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- rdf:value = " EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE EXTRAVÍO, HURTO O ROBO DE CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN. Primer trámite constitucional.
El señor SILVA ( Presidente en ejercicio).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que exime de responsabilidad en caso de extravío, hurto o robo de la cédula de identidad u otro documento de identificación.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Gonzalo Uriarte.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2897-07, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Economía, sesión 39ª, en 10 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente , me corresponde informar el proyecto iniciado en una moción de la diputada señora Cubillos y los diputados señores Álvarez , Barros, Forni , Kast , Pérez, don Ramón ; Prieto , Von Mühlenbrock , Urrutia , y de quien habla, para eximir de responsabilidad criminal en caso de extravío, hurto o robo de una cédula de identidad y otros documentos de identificación.
El proyecto comenzó su tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, finalmente, por acuerdo de la Sala, pasó a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
Sus autores tuvimos en la vista, fundamentalmente, evitar al ciudadano común y corriente los desagradables e impredecibles efectos que tiene el perder o ser víctima del robo o hurto de un documento tan importante como es la cédula de identidad. Nadie escapa a esta realidad. No hay quien no conozca a alguien que haya sido víctima de sus consecuencias o que las haya sufrido en carne propia. Además de los innumerables trámites que se deben efectuar en diferentes instituciones, luego vienen las demandas y querellas criminales presentadas en su contra por personas que, a su vez, fueron objeto de estafas mediante la utilización indebida de estos documentos. Muchos ciudadanos comunes y corrientes, ajenos a los delitos que se han cometido con sus documentos perdidos, extraviados, robados o hurtados y ajenos también a las acciones penales intentadas en su contra, se han visto en la desagradable situación de ser detenidos por una orden de aprehensión, respecto de la cual, por supuesto, no podían tener ningún conocimiento.
Éstas son las razones que tuvieron presentes los autores de la moción al momento de redactarla y los que, posteriormente, concurrieron a aprobarla en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
Durante el estudio del proyecto, la Comisión invitó a exponer a representantes del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la empresa Dicom, que es la que más ha participado en esta materia. Además, contó con la colaboración permanente del Ministerio de Justicia y del doctor en Derecho Penal, don Héctor Hernández .
El trabajo realizado determinó la necesidad de efectuar diversas modificaciones a la moción. Es así como el Ejecutivo envió indicaciones respecto de aquellas materias que son de iniciativa exclusiva, del Presidente de la República , la que, junto con las presentadas por los diputados de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo y por algunos de los autores de la moción original, conforman el proyecto que hoy sometemos a la consideración de la Sala.
Contenidos del proyecto.
En primer lugar, se establece la obligación del titular de efectuar el bloqueo de su cédula de identidad o de su pasaporte extraviado, robado o hurtado. Además, se dispone que esta obligación se debe hacer ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. A este acto se le confiere el mérito de presumir, salvo prueba en contrario, que el titular de estos documentos no es quien ha hecho uso de ellos durante todo el tiempo posterior al bloqueo.
Asimismo, se establece que, para los efectos de hacer valer esta presunción ante cualquier tribunal de la República, bastará con exhibir el comprobante de bloqueo expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. También se regula de manera muy precisa la forma de efectuar el bloqueo, procedimiento expedito que podrá efectuarse, incluso, por vía telefónica o por Internet. Sin embargo, en este caso, para hacer valer la presunción de irresponsabilidad será necesario ratificarlo personalmente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro de las 48 horas siguientes al bloqueo telefónico o por Internet.
Para evitar el mal uso de este mecanismo, se establece una multa, que podrá ser de 6 a 10 UTM, para el que efectúe un bloqueo sin concurrir la causa legal que lo ampara, es decir, pérdida, hurto o robo. Además, se sanciona con las penas establecidas para los delitos de estafa a quienes hagan mal uso de dicho documento.
Finalmente, se establece la obligación de los jueces del crimen y de los fiscales del Ministerio Público, según corresponda, de hacer constar en el proceso criminal que se ha consultado a la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación sobre la pérdida de la cédula de identidad, siempre que se solicite una orden de detención por falta de comparecencia.
A continuación, sintetizaré los principales beneficios que otorga este nuevo procedimiento. En primer lugar, una de las principales ventajas del proyecto es que evita a la víctima de pérdida, robo o hurto de estos documentos que tenga que hacer una denuncia ante Carabineros de Chile, con el consiguiente gasto de tiempo que, todos sabemos, demanda esa instancia. Por el contrario, se establece un procedimiento muy expedito, gratuito, y mucho más efectivo que lo que hoy entrega el mercado.
