asumir su previsión, pero con la fiscalización del Estado, el cual tiene como tarea esencial velar por el bien común. En este contexto, destaco el artículo 72 bis, que logra transparentar la oportunidad de la emisión y difusión del listado de quienes están en condiciones de pensionarse y el rol que en ese proceso le cabe a la Superintendencia mediante una norma de carácter general. La modernización del país pasará la prueba de la blancura en lo que respecta a un sistema privado perverso, y logrará la plena equidad, cuando resuelva el tema de las jubilaciones y de las pensiones de manera eficiente, justa y con sentido de realismo -porque en los años venideros habrá una población creciente que se incorporará al sector pasivo-, pero también con solidaridad y transparencia, las mismas que buscan respaldar este nuevo proyecto que hoy esperamos aprobar. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el ministro del Trabajo, señor Ricardo Solari. El señor SOLARI (ministro del Trabajo).- Señora Presidenta, en respuesta al diputado Riveros, quien preguntó específicamente en qué acápite del decreto ley 3.500 -que es el fundamento del sistema de pensiones en Chile- se establece la posibilidad, por parte de las aseguradoras, de retener una parte de estos recursos por el cobro de una comisión de intermediación, debo señalar que no existe ninguna mención expresa ni fundamento para retener esos recursos por concepto de comisión. Lo que sí se dispone es el traspaso del total de los recursos del patrimonio del afiliado a la compañía aseguradora, que es la que, a su vez, descuenta los gastos propios del ejercicio de la función de asegurador. Por lo tanto, las disposiciones que se discuten en este proyecto clarifican o hacen sólido, desde el punto de vista jurídico, el cobro por intermediación. Es decir, a partir de una situación que se traduce en el traslado de recursos hacia aseguradoras para un descuento, se llega a otra, en la que se establece de modo más específico en qué términos operará la comisión de intermediación, lo que constituye el centro del proyecto, toda vez que se dispone una mayor información respecto del efecto que tendrá el costo de intermediación sobre el patrimonio del afiliado y su pensión. El proyecto, tiene plena justificación por ese solo hecho. Por eso, aunque los respetamos, no compartimos los fundamentos dados por el Tribunal Constitucional al cuestionar algunos de los artículos del proyecto aprobado por el Senado. Con la misma disposición, hemos hecho un gran esfuerzo para encontrar consensos para que esta iniciativa -y agradecemos a los diputados que se han involucrado en ello-, que tiene gran significación en el monto de las pensiones que tendrán los trabajadores que hoy cotizan en las administradoras de fondos de pensiones, posibilite una mayor información para éstos. Por eso, y de acuerdo con lo que hemos escuchado, estamos convencidos de que el proyecto será aprobado. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señora Presidenta, en esta ocasión, la Cámara de Diputados se encuentra abocada a discutir uno de los temas, tal vez, más relevantes para la ciudadanía, por cuanto se relaciona con la calidad de vida de las personas que, accediendo al ahorro previsional durante su vida laboral, posteriormente pueden tener la posibilidad de una jubilación que les permita vivir con dignidad y con un nivel de vida similar al que tuvieron en su vida útil de trabajo. Por eso son importantes los conceptos que involucra este proyecto. En primer lugar, debo señalar -al igual que los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra- que un cambio significativo en esta era moderna ha sido la expectativa de vida. Hoy es de 76 años, de acuerdo con la información que hemos recibido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Eso tiene una alta significación, porque no podríamos legislar para que una persona se acogiera a jubilación en condiciones tales que la expusieron a que finalmente se agotaran sus recursos y, en definitiva, no hubiera fondos para respaldar su pensión. En estos momentos hay gente que ha vivido esa situación. Por eso, es necesario aclarar ese punto a fin de que haya plena claridad y transparencia sobre el particular. En ese sentido, el proyecto establece un sistema para racionalizar las comisiones por intermediación que cobran las compañías aseguradoras o los corredores de seguros al gestionar la concesión de una renta vitalicia para el afiliado. El problema que teníamos hasta que iniciamos este debate era que había aberrantes montos por concepto de comisiones. Las personas eran tentadas con incentivos o con bienes para acogerse a una jubilación anticipada, y de sus propios recursos les sacaban cantidades de dinero por concepto de comisiones, muy superiores a las que se fijan en este proyecto, cuyo monto tope es de 2,5 por ciento, valor que se cobraría al otorgar una jubilación anticipada. La falta de regulación de estas comisiones históricamente ha significado para los afiliados la pérdida de importantes porcentajes de sus recursos. Se habla de un promedio de 6 a 7 por ciento de pérdida de los fondos, por lo que el proyecto establece un 2,5 por ciento sobre las comisiones. Un efecto directo de dicho tope será evitar la “licuación” de los recursos previsionales con motivo de acuerdos de pagos de comisiones altas contra reembolso de parte de ellas en favor del pensionado, quien, si bien hoy recibe un dinero, verá mermado el monto definitivo de su pensión. Es muy importante la modificación, porque la disminución de los recursos totales que con tanto esfuerzo han ahorrado las personas, les significa una pensión menor. Otro aspecto destacable se refiere particularmente al conjunto de normas propuesto para otorgar las mejores condiciones de información al afiliado, en la perspectiva de reconocer que la decisión que adopte en estas materias produce efectos permanentes en su futuro. El reconocimiento de una decisión correctamente informada, en cuanto debe considerar una lectura de fácil acceso para todos, forma parte del fundamento de esta iniciativa. Destaca, además, el hecho de que los grados de satisfacción observable en los pensionados se construyen sobre la base de lo prometido y lo obtenido, por lo que debemos fomentar la ausencia de brechas entre ambos conceptos. En este sentido, hubo una amplia discusión para considerar la posibilidad de que, incluso, al haber recursos, electrónicamente se pudiera hacer un remate de la posibilidad de una jubilación, y que pudiera optar a ella cualquier empresa aseguradora. Asimismo -como se ha señalado-, se establece, al mismo tiempo, la posibilidad de que la banca pueda integrarse al sistema y así entregar este tipo de jubilaciones. Si bien el aumento de los requisitos para acceder a los sistemas de pensión anticipada constituye un límite a la libertad de decisión respecto de los fondos de pensiones, con ello se persigue la finalidad -es necesario tomar conciencia de esto- de promover que la jubilación se otorgue más tarde que temprano. Por eso, el proyecto establece como requisito para jubilar anticipadamente, entre otras normas, que el monto que se obtenga llegue al 50 por ciento de la última renta y hasta un 70 por ciento de ella, mediante un proceso escalonado. En lo personal, concluyo que el proyecto apunta en el sentido correcto. Quiero rescatar un elemento que admite ser analizado desde un sinnúmero de aspectos. Me refiero a la prohibición de la venta atada en materia de rentas vitalicias, en el caso de corredoras de seguros que son filiales bancarias. La venta atada se prohíbe expresamente en este proyecto, lo que permiten transparentar un mercado que así lo requiere, a partir del hecho de que se permite que dichas filiales bancarias se dediquen al corretaje de rentas vitalicias, mercado que hasta hoy les estaba vedado. Esta decisión legislativa implica un gran desafío para las entidades fiscalizadoras, ya que debemos reconocer la dificultad que implicará la detección de infracciones a dicha prohibición. Por esta y otras consideraciones, anuncio mi voto favorable. He dicho. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde votar en general el proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias. Para su aprobación, se requiere el voto favorable de 58 señores diputados y señoras diputadas en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Von Mühlenbrock y Walker. -Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Felipe).La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En consecuencia, el proyecto vuelve a las Comisiones de Trabajo y de Hacienda para un segundo informe.NORMATIVA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Modificación de la ley Nº 19.325. Primer trámite constitucional. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde ocuparse del proyecto de ley, iniciado en moción, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar. Diputado informante de la Comisión de Familia es el señor Ramón Barros. Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Familia, boletín Nº 2318-18, sesión 32ª, en 26 de agosto de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 4. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor BARROS.- Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Familia paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar. La iniciativa tiene por objeto proteger la integridad y la seguridad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Durante el análisis del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de numerosos expertos en el tema de la violencia intrafamiliar.De los artículos que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones en el segundo informe. En esta situación se encuentran los artículos 5º, 6º y 12 -en esta última ha pasado a ser 9º-, permanentes, y el artículo transitorio propuesto al final del informe. En la misma situación se encuentran los artículos 9º, que ha pasado a ser 14, y 13, que ha pasado a ser 17, permanentes, respecto de los cuales cabe dejar expresa constancia que fueron objeto de indicaciones, rechazadas por la Comisión.De los artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado. El artículo 13, que ha pasado a ser 17, que deroga la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, tiene carácter orgánico-constitucional, en conformidad con lo dispuesto en los ar-tículos 63, inciso segundo, y 74, inciso segundo, de la Carta Fundamental. No existen en el proyecto disposiciones legales de quórum calificado.De los artículos suprimidos. En esta situación se encuentra el artículo 10 del proyecto propuesto en el primer informe. Tal determinación se fundó en la consideración de que las circunstancias agravantes de responsabilidad criminal están muy bien reguladas en el Código Penal.De los artículos modificados. El artículo 1º dispone que el objeto de la ley en proyecto es proteger la integridad física y psíquica, y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, y regular las consecuencias y sanciones de dicha violencia. A sugerencia de los representantes del Ejecutivo, las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda, María Antonieta Saa y Ximena Vidal, y los diputados señores Barros y Urrutia, formularon indicación para reemplazar el artículo 1º por el siguiente: “Artículo 1º. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto proteger la integridad y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, así como establecer las sanciones a dicha violencia.” La norma sustitutiva elimina la referencia a las dimensiones física y psíquica de la integridad personal, por la misma razón que se tuvo en cuenta para no incorporar la alusión al aspecto sexual de la misma; modifica la redacción para evitar el uso reiterativo de la conjunción “y”, y suprime la mención a las consecuencias de la violencia intrafamiliar, por estimarse que su regulación no forma parte del objeto de la ley en proyecto. Puesta en votación, fue aprobada por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El artículo 2º define como constitutivo de violencia intrafamiliar, todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta, o, en la colateral, hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no en la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado. Su inciso segundo agrega que también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta antes referida se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta, y, en la colateral, hasta el cuarto grado inclusive; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado personal o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Finalmente, su inciso tercero dispone que cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4 ó 5 del artículo 494 del Código Penal, se aplicarán las sanciones contempladas en el proyecto. En relación con el inciso primero, la diputada señora Cristi y los diputados señores Kast y Barros formularon indicación para sustituir la expresión “misma morada” por “mismo techo”. Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Además, por motivos de redacción, se reemplazaron las palabras “en la”, que siguen a la expresión “vivan o no”, por “bajo el”. En relación con el inciso primero, la diputada señora Saa formuló indicación para agregar la expresión “ex cónyuge”, a continuación del vocablo “cónyuge”. A juicio de la autora de la indicación, la inclusión de los ex cónyuges como posibles sujetos de violencia intrafamiliar se justifica plenamente, debido a que las agresiones de éstos son, incluso, peores que las de aquellos que permanecen casados, porque la mayoría de las veces se trata de personas frustradas, vengativas, a las que se les ha herido gravemente en su amor propio, debido a lo cual son capaces de hacer cualquier cosa. Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 7 votos a favor y 1 en contra. En relación con el inciso segundo, la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Kast y Barros formularon indicación para sustituirlo por otro similar, en el cual se reemplaza la oración “sobre los parientes por consaguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive” por la frase “sobre los hijos de aquélla”, además de eliminar la palabra “personal”, que sigue a la expresión “cuidado”. Según sus autores, el objeto de la indicación es restringir la protección otorgada por el proyecto de ley a los hijos de un conviviente que fuere agredido por el otro, a fin de no ampliar en demasía el universo de personas amparadas por la iniciativa, toda vez que los demás parientes del conviviente se encontrarían protegidos por otras normas, incluso de carácter penal. Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 4 votos a favor y 3 en contra. Finalmente, en relación con este artículo y a fin de precisar que si producto de la violencia se ha cometido algún delito de los regulados por el Código Penal, éste deberá juzgarse conforme a dicho cuerpo legal, la diputada señora Alejandra Sepúlveda formuló indicación para agregar el siguiente inciso cuarto: “Cuando los hechos denunciados fueren constitutivos de delito, el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público.” Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad. Las diputadas señoras María Angélica Cristi y María Antonieta Saa y los diputados señores Becker, Kast y Rossi formularon indicación al inciso segundo del artículo 3º, para agregar los términos “drogadicción; alcoholismo;”, a continuación de la expresión “tales como:”, por estimar que ambas circunstancias configurarían por sí solas situaciones de riesgo inminente. Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 8 votos a favor y 2 en contra. El artículo 4º establece sanciones para los autores de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Los diputados señores Saffirio, Burgos y Silva formularon indicación a su inciso primero para agregar, entre la palabra “intrafamiliar” y la preposición “con”, la expresión “atendida su gravedad”. Los representantes del Ejecutivo observaron que la estimación de la gravedad del maltrato está considerada en el inciso segundo del artículo en comento. No obstante, estimaron que la referencia a ella quedaría mejor en el encabezamiento del inciso primero, por lo que sugirieron aprobar la indicación, eliminando el citado inciso segundo por ser innecesario. Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad. En relación con el artículo 7º, la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Barros, Becker, Kast y Urrutia formularon indicación a su inciso segundo para eliminar la oración “circunstancias que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo certificado de antecedentes”. Los autores de la indicación manifestaron su conformidad con la existencia de un registro especial de sanciones, pero objetaron que la violencia intrafamiliar aparezca en el certificado de antecedentes del agresor, porque, sin perjuicio de su gravedad, se trata de un hecho de la vida privada cuya constancia en un documento público impediría rehacer su vida a las personas que se hayan rehabilitado o que hayan incurrido en violencia intrafamiliar una sola vez, impidiéndoles reinsertarse laboral y socialmente, lo que resultaría injusto para quienes han recibido ya una sanción por la falta o el delito cometidos. Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 6 votos a favor y 4 en contra. Respecto del artículo 8º, la diputada señora Ximena Vidal y el diputado señor Araya formularon indicación para sustituir la frase “merezca una pena mayor” por los términos “revista caracteres de un delito de mayor gravedad”. Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad. Los diputados señores Saffirio, Burgos y Silva formularon indicación para agregar la expresión “sexual”, con el objeto de concordar esta norma con la definición de violencia sexual contenida en el artículo 2º del proyecto. Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 6 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Las diputadas señoras María Eugenia Mella, María Antonieta Saa, Alejandra Sepúlveda y Ximena Vidal y los diputados señores Becker y Kast formularon indicación para agregar el siguiente inciso segundo: “Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, que vulnere la integridad de la víctima.” La indicación se fundó en la necesidad de precisar que el delito de violencia intrafamiliar, que tipifica este artículo, comprende todo acto de significación sexual no sancionado por el Código Penal como delito de esa naturaleza, figuras que dicho cuerpo legal incluye en los tres párrafos señalados, como también en la conveniencia de incluir la mención del bien jurídico protegido, en este caso, la integridad de la víctima, el que, en concordancia con lo establecido en el artículo 1º, debe verse afectado para que se entienda configurado el delito de violencia intrafamiliar. Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad. Respecto del artículo 11, que pasa a ser 13, la diputada señora María Eugenia Mella formuló indicación para eliminar, en el inciso primero, los términos “de sevicia o” y la oración final “o cuando el hechor tenga alguna de las calidades señaladas en el artículo 2º de esta ley respecto del ofendido”, incluido el punto y coma que la antecede. Ello, porque, en su opinión, la sola posesión de las calidades señaladas en el artículo 2º respecto del ofendido no puede ser fuente de atenuación de la pena para el hechor. Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 6 votos a favor y una abstención. Se introdujeron algunos artículos nuevos.Artículo 10, nuevo. Los diputados señores Becker y Kast y la diputada señora Saa formularon una indicación para incorporar al proyecto el siguiente artículo nuevo: “Artículo ...- Formalización de la medida de tratamiento. Las instituciones que desarrollen aquellos programas indicados en el Nº 4 del artículo 11 darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.” Se explicó que la norma propuesta busca preservar la facultad judicial de imponer la medida de tratamiento, sin perjuicio de que sean las instituciones que ofrecen terapia las encargadas de definir el tipo de intervención y de informar al tribunal sobre el inicio y término de la misma. Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.Artículo 11, nuevo. Las diputadas señoras Saa y Mella formularon una indicación para incorporar al proyecto el siguiente artículo, nuevo: “Artículo ...- Interés público prevalente. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal, se entenderá existir un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal cuando el delito de lesiones menos graves haya sido precedido por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2º de esta ley.” Los representantes del Ejecutivo, quienes colaboraron con las autoras de la indicación en su elaboración, explicaron que una de las salidas alternativas que contempla el nuevo proceso penal, y que implica no condenar al imputado, es el acuerdo reparatorio. Puesto en votación, fue aprobado por 5 votos a favor y 3 votos en contra.Artículo 12, nuevo. Las diputadas señoras Saa y Mella y los diputados señores Becker y Kast formularon una indicación para incorporar al proyecto el siguiente artículo, nuevo: “Artículo ...- Condiciones imperativas para la suspensión del procedimiento penal. Tratándose de los delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, que hayan sido precedidos por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2º de esta ley, si el tribunal decretare la suspensión condicional del procedimiento, impondrá conjuntamente las condiciones señaladas en las letras b) y c) del artículo 238 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de las demás que estime pertinentes.” Explicaron sus autores que esta indicación sólo establece una mayor exigencia a la suspensión condicional del procedimiento penal tratándose de los delitos que se señalan, casos en los cuales deben imponerse conjuntamente las obligaciones que la norma expresa, sin perjuicio de otras condiciones que el tribunal estime aconsejables. Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.Artículo 15, nuevo. Las diputadas señoras Saa y Vidal y el diputado señor Urrutia formularon una indicación para agregar al proyecto el siguiente artículo nuevo: “Artículo ...- Restricciones a la concesión de beneficios de la ley Nº 18.216. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, si el hechor hubiere cometido previamente en contra de la víctima actos descritos en el inciso tercero del artículo 2º de esta ley, no tendrá lugar la remisión condicional de la pena ni la libertad vigilada, contempladas en la ley Nº 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Con todo, cuando el hechor incurriere en lesiones menos graves, el tribunal, por resolución fundada en antecedentes que obren en el proceso, podrá otorgar la libertad vigilada. Puesto en votación, fue aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra.Artículo 16, nuevo. Los diputados señores Araya, Becker y Montes formularon una indicación para agregar al proyecto el siguiente artículo nuevo: “Artículo ...- Modificación al artículo 369 del Código Penal. Reemplázase la regla 2ª del inciso cuarto del artículo 369 del Código Penal por la siguiente: “2ª Cualquiera sea la circunstancia bajo la cual se perpetre el delito, a requerimiento del ofendido el juez podrá poner término al procedimiento, en consideración a los antecedentes que obren en el proceso.”.” Explicaron sus autores que el artículo 369 del Código Penal obliga al juez a poner término al procedimiento por violación en contra de un cónyuge o conviviente si la víctima así lo solicita, a menos que dicho juez tenga motivos fundados para oponerse. Por ello, y a fin de darle mayor flexibilidad, se propone enmendar la disposición en el sentido de que sea facultativo para el tribunal acceder al requerimiento de la víctima, debiendo, en caso afirmativo, fundar su resolución en antecedentes que obren en el proceso. Considerando que la forma verbal “podrá” deja a salvo la posibilidad de que el juez deniegue la petición del ofendido, siempre por motivos fundados, la Comisión aprobó la indicación por 9 votos a favor y una abstención. No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Dos indicaciones, consignadas en las páginas 13 y 14 del informe, fueron rechazadas. La Comisión acordó, en forma unánime, encomendar a su secretario la determinación del orden en que deben figurar los nuevos artículos incorporados a la iniciativa. Por último, cabe consignar que este proyecto, y sus modificaciones, fueron acordados en sesiones de fechas 9, 16 y 30 de julio, y 6 de agosto de 2003, con asistencia de las diputadas señoras María Angélica Cristi, María Eugenia Mella, María Antonieta Saa, Alejandra Sepúlveda (presidenta de la Comisión) y Ximena Vidal, y de los diputados señores Sergio Aguiló, en reemplazo de Juan Bustos; Pedro Araya, Ramón Barros, Germán Becker, José Antonio Galilea, José Antonio Kast, Carlos Montes, Fulvio Rossi, Ignacio Urrutia y Edmundo Villouta, a las que concurrieron, además, los diputados señores Zarko Luksic y Sergio Ojeda. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa. La señora SAA (doña Antonieta).- Señor Presidente, el proyecto se discute en el marco de un hecho real y concreto, al cual se debe la presencia de las mujeres de la Casa de la mujer, de Huamachuco, comuna de Renca. (Aplausos). El sábado pasado, Flavia García, funcionaria del consultorio de salud de Huamachuco y participante desde su creación, de la Casa de la Mujer, de Renca, fue asesinada de dos balazos por su conviviente. Vivían juntas desde hace cuatro años y continuamente había problemas de violencia intrafamiliar. En este marco, Flavia García se suma a cientos de mujeres asesinadas por sus convivientes o por sus maridos, por un problema que todavía no logramos solucionar a través de una ley que establezca castigos ejemplares. Quiero rendir un homenaje a Flavia, que, desgraciadamente, se ha convertido en un símbolo del tremendo flagelo de la violencia intrafamiliar. Ella ha muerto en manos de su conviviente, un hombre con el que tenía una relación de amor. Este es el drama de la violencia intrafamiliar. Por eso, en primer lugar, debe protegerse a las posibles víctimas. No pueden quedar sin protección. En segundo lugar, debe establecerse una sanción ejemplarizadora, de manera que quede claro que estos actos constituyen un delito y van a ser castigados, ya que, me atrevo a decirlo, no existe conciencia en la sociedad chilena sobre el particular. Con las modificaciones a la ley Nº 19.325, de violencia intrafamiliar, se pretende proteger a las víctimas y castigar a los agresores, pues con las normas vigentes, de las más de 70 mil causas, sólo en 6 mil hubo sancionados. El resto quedó impune por un resquicio llamado conciliación. Por eso, las personas agredidas sienten impotencia. Me gustaría mucho que los que se preocupan por la seguridad ciudadana, también se preocuparan para la seguridad al interior de las casas. Además de la normativa, el Poder Judicial debe tomar conciencia de lo que significan estos delitos. Se necesita una política pública. Sé que el Sernam ha hecho un tremendo esfuerzo, pero requiere presupuesto para implementar una casa de atención de las víctimas de violencia intrafamiliar, de modo que recuperen su autoestima. Éste es un problema nacional. No es un pariente pobre. Estos hechos ocurren todos los días, en más del 30 por ciento de los hogares chilenos. Al respecto, hay cifras y estudios, por lo que pido tomar conciencia. Con las modificaciones se avanza, primero en la protección de las víctimas. Se determinan las situaciones de riesgo. Con la ley de tribunales de familia, Carabineros tiene una participación más proactiva y no deberá esperar la orden del juez para investigar. Se fijan penas efectivas: prisión, de 7 a 60 días, multas y reclusión nocturna; porque en la actualidad son de multa, terapia -que muchas veces no se hace por falta de recursos- y trabajos comunitarios, que tampoco se concretan porque no los implementan las municipalidades. Invito a los colegas a que revisemos la tenencia de armas. Flavia murió porque su conviviente, Osvaldo, tenía una en la casa. Dentro de las medidas cautelares, está hasta el retiro de las armas; pero es preciso que no se mantengan al interior de los hogares. Las medidas cautelares también incluyen la protección. O sea, una vez cumplida la condena, se protege a la víctima con el fin de evitar que vuelva a ocurrir el hecho. Lo más importante es que el delito de violencia intrafamiliar su juzgará mediante el procedimiento penal. Por eso, debe reponerse la indicación al artículo 10, que fue rechazada, sobre circunstancia agravante de responsabilidad penal. En estos casos, los parentescos son agravantes, pero se necesita un agravante más calificado para que el castigo sea ejemplar. Por eso es muy importante reponer esa indicación. Además, existe gran inquietud entre colegas abogados constitucionalistas, quienes poseen todo el saber jurídico sobre la materia, porque en el artículo 2º empleamos la expresión “ex cónyuge”. No creo que en la ley se reflejaría ignorancia jurídica por el uso de esa expresión, y les pido a esos colegas, quienes tuvieron oportunidad de participar en la discusión de la iniciativa en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero que no asistieron a ella -porque el debate quedó abierto-, que nos propongan otro término. Si en este país se recurre a la nulidad y los contrayentes vuelven a ser solteros, no existiría el “ex cónyuge”; pero la expresión “ex cónyuge” se emplea comúnmente en el habla popular para referirse a los que están separados de hecho. Generalmente, si se trata del marido, se indica al cónyuge que se fue, que ya no vive en la casa y que no tiene hijos. Llamo a los compañeros abogados a darle legalmente otra denominación. Las leyes actuales no hacen referencia a esa situación de hecho; pero las leyes no son inmutables: deben adecuarse a la realidad. Otro tema que me preocupa mucho dice relación con el artículo 2º. Lamentablemente, se aprobó una indicación que amplía los imputables por violencia intrafamiliar a las personas ligadas a la víctima por consanguinidad hasta el cuarto grado. Es decir, sólo son sujetos de dicha ley aquellas personas cuando existe matrimonio. Se suprimió lo de la convivencia. Entonces, por ejemplo, el conviviente que mató a Flavia quedaría sin castigo; no caería dentro de la ley sobre violencia intrafamiliar, pues sólo es su conviviente, no su marido legal. Eso no puede ser. Sé que esa situación no podrá repararse aquí en la Cámara, porque estamos en el segundo trámite reglamentario, pero puede subsanarse en el Senado. Espero que el Sernam reponga el artículo original, porque sería un error grave que sólo fueran sujetos de la ley sobre violencia intrafamiliar quienes tuvieran, respecto del ofensor, la calidad de pariente por consanguinidad, esto es, cuando existe un matrimonio. Aquí hay una realidad de convivencia muy grande. Debemos corregir toda situación que permita, por ejemplo, que la muerte de Flavia no sea considerada como delito de violencia intrafamiliar. Pido a los colegas que estudiemos bien este proyecto teniendo en vista la amplia experiencia que hay en Chile sobre la materia. Sé que muchos piensan, por ejemplo, con la lógica de que “se equivocó una vez” o de que el problema es privado. No es un problema privado, sino público que conmueve tanto como la seguridad ciudadana en las calles, y si no tenemos una ley que proteja a la víctima y que castigue al ofensor, vamos a seguir alentando la violencia intrafamiliar, que cobra víctimas inocentes como Flavia o María Eugenia Sotomayor, de Conchalí, otra gran mujer que fue ultimada a balazos por su ex marido, o como se llame legalmente. Debemos ser muy serios en el análisis de esta iniciativa, por la tremenda responsabilidad que nos compete. Cuando votemos, acordémonos de las Flavias, de las María Eugenia, de las Juanas, quienes son, mayoritariamente, las víctimas. No podemos dejarlas indefensas y sin que la sociedad tome conciencia de este tremendo flagelo. Por ello, en homenaje a Flavia y por la promesa que hicimos ayer en la Casa de Mujeres de Huamachuco, queremos que estas modificaciones se aprueben y que del Senado salga una ley que valga la pena, en el sentido de que reconozca esta realidad y no la deje impune. He dicho. -Aplausos. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Cecilia Pérez. La señora PÉREZ, doña Cecilia (ministra del Sernam).- Señor Presidente, hoy, como país nos enfrentamos a una oportunidad histórica. Hace ya diez años que el Estado chileno asumió la voluntad y responsabilidad política de convertir la violencia intrafamiliar en un tema de interés ciudadano, dejando de ser éste un drama silencioso que soportan muchas mujeres y niños maltratados entre las murallas de sus hogares. En esa ocasión, histórica también, que dio lugar a la ley Nº 19.325, asumimos un compromiso como sociedad chilena. Hoy queremos que Chile reconozca, en este acto político, que ese compromiso se consolida a partir de la posibilidad de entregar a la sociedad chilena una mejor ley, que supere los objetivos de hacer público el tema de la violencia intrafamiliar, de rechazarlo socialmente y de hacer vinculantes las relaciones familiares, sociales, públicas, privadas y políticas de Estado, en una materia íntimamente relacionada con la vida de las familias. Eso tratamos de hacer hoy y, con el aporte de todos los diputados y diputadas de la Comisión de Familia, estamos en condiciones de presentar a consideración de la Sala un nuevo proyecto que pone al día a Chile en materias de sanciones, de reconocimiento público, sociales, jurídicos e imclñuso penales, respecto de la realidad de la violencia intrafamiliar. Al mismo tiempo, nos compromete como Estado a no quedarnos sólo en el esfuerzo de la nueva legislación, sino a ampliar las opciones políticas hacia más programas públicos, sociales, en un esfuerzo expresado, finalmente, en ese instrumento tan importante como la ley de Presupuestos de la nación. Por lo tanto, este proyecto apunta en la dirección correcta de que no sólo se trata de un problema público, sino también de seguridad humana, ciudadana, pública. No es posible que en nuestro país, particularmente entre las familias chilenas, se viva la desprotección y la inseguridad al interior de sus hogares, con una frecuencia que la que se vive en la calle, porque las denuncias de violencia intrafamiliar son tres veces más altas que las por robo con fuerza en la vía pública. En ese contexto, el proyecto está en la línea correcta porque amplía el número de personas comprendidas en él, ya que no solamente incluye a aquellas que provienen de una descendencia común, sino también a las que tienen relación con su ascendencia vertical y colateral. Sin embargo, espero que en el siguiente trámite legislativo se reponga un tema sobre el que estamos trabajando desde hace tiempo, cual es reconocer la realidad y la diversidad de las familias chilenas, y comprometer, políticamente, un esfuerzo colectivo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para regular y proteger a la familia, sin importar cómo se la defina, porque, en la práctica, en Chile además de las familias matrimoniales, existen familias de la convivencia, familias núcleos y familias extendidas, y familias en que la mujer es la jefa de hogar. La iniciativa también está en la línea correcta porque aumenta la penalidad y sustituye medidas que no han dado suficientes frutos, como la conmutación de penas por trabajos voluntarios. Asimismo, establece el delito de maltrato habitual, dispone sanciones accesorias y formas alternativas de cumplimiento de penas privativas de libertad; ofrece salidas alternativas en el nuevo proceso penal e incluye, con fuerza y nitidez, en el contexto de la violencia, la violación conyugal. Sin duda, la violencia sexual es hoy una de las formas de violencia de género más brutal en Chile y en el mundo. Lamentablemente, la violación también puede producirse dentro de una relación matrimonial. El proyecto reconoce esa realidad, la regula y, por lo tanto, protege a las eventuales víctimas. No cabe ninguna duda de que la aprobación de este proyecto de ley permitirá cambiar la situación de miles de ciudadanos y ciudadanas, especialmente de mujeres y niños, quienes, dentro de sus propios hogares, experimentan altísimos niveles de inseguridad. Insistimos en que la seguridad ciudadana debe ser abordada en forma integral. Es por ello que esta iniciativa debe insertarse como un instrumento más que, como Estado, entregamos a la sociedad, especialmente a las familias, para la protección de sus derechos. Para terminar, quiero agradecer, en nombre de tantas mujeres que han reclamado en la historia reciente, y que aún lo siguen haciendo, agobiadas por el drama de sus vivencias, una respuesta del Estado para una nueva regulación legal. Asimismo, agradezco el rigor, el compromiso y la sensatez que ha habido, tanto durante el trabajo de la Comisión como en el de la Sala, para convertir este proyecto en una mejor ley de violencia intrafamiliar. Todos los días somos interpelados para asumir las responsabilidades política y pública que de nosotros esperan los ciudadanos y las ciudadanas, por un país más seguro, mejor protegido y donde la dignidad de las mujeres sea un interés superior de la política y del servicio público.He dicho. Muchas gracias. -Aplausos. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada María Eugenia Mella. La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señora Presidenta, el tema de la violencia intrafamiliar no me es ajeno, pues me correspondió ser la primera directora del Servicio Nacional de la Mujer en la Quinta Región. El Sernam fue el primer organismo que sacó a la luz pública un tema que hasta ese momento aparecía sólo como privado. Se trabajó profundamente en él, hasta lograr tener la ley Nº 19.325. Las leyes son perfectibles. Por eso nos encontramos hoy con una modificación que nace de las dificultades generadas por su aplicación y de las carencias evidenciadas en su oportunidad. Quiero destacar dos aspectos. En primer lugar, que mediante esta modificación, lo que hasta hoy se consideraba una falta, por fin se tipificará como delito. Es fundamental destacar que este proyecto de ley recoge una realidad que, en el ámbito de los derechos humanos y del equilibrio de la norma jurídica que queremos impugnar, no puede quedar fuera. A partir de la dictación de la ley en tramitación, la violencia intrafamiliar será delito. Por lo tanto, tendrá sanciones mayores que las que se contemplan hoy. En segundo lugar, en el artículo 2º hay una carencia fundamental. Como se ha dicho, se refiere a la inequidad con que se abordó el tema de las familias conformadas por convivientes. La convivencia es una realidad en Chile y la comunidad chilena pretende que se considere en la ley de Matrimonio Civil. La convivencia forma parte de la política de familia, porque forma un núcleo reconocido, unido por el afecto, tal como es la definición de una familia, legalmente constituida o no. Por lo tanto, habría que ampliar el ámbito de aplicación para considerar a quiénes abarca la tipificación de este delito o qué personas pueden estar incorporadas en la comisión del mismo. Como un desafío para las mujeres se presenta el hecho de que debemos luchar por los aspectos que nos parecen justos. Las mujeres que nos encontramos en la Sala y las que nos acompañan en las tribunas debemos ser eficientes y actuar con la mayor rigurosidad. Debemos demostrar que, unas y otras, somos capaces de producir los cambios requeridos y aplicar nuestra inteligencia y capacidad. (Aplausos). Y, en el ámbito de esa responsabilidad y rigurosidad, no puedo dejar pasar una expresión del artículo 2º, que fue aprobado por la Comisión y que me parece que va contra la normativa vigente. La calidad de ex cónyuge no existe legalmente. Cuando hay nulidad, nunca se estuvo casada. Cuando el marido o la mujer se han ido, siguen siendo cónyuges. No sabemos cómo la ley de Matrimonio Civil va considerar la disolución del vínculo. En el caso de que lo considere en forma independiente, como divorciado, el proyecto de ley tendrá que modificarse para adecuarse convenientemente. Pero no podríamos actuar en forma ineficiente. Señora Presidenta, pido recabar la unanimidad de la Sala para borrar ese término, con el objeto de que no se rechace el artículo completo, pues nos interesa que no se demore el despacho de este importante proyecto de ley. Por último, el artículo 10, que tenía que ver con las circunstancias agravantes -lo he conversado con muchos juristas, más calificados que yo-, si se eliminó no fue por disminuir sus efectos, sino porque preferimos que se tipificara como delito. Como bien señala el informe, en derecho penal rige el principio de que una misma circunstancia no puede ser doble fuente de incriminación. Asimismo, sostiene que el parentesco tampoco puede ser agravante en el delito de violencia intrafamiliar, porque ya está incorporado en la descripción del tipo. Cuando precisamos en el artículo 8º que la violencia intrafamiliar constituye delito, en su descripción ya definimos quiénes cometen este delito, y en Chile no existe ninguna actuación sancionada per se y, además, por las mismas circunstancias, considerada como agravante. Espero que aprobemos el proyecto y que le introduzcamos las modificaciones pertinentes, pero me siento en la obligación de decir a la gente que se encuentra en las tribunas que los alcances que he hecho al proyecto han sido motivados por la rigurosidad con que las mujeres acostumbramos a trabajar en todos los ámbitos y no por estar en desacuerdo con el fondo del proyecto. Mi interés es que se defina adecuadamente el delito y que se establezcan penas adecuadas, para que recuperemos el valor de la convivencia como familia. Mi voto desfavorable en la Comisión, que, en el sentido explicado, reitero en esta oportunidad, se debe a que las falencias que presenta el proyecto pueden motivar a la gente a decir que no estamos haciendo bien nuestra labor legislativa, y como eso no es verdad, debo dejarlo planteado en la Sala. He dicho. -Aplausos. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Ha terminado el Orden del Día. Dada la trascendencia del proyecto que acabamos de debatir y el interés de las señoras diputadas y señores diputados en la materia, debo señalar que su discusión continuará la próxima semana. La mesa espera incluirlo en la agenda a más tardar el próximo martes o miércoles. Asimismo, en su oportunidad se estudiará la indicación a que se ha referido la diputada señora María Eugenia Mella.VII. PROYECTOS DE ACUERDORECURSOS PARA CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS ERIGIDOS EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Está pendiente la votación del proyecto Nº 294. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Alvarado, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Encina, Escalona, Galilea (don José Antonio), Girardi, Hales, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Meza, Montes, Muñoz (don Pedro), Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta, la semana pasada dimos la unanimidad para votar el proyecto de acuerdo Nº 293, del diputado Accorsi, relacionado con la toma de un terreno en Peñalolén. Pido que se recabe la unanimidad de la Sala para votar el proyecto de acuerdo Nº 305, complementario del número 293. Agradecería a los Comités, a los que he informado de este proyecto de acuerdo, dar la unanimidad para este efecto. El señor JARPA (Vicepresidente).- ¿Habría unanimidad para acceder a la petición de la diputada María Angélica Cristo? Acordado.APOYO A REQUERIMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE D.F.L. Nº 21-2003, DE HACIENDA. El señor JARPA (Vicepresidente).- Por acuerdo de los Comités, se va a considerar el proyecto de acuerdo Nº 303. El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo mencionado. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 303, de los señores Bertolino, Galilea, don Pablo; de la señora González, doña Rosa, y del señor Recondo. “Considerando: Que el 6 de febrero de 2003 se publicó la ley Nº 19.863, que se refiere a remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados, la cual, en su articulo 6º, delegó en S.E. el Presidente de la República las atribuciones destinadas a adecuar las leyes orgánicas de las empresas del Estado para los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º de la misma ley. Que, en virtud de esta delegación de atribuciones legislativas, S.E. el Presidente de la República dictó el decreto con fuerza de ley Nº 21-2003, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 13 de septiembre de 2003, que excedió el marco delegatorio y procedió, entre otras materias, a modificar la composición del directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Que no se discute, en esta oportunidad, la conveniencia o inconveniencia de tal medida, pero sí el procedimiento e instrumento legal utilizado, pues ello cercena, desconoce y afecta los derechos constitucionales del Congreso Nacional. Que, para declarar su inconstitucionalidad, más de una cuarta parte de los Diputados en ejercicio recurrieron ante el Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 82, Nº 3, de la Constitución Política de la República. Se considera conveniente, junto con apoyar esta medida, que la honorable Cámara de Diputados acuerde recurrir también al Tribunal Constitucional, todo ello para garantizar más fácilmente el éxito de ese recurso a fin de que se cumpla lo preceptuado en la Carta Fundamental y se traten en el Congreso Nacional tan importantes modificaciones. La Cámara de Diputados acuerda: Recurrir ante el Tribunal Constitucional antes del 13 de octubre de 2003, fecha en que vence el plazo de treinta días establecido en el artículo 82 de la Constitución Política de la República y solicitar que se declare inconstitucional el decreto con fuerza de ley Nº 21 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 13 de septiembre de 2003, por contravenir la Constitución y la ley delegatoria Nº 19.863”. El señor JARPA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, es de público conocimiento que, ejerciendo las atribuciones delegadas mediante el artículo sexto transitorio de la ley Nº 19.863, el Presidente de la República procedió a dictar el decreto con fuerza de ley Nº 21, del Ministerio de Hacienda, el cual lleva por título: “Modifica decreto con fuerza de ley Nº 153 de 1960, del Ministerio de Hacienda, que crea la Empresa Nacional de Minería, en materia de composición e integración del directorio.” Como se deriva del propio título del decreto con fuerza de ley, el mismo tiene un carácter más amplio que la ley delegatoria misma. Ello, pues el decreto con fuerza de ley establece, entre otros aspectos, lo siguiente: a) El nuevo artículo 11 modifica la estructura del directorio de la Enami en materias que no dicen relación con el artículo 1º de la ley Nº 19.863. b) El artículo 12 establece nuevos requisitos para ejercer el cargo de director. c) El artículo 13 crea nuevas inhabilidades para los cargos de directores. d) Sustituye, altera y modifica, sin fundamento alguno y sin relación causal con la finalidad misma de la ley delegatoria, materias de una empresa del Estado que son de la esencia de la actividad económica y que, como tal, requiere de una modificación mediante una ley de quórum calificado. Artículo 19, número 21 de la Constitución Política. Fuera de lo señalado, consideramos que el decreto con fuerza de ley Nº 21/2003, de Hacienda, es inconstitucional, pues contraviene y excede el marco de la propia ley delegatoria Nº 19.863. Esto es tal, pues la delegación de atribuciones realizada mediante el artículo transitorio sexto tiene un objetivo preciso, cual es implementar lo establecido en el artículo 1º del mismo cuerpo legal. En efecto, el artículo 1º, en relación con los directores de empresas o entidades del Estado, tiene implicancia sólo respecto de la participación del Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y jefes superiores de los servicios públicos en esos directorios, en cuanto al monto de la remuneración o dieta y a la integración de más de un directorio con dieta o remuneración. En consecuencia, más de la cuarta parte de los diputados en ejercicio han recurrido ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de este decreto, en virtud de lo que establece el artículo 82, número 3º, de la Constitución Política. Consideramos conveniente que, junto con apoyar esta medida, la Cámara de Diputados acuerde recurrir también, con el objeto de garantizar el éxito y que se cumpla la Carta Fundamental, así como la discusión de tan importantes modificaciones en el Congreso Nacional. Por lo tanto, solicito a la Sala que respalde el proyecto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados pueda recurrir ante Tribunal Constitucional y, de paso, apoyar lo que ya ha solicitado un cuarto de los diputados en ejercicio. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Zarko Luksic. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, no voy a hablar a favor ni en contra del proyecto. Sólo quiero señalar que la Constitución Política y la ley orgánica del Tribunal Constitucional señalan, de manera taxativa, el procedimiento que se debe seguir para presentar un recurso de inconstitucionalidad, ya sea para decretos leyes, leyes o leyes orgánicas. Este requerimiento se debe hacer mediante un escrito firmado por una determinada cantidad de diputados en ejercicio y no a través de un proyecto de acuerdo. Por lo tanto, solicito a la Mesa que se pronuncie al respecto, pues sería una mala práctica proceder de esta manera. Sin pronunciarme a favor o en contra de la idea matriz del proyecto y aun cuando tengo más simpatía por lo que se está pidiendo, me parece que no es procedente. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, agradezco a los diputados Vilches, Bertolino y a los demás que han presentado este proyecto de acuerdo, que quedó mal redactado, porque la intención de los colegas es clarísima: apoyar una presentación que hicimos 32 diputados ante el Tribunal Constitucional. En ese sentido, es un proyecto válido, pero no cuando dice que la Cámara de Diputados, como tal, acuerda recurrir al Tribunal Constitucional, porque eso sólo puede hacerlo un determinado número de parlamentarios, que está establecido en la ley. Habría que reformular la propuesta del proyecto de acuerdo, validando plenamente la intencionalidad positiva de respaldar esta presentación que se hizo ante el Tribunal Constitucional. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, no me voy a pronunciar sobre el fondo porque soy uno de los diputados que requerimos al Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad del decreto con fuerza de ley a que hace mención el proyecto de acuerdo. Claramente, el procedimiento que corresponde es que quienes estén de acuerdo con ese recurso y quieran adherir a él, basta que lo soliciten personalmente, vía Cámara de Diputados, a través de un oficio. Pero, a mi juicio, no corresponde que se haga por la vía del proyecto de acuerdo, porque no es el camino correcto. Repito, la forma adecuada es que cualquier diputado adhiera directamente, a través de la Secretaría del Tribunal Constitucional. Consulté el tema en el mismo Tribunal Constitucional, porque sabía de otros diputados que pretendían adherir, entre los cuales se encontraba el diputado Vilches, quien se encontraba fuera del país. Ése es el procedimiento. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Han intervenido cuatro señores diputados. En votación en proyecto de acuerdo Nº 303. -Durante la votación. El señor LEAL.- Señor Presidente, hay un problema reglamentario. Sería conveniente resolverlo antes de votar el proyecto de acuerdo. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor JARPA (Vicepresidente).- Señores diputados, estamos en votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones El señor JARPA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Egaña, Escalona, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Kuschel, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Sánchez, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Burgos, Encina y Letelier (don Juan Pablo). El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rene Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, no quiero que quede absolutamente ninguna duda, porque hemos aprobado un proyecto de acuerdo y parece que la Cámara de Diputados no supiera lo que está haciendo. Lo que estamos presenciando es sumamente delicado. Por lo tanto, para que no quede esa sensación, me gustaría que la Mesa se pronunciara respecto de si la Cámara de Diputados tiene la facultad... El señor JARPA (Vicepresidente).- No corresponde, señor diputado. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Es que no es un tema menor; es de fondo, que debe ser aclarado. El señor JARPA (Vicepresidente).- Señor diputado, esto ya se ha discutido en otras oportunidades.CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES PORTUARIOS. El señor JARPA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 292, de la señora González, doña Rosa; y de los señores Varela, Galilea, don Pablo, y Vilches. “Considerando: Que hace algunos años se inició en todo el país un proceso de transformaciones tendentes a modernizar las operaciones y la infraestructura portuarias, bajo la perspectiva de mejorar las ventajas comparativas de los distintos productos de exportación chilenos y de hacer más eficiente el comercio internacional. Que, en este contexto, se han detectado numerosos problemas referentes, principalmente, a la situación laboral de los trabajadores portuarios, a quienes se les ofreció, por parte de diferentes autoridades de Gobierno, una serie de beneficios consistentes, básicamente, en planes de reconversión laboral y en programas de jubilación e indemnizaciones que propenden a evitar trastornos de orden social, fruto del proceso de transformación y modernización de los puertos nacionales, incluidos en ellos los trabajadores de puertos privados y del Estado. Que, a mayor abundamiento, dentro del proceso que afectará al sistema portuario, los realmente perjudicados han resultado ser los trabajadores portuarios de gran parte del país, toda vez que no han recibido, a la fecha, los beneficios prometidos a cambio del término voluntario de la prestación de sus servicios, lo que vulnera el acuerdo logrado entre las asociaciones gremiales representantes de los trabajadores portuarios y el Gobierno. Además, estas transgresiones constituyen un grave atentado contra el proceso de modernización descrito, en el sentido de que implican demandas sociales legítimas que, de no verse cumplidas, representan un germen de conflicto serio y de carácter nacional. Que existen presunciones fundadas respecto de una serie de irregularidades en el cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno, en cuanto a los programas de reconversión y capacitación. Efectivamente, en 2000, se realizó el primer llamado a estos programas, beneficiando a cuatrocientos dieciocho participantes de los puertos de Antofagasta, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano, programas que fueron financiados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), aportando conjuntamente una suma cercana a los cuatro mil millones de pesos. Posteriormente, en 2001, se hizo un segundo llamado, beneficiando esta vez a quinientos participantes de los puertos de Iquique, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano, aportando nuevamente el Fosis y el Sence una suma superior a los cuatro mil millones de pesos. El tercer llamado, en 2002, el programa fue financiado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, aportando éste una suma cercana a los tres mil millones de pesos, beneficiando a trescientos treinta y seis participantes de los mismos puertos del año anterior. Después de un análisis de los datos proporcionados por el propio Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y por la Gerencia de Operaciones del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), detallando los ingresos y egresos de estos programas, se detectó que han desaparecido casi tres mil millones de pesos, dinero que claramente no llegó a manos de sus destinatarios legítimos. La Cámara de Diputados acuerda:1. Constituir una Comisión Investigadora, en conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados, para los efectos de abocarse al estudio y reunir antecedentes respecto de la situación que afecta a los trabajadores portuarios del país, a raíz del proceso de transformación y modernización de los terminales portuarios.2. Esta Comisión Investigadora deberá informar a la Corporación sobre: a) Los diferentes acuerdos suscritos por el Gobierno con los trabajadores portuarios, relativos a sus beneficios en materia de jubilación, reconversión laboral e indemnizaciones.b) La forma en que se ha dado cumplimiento a estos acuerdos y los dineros involucrados en ellos, detallando específicamente su destino y el número e identificación de los trabajadores portuarios beneficiados.c) Las autoridades de Gobierno que participaron en la negociación, discusión y sus cripción de estos acuerdos y las fechas en que éstos se suscribieron.d) Catastro de las presuntas irregularidades detectadas en los procesos descritos anteriormente, con un pronunciamiento en torno a las responsabilidades involucradas”. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Rosa González para hablar en favor del proyecto de acuerdo. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, trataré de ser breve, con el objeto de votar pronto este proyecto. Todos sabemos que hace algunos años se inició en el país un proceso de transformaciones tendientes a modernizar las operaciones y la infraestructura portuaria, desde la perspectiva de mejorar las ventajas comparativas de los distintos productos de exportación chilena y de hacer más eficiente el comercio internacional. Los más afectados por este proceso han sido los trabajadores portuarios. En los convenios marco firmados se comprometieron dineros para indemnizaciones, jubilaciones y planes de reconversión laboral. Estos fondos se entregaron a través del Sence, del Sercotec y del Ministerio de Transportes. No obstante, hemos descubierto que no todos los recursos han llegado al destino que corresponde. Por lo tanto, solicito a mis colegas aprobar la creación de una Comisión Investigadora para que determine exactamente qué destino tuvieron esos dineros, dado que hay otros puertos en licitación, como el de Arica, que también entrará en el mismo proceso. Reitero, los únicos perjudicados han sido los trabajadores portuarios, por lo que apelo a mis colegas para que aprobemos el proyecto de acuerdo. He dicho. -Aplausos. El señor JARPA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, es necesario que se apruebe el proyecto que hemos presentado junto con la diputada señora Rosa González y el diputado señor Mario Varela, ya que deben cumplirse los compromisos adquiridos por las autoridades de Gobierno con estos trabajadores que fueron víctimas de la modernización de los puertos de Valparaíso, Antofagasta y Talcahuano, pues estos beneficios son sus únicas alternativas de ingreso. En consecuencia, creemos que la formación de una comisión especial es absolutamente necesaria para investigar y determinar si se han cumplido los compromisos celebrados por el Gobierno, pues, de lo contrario, es absolutamente imprescindible exigir su cumplimiento. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JARPA (Vicepresidente).- Aprobado. -Manifestaciones en las tribunas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Bauer, Bayo, Becker, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Egaña, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock.SOLUCIÓN A LA TOMA DE PEÑALOLÉN. El señor JARPA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a los proyectos de acuerdo Nº 293 y Nº 305. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 293, de la diputada señora Laura Soto y de los diputados señores Accorsi, Barrueto, Seguel, Robles, Tarud, Bayo, Girardi, Navarro y Olivares. “Considerando: Que, desde hace cuatro años, un grupo muy significativo de familias -alrededor de un millar- tomaron la decisión de ocupar unos terrenos pertenecientes a un empresario privado, con la finalidad de proveerse de un espacio físico en donde vivir y salir de esa forma del estado de hacinamiento en que se encontraban, dado que la gran mayoría de ellas vivía en calidad de allegados en casa de familiares. Que así nació la denominada toma de Peñalolén, reconocida desde hace mucho por la capacidad de sus integrantes de darse una organización y una regulación que han facilitado no sólo el trato con las autoridades del sector vivienda, sino, lo que es más importante, han resuelto sus problemas de convivencia y de calidad de vida. Que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha llevado a cabo un trabajo metódico y sistemático para atender las necesidades de este grupo de compatriotas, definiendo soluciones de mediano plazo que supondrán el término de la toma y el asentamiento de las familias en la comuna de Peñalolén, mediante la adquisición, primero, de terrenos, y, en segundo lugar, de la construcción de viviendas básicas bajo la modalidad sin deuda. Que han existido grupos de vecinos que se han opuesto a las soluciones que el Gobierno ha definido para esta toma por criterios puramente individualistas que no se condicen con los valores y principios que deben orientar la política social de un gobierno democrático, en el cual las ciudades y las comunidades locales se construyen sin exclusiones territoriales, fundadas en razones socioeconómicas. Que en esa línea de pensamiento es oportuno y conveniente que esta Corporación respalde la actuación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la materia, tanto en cuanto las soluciones planteadas permitirán entregar soluciones habitacionales dignas a más diez mil personas que hoy componen la toma de Peñalolén y, al mismo tiempo, concreten los principios de trato igualitario y no discriminatorio para todos los habitantes de la República. La Cámara de Diputados acuerda: Oficiar a US. a fin de expresarle su respaldo por las soluciones adoptadas para poner término a la denominada toma de Peñalolén y asegurar el acceso a una vivienda digna para el millar de familias que la integran; reafirmar el compromiso y apoyo de esta Corporación hacia una política habitacional y urbanística fundada en los principios y valores de la integración social y territorial y de no discriminación”. Proyecto de acuerdo Nº 305, de las diputadas señoras María Angélica Cristi, Eliana Caraball y Lily Pérez y de los diputados señores Bertolino, Víctor Pérez, García, Cardemil, Norambuena y Uriarte. “Considerando: Que, desde 1999, cerca de dos mil familias viven en condiciones de extrema pobreza, vulnerabilidad e inseguridad social y habitacional, en el denominado ‘Campamento Peñalolén’, en terrenos de propiedad del señor Miguel Nassur, en la comuna de Peñalolén. Que, dada la magnitud del problema que representa la existencia de un asentamiento con las características de este campamento, que compromete la dignidad y la seguridad de más de diez mil chilenos, entre ellos cientos de niños y adultos mayores, sólo el Estado cuenta con las facultades y recursos para materializar una solución habitacional definitiva para sus habitantes. Que, efectivamente, en marzo del presente año, el ministro de Vivienda y Urbanismo entregó una propuesta de solución habitacional para las familias pobladoras del campamento, que contemplaba la construcción de viviendas en la comuna de Peñalolén, propuesta que, por distintas razones, hasta la fecha no ha sido posible materializar. Una de ellas es que el precio promedio mínimo de los terrenos disponibles en esa comuna varían entre 1,2 y 1,5 unidades de fomento, además, no obstante haber comprometido el ministerio algunos terrenos para cumplir con esos propósitos, éstos son todavía insuficientes para albergar a las familias residentes en el campamento. Que la posibilidad de solución y el interés manifestado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha generado expectativas en las familias pobladoras y, al mismo tiempo, dado que las condiciones originales han ido variando con el transcurso de los meses, no existe hoy claridad respecto de los plazos y el grado de avance de las acciones que se están emprendiendo para resolver definitivamente el problema, generándose preocupación e incertidumbre entre estas familias. Que la propuesta consideró originalmente una solución habitacional para aproximadamente mil seiscientas familias, pero, de acuerdo a los catastros, el campamento acoge actualmente a mil novecientos noventa y tres familias, situación que les preocupa. Que, asimismo, la propuesta original exigía a los pobladores un ahorro previo de diez unidades de fomento, mínimo que ha sido elevado a veinte unidades de fomento, que menos del cincuenta por ciento de las familias residentes cuenta con el ahorro exigido e, incluso, el cinco por ciento de los pobladores cuenta con ‘cero’ ahorro, considerando que la tasa de cesantía al interior del campamento es superior al promedio nacional. Que un grupo de sus dirigentes ha solicitado a la Municipalidad de Peñalolén un aporte de seis mil unidades de fomento para ir en apoyo de las familias que lo necesiten, y que el municipio dispone de dos mil unidades de fomento para esos efectos, dado que su presupuesto se ha visto mermado en ochocientos millones de pesos desde hace dos años, como producto de las modificaciones del Fondo Social Municipal. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a US. que informe a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de esta Corporación sobre el detalle del programa de solución contemplado para las familias del campamento de la comuna de Peñalolén y los recursos y plazos esperados por esa Secretaría de Estado para materializar la solución definitiva”. El señor JARPA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, los proyectos de acuerdo, que se complementan, tratan un tema pendiente desde hace cuatro años: la solución al campamento más grande de Chile, cuyos pobladores han estado trabajando codo a codo con las autoridades. Los pobladores, en su oportunidad, fueron recibidos por todos los dirigentes políticos ocasión en la cual acordaron trabajar en conjunto, a fin de solucionar este problema. Se ha trabajado durante largos meses para encontrar la solución. Ha habido una integración importante entre la municipalidad, la intendencia, los diputados del distrito, el Ministerio y también los pobladores, que han sugerido ideas. Los pobladores del campamento de Peñalolén ya no pueden seguir esperando. Hace cuatro años que está pendiente esta solución habitacional y creo que con un respaldo político la podemos lograr. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, efectivamente existe una situación social dramática, relacionada con la existencia del campamento de Peñalolén. Nadie en esta Cámara podría negarse a reconocer la urgencia de resolver ese problema, especialmente cuando uno lo ha visto en terreno. En ese campamento viven cientos de niños y de ancianos en permanente riesgo de sufrir incendios y cuyas condiciones de vida se hacen cada día más difíciles. Sólo el Estado puede resolver una situación de este tipo. Ni el municipio ni los propios pobladores tienen la capacidad de resolver el problema de vivienda de 1.993 familias y de más de 10 mil personas. El ministro Ravinet efectivamente se ha hecho parte y ha asumido la responsabilidad de resolver el problema del campamento. La dificultad -opinión compartida por los diputados que concuerdan en la necesidad de resolver este asunto- es cómo se resolverá el problema de la adquisición de los terrenos para la posterior construcción de las viviendas, aspecto que ni la Cámara de Diputados y el alcalde de la comuna conocen. Por eso, entendiendo perfectamente la postura del diputado señor Accorsi, demandamos mayor claridad para que los pobladores, el alcalde y nosotros sepamos, exactamente, cuál es la solución que se dará al problema, pues ésta ha ido cambiando no por mala voluntad del ministro ni de nadie, sino porque no se han dado las condiciones. Presentamos este proyecto complementario para que el ministro venga a la Comisión de Vivienda, informe a los parlamentarios y colabore en la solución del problema del campamento. La Comisión pidió informe, pero la respuesta fue muy escueta. Con el senador Carlos Bombal visitamos personalmente al ministro de Vivienda, le dimos nuestro apoyo y hablamos de distintas materias que podrían ayudar a resolver los temas pendientes. Por otra parte, los pobladores pidieron seis mil UF para complementar los ahorros y poder avanzar en este camino de solución. El municipio puede aportar dos mil UF, por consiguiente también solicitamos en el proyecto de acuerdo que el Ministerio del Interior sea quien entere, a través del Fondo Común Municipal, las cuatro mil UF que faltan. El Fondo Común Municipal le ha restado a la Municipalidad de Peñalolén 800 millones de pesos en estos últimos años, lo cual es tremendamente significativo para una comuna que tiene una situación como la aquí planteada. Por eso, presentamos el proyecto de acuerdo con la idea de apoyar -no entrar en ningún tipo de conflictos- y buscar una solución que requieren, en forma desesperada, tantas familias. He dicho. -Aplausos. El señor JARPA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. ¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto en forma unánime? Acordado. -Aplausos.VIII. INCIDENTESINCREMENTO DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SURORIENTE. Oficio. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Osvaldo Palma. El señor PALMA.- Señor Presidente, hablaré también en nombre del diputado Maximiano Errázuriz, quien no pudo asistir a Incidentes. Honorable Cámara, el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente que dirige el doctor Pedro Muñoz, ha tenido un importante incremento en tres aspectos: en el aumento y vulnerabilidad de la población atendida, en el número de prestaciones de salud que debe otorgar y en la complejidad de las prestaciones. El presupuesto asignado este año por el Ministerio de Salud para el área suroriente no se ha incrementado en relación a los tres factores señalados y su crecimiento ha sido sólo el histórico. Es así como para 2003, el presupuesto asignado fue de 38 mil millones de pesos, en circunstancias que, conforme al aumento de población y a su vulnerabilidad, debía incrementarse en tres mil millones de pesos, que no ha recibido. En otra palabras, hay algún servicio de salud del país que está recibiendo más recursos de los que le corresponde, en perjuicio del área suroriente. Las consecuencias son graves, pues el menor presupuesto no sólo perjudica a los pacientes, también significa un exceso de trabajo para el personal de los hospitales Sótero del Río y Padre Hurtado, los cuales deben suplir con esfuerzo, generosidad y entrega, para atender a una población cada vez mayor y más vulnerable. Por eso, solicitamos que se oficie al ministro de Salud para que en el presupuesto del año 2004 destinado al Servicio de Salud Metropolitano suroriente se considere la población y su vulnerabilidad, el número de prestaciones y su complejidad. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, Partido por la Democracia, Unión Demócrata Independiente, Partido Radical y Partido Socialista.ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ADUANA DE PUESCO, EN COMUNA DE CURARREHUE. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, hace unos días el gobierno regional licitó la construcción de la aduana de Puesco y de la escuela de Reigolil, ambas situadas en la comuna de Curarrehue, que es una de las más pobres de la Novena Región. Posteriormente, después de licitar las obras a la empresa Ovalle, el gobierno regional le adelantó al señor Ovalle una cifra cercana a los 300 millones pesos para que iniciara la construcción de la escuela y la aduana. Cuando se iba a dar comienzo a las obras de la aduana, se percataron de que los planos entregados por la Dirección de Arquitectura de la Novena Región -hechos por un señor Prado- correspondían a una estructura adecuada para el norte del país y no para una zona donde nieva y hay heladas. El edificio, lisa y llanamente, no permitía el paso de los buses porque, simplemente, no cabían. Al advertir la “metida de patas”, se buscaron subterfugios para quitar las obras a Ovalle. Uno de ellos pudo haber sido el descubrimiento de nueve cheques en Dicom, con lo cual pudieron haber declarado insolvente a la empresa. Pero como la ley establece un plazo de sesenta días para la regularización de los documentos, sea ante Dicom o la autoridad competente, éstos fueron aclarados antes de quince días. Finalmente, se decidió quitar las obras a la empresa Ovalle, no obstante días antes haberle anticipado 320 millones de pesos para la construcción de la escuela y la aduana internacional, que tiene un costo de 600 millones de pesos. En consecuencia, se malgastarán los fondos -las boletas de garantía aún no son cobradas-, y lo que es peor, no contaremos con la aduana que tanto necesita la comuna de Curarrehue, como entrada hacia la región. Para que esto no se preste para comentarios, pido que la Dirección de Arquitectura de la Novena Región nos remita un informe completo para que nos precise cómo se hicieron los planos, quién es el autor de ellos y cuál fue la razón que permitió quitar las obras a la empresa Ovalle, la que -cosa risible-, no obstante ser insolvente, tiene cinco obras más en la región por varios cientos de millones de pesos. Junto con el diputado Meza, además, solicitamos que se oficie al director nacional de Arquitectura para que éste instruya un sumario administrativo en la oficina regional de la Novena Región, con el objeto de que se aclare la situación relacionada con la aduana de Puesco. Por los antecedentes que manejo, se ha tratado de encubrir una situación irregular por parte de la Dirección de Arquitectura regional para perjudicar a la empresa Ovalle. La directora de Temuco ha señalado que estamos mal informados. Bueno, ésta es la oportunidad para que se informe a la región y señale quién realizó los planos, cómo se licitó ese trabajo y cuáles son las razones que llevaron a quitar a la empresa Ovalle las obras. También pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que la Dirección Nacional de Arquitectura informe, en detalle, cuál fue la razón de fondo de la paralización de las obras, quién fue el arquitecto, cómo se hizo la licitación y si la empresa Ovalle era insolvente, ya que después de darle 320 millones le quitan las obras, en circunstancias de que las otras cinco se siguen ejecutando y no han tenido ningún problema. Es decir, la región está perdiendo. Por lo tanto, hago un llamado a la autoridad de la región para que no confunda a la opinión pública y diga la verdad. Si ha cometido un error, que lo exprese, a fin de subsanar esa situación y terminar la construcción de la aduana y del colegio Reigolil. