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El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , nadie discute el derecho de la Iglesia Católica, como institución representante de un determinado universo de personas, a expresar sus opiniones en relación con diversos temas, lo que está legitimado y garantizado por un sistema democrático. Sin embargo, la Iglesia Católica es una más de entre varias que operan en nuestro país y el hecho de gozar de un gobierno democrático no es razón para que intente hacer caso omiso de una situación objetiva: en Chile, la separación Iglesia-Estado quedó establecida en la Constitución de 1925. O sea, si bien la Iglesia Católica puede ejercer su derecho a opinar, como cualquiera otra, no puede pretender ser directriz de los procesos seculares ni imponer su visión única y excluyente respecto de los asuntos públicos.
La campaña televisiva que inició la Vicaría para la Familia, el 19 de septiembre pasado, a fin de pautear la tramitación del proyecto de ley de matrimonio civil, que se lleva a cabo en el Congreso Nacional resulta, por decir lo menos, imprudente. Pudiera entenderse que dicha institución asume su misión de apostolado a como dé lugar. Si la propia manera en que ha intervenido durante años sobre este tema la ha hecho acreedora de merecidas críticas, la última acción emprendida, simplemente, rebasó el límite de lo aceptable.
Cuando la campaña antidivorcio estigmatiza a los hijos de parejas que han debido llegar a esa resolución, no queda más que preguntarse dónde queda el espíritu caritativo y el infinito amor de Dios del que se dice vocera esa institución. Además de denotar incapacidad de entender al hombre como el ser imperfecto que es, que se puede equivocar y fracasar, además de poner un cartel casi delincuencial a los hijos de padres divorciados y de lucir una miopía y autorreferencia preocupantes, porque en Chile conviven diversos credos, la actitud de la Iglesia Católica también da para pensar en el doble estándar en que se gobierna. Parece que a la Iglesia Católica se le olvida que la humildad es una virtud y que antes de criticar se debe ordenar la propia casa.
El último año ha sido especialmente poco decoroso para ella, después que se supiera que varios de sus sacerdotes y obispos han cometido uno de los delitos más graves e inhumanos que existen: abusos sexuales o deshonestos en contra de menores.
Nadie pretende endosar esa responsabilidad a la Iglesia Católica en su conjunto, por cuanto son personas, individuos concretos, quienes han realizado esas prácticas, la mayoría de las veces, amparados por el silencio cómplice de las más altas investiduras del clero. Nadie puede meter en un mismo saco a todos los sacerdotes, pero la Iglesia Católica tampoco puede decir que los hijos de padres separados mienten más, se emborrachan más, tienen más problemas en la escuela y consumen drogas. Ésa es una generalización burda que no parece propia de la institución que en algún momento fue depositaria de todo el conocimiento o sabiduría humana.
La campaña denominada “Chile quiere una familia unida” no denota amplitud de criterio y pretende apoderarse de un deseo que no es patrimonio de la Iglesia Católica. Todos queremos una familia unida y estamos conscientes de su importancia en la sociedad. La diferencia, para nada menor, es que algunos reconocemos que a veces el amor se termina y que no hay más alternativas que una separación regulada que proteja a cada uno de los integrantes del grupo familiar y que ofrezca a las personas la posibilidad de iniciar una nueva vida de pareja que no esté al margen de la ley.
La Iglesia Católica ha reconocido que los primeros mensajes difundidos son alarmantes, pero ha dicho que no había otra opción ante una sociedad que no ha puesto atención durante años a las advertencias difundidas en cartas pastorales y homilías. Sería interesante saber por qué no se preocupó de denunciar, con esa misma vehemencia, que entre sus clérigos había personas enfermas que abusaban de niños y, por el contrario, se limitó a enviarlas a otros sitios lejanos, haciendo la vista gorda a las atrocidades que probablemente marcarán a sus víctimas para toda la vida.
Sería interesante saber también por qué no se ha encargado estudios acerca de cuáles son los efectos de los abusos sexuales sobre los pequeños y qué porcentaje de ellos cae en el consumo de drogas o de alcohol, porque el abuso sexual sí es traumático, probablemente mucho más que el dolor de ver que los padres dejan de quererse, lo que no tiene por qué significar que los dejen de querer a ellos.
Los representantes del mundo católico parecen no entender que nadie se casa por un par de años, pero que, a veces, los matrimonios, simplemente, no se pueden prolongar más de ese tiempo. Y parecen no querer internalizar que puede resultar mucho más sano para un niño vivir con uno de sus padres que con ambos si esa convivencia implica una atmósfera de desencuentros, peleas y hasta violencia, ya sea física o psicológica.
La Iglesia Católica parece que tampoco quiere ver que la mayoría de los chilenos está a favor de una ley de divorcio, no porque quiera divorciarse, sino porque entiende que las nulidades matrimoniales son una realidad que no pueden negarse, aunque resulte triste.
Chile pide una ley de divorcio no porque el país esté al borde de la decadencia moral, sino porque es importante terminar con el doble estándar que supone carecer de una legislación en torno al tema. Así de simple. Y no se puede intentar dividir al mundo entre los buenos y los malos, los que están en contra del divorcio y los que estamos a favor. Esa visión maniqueísta es pobre y utilitaria. Por lo demás, no está de más insistir en lo que hemos repetido hasta el cansancio: “Aunque no haya ley de divorcio, las parejas que no pueden hacer nada más por su vida en común, optarán por seguir caminos distintos”.
La ley de divorcio no será causa de más divorcios, sino que ordenará un problema que es anterior. Los fracasos existen. Por lo mismo, también sería interesante que quienes se niegan a aceptar esta situación, indagaran cuál es el estado de los hijos de las parejas anuladas o separadas de hecho. ¿Acaso privar a los chilenos de una ley de divorcio protege de alguna manera especial a esos niños? Ya es hora de que la Iglesia Católica se preocupe más de su casa y de su rebaño de fieles, el cual, seguramente, no va a divorciarse aunque cuente con una legislación que le dé ese derecho.
A esta institución respetable, como todas las instituciones, le hace falta olvidar la soberbia y asumir una actitud más humilde y tolerante. Por lo pronto, a veces pareciera que desconfía tanto de la solidez de los sentimientos que prefiere atar de manos a las personas y ejercer un paternalismo anacrónico, de manera que no vayan a irse por otros caminos. Si tuvieran certeza de que tienen la razón no debieran preocuparse sus seguidores de que jamás optarán por aquello que atenta en contra de férreos principios morales y religiosos. Pero el tema es que dejen que el resto haga lo que le parezca.
Señor Presidente , quiero que se envíen copias de mi intervención a la Vicaría para la Familia y a monseñor Francisco Javier Errázuriz para que retiren esos spots atroces de la televisión.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán copias de la intervención de su señoría, con la adhesión de la diputada señora Lily Pérez y de los diputados señores Osvaldo Palma , Germán Becker , Leopoldo Sánchez , Fidel Espinoza y Carlos Abel Jarpa .
"
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