En este mismo ámbito de reflexiones se evita, además, que funcionarios de Carabineros de Chile pierdan tiempo en consignar las constancias o denuncias de estos hechos. Evidentemente, esto va en directo beneficio de una empresa en la que todos estamos empeñados, cual es que Carabineros de Chile se aboque exclusivamente al combate de la delincuencia, liberando a la institución de este tipo de tareas administrativas.
Nuevamente, desde la óptica de hacer más eficiente nuestro sistema de persecución criminal, las normas del proyecto permitirán que los fiscales del Ministerio Público o los jueces del crimen, según corresponda, no reciban este tipo de denuncias que tienen sólo un destino: archivarse, por escasez de antecedentes o aplicación del principio de oportunidad, debido a la baja cuantía del delito. Dicho sea de paso, la inmensa mayoría de estas denuncias son efectuadas por los particulares para precaverse de los delitos que se puedan efectuar con sus documentos extraviados, hurtados o robados, pero sin la voluntad real de poner en marcha el aparato estatal para que se persiga al autor del robo o del hurto. Tanto es así, que la inmensa mayoría no concurre posteriormente a ratificar las denuncias a los tribunales de justicia.
He aquí otra bondad del proyecto: basta el comprobante de la orden de bloqueo para que se presuma que al titular de la cédula de identidad o pasaporte no le ha cabido ninguna responsabilidad en cualquier acto realizado con ellos después de dicha orden.
Por último, el juez del crimen o el juez de garantía deberá tener siempre en consideración como antecedente para dictar una orden de detención por falta de comparecencia, si la persona respecto de la cual se solicita esa orden efectuó el bloqueo y con qué fecha lo hizo. Esta obligación permitirá evitar, a juicio de los diputados de la Comisión de Economía, que muchas personas se vean en la desagradable situación de tener órdenes de detención en su contra sin siquiera haber participado o comparecido en alguna investigación criminal por algún delito cometido con sus documentos.
Para finalizar, quiero expresar, en forma muy especial, nuestros agradecimientos a los representantes del Ministerio de Justicia, por su buena voluntad en el perfeccionamiento de esta iniciativa, particularmente al profesor Mauricio Zelada , así como a los representantes del Servicio de Registro Civil e Identificación por su buena disposición en la construcción de un sistema que esperamos resuelva de verdad el problema de muchos chilenos.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , el proyecto de ley que hoy discutimos en esta Sala, en mi concepto, es realmente importante desde el punto de vista práctico. En efecto, son miles los chilenos que han sufrido la pérdida, robo o hurto de su cédula de identidad o pasaporte, debido a lo cual se han visto enfrentados a una serie de engorrosos y onerosos trámites para evitar que esos documentos sean mal utilizados y les provoquen perjuicios mayores desde el punto de vista económico e, incluso, judicial.
Por eso, el Parlamento debe aprobar esta iniciativa, porque así solucionaremos un problema de frecuente ocurrencia y que puede tener -eso es lo más grave- consecuencias insospechadas para los afectados. Asimismo, estaríamos entregando un procedimiento claro, expedito y, por sobre todo, seguro ante la eventual pérdida de los documentos mencionados.
Cabe hacer presente que la iniciativa en comento fue bien acogida tanto por el Ejecutivo como por los representantes del Servicio de Registro Civil, lo que demuestra que el problema que se trata de solucionar por la vía legal existe, es real y, por lo tanto, debemos legislar sobre la materia.
Por su parte, como era de esperar, los representantes de Dicom no comparten los criterios básicos de la iniciativa; pero, en lo sustancial, no cabe duda de que esa empresa no caerá en la insolvencia ni menos en la quiebra al restársele parte de su negocio.
Tal como se consigna en el informe, en la actualidad, si una persona extravía su cédula de identidad, debe concurrir a Carabineros a dejar constancia de ello, y en caso de robo o hurto, hacer la denuncia respectiva. En este segundo caso, debe concurrir al juzgado del crimen a ratificarla, lo que le significa perder toda una mañana siempre que la atiendan el día en que fue citada; luego, a Dicom para ordenar su bloqueo, trámite que cuesta actualmente 5.750 pesos y, finalmente, al Servicio de Registro Civil para la obtención del nuevo documento que hoy día cuesta 2.800 pesos, con el agregado de la pérdida de varias horas.
Si todos estos trámites administrativos y judiciales no son burocracia en su grado máximo, no sé cómo podría llamarse.
Lamentablemente, se han conocido muchos casos de personas que, a pesar de haber cumplido todos y cada uno de los pasos señalados precedentemente, igual han sido víctimas de delitos con consecuencias desastrosas desde el punto de vista patrimonial y personal, debiendo asumir deudas que nunca contrajeron. Como la actual legislación no es clara y, sobre todo, no entrega la siempre necesaria certeza jurídica, a los afectados sólo les asiste el deber de pagar; en su defecto, corren el riesgo de perder sus bienes e, incluso, de ser privados de la libertad por delitos que nunca cometieron. Estos casos que hemos visto en la vida real son realmente desastrosos, porque le pueden cambiar la vida a una persona o a su familia, por el uso criminal que terceros hacen de su cédula de identidad.