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO FINANCIERO PARA MEJORAR PENSIONES. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, a todos los señores diputados les llegó un documento relativo a un seminario sobre el sistema de hipoteca revertida, que constituye un mecanismo financiero que permite a las personas optar libremente por mejorar su jubilación o pensión. Por eso, solicito que se oficie a los ministros de Hacienda, del Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y de Economía, a fin de que formen un grupo de trabajo que estudie la posibilidad de implementar este sistema en nuestro país, sobre todo en atención a que un alto porcentaje de nuestra población tiene casa propia, está envejeciendo y, además, viviendo más años. Por lo tanto, existe la necesidad de mejorar las pensiones. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.REUNIÓN DE PARLAMENTARIOS CHILENOS Y BOLIVIANOS. Oficio. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, junto con varios senadores y diputados de nuestro Congreso Nacional asistí a la reunión mundial de la UIP, celebrada en Ginebra, ocasión en que tuve oportunidad de encontrarme con parlamentarios que representan a muchos países del mundo. Con el objeto de aclarar algunas dudas, nos reunimos con la Presidenta de nuestra Cámara, diputada señora Isabel Allende; con el jefe de la delegación chilena, senador Ricardo Núñez, y con el dirigente y parlamentario de Bolivia, señor Evo Morales. Los términos en que se llevó a cabo esa reunión fueron muy positivos, porque no hubo condicionamientos ni descalificaciones de ninguna especie hacia nuestro país. El señor Morales señaló que le gustaría mucho que Chile y Bolivia reanudaran sus relaciones diplomáticas. Nuestra respuesta, que no se dejó esperar, fue que la responsabilidad de las relaciones exteriores era del Presidente de la República, señor Ricardo Lagos, y de la canciller, señora Soledad Alvear. Sobre la materia manifestó que ello era muy necesario, puesto que había muchos temas que se podían abordar una vez iniciadas las relaciones diplomáticas. Sin embargo, le señalamos que, a nivel parlamentario, podíamos conversar sobre muchos temas de interés común, por ejemplo, de un tratado minero que podría ser similar al celebrado con Argentina, que va a empezar a dar sus frutos en los próximos meses. Al respecto, el señor Evo Morales señaló su interés de venir a Chile con una delegación de parlamentarios bolivianos y reunirse con nosotros en la Cámara de Diputados de Chile. En su intervención, indicó que los problemas internos de su país, en los cuales no tenemos injerencia, obedecían a que estaban defendiendo la explotación de las riquezas básicas, como es el caso de los hidrocarburos, y que la información que salía al exterior muchas veces era manejada por grupos interesados. Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores a fin de que tenga conocimiento de la reunión que sostuvimos y que existe la posibilidad de que los parlamentarios nos reunamos en un futuro cercano a conversar e iniciar negociaciones, tal vez, un tratado de amistad entre Bolivia y Chile, pues ambas naciones tienen un futuro común. El señor JARPA.- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.HOMENAJE A LEBU CON MOTIVO DE SU 141º ANIVERSARIO. Oficio. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista y Radical, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Camilo Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, hoy 8 de octubre se conmemora el 141º aniversario de la fundación de la ciudad de Lebu, que en la actualidad es la capital de la provincia de Arauco. En esa tierra se funde profundamente nuestra historia nacional. Su nombre obedece a la denominación de su río: Lebú. Allí, el conquistador Pedro de Valdivia pernoctó en su última noche antes de concurrir al fuerte Tucapel, en la ciudad de Cañete, con el propósito de restablecer las posiciones españolas, fuertemente atacadas y hostigadas por la resistencia mapuche. No cumplió ese objetivo porque sufrió una derrota militar que, finalmente, le costó la vida. Allí se instaló, primero, un fuerte militar español, y luego, en el curso del siglo XIX, una población que derivó en lo que hoy es Lebu. Fundada el 8 de octubre de 1862, en una primera etapa fue la capital del departamento de Lebu y luego pasó a ser la capital de la provincia de Arauco, condición que mantiene hasta la fecha. Sin duda, para la formación de la ciudad fue muy importante el descubrimiento de los primeros yacimientos de carbón. Por eso, su historia está asociada a la historia de la explotación del carbón. Hace pocos días se estrenó la película Sub Terra, que se refiere al drama que vivían los hombres que le arrebataban este mineral a las entrañas más profundas de la tierra. Esa es también la historia de Lebu. Con el tiempo, la ciudad se enriqueció con otras actividades: el comercio, la artesanía, la agricultura y, en las últimas décadas, la pesca. Hoy Lebu es un importante puerto fluvial donde se asientan centenares de embarcaciones de pescadores artesanales. También, se da una importante labor de recolección que llevan a cabo pescadores de orilla. Esa es la ciudad de Lebu en la actualidad: una comuna que día a día enfrenta una situación económica en la que el combate contra la naturaleza es parte del quehacer cotidiano. Se mantiene en funciones el yacimiento minero Carvile, existe la actividad de la pesca artesanal, los aserraderos y el desarrollo de la artesanía en madera. Asimismo, ha habido una importante inversión en educación y salud. Se ha experimentado un importante avance en el campo de la vivienda, la pavimentación y hoy, con orgullo, es la capital de la provincia de Arauco. En consecuencia, solicito enviar un saludo al alcalde señor Walter Ramírez con motivo del 141º aniversario de la fundación de la comuna de Lebu. He dicho. El señor JARPA.- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados del Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Unión Demócrata Independiente y Partido Radical Social Demócrata que así lo señalen a la Mesa.IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARMAS DURANTE EL AÑO 2000. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical tiene la palabra el honorable diputado Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, según diversos medios de prensa, en abril del año 2000 el obispo anglicano de Quito, Walter Crespo Guarderas, habría servido como intermediario para vender 330 cohetes antitanques e igual cantidad de bombas de racimos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, a las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Dicha información se basaría en fuentes de la Corte Superior de Justicia de Quito y organismos de inteligencia policiales y militares de Colombia. La operación se habría hecho aparecer como una venta -falsa- al gobierno de Zimbabwe, en África. El armamento, que terminó en manos de las Farc, fue dado de baja en marzo del año 2000, por el entonces ministro de Ecuador, almirante Hugo Unda, con el argumento de que se trataría de “material bélico técnicamente calificado como inservible u obsoleto”. La venta se hizo a través de la empresa brasileña Industria Mecánica Aeroespacial Limitada, ATR. La representación simulada de esa empresa en Ecuador estaba a cargo del ex coronel de ese país, Carlos Vicente Tobar Álvarez, y por la empresa chilena Defco, Defensa Consultores Asociados, representada por el chileno Pedro del Fierro Carmona. Los cohetes, adquiridos legalmente por Ecuador, en 1977, a International Military Services, del Reino Unido, y a la Compañía Thomson, de Francia, fueron transportados desde la Base Aérea Militar de Taura, Ecuador, hasta Iquique, Chile, donde la carga fue bajada en las bodegas de la firma Metalnor S.A., de la Zona Franca. De allí, los materiales fueron llevados en aviones civiles pequeños hasta distintas partes de Colombia. Uno de los sitios de destino de las armas fue la llamada “zona de despeje”. El avión utilizado fue un carguero IL76 Iluchin, de matrícula UR 76767, que partió de Rusia, hizo una escala en México, luego cargó el armamento en la Base de Taura y de allí salió en el vuelo AHC7112, con el falso itinerario Iquique (Chile)-Recife (Brasil)-Luanda (Angola) y la ciudad de Harare, su engañoso destino final en Zimbabwe. Zimbabwe y la firma brasileña ATR han demostrado que no tuvieron participación en el negocio y denunciaron que sus nombres fueron usados fraudulentamente. Se confirmó en fuentes separadas de inteligencia militar y policial de Colombia que uno de los cohetes le fue encontrado a las Farc, en Bogotá, en enero de este año. Por lo expuesto, solicito que se oficie a la ministra de Defensa para que nos informe si durante el año 2000 la Comisión Interministerial autorizó la importación o exportación de armas hacia y desde Chile, utilizando la ciudad de Iquique como lugar de tránsito. Del mismo modo, solicito que el ministro de Economía informe a esta Cámara de todas las importaciones y exportaciones realizadas por la empresa Metalnor S.A. durante el año 2000. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y los diputados señores Escalona, Sánchez y Tapia.HOMENAJES Y SALUDOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE CURICÓ. Oficio. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, honorables colegas, mañana la ciudad de Curicó se encuentra de aniversario. Fue fundada el 9 octubre de 1743, por el gobernador del Reino de Chile, don José Antonio Manso de Velasco, con el nombre de San José de Buenavista. En voz mapuche, Curicó significa “agua negra”, tal vez por las aguas que arrastran tierra de ese color, lo que hace que los terrenos sean muy fértiles. Con motivo del aniversario de Curicó, quiero rendir un homenaje a toda su gente, a todos aquellos que con su esfuerzo y empuje fueron, poco a poco, forjando el desarrollo y el progreso que hoy exhibe; a los que, por diversas circunstancias -momentáneas, esperamos-, están sin trabajo, vayan para ellos nuestra comprensión y aliento; a la mujer temporera, sobre todo si se tiene presente que Curicó fue la ciudad pionera en dar trabajo a las mujeres, ya que gracias a las grandes plantaciones de frutales que se hicieron, tanto en la comuna como en la provincia de Curicó, se fue generando esta actividad de temporada. Un saludo muy cordial al mundo empresarial, que ha sido capaz de hacer de la provincia una de las más progresistas del país. Hago un llamado a este sector, para que trate de aumentar las fuentes de trabajo, hoy tan necesarias. Un saludo especial para el sector comercio, que también ha sido un factor de progreso en la zona. Para los empleados públicos, que con su esfuerzo permiten sacar adelante las políticas sociales y administrativas del Estado. También un especial saludo a su actual alcalde, Celso Morales, y a todos los funcionarios municipales, con quienes me correspondió trabajar por cerca de ocho años en la tarea de mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría al alcalde de Curicó.ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE REFINERÍA DE COBRE DE VENTANAS. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, el 18 de abril de 2002, la empresa Domvile y Asociados Limitada se adjudicó la licitación 14-12 a la que la Empresa Nacional de Minería había llamado para el manejo y tratamiento de los polvos de fundición, residuos generados por la fundición de cobre que Enami mantiene en Ventanas. Según el acta de apertura de las propuestas -de la misma fecha-, la empresa Domvile hizo una oferta de tratamiento por un valor de 150 dólares la tonelada, en un contrato de cinco años de duración. Posteriormente, por carta de 19 de agosto de 2003, el gerente de Enami informó a la empresa Domvile que se había adjudicado el contrato en referencia, por un valor de 207,49 dólares por tonelada de polvo de fundición tratado, con un plazo de ejecución de cinco años, renovable. Claramente, aquí se produce un sobreprecio de 57,49 dólares por tonelada, lo que es absolutamente incongruente con el valor ofertado por dicha empresa durante la licitación. Es importante señalar este caso porque se suma a todas las irregularidades en el proceso de calificación ambiental de una empresa que no tiene la capacidad técnica, la experiencia ni el know how necesarios para desarrollar este tipo de labores de alta tecnología y que requieren una gran cantidad de recursos. Según la información que poseo, esta empresa, Domvile y Asociados Limitada, hizo su inicio de actividades en 1998. Al año 2002 tenía un capital de 9 millones 546 mil pesos y un pasivo de 63 millones 237 mil pesos. No obstante, se le adjudicó una licitación por 4 millones 150 mil dólares. Se debe aclarar esta situación, porque no hay coincidencia entre la oferta de la empresa y la adjudicación posterior. Si analizamos las cifras, en cinco años la diferencia entre lo ofertado por la empresa y lo que verdaderamente se le pagará en virtud del contrato suma alrededor de un millón de dólares. Por tanto, solicito que se oficie al ministro de Minería y a los representantes de Enami y Cochilco a fin de que nos informen qué ocurrió con esta licitación y a cuánto ascienden los montos que ya le fueron pagados a esta empresa. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Sánchez, señora María Eugenia Mella y señores Tapia, Hernández y Lorenzini.INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN DE GERENTE DE CODELCO EN SOCIEDADES RELACIONADAS CON LA EMPRESA. Oficios. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- En segundo lugar, pido que se oficie al presidente ejecutivo de Codelco, al ministro de Minería, al vicepresidente ejecutivo de Cochilco y al superintendente de Sociedades Anónimas, a fin de que informen respecto de la siguiente situación. He recibido información de que uno de los gerentes corporativos de la casa matriz de Codelco no habría informado su participación en sociedades que mantienen negocios con la división talleres de Codelco-Chile. Todo el mundo sabe que existe una normativa interna diseñada por la propia Codelco que obliga a los ejecutivos a informar su participación en sociedades y les prohíbe participar en los procesos de adjudicación de empresas con las que se relacionen en forma directa o por medio de parientes. Asimismo, este gerente corporativo no habría informado a sus superiores de su participación y tampoco habría ningún antecedente en la División Talleres de Codelco de la acción que habría realizado. No entregaré más información sobre el particular. En consideración a la poca transparencia demostrada por la última administración de la empresa más importante de Chile, es necesario que el vicepresidente ejecutivo de Codelco informe si se está investigando la situación que he denunciado. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Sánchez, señora María Eugenia Mella y señores Tapia, Hernández y Lorenzini.ANTECEDENTES SOBRE PAGO DE PEAJES POR BOMBEROS DE OSORNO. Oficio. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas por lo siguiente. En la madrugada de hoy y luego de recibir una llamada telefónica, bomberos de Osorno concurrieron por la carretera Panamericana a sofocar un incendio. Sin embargo, fueron retenidos y debieron esperar alrededor de una hora por no pagar peaje, lo que considero delicado, sobre todo por el hecho de que acudían a responder un llamado de emergencia. En atención a lo expuesto, solicito que el ministro nos informe si existe alguna norma especial dentro de la normativa de concesiones del ministerio de Obras Públicas relacionada con los vehículos de emergencia y la reglamentación que los rige, y si la concesionaria que atiende a Osorno, San Pablo, Purranque y Río Negro cuenta con los vehículos de emergencia necesarios y exigidos por contrato. Tengo entendido que en algunas zonas del país las concesionarias mantienen contratos con los cuerpos de bomberos respectivos, a fin de que estos accedan a sistemas de libre peaje. Al parecer, en el caso de Osorno, ese acuerdo no funcionó. Por tal razón, quiero saber si la exigencia relacionada con los vehículos de emergencia se está cumpliendo por parte de la concesionaria emplazada en Osorno. Si ello no es así, pido que se plantee una solución al respecto. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.CONFLICTO POR FUSIÓN DE CRUZ ROJA DE HOMBRES Y MUJERES EN OSORNO. Oficios. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se oficie a la presidenta de la Cruz Roja nacional con el objeto de pedir, con todo el respeto que me merece la institución y teniendo en cuenta que no podemos inmiscuirnos en sus asuntos privativos, que busque alguna solución al conflicto que se ha generado por la orden internacional de fusionar la Cruz Roja de hombres y de mujeres, que en el caso de la ciudad de Osorno han sido instituciones históricas y que hoy están entrando en conflicto producto de la orden internacional. Por lo tanto, solicito a la presidenta de la institución que realice los mayores esfuerzos posibles para que, en el caso de Osorno, haga la excepción de mantener estas organizaciones tradicionales, y si no fuera posible, buscar los puntos de encuentro y tratar de marchar en conjunto. Asimismo, pido oficiar al señor Mauricio Saint-Jean, alcalde de Osorno, y a los concejales de la ilustre municipalidad, para que busquen una alternativa de solución respecto de dónde quedarían, en el caso de que se continuara con la fusión de la Cruz Roja de hombres y de mujeres en Osorno, las siguientes instituciones: enfermos de cáncer, agrupación de asmáticos, agrupación de esclerosis múltiple, programa de adulto mayor, programas de asistencia social, programa de clínica y enfermería, campañas de vacunación, evaluación comunitaria en salud, dirección de socorros, comité provincial de emergencia, asociación de ciegos, programa de dializados, proyecto de alcohol y drogas, programa de apoyo a niños de la calle y conjunto folclórico. Pido que estudien la posibilidad de encontrar otros lugares que puedan acoger a estas organizaciones y programas que se están desarrollando por la Cruz Roja, que todos los osorninos respetamos por su tradición, su historia y su labor solidaria con la comunidad. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. AUTORIZACIÓN DE USO DE GIMNASIO A ATLETAS DE OSORNO. Oficios. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en tercer lugar, pido que se oficie al alcalde Osorno, y a los concejales, en el siguiente sentido: Hace pocos días fuimos testigos de un notable triunfo deportivo. Nuestra selección nacional de fútbol venció a la selección peruana por 2 goles a 1 y un grito de alegría recorrió todo el país. Este éxito, sin duda, ha tenido su sustento en el entrenamiento previo realizado por los jugadores de la selección chilena, que les ha permitido encontrar su mejor condición física y competitiva, punto que resulta esencial para obtener logros deportivos. Lamentablemente, esto que parece tan obvio en una actividad deportiva, muchas veces es imposible de realizar en otras ramas del deporte. Así, un grupo de atletas de la ciudad de Osorno se ha visto imposibilitado de realizar sus entrenamientos al prohibírseles utilizar el Gimnasio Monumental de nuestra ciudad. Me estoy refiriendo a atletas destacados de Osorno, que usan las pistas del estadio, pero cuando llueve, situación común en el sur del país, ni siquiera le prestan los pasillos del gimnasio, lo que considero insólito. Por lo tanto, pido al señor alcalde, con el debido respeto, que en los días de lluvia autorice a los atletas osorninos a correr por los pasillos del gimnasio. Formulo esta petición porque me han llegado cartas pidiéndome que interceda ante la autoridad comunal para que los atletas puedan continuar con sus prácticas deportivas. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. SITUACIÓN DE ALUMNOS DE INSTITUTO PROFESIONAL DE OSORNO. Oficio. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en Osorno son miles los jóvenes que postulan a distintas alternativas académicas en procura de lograr un título que les permita desarrollarse profesionalmente. Tras este hecho, tan significativo en la vida de un hombre, se encuentran no sólo las esperanzas de los jóvenes, sino también las de sus familias que ven con ilusión concretarse uno de sus mayores anhelos: contar con un hijo que obtenga un título que le permitirá enfrentar la vida con mayores oportunidades. Sin embargo, este sueño muchas veces se vuelve una pesadilla. Es así como en la ciudad de Osorno un instituto privado, denominado Cedec, ha vulnerado la confianza y el derecho de los jóvenes a recibir los cursos ofrecidos por dicha institución, provocando con ello un grave perjuicio a los alumnos. Este perjuicio no sólo se refleja en las clases que no se han impartido a los alumnos, sino que, además, en el cobro de las cuotas mensuales mediante las letras firmadas al momento de matricularse. En esta situación se encuentra la gran mayoría de los alumnos de este centro, lo que provoca una natural indignación e impotencia ante tan gran grave hecho, que incluso tiene ribetes de fraude. Por ello, solicito oficiar al ministro de Educación con el objeto de que se adopten las medidas tendientes a proteger los derechos de los alumnos afectados, y así asegurar la continuidad de sus estudios. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas judiciales que sea necesario adoptar ante un posible fraude. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS POR BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS RESPECTO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO. Oficio. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella. La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señor Presidente, quiero referirme a un grave hecho ocurrido hace pocos días. Previamente, debo decir que en el último tiempo se han dado a conocer muchísimas situaciones que afectan a los usuarios de tarjetas de crédito y débito, y similares, al verse despojados de sus fondos sin haber una participación directa de los respectivos tarjetahabientes. Son numerosos los casos que afectan de manera importante a los usuarios de esas tarjetas, lo que puede tener insospechadas consecuencias respecto de la transparencia de nuestro sistema financiero, ya que clientes del mismo, de un momento a otro, se ven desprovistos de parte importante de sus fondos. Hago hincapié en que no se trata de tarjetas de débito extraviadas, hurtadas ni robadas; y, por lo tanto, están fuera del proyecto que está Cámara aprobó hace unos días. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras tiene a cargo la fiscalización de las tarjetas bancarias y similares. Ello de acuerdo con lo prescrito en el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 3, del ministerio de Hacienda, de 1977, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la ley General de Bancos e Instituciones Financieras; del decreto con fuerza de ley Nº 52, de 1960, y la ley orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el decreto ley Nº 1.097, de 1975, que en lo pertinente señala: “Corresponderá a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la fiscalización del Banco del Estado, de las empresas bancarias, cualquiera sea su naturaleza, y de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por ley a otra institución. “La Superintendencia tendrá la fiscalización de las empresas cuyo giro consiste en la emisión u operación de tarjetas de crédito de otro sistema similar, siempre que en dicho sistema se importe que el emisor u operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público y ciertos sectores o grupos de él.” Sin embargo, los casos conocidos ponen en serias dudas la credibilidad pública, porque, como dije anteriormente, al hecho ocurrido a un concejal de Quillota en relación con el Banco Estado y denunciado por mí hace algunos días, se suman las denuncias que últimamente he recibido de clientes preferenciales cuyas tarjetas de crédito y débito aparecen con cargo, aun cuando no han sido utilizadas pero que el banco intenta cobrar después a estos usuarios. Al comprobar el banco que la tarjeta no fue utilizada, pide las disculpas del caso y empieza una investigación interna. Por lo tanto, tengo serias dudas respecto de los sistemas de seguridad que están utilizando estas entidades financieras, sobre todo ante la situación que podría acarrear si entra en crisis la confianza que todos tenemos en estas instituciones. Por ello, solicito oficiar al ministro de Hacienda para que, por su intermedio, solicite a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que se sirva informar sobre las medidas de seguridad adoptadas por los bancos e instituciones financieras sometidas a su fiscalización para evitar, detectar y probar operaciones que eventualmente se pueden haber cometido bajo la fórmula denominada “clonación de tarjetas”. Hago hincapié en este hecho, ya que esto ha ocurrido con tarjetas que nunca han sido utilizadas, por lo tanto mal podrían haber sido clonadas. Asimismo, que indique los mecanismos de seguridad con que cuentan las mencionadas entidades para dar seguridad a sus clientes en las operaciones con tarjetas de crédito y débito, en lo referido a claves de seguridad de acceso, en operaciones en los denominados cajeros automáticos, servicios de terminal de compra, en establecimientos de comercio y en operaciones vía internet. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Lorenzini, Tapia, Jaramillo y Sánchez.INFORMACIÓN SOBRE FISCALIZACIÓN A TRANQUE DE CABILDO. Oficio. La señora MELLA (doña María Eugenia).- En relación con los hechos acaecidos como consecuencia de la rotura de un tranque y la caída de un relave en la comuna de Cabildo, correspondiente al distrito Nº 10, que represento -tranque que es uno de seis correspondientes a la mina Cerro Negro-, solicito enviar oficio al ministro de Hacienda, de quien depende Sernageomín -a quien le corresponde fiscalizar estos tranques-, para que se sirva informar en detalle, con fecha y con el informe correspondiente a cada una de esas fechas, la fiscalización previa, durante y posterior a los hechos mencionados. Ello, porque existen cinco tranques más que estarían en la misma situación de mala mantención y mala calidad, lo que puede hacer prever situaciones semejantes a las ocurridas con anterioridad. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Lorenzini, Tapia, Jaramillo y Sánchez.ALCANCES SOBRE RECHAZO A INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN REGIÓN DEL MAULE. Oficio. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, espero que el diputado Tapia me represente cuando se refiera al aniversario de Curicó. Pero aquí sólo veo diputados de regiones. Están los diputados Sánchez, Jaramillo, Tapia, Jarpa y la señora María Eugenia Mella. Cuando intervine y dije “¡Ojo!: planta de tratamiento de aguas servidas para toda la región del Maule, en Colín -pequeño pueblo al lado del río Maule- unánimemente rechazada por las regiones, por los intendentes, gobernadores, seremis, jefes de servicio, 16 a 0”. ¿Qué dije aquí? Esa cuestión va al consejo de ministros, van aparecer los lobbies, las multinacionales y van a cambiar. Y así pasó. Hace un par de semanas, cuando los ministros andaban de vacaciones fuera del país, llegaron los “segundos”, los subsecretarios, los segundos jefes, los subrogantes, los suplentes, no sé cómo se llaman, y una vez más las regiones fueron dejadas de lado. Y en forma unánime, cambiaron el criterio. “Vamos con la planta; arriba las utilidades de las multinacionales”. Y ¿qué le decimos a la comunidad? Aquí se hizo un proceso realmente ejemplar. Participó la comunidad, se discutió, como nunca se había hecho, todo el tema ambiental, las plantas de tratamiento, etcétera. Estuvieron presentes el intendente, los gobernadores, los seremis. Entonces, ahora todos ellos deberían presentar la renuncia. Porque una de dos: o técnicamente sus jefes de Santiago les dijeron que los estudios que realizaron son malos y, en consecuencia, se los rechazaron y los votaron en contra; o políticamente, les dijeron que la decisión que tomaron en la región no corresponde. Lo lógico en un país correcto es que se vayan todos para la casa. Ahora, lo más lógico es que a los consejos de ministros asistan los ministros y no los “segundones”. No aquellos que no tienen idea del tema y que llegan sólo a votar. La decisión del consejo de ministros se tomó entre huifas, cuecas, paradas y el 11. Entonces, siempre es la ciudadanía la que pierde. Además, lo hicieron basados en un informe de la Dirección de Aguas, del Ministerio de Obras Públicas que, días antes del consejo de ministros, con llamados bajo cuerda y a media noche, cambió todo lo resuelto con anterioridad. Por ello, solicito enviar oficio al ministro de Obras Públicas a fin de que me envíe todos los informes emitidos este año por la Dirección de Aguas respecto de la planta de tratamiento de Talca, Maule y Colín. De esa manera veremos cómo en nuestro Gobierno cada día mandan más las presiones, las conversaciones y los empresarios. ¿Y qué le dice uno a la comunidad? No estamos en contra de las plantas de tratamiento del agua. Son de toda necesidad y deberíamos tenerlas en todo Chile, pero no localizadas en medio de un pequeño poblado agrícola, al lado de una escuela y de casas o en medio de un sector productivo. ¡Qué impotencia! Obviamente, vamos a reclamar de esto a las autoridades competentes. En todo caso, igual presentaremos un proyecto de reconsideración -lo conversamos con el senador Gazmuri-, pero como aquí lo anticipamos, está registrado, esto es como la muerte anunciada de los pueblos y las comunidades de Chile. Entonces, diputados Jaramillo y Sánchez, señor Presidente, ¿de qué regionalización me hablan? ¿En qué estamos? Se está discutiendo el presupuesto de la nación, pero cuando podemos clavamos en la espalda a las regiones. ¡Una vez más han muerto las comunidades! ¡Vivan los ministros!, ¡Vivan los segundones!, ¡Vivan las empresas!, ¡Viva este país que avanza en concertación humanista y social! Espero que se envíe ese oficio al ministro de Obras Públicas, quien, según entiendo, también se va de viaje ¡Qué bueno, estamos en octubre y ya le hace falta! Pero antes espero que me conteste los oficios que le han sido enviados. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención y con la adhesión de la diputada María Eugenia Mella y de los diputados Tapia, Jaramillo y Quintana.HOMENAJE A CURICÓ CON MOTIVO DEL 260º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Boris Tapia. El señor TAPIA (de pie).- Señor Presidente, en esta oportunidad deseo hacer un público reconocimiento a la ciudad de Curicó, la cual mañana jueves 9 de octubre celebrará 250 años de su fundación. Tierra llena de esperanzas, esfuerzo y trabajo. Todos los que han tenido la suerte y la oportunidad de conocerla saben de qué hablo. Curicó es una ciudad que florece por el sacrificio de cada uno de sus hijos que ahí viven y de quienes han optado por formar una familia a su alero. Un reconocimiento, además, al alcalde y al concejo por haber distinguido, en el día de nuestra ciudad, como hijos ilustres de Curicó, a don Emiliano Rojas y a don Fidel Moreira. El primero, ex regidor, ex alcalde y actual concejal, ha realizado su vocación de servicio público a través de la política, hoy día tan cuestionada; el segundo, es un distinguido y querido empresario curicano. Mañana se cumplirán 260 años desde que el fundador José Manso de Velasco fijara sus huestes en la tierra de Aguas Negras, desde donde grandes hombres y mujeres han contribuido al engrandecimiento de nuestra patria. Quiero entregar mi público reconocimiento a los habitantes de mi querida ciudad; jóvenes, hombres, mujeres y empresarios. Sé que nos esperan muchos desafíos y que con la voluntad de Dios y de cada uno de sus hijos, saldremos adelante. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán copias de su intervención al alcalde y concejales de Curicó, con la adhesión de los diputados Jaramillo, Sánchez, Quintana y Lorenzini.APLICACIÓN DE SANCIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA UNDÉCIMA REGIÓN INVOLUCRADOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado don Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, conforme al artículo 134 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, hay cinco días de plazo para que la autoridad respectiva, sea un jefe superior de servicio, un seremi o un director regional, sancione lo informado por el fiscal instructor en caso de sumario administrativo. En 1999, en virtud de los graves antecedentes sobre cohecho, coimas, daños al patrimonio fiscal, incumplimiento de las especificaciones técnicas en la construcción de viviendas sociales, denuncié lo ocurrido en la Undécima Región, Aisén, que represento en esta Cámara, al ministro de Vivienda de la época don Sergio Henríquez, solicitando la realización de una investigación sumaria, en un comienzo, y de un sumario administrativo, si el caso lo ameritaba. Debido a lo anterior fui atacado públicamente por ese ministro, que me acusó de levantar falso testimonio en contra de gente correctísima y proba. A raíz de ello, hice uso del derecho a réplica en esta Sala para vindicarme -situación que muchos colegas deben recordar- y entregué personalmente los antecedentes en la oficina de partes del Presidente de la República de la época. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta hoy? Después de acumular más de nueve mil fojas, la investigación sumaria se transformó, por supuesto, en sumario, y producto de las graves irregularidades detectadas por el fiscal instructor, conforme con lo que exige la ley, denunció los hechos a los tribunales de justicia. Asimismo, correspondía que interviniera el Consejo de Defensa del Estado. Hace aproximadamente un año y medio -repito, un año y medio- el sumario concluyó y, como resultado del mismo, el fiscal instructor recomendó seis destituciones y ocho medidas de multa y suspensión del empleo; es decir, a partir del sumario, se sanciona a catorce funcionarios por graves irregularidades. Pero, lo más grave es que hasta ahora no pasa cosa alguna, pues, aparentemente, el informe del fiscal duerme o está traspapelado involuntariamente en algún escritorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, como todo esto me parece extraordinariamente grave, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, al contralor General de la República y a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado a fin de que se tomen medidas urgentes de manera de dar curso a los autos disciplinarios y de sancionar los actos reñidos con la probidad. Por lo demás, la ciudadanía de Aisén tiene muy claro, a estas alturas, que se cometieron dichos actos y observa con sorpresa cómo pasa el tiempo sin que se tomen las medidas del caso. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados Boris Tapia, Enrique Jaramillo y Jaime Quintana.CONSECUENCIAS DE EVENTUAL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON SINGAPUR Y NUEVA ZELANDA. Oficios. El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, durante muchos años los productores lecheros del sur durante muchos años han visto cómo ha bajado el precio de sus productos. Felizmente, hoy se están manteniendo y recién después de diez años pueden cubrir sus costos. Además, hay una leve rentabilidad gracias a que éstos, en términos comparativos, están entre los más bajos del mundo. Por eso, he leído con profunda preocupación en la sección Negocios del diario “La Tercera” de hoy un artículo titulado: “Parte negociación con Singapur y Nueva Zelandia”, que señala que las negociaciones se iniciarán en noviembre. Dicho titular, por lo menos, me confunde en estos momentos en que estoy dando a conocer la forma en que los campesinos y los agricultores tradicionales del sur deberán adaptarse a los canales de la competitiva economía agraria que tendrán que enfrentar con motivo de la celebración del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Ante esa disyuntiva, se nos señalan como ejemplo los casos de países que han mantenido políticas exitosas en la materia. El caso de Nueva Zelanda lo conozco bien, porque en mi región lo hemos estudiado en detalle. La situación de ese país es muy compleja, toda vez que, por una parte, existe una ley de estímulo a la producción agraria que data de 1944 y, por otra, una política de fomento constante que se ha mantenido por casi setenta años. El milagro neozelandés se debe a eso: a la preocupación por su agricultura, que comenzó con la mejora de razas de animales y con la bonificación para la creación de praderas de alta calidad, lo que, incluso, supone la intervención en los procesos de comercialización y exportación de la leche y sus derivados. Son ejemplos de alianzas entre el sector público y el privado que en Chile, muchas veces, no nos atrevemos a llevar adelante por miedo al intervencionismo estatal y por defender las ideologías de algunas autoridades económicas. He señalado varias veces en esta Sala que las tratativas -que no se diga que no han existido, porque es así-, o, al menos, los acercamientos entre nuestro Gobierno y el neozelandés han tenido como propósito concretar un acuerdo de libre comercio, afirmación que fue desmentida en muchas oportunidades. Se ha dicho en esta Sala que podría ser un acuerdo pero no para intercambiar productos, pues existe similitud en nuestras producciones, sino que para emprender negocios en conjunto. ¡Por favor! Nadie suscribe acuerdos de libre comercio si no es para desgravar y comerciar bienes y servicios. En consecuencia, la amenaza se mantiene latente. Discrepo de las opiniones vertidas por el director de Asuntos Económicos Multilaterales de la Cancillería, señor Ricardo Lagos Weber, en cuanto a que será una negociación rápida que no ocasionará mayores problemas. Profundo error; el sur de Chile de nuevo está alerta. Siempre dijimos que el día en que se lleve a cabo un tratado de libre comercio con Nueva Zelandia la quiebra del sector agrícola lechero será inminente. Por eso, llamo la atención de los lecheros del sur. Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención al ministro de Agricultura y a las asociaciones gremiales Consorcio Agrícola del Sur, con sede en Temuco; Saval, con sede en Valdivia; Sago, con sede en Osorno, y AgroLlanquihue, con asiento en Puerto Montt. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Boris Tapia y Jaime Quintana. INFORMACIÓN SOBRE MEGAPROYECTO VIAL EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio. El señor JARPA (Vicepresidente.- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, ayer, durante el debate sobre el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América, se señalaba que la región de La Araucanía tiene un enorme potencial turístico a nivel internacional. Sin duda, es una de sus grandes fortalezas, y uno de sus grandes soportes es la infraestructura vial. Pues bien, como existe un megaproyecto de significativa importancia para la región conocido como Ruta Interlagos, quiero solicitar que, a través del ministro de Obras Públicas, se oficie al director regional de Vialidad de la Región de La Araucanía, don Manuel Robles Durán, con el objeto de que remita a nuestra Corporación toda la información relacionada con dicho proyecto, en particular, su vinculación con el turismo, programación y plazo de ejecución, costo de la obra, es decir, los montos estimados y aprobados, y los detalles del trazado. He dicho. El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo y Tapia. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.53 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Informe de la Comisión de Salud sobre el proyecto que permite la venta de lentes para la presbicia sin receta médica. (boletínes Nºs 2903-11 y 3310-11)“Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Salud pasa a informaros sobre los proyectos del epígrafe, originados en mociones de los diputados señores Barros, Bauer, Correa, Dittborn, Forni, Kast, Melero, Prieto, Recondo y Urrutia, el primero, y de los diputados señores Accorsi, Aguiló, Cornejo, Mora y Robles, el segundo, ambos en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Con fecha 26 de agosto de 2003, la Comisión acordó en su sesión Nº 56, refundir ambas iniciativas legales, por abordar la misma materia.I. FUNDAMENTOS. La presbicia afecta generalmente a las personas a partir de los 40 años, y se manifiesta en dificultades para leer y ver con claridad objetos cercanos o muy pequeños. Este problema se produce por la pérdida de elasticidad del lente del ojo. No se considera que sea una enfermedad ocular, sino una consecuencia del proceso natural de envejecimiento. Entre las consideraciones que motivaron la presentación de este proyecto, se pueden mencionar las siguientes:El elevado precio de los lentes La presbicia constituye un problema principalmente para las personas de escasos recursos, toda vez que de acuerdo con la legislación vigente, los lentes correctores sólo se pueden adquirir con receta médica y en establecimientos de óptica, lo cual resulta sumamente oneroso para ellas. Esto las obliga a menudo a recurrir a la venta clandestina que se ofrece en la vía pública y en ferias libres, por personas que no están habilitadas legalmente para hacerlo.La experiencia internacional Muchos países, entre ellos, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, permiten la venta de estos lentes para corregir la presbicia, sin receta médica.La ausencia de efectos secundarios Los eventuales efectos secundarios derivados del uso de lentes no apropiados, sólo podrían generar dolor de cabeza o tensión visual, pero ningún otro problema de mayor complejidad.Disminución de costos Las ventas sin receta y en cualquier establecimiento podrían reducir los costos de los lentes. En este sentido, se ahorraría el costo de la consulta médica como el valor de compra en un establecimiento de óptica.II. CONTENIDO DE LAS MOCIONES. Ambas constan de un artículo único, mediante el cual se cumple el objetivo ya reseñado, es decir: -Derogar la exigencia de receta médica para la fabricación de lentes para la presbicia.-Autorizar su venta en cualquier establecimiento, sin necesidad de receta médica.III. ANTECEDENTES LEGALES.1. El Código Sanitario, en el libro VI regula lo relativo a los laboratorios, farmacias y otros establecimientos. Su artículo 128 señala que sólo en establecimientos de óptica podrán fabricarse lentes con fuerza dióptrica de acuerdo con las prescripciones que se ordenen en la receta médica correspondiente. Los establecimientos de óptica podrán abrir locales destinados a la recepción y al despacho de recetas médicas en que se prescriban estos lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente.2. El decreto supremo Nº 4 de 1985, del Ministerio de Salud, fijó el Reglamento de Establecimientos de Óptica.Al respecto, el citado decreto regula todo lo concerniente a este tipo de establecimientos. Específicamente, su artículo 1º al definir que se entiende por establecimiento de óptica, señala que se trata de todo local donde se expendan anteojos o lentes con fuerza dióptrica, despacho que deberá efectuarse exclusivamente bajo receta médica.3. El artículo 60 Nº 3 de la Constitución Política, señala que las materias que son objeto de codificación deben ser reguladas por ley. De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una modificación al artículo 128 del Código Sanitario, sólo cabe concluir que ésta debe efectuarse por ley.IV. ANÁLISIS DE LA MOCIÓN. Durante la discusión del proyecto se contó con la participación de las siguientes personas: En representación del Ministerio de Salud, el doctor Rodrigo Salinas; el señor Tomás Jordán, asesor jurídico, y el doctor Rodrigo Soto, Jefe del Departamento de Atención Primaria. En representación de la Sociedad Chilena de Oftalmología; los doctores Rodrigo Donoso, Presidente; Patricio Meza, Vicepresidente; Gonzalo Vargas, Secretario; Fernando Barría y Rafael Arratia. En representación del Colegio Nacional de Ópticos, los señores Romilio González, Presidente; Max Schilling, Vicepresidente; y el Director Uwe Koch. En representación de la Sociedad Científica de Tecnología Médica Oftalmológica de Chile, el señor Dalibor Razmilic, Presidente. En representación del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, la señora Rosa Oyarce, Presidenta; la señora Cecilia Zumarán, Vicepresidenta, el señor Gonzalo Jaque, la señora María Isabel Vermehren y Oscar Díaz, del Colectivo de Tecnólogos Médicos de la V Región y José Baeza, tecnólogo médico del Hospital Naval.1. El Doctor Rodrigo Salinas (Ministerio de Salud). El objetivo primario de la moción es buscar un bien sanitario, en el sentido de aliviar la carga de enfermedades o de discapacidad de algunas personas, al facilitar el acceso a una exoprótesis como es el caso de los lentes para la presbicia, destacando eso sí el riesgo sanitario que implicaría su aprobación. Sobre el particular, señaló que era difícil definir lo que era enfermedad, puesto que es un debate de larga data en que no ha habido consenso. Existe una serie de síntomas, para los cuales las personas adoptan la decisión de automedicarse aun cuando implique un riesgo que, en definitiva, es admitido cuando es inferior a los beneficios que de él se derivan o bien de las dificultades que se le crean a la persona en caso de regular excesivamente la protección del riesgo. Por ejemplo, si una persona sufre de cefalea se toma una aspirina o un analgésico para evitarlo y puede hacerlo porque para su adquisición no requiere de receta médica. El riesgo que se corre es que la persona al tomar ese medicamento esté enmascarando un tumor cerebral y dilatando el diagnóstico y tratamiento oportuno. El resguardo pasa por exigir que todo analgésico como la aspirina sea vendida previa receta médica, pero ese resultado no convence a nadie porque implica causar una carga inadmisible a una cantidad considerable de personas que están dispuestas a correr ese riesgo a través de una automedicación responsable. En lo que dice relación con el proyecto cabe evaluar los riesgos que significaría la automedicación responsable de un lente para la presbicia. Sobre esta materia, los detractores de la libre compra de estos lentes señalan que ello implica dilatar la atención con un profesional calificado como un oftalmólogo que pudiera detectar la presencia de patologías adicionales, como la retinopatías o neuropatías o glaucomas, que de ser diagnosticadas precozmente podrían evitar una ceguera posterior. A su juicio, debería ponderarse la evidencia científica sobre el aumento real del riesgo que existe de enmascarar patologías o de dilatar una consulta oftalmológica por la compra de lentes para la presbicia y a partir de ello decidir si se está dispuesto a aprobar una reglamentación que asuma ese riesgo como admisible en el entendido que la automedicación siempre implica un riesgo y que existe una cantidad de medicamentos que se expenden sin receta médica. El Ministerio solicitó la elaboración de un informe sobre estos riesgos, a fin de poder emitir una opinión sobre el particular. El uso de las analogías en medicina implica riesgos por lo que debe estar apoyada con evidencia científica. La automedicación se puede homologar con el hecho de que una persona se coloque anteojos, para solucionar sus problemas de vista. Para juzgar la conveniencia de liberar su venta, se debería contar con evidencia acerca de los riesgos que ello conlleva, tal como se ha hecho con algunos medicamentos, ya sea tanto para eximirlos de la prescripción médica como para controlar su venta. Los riesgos y beneficios de una medida de este tipo surgen del ensayo científico aleatorio a un grupo de la población y es probable que no se cuente con estudios de este tipo en el país sino que, probablemente, exista un seguimiento de países o poblaciones en las cuales se ha autorizado este tipo de automedicación. Esa información científica externa debe ser insertada en la realidad nacional. Sobre la falta del diagnóstico de la presbicia, señaló que más que la ausencia de un diagnóstico, existe un problema de subtratamiento ya que existe una gran población que no tiene acceso a un especialista. En relación con las posibles querellas por ejercicio ilegal de la profesión, en el caso de la venta de lentes sin receta, ellas no se han materializado porque, no ha sido considerado un riesgo para la salud pública. Respecto de la decisión final, se debería contemplar no sólo la evidencia científica sino que también los recursos disponibles y los valores de la sociedad en la cual se impone una medida sanitaria. Sobre los efectos de la autorización de los lentes para la presbicia sin receta médica, señaló que requerirá una reglamentación adicional sobre la fiscalización del producto, el cual deberá ser homologable al de los otros dispositivos médicos en el cual se exige un testeo de la calidad de lo que se vende a la población.2. El doctor Rodrigo Soto (Ministerio de Salud) Concordó con lo dicho respecto de que parte de la solución para facilitar el acceso a la atención de los problemas de refracción debe ser atendido en la atención primaria, pero ello pasa por aumentar el nivel de resolución. La lista de espera más grande de la atención primaria es la oftalmológica aun cuando existen grandes avances en varios municipios del país en la resolución de las listas. Se ha estimado que cerca del 20% de la población requiere atención oftalmológica una vez al año por vicios de refracción. Si se consideran los inscritos en atención primaria, esta cifra asciende a 1 millón setecientas mil personas. Al constatar estas cifras se ve que es imposible que se pueda tener oftalmólogos para entregar esa atención a nivel primario. Por eso, se manifestó a favor de la propuesta del Colegio de Tecnólogos Médicos ya que ello permitiría aumentar la resolución de estos problemas. Estudios realizados en cada una de las comunas, indican que una persona demora 241 días promedio en acceder a una atención oftalmológica por vicios de refracción. Por ello se optó por desarrollar la compra de servicios en especialidades para la atención primaria. Es decir, se entregan recursos a las municipalidades para que compren servicios en el sector privado y adquieran lentes. Este programa ha tenido un buen resultado y los rendimientos siempre han sido superiores al ciento por ciento. Actualmente, están entregando 83 mil lentes al año en atención primaria con un costo muy bajo. La aplicación de este programa, demostró que sólo uno de cada veinte personas requirió ir a una consulta oftalmológica al nivel secundario. La mayoría de las personas que componen las listas de espera es por vicios de refracción. Sobre el particular, la presbicia constituye uno de los problemas de refracción por lo que la ley sólo beneficiaría a una parte de las personas que los padecen, ya que la presbicia se soluciona con un lente con aumento, pero si se le da el lente equivocado para un vicio de refracción ocasionará molestias a la persona que lo use aun cuando no le producirá mayor daño. Señaló, además, que la única solución para resolver las listas de espera es ampliar la resolución de estas patologías en este nivel por lo que acoge con agrado la propuesta del Colegio de Tecnólogos Médicos por cuanto ella está en la misma línea de otras decisiones adoptadas anteriormente como fue la incorporación de las enfermeras, matronas, kinesiólogos y psicólogos para determinadas patologías. Finalmente aclaró que existen listas de espera en la especialidad de oftalmología en atención primaria por cuanto desde 1998 se inició la atención en esta especialidad en este nivel se puso en marcha el programa de compra de servicios para vicios de refracción en atención primaria y ello implicó contar con información para formar las listas.3. Los representantes de la Sociedad Chilena de Oftalmología, señalaron que a partir de los datos que arrojó el censo del año 2002: -El 6 % de la población requiere el uso de lentes. -El 0,28% de las personas se declararon ciegas, cifra que aumenta en la población mayor de 50 años, alcanzado el 50% de este porcentaje.Otros antecedentes, señalan que: -Nuestro país requiere de 19 mil consultas oftalmológicas al año por cada millón de habitantes, considerando solamente a los beneficiarios del sistema público de salud mayor de 50 años, sobre la base que cada persona efectúa una consulta, cada tres años. En relación con la atención primaria, sostuvo que ella había aumentado en forma considerable. El aumento en las atenciones oftalmológicas alcanza un 15%, sin ningún programa especial de apoyo, con un total de 28 mil consultas por millón de habitantes. De ahí, que concluyeron en que la infraestructura, material y recursos humanos disponibles, podría dar cobertura a todo el problema refractivo, pero que no se tenían antecedentes sobre el estado de las patologías. El diagnóstico del problema de la atención ocular indica que no hay una red asistencial, y se cree que la demanda que existe en los hospitales se debería a la falta de atención, motivo por el cual propusieron atender ese tipo de patologías en ese nivel. También señalaron que la tasa óptima de oftalmólogos era de uno por cada treinta mil personas y en el país existe uno por cada veintiún mil personas. El problema se genera, por cuanto sólo el 26% trabaja en el sistema público de salud, cifra que comparativamente no es mala. Respecto de la presbicia, precisaron que se reflejaba en la incapacidad para la lectura, originado en un proceso degenerativo ocular, descartando que se tratara de un proceso fisiológico. Comienza alrededor de los 45 años y sólo puede ser corregido con el uso de lentes. Estimaciones efectuadas señalan que la presbicia afecta entre el 90 y el 100% de la población mayor de 50 años. En relación con la prescripción inadecuada, ésta no es inocua, por cuanto ella sobrecorrige el defecto y puede conllevar a una atrofia irreversible del músculo ciliar, descompensando ciertos estrabismos encubiertos y produciendo, además, algunos efectos secundarios, como hipermetropía, cefaleas y fatiga. También, se refirieron al Programa de Salud Ocular, el cual pretende, entre otras cosas, posibilitar el acceso a los lentes a través de la entrega en las farmacias de los consultorios a bajo costo, previa presentación de una receta médica. En lo que dice relación con la iniciativa legal, efectuaron consideraciones relativas a la necesidad de efectuar un diagnóstico de los requerimientos de lentes para presbicia de la gente que no puede acceder a una consulta ni a su adquisición, para lo cual se debe considerar a los beneficiarios del sistema público de salud calificados en los grupos A y B del Fonasa, que tienen entre 50 y 64 años, lo que asciende a un número de 782 mil personas. Se parte de este universo de personas ya que, objetivamente, es esta población la que necesita lentes. Entre los 45 y los 50 años pueden seguir leyendo