El procedimiento establecido en el proyecto asegurará a todas las personas afectadas que sólo con su concurrencia al Servicio de Registro Civil a expresar las circunstancias del extravío, robo o hurto de su carné o pasaporte, tendrán la posibilidad cierta de bloquear de manera definitiva o temporal esos documentos en forma rápida, expedita y mucho más económica y, sobre todo, dará certeza jurídica al establecer una presunción de inocencia que deberá ser desvirtuada.
Por otra parte, el proyecto obliga a los fiscales del Ministerio Público a consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación a informar al juez en los casos de órdenes de detención o arresto por falta de comparecencia y la causa de bloqueo del carné.
Éstas son iniciativas que van en beneficio directo de la gente y que, a mi juicio, deberíamos aprobar en forma rápida y unánime, pues solucionan los problemas del día a día. De esta forma, daremos una señal clara de que no sólo nos ocupamos de los grandes temas, sino que también estamos por hacer más fácil la vida de quienes nos eligieron. Es evidente que los proyectos que no concitan diferencias políticas deben ser despachados a la brevedad por el Parlamento. La gente así nos lo exige.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presiente , sólo para señalar, en nombre propio y en el de la bancada democratacristiana, que vamos a votar favorablemente este proyecto iniciado en moción, porque va en la misma línea de la iniciativa anterior, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, con el agregado señalado por el diputado Von Mühlenbrock , en cuanto a que no sólo busca defender a las personas por el daño patrimonial que puedan sufrir, sino también frente a la posibilidad de que sean privadas de libertad o de que deban responder penalmente en el caso de que se haya hecho uso malicioso de su cédula de identidad.
Quiero destacar dos cosas que también van en la línea de lo señalado por el diputado Von Mühlenbrock .
En primer lugar, la buena disposición de los miembros de la Comisión de Economía, que me honro en presidir, para tramitar esta moción, en paralelo con la moción anterior, sobre limitación de responsabilidad por uso de tarjetas de crédito extraviadas, hurtadas o robadas; la aprobación por unanimidad de la idea de legislar, y el trabajo conjunto de todos los miembros de la Comisión de Economía con los representantes del Ejecutivo. En segundo lugar, la caballerosidad del diputado señor Uriarte al reconocer el aporte del abogado señor Zelada , del Ministerio de Justicia, y de la directora del Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes siempre estuvieron dispuestos a trabajar con la Comisión en la elaboración de una indicación sustitutiva, dado que no teníamos iniciativa para ello, pues implicaba modificar los procedimientos y atribuciones del Servicio de Registro Civil. Fue así como se presentó una indicación sustitutiva con las firmas correspondientes. Asimismo, nos entregaron información para que este proyecto, que tiene mucha importancia, desde el punto de vista de los bienes vinculados al patrimonio y de la libertad personal, pueda prosperar.
Por lo tanto, me sumo a la petición del diputado Von Mühlenbrock para que la Sala lo vote favorablemente, ojalá por unanimidad.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente , es común que se legisle sobre tratados de libre comercio, leyes de presupuestos, reforma procesal penal, pero, cuando recorremos los distritos, muchas personas nos preguntan cuándo se legislará respecto de los problemas del día a día. El proyecto de ley en comento, que ojalá sea aprobado por unanimidad, responde precisamente a esa inquietud, pues protegerá a personas comunes y corrientes.
Particularmente, me siento orgulloso de él, por cuanto la mayoría de sus autores son diputados nuevos, entre los que me cuento. Hemos contribuido con un grano de arena.
Si alguien pierde su cédula de identidad, queda expuesto -como hemos visto en la prensa- a deudas de treinta o cuarenta millones de pesos. Muchas veces, es gente humilde. Por eso, el proyecto soluciona un problema real de las personas. Habrá un sistema práctico, efectivo y rápido para efectos de centralizar la información, de modo de evitar que la cédula de identidad extraviada o robada sea utilizada por inescrupulosos.
Por último, agradezco el patrocinio del Ejecutivo.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra palabra.
Cerrado el debate.
En votación, en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que crea un procedimiento para eximir de responsabilidad en caso de extravío, hurto o robo de cédula nacional de identidad u otro documento de identificación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Correa, Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), Hales, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Monckeberg, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Quintana, Riveros, Rojas, Rossi, Saffirio, Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Uriarte, Urrutia, Vargas, Venegas y Von Mühlenbrock.
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