si alejan el texto. El 60% de ellas es presbicia pura, es decir, no presentan otro vicio de refracción, de lo cual se concluye que un total de 469 mil personas podrían verse beneficiadas. De este universo, sólo el 50% de las personas que tienen presbicia necesitan lentes para corregirla, ya sea porque tienen lentes o se trata de un control. De lo anterior, se infiriere que 264 mil personas requieren lentes, de los cuales sólo el 50% necesitan lentes para presbicia. El resto puede seguir desarrollando su vida en forma normal o se trata de una segunda o tercera consulta, por lo cual se puede sostener que 117.326 pacientes requieren una consulta oftalmológica y de lentes. El sistema público entregará lentes a 80 mil personas, con un costo de 500 pesos cada uno, lo que se traduce en 20 millones de pesos. Al permitir la venta sin receta médica, los efectos financieros podrían ser nefastos, ya que se podrían generar costos mayores, como sería el caso de una vitectromía compleja, patología asociada a la diabetes, que tiene un costo de 2 millones de pesos. En el caso de los diabéticos es muy importante la prevención para detectar la aparición de patologías asociadas a esta enfermedad y en especial evitar que queden ciegas. En Chile la población diabética es el 15% de la población mayor de 40 años. En virtud de lo anterior, una detección precoz de la enfermedad resulta fundamental para que pueda ser tratada con otros medicamentos y no tenga secuelas. No obstante, el 0,5% de la población diabética requerirá de vitectromía retinal compleja. En razón de lo anterior, se mostraron partidarios de establecer programas de control, ya que la prevención de estas patologías permitiría financiar la compra de lentes para presbicia para las personas de menores recursos. En suma, manifestaron que los efectos del proyecto a futuro, serían, nefastos, especialmente, por el aumento de las patologías que requerirán procedimientos más complejos y onerosos por falta de prevención. En otro orden de ideas, señalaron, además, que al liberar la venta de lentes para presbicia se dejará de diagnosticar o se hará tardíamente el 20% de las prevalencias de patologías sobre 40 años. Del 2 al 4% de la población sufre de glaucoma. Entre el 5 y el 46% padece de cataratas. El 1,5% sufre de degeneración macular relacionada con la edad y el 10 al 20% tiene rinopatía diabética, cifras que han podido ser constatadas en los distintos operativos ejecutados. La iniciativa legal no beneficia a las personas de menores recursos, porque quedan indefensos, y con altas posibilidades de quedar ciegos, ya que el 78% de la población sobre 45 años concentra la mayor cantidad de personas con ceguera de acuerdo al último censo. El Programa de Salud Ocular pone énfasis en la atención primaria de salud con lo cual sólo se atendería a nivel secundario y terciario sólo las patologías que requieran un tratamiento de mayor complejidad y no el simple examen para recetar lentes para presbicia. El costo de este programa en la atención primaria es casi inexistente por cuanto sólo implica la realización de un examen muy simple para descartar el vicio de refracción el que puede ser realizado por cualquier auxiliar de enfermería, enfermera o, idealmente, por un tecnólogo médico. En suma, se recalcó la importancia de la atención oftalmológica a nivel primario a fin de dar curso a la lista de espera de 150 mil personas, ya que la mayoría de las patologías serían resueltas en ese nivel y ello no necesariamente requiere de un médico especialista ya que se podría hacer con tecnólogos médicos oftalmológicos, bajo la supervisión del médico respectivo. Sobre la experiencia de otros países, se señaló que la realidad nacional no era comparable con la de Estados Unidos, por ejemplo, por lo que se mostraron partidarios de facilitar el acceso y no liberar la venta de lentes.4. Los representantes del Colegio Nacional de Ópticos, se manifestaron favorables a la iniciativa legal, haciendo hincapié en la necesidad de perfeccionar el programa de salud visual integral de manera de incorporar la detección, prevención, promoción y educación de la población respecto de los problemas visuales. En otro orden de materias, se aclaró que en Chile no existen estudios específicos respecto de los problemas de refracción, por lo que se han tomado los de Colombia, lo que se han aplicado a la población chilena. Entre el 42 y el 52% de la población debería usar lentes para corregir vicios de refracción, entre los que se incluye la presbicia. De acuerdo con las cifras que maneja la Sociedad Chilena de Oftalmología, el 16% de la población usa lentes, de donde se podría concluir que existe una gran demanda insatisfecha. Haciendo una proyección al año 2010, está cifra aumentaría a 8 millones 150 mil chilenos, aproximadamente. A vía ejemplar, se citó el caso del Hospital Roberto del Río de Santiago, donde existen 5 mil niños en lista de espera, con las obvias consecuencias que ello implica, y especialmente con efectos en su escolaridad por problemas de visión. Por otro lado, la experiencia internacional señala que los defectos ópticos como la presbicia se corrigen en Estados Unidos, Australia, Inglaterra y otros países, desde principios del siglo pasado en las ópticas atendidos por optometristas. Actualmente, en toda Europa, a excepción de Francia, este defecto se soluciona con un examen óptico, muy simple, realizado por un optometrista. En consideración a las largas listas de espera, los oftalmólogos deberían dedicarse a resolver las patologías más complejas dejando la realización de los exámenes de detección de los vicios de refracción a los técnicos como los optometristas o tecnólogos médicos. Sobre el ámbito de aplicación del proyecto, se manifestaron partidarios de ampliarla a todos los vicios de refracción, ya que la aplicación de estas medidas no implicará mayores recursos para el sistema público de salud por cuanto el instrumental existe en casi todo el país. Para ello, bastaría que se autorizara a los ópticos o tecnólogos médicos a entregar lentes para subsanar vicios de refracción, haciendo presente eso si que no están facultados para realizar exámenes visuales que permitan detectar patologías asociadas a los vicios de refracción.5. Sociedad Científica de Tecnología Médica Oftalmológica. Precisaron que el tecnólogo médico con mención en oftalmología aplica sus conocimientos específicos en bioestructura, física oftalmológica, fisiología y fisiopatología ocular en el estudio y tratamiento morfofuncionales del sistema neurovisual y de las alteraciones visuales provocadas por enfermedades sistémicas, congénitas y alteraciones adquiridas. El Colegio realizó un estudio sobre la distribución de los tecnólogos médicos por sector laboral y se constató que el 23% de ellos se desempeña en la atención privadas en el ámbito de la atención hospitalaria, se encuentra el 67%. Sin embargo, en el sistema público de salud los tecnólogos se desempeñan en forma mayoritaria en atención hospitalaria con el 77% y en la atención primaria de salud municipal se encuentra el 14%. Estas cifras demuestran que el ámbito privado les entrega mayores responsabilidades en materia de prevención y por consiguiente en la atención primaria, situación diametralmente opuesta en el sector público. Para cumplir con los objetivos de la Reforma se deberían priorizar las acciones que guardan relación con el fomento y promoción de la misma, utilizando la atención primaria como su estrategia principal. Recalcó que en el país existen desigualdades de acceso a algunas especialidades médicas, por lo que precisó que era muy difícil garantizar equidad cuando se requiere de la atención de especialidades médicas para el monitoreo y diagnóstico, como ocurre con algunas patologías del área oftalmológica, cuyos principales afectados son la población en edad escolar y el adulto mayor. Si bien es cierto que este tipo de patologías no presenta riesgo de muerte, no es menos cierto que son altamente determinantes de la calidad de vida de las personas afectadas y de un costo social muy alto para nuestro país. El Colegio ha efectuado algunas evaluaciones respecto de los efectos que implica el no contar con la atención oportuna de oftalmología en el sistema escolar, comprobándose que muchos de los problemas de aprendizaje detectados en los escolares en su primer ciclo de educación en el colegio, están relacionados con problemas de visión, los que debieran ser detectados precozmente, en la etapa preescolar, con lo cual se evitarían innumerables problemas de deserción escolar, entre otros, especialmente porque no tienen un buen rendimiento académico. La tasa de retorno de una inversión como ésta es muy alta puesto que la calidad de la salud y de la educación son pilares fundamentales de las expectativas de vida de un niño. Por ello, los profesionales expertos podrían desarrollar estrategias de monitoreo a toda la población que ingresa al sistema educacional, incluso en la etapa preescolar con mayor efectividad y cobertura que el que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, previniendo de esta forma los problemas no diagnosticados, que sin lugar a dudas constituyen un alto costo para nuestra sociedad. El señor Razmilic, agregó que la Sociedad Científica de Tecnología Médica Oftalmológica y el Colegio de la orden compartían los objetivos de las mociones, de otorgar acceso fluido de la población, a elementos que mejoren o devuelvan su calidad de vida. Como especialista en oftalmología ratificó que el lente de presbicia no produce trastornos oculares y, por lo tanto, el facilitar su acceso constituye una buena iniciativa. Precisó que la única fuente de datos que existe en estos momentos es un estudio realizado en Colombia por especialistas optométricos en un millón de personas y que ha sido extrapolado a la realidad chilena al año 2002. El proyecto beneficiaría a 2 millones y medio de personas que correspondería a los eventuales présbitas contra 6 millones de personas que padecen defectos refractivos. Es decir, igualmente existirían 4 millones de personas que necesitan una solución a sus problemas de refracción. Si esta cifra se proyecta al año 2006, existirán 7 millones y medio de personas con vicios refractivos y casi 3 millones con problemas de presbicia. Los informes de la Sociedad Chilena de Oftalmología indican que el 26,38% de sus afiliados se desempeñan en el sector público y que el 73,62% desarrolla funciones en el sector privado por lo que se puede concluir que la atención de estos profesionales es mínima con los consiguientes problemas de acceso a la atención oftalmológica. Estudios realizados en España indican que existen más de 11 mil optometristas y 5 mil oftalmólogos, por lo que la relación de pacientes en optometristas es de uno cada 3.700 pacientes y de oftalmólogos es 1 cada 8 mil pacientes. En Chile existe un oftalmólogo por cada de 67 mil pacientes en el área pública y uno cada 5 mil en el sector privado. Por lo tanto, si se incorpora otro profesional para la resolución de los problemas refractivos se bajaría la relación, para esta patología, de un profesional por cada 14 mil personas. Solicitaron evaluar la posibilidad de facultar a los tecnólogos médicos de la especialidad de oftalmología, hacerse cargo de la promoción, prevención y pesquisa de la totalidad de los vicios de refracción, tomando en consideración su formación curricular. El examen que realice un tecnólogo médico no sólo detecta problemas de presbicia sino que puede solucionar todos los problemas de refracción ya que está capacitado para resolver otras patologías oculares. Es decir, el examen no sólo permitirá entregar o recomendar el lente adecuado sino que también podrán derivar al oftalmólogo los casos que así lo requieran como cirugías o patologías de la visión. La utilización de un lente présbita no presenta problemas si es que claramente se padece de presbicia, siempre y cuando no tenga adicionado algún vicio refractivo, y no sufrirá por ello ningún trastorno visual. Por el contrario, si tiene un defecto refractivo y se corrige con un lente de presbicia lo más probable es que sufra algún trastorno visual que será solucionado por el solo hecho de no usar ese lente pero si lo usa no le va a producir ninguna otra enfermedad ocular. Por último señaló que la formación profesional de los ópticos especialistas o técnicos está más relacionada con el campo de la física y no están relacionados con el área de la salud, ni con fisiopatología ocular o fisiología o patología ocular, por lo que piensa que no están capacitados para detectar estas patologías aun cuando puedan entregar lentes ya que su función es hacer la refracción como el contactólogo. El señor Jaque (Abogado del Colegio de Tecnólogos Médicos) expresó que el Código Sanitario establece, con precisión, que la receta de lentes es un diagnóstico, es decir, es función privativa de los médicos, por lo que los tecnólogos están legalmente impedidos para extender recetas con potencia dióptrica. Aclaró que el impedimento para realizar los exámenes correspondientes y determinar que tipo de lentes necesita una persona que padece vicios de refracción es de orden legal y no técnico, por cuanto los tecnólogos con mención en oftalmología están capacitados para realizarlos y determinar que tipo de patologías sufre y derivarlo al oftalmólogo cuando la patología sea distinta a un vicio de refracción. Por otra parte, en relación con la propuesta de la Sociedad Científica de Oftalmología, Programa de Salud Ocular, hizo constar que la atención primaria comenzó a otorgar la atención oftalmológica, precisamente, porque acogió una proposición de esta Sociedad que ofrecieron atención en este nivel. En todo caso, precisó que dicho ofrecimiento se materializó durante un tiempo y que, posteriormente, dejaron de concurrir los especialistas dejando sin uso los equipos que se habían comprado para implementarla. Es por ello, por lo que el Ministerio optó por la asignación de recursos para la compra de servicios, y si bien este programa ha sido exitoso aún es insuficiente. Informó que la lista de espera es tan grande y las cifras que se desconocen la podrían aumentar más. Aun cuando se destinara a todos los oftalmólogos a atender en atención primaria no se podría resolver. En razón de lo anterior, el Ministerio se encuentra estudiando la propuesta realizada por el Colegio de Tecnólogos Médicos para ampliar la resolución del problema. Asimismo, hizo presente que están estudiando la propuesta de la Sociedad Científica de Oftalmología. En todo caso, anunció que para el próximo año se aumentarán los recursos para la solución de los vicios de refracción en atención primaria para todas las comunas del país y que se focalizarán en las personas de menores recursos. Asimismo, expresó que la labor que cumplen actualmente los tecnólogos con mención en oftalmología no implica un ejercicio ilegal de la profesión de médico aun cuando reconoce que la línea divisoria es muy delgada. En todo caso, expresó que cuando no existe el profesional especialista se ven enfrentados a una urgencia por aplicación del inciso segundo del artículo 112 del Código Sanitario están facultados para prestar la primera atención y resolver lo que pueda de acuerdo a sus conocimientos. La labor del tecnólogo ante una urgencia es determinar si la patología presenta una urgencia y debe ser resuelto de inmediato o puede esperar hasta el día siguiente para que lo vea el médico especialista o, sencillamente, resuelve lo que sus conocimientos le indican, como puede ser la extracción de un cuerpo extraño del ojo que no presente perforación de la córnea. La señora Vermehren (ex presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos) señaló que en casi todos los países de Europa los que recetan los lentes para problemas de refracción son los optometristas no los oftalmólogos. Acotó que la Sociedad de Oftalmología no ha reaccionado de manera expedita frente al problema y no ha permitido que se aumenten los cupos para la formación de especialistas ni menos que participen en ella otros profesionales. Hizo hincapié en que los tecnólogos médicos con mención en oftalmología poseen los conocimientos y la capacitación para diagnosticar no sólo vicios de refracción sino que otras patologías y para su derivación a la consulta del especialista.V. DISCUSION Y VOTACIÓN GENERAL. Como se señaló ambas iniciativas legales fueron refundidas. Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por unanimidad, con el voto favorable de los diputados señora María Angélica Cristi, y señores Sergio Aguiló (presidente accidental), Patricio Cornejo, Patricio Melero, Carlos Olivares, Alberto Robles. También participaron de la votación los diputados señores Eugenio Bauer, en reemplazo de Juan Masferrer; Felipe Letelier en reemplazo de Enrique Accorsi y Pablo Prieto en reemplazo de Marcelo Forni.VI. DISCUSIÓN PARTICULAR Tras analizar todos las opiniones recibidas durante la discusión de la iniciativa, se presentó una indicación sustitutiva para agregar un artículo 128 bis al Código Sanitario, que fue aprobada en los mismos términos en que se propone a continuación:“PROYECTO DE LEY: Artículo 128 bis.- Autorízase la venta de lentes con fuerza dióptrica, destinados a corregir problemas de presbicia en personas mayores de cuarenta años, sin receta médica, en todo tipo de establecimientos. Un reglamento determinará en forma clara y precisa una advertencia sobre los riesgos que, para la salud ocular, puede ocasionar la no concurrencia a una evaluación oftalmológica, en forma periódica”.VII. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.1. El proyecto no contiene materias de ley orgánica constitucional o de quórum calificado.2. Tampoco contiene normas que deban ser analizadas por la Comisión de Hacienda.3. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. 4. Se designó diputado informante al señor Patricio Melero.-o- Sala de la Comisión, a 9 de septiembre de 2003. Tratado y acordado en sesiones de fechas 5 y 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre de 2003, con asistencia de los Diputados señores Enrique Accorsi (Presidente), Sergio Aguiló, Patricio Cornejo, María Angélica Cristi, Marcelo Forni, Guido Girardi, Carmen Ibáñez, Juan Masferrer, Patricio Melero, Sergio Ojeda, Carlos Olivares, Osvaldo Palma y Alberto Robles. Por la vía del reemplazo asistieron los Diputados señores Eugenio Bauer, Felipe Letelier, María Eugenia Mella y Pablo Prieto. Asistieron, además, los diputados señores Francisco Bayo y Fulvio Rossi. (Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCIA, Secretaria Accidental de la Comisión”.